Autor: Otros Mundos AC

El Escaramujo 113: LOS MILITARES MEXICANOS INVADEN LA AVIACIÓN DEL PAÍS

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

Descargar Escaramujo 113 en pdf aquí

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/Stay Grounded
15 de Mayo 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

En las ultimas décadas la estructura del Estado mexicano y de los gobiernos en sus tres niveles han sido
asaltadas por el crimen organizado hasta llegar a las entrañas de los tres Poderes de la Unión, tanto en
el Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial. En diversas entidades del país, los dos niveles de gobierno (municipal y estatal) se encuentran desde hace tiempo tomados por el crimen organizado, al igual que sus respectivas policías.

Aunque son conocidas las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas desde hace muchos años, involucradas en asesinatos, corrupción, tráfico de drogas y otros actos y negocios ilícitos muy propios de las Fuerzas Armadas cuando intervienen en un territorio y cuyas afectaciones sociales, económicas, políticas e incluso ambientales son de gran impacto, el actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de México considera que son el actor que puede contener la violencia desatada en el país por el crimen organizado. Es por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado durante su sexenio la presencia militar en todos los ámbitos de la vida del país. Sin embargo, aunque también pretende erradicar el mal de la corrupción, todavía en muchas secretarías de estado, dependencias estatales y federales, y en todos los ámbitos de los tres Poderes de la Unión, siguen presentes funcionarios públicos y congresistas del pasado vinculados a redes de corrupción y ligados a los intereses del crimen organizado.

Si bien el país ya era rehén de la captura Corporativa fomentada por los gobiernos neoliberales durante más de treinta años, ésta se fue caracterizando de pasar de la influencia corporativa sobre las decisiones de los gobiernos en turno para beneficiar a sus intereses, a ser ellos mismos, el sector empresarial, quienes directamente llegan al poder en los tres niveles de gobierno. Este proceso se ha observado y alertado desde hace muchos años, no es ningún descubrimiento, y menos del actual presidente que repite este análisis construido desde el movimiento social desde hace veinte años. Ahora, la captura Corporativa es mucho más profunda que la mera incidencia en el sector de las políticas públicas del país o de las estructuras multilaterales como Naciones Unidas, entre otras.

Sin embargo, lo que observamos ahora es la simbiosis entre los tres sectores: político, empresarial y
crimen organizado. En este sentido, el narcotraficante es empresario y es político, porque llega al poder
o convierte a quienes llegan. Y logran controlar la totalidad de los territorios (físico, político, económico, cultural y social) tanto del capitalismo formal como del informal, tema del que profundizaremos en otro momento. Un ejemplo de ello es el control que tiene el crimen organizado sobre los puertos marítimos, por lo que en julio de 2020, AMLO anunció que la Secretaría de Marina, tomaría el control administrativo y de seguridad de las 49 aduanas con las que cuenta el país, así como el Tren Transístmico y la ampliación de los puertos en Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Del mismo modo, los aeropuertos han sido rehenes del crimen organizado para el tráfico de estupefacientes.

En este breve contexto, el debate estriba en cómo combatir, detener y aminorar esta metástasis en el
sistema para alcanzar la paz y la seguridad para la población logrando detener y exterminar este asalto
del Estado, sus gobiernos y los territorios. Para AMLO, al parecer, es vacunar al sistema con la presencia de las Fuerzas Armadas en cada rincón. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además de la Guardia Nacional se despliegan por todo el territorio del país. Para algunos la solución, para otros la militarización del país que podría generar una septicemia que hará colapsar a México y ponerlo en mayores riesgos. También sería ingenuo pensar que un funcionario civil podrá combatir desde su puesto en la administración de infraestructuras y megaproyectos la tentación millonaria del narco o sus ejecuciones y decapitaciones como ha sucedido a lo ancho y largo del país. Pero también sería ingenuo pensar que los militares no han caído en las garras del crimen organizado y sus ilícitos negocios, aunque la ventaja con los civiles es contar con un arma para enfrentarlos o al menos defenderse si deciden limpiar el Narco Estado para convertirlo en un Estado de Derecho.

Por ello, la tendencia actual es que los militares distribuyan medicinas, patrullen calles y carreteras, se
instalen en más de 500 cuarteles en todo el país, construyan infraestructura, la administren y la operen;
generen empresas, operen los puertos marítimos e incluso todo el poder en el sector de la aviación.
Todo bajo los supuestos de que el Ejército y la Marina son ahora “buenos”, sin intereses, sin infiltrados,
sin drogadictos, sin vínculos con el narcotráfico, incorruptibles, obedientes y bajo el control del
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas suponiendo que la Cuarta Transformación ha llegado
para quedarse, o por temor a que sea desbancado, los militares seguirían con la Cuarta Transformación
como un actor con agenda propia, el antecedente de muchas dictaduras militares. Así lo ha manifestado
el Presidente, que mientras el sector privado tienden a ser corruptos, los militares son “honestos”.
Todos estos supuestos son muy peligrosos.

