La empresa minera El Puntal S.A. de C.V. y el Gobierno de Chiapas amenazan a defensores y defensoras ambientales de Acacoyagua

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio», el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020 >> Descargar comunicado en pdf<<

El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, «el estado de derecho», en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.

Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.

Firma

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

OTROS MUNDOS A.C.

Contacto: frentesoconusco@gmail.com

>> Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Tren Maya: funcionarios simuladores y jueces que no ven

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020

Por Magdalena Gómez E

El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.

Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.

No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.

Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.

¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.

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Baja California: Cervecera se quedaría con 44% del agua de Mexicali

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página a proposito de la consulta que se realizará este fin de semana en Baja California sobre las concesión del agua para la cervecera Constellation Brands – A 17 de marzo de 2020

Si la empresa Constellation Brands instala la cervecera en Mexicali, Baja California, tomaría casi la mitad del agua disponible, según un estudio. En una zona con estrés hídrico. La consulta para definir su instalación está prevista para este 21 de marzo

Texto y fotos: Daliri Oropeza

La empresa cervecera Constellation Brands tomaría hasta el 44 por ciento del agua de la reserva que tiene Mexicali, de acuerdo con el investigador Alfonso Andrés Cortés Lara, quien hiz un estudio para una Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Planta Cervecera.

Por ello, denuncia que el derecho humano al agua no se consulta sino que se protege y debe garantizarse agua de calidad, de manera oportuna, precio asequible, y de esa manera también garantizar el derecho de los productores agrícolas para la seguridad alimentaria.

Para el, la Constellation Brans atenta directamente contra este derecho. 

Desde su perspectiva, “una consulta como la que proponen es como decir ‘¿están de acuerdo que se cumpla el derecho humano al agua?’ y esa no es la ruta mas indicada (para respetarlo)”. 

A esto se suma la denuncia de Elena Burns de la red Agua para Todos. Ella da cuenta de que las leyes mexicanas que crearon permiten el acaparamiento del agua confines mercantiles. 

“Estamos en un periodo con una Ley de aguas nacionales que no reconoce el derecho humano al agua y está permitiendo la violación de este derecho en el país. Particularmente en esta zona, de las más críticas del país. Las temperaturas llegan a 45 grados, además, Estados Unidos presiona por tener acceso”.

De acuerdo con su lectura, se está privilegiando en este caso la mercantiilzación. Explica que esto es posible desde 1992. Para llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio acomodaron la ley para poner las aguas nacionales bajo sistema de concesiones concebida como compra y venta, sin preocuparse por derechos de pueblos.

“El derecho humano al agua no tiene valor bajo este sistema, y todos los funcionarios, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto lo siguieron, y sigue operando actualmente”.

Queda entonces reducido al acceso al agua por privatización.

Por ello, la CNDH emitió la recomendación 1/2020 para la Conagua y el gobierno de Baja California.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.

De acuerdo con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara es importante que la CNDH resaltó las irregularidades en el otorgamiento de permisos que hubo a la empresa estadounidense.  Cortés Lara se especializa en uso y manejo del agua en zonas áridas y desarrollo de recursos Hídricos,

Estrés hídrico

La cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos. 

El Acuífero Valle de Mexicali es vedado y oficialmente reconocido como sobreexplotado, en esta zona de extremo estrés hídrico.

Alfonso Andrés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte asegura que esta cuenca resiente el periodo prolongado de sequía que vivimos desde 1999. Además se han agotado las fuentes de recarga y la precipitación pluvial es casi nula. Por lo que es imposible una recarga natural del acuífero. En suma, la evaporación por el calor es mayor que la precipitación.

Es un desierto, es zona seca, árida. Aunque la planta la construyeron en un lugar estratégico cerca de los campos de riego agrícolas, a la orilla sur de la ciudad, al norte del Río Colorado, cerca de carreteras y vías férreas.

El exgobernador panista Víctor Hermosillo vendió a 11 pesos el metro cuadrado a la empresa, cuando su valor está entre 200 y 300 pesos por metro cuadrado.

A esto se suma que el caudal del río Colorado, que baja desde las montañas Rocallosas, atraviesa por 7 estados de EU, y deriva a través de la presa José María Morelos y Pavón al cruzar la frontera. Desde 1965 hay concesiones de agua, y está sobre explotado.

Los acuíferos del norte de Baja California, como el del Valle de Mexicali, se abastecen de los ríos que bajan desde Colorado y California. Y ambas fuentes se encuentran en condición crítica por la sobreexplotación agrícola que prevalece en Estados Unidos y en este estado. 

