Protección y seguridad, un trato especial para las mineras

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020

En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.

Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.

El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.

No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.

Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Más información:

Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

Más información:


El Escaramujo 95: LA BANCA MULTILATERAL DEL DESPOJO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 95 en pdf<<

Las personas, las empresas y muchos gobiernos del mundo salen a buscar dinero prestado para rescatar sus economías y así solventar la crisis del sistema develada por el COVID-19. La deuda se dispara.

El costo de la crisis sanitaria en el mundo no tiene precedentes en los últimos 100 años. Se habla de recesión global, desaceleración, depresión o contracción económica entre otros conceptos que puedan abarcar a las millones de personas que han quedado sin empleo en todo el mundo, al hambre que recorre los países, a las empresas quebradas y a los gobiernos que se han quedado sin recursos ni siquiera para pagar el servicio de su deuda eterna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que es la peor recesión mundial en 90 años, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) afirma que el costo de la pandemia del coronavirus podría alcanzar los USD$8,8 billones de dólares, o casi el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, en esta crisis sin precedentes se nos quiere hacer responsable individualmente de su propagación y solución con la consigna de “Quédate en Casa”, pretendiendo ocultar las causas sistémicas y estructurales de esta catástrofe.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 provocará un aumento vertiginoso de la deuda por medio de los ‘recates’. Y más que ‘rescates’, es una inyección de adrenalina de concentración de capital. Para ello, los bancos juegan el papel central junto con los gobiernos. La banca es al sistema capitalista lo que las venas al cuerpo. Mueven el dinero, la especulación, la riqueza, el oxígeno que le da vida al sistema. Se inyectarán recursos para que la sociedad se autorescate con sus propios fondos públicos. Y es que la acumulación de capital no se puede entender sin la lógica de la deuda. Por ello, desde otro ángulo, el COVID-19 no pone en jaque al capitalismo, sino que más bien lo acelera, donde la banca del despojo juega un papel fundamental para la acumulación en cada vez menos manos.

El Estado Corporación siempre estará al servicio de dicha acumulación con la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) que la favorecerá ofertando préstamos, créditos o subsidios. Pero, ¿quiénes son? Esbozamos aquí una serie de claves comunes para entender el conjunto de la mal llamada Banca de “Desarrollo” como parte de las Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que han financiado proyectos de despojo a los pueblos endeudados y empobrecidos, que han implicado sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), financió el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto en grado de tentativa en Honduras. Por otro lado, un miembro de la familia Atala, dueño del proyecto, fue el representante de su gobierno ante el BCIE y en su tiempo dicha familia adquirió grandes sumas de créditos de este banco.

Los orígenes de la BMD

La BMD se funda a partir de la II Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM) en 1944 en el poblado montañoso y nevado de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, país que alberga sus sedes. Por ello se le llaman las instituciones de Bretton Woods. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el andamiaje político hegemónico en el mundo, como el FMI y el BM lo son en el andamiaje financiero, donde prácticamente todos los países del mundo forman parte de estas estructuras capitalistas hegemónicas. Estas IFI’s serán la raíz y la matriz de muchos otros bancos de desarrollo regionales y subregionales, de muchas directrices económicas impuestas en el mundo y de la mano de los gobiernos quienes las operativizarán e instrumentalizarán.

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el Estado y no el mercado, levantaría la economía mundial destrozada de la posguerra; procurar el bienestar de la población y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, Protocolos y Convenios vinculantes en la materia, en la lógica del Modelo Estado de Bienestar. Para ello, los Estados conformarían la BMD con el fin de otorgar créditos a los países pobres y así garantizar el supuesto desarrollo, el derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, entre otros compromisos en materia de derechos humanos.

Desde entonces, más de 30 bancos multilaterales de desarrollo continentales y subregionales se crearon y con ello se generaron, en unos países más y en otros menos, en unos más rápido y en otros menos, los sistemas de salud, de educación, de comunicaciones, de producción, de electricidad y sus sistemas bancarios nacionales. Se crearon leyes soberanas y también la infraestructura como caminos, puentes, represas, puertos, tendidos eléctricos, aeropuertos, entre otros servicios públicos.

