¿Quieres implicarte en campañas sobre justicia climática y aviacióncomo forma de promover un sistema de movilidad más justo y sostenible?
¿Quieres saber más sobre el impacto ecológico y social de la aviación, aprender a contrarrestar las estrategias delavado verdedela industria?
¿Quieres orientación sobre medidas políticas que realmente reduzcan el tráfico aéreopara y sobre cómo cambiar las políticas de viajes de las organizaciones?
¿Te gustaría formar parte de una red mundial de activistas que se apoyan mutuamente en sus campañas?
¿Quieres reflexionar sobre cómohablamos de la aviación, para neutralizar las narrativas que impiden el cambio?
⇢ Personas activas en el ámbito de la justicia climática que quieran conocer más sobre los impactos de la aviación.
⇢ Personas comprometidas con luchas locales contra la construcción/ampliación de aeropuertos o que desarrollan campañas en favor de un sistema de movilidad más justo, y que buscan formas eficaces de contrarrestar las narrativas y argumentos de la industria de la aviación.
⇢ Personas que se dedican a labores de información y comunicación sobre cuestiones climáticas que deseen reflexionar y ampliar su visión sobre la aviación.
⇢ Personas que quieren implicarse activamente en campañas de movilización contra los impactos de la aviación junto con activistas afines.
Buscamos personas interesadas en convertirse en activistas que puedan difundir los conocimientos impartidos en esta formación al mayor número de personas posible. Al participar en las sesiones de este curso, pasarás a formar parte de una red multiplicadora activa y recibirás apoyo para impartir talleres y charlas, u organizar acciones y eventos (según tu capacidad). Estarás en contacto con personas afines de todo el mundo que trabajan por un sistema de movilidad más justo.
La formación consta de seismódulos. Para completar el curso es necesario participar al menos en el 1er módulo, así como en otro de tu elección. Sin embargo, te animamos y recomendamos encarecidamente que participes en todos los módulos para conseguir una visión completa.
La formación consistirá en una combinación de presentaciones, intercambio de reflexiones y experiencias, así como ejercicios interactivos. Si fuera necesario, se podrían cubrir parcialmente los gastos de viaje y alojamiento de las personas participantes.
MÓDULO 1: Aviación y justicia climática
En este módulo aprenderás por qué reducir el transporte aéreo representa algo esencial para frenar el calentamiento global y luchar por la justicia climática. Dispondrás de los datos, las cifras y los argumentos necesarios para comunicar y movilizar sobre la necesidad urgente de reducir el número de vuelos y quedarnos en tierra. Tomando como referencia nuestro informe “Destino Común”, una parte importante de este módulo tratará sobre CÓMO crear nuevos marcos comunicativos para el transporte aéreo y, de paso, contrarrestar eficazmente las engañosas narrativas de la industria de la aviación.
MÓDULO 2: Lavado verde
En este módulo desvelaremos las ilusiones que la industria de la aviación crea para hacernos creer que los vuelos verdes y sostenibles son posibles. Discutiremos y reflexionaremos sobre las estrategias de greenwashing en general y nos sumergiremos en los límites, las posibilidades y las falsas promesas de las soluciones tecnológicas (agrocombustibles, electrocombustibles, los aviones eléctricos y las compensaciones de emisiones, entre otras). Falsas soluciones que nos distraen de la medida más eficaz: dismimuir el número de aviones en nuestros cielos. Después de este módulo, serás capaz de rebatir los argumentos de la industria de la aviación sobre la «aviación sostenible».
MÓDULO 3: Transición justa
El sector de la aviación va a tener que decrecer y, para ello, necesita un «aterrizaje seguro», lo que significa que también necesitamos una transición justa para las personas empleadas en el sector. Pero, ¿cómo podemos neutralizar el argumento falaz de la industria de la aviación y los gobiernos que consideran a aquella una fuente de empleo y riqueza? En este módulo, echaremos un vistazo al futuro: ¿cómo podría ser la transición a un nuevo sistema de movilidad más sostenible y socialmente justo? ¿Y qué necesitan saber les activistes climátiques para unir fuerzas con les trabajadores y los sindicatos?
MÓDULO 4: Organizaciones en tierra
En este módulo nos ponemos prácticos. Los vuelos por motivos de trabajo son una parte importante de la huella de carbono de muchas organizaciones, empresas, universidades,… Por ello, ¡es hora que nuestras organizaciones se queden en tierra! En este módulo, conocerás medidas concretas y buenas prácticas para reducir los vuelos de trabajo. Hay muchas universidades, ONG y empresas que sólo necesitan un poco de ayuda para empezar a cambiar sus políticas de viaje. Este módulo es especialmente indicado para aquellas personas que están interesadas en difundir el mensaje dentro de sus propias organizaciones.
MÓDULO 5: Medidas políticas para decrecer la aviación
En este módulo, analizaremos las políticas de aviación internacionales y de la UE actuales, y por qué marcan el rumbo para el crecimiento continuo de la destructiva industria de la aviación.
