Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de pandemia

Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020

La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19

 La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.

Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.

         En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.


         Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.

Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.

 A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.

Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego

       En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.

Foto: Emmanuel Ruiz Rojo



         Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.

         Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.


         Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.


         Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).


         Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA

¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?

       El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.

Foto: Avispa Midia

Foto: Avispa Midia

         Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.


         El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.


         El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.


         En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.


         Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.


         Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.

Foto: EDUCA

         “Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.


         Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.


         La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.


         En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:


         Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:


         El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.


         Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.


         Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.


         Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:

“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.

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Imagen: Avispa Midia

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En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020

Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.

Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.

La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.

Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.

Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!
¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País

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La población ya dijo: “Fuera la Coca Cola de San Cristóbal de Las Casas”

Comunicado al respecto de la solicitud de cancelación de la concesión a Femsa en San Cristóbal de Las Casas y la campaña de recolección de firmas – A 23 de junio de 2020

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 23 de Junio 2020

A Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República Mexicana A Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. A los Diputados/as del Congreso del Estado de Chiapas A los Regidores/ras del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Hasta el día de hoy, más de 26,343 personas han firmado la solicitud dirigida a la CONAGUA con el fin de revocar la concesión de la extracción de agua de Coca-Cola FEMSA, Compañía Inmuebles del Golfo S.A. de C.V., en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Algo jamás visto.

Al menos 20 años la movilización de distintos sectores de la sociedad, colonias aledañas a la empresa, organizaciones sociales y ambientales así como vecinos en general en la ciudad, han reclamado no sólo algunos casos de contaminación sino el exceso de la extracción de agua de la ciudad por parte de esta empresa. Millones de litros a costa de la falta de acceso al agua por parte de los habitantes, de escuelas e incluso centros de salud.

Los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes en la población son alarmantes, y en mucho provocado por el consumo de los productos Coca-Cola que incluso se venden en los planteles educativos. Frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la población se tornó más vulnerable por estas enfermedades lo que provocó el aumento de los decesos durante los últimos meses.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, colectivos, redes y consejos ciudadanos, entre otros, volvieron a exigir a la CONAGUA la suspensión de las concesiones para extraer agua por parte de esta empresa. Sin embargo, en total contradicción con las políticas federales de proteger el medio ambiente, de priorizar primero las necesidades del pueblo, que el pueblo es primero, entre otros discursos expuestos por el Presidente de la República, los reclamos de la sociedad caen en el vacío.

Ante ello, les preguntamos a las y los Diputados del Estado de Chiapas y a las y los Regidores de San Cristóbal: ¿cuál es su palabra? ¿Por qué callan ante este reclamo de años y de miles de ciudadanos y ciudadanas? Es necesario y urgente que hagan pública su postura y solicitamos realicen las gestiones pertinentes en el marco de sus competencias para revocar la mencionada concesión de la empresa refresquera.

#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo

Atentamente:

Organizaciones: Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC Centro Comunitario At’el Antzetic Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Consejo General de la Zona Norte Contraloría Ciudadana del SAPAM Comunidades Eclesiales de base San Cristóbal (CEBs) Defensoría del derecho a la Salud El Proyecto Alimente Hogar Comunitario Yachil Antzetic A.C. IBFAN México (International Baby Food Action Network) Maderas del Pueblo del Sureste A.C. Otros Mundos/Chiapas Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra. Servicio y Asesorías para la Paz A.C. (SERAPAZ)

Colonias: Barrio Originario Cuxtitali Colonia 14 de septiembre Colonia Bosques del Sol Colonia Maya Colonia Salsipuedes Fraccionamiento Bosques del Pedregal

Personas: Ana Valadez Ortega Antonia López Méndez Dra. Alicia Castellanos Guerrero, UAM-I Dra. Elisa Cruz Rueda Dr. Gilberto López y Rivas, INAH, Morelos. Karla Michell Solorzano Rodríguez. Ma. Georgina Rivas Bocanegra Mercedes Osuna Salazar Ofelia Medina, Actriz. Susana Montes Cruz Teodocio Ángel Molina Verónica Patiño Correa

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Imagen: Mural de DK Denz – mayo 2020

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En prensa:

Oaxaca: En San Mateo del Mar, Hay guerra contra la asamblea del pueblo

Comunicado publicado en Educa Oaxaca sobre la acontecido hace unos días en San Mateo del Mar – A 21 de junio de 2020

En San Mateo del Mar se vive una guerra en contra del pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional.

No es suficiente, aunque necesario en la coyuntura, exigir, en el caso de esta crisis, primero en la del 3 de mayo y ahora en la del 21 de junio de 2020, que intervenga la Guardia Nacional y el gobierno estatal y su fiscalía. Desde el 3 de mayo se hizo el llamado, pero no hubo una respuesta efectiva.

Estos ataques armados son provocados para dar apoyo al presidente municipal, para no verse rebasado por la legítima Asamblea del Pueblo. Tienen en común los ataques que se realizan en mayo y junio, la presencia de personal ajeno al pueblo que cuenta con vehículos y armas, que orquestan, como asesores del presidente municipal ataques armados que desatan el intercambio de actos violentos, justamente cuando el pueblo va en camino a una Asamblea, intentando organizarse de acuerdo a sus normas internas.

En el fondo, los órganos del Estado no entienden la institucionalidad de los órganos internos de gobierno de San Mateo del Mar, y terminan por reconocer a quien está realizando la guerra contra el pueblo, es decir, al presidente municipal que robó la elección en 2019, y que fue impuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que al sancionar como legales las elecciones violentas y con compra de votos, anula la verdadera figura de toma de decisiones que recae en la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno de San Mateo del Mar. Las autoridades del Estado no acudieron al llamado de controlar la crisis en mayo, solo supieron torpemente contactar a la presidencia municipal espuria, y no desactivó su capacidad de uso de la fuerza contra el pueblo. La consecuencia fue el agravamiento de la crisis que ahora ya tiene muchos más muertos, 14 hasta el momento, porque son batallas entre fuerza desiguales.

Desde septiembre del 2017, avaló el IEEPCO, un primer fraude electoral, con los hechos violentos que se suscitaron, en los que el asesor externo hizo uso de un arsenal de camionetas y armas para mantener bajo terror a la comunidad que fue amenazada de ser arrasada. Y que acabó con el reconocimiento de la elección por el IEEPCO, a pesar de ser testigos sus funcionarios de la compra de votos, el embarazo de urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían su deber como escrutadores. Cabe señalar que el presidente municipal espurio 2017-2019, ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en domicilio particular en Huazantlán del Río, pero eso sí, con la recepción de las partidas presupuestales que otorga la hacienda estatal y nacional.