La justificación del Presidente para la presencia militar por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) en el sector de la aviación, se puede resumir en 10
Estrategias:

  1. Combatir el tráfico de droga: los aeropuertos han sido la plataforma del mayor tráfico de droga que entra al país como en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, no es el único cooptado por el narcotráfico, también están los aeropuertos de Tamaulipas, Sonora, Quintana Roo, Toluca, entre otros.
  2. Combatir la corrupción: no hay contrabando aeroportuario sin la complicidad comprada de policías, trabajadores, directivos o administrativos de la administración aeroportuaria.
  3. Combatir el tráfico de armas y dinero: y es que no solo se contrabandea droga, también se le acompaña millones de dólares que entran de manera ilegal por los puertos aéreos. Por ello el Gobierno Federal pone 49 Aduanas bajo el control de las Fuerzas Armadas.
  4. Darle mayor seguridad al turista, especialmente extranjero: lo que significa que la inseguridad es de tal grado que no se puede combatir con la policía común, sino que se requiere del ejército para enfrentar al crimen organizado en los aeropuertos. Hay que tomar en cuenta que el sector del turismo está entre los primeros sectores que más divisas aportan a las arcas del gobierno.
  5. Brindar a los turistas conexiones a centros del turismo de élite: como en el caso del Tren Maya de la Península de Yucatán, megaproyecto construido y operado también por los militares. Y del Tren Maya a las ofertas turísticas más atractivas para el turista extranjero.
  6. Generar más competencia, bajar los precios a los pasajeros y cubrir el déficit de vuelos a ciertos destinos en el país: para ello se conforma la aerolínea comercial militar, la empresa militar. Sin embargo también se pretende que las aerolíneas extranjeras puedan operar vuelos al interior del país para generar competencia y bajar costos. “Si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llevar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México. Liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo”, ha afirmado el Presidente de la República.
  7. Evitar su privatización: el Presidente afirma que estos bienes y la operación de aeropuertos e infraestructuras, no pueden quedar en manos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ya que al cambiar de gobierno en 2024 podrían ser susceptibles de ser vendidos como en otros regímenes se hizo con Telmex o los ferrocarriles.
  8. Acceder al cuidado de zonas petroleras: desde Campeche se accede a la fuentes de petróleo más grandes del país y donde se ha registrado robos de hidrocarburos incluso en las plataformas marinas petroleras por parte del crimen organizado.
  9. Generar utilidades para mantener al Ejército: el Presidente definió que el 75% de las utilidades que generen estas obras de infraestructura se destinarán al pago de las pensiones de los militares y garantizará un buen mantenimiento y administración de los bienes nacionales. El objetivo es fortalecer las finanzas de pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas de México. Así, el Gobierno busca tener más dinero para operar sus proyectos prioritarios, que están en manos de los militares. AMLO propone que lo recaudado por los ingresos fiscales de turistas que realizan actividades económicas en el país sea entregado a una empresa del Ejército, para administrar aeropuertos, el Tren Maya y otros destinos turísticos y culturales que construye actualmente la Sedena.
  10. Controlar el espacio aéreo: que ha sido vulnerado por el crimen organizado y cuenta con pistas clandestinas por todo el país.
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A 13 años no llega la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la busqueda de #JusticiaParaBetyCariño y #JusticiaParaJyriJaakkola – A 10 de mayo del 2023

Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jury fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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El modelo extractivo sigue vigente con la ley minera

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 9 de mayo del 2023

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) partimos de la premisa de que no existe la minería verde, sustentable, socialmente responsable, ambientalmente amigable, climáticamente inteligente, descarbonizada o cualquiera de los mecanismos y oximorones que han querido poner a esta actividad para ocultar su verdadera naturaleza destructiva. En la REMA reconocemos que el modelo extractivo se basa en la existencia de condiciones de tremenda desigualdad (mismas que profundiza) y que a partir de estas condiciones hace un gran negocio de la destrucción masiva, al externalizar los daños y costos socioambientales de su acción. Por estas razones, desde la REMA no apostamos a «mejorar» la actividad minera sino a prohibir su entrada dentro de nuestros territorios.

En la REMA no apostamos por «nivelar» jurídicamente las condiciones entre los implicados (pueblos y empresas) para hacer así de la minería un negocio «mejor administrado» o «más justo», sino que apostamos por fortalecer la autodeterminación de las comunidades para que tengan la información sobre los impactos a corto y largo plazo que conlleva esta actividad, y ejerzan sus derechos colectivos para evitar convertirse en una zona de sacrificio más de este modelo de falso desarrollo. Por esto, creemos que cualquier reforma a la ley minera que no plantea la prohibición y cierre planificado de esta actividad nociva en el país, justificada y acompañada por la reparación de daños por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de puntos del país, es una simulación que solamente va a seguir legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo.