Aprenderá sobre las políticas existentes a nivel nacional e internacional, así como las propuestas de políticas (por ejemplo, tasa de viajero frecuente, topes y límites de vuelos, impuesto al queroseno, etc.) que realmente contribuyen al decrecimiento del sector de la aviación.
También discutiremos ejemplos de políticas implementadas con éxito que podrían convertirse en un modelo para medidas internacionales integrales.
MÓDULO 6: Ser un/a multiplicador/a
En este módulo hablaremos de cómo podemos apoyarnos mutuamente en la difusión e intercambio de ideas dentro de nuestra red de multiplicadores. Discutiremos cómo podemos llegar a diferentes grupos objetivo y dónde encontrar herramientas y métodos para desarrollar nuestras estrategias y actividades.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.
Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia VelardeOrtega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.
El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.
Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.
Unas dos semanas después del derrame, VelardeOrtega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.
“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.
Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.
En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia VelardeOrtega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.
Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.
—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?
Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.
Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.
Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.
Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.
Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.
Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.
Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.
Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.
—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?
—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.
Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.
Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.
Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?
—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.
Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.
Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.
Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.
También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.
¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.
Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.
—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?
—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.
Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.
Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.
Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.
En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.
Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.
Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.
—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?
—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.
Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.
Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.
Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?
—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.
Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.
Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.
Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.
Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.
En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.
—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.
Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.
La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.
—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?
—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.
Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?
—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.
Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.
También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.
Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.
En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.
Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).
La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.
Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.
La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.
La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.
Acoso y violencia
La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.
El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.
El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.
El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.
Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.
Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.
Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.
Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.
“Accidentes”
El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.
El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.
“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.
“No hay conflicto”
Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.
El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.
“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.
Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.
Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.
Imagen: En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste
“Periodismo de lo posible: historias desde los territorios” es una serie de 12 pódcast realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales, que narran historias de defensa del territorio.
Esta iniciativa, que busca que sean las propias comunidades quienes cuenten sus historias de lo posible, es una colección de historias que cuentan relatos desde las victorias contra el despojo y la destrucción, disputando las narrativas del terror y la desesperanza. Son narrativas de lo posible porque no se quedan en la denuncia, porque anuncian que la realidad puede ser cambiada.
La producción y selección de los temas en los pódcast fue realizada conjuntamente por las organizaciones Ojo de Agua Comunicación, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES AC), Quinto Elemento Lab y La Sandía Digital.
Por Periodismo de lo posible
Puebla: La lucha de un pueblo por existir
Desde que la comunidad de Tecoltemic se enteró de que la Secretaría de Economía había otorgado dos permisos a una empresa minera para explotar miles de hectáreas de terrenos ejidales en busca de oro y plata, construyeron un frente comunitario para frenar el proyecto de minería a cielo abierto que amenazaba sus cerros, su bosque, su agua y su vida.
Periódico La Jornada sábado 12 de agosto de 2023 , p. 15
Los centros de datos y actividades de las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Amazon y Microsoft consumen importantes volúmenes de agua dulce y energía. Conllevan además una serie impactos ambientales, consumen altos recursos de minería y generan desechos de difícil manejo, entre otras consecuencias nada virtuales de sus actividades. Son también un importante factor de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La alta demanda de agua dulce ya ha causado conflictos con las comunidades afectadas en varios países. Google ha tenido como política no dar datos de su consumo de agua, declarándolo “secreto comercial”. Sólo luego de perder juicios por parte de poblaciones afectadas, Google reveló el consumo realizado o proyectado en algunos centros. Así fue en el caso de Uruguay, donde en un contexto de escasez de agua para consumo humano, Google proyecta un centro de datos que consumiría 7 millones 600 mil litros de agua potable diarios, el equivalente a lo necesario para 55 mil personas cada día (https://tinyurl.com/yjupa4s2).
Ante la multiplicación de juicios y protestas, Google decidió hacer público el consumo de agua de sus centros de datos a nivel global. Informa que en 2022 consumió aproximadamente 21 mil 200 millones de litros, que según Google es el agua que se usa para irrigar 37 campos de golf. Ya sabíamos que los campos de golf son nocivos para el agua y el ambiente, además de innecesarios, pero es la imagen que eligió Google para desviar la atención del verdadero problema: que según sus propios datos toman el agua que necesitan cerca de 420 mil personas en un año o más de 150 millones de personas en un día.
En América Latina los países que tienen más centros de datos “la mayoría de titanes tecnológicos” son Brasil, Argentina y México. En Chile, hay resistencia de asociaciones vecinales a la instalación de centros en Cerrillos y Quilicura, en la periferia de Santiago, por la alta demanda de agua y otros impactos.
Zeewolde, una pequeña ciudad de Holanda está en lucha contra lainstalación de un centro de Meta (dueña de Facebook), tanto por la demanda de agua, como de energía y por la ocupación de tierras del propio centro (https://tinyurl.com/3rut49tj).
