Compartimos este artículo publicado en La Jornada Zacatecas sobre la minería en aquel estado – A 20 de agosto de 2020
Existía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo, creando ciudades dinámicas con riqueza
■ Se dio paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala, las mineras ya no se relacionan con las regiones y no tienen efectos intersectoriales
■ En 2019 había 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras; equivale a 31.64% del territorio estatal y 70% lo controlan consorcios extranjeros
Desde tiempos de la Colonia, Zacatecas se configuró como el territorio con gran potencial minero en el que se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y que desde entonces atrajeron la mirada de extranjeros, tanto que hasta la fecha acaba de aprobarse un proyecto más de la minera canadiense Orla Mining y su Camino Rojo, el cual ha llamado la atención por las dimensiones que rondan las 206 mil hectáreas en el municipio de Mazapil.
De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como una de las entidades que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, pues el 80 por ciento de su territorio es muy rico en minerales y esto ha captado al capital minero reestructurado que ha permitido que las grandes empresas se apropien de la riqueza a gran escala, pues para 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, lo que equivale al 31.64 por ciento del total del territorio estatal, siendo controlados, en un 70 por ciento, por consorcios extranjeros.
En Zacatecas, según registros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), únicamente dos empresas concentran la mitad de todas las concesiones del estado, que son Industria Peñoles y la compañía canadiense Orla Mining, que en un primer momento se especializaba en la producción de energía solar y que ahora estará a cargo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, que confirmará a la entidad como el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto.
Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la entidad para la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas ha señalado que dicha situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.
Y es que, de acuerdo con el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería, el cual duró cuatro siglos, y que tenía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo y mano de obra, creando ciudades dinámicas con riqueza, para dar paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala en el que las mineras ya no se relacionan con las regiones y mucho menos tienen efectos intersectoriales respecto a la materia prima que extraen.
De esta situación, ha señalado Burnes Ortiz, ha surgido lo que se conoce como las “cuatro D” relacionadas al factor extractivo que son: la Descapitalización de un recurso que es patrimonio de la nación, la Desnacionalización, puesto que la riqueza potencialmente invertible en el territorio nacional toma los caminos de la frontera y los puertos y no dinamiza sino que se desnacionaliza; el Deterioro de los términos de intercambio, es decir, cuando solamente se basa en la extracción y se exportan concentrados y materias primas sin llegar al proceso completo y por lo tanto deteriora la región; y la del Despojo, porque los posesionarios originales de la tierra son los campesinos y comuneros que han sido víctimas de una ley minera y sobre todo del “lesivo” artículo 6 que estipula que la minería es una actividad preferencial sobre todas las demás y que puede ser explotada la tierra por causa de interés público, y que los impuestos, además, son del ámbito federal dejando en una asimetría desfavorable a la comunidad.
Por tal motivo, mediante un comunicado el pasado 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, la REMA reprochó que aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, muestra al mismo tiempo su “total complacencia” al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, dando muestras de que este gobierno “se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero”, el cual, según los activistas, genera daños permanentes y cancela el futuro de las próximas generaciones.
Llamado urgente al H. Congreso del estado de Chiapas para proteger la salud y la vida de las y los niños chiapanecos
Chiapas se ha posicionado nacional e internacionalmente como una de las regiones con más alto consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados en el mundo. Esta tendencia ha erosionado la cultura alimentaria tradicional y deteriorado seriamente la salud y la nutrición de la población chiapaneca, además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y en la actual coyuntura, las formas más graves de COVID-19. Por estas razones hacemos el siguiente llamado a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso del estado:
En el marco de los derechos a la alimentación y a la salud; en concordancia con el interés superior de la niñez y adolescencia y el deber de garantizarles una vida sana conforme a la Convención de los Derechos del Niño; y de acuerdo a estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 de agosto próximo pasado el Congreso de Oaxaca marcó un hecho histórico: a través de la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se convirtió en el primer estado en el país en prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico[1] en establecimientos e instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y media superior, incluyendo maquinas expendedoras y distribuidores automáticos. Unos días después, el 16 de agosto, Tabasco hizo lo propio al aprobar el Congreso local la iniciativa del ejecutivo estatal en este mismo sentido.
Estas medidas se suman a las prohibiciones de vender tabaco y alcohol a menores de edad en todo el país. Si bien no son suficientes para garantizar la salud de la niñez y la adolescencia, se trata de acciones necesarias para fomentar la conciencia sobre los daños que genera el consumo de estos productos así como para fomentar la lucha contra el agresivo bombardeo publicitario que los promociona y que impacta especialmente a los menores de edad.