Más tarde, a partir de la década de 1970, y en el contexto de las dictaduras militares en América Latina, bajo la crisis mundial de la deuda externa, del petróleo y del patrón oro, entre otros factores, inicia la imposición de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y del BM a los países deudores, reflejando los intereses económicos de los países acreedores y sus empresas.

A principios del Siglo XXI, el 65% de los préstamos del BM fueron dirigidos a las PAE. Así, en la era del Modelo Neoliberal todos estos bienes y servicios construidos con fondos públicos iniciarían un proceso largo de privatización en manos de las grandes corporaciones. La BMD realizaría otro papel, la de ser correa de transmisión de las PAE, así como de trasladar más líneas de crédito baratas a las empresas. Ahora, con la crisis del COVID-19 se reclama al Estado un sistema de salud pública que el mismo FMI y el BM desmantelaron y privatizaron; y ahora ofrecen nuevos créditos para reconstruirlo. Más deuda.

El Objetivo de la BMD

Los supuestos objetivos de la BMD fueron reducir la pobreza de los países pobres miembros del banco, generar empleo y bienestar, promover la integración económica de los países miembros, mejorar la infraestructura, el comercio, la generación eléctrica, el transporte, la producción; promover la inversión privada y pública, la asistencia técnica, las reformas del estado necesarias para garantizar las inversiones privadas; promover la agricultura, la industria y lograr los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Entre los BMD hay relación y acuerdos de cooperación financiera. Sin embargo, luego de casi 80 años de la BMD los países del Sur siguen sumidos en la peor pobreza, dependencia y endeudamiento generando la concentración de la riqueza en el Norte Global.

Los miembros de la BMD

Los miembros de la BMD son los países de la región. Pero muchos aceptan miembros que no son regionales y cuyos países aportan grandes cantidades de dinero al banco para poder tener acceso preferencial a las inversiones que se hagan en los países regionales o fundadores del banco, para tener la prioridad frente a otros países no miembros en el suministro de bienes y servicios de los proyectos financiados por el banco. Este es el gran negocio de los países ricos y de los intereses de sus grandes corporaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Chima, Italia, Israel, Holanda, Noruega, Francia, entre otros países se integran al banco regional con sus fondos públicos propios para extender sus negocios y préstamos. Sin embargo, también algunos países del Sur se suman a los bancos subregionales para incrementar los negocios, como puede ser México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Así, los gobiernos han ido flexibilizando los criterios para sumar otros países sin aportar capital y ser beneficiario de inversiones como el caso de Belice, o sin ser parte de la región con el objetivo de aumentar las posibilidades de inversión, de más rentabilidad, de más injerencia en otras regiones y de mayores negocios. Todo este entramado de intereses hace que el BMD no sólo tenga sede en un país, sino también sucursales o representaciones en diversos continentes.

Todos los BMD del Sur tienen accionistas o socios del Norte por donde entran sus inversiones, sus corporaciones y sus condicionamientos a los países del Sur. Hasta la fecha, los países del Sur siguen en “vías de desarrollo” sin alcanzar el supuesto desarrollo del Norte.

Los tipos de BMD

Esta supuesta Banca de Desarrollo de carácter público puede ser internacional (multilateral) o nacional. En el caso de los bancos nacionales de desarrollo, por ejemplo, México ha conformado varios de ellos: el Banco del Bienestar, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Nacional Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). También los países “desarrollados” tienen su banca de desarrollo. Algunos bancos nacionales de desarrollo invierten y prestan allende sus fronteras con el fin de ampliar sus ganancias desde otros países, prestando a gobiernos o empresas privada como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES) cuyos créditos en América Latina superó a los proporcionados por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otra modalidad de préstamos son las llamadas Agencia de Crédito para la Exportación (ACE) y las Agencias de Cooperación (AC) que, siendo fondos públicos de un país, presta, invierte o dona a gobiernos para influir en las políticas del país objetivo, o al sector privado para favorecer sus inversiones, con poca o nula transparencia en sus operaciones. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió las modificaciones al Código Penal de Honduras que criminaliza más a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los territorios en un país donde existe la resistencia incluso a los megaproyectos españoles. Por su lado, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) cofinanció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras.