La población de Talavera del Río, en Toledo, España, organizada en la asociación “Tu nube seca mi río”, está en lucha contra la instalación de un centro de datos de Meta, por la alta demanda de agua y la ocupación de 180 hectáreas de tierras.
Estados Unidos es el país con más centros de datos, la mitad de todos los que existen a nivel mundial. En The Dalles, Oregón, un periódico local logró este año, luego de 13 meses de batalla legal, que las autoridades de la ciudad revelaran que el centro de datos de Google consume más de 25 por ciento del agua potable de la ciudad. Al igual que en Uruguay, Google había sellado la información como secreto comercial y fueron las propias autoridades, usando recursos públicos, las que defendieron a la empresa (https://tinyurl.com/t7cnkhuj).
Meta y Microsoft también han sido objeto de protestas y denuncias similares por el alto consumo de agua en sus centros de datos en varias regiones de Estados Unidos y Europa.
Según un estudio de Virginia Tech, los centros de datos están entre las 10 industrias que consumen más agua en Estados Unidos, además de ser uno de los mayores usuarios de energía: usan 2 por ciento de la energía en ese país. El estudio señala que la cuarta parte de esos centros se instalan en zonas en estrés hídrico, por ejemplo en ciudades pequeñas en áreas de clima árido, cerca de grandes ciudades. Las grandes tecnológicas buscan lugares donde además de agua, puedan proveerse de fuentes de energía, preferiblemente solar o eólica, para alegar que son de bajo carbono o que están compensando los gases de efecto invernadero (GEI) que generan. Eso conlleva ocupar extensas áreas aledañas para parques solares o eólicos, o competir por el uso de parques existentes para otras actividades que lo requieren para salir de la dependencia del petróleo. Por tanto, lo que hacen en realidad es desplazar emisiones GEI a otras actividades, para presentarse ellas con menor huella de carbono (https://tinyurl.com/2adktacf).
Además del alto consumo de agua, mayormente para refrigerar los miles de computadoras que funcionan en los centros, su instalación implica también uso de tierras, de materiales, energía y otros recursos adicionales generados en toda la cadena de actividades relacionadas. En general, los impactos por usos previos y paralelos no los cuentan las empresas en sus informes.
El aumento y proliferación de la digitalización en todas las industrias, también de servicios y entretenimiento, conlleva impactos socioambientales muy negativos sobre los que aún hay muy poco debate, salvo en las poblaciones que ya están perdiendo su agua y otras afectaciones. A la reacción usual de “pero necesitamos Internet, servicios digitales, etcétera”, hay muchas cuestiones a debatir. El uso individual y suntuario de enviar caritas y otras sandeces en mensajes, es uno de ellos. Pero el más grave y urgente, es la altísima concentración corporativa del sector. Son los titanes tecnológicos los que requieren estos gigantescos y voraces centros de datos, entre otras infraestructuras e industrias conexas de altos impactos sobre el agua, el ambiente y las comunidades.
We are a small international collective with offices in Canada, the Philippines and Mexico, and colleagues working in the UK, India, Argentina and Uganda. Find out more about us at https://www.etcgroup.org/
ETC Group has been monitoring, analyzing and campaigning against climate geoengineering since 2007. Together with other organizations and movements worldwide, we maintain the website Geoengineering Monitor, and support the coordination of the Hands Off Mother Earth Alliance (HOME Alliance).
Worryingly, the amount of geoengineering proposals being promoted as false “solutions” to climate change has exploded in recent years, as they are being pushed by many of the big polluters, who want to avoid real reductions of greenhouse gas emissions, while making more profits with the illusion of a quick climate technofix.
To strengthen our work in this field, we are seeking a new colleague to work with us in monitoring, exposing and campaigning against geoengineering.
While this would be the main focus for this position, we at ETC Group work as a collective and seek to integrate the various issues we work on, including corporate concentration, new technologies such as synthetic biology and digitalization in food and agriculture, as well as promoting participatory technology assessment, food sovereignty, biodiversity, peasant and indigenous peoples´ rights, gender rights, among others.
This is a position to work at a global level, combining campaigning, and researching in collaboration with civil society networks, intervening in international UN processes and communications and outreach about geoengineering technologies and their risks.
ETC Group´s lead person on geoengineering will provide direct guidance and supervision to the person taking this position.
Responsibilities include:
Monitor geoengineering developments globally
Analyze geoengineering projects and proposals
Produce briefings and articles on geoengineering
Actively participate in civil society networks
Organize seminars and other activities on geoengineering for civil society
Undertake advocacy work in relevant international fora
What is expected from the person taking the position:
Experience and skills relating to civil society organizing and movement building, campaigning, lobbying and advocacy
Ability to collaborate and work within a global culturally diverse collective
Good writing and research capacity
Ability to work independently
Willingness to travel internationally when required.
Flexibility to work across timezones
Working language: English
Other languages, especially Spanish and French, are a plus.
Location: We invite candidates especially from the Global South, but we will also consider applicants based in other parts of the world who meet the above qualifications. Excellent internet connection is a must.