En la REMA sabíamos que tratar de modificar la ley minera, tal como se hizo el viernes 28 de abril por el pleno del Senado y que aún no ha sido publicado, no resuelve el grave problema de la devastación en los territorios por el Modelo Extractivo Minero que aceleró la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos y Canadá (ahora conocido como el T-MEC) que la 4T no ha querido tocar. Tampoco resuelve el despojo, el desplazamiento forzado, los daños a la salud de la población, así como la militarización y la violencia del crimen organizado, entre muchas otras causas de colapso territorial que muchas comunidades enfrentan en una guerra sin cuartel, en donde estos proyectos de muerte se instalan de manera impune. Era de esperar que las cámaras terminaran cediendo a las presiones de las empresas mineras (empresas nacionales, extranjeras y embajadas de países como Canadá) por medio de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), imponiendo sus cínicas condiciones. Tampoco sorprende que las empresas mineras norteamericanas ahora siguen amenazan al país con docenas de posibles amparos de inconstitucionalidad o demandas bajo los términos de los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones, dando lugar al pronunciamiento de AMLO que las reformas a la ley minera no van a afectar a las más de 23.000 concesiones mineras ya otorgadas en el pais.

Nos preocupa, sin embargo, que la participación de organizaciones proceso pueda terminar legitimando la continuidad y expansión del modelo extractivo aun cuando no se considere preferente y con la consulta en mano, reposicionando la actividad minera como «más responsable». Esto nos parece especialmente factible en el contexto de los demás decretos y otras modificaciones a leyes para impulsar el neoextractivismo que se ha aprobado durante el último periodo. Podemos tomar el ejemplo de la apertura que se ha dado a las asociaciones públicas-privadas en torno a la extracción de litio o de otros megaproyectos de la 4T como el Corredor Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas u el Tren Maya, por citar algunos, que funcionan bajo la misma lógica de imposición y de acumulación por desposesión, sólo que ahora a nombre de una noción hueca de «soberanía nacional».

Si bien coincidimos en que la antigua ley minera estaba diseñada para el saqueo, también sabemos que los cambios a la ley no resuelven los problemas en la cual nos enfrentamos de manera cotidiana en los territorios: la antigua ley minera en ninguno de sus artículos estipulaba que las empresas mineras tenían derechos sobre los pueblos y territorios donde operan, ni les daba derecho de engañar, criminalizar, contaminar, enfermar, desplazar y acabar con la vida; todo esto lo hacen porque es su naturaleza. Tampoco las leyes mexicanas o la Constitución estipulan que las empresas privadas pueden co-actuar con el crimen organizado para resguardar e imponer sus actividades. Sin embargo, es lo que está pasando a lo largo del país. Esto nos muestra que el problema no es solo lo que dice la ley sino el laxismo y la corrupción existente en su aplicación. Como sociedad requerimos entender la agresividad del modelo extractivo minero y sus formas estructurales de operación, lo que vuelve a cualquier ejercicio legal de intento de regulación a la actividad minera, algo imposible de lograr con efectividad. Si hay algo que hacer en materia jurídica, es avanzar hacia su prohibición, como lo han hecho ya algunos países en nuestra región (El Salvador, Costa Rica y varias provincias de Argentina).

También nos parece que existe un cierto desfase entre varios de los puntos de «controversia» en las modificaciones a la ley y la realidad de los territorios y pueblos afectados por la minería.

Por ejemplo, reducir de 100 a 80 años la vigencia de las concesiones mineras no limita en absoluto los impactos generados por las exploración y explotación minera. Si todos los daños que la minería causa al entorno, las personas y demás seres con quien compartimos el territorio, es reconocido (supuestamente) por los actores que toman las decisiones en este país, no entendemos qué les hace pensar que servirá de algo bajar el número de años de una concesión minera. Actualmente, la duración de una mina a ciclo abierto no es mucho mayor a 10 o 15 años en promedio. ¿De qué le va a servir a una comunidad el que ahora se incentive a que todas las concesiones entren en exploración más rápidamente? ¿De qué le sirve saber que la concesión donde está su casa, su iglesia, su cementerio, su parcela, sólo tendrá vigencia por 80 años y no por 100? En REMA sabemos que las afectaciones de la minería comienzan desde el primer día en que la empresa toma la decisión de entrar a una comunidad, y que algunos meses o años han sido más que suficientes para generar gravísimas e irremediables afectaciones a la salud, y para acabar con los bienes comunes naturales, el tejido social y para generar procesos de desplazamiento forzado a lo largo y ancho del país.

