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México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

Publicada el 07/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019 — Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos. — Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre. — Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla — Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

Más información:

Abrazamos fuertemente al COPINH en su 27 aniversario

Publicada el 06/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020

En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.

Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.

Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación del COPINH

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¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

Publicada el 03/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

Servicios de salud disponibles
Condiciones de trabajo que sean seguras
Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

Más información:

[PRONUNCIAMIENTO] COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana

Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

Publicada el 02/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

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5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali

Publicada el 02/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020

Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyac Tlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.

Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”, que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.

Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.

Licencias irregulares

Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.

Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia de construcción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.

No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.

Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.

“Ha variado la disposición de las distintas autoridades, esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.

Posponen asamblea por Covid-19

En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.

Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.

Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.

Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, indico que la única información es que hay un recurso jurídico al respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las asambleas no saben mayores datos.

“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.

Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7

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Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

Publicada el 01/04/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

Más información:

[PRONUNCIAMIENTO] COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana

Publicada el 31/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020

Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.

La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis (de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.

Este modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos humanos y justicia social.

Nos preocupa que los Gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.

En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.

La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras. Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.

Desde nuestra apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.

Las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región, como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras.

Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:

Que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos.
Que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Que reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas.
Que garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.

Asimismo, hacemos un llamado a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas, vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y necesarias.

¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!

¡Viralicemos la solidaridad!

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Consorcio Oaxaca
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

Aprueba Senado ley para el fomento y protección del maíz nativo

Publicada el 30/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020

El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.

Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y declarar a esta actividad como mecanismo cultural.

Casi al final de la sesión con la que cerró actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”.

«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”

En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas, qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”

«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.

La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se levanta porque “México y el maíz son uno solo”.

Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos, estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades vegetales del maíz “

Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.

Mostró “uno de los morales más maravillosos de Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del pueblo de México”.

La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.

“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó.

Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo

Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48

Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.

Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Mexicana.

También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.

Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y fomentar su subsistencia.

“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, una de las promotoras de la legislación.

Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz, al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.

En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley, Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena alimentación y la esencia de nuestra cultura”.

Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Más información:

X celebración del Día del Maíz en México: “Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena de maíz nativo”

Isaac Medardo Herrara, Ambientalista y Defensor de los Territorios, es Asesinado en Morelos

Publicada el 27/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de marzo de 2020

Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios comunicación y, por supuesto, financieras.

Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial “Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de “La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y de la naturaleza.

ta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.

La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020.

En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos lamentables hechos.

¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO.

¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE CÓMPLICE DE ELLOS!

¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Infografía de RompeVientos tv

Más información:

Oaxaca: La lucha Mixteca contra la voracidad minera

Publicada el 26/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020

Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos

Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla. Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.

Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec, Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán, Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de los intereses de las grandes corporaciones mineras.

Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña

En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología, un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].

En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.

Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales, contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la producción alimentaria.

Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen intereses específicos en Oaxaca.

Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los megaproyectos mineros en sus localidades.

La organización de los pueblos ante la voracidad minera

En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.

La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar, asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.

A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente, habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.

También en Valles Centrales las comunidades en resistencia realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se declararon “territorios prohibidos para la minería”.

Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca. Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten sus comunidades y la biodiversidad que poseen.

Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha implementado a través de los partidos políticos de todos los colores. Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.

El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca

A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales, habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.

Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado, Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.

Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago Chazumba.

La minería es feminicida

El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en desaparecernos y enfermarnos”.

Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal; también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.

Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la impunidad, lo haremos nosotras”.

“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”

“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes” para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores del Grupo de Investigación Independiente de Oaxaca.

Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos, ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.

También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal, dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.

El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”. De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y, principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido en las leyes”.

Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir información lo más completa y certera posible. También considera que es fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de la asamblea comunitaria.

“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’. En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa razón es válida”.

Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.

Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Gobierno Estatal y Federal vuelve a amenazar los Territorios y Comunidades de Chiapas

Publicada el 25/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020

Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.

El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.

Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.

Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación Otros Mundos Chiapas

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Baja California: Gobierno confirma cancelación de cervecera de Constellation Brands en Mexicali

Publicada el 24/03/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali el pasado fin de semana – A 23 de marzo de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy el resultado de la consulta realizada ayer en Mexicali, Baja California, en la que la mayoría decidió no aceptar la instalación de una planta cervecera de la trasnacional licorera Constellation Brands.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali

Inclusive, ante las primeras reacciones de organismos y cámaras empresariales, así como de algunos actores políticos, el mandatario expuso que no podía ponerse en duda el resultado de dicha consulta, por la cantidad de participantes, así como del amplio margen de rechazo.

“Cuando hay resultados así es evidente que no hay acuerdo. Si hubiese participado menos gente o hubiera un resultado más parejo… pero hay que gobernar con el mandato popular”, expresó el mandatario.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados que, con una participación total de 36 mil 781 personas, reflejó que 76.1 por ciento de los participantes están en contra y sólo un 23% a favor.

“Conagua ya no dará los permisos correspondientes para la operación de la planta. El gobierno se pondrá en contacto con la empresa para la subsanación de los daños”, dijo.

La instalación de una cervecera en esa ciudad fronteriza ha generado descontento desde hace años, por las implicaciones que tendría para el acuífero.

Las respuestas de la consulta fueron:

Estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la planta de Cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población.
No estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la planta de Cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias.

Ante el movimiento de rechazo, el gobierno de López Obrador decidió realizar una consulta que se celebró los pasados 21 y 22 de marzo, con el resultado mencionado.

En su alocución al respecto, el presidente recordó el amplio movimiento social que se gestó en Baja California en defensa del agua, hace unos años.

Finalmente, el mandatario se dijo dispuesto a tener diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, así como con otros organismos y con los dueños de la empresa, a fin de ofrecerles opciones y facilidades para su instalación en zonas donde si hay agua.

“Voy a hablar, si es necesario, con los dueños. Claro que nos importa la inversión extranjera, la creación de empleos, pero también tenemos que cuidar la opinión de la gente y cuidar nuestros recursos naturales, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar”, dijo.

Imagen: Opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Foto: Especial Proceso. / La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali Foto: Germán Canseco

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