Time: We seek someone to fill a full-time position (37.5 hours/ week) – Other options could be discussed.
This is an initial 1-year contract, with possibility to stay as permanent staff after mutual positive evaluation at the end of the initial contract.
Salary: Depends on location and experience.
Deadline: OPEN UNTIL FILLED
Please send a cover letter explaining briefly why you would like to work with ETC Group, a short CV or a summary of your education and prior work experiences, samples of research/writing and two references.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO? Y los anacrónicos análisis…
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas Lunes 14 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Existen muchas perspectivas que explican la situación actual que se vive en Chiapas, violencia descomunal de la cual ya hablamos en El Escaramujo No. 114 y que el Presidente de la República se niega a reconocer ante los medios de comunicación, aunque en la realidad el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas envía cada vez más militares y construye más cuarteles para supuestamente inhibir o detener esta narcoviolencia que va en aumento.
Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, supuestos análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras.
Sin embargo, consideramos que muchas de estas afirmaciones se caen por su propio peso y no se sostienen de manera correcta. No se puede hacer un análisis basado en conceptos que se usaron hace 30 años en un contexto diferente al actual. Es necesario crear y recrear estos y otros conceptos. Es necesario hilar más fino ya que un tipo de análisis de la coyuntura desprende acciones y consecuencias diferentes. Actualmente existen nuevos actores, otros han desaparecido o disminuido su influencia, unos se han camuflado y otros han cambiado de bando, otros actores se han fusionado, algunos más se han dividido y ahora se confrontan incluso en el escenario bélico. Las alianzas se han modificado y la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por ello, no se pueden concluir las mismas afirmaciones y eslogan que hace décadas ayudaron a diagnosticar la situación en Chiapas. Pese a todo lo anterior, algo sí es constante: la lógica de la acumulación incesante de capital. La disputa y el control por el territorio sigue siendo la misma, elemento clave para comprender los acontecimientos actuales.
Como ya hemos mencionado, muchas organizaciones no solo fuera del estado de Chiapas sino del país, han asumido una narrativa y un análisis anacrónico y se estancan en los conceptos. Esto ya se ha visto en otros contextos. Hoy no podemos evaluar ni analizar la situación de la Nicaragua actual con la de los inicios de la Revolución Sandinista. No se puede leer la situación actual de Venezuela desde el contexto de Hugo Chávez, por poner tan solo unos ejemplos. Cabe destacar que, cuando se alerta sobre ello y se rompe con esta narrativa, aquellos sectores encapsulados desde el análisis del pasado llaman ‘traidores’ a quienes desafían las narrativas que no se permitían dislocar, y quien lo hiciere, merecida guillotina política y social. Aunque en algunos casos se llegó a las descalificaciones y las amenazas. Así, los que criticaron desviaciones de los procesos revolucionarios en El Salvador, Guatemala o Nicaragua, el ostracismo político fue lo menos. Lo mismo latenta en Chiapas desde hace años.
México, y en específico Chiapas, no son la excepción. Ciertamente a partir de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) modificó la coyuntura nacional y la correlación de fuerzas. Aunque su presencia militar solo se ubicaba en Chiapas y la guerra duró 12 días, modificó las piezas en el tablero político del país, logró imponer la agenda nacional, logró articular alianzas locales, nacionales e internacionales, y fue el actor capaz de mover el escenario del Congreso de la Unión a una comunidad indígena en su territorio bajo la lógica de la negociación. El EZLN logró que el país soñara en que el cambio era posible y fue el actor político más importante en la década de los 90’s. Pero el gobierno violentó el proceso de paz, provocó una gran violencia y militarización, administró el conflicto, creó grupos de paramilitares e hizo todo lo posible por romper el proceso de paz y de la negociación, cuyo escenario iba perdiendo, para regresarlo al escenario que podría controlar: el Congreso de la Unión y los partidos políticos. De 1994 al año 2000, seis años fueron los que duró un proceso que transformó las consciencias en el país, hasta el rompimiento del diálogo. Pero esto, ya pasó.
Así, durante muchos años se mantuvo un análisis bajo los mismos patrones, eslogan y axiomas inamovibles: los zapatistas son muchos, controlan muchos territorios, es un ejército fuerte, todos los gobiernos quieren acabarlos porque son un gran estorbo a sus proyectos de nación, detienen y obstaculizan la construcción de obras y proyectos importantes, están solos pero al mismo tiempo todos estamos con ellos, cada acción violenta de los que son víctimas proviene del gobierno y sus estrategias de contrainsurgencia, todo grupo armado son paramilitares del gobierno, entre un largo etcétera de narrativas acompañados con vítores a toda iniciativa con supuesto “impacto nacional e internacional”. Sin embargo, entre pasillos más de uno ya no lo sostiene. La evidencia es ya tan obvia que no se puede ocultar la realidad que incluso sale a la luz en la prensa, en las reuniones y espacios de encuentros y análisis. Sin embargo, todavía existe cierta presión social a no romper con esta narrativa so pena de ostracismo político. Mantener la misma narrativa no ayuda a nadie y analizar la situación desde otros parámetros no es ‘traicionar’ a las comunidades zapatistas ni sus esfuerzos heroicos por crear alternativas de vida al capitalismo, procesos propios de salud, de educación, de justicia, de vida digna de admiración y gratitud, como otros muchos esfuerzos en el ámbito rural y urbano.
¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?
Es evidente que ya no se puede analizar la coyuntura sin la perspectiva del actor “narco”, o para otros del llamado “crimen organizado” que irrumpe en todos los escenarios de la vida, aunque no de manera espontánea ni de un momento a otro, sino como un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, preferimos llamar “narco” a este actor, porque existen muchas formas de “crimen organizado”, de organizarse para cometer un crimen, que puede ir desde una pandilla callejera hasta las llamada “estafas maestras” o de “cuello blanco” por parte de banqueros, políticos y/o empresarios y que se manifiestan por todo el mundo, incluso en los países llamados ‘desarrollados’ donde sus bancos lavan el dinero del capitalismo informal. Así, el “narco” visibiliza el sujeto que compite por la apropiación y acumulación del capital aunque sus negocios ya van más allá de la producción, trasiego y venta de estupefacientes, y se comportan como una empresa trasnacional con negocios en muchos países del mundo en el marco del capitalismo informal.
Desde hace décadas hasta hoy, el narcotráfico siempre ha estado en vinculación con la clase política, y por lo menos presente en México desde hace 100 años cuando en la década de 1920 surge la primera generación de narcos, años de la bonanza económica en Estados Unidos. Es Ignacia Jasso, La Nacha, una de las primeras grandes narcotraficantes que controlaba los negocio en Chihuahua. También el militar y empresario Abelardo L. Rodríguez, quien fuera posteriormente el último presidente del Maximato (1932-1934), originario de Sonora y ligado con los negocios ilícitos en los EEUU. Consiguió fondos para las actividades militares provenientes del tráfico de opio, prostitución, tráfico de alcohol, casinos, entre otros giros, en medio de una corrupción galopante. Rodríguez fue gobernador de Sonora y de Baja California, secretario de Guerra y Marina y secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Para algunos historiadores fue el primer “presidente narco”.
Sin embargo, nada que ver con lo que existe ahora. Esta vinculación político-narco-empresarial ha ido fusionándose paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años. Por ello, exigir a cualquier gobierno, sea del partido o tendencia que fuere, que erradique en uno, dos o tres años esta tendencia de narcoviolencia, es más que ilusorio, por decir lo menos, sino que es irresponsable y peligroso hacer el análisis desde esta posición política. Es necesario tener una visión histórica para entender el presente y las tendencias a futuro. De lo contrario, no extraña escuchar en la misma izquierda discursos de odio peor que los académicos, periodistas o medios de comunicación de derecha, acusando al gobierno de no hacer nada frente a la narcoviolencia. El problema es mucho más complejo. Y preferimos decir ‘narcoviolencia’ que solamente ‘violencia’ para no ocultar al actor principal que provoca tanto sufrimiento en el país. Alimentar, crear, facilitar o ser parte del mismo ‘sistema narco’ no es lo mismo a no saber qué hacer para combatirlo, o si lo que se hace es lo atinado, correcto y eficaz.
EL AVANCE DEL NARCO
Al inicio de las políticas neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se fueron fortaleciendo las condiciones para que el narco tomara más poder en las estructuras del Estado. Pero sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), involucrado en las redes del narcotráfico, es quien abre el territorio a los narcos con la modificación del Artículo 27 Constitucional para despojar a los campesinos e indígenas del 52% del territorio del país compuesto por Ejidos y Bienes Comunales. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agudizó la pobreza. Miles de campesinos e indígenas abandonaron sus tierras y migraron con más intensidad. El gobierno mexicano además de la privatización de la propiedad colectiva, eliminó los subsidios a los productores así como los mecanismos de comercialización, abrió las fronteras a la importación agropecuaria altamente subsidiada de Canadá y Estados Unidos; eliminó los precios de garantía, el control de los precios de la canasta básica y los aranceles. El desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes aumento y fueron rehenes del narcotráfico y sus ‘halcones’. En términos generales son algunas de las condiciones, entre otras muchas, que facilitaron el proceso de mayor presencia del narco en los territorios.
Otro elemento que abona al fortalecimiento de los cárteles es el supuesto fin de los conflictos en Centroamérica una vez que las guerrillas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala logran acuerdos de pacificación’ en la región, momento que es aprovechado por Vicente Fox para lanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) y que ahora consolida AMLO, así como el arraigo de Genaro García Luna en su gobierno. Los Kaibiles guatemaltecos engrosaron las filas del narco. Los Acuerdos de Libre Comercio en la región, el PPP y otros acuerdos multilaterales generaron mayor pobreza, abandono del campo y provocaron un aumento de la migración hacia los EEUU. Así, el narco se incrustó más en los territorios y en las altas esferas del poder político en la década del 2000.