Bajo la misma lógica también nos parece perversa la discusión de si las empresas mineras deberían de pagar 10, 7 o 5 % de sus utilidades en contraprestaciones a las comunidades. Por un lado, porque la discusión refuerza la lógica de mercantilización de los bienes, de seguir pensando que todo se puede resolver y remediar con dinero, donde actores ajenos a nuestros territorios vayan discutiendo y poniendo precios sobre lo que valen nuestros territorios y nuestras vidas. Así mismo, sabemos que esta supuesta derrama económica para los pueblos , termina siendo un mecanismo de presión hacia las autoridades para que dejen entrar a las mineras, como ha pasado con el impuesto llamado fondo minero, y puede reforzar también las divisiones y desigualdades comunitarias al momento de decidir cómo repartir y gastar este dinero. Nos queda claro que esto no es más que una estrategia empresarial hacerlo no sobre la producción, sino sobre las ganancias. Este último, es un dato que es fácilmente manipulado por las empresas.

Lo propuesto al respeto de las concesiones mineras dentro de las Áreas Naturales Protegidas nos genera también cierto ruido. Si bien coincidimos en la importancia de mantener nuestras áreas naturales libres de proyectos extractivos, creemos que cualquier cerro, bosque, pastizal, o río tiene un valor biocultural fundamental para los pueblos que los habitan, sin importar que sean considerados o no de valor ambiental por criterios científicos definidos desde instituciones del Estado o bajo políticas conservacionistas que reproducen lógicas paternalistas, capitalistas y neocoloniales. ¿Dónde cabe dentro de esta lógica el valor y el cariño que tiene cada pueblo con su territorio basado en su cosmovisión y sus formas de vida? ¿Cuál es el sentido de crear «islas de conservación» libres de actividad minera si a sus alrededores el modelo extractivo minero puede seguir destruyendo de la misma manera? Nos parece que eso termina jerarquizando de manera discriminatoria a los territorios y pueblos, definiendo los que valen e importan más que otros.

El supuesto logro de haber podido mantener en la propuesta final lo relacionado con la consulta nos parece lo más grave. Sabemos que dichas consultas realizadas por las empresas o el propio gobierno, a pesar de lo que especifica el convenio 169 de la OIT ratificado por México, siempre son manipuladas en condiciones desiguales bajo presión y amenazas ¹. En los hechos estas consultas reglamentadas, disfrazadas y promovidas como un derecho, terminan siendo un mecanismo de administración de conflictos y legitimación del despojo y de ello hay pruebas claras, particularmente en este sexenio. Es absurdo que el derecho a la consulta sea de carácter preferente por sobre los otros derechos que serán colapsados por la actividad minera (derecho a la vida, al agua, a la salud, al medio ambiente sano). Las consultas se usan como «negociaciones» o «procesos de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes», que bien pueden ser impuestas vía desinformación, coacción, amenazas, aterrorizando con grupos armados legales y/o ilegales, o asesinando a quienes se oponen al despojo como sucedió por ejemplo en el caso del Proyecto Integral Morelos a través de contubernio empresas-gobiernos-y crimen organizado. Desde la REMA no creemos en las consultas impulsadas por las empresas ni por el Estado, creemos que los verdaderos ejercicios de toma de decisión son ejercidos desde los pueblos según sus usos y costumbres en su pleno derecho a la autodeterminación, por medio de sus asambleas agrarias, comunitarias y ciudadanas. Son estas asambleas y espacios de toma de decisión colectivas las que debemos fortalecer.

En lugar de buscar regular los mecanismos de consulta, nos parece más importante que el ejecutivo enfoque su energía en regular sus propias instituciones como la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, quienes desde años actúan de manera facciosa y en contubernio con especuladores de la tierra para poner trabas en el registro de las actas de asambleas agrarias para declarar territorios libres de minería. ¡No necesitamos que nos consulten, sino que respeten nuestras decisiones!

Para terminar, nos parece que todo este debate sobre las modificaciones a la ley minera invisibiliza el problema de fondo. Frente a la grave crisis socioambiental que vivimos a nivel mundial y al agotamiento paulatino de los recursos, inclusive la escasez del agua limpia, creemos que no es regulando las actividades extractivas como se resuelve la devastación. El cambio profundo que necesitamos pasa en primer lugar por cuestionar esta idea hegemónica de supuesto desarrollo, que es indisociable y dependiente del modelo extractivo. Cuestionar que nuestro buen vivir pasa por extraer más minerales, más combustibles fósiles, más energía, más agua u otros bienes naturales. Cuestionar la idea de que este extractivismo es esencial, crítico, indispensable. Hay que cuestionarlo fuertemente, argumentando su incompatibilidad con el abasto de agua limpia y suficiente, la permanencia de la blodiversidad, los lugares sagrados y la riqueza blocultural de este país, y el bienestar de los pueblos, y visibilizando que hay otros modos de vida y mundos posibles fuera de esta lógica enferma del crecimiento infinito que mantiene a flote este modelo extractivo. Y si realmente queremos pensar en trabajar leyes quizás podríamos trabajar en una más sencilla, con un solo artículo: Está prohibida la actividad minera en México.

