Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
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El primero de Julio de 2018 se llevaron a cabo unas históricas elecciones donde el pueblo mexicano otorgó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que, en coalición con otros partidos, arrasó en prácticamente todo el país las candidaturas a elección popular. Muchas reflexiones, pronósticos y diagnósticos se han hecho y se siguen haciendo sobre su significado hoy, a mediano y largo plazo. Y aunque todavía no toma posesión de la presidencia, para muchos ya no cumplió con sus promesas y para otros nunca lo hará. Para otras personas el cambio radical por fin ha llegado. Y hay quien dice que es necesario esperar más tiempo para ver en realidad si se producen esos cambios esperados. En fin, por ello quien escribe sobre estos pronósticos se arriesga a recibir aceptaciones o críticas. Nos arriesgamos.
México ha pasado por unas elecciones históricas.
AMLO ganó la presidencia con el 53.19% de las preferencias -seguido por Ricardo Anaya con 22.27%-, y con más de 30 millones de votos a su favor. Este es su tercer intento por llegar a la presidencia (2006, 2012 y 2018). Luego de 12 años después de su primera candidatura, se encuentra con un México más devastado por la violencia, los feminicidios, los desaparecidos, la corrupción, el crimen organizado, la pobreza, el extractivismo, la deuda externa disparada, así como cambios constitucionales y de leyes secundarias por medio de las cuales se ha vendido al país a las corporaciones transnacionales que disputan los territorios a los pueblos indígenas, campesinos e incluso urbanos.
Es originario del estado de Tabasco y quien fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de quienes se separó años atrás. Fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005. En 2011 inicia la génesis de lo que será luego el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que obtiene su registro en 2014.
De una lista nominal de 89.2 millones de personas, votaron más de 56 millones de mexicanos y mexicanas, datos récord en la historia del país. Es la primera vez que se eligen a tantas autoridades en todas las 30 entidades del territorio mexicano, más de 3,000 cargos públicos: el Presidente de la República, el 100% de la Cámara de Diputados compuesto por 500 diputados, 128 senadores, 8 gubernaturas, la Jefatura de la ciudad de México y sus 16 alcaldías, 972 diputaciones locales, 1,596 ayuntamientos y 184 juntas municipales.
Los fraudes en los procesos electorales anteriores en México han sido descomunales y en el contexto de una creciente violencia. Y éste no es la excepción. El año 2017 fue el año más violento registrado en las últimas décadas. Previo a las elecciones de julio 2018 se dieron más asesinatos y durante la jornada se registraron robo de urnas y amedrentamientos por parte de grupos armados. Según el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultoría Etellekt, se registraron 774 agresiones a políticos entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio 2018, de las cuales 152 fueron asesinatos. Otras fuentes señalan que de las aproximadamente 90 personas asesinadas durante el proceso preelectoral hasta la fecha, todos miembros de partidos o candidatos a diversos cargos públicos, más de 30 han sido de MORENA. Pese a todo ello, estas elecciones fueron calificadas sin violencia ni fraude. Y es que la contundencia de los millones de votantes a favor de AMLO opacó el hecho de que este proceso electoral ha sido el más violento en los últimos 20 años.
Sin embargo, no hay que olvidar que no todo fue a favor de AMLO, sino a favor del hartazgo de la sociedad mexicana frente a los gobiernos presidenciales siempre del PRI y los dos únicos del Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2006 y 2006-2012), que generaron en la población un anhelo de cambio hasta en los estados en que nunca se había visto, menos en uno, en Guanajuato. Lo jamás visto. Por ello, el Presidente más impopular, ridiculizado y vilipendiado por la sociedad mexicana, al ver el tsunami electoral en su contra, se apresuró a firmar diez decretos que suprimen vedas para facilitar la extracción del agua por las empresas y amarrar otras acciones que garantizaran la continuidad del entreguismo del país al mercado transnacional. Y por cierto, tampoco se produjo la crisis en la bolsa tan anunciada ni la fuga de capitales masivos. No se fueron las empresas del país y tampoco se devaluó terriblemente la moneda.
Sí habrá “cambios”: el maquillaje político y social.
AMLO ejecutará acciones que significarán mucho para la población mexicana, pero serán simbólicas ya que no van a tocar, ya no digamos modificar, la raíz del problema. Y ello no significa que no sean buenos y necesarios. Lo son dentro de un proceso de transición de largo plazo ya que no se logra enfrentar a tantos intereses enquistados en el aparato de gobierno. Sin embargo, pronto no serán suficientes para el pueblo mexicano que exige un cambio de rumbo en la política económica del país.