En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Que niega el mérito que deben cumplir sus ciudadanos en el sistema de cargos. Y esto falsifica el derecho consuetudinario colectivista, y lo transforma en derecho liberal individual, y el IEEPCO se constituye en autoridad, que dice defender sistemas normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el derecho normativo interno, elecciones a modo, “por planilla”, y a favor en última instancia de los poderes fácticos que tiranizan al pueblo, atrás de estos presidentes espurios. Poderes fácticos que en realidad son sofisticados contratistas, que lo mismo operan contratos de obra pública, que administran los fondos municipales y “rinden cuentas” con sus contadores a modo, litigan con sus abogados para simular legalidad. Y nuevamente el “presidente” despacha fuera del palacio municipal.

Estos poderes fácticos controlan la guerra contra la Asamblea. Y claramente este ataque del 21 de junio, como el del 3 de mayo de 2020, tienen el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones.

Este último ataque no puede ser más ilustrativo, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que no es un movimiento solo de la cabecera, como podría pensar alguien despistado. A la altura de la colonia Reforma fueron emboscados, inermes, por encapuchados, preparados para el ataque.

Más allá del manejo de la crisis por fuerzas armadas públicas como la guardia nacional o la policía estatal, hay que exigir, además, e igualmente en calidad de emergencia, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, al Congreso del Estado de Oaxaca, al IEEPCO, al INPI, a la CNDH, a la DDHPO:

1. El respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la instancia superior y única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con su sistema normativo interno, forma de gobierno, e instituciones tradicionales que conforman su cohesión social, su lengua ombeayiüts, en suma, su cultura.

2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares con máscara de asesores y contratistas, para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, incluyente de todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal.

3. Garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza a San Mateo del Mar desde, al menos, el siglo XIX y que está ahora bajo fuego de guerra etnicida.

4. Manos del IEEPCO, fuera del proceso y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos.

En San Mateo del Mar, a partir de 2012 se desató esta guerra contra la Asamblea; no se tratan, por lo tanto, estos últimos ataques, de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikoots, que, en Asamblea en ese entonces, decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente protagonizó, al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón, la expulsión de Mareña Renovables, S.A.P.I. que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra Santa Teresa. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que le hacen la guerra.

21 de junio, 2020.

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Las razones de Víctor Toledo

Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de junio de 2020

El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”.

Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO, nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (COINBIO).

Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han sido formadas o son asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia, información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del “Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y sus bienes naturales.

Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país, encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado de las comunidades.

Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar, condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el “progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.

No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el fondo del problema ambiental de México y el Mundo.

Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?

El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia, es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.

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Imagen: Archivo presidencia.

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REMA: Desgracias mineras y recaudación de impuestos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de junio de 2020

El martes 9 de junio en su conferencia matutina, el Presidente compartió que hay empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos y, en lugar de pagar sus adeudos, ahora amenazan con demandar al estado mexicano en tribunales internacionales, al mismo tiempo que, un tanto candoroso, envió un exhorto al nuevo embajador de Canadá en México, el Sr. Graeme C. Clark, para que trate de “convencer a las empresas” de su país a pagar lo que deben.

En México la actividad minera es de las que más goza de privilegios y prerrogativas legales y fiscales, las cuales incluso llegan a la gratuidad para el libre saqueo de nuestros bienes naturales, por ejemplo, como sucede con el agua cuando encuentran yacimientos durante las excavaciones, o cero costos por el retiro de la cubierta vegetal con todo el daño al ecosistema que ello significa. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad de acumulación financiera por desposesión, no es la primera vez que las empresas mineras incumplen con lo poco que se les exige en impuestos, pago de licencias y tarifas de concesiones en este país, a cambio de todo el despojo y saqueo que realizan, sobre todo si consideramos que, con “dificultades”, aportan el 1% de los ingresos fiscales del país proviene de este sector. Aunque el Presidente no ha mencionado con nombre y apellido a las empresas mineras canadienses con adeudos fiscales, sabemos que en la auditoria de la federación sobre la cuenta pública de 2015, se encontraron 59 “presuntas evasoras fiscales” en el sector minero, en las que se incluye, por supuesto, tanto empresas privadas de mexicanos como de extranjeros, entre las que sobresalen varias canadienses. No obstante, y a pesar de la poca información proporcionada por el ejecutivo, es probable que, derivado de ese informe, sean esas u otras deudoras, de las más de 161 empresas mineras canadienses que el Servicio Geológico Mexicano identificó operando en el país hasta el 2018.

Llama la atención “la apertura conciliadora” presidencial para que las empresas extranjeras canadienses, utilizando al embajador –y hasta donde sabemos no a través del primer ministro canadiense-, logren cubrir el adeudo correspondiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el procurador fiscal de la federación en México ha sido enfático en la estrategia de endurecimiento de penas por fraude fiscal que van implementando, misma que está dando buenos resultados contra los deudores.

Para REMA, la falta de pericia, cantidad, calidad informativa mostrada por el ejecutivo sobre la temática minera, nuevamente nos deja muchas dudas sobre lo que pretende, porque en términos muy generales hay dos grandes rubros que en la práctica poco o nada tiene que ver uno con el otro, salvo que, en el camino, el gobierno impusiera una nueva tributación y con la cual el sector minero estuviera en discordancia o implicara, por ejemplo, una doble tributación para las empresas. De los dos grandes rubros el primero se refiere a la tributación interna para lo cual no necesita pedirle favores al gobierno canadiense, sino simplemente aplicar la ley y, la segunda, justo es el arbitraje internacional en donde las empresas tienen un gran margen de maniobra para someter a naciones enteras, por los también privilegios y prerrogativas legales, fiscales y laborales, entre otras, que han sido previamente definidas en los tratados comerciales. Ambas tienen repercusiones diametralmente diferentes y tal parece que las cifras mostradas por AMLO son utilizadas más con fines políticos para subsanar o maquillar la realidad financiera actual.

Un ejemplo sobre ese doble racero se muestra a continuación:

Mientras la administración de AMLO celebra los $30 mil millones de pesos (de un total de 50 mil millones), que han logrado recaudar de adeudos fiscales durante el último trimestre gracias al escrutinio público de una lista de empresas, pero sobre todo a la nueva estrategia del procurador fiscal de la federación, en contracorriente, México ya ha pagado $5.4 mil millones de pesos mexicanos a empresas privadas extranjeras en procesos de arbitraje internacional, pero además se tienen pendientes otros once procesos de arbitrajes, en los cuales las empresas están reclamando por lo menos $134 mil millones de pesos.  Vale la pena destacar que, de estos, solamente una empresa minera estadounidense, Odyssey Marine Exploration, reclama casi $80 mil millones de pesos, simplemente por no haber logrado un permiso ambiental para poner en operación una mina de fosfatos en la bahía de Ulloa fuera de la costa de Baja California Sur, acto que por supuesto celebramos porque evitará impactos devastadores sobre la pesca y la vida por toda la costa de este estado. No obstante, aunque esta empresa no tenga éxito en su arbitraje o no gane el total de lo que espera, estos procesos de arbitraje internacional se manejan por reglas establecidas para favorecer las inversiones de las empresas. Basta mirar como el año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó a Pakistán pagar $130 milmillones de pesos a dos empresas mineras.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE)que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, son las que les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante el sistema de arbitraje supranacional. México fue uno de los primeros países en el mundo en exponerse a esta amenaza con la entrada en vigor del TLCAN (1994), bajo el cual, aún pueden amenazar y demandar al país por millones e incluso miles de millones de pesos cuando las cortes o agencias del gobierno toman decisiones que afectan sus inversiones. México ya es el sexto país más demandado en el mundo, de tal forma que la petición del presidente para que las empresas no vayan a los tribunales internacionales es totalmente superficial.

A escasos 15 días del banderazo de arranque del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –TMEC–, lo cual no sustituye ni elimina el resto de los demás tratados multilaterales y bilaterales que tiene vigente el país, por supuesto que preocupa y enoja que en todo el discurso “anti-neoliberal” del presidente, no haya condenado este tipo de tratados, ni la apertura a los arbitrajes como parte de la infraestructura básica del sistema neoliberal.

AMLO dice  “…ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad. Sin embargo, no está claro si este llamado de conciliación canadiense se refiere a lo que deben pagar las empresas al SAT, para lo cual no necesita más que aplicar la ley, o si se trata de otro tipo de presiones en donde alguna o varias empresas mineras canadienses, las cuales, furiosas por no haber sido consideradas como actividad esencial al inicio de los cierres económicos ante la pandemia del Covid-19, amenazan o desean canjear las pérdidas de los poco más de dos meses de inactividad, por una conmutación negociada sobre el pago de impuestos u otras contribuciones. No olvidemos que las empresas mineras canadienses controlan el 80% de la extracción minera de metales preciososuno de ellos, en particular el oro, desde el inicio de la pandemia ha tenido un repunte en el precio de forma muy significativa-. Tampoco sabemos si las presiones del sector minero canadiense, incluyendo la ejercida por los empresarios mineros mexicanos y consentidos de la presidencia, contribuyó a su inclusión en la lista de actividades esenciales a partir del 18 de mayo, lo cual todavía están por verse el tamaño de los efectos relacionados al Covid-19, ante una apertura totalmente precipitada, a pesar de las recientes cuentas alegres del todavía subsecretario de minería, el Sr Quiroga, quien salió en medios a decir que en ninguna empresa minera del país se han presentado brotes.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/27/minera-en-guerrero-suma-51-casos-de-coronavirus-entre-sus-trabajadores/

salud de los trabajadores mineros y los pueblos aledaños expuestos a brotes de Covid-19.

Al final, es claro que sin o con influyentismo, este gobierno tendrá que enfrentar los estertores el sistema neoliberal, a partir de la fuerza y los intereses de las empresas que siempre han, están y parece seguirán estando  por encima del bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que  sería más que vergonzoso si la embajada respondiera de forma positiva a esta ambigua conciliación, y no a toda la serie de atrocidades que las empresas canadienses han realizado en el país, incluyendo asesinatos que, como en el caso de nuestro compañero Mariano Abarca, nos llevó a exigir en Canadá una investigación frente al gobierno canadiense, específicamente contra el cuerpo diplomático canadiense en México, por su omisión en los hechos, cuando pudo haber actuado al respecto para evitarlo.

Sr. presidente, no es suficiente salir en las mañaneras a decir verdades en contra de los exsecretarios de medio ambiente por los cobardes actos para la entrega y destrucción de los pueblos, de nuestro patrimonio y de los bienes naturales, menos aun sirve poner como ejemplo la desaparición de Cerro San Pedro en San Luís Potosí, si no hace más que un par de días la secretaria Cordero anunció con bombo y platillos la continuidad de la destrucción en el municipio de Mazapil, Zacatecas, por parte de otra empresa minera estadunidense que recientemente adquirió el proyecto de la minera canadiense Goldcorp. El sector minero le impone agenda al gobierno y los dichos en la mañanera son insuficientes para mostrar que efectivamente se tiene un rumbo diferente. No hay tal, ni se circunscribe a la no entrega de más concesiones, porque con las que se han dado es suficiente para destruir al país y la política actual simplemente se niega a actuar en correspondencia a lo que sucede. Basta citar otro ejemplo; la dolosa actuación del legislativo, quienes, en manos de su operador principal, el Senador Monreal, prefirieron darles continuidad a los improperios ocasionados por el outsourcing, siendo este uno de los mecanismos para la generación de empleo más neoliberales que hay. La pregunta es; ¿le seguirá echando la culpa al pasado, sobre actos que están tanto en sus manos como en el resto de su gobierno para resolverlos?

En REMA no esperamos mucho de la embajada canadiense, dada la larguísima trayectoria de destrucción orquestada desde ese país para toda América latina, a partir de promover leyes, protocolos, estándares y tratados de libre comercio, entre otros aspectos, justamente para facilitar el Modelo Extractivo Minero, lo cual incluye la expansión de las operaciones de sus empresas mineras en todo México y alrededor del mundo, sin importarles absolutamente nada los grandes adeudos, no sólo económicos y fiscales, sino ecológicos, sociales y culturales que ocasionan.

En el contexto de la destrucción permanente ocasionada por la actividad minera, es irrisorio pensar en un protocolo para la atención de la salud relacionada con la pandemia, cuando todos los días del año la extracción minera genera daños multifactoriales, destruye y contamina fuentes de agua, expone a poblaciones enteras al polvo lleno de metales tóxicos, contamina las tierras y territorios para siempre, rompe el tejido social y aumenta la violencia. Todo eso con gel y cubre bocas ni se quita ni se detiene, menos aun entra en los cálculos como adeudos para la autoridad fiscal, porque si lo hicieran, no podrían cubrir toda la deuda ecológica y social acumulada por años de devastación.

ACABAR CON LA MINERÍA ES ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FACILITAN EL EXTRACTIVISMO

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Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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El Escaramujo 98: LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descarga Escaramujo 98 en pdf<<

Los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) nos afectan directa y cotidianamente. Definen nuestro salario, las condiciones de trabajo o la comida que compramos; los precios del maíz, del frijol, del tomate, del huevo y todos los productos agropecuarios; pero también de la ropa, de los automóviles, de la gasolina o de los servicios como la energía, el acceso al agua y al transporte. Los TLC’s impactan en nuestra salud, en la educación y en las condiciones de acceso al agua. Influyen en el Cambio Climático, en los conflictos territoriales, en la violencia, los desplazamientos, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la militarización y son causa de la migración. Definen también las leyes y los cambios a la Constitución. Y gracias a los TLC’s las Empresas Transnacionales son los beneficiarios de los rescates por sus malos negocios, corrupción y violaciones a los mismos supuestos “acuerdos”.

Los TLC’s son el mecanismo por el cual las grandes Corporaciones demandan a los gobiernos por supuestos incumplimientos y esto impacta en la pobreza, en la falta de recursos públicos que podrían ser invertidos en el gasto publico, en la salud, en la educación o en la infraestructura. Los TLC’s explican la deuda o por qué se privatiza todo, hasta los ríos, los genes, las plantas medicinales, la cultura, los museos y las zonas arqueológicas. Definen lo que bebemos y sus ingredientes: explican la intromisión de agroquímicos, de transgénicos, de otros insumos al país más baratos con la subsecuente quiebra de la economía nacional. Explican la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, e incluso los asesinatos. Los TLC’s definen la vida política y la vida de los políticos. Y explican por qué hay tanta movilización, resistencia y rechazo a estos tratados; tantas campañas y exigencias para que las Empresas Transnacionales tengan normativas vinculantes cuando violan los Derechos Humanos allende sus fronteras. Los TLC’s son las correas de transmisión de la acumulación de capital y de las ganancias en manos de las Empresas Trasnacionales.

Escuchamos mucho sobre los TLC’s, de las nuevas negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá o con la Unión Europea, y sin embargo poco sabemos en qué consisten y cómo es que nos afectan. Por ello, para poder leer la prensa, las noticias, un artículo de opinión, un análisis o para animar a involucrarse en los movimientos contra los TLC’s y por la defensa de las Economías Solidarias y nuevas formas de integración entre los pueblos, presentamos 17 claves para poder entender los TLC’s de una manera más sencilla y explicado para no economistas. A lo largo del documento encontraremos conceptos cuyas definiciones encontrarás más adelante.

1) ¿Qué es un TLC? Es un trato que hacen dos o más países donde se comprometen entre ellos a eliminar o rebajar los aranceles de bienes y servicios; definen las reglas del “juego” sobre cómo, de qué forma y bajo qué legislación van a competir o a beneficiarse uno de otro. Se pueden regir bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en acuerdo entre los países participantes. Es vinculante, en el sentido de que la violación al tratado tiene consecuencias legales.

Los TLC’s se promueven en la opinión pública como la condición necesaria para el “desarrollo”, la “democracia”, la “libertad”. Sin embargo, más que un “Tratado” son mecanismos de presión y resultado de la correlación de fuerzas en una relación de poder donde el país más débil termina aceptando las condiciones del país más fuerte. Débil por su enorme endeudamiento, por las asimetrías, por su flaqueza institucional, por su poca capacidad política y de negociación, por su alta dependencia, o por su alta vulnerabilidad a la corrupción. Esto no lo hace “Libre” ya que es una coerción donde el débil debe cumplir aunque el fuerte no cumpla. Se está obligado a abrir las fronteras sin la rectoría del Estado. Tampoco es un supuesto “comercio” porque no sólo se trata de mercancías (los bienes corporales muebles) sino de apropiación de bienes intangibles, de ganancia por especulación, por el control y la conformación de grandes monopolios, por demandas y enriquecimiento ilícito de las grandes Corporaciones, por la evasión de impuestos, la apropiación de territorios de forma ilegal, o por la corrupción en las licitaciones, entre otras formas. Casos, sobran, como Enron, HOL, Odebrecht, GoldCorp … y los casos de las corporaciones trasnacionales son interminables.

A todo le llamamos TLC, pero en realidad existen modalidades que es bueno conocerlos y diferenciarlos:

  • Acuerdos de Alcance Parcial (APP): Participan dos o más países y sus acuerdos son comerciales, de complementación económica o agropecuarios, de promoción del comercio, entre otros sectores específicos. Se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos. Y es que existen algunos sectores que los países desarrollados no quieren abrir a la competencia.
  • Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Los países desarrollados conceden unilateralmente cobrar menos aranceles por algunos productos a un país en vías de desarrollo. Es una exención de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) ya que no da ese mismo trato a otro país desarrollado. No es tanto para ayudar a un país pobre, sino que es una forma en que un país recibe insumos que necesita más baratos, y al mismo tiempo genera una dependencia preferencial.
  • Tratados de Integración Comercial. Es el acuerdo entre países para reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Puede incluir aspectos sociales y de política regional, fiscal y presupuestaria, instituciones comunes o movimiento de personas. Como ejemplos tenemos a la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas. En esta integración unos países pierden más que otros.
  • Acuerdos Comerciales Preferenciales. Entre dos o más países acuerdan reducir mutuamente uno o varios aranceles, no todos.
  • Acuerdo de Asociación (AA). Es un TLC que elimina barreras a la libre circulación de bienes, servicios y de inversión entre los países; y además incluye elementos de asociación en materias del ámbito político y de cooperación. Podría ser un paso previo hacia la integración económica total como la Unión Europea.
  • Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Se usa entre algunos países latinoamericanos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con el fin de lograr una apertura de mercados mayor a la de los Acuerdos de Alcance Parcial y menor a los TLC’s.
  • Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Es el acuerdo entre dos países para dar ‘seguridad jurídica’ a las empresas que invierten, y de violar esto solo las empresas pueden demandar a los Estados a costa de la legislación del país, de sus políticas públicas o de la violación a los derechos humanos. Suelen incluir el Trato Nacional, el Trato de Nación más Favorecida, el Trato Justo y Equitativo; Restricciones a la expropiación, a los requisitos de contenido nacional, o permitir la libre transferencia de fondos con el fin de repatriarlos, entre otras. Los TBI son terribles. Las empresas buscan demandar a un país desde otro país en el que tiene sucursales y que al mismo tiempo ha firmado un TBI con el país que quiere demandar.
  • Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Es un tratado que promueve la liberalización a escala global de todo el comercio de servicios, excepto el trasporte aéreo y los suministrados en «en ejercicio de facultades gubernamentales». Las negociaciones son fuertes ya que muchos países desarrollados no quieren liberar algunos servicios. Sin embargo, el objetivo es privatizar todos los servicios como son bancos, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros por mencionar tan solo algunos, y alargar los años de protección de la propiedad intelectual,

2) Los antecedentes. Después de 1945, la economía mundial se encontró devastada, el comercio quebrado, las vías de comercialización y su infraestructura destruidas, y el Estado con la necesidad de sustituir las importaciones y empezar a crear hasta donde le fuera posible su propias fuerzas productivas. En este contexto nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que funcionó entre 1947 y 1995 donde los países negociaban entre ellos el cobro de sus aranceles de bienes bajo el principio de reciprocidad: “tú me cobras tanto por vender esto en tu país, yo también”. Pero en 1994 suceden dos acontecimientos fundamentales para la economía mundial. Por un lado se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, al mismo tiempo, se da fin al GATT que se convierte en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un organismo internacional que regularía los aranceles y el comercio de prácticamente todos los países del mundo, ampliando el comercio de bienes al sector de servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Fue en 1999 durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, cuando las movilizaciones sociales junto con la oposición de algunos gobiernos, se logra detener las negociaciones que pretendían incluir todo a la lógica del mercado.

Es así como los países que dominaban en las regiones de América, Europa y Asia se concentran en lograr en sus territorios la imposición de sus intereses que no fueron posibles establecer en la OMC. En Asia los ‘Tigres Asiáticos’ fortalecen su región; la Unión Europea amplia la zona euro y el control comercial; y en América, Estados Unidos intenta imponer el Área de Libre Comercio de las América (ALCA), un especie de TLCAN ampliado. Sin embargo, junto con las grandes movilizaciones continentales y los gobiernos progresistas de América Latina que se opusieron, en 2005 se da por terminado este intento. Entonces EEUU lanza otra estrategia que consistió en impulsar de manera bilateral por medio de los TLC’s los intereses que EEUU no logró vía la OMC y el ALCA. Es entonces cuando se acelera la creación de TLC’s entre los países del Norte con el Sur y, curiosamente, sin establecerse TLC’s entre los países desarrollados. De cualquier manera, los TLC’s implementaron un mecanismo que permite la reproducción automática y acelerada de sus objetivos.

América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa y Asia se lanzan entonces a la búsqueda de firmas de TLC’s con los países de América Latina en búsqueda de oro, plata, petroleo, gas, agua, energía eléctrica; compras de empresas estatales y para instalar sus empresas a la región.

3) Los subsidios. Todos los gobiernos han otorgado dinero de manera directa o indirecta a algún productor con el fin de mantener el empleo en eses sector, garantizar que el producto llegue al consumidor a precio accesible o que el productor tenga alguna mínima ganancia. Algunos países subsidian a los productores de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de aceite, entre otros muchos productos según sus necesidades y culturas. La manera de subsidiar para mantener el precio accesible al consumidor es otorgar financiamiento, pero también con exención de impuestos o con insumos baratos para la producción. Del mismo modo se otorgan subsidios a los servicios públicos como el transporte con el fin de que sea accesible a la población, o a las diversas actividades culturales, a la cuota de electricidad o del consumo de agua, todo con el fin de procurar el Bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos. Pero para el TLC esto es una “competencia desleal” y “populismo” para justificar su eliminación. Se sataniza el subsidio y se exige que sea eliminado y así se refleje el valor real del producto para competir con otros países en las mismas condiciones. Y obviamente el precio sube, los productores quiebran, la migración se agudiza y el producto queda en manos de algún monopolio. Otros subsidios se van eliminando paulatinamente hasta acordar una fecha tope en que se elimina totalmente. Una violación a esto puede implicar que la empresa extranjera exija una compensación. Sin embargo, los países más ricos son los que más subsidian a sus empresas trasnacionales, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

4) Los aranceles. Todos los países manejan un impuesto (una cuota monetaria) que cobran por una mercancía extranjera al entrar a su territorio. También tiene la función de regular la entrada de ciertos productos que el país ya produce con el fin de que la competencia extranjera no le inunde el mercado del mismo producto o altere el precio. Así, se protege el empleo, la producción y la cadena productiva. Por ejemplo, si se produce mucho tomate para el consumo del país, se cobrarán más aranceles al tomate extranjero para alejarlo del mercado nacional. Si se requiere tomate y no se produce, se bajan los aranceles para atraer a las empresas a llegar al país a vender el producto. Se puede cobrar arancel que represente un porcentaje del valor del producto, o un arancel por un volumen determinado de productos, o por una combinación de las dos. Con el TLC ahora se le llama “barreras arancelarias” y “proteccionismo” con el fin de presionar a los países más débiles a que eliminen los aranceles o establezcan un calendario (desgravación paulatina) donde se estipula cómo lo irán bajando año con año hasta que la empresa extranjera puede entrar al país “libre de aranceles”. Con esto, la empresa extranjera tiene más ganancias y el país receptor pierde ingresos al no cobrarlos, lo que repercute en que tendrá que reducir su presupuesto a los servicios, la educación, la salud, la inversión en carreteras, entre otras cosas. Sin embargo, los países más proteccionistas son los países más ricos que sí protegen su empleo, sus industrias y sus productores al violar los TLC’s e impedir el paso de ciertos productos acordados, o aumentar los aranceles para debilitar al país competidor o cerrarle el mercado. Estos han sido los casos recientes de la guerra de cuotas arancelarias entre China y Estados Unidos.

5) Las barreras no arancelarias. Un Estado debe proteger la salud y garantizar la seguridad de la población. En principio protege a sus productores nacionales y a sus consumidores definiendo leyes, regulaciones, políticas, reglas de importación, cuotas de importación (límites a la cantidad de una mercancía que se puede introducir al país ya sea café, miel, frijol, carne, etc.), criterios de embalaje, certificados especiales, licencias de exportación, controles de calidad y normas de sanidad vegetal y animal, regulaciones ecológicas y de toxicidad o marcado de país de origen. Con el TLC esto se ve como barreras al libre comercio, a la libre competencia, o como proteccionismo ya que los gobiernos bloquean el libre tránsito. Sin embargo, cuando los países del Norte definen sus barreras no arancelarias le llaman “protección de su soberanía”.

6) Precios de garantía y Control de Precios. Los precios de garantía son los precios fijos que estipula el gobierno a ciertos productores con el fin de garantizar que continúe produciendo, como el maíz, frijol, entre otros productos estratégicos para cubrir la demanda nacional. Este precio fijo le ayuda al productor frente a las variaciones de precios en el mercado. El control de precios es el precio fijo máximo y mínimo de una mercancía o servicio, con el fin de garantizar el acceso de la población y evitar la inflación por la escasez, tales son los casos de los productos básicos como el pan, la tortilla, el azúcar, la sal, el huevo, entre otros, y en los servicios como el agua o la electricidad. Con el TLC ambos se liberan para que las empresas extranjeras puedan vender el mismo producto más caro o comprar productos agropecuarios más baratos al productor, lo que ha ocasionado el quiebre de los productores del campo, la pobreza y la migración. A estos controles les llaman “populismo”, pero cuando los países del Norte definen estos precios le llaman protección de su mercado nacional. En 1960 México estipuló precios de garantía de granos y oleaginosas y se eliminaron en 1994 con la entrada del TLCAN.

7) Las Reglas o Normas de Origen. Son los criterios que determinan si un producto es de procedencia nacional (“Hecho en…”), ya que esto determina el derecho a exportarlo o importarlo para proteger y fortalecer a su industria nacional o a sus productores. Estas reglas las puede determinar un país o fruto de una negociación entre varios. Estas normas de origen pueden determinar si hay ‘dumping’, si se solicitan medidas de compensación, la aplicación de etiquetado y marcado, qué tipo de mano de obra se puede emplear, etcétera. Muchos gobiernos impulsan campañas de consumir lo “nacional” cuando una mercancía o servicio tiene cierta cantidad de componentes producidos en el país. Con el TLC se tiende a presionar para que muchas mercancías y servicios puedan tener componentes extranjeros sin necesidad de consumir lo local.

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rio caca

5° Aniversario del Frente Popular en Defensa del Soconusco por la defensa de la vida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – 20 de junio de 2020

Hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, con mucha felicidad recordamos el día en el que, de forma organizada y decidida, empezaron su lucha por la defensa de la vida y el territorio que estaba seriamente amenazados por la actividad minería. Todavía tenemos frescos los recuerdos y las palabras cuando resolvieron integrarse a REMA, para juntos, reforzar y reforzarnos en la lucha comunitaria.

Así fue que como caminamos el río que estaba siendo contaminado por la empresa minera, ahí se impulsaron pláticas en muchos pueblos para compartir y decidir como enfrentar esta terrible problemática minera que nos aqueja tanto en México, ahí mismo fue que juntos lloramos, reímos y cantamos cada tropiezo y cada triunfo logrado sobre los gobiernos corruptos y la empresa minera.

Hoy nos da un enorme gusto que, a 5 años de su ardua lucha, ese mismo río que en el 2015 encontramos contaminado, hoy se encuentre en plena recuperación gracias a que han impedido que el proyecto minero avance. Sus hijas e hijos y ustedes han regresado a nadar y pescar, sus núcleos agrarios y el municipio han declarado a su territorio libre de minería, su bosque sigue dando sombra y cobijo a las aves que todos los días los reciben con sus cantos.

Que mejor imagen de su lucha, que esta en donde le ofrendan al rio y le muestran su gratitud por la vida que les proporciona.  

Hermanas y hermanos del soconusco, en REMA estamos orgullosos de su lucha, su persistencia, su fraternidad y su compromiso con la vida.

Muchas Felicidades por estos primeros 5 años de lucha contra la minería

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

[Vídeo] El Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple 5 años de defender la vida en el Soconusco de Chiapas

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” desde el 2015 defienden de manera colectiva y organizada las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. Este mes cumplen 5 años en su digna lucha, forman parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. A lo largo de su lucha han denunciado varias veces el daño a la salud y ambientan ocasionado por la explotación de la ilmenita y titanio. Lograron que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina Cristina en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.

En su 5to aniversario, las y los felicitamos, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y ríos de la voracidad minera pero sobre todo por defender  la vida. Este vídeo cuenta un poco sobre su historia, además de ser un reconocimiento.

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco!

#SíALaVida #NoALaVida #RíosLibres

Más información:

[PDF] ¡Que no te lleve el Tren! Regiones indígenas en contra del Tren Maya

Les compartimos esta publicación sobre el proyecto del Tren Maya y algunos de los muchos impactos que tendrá a nivel económico, social y ambiental – 7 de junio de 2020

Cuaderno 1 Km.0: desigualdad, despojos y violencias. Contexto social y territorial, antecedentes y escenarios en la Zona Selva-Norte y Palenque, Chiapas

Escrito por Giovanna Gasparello

El Cuaderno 1, Km.0: desigualdad, despojos y violencia, expone el contexto social actual en la región Norte de Chiapas, en el municipio de Palenque,  y en la colonia Pakal Na, que sería el principio del Tren Maya y dónde se construiría la primera estación y nuevo centro urbano. La situación actual en cuanto a servicios públicos, derechos fundamentales, inseguridad y violencia, genera interrogantes relativas a la viabilidad y pertinencia del proyecto turístico y de infraestructura.

Asimismo, antecedentes recientes relativos a proyectos de infraestructura, turismo y urbanización dirigida en Chiapas muestran la presencia de contradicciones insoslayables que podrían volver a estallar de avanzar con la construcción del Tren Maya.

Dicha discusión se articula a partir de evidencias de obras o proyectos que, en tiempos anteriores, se han impulsado o llevado a cabo en la misma región o en el estado con objetivos análogos a los que propone el Tren Maya (Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul, Ciudades Rurales Sustentables y autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque), que, en todos los casos, han sido la causa de graves conflictos sociales. La descripción de estas evidencias permite señalar tendencias y probables escenarios sociales, entre los que se destaca el incremento de la violencia y la conflictividad ligada a megaproyectos, en particular por el despojo de tierras y la transformación obligada de modos y medios de vida.

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Petición: Tren Maya arrasará la selva en México

Más información:

Oaxaca: La lucha mixteca por defender Ixcatlán de la depradación de empresas mineras canadienses

Compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la defensa de la vida en la mixteca oaxaqueña y la reciente acción del gobierno actual de solicitar apoyo en las mineras canadienses en el país – 8 de junio de 2020

Desconocen cualquier acuerdo realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI  

Pedro Matias

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García.

Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.

Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.

De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo que haya efectuado personas ajenas a la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán que se autonombre representante de los comuneros, siendo el caso específico de la familia Morales Arias quienes son asesorados por el señor Marco Antonio Hernández Cuevas, quien fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente se desempeña como Coordinador General de Atención Regional del Estado de Oaxaca”.

Insistieron inclinarse por la defensa del territorio indígena oponiéndose a que empresas mineras exploten los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos, al tiempo que se pronunciaron por el respeto a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Luego de reafirmar el compromiso con su comunidad de respetar nuestros sistemas normativos internos, hicieron “un llamado a la unidad a todos los ciudadanos originarios de esta población de Santo Domingo Ixcatlán, tanto a los vecinos radicados en diferentes ciudades de nuestro país y del extranjero a la unidad de los ixcatecos para fortalecer la filosofía de nuestro pueblo originario”.

Adelantaron que se informará a las autoridades municipales y agrarias de Chalcatongo de Hidalgo y sus Agencias, con lo que mantienen un añejo conflicto agrario, que actualmente no existe Comisariado de Bienes Comunales en Santo Domingo Ixcatlán, en virtud que el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, anuló el ilegal nombramiento de Alma Morales Arias, por lo que todo acuerdo carece de validez.En el pronunciamiento hacen una relatoría del conflicto y de cómo la familia de Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias de Santo Domingo Ixcatlán para llegar acuerdos ilegales y presuntos acuerdos como empresas mineras.

Recordaron que durante 170 años, el territorio de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, estuvo en conflicto el cual el 3 de agosto de 1998, el Tribunal Unitario Agrario en Huajuapam de León Oaxaca, en el expediente agrario  número 3/1995, reconoce a favor de Santo Domingo Ixcatlán 1,356 hectáreas, juicio agrario que fue promovido por comuneros y personas originarias de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos los señores Juan Santiago García y Zenaido García Bernabé, quienes actualmente forman parte del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán.

Este domingo siete de junio del dos mil veinte, en la explanada de la cancha municipal, de Santo Domingo Ixcatlán se celebró  una asamblea general donde se analizó la situación actual que guarda su municipio y los diferentes problemas que durante 15 años ha generado la familia Morales Arias.

Señalaron que en el 2005, el entonces Presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias y asumió junto a su grupo la solución del conflicto agrario por la vía violenta, argumentando, en declaraciones documentadas, que contaba con la protección del gobernador Ulises Ruíz Ortiz y del PRI como consta en la averiguación previa 130/2008.

Durante el 2005-2007 Freddy Eucario Morales Arias fungió como presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, periodo en el que dividió al pueblo imponiéndose por medio de la fuerza y violencia.

Durante el conflicto social en el año 2006, Freddy Eucario y su grupo paramilitar formó parte de los escuadrones de la muerte, que asesinaban a las personas opositoras a Ulises Ruiz Ortiz.

Durante el año 2007 creó el paraje “Los Reyes” lugar de entrenamiento y preparación de los integrantes del grupo paramilitar que comandaba y que cuenta con la protección de los elementos de la Policía Preventiva del Estado.

Luego de varios asesinatos, emboscadas, quema de casas y maquinaria pesada, llegó el 30

de abril del 2008 donde fueron asesinados en el centro de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca el secretario de bienes comunales Melesio Martínez Robles y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, el primero fue descarnado sádicamente de la cintura para abajo, el segundo quemado vivo en el interior de su automóvil y el tercero de un balazo, por estos hechos se inició el Expediente Penal 24/2008 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en contra de Freddy Eucario Morales Arias y otras 15 personas.

Por esos hechos suscitados el 30 de abril del 2008, el  19 de mayo del 2008,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares  a favor  familiares,  amigos y testigos de  Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé. El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a 177 personas.

Y 7 de agosto del 2008, por los hechos ocurridos el 30 de abril del 2008, el Congreso del Estado aprobó la suspensión de Poderes Municipales de Santo Domingo Ixcatlán y el Eucario Morales Aguilar fue detenido por homicidio calificado, sin embargo, su familia mantuvo el control de la comunidad y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.

Imagen: Santo Domingo Ixcatlán- Página 3

Más información:

El Escaramujo 97: LAS REPRESAS EN CHIAPAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 97 en pdf<<

Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.

A lo largo de su historia, sus cuencas han sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas entre las que se encuentran 8 hidroeléctricas, de las cuales tres de ellas son de las más importantes del país. Por un largo tiempo, Chiapas aportó más del 40% de la energía hidroeléctrica del país a costa de la pobreza local.

Decenas de proyectos de presas hidroeléctricas se han planeado desde hace décadas en toda la geografía de un estado lleno de hermosos ríos. Ahora, el discurso de la “transición energética”, la “energía limpia”, la “energía renovable” y “los mecanismos de desarrollo limpio” ponen a Chiapas en mayor riesgo de sus Cuencas, ya que las Grandes Represas y ahora las “pequeñas” represas hidroeléctricas siguen reforzando el discurso de la economía verde. Las amenazas sobre los territorios indígenas y campesinos se agudiza con los megaproyectos extractivistas, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chiapas el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales .

Recientemente la CONAGUA ha liberado esta información que ahora sistematizamos. En este inventario se rescatan los bordos, diques, derivados y represas que se han construido en el estado de Chiapas. También realizamos una radiografía de otros proyectos y el proceso de resistencia social.

El total de Represas, Bordos, Diques y Derivadoras construidas en Chiapas

La CONAGUA registra en Chiapas un total de 94 intervenciones con obras de todo tipo y tamaño que se han construido desde la Conquista hasta 2019. Estas represas están divididas en Presas Hidroeléctricas, Bordos, Diques y Derivadoras. Se han intervenido un total de 39 Municipios: 31 están en la Región Hidrológica Costa de Chiapas, y 63 en Grijalva-Usumacinta. Todas estas obras han sido construidas por particulares, ejidatarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONAGUA, y lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que operó entre 1976 y 1994.

Los períodos de construcción

De las 94 obras registradas, 67 cuentan con registro del año de construcción y de 27 no se tiene registro. La primera obra que se tiene registro data de 1880 en el municipio de Cintalapa. Durante el Siglo XX se realizaron las principales intervenciones artificiales en las Cuencas de Chiapas. Solo 4 se llevaron a cabo entre 1900 y 1950 en 4 municipios: Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Cacahoatán. El resto de las 50 represas y bordos se llevaron a cabo entre 1950 y el año 2000. Principalmente en la década de 1970 que es cuando se construyen la mitad de ellas. En lo que va del Siglo XXI se han construido 12 obras.

Las represas en Chiapas y los sismos

El 100% de las intervenciones de las Cuencas para construir las represas, bordos, derivadoras y diques se ubican en Zonas Sísmicas, y se distribuyen de la siguiente manera: 46 obras en Alta Sismicidad, 36 en Media Sismicidad y 12 en Baja Sismicidad.

Por su lado, de los 39 municipios intervenidos en Chiapas, 15 se ubican en regiones de Alta Sismicidad, 19 en Media Sismicidad y 7 en Baja Sismicidad.

Hay que tomar en cuenta que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en México. Entre ellos, el estado de Chiapas muestra una mayor actividad sísmica ya que en algunos períodos ha llegado a cuadruplicar la cantidad de sismos registrados en la entidad. Este criterio de la sismicidad es un elemento que al parecer poco se toma en cuenta para la proyección en la construcción de las represas.

Las actuales y futuras Represas Hidroeléctricas en Chiapas

Las intervenciones mayores sobre las Cuencas son las represas. Existen en Chiapas 41 presas y de ellas son 8 hidroeléctricas:

  1. Presa Belisario Domínguez (La Angostura).
  2. Presa Ángel Albino Corzo (Peñitas)
  3. Presa José Cicilio del Valle (El Retiro).
  4. Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
  5. resa Netzahualcóyotl (Malpaso).
  6. Presa Bombaná.
  7. Presa Bombaná II.
  8. Presa Shpoiná.

En Chiapas la CFE identifica 90 proyectos hidroeléctricos en la Etapa de Planeación con una potencia instalada de 9,060 Mw. De ese total, 79 corresponden a proyectos identificados, 4 de Gran Visión, 2 de Prefactibilidad y 5 de Factibilidad. La CFE pretendería licitar hidroeléctricas en 4 Sistemas Hidrológicos de la Región del Sureste ubicados en la entidad en las Cuencas de Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva.

Los 4 Proyectos de Gran Visión para Chiapas están ubicadas en la Cuenca del Usumacinta. Sobre el río Tzaconejá la Presa Altamirano con una potencia instalada de 185 Mw y la Presa Livingstone con una potencia instalada de 285 Mw. Sobre el río Santo Domingo la Presa Rápidos de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) con una potencia instalada de 160 Mw y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) con una potencia instalada de 300 Mw. Sobre el río Usumacinta se siguen proyectando la Presas Yaxchilán, Presa Isla El Cayo, Presa El Porvenir y la Presa La Línea que sumarían 690 Mw de potencia instalable. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que sean hidroeléctricas al filo del agua.

Los 2 Proyectos de Prefactibilidad son las Presas Ampliación El Retiro en la Cuenca Cahoacán en Tapachula, y la Presa Chinín sobre el río Tacotalpa en el municipio de Huitiupán, con un potencial instalado de 7 y 170 Mw respectivamente.

Los 5 Proyectos de Factibilidad son, sobre el río Grijalva, la Presa Acala con un potencial instalado de 135 Mw, la Presa Copainalá con un potencial instalado de 225 Mw y la Presa Rehabilitación Bombaná. Sobre el río Tacotalpa la Presa Itzantún con un potencial instalado de 440 Mw; y la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro) sobre el río Usumacinta en el estado de Tabasco con un potencial instalado de 420 Mw.

La presa Chicoasén II está suspendida por los conflictos sociales que ha causado. Y La “pequeña” represa Santo Domingo no fue autorizada por Conagua ante la cantidad de inconsistencias en su Manifiesto de Impacto Ambiental. Entre algunos de los antiguos proyectos que están en el tintero esperando las condiciones adecuadas para su inversión están las presas del Sistema UsuTulijá como son las represas Quetzalli, Jattza, Nance, Salto de Agua; la presa Bajatzén sobre el río Shumulhá en Yajalón, y la presa Chacté en San Juan Cancuc. El actual gobierno pretende repotencializar 64 hidroeléctricas de las principales represas del país. Por otro lado, se ha incluido las supuestas “pequeñas” y “minis” represas hidroeléctricas de las cuales, para Chiapas, se prevén licitar 20 proyectos. Esto puede dimensionar que, tomando en cuenta las 90 represas anteriores, en total sumarían 110 hidroeléctricas proyectadas en Chiapas que serian un desastre social y ambiental. Algunas de estas supuestas “pequeñas” represas están vinculadas a dotar de energía a las empresas privadas, a los proyectos mineros o para ser vendida a la CFE con garantías de grandes ganancias usando la red pública.

Los proyectos de presas hidroeléctricas marcan una presión mayor sobre los territorios indígenas y campesinos por los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que demandarán ingentes cantidades de agua y energía de las Cuencas de Chiapas.

Las “pequeñas” represas en Chiapas

Aunque no se ha abandonado la política de construir Grandes Represas, el gobierno impulsa la narrativa de las “pequeñas represas” e incluso “mini represas” con manipulación técnica, ambiental y política. Muchas represas tienen planes de cortinas mayores a 15 metros lo que se les cataloga como “grandes represas”. En el discurso se les vincula a la “energía verde”, la “energía sustentable”, la “energía renovable”, la “energía limpia”, con los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los “servicios ambientales” o los “servicios hídricos ambientales”; y que con ellas no se desplazan a la población ni generan impactos ambientales significativos e impiden el Cambio Climático. Pero esto es una falacia.

Estos proyectos siguen vinculados a la privatización de la generación de energía, al negocio de la venta de energía a la CFE garantizando las ganancias por décadas a las empresas privadas, al auto abastecimiento de energía para las propias empresas o sus proyectos extractivos y a la apropiación privada de territorios. Sí implican afectaciones a los ríos y a las cuencas, a las poblaciones aguas abajo y aledañas y otras afectaciones socioambientales. Muchas de estas represas hidroeléctricas requieren trasvasar el agua hacia las turbinas por muchos kilómetros invadiendo territorios ejidales y de bienes comunales. El gobierno federal actual pretende construir en el país 112 medianas represas y minirepresas, y también identifica la futura construcción de 13 Hidroeléctricas al “hilo del agua”. La amenaza sobre las cuencas y su modelo extractivo no muestra signos de transitar.

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