Esto sería para nosotrxs una propuesta realmente «sensata» y soberana, y es lo que nos anima cada día a seguir luchando. Así que mientras siguen debaticndo sobre sus leyes en esos espacios, donde no cabemos los pueblos o nos utilizan para justificar y legitimar sus reformas, nosotros seguiremos, desde distintos rincones, fortaleciendo nuestros procesos organizativos comunitarios y construyendo territorios libres de minería para la salud de los pueblos.

¡ALTO A LA SIMULACIÓN!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 REMA (abril, 2019). Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!. https://ia803008.us.archive.org/8/items/Com Consultas 104/Com%20consultas%201%2004. pdf

Imagen: Mina en Mazapil, Zacatecas

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Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.             

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Justicia de género y manejo comunitario del bosques

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Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el papel de las mujeres en el manejo comunitarios de los bosques – A marzo 2023

Este marco político se basa en los vínculos entre el manejo comunitario del bosques y la justicia de género. Presenta nuestra comprensión de cómo el sistema patriarcal oprime específicamente a las mujeres y exacerba formas de violencia estructural que ya se sienten en sus cuerpos y territorios. Nuestro enfoque toma elementos del ecofeminismo y de los feminismos comunitarios territoriales del Sur. Hay que reconocer a las mujeres, sus cuerpos y territorios, y crear espacios para su participación política efectiva.

«Nuestra lucha es cada vez más fuerte. A las mujeres, a los jóvenes y a las minorías sexuales se les niegan sus derechos, los que detentan el poder cuestionan nuestra existencia. Defendemos la vida y la biodiversidad. El racismo, el colonialismo y el patriarcado son sistemas de opresión que debemos combatir de manera integral».Sandra Morán, Guatemala, Marcha Mundial de las Mujeres.

Las mujeres desempeñan un papel central en las prácticas de manejo comunitario del bosque. Las mujeres tienen un conocimiento muy diversificado de los bosques, centrándose en los productos forestales relacionados con la agricultura familiar, la alimentación, la leña, la búsqueda de alimentos, la mejora de la fertilidad del suelo y las prácticas de conservación, así como en las especies utilizadas en el hogar y para la salud. Las mujeres también tienen un conocimiento especializado de los árboles y los bosques en cuanto a su diversidad de especies. Las mujeres conciben la naturaleza, la biodiversidad y el conocimiento de forma holística, dentro de un territorio que debe ser defendido y conservado por el bien de toda la humanidad.

“Enmarcar el manejo comunitario del bosque con una perspectiva feminista nos permite ver la naturaleza desde otros ángulos que también están implícitos en el cuidado de los bosques; hacerlo a través de las emociones, la sensibilidad, la práctica espiritual. Nos permite volver a vernos y reconocernos”.Theiva Lingam, Amigos de la Tierra Malasia / Sahabat Alam Malaysia.

Este marco de justicia de género y gestión comunitaria de los bosques es un documento vivo que debe seguir nutriéndose de las experiencias y los diálogos con los movimientos aliados de Amigos de la Tierra Internacional. Esto nos permitirá identificar lugares comunes que nos permitan seguir promoviendo y exigiendo la permanencia de la defensa de la vida y por ende de los bosques y la biodiversidad. También implica reconocer las perspectivas feministas afines a la visión política de Amigos de la Tierra Internacional -como las del ecofeminismo y el feminismo comunitario territorial- que nutren estos planteamientos. Esto nos permitirá desarrollarlos aún más, así como exponer las tensiones y dinámicas de poder que existen dentro del MCB, que necesitamos desmantelar como parte de la estrategia de transformación. Todo esto busca a su vez garantizar el derecho de las mujeres a la plena participación en la vida social, política y económica de sus comunidades, así como su acceso al agua, a las semillas y a las condiciones de producción y venta con autonomía y libertad, respetando los ciclos de la vida.

Justicia de género y manejo comunitario del bosques

Imagen: Mongabay Latam

Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

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Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

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Martes 16 de mayo, 6 pm, Cine-debate: Mayapolis, Turismo y expansión urbana en la Península de Yucatán

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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“MAYAPOLIS”

Turismo y expansión urbana en la Península de Yucatán

Martes 16 de mayo de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Contaremos con la participación de Director: Renaud Lariagon

Sinopsis: La Península de Yucatán, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, cuya principal puerta de entrada es la ciudad de Cancún, no necesita presentación. Menos conocida es la intensa urbanización de este paraíso caribeño generado por la turistificación, y lo que ello implica en términos de despojo de tierras mayas. Por ello, Mayapolis es tanto un territorio indígena en proceso de metropolización como un espacio temático maya producido por y para la economía turística. Esto es lo que documenta esta película, basada en entrevistas con especialistas en el tema. Aunque académico, este documental pretende difundir una visión crítica del turismo y la urbanización a un público más amplio, en un momento en que ya no se puede negar el impacto de las actividades humanas sobre el mundo vivo.

Sierra Norte de Puebla: Tecoltemi logra cancelación definitiva de concesiones de la canadiense Almaden Minerals

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre otro territorio libre de minería en México – A 26 de abril del 2023

Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.