De cualquier modo, el maquillaje político y social tendrá su atractivo y la tentación a que su gobierno sea intocable a las críticas. Por ejemplo, las propuestas que ha expresado AMLO ahora y desde hace años: no usar el avión presidencial de lujo, vender la flota de transporte aéreo de la presidencia, reducir salarios a los funcionarios, vivir en austeridad, no aceptar guardaespaldas, no vivir en la casa presidencial de Los Pinos y convertirlo en parte del Bosque de Chapultepec. Otorgar becas para estudiantes o eliminar los sueldos vitalicios a los ex presidentes; decretar que nadie gane más sueldo que el presidente de la República que lo definirá en 108 mil pesos mensuales. Quitarle inmunidad al Presidente para que sea juzgado por delitos electorales y de corrupción así como eliminar fueros y privilegios a funcionarios públicos. Tipificar como delitos graves el tráfico de influencias y la asociación entre empresas y funcionarios públicos para defraudar a Hacienda. Lograr la autonomía de la Fiscalía General; combatir la corrupción y acabar con la impunidad; combatir el fraude electoral; no comprar más bienes inmuebles y disminuir la planta de asesores de las secretarías; eliminar los bonos a los funcionarios y las estructuras y programas duplicados en el gobierno; disminuir viáticos, viajes al extranjero y personal de confianza. Prohibir el uso de vehículos públicos para fines personales; no contratar a familiares y reducir el 50% el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios públicos no podrán convivir en fiestas con contratistas, grandes empresarios o proveedores a la función pública. Los choferes solo serán para secretarios y subsecretarios; y los policías y militares ya no estarán al servicio de funcionarios o particulares. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa; cancelar toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecta a la privacidad de las personas; ahorrar en gastos operativos en todas las oficinas de gobierno; transparentar las licitaciones públicas; limitar las partidas en los presupuestos de diputados y senadores. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos mayores a 5 mil pesos y eliminar la contratación de despachos de asesores. En las relaciones comerciales con empresas trasnacionales se priorizarán aquellas cuyos países y gobiernos se caractericen por su honestidad y combatan la corrupción y se eliminará la figura de la “Primera Dama”, entre otras medidas.
Incluso anuncia que retomará los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal en 1996, lo que ha desatado una polémica y respuesta de los zapatistas que se enfrentaron con él en 2006 para evitar que llegara AMLO a la presidencia según anunciaron en sus comunicados de aquél entonces. Sin embargo, no hay que olvidar que los resultados de la Mesa 1 sobre “Derechos y Cultura Indígena” contradecían radicalmente la política impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el sentido de privatizar la educación, la salud, las tierras o los monumentos históricos del país. Por ello, el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés sobre la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios, ya que la agenda de los Tratados de Libre Comercio incluía la privatización del 52% el territorio nacional que se encontraban en manos de ejidatarios y comuneros donde la inversión extranjera esperaba arribar con sus proyectos extractivos. Y eso es algo que muchos sectores del país no lograron entender, que los zapatistas luchaban por toda la población mexicana en contra de las políticas neoliberales. Razón tienen en no creer en las promesas del “mal gobierno”. Pero si AMLO efectivamente quiere cumplir con los Acuerdos de San Andrés tendría que echar atrás las reformas constitucionales, la Ley de Seguridad Interior, la Reforma Energética, otras leyes secundarias así como muchas privatizaciones y los proyectos extractivos del país. Sin embargo, ha afirmado en varias ocasiones que sus acciones se realizarán dentro del “marco legal actual”, por lo que no habrá cambios.
Su futura Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, así como el futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de lamentables antecedentes políticos, han anunciado que no se echará abajo la Reforma Energética votada en diciembre del 2013, la cual aceleró el despojo de los territorios acabando con la nacionalización de la producción petrolera y abriendo las puertas al fracking. Así, el cumplimiento con los Acuerdos de San Andrés implicaría oponerse frontal y radicalmente al capitalismo atroz que galopa impune en el país, por lo que se antoja imposible, y muy probablemente sus acciones en la materia no pasarán de algunos elementos de maquillaje. Y mucho menos se vislumbra que los otros temas que quedaron pendientes en el proceso de paz se continúen.
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