Entre las ACE’s y las AC podemos encontrar: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, Corporación Canadiense para el Fomento de las Exportaciones, Banco de Desarrollo Holandés, Banco Japonés de Cooperación Internacional, Banco de Exportación Importación de Japón, Oficina Federal de Suiza para la Ayuda Económica Extranjera, Programa de Ayuda Internacional de Australia, entre otros muchos.

La BMD y los gobiernos manejan también fondos especiales para algunas temáticas o sectores. Por mencionar tan solo algunos: Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Arabe para Desarrollo Económico y Social , Fondo de Fideicomiso de Nigeria, Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Desarrollo de Kuwait, Fondo Verde del Clima, Fondo Africano de Desarrollo, Fondo Nórdico de Desarrollo, y la Asociación Internacional de Fomento. Algunos son jurídicamente independientes y otros son manejados por algún BMD.

Los préstamos de la BMD

Las decisiones de los bancos se miden por votos. Así, tendrá más voto de decisión en el banco quien ponga más dinero. Por ejemplo, en el caso del BID, Estados Unidos pone el 30% de los recursos, es el que más aporta. De esta forma los países que más aportan definen a quién le prestan, cómo, para qué y con qué condiciones. Los que más aportan tienen prioridad sobre las ofertas de licitaciones gubernamentales o proyectos de inversión en infraestructura.

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Más escaramujos:

REMA: La minería y el gatopardismo de la incidencia política

Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 01 de junio de 2020

Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.

Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”, “segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.

Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc., entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.

Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas mineras y los pueblos y comunidades.

Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo un artículo:

Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.

Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto Interno Bruto como factor de bienestar.

Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Imagen: Forbes. Crédito: Grupo México

Más información:

Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur

Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020

Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos

>> Descargar Atlas en pdf<<

La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.

Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.

>> Descargar Atlas en pdf<<

La verdad sobre los transgénicos

Por Silvia Ribeiro*

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur , publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Portada del Atlas

Más información:

La REMA festeja a las y los Periodistas de A Pie

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de mayo de 2020

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria saluda con enorme alegría el 13° aniversario de la Red de Periodistas de A Pie pues en sus notas, artículos e investigaciones, las resistencia contra la minería en México han encontrado un espacio propio de visibilizarse.

Recordamos que fue en la Red de Periodistas de A Pie con quienes iniciamos nuestros talleres sobre el Modelo Extractivo Minero con el objetivo de que cada vez más periodistas contaran con las herramientas de investigación necesarias para entender como opera la minería y las múltiples formas en que las empresas mineras violentan los derechos de los pueblos y comunidades. Taller que poco a poco replicamos en muchos estados de la República con gran éxito.

Pese al complicado contexto para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión que, en México, pone en riesgo su seguridad personal, las y los periodista de A Pie contiuan ejerciendo una labor fundamental para millones de personas que en sus pueblos y comunidades alzan la voz contra la depredación del Modelo Extractivo Minero.

En los últimos 13 años, la Red de Periodistas de A Pie se han convertido en un referente informativo y un garante del derecho a la información en México.

!!LARGA VIDA A LA RED DE PERIODISTAS DE A PIE!!

¡¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria

La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

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[Vídeo] Nosotras Defensoras

Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México

Capítulo 6: El enfoque feminista en la protección

El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las mujeres defensoras. El feminismo posiciona la creación de redes, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección, aportando a la construcción de espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento; para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos; y fortalecer hacer más sostenibles los movimientos y organizaciones desde la sororidad.

Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección

Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.

Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)

Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.

Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte) 

El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas. 

Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)

Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.

Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.

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Ya son 25 mil firmas diciendo fuera Femsa Coca Cola de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas, Chi. 22/05/2020|Les compartimos con mucha alegría que hemos llegado a las 25 mil firmas en la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de revocación de la concesión de aprovechamiento del agua para Femsa Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas.

Gracias a ti son 25 mil firmas para decir fuera Femsa Coca Cola de mi cuerpo y territorio

>>Firma le petición aquí<<

El pasado lunes 4 de mayo se lanzo en la petición a través de la plataforma change.org a partir de la petición a CONAGUA para revocar la concesión a la refresquera que hiciera el sindico municipal del ayuntamiento Miguel Ángel de Los Santos. Diferentes organizaciones y movimientos nos pronunciamos a favor de esta petición y argumentamos el daño que ha causado a lo largo de 20 años de funcionamiento en el Valle de Jovel.

Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.

>>Ve la infografía al respecto aquí<<

Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.

Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas

La población de San Cristóbal a expresado su apoyo a esta iniciativa, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua

Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Infografía La otra pandemia Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Sembrando Vida sirve al despojo igual que el Tren Maya y Corredor Transístmico, señala investigación

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre algunos de los proyectos más grandes de esta administración – A 7 de mayo de 2020

“Triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”: CECCAM.

El programa Sembrando Vida, junto con el Corredor Transístmico y el Tren Maya, “pueden ser considerados una triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”, señala una investigación sobre los impactos de dicho programa y megaproyectos.

El documento de 40 cuartillas, elaborado por Daniel Sandoval Vázquez y presentado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que estos proyectos están estrechamente ligados entre sí.

Sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico destaca que posibilitarán las inversiones y ganancias en corto plazo pero que significan “arrebatar la posesión efectiva de la tierra a las poblaciones originarias” y “privarlas de la capacidad de decidir sobre cualquier uso futuro de los recursos en general”.

Además, prosigue, mediante el desarrollo urbano e industrial a gran escala y la explotación de la población se le separará de su labor creativa ligada a la tierra.

En tanto, el programa Sembrando Vida incide en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales, señala. Con testimonios de distintas localidades se ha comprobado que el programa enajena a los pueblos su capacidad de ejercer el libre consentimiento.

Al relacionar cartográficamente los sitios donde se implementa Sembrando Vida y los nuevos trazos del Tren Maya, se ha documentado el “uso faccioso” del programa para que la población ceda sus tierras, expone.

“Visto de manera conjunta, con el diseño de estos proyectos se trata sí de un reordenamiento del territorio, pero que tiene la misión principal de refuncionalizar y someter las formas y contenidos de la vida social tradicional pertenecientes a los pueblos originarios”, plantea.

El documento concluye al destacar las exigencias hechas por las comunidades al Estado y sus instituciones para que sea desde los pueblos quienes diseñen y hagan valer otro tipo de proyectos.

“Se ha propuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que el gobierno no llegue con sus soluciones previamente elaboradas, sino que apoye para que los colectivos fundamenten y determinen lo que es necesario hacer en sus regiones”, apunta.

Imagen: La Cooperacha

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El fracking sigue avanzando en México

Comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 19 de mayo de 2020

Pese a compromiso presidencial, el gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público a fracking en formaciones no convencionales.

– En Pantepec, donde se perforó y fracturó un pozo, no se informó a la población, la cual sufrió daños a la salud y al medio ambiente inherentes a esta práctica.

– Los compromisos deben traducirse en hechos, se urge al gobierno y al legislativo a detener el fracking y prohibirlo legalmente para proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.

A través de una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la cual se accedió a información oficial, se constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Este compromiso quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de “Las Mañaneras”, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica.

Desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Cabe señalar que, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él.

En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año −Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1−, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos −Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1− que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.

Ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona  también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.

Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales. Aunque estos proyectos −”Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” − fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual.

Por último, cabe señalar que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad. Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo cual implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla.

Todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares. Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee).

Contacto de prensa: Alejandra Jiménez, nofrackingmx@gmail.com, Cel. 784 117 6209

La investigación está disponible aquí.

Imagen: Protesta en contra de la práctica del ‘fracking’, en imagen de archivo de La Jornada. Foto Alfredo Valadez

Más información:

[Infografía] ¿Sabes cuanta agua gasta Femsa Coca Cola en San Cristóbal?

A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.

>>Firma le petición aquí<<

Les compartimos esta infografía sobre el consumo y extracción de agua que hace la refresquera en San Cristóbal de Las Casas desde hace 20 años.

>>Descarga la infografía aquí<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.

Información sobre producción: Coca Cola reducirá la cantidad de agua que utiliza en su producción, Coca Cola promete restituir los 200 litros de agua que usa por cada uno de la gaseosa

>>Descarga la infografía aquí<<

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