De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.

El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla declaró cumplida la Sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento. 

El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(…) la autoridad responsable –Secretaría de Economía – consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.

“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.

Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.

Imagen: Avispa Midia

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Empresas noruegas vinculadas a David Castillo, SCATEC y NORFUND, demandan al Estado de Honduras

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Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el poder corporativo en el caso #JusticiaParaBerta – A 26 de abril del 2023

Scatec y Norfund, compañías de energías renovables de Noruega, han presentado dos demandas de arbitraje de inversión contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): La razón de estas demandas es debido a la nueva ley de generación de energías aprobada por el gobierno en 2022, que llevó a la ENEE a proponer ciertos cambios en los PPAs que incluyen cambios en los precios de tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Con esta acción estas empresas noruegas, una de ellas estatales, demuestran su criminalidad, no solo se asociaron con empresarios corruptos, sino que ahora pretenden que el pueblo hondureño pague por sus “pérdidas” reafirmando la mentira de que son bancos de “desarrollo”Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH.

En 2015, Scatec empezó a operar en Honduras invirtiendo en dos proyectos de energía solar: Agua Fría y Los Prados adjudicadas a PRODERSSA, empresa que pertenecía a David Castillo; quien está cumpliendo condena por ser declarado coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

PRODERSSA, fue creada en 2013 a través de testaferros, obteniendo los contratos para los proyectos de energía solar Agua Fría y Los Prados sin tener experiencia previa en la industria de la energía en Honduras.

En enero de 2014 se suscribió el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y Potencia Número 003/2014 entre PRODERSSA y la ENEE. Se trata del proyecto solar Agua Fría en el municipio de Nacaome, Valle, Honduras.

En agosto de 2014, las acciones de PRODERSSA pasaron a propiedad de  David Castillo y la empresa PEMSA, nombrando a Castillo como presidente. 


El 29 de mayo de 2015, se suscribió un contrato para la operación del proyecto solar Agua Fría entre PRODERSSA y SCATEC SOLAR, para la construcción de la primera planta de energía solar construida por SCATEC en América Latina.


Y el 28 de octubre del mismo año, las dos empresas noruegas Scatec Solar y Norfund firmaron un contrato de compra de derechos para construir el proyecto solar Los Prados en el municipio de Namasigüe en Choluteca.

Sin embargo, los pobladores rechazaron la construcción del proyecto que implicaría el desplazamiento de algunos de los habitantes de zona, provocando la criminalización y persecución de algunos de los líderes de la comunidad. A pesar de los rechazos, las grandes empresas decidieron continuar con la construcción del proyecto para la explotación de los recursos naturales.

En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada “Los Cachiros”.

En 2019, luego del arresto de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo (NORFUND).

Para estos proyectos, la empresa hizo acuerdos con la ENEE, para obtener beneficios por la venta de la energía generada durante un lapso de 20 años.

A pesar de ello, en octubre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de generación de energía, lo que provocó que la ENEE propusiera cambios en los PPAs (contratos de compraventa de energía) que incluyen ajustes en los precios de las tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Ante esta demanda por parte de Scatec y Norfund nos pronunciamos rechazando las prácticas poco éticas de estas instituciones internacionales que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros territorios. Y que han mantenido un vinculo con David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Imagen: COPINH

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Informe: El derecho a la tierra y la participación para mujeres y jóvenes rurales: la agenda pendiente de la política agraria en México

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Compartimos este informe de Fundación para el Debido Proceso DPLF sobre la participación de las mujeres y las juventudes en la defensa de la tierra – A 20 de abril del 2023

El acceso a la tierra es un factor clave para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. En muchas regiones de México, marcadas por una intensa migración masculina, las mujeres son quienes cuidan los grupos familiares, así como las tierras y los recursos naturales.

Este informe busca visibilizar la exclusión histórica de las mujeres y jóvenes rurales en cuanto a la propiedad ejidal y comunal, así como su limitada participación en las asambleas de ejidos y comunidades, órganos de autoridad máxima en el control de las tierras comunales. El documento también revela cómo esta situación se ha agravado en las últimas dos décadas frente a procesos de privatización y mercantilización de las tierras ejidales y comunales, legalizados en 1992.

Por lo que esta publicación constituye un análisis a la política agraria mexicana contemporánea desde los aportes del feminismo de la igualdad y los movimientos sociales que reclaman equidad entre mujeres y hombres, equidad intergeneracional y justicia socioambiental.

El informe está conformado por cinco apartados en los que se analiza la situación actual de las mujeres y jóvenes rurales en México ante persistentes desafíos para garantizar el acceso a la tierra y la participación efectiva de mujeres y jóvenes en el ámbito rural. Así como un conjunto de recomendaciones para avanzar en la construcción de una política agraria más inclusiva y justa. 

Lee el resumen ejecutivo aquí. 

Lee el informe completo aquí. 