En suma, nada de esta agua se regresa al medio ambiente y este es el principal punto de alerta que detalla el investigador. 

Uso del agua y opacidad

El volumen del agua que utilizaría la planta cervecera pone más presión limitar el agua para consumo humano, de acuerdo con el investigador del Colef Alfonso Andrés Cortés Lara.

El doctor encontró, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa, que la trasnacional nunca especifica de manera precisa el volumen de agua que requieren para la construcción y operación de la planta cervecera. 

De acuerdo con sus cálculos, si usara el que tiene más coincidencias en la MIA, serían 15 millones de metros cúbicos del agua superficial y 5 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.

Pero Cortés Lara acusa que hay maña cuando la cervecera niega que se afectará el consumo de agua de la ciudadanía en Mexicali. Esto es porque lo está equiparando con el volúmen de agua del Estado, en donde entonces sí daría el 1 por ciento. 

“La empresa no dice que va a sacar el agua de toda la ciudad ni del valle, no dice que de la reserva de la ciudad, y esa es 22.78 millones de metros cúbicos al año. Mexicali actualmente consume 101 millones de metros cúbicos al año, es dueño de 124 millones de metros cúbicos. Esa reserva es para todas las actividades: uso gubernamental, privado, público, de los hogares y para la siembra. En documentos oficiales dicen que la cervecera obtendría de la ciudad 20 millones de agua. Si hacemos el cálculo con 10 millones de metros cúbicos equivale al 44 por ciento de las reservas”, detalla el investigador.

En la gestión del panista Víctor Hermosillo, la ciudadanía organizada de Mexicali logró frenar la construcción irregular destinada a ser un acueducto que daría servicio a la cervecera. Se construía con recursos públicos licitado en 520 millones de pesos.

De acuerdo con los informes, la cervecera tiene el 65 por ciento de avance en su construcción. 

La cuenca compartida y el tironeo con EU

Baja California tiene derecho a usar el 9 por ciento del agua de la cuenca del río Colorado. Lo comparte con 7 estados de Estados Unidos, país de donde llega el río y desemboca en el golfo de California. 

Para dividir el uso, México firmó el Tratado de Aguas Internacionales con el país vecino por el cual puede usar mil 850 millones de metros cúbicos anualmente.

Este tratado tiene agregados que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Con estos agregados se ha reducido la cantidad de litros que pueden ocupar los ocho usuarios mencionados en el acuerdo.

Por ello, el investigador afirma que esto tiene efectos esperados como resultado de la alta variabilidad climática para el Valle de Mexicali, como es la disminución de la velocidad de flujo del agua, el aumento de la concentración salina en el agua del río y acuífero subterráneo, la disminución de eficiencia de riego a nivel general y parcelario; el incremento de costos de operación en zona de riego y en sistemas de la ciudad, entre otros.

¿De dónde salió la consulta?

“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dice el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre las presiones que recibe por la inversión realizada por la cervecera trasnacional Constellation Brands. Es su conferencia de prensa del 3 de marzo. Asegura que la consulta fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, para ver si opera o no la planta en Mexicali. 

 “¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos”.

Uno de los argumentos para realizar la consulta que dio el presidente en su conferencia matutina es una denuncia: “¿quiénes fueron los responsables de esto?, ¿quiénes dieron los permisos? Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente”.

A su vez emitió un mensaje a las élites extranjeras: “Pedirles también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general que actúen también con ética, porque, ¿qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista”.

Colectivos ciudadanos como Mexicali Resiste han documentado que la empresa constructora de la cervecera es del ex alcalde panista, Víctor Hermosillo.

El presidente reiteró la realización de la consulta en su visita a Baja California del 8 de marzo.

Las irregularidades de la consulta

Semarnat aseguró que es la Secretaría de Gobernación la que convoca a la consulta. Esta semana previa a la consulta comenzaron a circular volantes con información idéntica a la que difunde la empresa pero firmados con el sello que dice “Gobierno México” y Secretaría de Gobernación, Conagua y Semarnat.

Ante esto, Semarnat también se deslindo de la información: 

“Uno de los principios fundamentales de la Semarnat es el manejo de información científica actualizada en la toma de decisiones, así como un respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos y su derecho a recibir información fidedigna. Por lo cual, la Semarnat no está de acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en un folleto”.

Elena Burns denuncia que es una consulta “es altamente irregular, pues no saber las preguntas, las casillas. Y lo que no nos gusta es que este tipo andamiaje, intento de consulta, tan rápido y tan opaco y tan manipulado, es muy preocupante”. Estos días fueron publicados de maneraoficial los lugares de Mexicali donde habrá casillas. Aún falta la pregunta y la información se maneja a cuentagotas. 

“Yo hubiera preferido que se dejara libre el proceso con la CNDH. Que se evitara esta distracción de la consulta para que siguiera el proceso de las recomendaciones y que las autoridades respondieran a estas. Con la consulta, de manera indirecta facilita, se desvía a que las autoridades evadan la responsabilidad de responder a la CNDH, proceso que llevaría a frenar la construcción”, asegura el doctor Cortés Lara. 

Las élites trasnacionales

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. 

En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. La compañía tiene plantas de producción en Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en que se convirtió en la tercera productora de cerveza en México.

Imagen: Daliri Oropeza , Pie de página

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Comunidades de Oaxaca denuncian nuevo intento de construir presa en el Río Verde

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020

Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.

En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, promovido por la empresa ENERSI.

La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.

El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el 08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.

La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.

El proyecto  hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.

A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180 metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.

Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura, resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de AMLO.

El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.

Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.

Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca

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Otra vergüenza en Zacatecas ante el imperativo de reorientar al RENIECYT en todo el país

Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.

Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.

Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.

El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.

El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.

En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.

Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.

En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡

¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina peñasquito – Desinformémonos

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En solidaridad: 14 de marzo y las luchas de las afectadas y los afectados por represas

Compartimos el comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) a propósito del día mundial en defensa de los ríos – A 13 de marzo de 2020

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- manifiesta su solidaridad con las organizaciones, procesos y comunidades que integran el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica –MAR- y con todos los pueblos que luchan por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos, contra la impunidad de las empresas transnacionales que en su afán de lucro con la construcción de grandes represas han despojado y afectado criminalmente a familias y comunidades del continente y del mundo.

Este 14 de marzo nos sumamos a las movilizaciones que el MAR desarrolla en diversos países y reconocemos la importancia de este día de acción para la exigencia de reparación a todas las familias y víctimas de la acción criminal de las empresas. También así exigimos políticas gubernamentales adecuadas para enfrentar estas injusticias y para acabar con la impunidad que garantiza a las transnacionales la continuidad de su destructiva actuación.

En el marco de esta acción colectiva recordamos a los pueblos de Mariana y Brumadinho, y a las compañeras/os que han sido asesinadas/os y criminalizadas/os como consecuencia de sus justas luchas. Su legado acompaña nuestro accionar en la búsqueda de la soberanía de los pueblos, la justicia y la defensa de los territorios y derechos.

Asimismo, y en correlación directa, llamamos a los movimientos sociales a continuar la lucha por la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos –Tratado Vinculante- que ponga fin a la impunidad y aporte a la búsqueda de la justicia.

Hacemos también un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con la justa lucha de las/os afectados por represas y a expresar esa solidaridad en la movilización continua en apoyo a las víctimas y afectadas/os por el modelo energético en manos del poder corporativo transnacional.

Con el Movimiento de Afectados/as por Represas decimos en una sola voz:

¡Agua y Energía no son mercancías! ¡Aguas para la Vida, no para la muerte!

Firma

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Marzo 13 de 2020

Imagen: Movimiento de Afectados/as por Represas -MAR.

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[Fotos] Día mundial en Defensa de los Ríos y en Contra de las Represas

Les compartimos algunas fotos de la acción mundial en contra de las represas y por los ríos libres que conmemoramos en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con algunos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio»

El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte

Lee el comunicado Día mundial de acción en defensa de los ríos y en contra de las represas,14 de marzo.

Día mundial de acción en defensa de los ríos y en contra de las represas,14 de marzo

Comunicado de la Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala integrada por diferentes movimientos, colectivo y organizaciones – A 14 de marzo de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

Ante los evidentes acontecimientos en nuestras diferentes comunidades y pueblos, por la imposición de proyectos hidroeléctricos que responden a la política energética y el modelo energético implementado en México y Guatemala, para saciar los intereses de un modelo económico depredador demandante de energía; ante la invasión y despojo de los territorios, criminalizando a los pueblos que defendemos la vida y la madre tierra.

Las y los defensores de la tierra y la naturaleza; líderes y lideresas comunitarias de los territorios de Chiapas y Guatemala, unidas y unidos por las cuencas del Usumacinta y El Grijalva, exigimos la cancelación total de los proyectos hidroeléctricos concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Porque es a través de la construcción de estos proyectos que los gobiernos, las bancas financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas pretenden imponernos su desarrollo. Un desarrollo que impone un modelo de vida que nos señala a nosotros, los pueblos mesoamericanos como “subdesarrollados”, como un estorbo, discriminando así nuestras decisiones acerca de nuestro territorio con el fin de generar ganancias económicas para las empresas y las familias oligarcas implicadas, pero no para los pueblos.

Por lo que rechazamos rotundamente los proyectos hidroeléctricos, que son producto de la ambición empresarial, ocasionando en nuestros pueblos división, represión, despojo y el aumento de la violencia, en especial hacia las mujeres.

Además, los proyectos hidroeléctricos que promueven los gobiernos y las empresas son proyectos que obedecen a un modelo energético capitalista, que abastece de energía a la producción industrial (minería, industria cementera, industria papelera, entre otras), además se genera a través de la explotación y extracción de nuestros ríos y montaña,destruyendo nuestros ríos y nuestros ecosistemas y provocando contaminación, enfermedades y muerte en nuestros territorios. Las organizaciones, movimientos y luchas de afectados y afectadas por represas sabemos que la energía que se produce no es para el consumo energético que prioriza las necesidades comunitarias sino para la industria, por lo que no queremos su llamada energía renovable o limpia. ¡Queremos energía para los pueblos y no para las empresas!

Este 14 de marzo, las organizaciones y resistencias que hacemos parte de la Escuela de Justicia Energética de Chiapas y Guatemala: Exigimos el respeto de nuestros derechos y de nuestra autodeterminación como pueblos originarios. Como pueblos ancestrales, comunidades rurales y campesinas, somos protectoras y guardianas de nuestra naturaleza y ejercemos nuestro derecho a decir !No a las hidroeléctricas! Sí a disfrutar con paz, tranquilidad y armonía nuestros bienes comunes y de la madre tierra.
Como pueblos hermanados, somos hilos de unidad entre México y Guatemala en defensa del territorio; buscaremos siempre en esta unidad fortalecernos para la defensa se nuestros ríos, con valentía y de pie. Para que nuestros pueblos y ríos sean siempre libres.

¡Pueblos y comunidades unidos contra los proyectos de muerte!
¡El agua es nuestra, las represas la secuestra!
¡La vida es agua, la represa es muerte!
¡Mujeres, agua y energía no son mercancía!

Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala
Consejo del Pueblo Maya -CPO-; Frente Petenero de Afectados por Represas; Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcan y la Zona Reina; Frente Metropolitano por la vida y el Territorio; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio; Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio; Frente Cívico Tonalteco; Frente Popular en Defensa del Soconusco; La Voz del Pueblo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Otros Mundos A.C.; Comunidades de base en resistencia

Imagen: Ofrenda al Río Cacaluta por parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Aacacoyagua, Chiapas. 14 de marzo 2020 Crédito: Área de comunicación Otros Mundos

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Mina de oro y plata representa un PELIGRO para Morelos

Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020

El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente

Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero nadie ha podido parar.

Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia, con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos Gold.

Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.

De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco, patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso el descubrimiento de nuevos hallazgos.

En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.

El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.

Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero, cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.

El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a más de 560 mil habitantes.

Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.

En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto negativo social y ambiental.

Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar operaciones.

Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el mercurio.

A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?

Imagen: ADN Informa

Más información:

Jalisco y Colima: Peña Colorada y sus abusos en Manantlán

Compartimos esta fragmento de este reportaje especial publicado en Proceso – A 29 de febrero de 2020

Por Pedro Zamora Briseño

El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las protestas debido a que no fueron consultadas.

SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales.

Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27 años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.

Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca, ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.

Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el gobierno federal.

El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador. Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política, económica y social”.

El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.

Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación

Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

Más información:

Martes 17 de marzo, 6 PM, Cine-debate: “Las Semillas de Berta”

Debido a la contingencia por el coronavirus hemos suspendido nuestro seminario

Esperamos poder regresar con nuestros seminarios el próximos mes, muchas gracias por su comprensión.

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad y las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“LAS FLORES DE BERTA”

Martes 17 de marzo de 2020, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Nuestro cine-debate de este mes lo queremos dedicar a todas las mujeres que luchan día a día y en especial a nuestra hermana Berta Cáceres a quien le arrebataron la vida defiendo la vida del pueblo Lenca y del Rios Gualcarque

“Las Semillas de Berta”, un documental del Colectivo de Periodistas Contraste y Entrepueblos, con el apoyo de Lafede.cat. Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte, que nos cuesta má sobre la vida de Berta Cacéres.

Declaratoria del Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití

Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<

Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.

Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.

Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.

Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.

SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA

Firman

Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití
MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática «Mártires Castaño», RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD

Foto: Centro Montalvo