Si bien es cierto que los principales responsables de velar por la salud de los menores son los progenitores, los tutores legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores, las leyes recientemente aprobadas en Oaxaca y Tabasco son un elemento indispensable para garantizar su protección. En Chiapas la necesidad de instrumentar medidas semejantes es hoy cuestión de vida o muerte, dicho de manera literal. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, las personas con menores ingresos tienen el doble de probabilidades de sufrir diabetes mellitus que otros sectores de la población. Chiapas es el estado con los mayores índices de pobreza en México, donde, además, los alimentos nutritivos tradicionales, como la tortilla, el frijol, el chile, el pozol o el atole, han sido sustituidos por alimentos y bebidas chatarra en los últimos 25 años. Si a esto añadimos la falta de servicios médicos de calidad el resultado es catastrófico.
Es urgente adecuar el marco legal estatal, siguiendo el ejemplo de los congresos de Oaxaca y Tabasco, así como instrumentar programas de educación para revalorar y promover la alimentación tradicional chiapaneca así como para comprender las advertencias del etiquetado frontal en el envase en las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y los daños que su consumo causa a la salud.
Expresamos nuestro amplio reconocimiento a los H. Congresos de Oaxaca y Tabasco por anteponer el bienestar de sus niños, niñas y adolescentes a cualquier otro interés.
Instamos a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso de Chiapas a cumplir con su deber y adoptar una medida semejante que garantice la protección de la salud de nuestra población infantil y adolescente.
Los niños, niñas y adolescentes no son el futuro de Chiapas, son EL PRESENTE. Les debemos una vida de calidad a la que tienen derecho y que les hemos negado al imponerles hábitos nocivos que vulneran su salud, sus expectativas y su existencia entera.
Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, señoras y señores diputados, no es una concesión, es una obligación.
Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas
[1] Se entiende por bebidas y alimentos de alto contenido calórico aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana Correspondiente.
Cuidar la salud de la niñez, es cuidar la salud de México y de Chiapas
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020
Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden
Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página
OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.
San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.
“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.
“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.
La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.
El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.
Murat desacata la orden
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.
El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:
“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.
Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.
Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.
El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.
Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El ataque
La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.
Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.
Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.
Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre la minería en este estado – A 18 de agosto de 2020
Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid
Sábado 5 de septiembre de 2020, a las 12.00h en FORO CULTURAL EL PALIACATE, Avenida 5 de Mayo #20, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid.
¿Qué es el Túmin?
Túmin significa dinero en lengua tutunakú. Y desde 2010 es también un pequeño billete, tipo papel moneda. Equivale uno a uno con el peso mexicano y con cualquier moneda, en denominaciones de 1T, 5T 10T y 20T. De uso universal, válido al portador y por quien lo quiera recibir, en cualquier momento.
¿Para qué surgió?
El Túmin se creó por maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para facilitar el intercambio de productos y servicios, y fomentar la economía local. Esto, debido a la falta de dinero y ante la invasión de grandes tiendas transnacionales.
La decisión del auto de apertura a juicio contra David Castillo es un paso en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición del COPINH, la familia de Berta Cáceres y el pueblo Lenca.
La impunidad se cierne sobre la búsqueda de justicia, grandes poderes económicos y políticos buscan mantener en silencio la verdad del crimen contra Berta Cáceres y ocultar a los autores intelectuales y así los crímenes contra el pueblo Lenca.
David Castillo, cumplió el rol de enlace entre el grupo sicarial y los autores intelectuales, la familia Atala Zablah, responsables determinadores del crimen contra Berta Cáceres, de los ataques al COPINH y a la comunidad de Río Blanco.
Es necesario que se juzgue y castigue a David Castillo como co autor del crimen contra Berta Cáceres y se avance inmediatamente en el juzgamiento de todos los autores intelectuales. El Ministerio Público cuenta con toda la prueba necesaria para esto.
Agradecemos el acompañamiento y observación permanente del pueblo organizado y organizaciones nacionales e internacionales que han sido la única garantía para arrancar algo de justicia en este caso, en un país en donde reina la corrupción y la impunidad.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020
El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.
¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.
25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo
Túmin significa dinero en lengua tutunakú. Y desde 2010 es también un pequeño billete, tipo papel moneda. Equivale uno a uno con el peso mexicano y con cualquier moneda, en denominaciones de 1T, 5T 10T y 20T. De uso universal, válido al portador y por quien lo quiera recibir, en cualquier momento.
¿Para qué surgió?
El Túmin se creó por maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para facilitar el intercambio de productos y servicios, y fomentar la economía local. Esto, debido a la falta de dinero y ante la invasión de grandes tiendas transnacionales.
¿Cómo funciona?
Se acepta al menos un 10 por ciento de Túmin en el pago de los productos y servicios que ofrecen los tumistas. Se puede dar “de cambio”, pero no se vende solo como un producto. No hay obligaciones ni castigos, sino compromisos y ayuda mutua. Funciona porque los socios se comprometen a hacerlo funcionar.
¿Dónde se puede usar?
En cualquier parte que lo acepten, sobre todo donde hay adherentes al Túmin y en algunas ferias de economía solidaria. Consulta el directorio nacional en: www.tumin.org.mx . Diversas regiones tienen Túmin propio, válido en otros Estados.
A DIECIOCHO MESES DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA
● LOS AHUEHUETES SON DEL PUEBLO Y EJIDO DE AMILCINGO, NO A LAS AMENAZAS DE INVASIÓN POR PARTE DEL GRUPO DE CHOQUE DE AMILCINGO.
Dieciocho meses desde tu asesinato Samir y la justicia continúa ausente en tu caso. Ningún avance, solo promesas, evadiendo la Fiscalía General del Estado de Morelos su responsabilidad de investigar y agotar las diferentes líneas de investigación .
Los gobiernos del estado de Morelos y federal, no asumen su responsabilidad del cumplimiento de la justicia y se la han delegado públicamente a esta Fiscalía Estatal que parece no tener ninguna intención de hacer realmente algo. Y la locura de la crisis sanitaria por el COVID solo ha prolongado con “justificación” la inacción de los últimos meses en la búsqueda de tus asesinos.
Samir, esta crisis sanitaria está reconfigurando un nuevo orden mundial, y las implicaciones y grandes contradicciones y desigualdades están siendo muy evidentes. El encierro que el COVID significa en las ciudades y el mundo occidental, que la gente traslade su vida social, laboral y amorosa al espacio virtual. Impactando en el trabajo y la comunicación de los que se pueden quedar en casa, todo a través del internet: video llamadas y trabajo en salas, clases a distancia, reuniones a distancia, amores a distancia, etc. El aislamiento, el encierro, el vacío en las calles, y en el espacio público.
Los que no se pueden quedar en casa, tienen que continuar yendo al trabajo en transporte público, día a día, no parar en su vida laboral lejos de casa, exponiéndose. Continuar siendo explotados, sin derechos laborales. La maquinaria voraz del capitalismo salvaje también continúo, no se detuvo Samir, no solo en la ciudad sino también en nuestros territorios, la violencia del capitalismo hacia nuestros pueblos tampoco se detiene, al contrario, se intensifica, como el caso de los compañeros de la Península de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas con el Tren Maya que no es maya sino neoliberal y extractivista al igual que el corredor Transísmico en Oaxaca y Veracruz donde los trabajadores del gobierno están intensificando su presencia para convencer a la gente y autoridades y por otro lado también están en campo iniciando algunas obras de los proyectos en plena pandemia, en pleno programa oficial de “quédate en casa”.
Acá también en el pueblo continúan con presencia la CFE en camionetas blancas por los campos de nuestro ejido en el trayecto del gasoducto y la intención por parte del grupo de choque de expandir el camino que llega hasta nuestros Ahuehuetes, que es un espacio común en el ejido, donde está un manantial, varias pozas y los últimos ahueheuetes que sobrevivieron al despojo de agua en la década de los 80. Otra vez lo quieren hacer Samir: apropiarse de lo que es de todos, de nuestros bienes y espacios comunes. Permanentemente violando nuestros derechos como pueblos indígenas. También presente está el cinismo de la presidencia municipal de Temoac y Humberto Sandoval que ahora está siendo custodiado por personal de la policía municipal. ¿qué privilegios tiene este civil que goza de guardia personal desde el municipio?
Así la complicidad entre autoridades, grupos de choque y empresas. Como lo que pasa con la ya larga historia de corrupción e intereses económicos de los gobiernos sobre las promesas millonarias para que los ejidos vendan su agua para la termoeléctrica y la traición de las diferentes administraciones de ASURCO que han pactado sin éxito la venta del agua desde el 2015 con el gobierno de Cuautla, Graco Ramírez y la CFE. Quieren negociar el agua sin consultar a todos los ejidatarios que integran ASURCO, pero los Comités en Defensa del Agua se mantienen firmes contra el acueducto y con la permanencia del campamento zapatista al lado del Río Cuautla desde hace más de 5 años. Siempre ha tenido la razón porque nunca fueron incluidos en este acuerdo, porque el agua no se vende, no se negocia, mucho menos las aguas con las que se han regado históricamente las tierras zapatistas en Ayala, tierra de Emiliano Zapata, riego ganado por la revolución. Toda nuestra solidaridad y respaldo a los ejidatarios y comités en defensa del Rio Cuautla.
Como bien sabes Samir, el encierro no es una posibilidad en la vida comunitaria. En Amilcingo el pueblo continúa la vida comunitaria tomando precauciones y modificando las formas para poder seguir, porque no podemos parar la vida misma, porque en comunidad es posible afrontar las crisis. Por eso continuamos juntos, festejando el día del niño y de la madre, entregando kilos de frijol, unidos la ayudantía por usos y costumbres, la resistencia, los comités de padres de familia, los maestros y comerciantes de la comunidad. Ejerciendo el cuidado comunitario en la toma de medidas sanitarias en la plaza de los martes y domingos junto con los locatarios del mercado, sin permitir que el gobierno municipal tomara el control de la seguridad de nuestra plaza.
La celebración de tu cumpleaños con la visita al panteón y con la presentación del libro Samir sin Reversa escrito por Gloria Muñoz. Las asambleas de todo el pueblo para discutir sobre el COVID y sobre otros asuntos de la vida en común como la situación del agua y el ingreso de nuestras hijas a la normal de Amilcingo. O las clases gratuitas impartidas por profesores solidarios para nuestras hijas de la comunidad y prepararse para la presentación de exámenes de nuevo ingreso a la Normal. Empezar a buscar padres de familia, maestras y maestros solidarios, alternativas en la educación de nuestro hijas e hijos porque no dejaremos que esta quede en manos de la televisión y las cadenas televisivas.
Como verás Samir acá no se ha parado la vida comunitaria, ni la afrenta de este sistema capitalista, la vida sigue, la vida juntos, la lucha juntos. Porque a cieciocho meses de tu asesinato, continuamos exigiendo justicia a las autoridades, pero también no damos ni un paso atrás, por eso seguimos en lucha, de la mejor forma, que es en colectivo, entre todas nosotras y nosotros.
¡No perdonamos, no olvidamos. Castigo a los culpables!
¡Justicia para Samir Flores!
¡Cancelación inmediata del PIM!
¡Agua si, termo No!
Firma
Asamblea en resistencia Amilcingo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepecy en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.
El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.
El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).
El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.
Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.
Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.
¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?
Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.
Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.
El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.
Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).
Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.
La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).
El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.
La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:
Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte,energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec
Los conflictos socio ambientales…
El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.
Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.
La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.
Comunicado de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la audiencia preliminar a David Castillo del Caso Justicia Para Berta Cáceres – A 22 de Agosto de 2020
COPINH sobre audiencia preliminar.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres hacemos del conocimiento público lo siguiente acerca de la audiencia preliminar desarrollada en el proceso contra David Castillo, el único ejecutivo de DESA procesado por el asesinato de Berta Cáceres.
Rechazamos la falta de transparencia y del principio de publicidad, es decir de que los procesos judiciales sean de conocimiento público, al negar la transmisión en vivo y la participación de observación internacional y de DDHH. Esto a petición de la defensa de Castillo y aprobado por el Juez Irías. De nuevo preguntamos si están tan seguros de la inocencia del señor Castillo ¿por qué quieren ocultar la información de las audiencias?
Rechazamos la forma en que las víctimas fueron expulsadas arbitrariamente por el juez Carlos Irías, violando los derechos básicos de verdad y justicia. La abogada Ritza Atunez, sin ningún argumento legal, manifestó su desacuerdo con la presencia de las víctimas en la audiencia, en particular señalando a Laura Zúniga. Sin ningún aviso, el juez determinó sacar a todas las víctimas de la sala virtual.
Instamos al Poder Judicial para que clarifique si el motivo de la separación de la jueza Lisseth Vallecillo tiene que ver con actos de corrupción o indebidos por parte de la jueza Vallecillo en beneficio de David Castillo. Estos, derivados de influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial.
El COPINH y el equipo legal de la causa Berta Cáceres seguiremos defendiendo el debido proceso, violentado en numerosas ocasiones por la defensa de David Castillo con dilaciones indebidas como lo demuestra el año y cuatro meses de retraso en la etapa intermedia debido a sus maniobras dilatorias, por lo que la audiencia fue reprogramada en 4 ocasiones. La Corte de Apelaciones ha incumplido de igual manera los plazos estipulados.
Rechazamos las irregularidades en el proceso que buscan asegurar la impunidad de los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence y familiares. Así como rechazamos la conducta grosera de la defensa legal de David Castillo que intenta mancillar el honor de una persona asesinada como Berta Cáceres y de su familia.
El juez Carlos Irías tiene 3 días para resolver si el proceso avanza a juicio oral y público o no.
Conforme a derecho, David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público, y sentenciado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. La evidencia de sus propias comunicaciones así lo demuestra.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” -Berta Cáceres.
Dado a los 21 días del mes de agosto de 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