Otro territorio Libre de Minería en la montaña de Guerrero

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Compartimos este comunicado de la REMA sobre los logros y avances de la lucha por la vida y la resistencia a la minería en Guerrero – A 19 de abril del 2023

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nos congratulamos enormemente al recibir la noticia de que el Ayuntamiento de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero presentó, ante más de 150 personas que asistieron al encuentro organizado por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), su Acta de cabildo abierto en donde, ejerciendo su derecho a la libre determinación, se toma el acuerdo de negar permisos y viabilidad de cualquier acción de prospección, exploración, obra y/o proyecto relacionado con concesiones mineras en su territorio.

En octubre del año pasado varias personas de distintos estados del país integrantes de la REMA participamos en el «Encuentro por la Defensa de la Autonomía de los Pueblos Originarios de la Montana de Guerrero» que, con motivo de su décimo aniversario, realizó el CRAADET en la Comunidad de Iliatenco en coordinación con Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), así como otras organizaciones. Frente a cientos de autoridades agrarias y personas de Comunidades de la región, en una fiesta mágica llena de música y alegria escuchamos decir: «Hoy les decimos que, a pesar de seguir invadidos por concesiones mineras que el gobierno federal actual se negó a cancelar, no ha logrado entrar, ni cntrará, una sola empresa minera a nuestro territorio comunitario».

En ese encuentro también informaron que en Guerrero existen 20 concesiones que afectan a más de 53 mil hectáreas, y hay 14 más en trámite, que abarcan más de 673 mil hectáreas que afectan a 55 núcleos agrarios.

Fue en ese mismo evento en el que el Presidente Municipal de Iliatenco anunciara que este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de Cabildo asumió el compromiso de negar permisos a cualquier trabajo de prospección, exploración y explotación minera en Iliatenco.

Con esta noticia de San Luis Acatlán de liberar a su territorio de la minería, vemos con mucho gusto que el CRAADET no ha parado de trabajar para cumplir con su firme compromiso de proteger el territorio de la montaña de Guerrero, de las garras y avaricia de las empresas mineras que lo único que dejan a este país es destrucción y mayor pobreza en las comunidades.

Felicitamos al cabildo del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, al CRAADET y a PIAP por que cada territorio que se libera de la minería en la montañia de Guerrero, fortalece la lucha que a nivel nacional se está llevando a cabo contra estos proyectos de muerte y por la defensa de la vida.

¡VIVAN LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA! ¡VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS! ¡FUERA MINERAS DE MÉXICO!

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Una Nueva Ley, para Renovar la Continuidad del Despojo

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Compartimos este comunicado de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP a través de la REMA – A 17 de abril del 2023

Desde la Montaña-Costa Chica a 17 de abril del 2023

Mientras esta semana a nivel nacional crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que el 24 de marzo presentó el presidente de la república, en la que se tocan aspectos relacionados con cuatro leyes donde la central es la ley minera, en Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, les  mandan un fuerte mensaje a quienes esta semana estarán argumentando a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.

El presidente municipal del municipio de San Luis Acatlán el pasado sábado 15 de abril entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal quienes de forma unánime prohíben la minería en el municipio, porque su conciencia e información sobre los efectos de esta actividad, saben que ponen en tela de juicio prácticamente todos los derechos que los pueblos hoy pueden disfrutar, como el del uso de su territorio el de un ambiente sano y el derecho al agua limpia de calidad y suficiente, entre muchos otros.

Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, la sustentabilidad, las consultas usadas como herramienta para el despojo, la salud. Acá se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado un acto de discusión colectiva permanente en el cual se dirimen las ventajas y las desventajas no sólo de la actividad minera, sin duda la actividad más depredadora, sino de todos los proyectos relacionados al Modelo Extractivo.

La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestras biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla. Acá la población ha asistido a ver proyectos mineros en la vida real y no en el papel y la discusión sin fundamento, en donde saben perfectamente que un proyecto minero en solamente 10 años destruye totalmente el ecosistema y, en consecuencia desencadena a partir de la pérdida de un ambiente sano una serie de enfermedades y daños irreversibles tanto a la biodiversidad como a las personas incluyendo por supuesto los daños irreversibles al agua que secan, contaminan y utilizan porque esa es su naturaleza y es por ello que ponerle trabas, reglas ingenuas e inútiles que lo único que garantiza es que, este gobierno y los anteriores, siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, un capitalismo que se regula desde lo sustentable, lo verde, lo socialmente, desde nuevos y eficientes mecanismos de supervisión como las NOM que son una burla al respecto”, que dicen deben respetar los derechos en el mejor de los casos como Canadá, el país más depredador del plantea que ha y sigue destruyendo su propio país y los del resto del planeta. Si algo nos ha enseñado el capitalismo es que ha encontrado la forma de autorregularse a su favor, justo utilizando e parlamento abierto como acto de inclusión social en donde se discuten verdades a medias, argumentos sin sentido y siempre se pondera el desarrollo y crecimiento como sustento y lo que significa el colapso financiero de que los depredadores ya no tengan condiciones para invertir.