El vaciamiento del campo se fue dando desde el norte y centro del país con una fuerte migración hacia los EEUU y poco a poco cada vez más desde el centro y el sur sureste, lo que impulsó una política norteamericana de detener el flujo migratorio, reforzar la frontera y evitar con un muro que los pobres que generaban sus políticas llegaran a su territorio. Es aquí que el narco encuentra otras posibilidades. No sólo de considerar a México como territorio de paso para la venta de su droga en el mayor de los mercados mundiales, en EEUU, sino convertir a México en consumidor. ¿Para qué traer tanta droga desde Colombia si la pueden producir en México ahora que los campesinos ya no les es rentable competir con las grandes transnacionales? ¿Para qué buscar tanto consumidor en EEUU si existen millones de consumidores mexicanos potenciales?
El narco impulsó el consumo en México y los cárteles iniciaron la pelea no sólo por disputarse corredores de tráfico sino los clientes. Regalaron drogas en las escuelas, agudizaron la adicción entre la población joven. Esto atrajo la necesidad de mayor producción y qué mejor que en un país devastado en el campo y cuya población necesitaba de recursos. Por convencimiento, conveniencia o amenazas, muchos ejidatarios y comuneros iniciaron la siembra de estupefacientes. Este cáncer se fue prolongando del Norte al Sur del país, paulatinamente. Tres frentes de lucha se agudizan entre los cárteles de la droga: rutas del trasiego de la droga, territorios de siembra y nichos exclusivos de clientes consumidores. Esto no se puede lograr sin el contubernio de los tres niveles de gobierno, políticos, empresarios y militares corruptos. Por ello, requirieron el apoyo de las estructuras del estado y lograron comprar a jueces, magistrados, policías, presidentes municipales, miembros del Ejército y la Marina, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles e instituciones, y hasta presidentes. Un ‘narco-estado’. También necesitó del reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de los “halcones” y de comunidades como ‘bases de apoyo’. La década del 2000 fue la decena trágica de muertos, desaparecidos, corrupción infinita, violencia nunca antes vista y que con los años se agudizó. La diversificación de los negocios del narco es tal, que legalizar el consumo de la cannabis ya resulta una medida insignificante para detener el crecimiento de este actor.
Como ya hemos dicho antes, desde décadas atrás observamos cómo la clase política neoliberal y tecnócrata contra quienes el movimiento social luchaba, entregaron a la clase empresarial diversos sectores de la economía. Incluyó a la lógica del mercado los bienes comunes naturales y culturales, así como la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las empresas, convirtiendo todo en mercancía con precio y dueño. Poco tiempo después, ambos sectores, político y empresarial se fusionarían y los empresarios no sólo influyeron en los diversos niveles de gobierno para adecuar las políticas y las leyes a sus intereses, sino que ellos mismos arribaron al poder. Por ello cambiamos de un Modelo Neoliberal a un Modelo Corporativo que todavía no logran entender muchos analistas y se quedan en la antesala de lucha contra el poder corporativo o del llamado asalto corporativo a las estructuras del Estado. Esto genera otro paradigma de modelo de Estado y de modelo económico. Los empresarios luchan por llegar al poder, adueñarse de las estructuras del Estado y gobernar para sus intereses. Sucede en las estructuras internacionales, multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas y todo su andamiaje controlado y financiado por las grandes corporaciones transnacionales. Pues lo mismo sucede con el narco, y ahora observamos la fusión de los tres sectores: el político, el empresarial y el narco.
¿EXISTEN LOS ‘CÁRTELES’?
Algunos analistas afirman que no existen los “cárteles”, sino ‘grupos de crimen organizado’ lo que nos parece incorrecto. Entendemos por cártel a una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o “plazas”, cuyo principal motor que les da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en todos aquellos que les aportan más poder y grandes sumas de ganancias.
En Europa se les llama ‘Mafias’, en Japón les llaman ‘Yakuza’, ‘Trída’ en China o ‘Bratva’ en Rusia. Independientemente de ello, la lógica es la misma: poder, acumulación de capital y control del territorio como aquí lo definimos. Sus negocios en el “capitalismo informal” van desde el tráfico de drogas, autos robados, armas, trata de personas, extorsión, lavado de dinero, falsificación de tarjetas de crédito y todo tipo de productos, prostitución, casinos o asesinos a sueldo, tráfico de indocumentados, control de la producción agropecuaria o de las actividades extractivistas, extorsión, ‘huachicoleo’, cobro de pisos, secuestros, control de puertos y aeropuertos, entre otros muchos giros que ramifican sus delitos de manera alarmante. Su presencia se extiende más allá de sus territorios nacionales, por lo que conforman empresas trasnacionales del capitalismo informal.
Por tanto, las acciones criminales que se registran en Chiapas y en todo México, requieren de una enorme organización y logística, de sus redes de comunicación, financiamiento, control y mayores ganancias. Como en la lógica empresarial, el pez grande tiende a comerse al pez chico o al menos controlarlo. Esta es la misma lógica entre los cárteles grandes y los medianos y pequeños cárteles (Pymecs). Hay que diferenciar entre los grandes cárteles y los grupos pequeños de narcos fruto de escisiones, así como de otros grupos delincuenciales. Al final de cuentas, éstos no tienen más opción que doblegarse al cartel mayor que controla el territorio, negociando o compartiendo intereses y ganancias.
Así, la competencia entre ellos se lleva a cabo en escenarios informales e ilegales, se disputan los territorios con grandes enfrentamientos armados. Por tanto, sí hay cárteles en Chiapas que se disputan los territorios en base a una ‘narcoguerra’. Y es que hoy por hoy, la mayor confrontación armada y violencia generada (asesinatos, colgados, masacres, desplazamiento forzado, etc..), se da entre los cárteles y de éstos contra la población, de ahí la ‘narcoguerra’ y ‘narcoviolencia’ como lo hemos constatado en El Escaramujo No. 114 . Y esta narcoviolencia es contra toda la sociedad, rural y urbana, campesina e indígena, afecta a todos los estratos sociales. No es ni siquiera entre el gobierno en turno y el narco, ni entre el gobierno contra los movimientos sociales, o contra los campesinos, o contra el magisterio o los periodistas, o contra los indígenas o contra los zapatistas que resisten al capitalismo de manera aislada pero heroica. Existen casos graves, pero no es la tónica en el mapeo estatal y nacional.
EL CONTROL POR EL TERRITORIO: EMPRESAS vs NARCO
Las empresas han ido dominando por años el “Territorio”, que es una de las principales disputas con los movimientos sociales, campesinos y pueblos originarios. Y nos referimos al ‘Territorio’ en sentido amplio. Un control del territorio físico, adueñándose de grandes extensiones de tierras para una infinidad de megaproyectos, entre los que se encuentran los proyectos mineros, represas hidroeléctricas, explotación de petróleo y gas así como de su infraestructura que va desde gasoductos, oleoductos, regasificadoras, refinerías, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centros turísticos de élite, supuestos ‘polos de desarrollo’, entre otros proyectos de ingentes consecuencias sociales y ambientales. Pero la lista no termina aquí, nos topamos también con los grandes monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, de soja y de maíz transgénico, o parques industriales, mega-granjas porcinas, camaronícolas y de todo tipo centralizado de producción y desplazando pueblos o creando economías de enclave. También otros giga proyectos como el Tren Maya o el Canal Interoceánico. Pero la lucha por la apropiación del territorio físico no es todo.
En el territorio legal y jurídico han logrado instalar sus intereses en lo local, nacional e internacional asegurando sus inversiones con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Se controló el aparato judicial y dependencias del estado como SEMARNAT, CONAGUA, PEMEX, CFE, entre otras que encabezan las instituciones más corruptas del país, desde donde se entregaron concesiones a diestra y siniestra a grandes trasnacionales de energía y farmacéuticas, por mencionar algunas.
En el territorio económico han logrado desplazar a la competencia en una lucha encarnizada para fusionar, comprar o hacer quebrar al oponente centralizando el poder en las grandes Corporaciones Trasnacionales. El territorio político también ha sido cooptado en la medida en que los empresarios han accedido al poder político electoral ganando elecciones, de los cual hay infinidad de casos. En el territorio cultural las empresas han logrado que el consumismo reine en la sociedad. Todo ello en medio de ilegalidades, trampas, competencias desleales, subsidios, desacato a resoluciones judiciales, desplazando comunidades, empobreciendo a los pueblos, agudizando la dependencia, con evasión de impuestos, robos, corrupción, hasta asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Por ello le llamaremos “Capitalismo Formal”, que no “Legal”, frente a lo que consideramos el “Capitalismo Informal”, que no “Ilegal”, porque ambos lo son.
Aquí es donde entra el “narco”, porque su lógica es la misma lógica del “empresarial formal” en cuanto a la acumulación de capital, y que al igual que las empresas se van diversificando y apropiándose de los territorios. El narco es otro actor empresarial trasnacional. Es un actor muy voluble, que cambia con una rapidez impresionante como la misma Bolsa de Valores, como las mismas empresas. Esto significa que mañana hay dos cárteles, pasado tres, luego veinte y posteriormente cinco. Cambian, se fusionan, se traicionan o se matan. Así, el narco es un actor “empresarial informal” dentro del sistema capitalista que modifica la estructura y el escenario socio político y socio económico en el territorio donde asienta sus intereses. Este ‘capitalismo informal’ le está disputando la acumulación de capital al ‘capitalismo formal’.
Chiapas se encontraba blindado hasta cierto punto por varias razones. Una, porque el 65% del territorio estatal es propiedad colectiva, son Ejidos y Bienes Comunales, lo que implicó un cierto nivel de control territorial mediante sus Asambleas y otros mecanismos de gobernanza local y por dinámicas productivas y actividades colectivas. Otra razón es el número de organizaciones campesinas e indígenas cafetaleras, maiceras, o con diversas agendas reivindicativas que les otorgaba cierta fuerza de presencia y movilización en los territorios. Y una más, aunque no son las únicas, es que el EZLN mantenía otros controles territoriales donde se incluía expresamente la prohibición de siembra, tráfico y consumo de estupefacientes en las zonas de influencia zapatista. Sin embargo, la crisis llegó a Chiapas. Por diversos factores todos estos sectores se vieron debilitados con el tiempo. Y esto no es ninguna novedad aunque a algunos les de pavor pensarlo, aceptarlo y menos decirlo. Los grupos armados pululan por todos los rincones del estado.
CONCLUSIÓN
La mayor violencia en México y específicamente la terrible violencia en Chiapas proviene del narco, bajo la lógica del enfrentamiento entre cárteles, que afecta a todos los sectores tanto urbanos como rurales, y a todos los estratos, tanto pobres como ricos. Se han infiltrado en las estructuras del Estado, en los partidos y está accediendo directamente al poder político municipal y de los núcleos agrarios. Desde la lógica del capitalismo informal disputan los territorios y la acumulación de capital al capitalismo formal.
Hasta el momento el EZLN ha renunciado al uso de las armas para defender sus territorios donde ya pululan los grupos armados de los narcos, donde han visto reducido su influencia en los territorios y con débiles alianzas locales. Actualmente no es el actor que aglutina a las fuerzas sociales ni marca la agenda como en 1994 al 2000. El conflicto no es ‘zapacéntrico’ como lo fue en sus tiempos porque la violencia sí se explicaba en función de la fuerza político y social zapatista, pero ahora la complejidad es distinta. Otra cosa es que no nos guste para nada las políticas y supuestas estrategias del gobierno actual para detener esta narcoviolencia. Y otra cosa es que las políticas sociales del gobierno federal dividen y despolitizan a los movimientos sociales, a los colectivos, organizaciones, comunidades indígenas zapatistas o no zapatistas, resistencias urbanas o suburbanas, etc. En la siguiente entrega de El Escaramujo hablaremos de la ‘guerra’, de los ‘paramilitares’, de los ‘grupos de autodefensa’ y otros conceptos para diagnosticar la situación actual de Chiapas.
Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.
Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.
Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.
Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.
Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.
En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades. Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.
En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes. Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.
Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida. Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.
Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.
Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.
Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.
Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.
Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA! ¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!
Asociación CEIBA (Guatemala)
Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y Recursos Naturales (ACODET) (Guatemala)
Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) (Guatemala)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Internacional)
Asociación de Mujeres Ixmucané (Guatemala)
Asociación de Mujeres Mam (Guatemala)
Barracón Digital (Honduras)
Código Sur (Internacional)
Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica (Costa Rica)
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“EL COLOR DE LOS OLIVOS”
Martes 15 de agosto de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis
Como muchas familias palestinas, los Amer viven rodeados por el infame muro en Cisjordania. Su vida cotidiana está dominada por puertas electrificadas, candados y la presencia constante de soldados. A través de un lente sensible, descubrimos el mundo privado de los ocho miembros de la familia. En el transcurrir de sus días se revelan sus luchas constantes y los pequeños detalles de su vida: amistades de la escuela, árboles de olivo, dos burros pequeños. La historia de la familia Amer es un punto de partida para hacer una compleja reflexión sobre los efectos de la segregación racial, las fronteras y lo absurdo de la guerra.
Les compartimos esta serie de boletines o fichas informativas sobre mitos e ideas erróneas más comunes en torno al industria de la aviación y el dióxido de carbono elaboradas por Stay Grounded/ Permanecer el tierra
Lo que la industria de la aviación te dice y lo que NO te dice Lo que debemos saber sobre las promesas de descarbonización y las falsas soluciones
Tras la pandemia de Covid19 y la interrupción que impuso a la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales, la industria de la aviación y su lobby están trabajando arduamente para volver a su camino de crecimiento dañino para el clima anterior a COVID. Como reacción a la creciente conciencia pública y política sobre los efectos nocivos de la aviación para el clima, la industria acompaña sus búsquedas de rescates y más subsidios con promesas de vuelos ecológicos a través de la tecnología.
Al observar más de cerca lo que la industria nos dice y lo que no nos dice, en nuestra nueva serie de hojas informativas desacreditamos los conceptos erróneos comunes y miramos detrás de la cortina verde de sus promesas.
Con mucha alegría les compartimos el cuarto capítulo de la serie Voces en Resistencia; una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este caso Rose, integrante de Amigos de la Tierra Internacional y participante de la Asamblea Anual de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería donde nos cuenta la importancia de la solidaridad internacionalista en las luchas para enfrentar el poder corporativo.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos con Juan Houghton platicando sobre la situación de Colombia con el narcotráfico, la violencia que genero y el difícil camino hacia un país en paz. Acompáñanos este martes 1 de agosto a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 1 de agosto a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