En síntesis, lo más progresista termina regulando y resolviendo los daños y efectos permanentes utilizando como centro la principal fuerza del propio capital, el pago con dinero para solventar la resarcida de daños, aunque estos sean irreversibles.

Da orgullo saber que los pueblos de la Montaña y costa Chica tienen un dialogo horizontal ya abierto desde hace 10 años, en donde se dirime desde la política local con políticos locales una nueva forma de discutir el progreso y desarrollo de los pueblos y por supuesto lo hacen cuestionando al modelo extractivo en su conjunto, a las estructuras de gobernanza que siguen firmando acuerdos internacionales y nacionales que son incapaces de implementar, respetar o por lo menos no molesten, como sucede por ejemplo con el penoso papel que juegan los operadores del Registro Agrario Nacional quienes de forma sistemática y persistente niegan el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de los procesos de autodefiniciones que las asambleas de los pueblos determinan. Ahí se determina defender el territorio no en un falso proceso de consentimiento como los que hace el gobierno para imponer sus proyectos en donde en cuestiones de tres o cuatro horas dicen la gente está totalmente satisfecha de información como para tomar una decisión que cambiarán su vida para siempre.

Los pueblos de la Montaña y Costa Chica se dan tiempo para discutir, en este caso son 10 años, para entre ellos tomar decisiones y si hay dudas sobre las amenazas y consecuencias de entregar la biodiversidad, los minerales, los bosques, el agua y la comunalidad entonces establecer no una estrategia ridícula de un pueblo que a través de un mecanismo de despojo implementado por el gobierno y las empresas una sola comunidad ponga en riesgo a todas las del rededor aguas arriba y aguas abajo. Demasiada soberbia de quienes creen que lo dictado por la OIT en el 169 es suficiente bajo las aplicaciones que sin duda este gobierno ha manipulado una y otra vez y que otros gobiernos ni siquiera saben que existe, al mismo tiempo que muestran una gran ingenuidad pensando que al  firmar los acuerdos de Escazú entre muchas otros tratados que firma México pero que no sirven para nada, ante los embates del capitalismo, el modelo de consumo y la irracionalidad persistente en la continuidad de explotación y exfoliación los bienes naturales con siempre nuevos discursos de cambios progresivos como actualmente sucede con los proyectos verdes y sustentables. Los pueblos de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero saben que nada de ello es cierto.

Mientras que todos los sectores felices y contrariados por la iniciativa presidencial están listos para “debatir” el futuro de la minería y de los pueblos en México, acá en la Montaña y Costa Chica les preocupa el intenso crecimiento de la violencia y ya discuten como es a través de ella que nuevamente el territorio entra en disputa. Basta un dato para poner en consideración: En la zona centro, tierra caliente y norte el estado de Guerrero hay cinco minas operando, ahí mismo hay 12 cárteles trabajando en contubernio con instancias estatales y federales, ahí por lo menos hay cerca de 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio, ahí todavía se dirime si el jefe supremo de las fuerzas armadas es lo suficientemente jefe para que las fuerzas militares le obedezcan y por fin entreguen los oficios y expedientes que, además de ratificar la participación de ellos en la desaparición de los alumnos, se logre encontrarlos, se logre saber la verdad y sea hasta entonces que se inicie con la rendición de cuentas.

Cerramos diciendo después de muchas lecturas a la iniciativa del presidente y de escuchar las reacciones derivadas en distintos sectores, constatamos lo mal preparados que estamos en este país para discutir el fondo y no las formas de lo que somos como país para cambiarlo a lo que en realidad deberíamos ser rompiendo de facto las inercias regulatorias que ahí nos colocaron.

A los pueblos de la Montaña y Costa Chica nuestra gratitud eterna por defender desde su libre determinación un pedacito del territorio nacional para siga vivo, sano y bello. Al RAN nuestro repudio total por ser operadores fastuosos y obedientes violadores recurrentes de los derechos de los pueblos al negarles su registro e inscripción de sus actos, al presidente de la república he de decirle que debe discutir consigo mismo qué está entendiendo por rectoría del estado, por soberanía y por regulación, porque en su iniciativa nada de ello se identifica, más allá de la retórica de una estéril exposición de motivos que en la iniciativa no se atiende, así como de los temas que plantea, los cuales serán abordados en las siguientes intensas pero inertes discusiones entre los sectores que abonan a favor o en contra de la misma.  

Ambos sectores discuten como maquillar una ley para que siga la explotación de minerales y el modelo extractivo siga vigente entre nosotras/os. Sin embargo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica no son coparticipes de la regulación o mejor dicho de la desregulación que pretende continuidad. Acá la minería está prohibida con o sin el consentimiento del estado.

Miguel A. Mijangos Leal

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos