En solidaridad con el pueblo de Haití

Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.

Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:

• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
• La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
• Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
• Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
• Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.

A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.

Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.

Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.

La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Julio de 2021

Imagen: ATALC

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La Universidad Itinerante de Resistencia en Haití se pronuncia sobre la crisis en Haití

Compartimos la Declaración sobre la Crisis en Haití de la Universidad Itinerante de Resistencia en Haití – A 13 de julio, 2021

Una vez más, Haití se encuentra en el centro de una crisis. El ex presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio. El había suspendido las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el mes de febrero pasado, y con ello había dado inicio a otra dictadura en Haití. Aun así, denunciamos enérgicamente su asesinato.

Su ilícita continuidad en el cargo venía siendo apoyada por la administración de Biden. Al mismo tiempo, algunos sospechosos de ser responsables del crimen trabajaron como informantes para la US Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). El listado de los actores haitianos y extranjeros en el complot muestra que Haití ha sido tomado como rehén por la mafia nacional e internacional.

Denunciamos también el nuevo golpe de estado que sucedió tras el asesinato de Moïse, que abrió la entrada de una dictadura más feroz. Ahora ninguna de las ramas del poder público es legítima ni funciona, dado que el tribunal judicial y el parlamento ya se encontraban suspendidos y que hubo dos primeros ministros, uno despedido por el presidente y el otro apenas nominado pero nunca confirmado.

Es evidente el uso premeditado de este vacío de poder para establecer otro gobierno ilegítimo y violento; la declaración de “estado de sitio” y la promulgación de la “ley marcial” apenas unas horas luego del asesinato, por un supuesto primer ministro que nunca fue legalmente posesionado, lo evidencian: se imponen condiciones abiertamente dictatoriales, el ejército reemplaza a la policía en las acciones de seguridad pública, libertades del estado de derecho (como la circulación, la manifestación y la expresión) quedan fuertemente restringidas, los medios de comunicación están controlados, se ha establecido el toque de queda, los tribunales civiles han sido reemplazados por tribunales militares y en general se aumenta la vigilancia de la población.

Estos hechos muestran la continuidad de la criminalización de los movimientos sociales y de las personas más pobres y necesitadas. Bajo la administración de Moïse, por ejemplo, hubo 13 masacres de 7 o más personas, más de 10.000 personas desplazadas por violencia, violaciones colectivas sin fin y secuestros constantes. Cada día el pueblo vive en medio de una inseguridad feroz.

Saludamos a la población haitiana y a las organizaciones y movimientos sociales que tratan de ver el camino a seguir y planifican sus estrategias para el restablecimiento de la democracia. Deploramos que la ONU, por el contrario, trabaje con un ex primer ministro haitiano que había sido destituido y que no tiene ninguna autoridad. Resulta altamente preocupante el pedido de fuerzas militares estadounidenses hecha por el primer ministro de facto – por ahora sin respuesta positiva – y que el gobierno estadounidense haya enviado misiones del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional a Haití, lo que puede significar el inicio de una gran estrategia de intervención internacional. Es claro que otra ocupación solo agravará la situación de pobreza, inseguridad e inequidad, y reproducirá la ausencia de poder y de derechos que parecen ser el destino diario que una pequeña élite y una serie de gobiernos han impuesto históricamente al pueblo haitiano. La nueva dictadura y la intervención internacional son dos caras de un mismo plan para destruir y matar al pueblo y a las instituciones democráticas. Por eso el pueblo nunca ha podido construir un futuro mejor para el país.

Compartimos plenamente las palabras de Kettly Alexandre, de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití (UNIR) y la sección de mujeres del Movimiento de Campesinos de Papay (MPP): “Solo el pueblo haitiano puede decidir su futuro, pero es esencial contar con la solidaridad de los movimientos sociales internacionales y sus verdaderos amigos.”

Imagen: Confederación Sindical de Comisiones Obreras

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Brasil: Pueblos de la Amazonia denuncian invasiones del capital verde

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la ecomonóa verde en la Amazonia y la resistencia de los pueblos por la vida – A 29 de junio del 2021

El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.

Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.

Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.

Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.

L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.

Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.

Colonialismo verde

Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017

Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.

“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.

Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.

Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.

“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.

También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.

Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.

“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.

Mercantilización de la naturaleza

Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012

Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.

Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.

“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.

A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.

“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.

Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.

Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.

Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.

“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.

Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.

“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.

Imagen: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020. – Avispa Midia

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[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

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Firma la petición: SOLIDARIDAD con el pueblo Haitiano: Respaldamos su lucha por la Justicia y las Reparaciones

Compartimos esta carta de Jubileo Sur America en Solidaridad con el pueblo Haitiano – A 17 de marzo de 2021

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Al Secretario General de la ONU, António Guterres

Al Secretario General de la OEA, Luis Almagro

A los gobiernos de los países miembros de la ONU y la OEA

Al pueblo de Haití y sus organizaciones

De nuestra consideración

Haití atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel Moïse.

Desde el año pasado este señor, luego de decretar el cese del Parlamento, gobierna mediante decretos, violando de manera permanente la Constitución del país. Así́, por ejemplo, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció́ el 7 de febrero de 2021, alegando que éste termina el 7 de febrero del año próximo, sin ningún sustento legal. Esto lo hace a pesar de los múltiples pronunciamientos en contra por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así́ como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En ese momento, además, hay una huelga de funcionarios judiciales lo que deja al país sin ningún organismo del poder judicial funcionando.

Al mismo tiempo, esta crisis institucional se enmarca dentro de una inseguridad que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad haitiana. Una inseguridad que se expresa a través de salvajes represiones de las movilizaciones populares por parte de la PNH (Policía Nacional Haitiana) domesticada por el Ejecutivo, ataques a periodistas, distintas masacres en barrios populares, asesinatos y detenciones arbitrarias de opositores, detención de un juez de la Corte de Casación bajo pretexto de fomentar un supuesto complot contra la seguridad del Estado y para asesinarlo, revocatoria ilegal y arbitraria de tres jueces de esta Corte, creación de centenares de grupos armados que siembran el terror sobre todo el territorio nacional y que responden al poder, transformando al secuestro de personas en una industria bastante próspera para esos criminales.

Los 13 años de ocupación militar por las tropas de Naciones Unidas a través de la MINUSTAH, así́ como las operaciones de prolongación de una situación de tutela a través de la MINUJUSTH y de la BINUH han agravado la crisis haitiana, apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos. Además, cometieron graves crímenes contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos ejemplares de justicia y reparación. El pueblo de Haití́ pagó cara la intervención de MINUSTAH: 30 MIL MUERTOS por el cólera llevado por los soldados, miles de mujeres violadas, que ahora tienen hijos huérfanos de padres vivos, los soldados que regresaron a sus países. Nada cambió positivamente en 13 años, más desigualdad social, más pobreza, más dificultades para el pueblo y ausencia de democracia.

Las condiciones de vida de los sectores populares se han agravado de manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), una severa crisis cambiaria, la congelación del salario mínimo y una inflación superior al 20% durante los 3 últimos años.

Ahora cabe recalcar que, a pesar de esta situación tan dramática, el pueblo haitiano sigue firme y se moviliza de manera constante para impedir la consolidación de dicha dictadura exigiendo la partida inmediata del expresidente Jovenel Moïse. Recientemente los días 14 y 28 de febrero centenares de miles de ciudadanos/ciudadanas expresaron claramente en la calle su rechazo a la dictadura y su firme compromiso para el respeto de la Constitución.

Teniendo en cuenta la importancia de esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos imperialistas tales como los de Estados Unidos, Canadá́, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin de la dictadura así́ como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de transición político controlado por los actores haitianos que tenga suficiente espacio como para lanzar un proceso de auténtica reconstrucción nacional.

Reclamamos en especial a la ONU y la OEA – que ciertamente no tiene derecho ni moral a inmiscuirse en las elecciones y otros asuntos internos de los países miembros -, a los gobiernos de todos los países, sobre todo los que se prestaron para “ocupar humanitariamente” a Haití durante 13 años, a través de la MINUSTAH-, que dejen de comportarse como si Haití fuera su colonia. ¡Basta de injerencia! Su deber es otro: asegurar justicia y reparaciones por todos los crímenes que han cometido contra ese pueblo y país, incluyendo la introducción del cólera, la violación y los abusos sexuales, la impunidad de su manipulación electoral y el uso de la “cooperación” para sus propios fines.

Solo el pueblo haitiano puede decidir sobre su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición a apoyarle con todas las acciones a nuestro alcance. Abajo Jovenel Moïse y que se establezca un gobierno popular de transición, hasta que se elija una Constituyente de forma democrática.

Por una Haití Libre y Soberana,

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El litio en América Latina y México: entre especulación e intereses geopolíticos

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el litio en América Latina y la supuesta energía verde- A 21 de febrero de 2021

Por Eugenia López

Desde hace varios años y bajo el lema de la transición energética, empresas y organismos internacionales vienen promoviendo el uso de tecnologías llamadas “verdes” y de “energías limpias”, que supuestamente ayudarían a frenar el cambio climático.

El litio, en este contexto, se convirtió en un metal codiciado para la construcción de baterías eléctricas, en particular para coches eléctricos, proyectos de energías renovables (como parques eólicos o fotovoltaicos) o tecnologías como celulares o computadoras. “El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que la tonelada de litio haya subido su precio, desde los 350
dólares que costaba en 2003, llegando a los 3,000 dólares en 2009 y entre los 8,000 y 10,000 dólares por tonelada para el 2020″, indica el informe El litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, publicado en enero del 2021 por GeoComunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch Canadá.

Más de la mitad del litio extraído a nivel mundial proviene de Australia, aunque más de la mitad de las reservas probadas están ubicadas en Chile. “Así mismo, las reservas posibles, pero aún no comprobadas (llamadas “recursos”), están bastante concentradas en el famoso Triángulo del Litio que se forma en la zona transfronteriza de salares entre Argentina, Bolivia y Chile, representando más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral”, detalla el informe.

Especulación

Si bien el litio se ha vuelto en los últimos años un elemento codiciado, en realidad, su producción mundial bajó un 20% en 2019, y el lento crecimiento de la demanda sólo alcanzó el 75% de la oferta, provocando una sobreproducción.

Sin embargo, el hecho de que el metal se haya colocado en el mercado mundial como “verdadero transformador”, dentro de la llamada transición energética, ha provocado un gran movimiento de especulación. “En ese contexto, es la industria automotriz, así como la minera, gobiernos en Asia y Europa e instituciones financieras quienes hacen uso de la creación de expectativas y, en consecuencia, de la especulación sobre el litio”, sostiene el informe.

Por ejemplo, el Banco Mundial en 2020 proyectó que la demanda de litio va a crecer en 1200%, “pero varias organizaciones han criticado estos modelos por no contemplar otros modelos económicos, ni otras tecnologías y tampoco contemplan los impactos producidos por una transición energética que continúa basándose en el modelo extractivo minero vigente y causal de una buena destrucción del planeta”, destaca la investigación. 

El documento detalla el caso del continente americano, donde existe una creciente especulación por parte de empresas mineras llamadas juniors, que no son más que pequeñas empresas sin ingresos productivos, que sobreviven gracias al dinero que generan con la especulación.

Según los datos recopilados por GeoComunes, Rema y Mining Watch Canadá, la mayoría de los proyectos mineros de litio en Latinoamérica están en etapas de prospección y exploración: de los 218 proyectos identificados, solamente 8 están en operación. “Estas empresas posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”, denuncia el documento.

El litio en México

Los recursos estimados en México representan solamente el 2.8% del recurso mundial, y existen en el país 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos abarcan a 97 mil hectáreas concesionadas además de 537 mil más que están en trámite, es decir que el 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en trámite. 

La realidad de la explotación del litio mexicano es representativa de lo que está pasando a nivel del continente. Como lo señala el informe, “examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium).”


Cabe señalar que el proyecto Bacanora, que está activo y ubicado en el municipio
de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora, ha sido reconocido por Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas.

Además de las concesiones privadas, existen en el país 4 asignaciones mineras en trámite a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) para realizar trabajos de exploración, repartidas en los Estados de Sonora, Jalisco y Puebla, lo que refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener un cierto control sobre los yacimientos que se empiezan a considerar estratégicos.  

Intereses geopolíticos

A pesar de la realidad actual que demuestra que los proyectos que existen en torno a explotación del litio en México corresponden más a estrategias especulativas que a una extracción real del  metal, el contexto geopolítico en el cual el país está ubicado obliga a observar la situación presente y futura con más atención.

Hoy en día, el consumo del litio producido alrededor del planeta está vinculado principalmente con las industrias de manufactura de las baterías e infraestructura para las industrias de energía renovable, además de la industria electrónica, cuya mayoría se concentra en  los países asiáticos, con el mayor consumo de la materia prima con destino en China (39%), Corea del Sur (20%) y Japón (18%).

El consumo de Norteamérica es mucho menor, llegando apenas al 6%. Sin embargo, es importante considerar que “no hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU”, sostiene el informe.

Esto se ve reflejado en “la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos
multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas para incrementar el consumo de productos de litio extraídos en Norteamérica, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Australia, Sudamérica y Asia, ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá, y en especial por las empresas que desean suministrar litio para la industria automotriz regional”, alerta el informe.

Impactos de la extracción de litio

Actualmente, la extracción del litio a nivel mundial se realiza en dos principales formas de depósitos mineralógicos: litio en roca
(principalmente en Australia) y litio en salmuera o salares (en Sudamérica). A pesar de que presuma ser “verde”, la minería vinculada con este metal presenta una serie de riesgos para el medioambiente, la salud y el bienestar de los pueblos afectados.

“Con respecto a la extracción de litio en roca, los impactos son parecidos a cualquier operación minera que emplea explotación a cielo abierto, en donde prevalece el uso de agua de forma intensiva y el uso de reactivos químicos para el procesamiento. Sin embargo, miembros de la comunidad científica y académicos han denunciado que existen muy pocos estudios que analizan los impactos medioambientales y sociales de la extracción de litio en roca dura”, resalta la investigación.

En cuanto a la extracción de litio en depósitos de salmuera, implica el uso de grandes cantidades de agua, provocando impactos sobre los sistemas hidrológicos de las regiones donde se encuentran, en particular la disminución de las fuentes de agua disponibles, la reducción de humedales, el incremento de estrés sobre sistema hidrológico y las sequías.

Como lo resalta el informe, los efectos no se limitan a estos graves impactos sobre fuentes de agua, sino que “también existen impactos a los usos y costumbres relacionadas con el agua, al pastoreo y, por tanto, a la economía local, además que este tipo de procesos de privatización de tierras ancestrales, la violación de los derechos indígenas y a la libre-determinación de los pueblos, entre otros”, sostiene el informe.

Además, el litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire y al agua, además de ser corrosivo y generar gases tóxicos. Para el ser humano es peligroso su inhalación, la cual puede llegar a provocar edemas pulmonares. También puede provocar daños en la piel, los ojos o el sistema digestivo en caso de ingestión.  

Como lo resalta el trabajo investigativo, el litio no es un recurso verde, ni mucho menos representa un camino hacia la transición energética. “Por el contrario, es la continuación del uso de nuevos
insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa misma razón, [con el uso creciente del litio] las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce se mantendrán”.

Imagen: Avispa Midia

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La Red-DESC lanza una serie de cómic sobre captura corporativa

Compartimos el primer capitulo de una serie de comics que lanza la Red Desc para hablar sobre la captura corporativa – A 16 de febrero de 2021

Los miembros y las miembras del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, especialmente quienes forman parte y colaboran con el Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, han trabajado colectivamente con el estudio de arte Zago Brothers(link is external) en la serie de cómics en línea El poder del 99% para detener la captura corporativa, para poner en evidencia el fenómeno global generalizado de cómo las empresas están capturando las instituciones gubernamentales y los procesos de toma de decisiones, incluso en espacios internacionales como las Naciones Unidas.

Esta serie de cómic se lanzará el 22 de febrero de 2021, coincidiendo con la apertura de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

“La captura corporativa de la toma de decisiones del gobierno nos afecta a todas las personas en todos los países del mundo de manera similar: resulta en la privatización y políticas públicas que priorizan las ganancias sobre las personas. Esta serie de cómic nos ayuda a identificar y denunciar colectivamente no solo la captura corporativa en curso, sino también algunas de las corporaciones globales que están detrás de la manipulación de nuestros sistemas en un país tras otro”, dijo Shayda Nacify, directora sénior de programas de Corporate Accountability y miembros del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC.

El primer episodio, titulado “El poder del 99% para detener la captura corporativa de las Naciones Unidas”, será lanzado junto con un documento de antecedentes con varios ejemplos para ilustrar la captura de los organismos de la ONU y otras instituciones multilaterales. Los siguientes episodios abordarán otros temas que se ven afectados por la captura corporativa, como nuestros sistemas de atención sanitaria, el derecho a un medio ambiente saludable, el impacto de la deuda externa en una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, y la captura en zonas afectadas por el conflicto.

La serie es parte de una estrategia de incidencia más amplia que los miembros y las miembras de la Red-DESC llevan desarrollando colectivamente durante los últimos 15 años. La Red-DESC ha jugado un papel fundamental a la hora de movilizar la incidencia mundial por un tratado internacional jurídicamente vinculante para fortalecer la rendición de cuentas empresarial por los abusos y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, los miembros y las miembras de la Red han denunciado repetidamente que el proceso del tratado, que actualmente está en fase de negociación en la ONU, está “amenazado por la captura corporativa”, a menudo mediante la inclusión de grupos de presión y asociaciones empresariales como asesores oficiales del proceso, como la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB), permitiéndoles ejercer influencia en un tratado vinculante que está destinado a asegurar su rendición de cuentas.

El mensaje de esta serie de cómic es muy claro: si nosotros y nosotras –el 99%– trabajamos de manera colectiva, podremos acabar con la captura corporativa y construir una nueva normalidad.


Eventos y recursos relacionados para detener la captura corporativa (#StopCorporateCapture)

Informe: Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el negocio del carbono – A 20 de enero de 2021

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas.

Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS porque:

  1. La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo.
  2. BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables.
  3. La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz.
  4. La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones.

La BECCS no proporcionará una solución para la creciente violencia de los impactos climáticos. Las soluciones ya existen dentro de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Para lograr la justicia climática requerimos sistemas energéticos limpios, accesibles, asequibles y de propiedad de las comunidades.

En nuestro informe “Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)” desentrañamos los riesgos y peligros de la BECCS y por qué debemos oponernos a ella.

Introducción

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. El presente informe describe por qué Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS y presenta los riesgos, costos e impactos negativos de esta tecnología.

La meta del Acuerdo de París de lograr un balance neto de cero emisiones de carbono, o “cero neto”, fue la luz verde que permitió que las emisiones negativas figuren entre los esfuerzos mundiales para combatir el cambio
climático durante las próximas décadas. La BECCS es la principal tecnología que se propone para alcanzar la “neutralidad de carbono” (emisiones negativas netas). Depender de emisiones negativas para lograr cualquier
meta de temperatura se basa en la suposición de que será posible eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en el futuro. En realidad, no se ha comprobado que ni la BECCS ni la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC, o CCS por sus siglas en
inglés) por sí solas logren esta meta en la escala necesaria. Depender de BECCS es una estrategia inadmisiblemente riesgosa para los pueblos y el planeta. Las políticas climáticas deben basarse en acciones contundentes e inmediatas de reducción de emisiones en la fuente, en lugar de apostar a
estrategias no validadas y de alto riego.

Resumen:

¿Por qué se opone Amigos de la Tierra
Internacional a la BECCS?

1- La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo. Hemos sido testigos de cómo los mercados de emisiones de carbono y la compensación de emisiones les han permitido a los países ricos y a las grandes empresas contaminantes retrasar la aplicación de reducciones radicales de emisiones y la transformación de nuestros sistemas energéticos a sistemas sustentables de energías renovables para todas y todos en manos del Estado/las comunidades.1 De la misma manera, el concepto de “emisiones negativas” ahora les permite a los países seguir retrasando la reducción de emisiones en origen. Se dice que la BECCS es una solución conveniente para el problema del clima porque permite “cancelar” las emisiones actuales -y cualesquier emisiones futuras- en algún momento más adelante. Esto es falso, por supuesto. Cualquier lectura seria de los argumentos científicos en materia climática indica que se debe actuar ahora, no dentro de 40 años. La BECCS no es una fórmula mágica.

La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto al descubierto que el sistema político-económico actual ha fracasado en hacerle frente tanto a la crisis climática como a la crisis del coronavirus. La privatización de los servicios públicos, el esmantelamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la explotación del trabajo de las mujeres en virtud de las doctrinas neoliberales han dejado a nuestras sociedades sin capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros pueblos y han provocado una ruptura nefasta entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del COVID-19 ha demostrado una vez más que la destrucción continua de los ecosistemas pone en peligro la salud de nuestro mundo. En este contexto, es más urgente que nunca ofrecer soluciones verdaderas y justas.

Hay que conminar a los gobiernos a actuar rápidamente y con determinación para dejar de depender de los combustibles fósiles. No es justo que los ricos y quienes hoy tienen un mejor pasar sometan a los pueblos del Sur Global y a las generaciones futuras a la carga de la contaminación que ellos provocaron y a los impactos negativos de estas tecnologías.

2- BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables. Suministrar suficiente biomasa para BECCS, a la escala necesaria, sólo sería posible deforestando, acaparando tierras y convirtiendo grandes superficies cultivables en plantaciones de monocultivos. Esto significa que la BECCS generará competencia por la tierra entre las/os productores/ as de alimentos, a medida que más y más tierras cultivables se destinen a la producción de cultivos para combustibles. De hecho, se calcula que desarrollar BECCS a gran escala requerirá hasta 3 mil millones de hectáreas, es decir, casi el doble de las tierras cultivadas hoy en día en todo el mundo.

Sencillamente no hay suficientes tierras cultivables en el mundo para plantar suficientes cultivos para combustibles sin afectar seriamente la producción de alimentos. Si la BECCS se implementa a gran escala, las tierras de cultivo de las/os productores/as de alimentos cambiarán de uso en tal magnitud que se agravará profundamente el hambre en el mundo. Los precios de los alimentos se dispararán y las comunidades que dependen directamente de la tierra y los ecosistemas locales se verán severamente afectadas. Un cambio de uso del suelo de tales proporciones exacerbará las amenazas ambientales ya existentes, tales como la degradación de los suelos y el estrés hídrico.

Las/os productores/as de alimentos a pequeña escala y las/os campesinos se cuentan entre los más afectados por la crisis del COVID-19, y hemos sido testigos del efecto devastador que ha tenido el acaparamiento de tierras en lo que hace a la capacidad de respuesta de los Pueblos Indígenas frente a la pandemia. Ahora que enfrentamos una crisis alimentaria inminente y de gran envergadura, no podemos darnos el lujo de permitir que la BECCS aumente la vulnerabilidad de nuestra tierra y de los pueblos cuyas vidas y medios de sustento dependen de ella.

El informe especial de 2019 del IPCC sobre el cambio climático y la tierra señala que si se pretende usar la BECCS al nivel “necesario para remover CO2 de la atmósfera al ritmo de varios miles de millones de toneladas de CO2 por año, eso podría “aumentar la presión sobre la tierra” y provocar “degradación del suelo”. El informe también hace hincapié en investigaciones que muestran que emplear BECCS y bioenergía podría dar lugar a que 150 millones de personas más corran riesgo de padecer hambre. 3

3- La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz. El problema de la disponibilidad de tierras es sólo el comienzo. Hay muchas interrogantes sin respuesta que ponen en cuestión la viabilidad de la BECCS, particularmente referidas a: la penalidad energética* asociada a la CAC; la cantidad neta de CO2 que podría capturarse; los impactos negativos; su alto costo; los riesgos de fuga. A diferencia de la efectividad comprobada y la absoluta necesidad de ejecutar reducciones verdaderas de las emisiones, la BECCS está plagada de incertidumbres.

4- La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones. La compensación de emisiones de carbono significa que una actividad para reducir emisiones o remover carbono de la atmósfera (tal como plantar árboles) está diseñada para “compensar” por las emisiones generadas en otro lugar.

En vez de reducir realmente las emisiones, la compensación de emisiones permite que los contaminadores sigan contaminando. Amigos de la Tierra Internacional se opone a todas las formas de compensación y comercio de emisiones de carbono. 4

Se corre el riesgo de que el carbono retirado o las emisiones reducidas mediante BECCS se contabilicen como “compensación” de las emisiones que siguen generando los países por usar combustibles fósiles. Esto implica que no habría una reducción neta de emisiones, lo que echaría por tierra el objetivo de la BECCS como tecnología de emisiones negativas.

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Boletín: Crimen, poder e impunidad en los bosques

Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.

Índice

  • Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son……………………2
  • Legal pero corrupto …………………………………………..4
  • La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones …………………………………………………..7
  • El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de
  • AMCE …………………………………………………………………………………….11
  • Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”……………………..17
  • Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés ……………………..24
  • RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera ……………………………………………………..28

RECOMENDADOS

  • Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales….32
  • 2020: un año de resistencia y rebelión …………………………………………….32
  • Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza 32

Nuestra Opinión
Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son

¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?

Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.

Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales.
Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.

El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.

El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.

En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.

Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.

Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos
que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.

Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una
entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.

Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo
muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.

Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.

Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.

Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre.
(1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación,
https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/
(2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law,
2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/

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Video: La violencia y el abuso sexual contra las mujeres en las plantaciones de palma aceitera DEBE TERMINAR

Compartimos este video del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 25 de noviembre de 2020

El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos para denunciar que miles de mujeres que viven dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera enfrentan cotidianamente violencia y abuso sexual. Expresamos nuestra solidaridad para con ellas y con todas las mujeres que se organizan para resistir.

El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera. El video expone las numerosas y diversas formas de violencia vinculadas a las plantaciones industriales. Las empresas palmícolas destruyen las formas de vida y sustento de las mujeres. La violencia sexual, el abuso y la violación se convierten en una amenaza constante para las mujeres que viven dentro y alrededor de la plantaciones y para aquéllas que trabajan en las duras condiciones que las caracterizan.

Las compañías del aceite de palma sacan provecho no solamente de la explotación de la tierra y la mano de obra en sus plantaciones, sino también de la pared de silencio e impunidad en torno a la violencia sexual contra las mujeres que existe en dichas plantaciones. Hay que romper ese silencio. Y la violencia debe terminar. ¡Hay que parar la impunidad de la industria de la palma aceitera y los financiadores que la apoyan!

Con este video expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que quedan solas sufriendo violencia y abuso en silencio. Este video también es un tributo a todas las valientes mujeres que, contra viento y marea, resisten y dicen NO a la violencia y el abuso.

En solidaridad,

Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera*

>>> Por mayor información sobre el tema: Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera

*La Alianza Informal es un colectivo de activistas comunitarios y organizaciones de base de países de África Occidental y Central que resisten la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en la región.

Boletín Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación

Boletin 252 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – Septiembre / Octubre 2020

Nuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo

Este boletín busca reflexionar críticamente sobre el mal llamado desarrollo y alertar sobre las estrategias que vienen utilizando quienes lo promueven para adentrarse en los territorios. Se sabe que el desarrollo impuesto por las cientos de agencias, organismos,bancos y programas – ahora camuflado junto a otras palabras como “sostenible,” o “carbononeutral”,- es instrumental al voraz avance del saqueo y la consiguiente destrucción de bosques y medios de vida de millones de personas. En los últimos años, además, estos actores trabajan cada vez más en alianza al capital financiero, al que ven como aliado del desarrollo y lo refuerzan con recursos públicos.

No podemos olvidar que la noción de desarrollo fue proclamada después de la segundaguerra mundial, cuando Truman, ex-presidente de los EEUU, aprovechó el desplome europeo y afirmó que los EEUU debería disponer de sus avances y progreso para el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Además, hizo un llamado a que todos los gobiernos sigan sus pasos en la búsqueda del desarrollo.

Fue ahí que al mundo lo dividieron en dos: los países desarrollados del Norte y los países subdesarrollados del Sur. Considerando el proceso histórico en el que esto se enmarca,estos dos “bloques” bien podrían haberse llamado: los colonizadores (del desarrollo) y las colonias (para desarrollar, o mejor dicho, para saquear).

En esta cruzada desarrollista, fueron algunas entidades transnacionales y capitalistas,lideradas esencialmente por el gobierno de los EEUU y por el bloque del G-8, las que impusieron las reglas del desarrollo, principalmente para el Sur global. El Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC),los Bancos de Desarrollo regionales, entre otros evangelizadores, se consolidaron como actores absolutos (casi imperiales) de poder político y económico, llevando la biblia del desarrollo bajo el brazo.

Así, los Programas de Ajuste Estructural, dictados por el FMI y el BM, obligaron a los países del sur a imponer duras políticas para abrirse al “mercado libre” en nombre del desarrollo,progreso y crecimiento. Luego, las Asociaciones Público-Privadas fueron (y siguen siendo)establecidas por los gobiernos al ser requisito para recibir préstamos de estas instituciones,- a pesar que estas Asociaciones benefician cabalmente al capital privado a expensas del sector público. Los bancos y agencias de desarrollo suelen ser importantes accionistas en estas Asociaciones.

Es así que cientos de represas a gran escala, carreteras y vías de tren que atraviesan bosques y tierras comunitarias, plantaciones industriales de monocultivos, mega proyectos de infraestructura e incluso proyectos de exploración y extracción de minería, petróleo y gas,han sido financiados, legitimados y promovidos por estos actores del desarrollo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha promovido por décadas la titulación de tierras a través de la propiedad individual, lo que facilita, en su gran mayoría, la entrada de actividades industriales a tierras comunitarias y el debilitamiento de la organización y cohesión social.

En paralelo, los países del norte establecieron sus propias agencias de cooperación al desarrollo, tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) o el Banco de Desarrollo del Estado Alemán (KfW), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), etc.,para implementar y monitorear sus propias políticas externas e intereses de forma calculada en el sur. Así, muchas empresas de plantaciones industriales provenientes del norte deben la supervivencia de sus actividades en los países sub-desarrollados, en gran parte, a las donaciones de sus gobiernos. Sin subvenciones, financiación barata y otros subsidios, estas plantaciones y plantas de celulosa extremadamente costosas nunca llegarían a producir.Algunos de estos subsidios se transfieren a través de agencias multilaterales antes de ser derivados al sector empresarial. En otros casos, fondos recaudados a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en el norte se canalizan a través de agencias de cooperación al desarrollo a las arcas de estas empresas privadas. (1)

La noción del desarrollo,creada desde una mirada occidental blanca, niega o denigra a las muchas diversidades, existencias y visiones de ser en los territorios. Los territorios no-blancos y no-occidentales (que incluyen pluralidad de personas y pueblos, prácticas,bosques, espacios y tiempos de vida, ríos, historias, conocimientos…) son constantemente subordinados, violentados y estigmatizados con el concepto del subdesarrollo. Esto va de la mano de sociedades capitalistas cada vez más inmersas en una visión de crecimiento que es racista, clasista y patriarcal. Una visión que pregona ser universal y por tanto invisibiliza o silencia (casi siempre por la fuerza) a los territorios no-blancos, y que en esencia, busca engrandecer a la economía capitalista de opresión.

Como reacción frente a la fuerte resistencia en el sur y a la presión internacional por la emergencia climática y ambiental, los actores del desarrollo comenzaron a apoyar el concepto de crecimiento verde. La ONU lanzó un llamado al crecimiento verde en 2011 y el Banco Mundial presentó en 2012 el reporte Crecimiento verde inclusivo – el sendero para el desarrollo sostenible.

Extremadamente funcional al capitalismo, ese cambio de retórica (más no de fondo) le ha permitido a la industria del desarrollo continuar y expandir sus prácticas, negocios y acumulación y, por tanto, el saqueo, la violencia y el despojo.

Asimismo, en las últimas dos décadas, los bancos y fondos de desarrollo han aumentado masivamente. Estos actores se han vuelto cada vez más entrelazados con las finanzas globales. La cartera de las instituciones financieras de desarrollo europeas se ha cuadruplicado, de 10.900 millones de euros en 2005 a 41.200 millones de euros en 2018.Estas instituciones actúan cada vez más como cualquier otro inversionista, y ve al sector financiero privado como un actor del desarrollo y lo refuerza con recursos públicos. Así vemos una creciente participación de estos actores en la agroindustria y el acaparamiento de tierras. (2)

Más recientemente, algunos de estos bancos y fondos han creado sus propias empresas de gestión de activos. Estas son denominadas fondos de desarrollo, o mejor dicho, fondos de inversión y de capital. El Banco Mundial creó su propia empresa para administrar dichos fondos, el Asset Management Company, que hoy administra US10 mil millones de dólares a través de 13 fondos. (3)

Más de 70 años después que Truman dividiese al mundo, la noción de desarrollo sigue siendo utilizada para saquear. Sus evangelizadores son impulsores clave de las políticas de privatización, que allanan el camino para que corporaciones y actores financieros puedan ingresar y destruir cada vez más territorios y bosques.

Esperamos que este boletín aporte a la reflexión para la construcción y fortalecimiento de alianzas entre movimientos y grupos de base en el rechazo a ese desarrollo colonizador,racista y patriarcal.

Indice

Boletín 252 del WRMMovimiento Mundial por los Bosques TropicalesSeptiembre / Octubre 2020Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotaciónNuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo…………………………………………………………………..2Desarrollo: entendimientos desde de las bases………………………………………………………………………….5El legado perenne de un proyecto poco conocido del Banco Mundial que le aseguró las plantaciones africanas a multimillonarios europeos………………………………………………………………………………………..9Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos…………………………………………………………………………………..12Indonesia: REDD+, el financiamiento europeo para el desarrollo y la ‘economía baja en carbono’…..16La participación de la banca europea para el desarrollo en una empresa congoleña de aceite de palma perpetúa el racismo del acaparamiento de tierras de la época colonial……………………………….24El Banco Africano de Desarrollo y la industria de las plantaciones de árboles……………………………….28“Siempre ha sido lo mismo”: la cooperación que no coopera………………………………………………………32RECOMENDADOSDes-entreverando los conceptos atados al desarrollo………………………………………………………………..35“No deberían llamarse bancos públicos de desarrollo”……………………………………………………………….36Se retoman tierras robadas en Argentina…………………………………………………………………………………36Transformar el Sistema………………………………………………………………………………………………………….36Piden suspensión de las obras de UPM hasta cumplir con los requisitos ambientales de su autorización…………………………………………………………………………………………………………………………36Diccionario de Desarrollo……………………………………………………………………………………………………….37Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: activistas deBrasil, Gabón, India, México y Mozambique; GRAIN; The Oakland Institute, USA; RIAO-RDC,República Democrática de Congo; la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de DerechosSociales y Ambientales; y miembros del Secretariado Internacional del WRM

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Imagen: Manifestación contra SOCFIN en Liberia, 2016

La cumbre mundial sobre el desarrollo debe centrarse en los derechos humanos, dicen 200 organizaciones de todo el mundo

Compartimos esta declaración colectiva sobre la Cumbre Finanzas en Común publicada en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A noviembre 2020

En una carta dirigida a la Agencia Francesa de Desarrollo, más de 200 organizaciones de todo el mundo piden que los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos e impulsado por las comunidades se incluyan y prioricen tanto en el programa como en los resultados de la Cumbre de Finanzas en Común (Finance in Common Summit), una reunión de alto nivel de todos los Bancos Públicos de Desarrollo, que se celebrará en París del 9 al 12 de noviembre.

Si desea respaldar la carta y unirse a nuestros llamamientos, puede inscribirse aquí

Del 9 al 12 de noviembre de 2020, la Agencia Francesa de Desarrollo convocará la primera cumbre mundial de todos los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD). El objetivo de esta reunión es proporcionar una respuesta colectiva a los desafíos globales, conciliando respuestas a corto plazo a la crisis de COVID-19 con medidas de recuperación sostenible, reorientando los flujos financieros hacia objetivos de desarrollo sostenible.

Esta cumbre es muy relevante y oportuna, pero para un diálogo verdaderamente integral e inclusivo, debe extraer lecciones del pasado para dar forma a un futuro más sólido con la plena participación de las comunidades afectadas por los proyectos de los BPD y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan. En muchos casos, las actividades respaldadas por los BPD han exacerbado la pobreza y la desigualdad, así como la vulneración de los derechos humanos, como represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y desalojos forzosos, sin una reparación significativa para las comunidades afectadas. La cumbre debería incluir un espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en el logro de los objetivos de recuperación sostenible, como abordar las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en inversiones y proyectos respaldados por los BPD.  La cumbre debería enfrentar los desafíos de las inversiones de los BPD que carecen de estándares sólidos para los derechos humanos ni garantías sociales y ambientales, el cambio climático y la lucha contra la corrupción; o en los casos en que existan esos estándares, cómo abordar las fallas para ponerlos en práctica.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las fallas de los sistemas sanitario, social y económico, lo cual exige un replanteamiento profundo de la forma en que operan los gobiernos, los BPD y otros actores. Varios grupos y organizaciones de la comunidad de base han estado pidiendo a los BPD que garanticen que el financiamiento y el apoyo que brinden para la respuesta al COVID-19, y durante el período de recuperación económica, respeten los derechos humanos y conduzcan a la justicia económica, social y ambiental para quienes son más vulnerables. Es necesario un nuevo impulso para hacer realidad el principio básico de “que nadie quede rezagado”.

Agradecemos la oportunidad de involucrarnos con los BPD durante la cumbre para servir mejor a los principios y objetivos de las normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, con ese fin, y por una cuestión de credibilidad y eficiencia, debe ser una prioridad garantizar que los derechos humanos y las necesidades de la comunidad se discutan explícitamente y formen parte de la declaración conjunta prevista al final de la cumbre. Como declaró el ACNUDH  el año pasado:

 “Con la década más crucial para la implementación de los ODS por delante, los derechos humanos no solo son la forma correcta, sino la forma inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. El desarrollo no se trata solo de cambiar las condiciones materiales…. También se trata de empoderar a las personas con una voz … para que participen activamente en el diseño de sus propias soluciones y en la configuración de la política de desarrollo. … Empoderar a las personas significa ir más allá de las soluciones puramente tecnocráticas y tratar a las personas como objetos pasivos de ayuda o caridad. Las personas se empoderan cuando pueden reclamar sus derechos y dar forma a las decisiones, políticas, reglas y condiciones que afectan sus vidas”.

Dado que los ODS están en el corazón de la cumbre, los derechos humanos y la participación de las comunidades son clave. Eso requiere adaptar la agenda y los resultados esperados. Nuestras recomendaciones para garantizar un evento inclusivo son las siguientes:

  1. Los derechos humanos deben quedar reflejados en la agenda central de la cumbre, la asistencia y la participación. Tal como fueron concebidas, la conferencia de investigación y la cumbre no parecen proporcionar un espacio específico para las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad. El compromiso con la participación pública y la protección del espacio de la sociedad civil se ha reconocido desde hace mucho tiempo como esencial para garantizar un desarrollo efectivo. Las organizaciones de derechos humanos y de base, las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades deben guiar el futuro del modelo de desarrollo y, por lo tanto, deben involucrarse en la organización, contribuir a la agenda y participar en la cumbre. Es una cuestión prioritaria que las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades que se ven directamente afectadas por las actividades de los BPD estén presentes en la mesa de negociación.
  2. Los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad deberían incluirse y destacarse en los resultados esperados de la cumbre, incluidos los trabajos de investigación y las declaraciones colectivas. Alentamos a los gobiernos y los BPD a comprometerse a reforzar y fortalecer los principios del desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad en los mandatos y la gobernanza de los BPD; políticas y prácticas; cultura e incentivos internos; en qué proyectos y actividades invierten; y cómo trabajan con otros BPD, gobiernos y actores clave. Estos compromisos deberían conducir a mejoras, como:
  1. La participación plena y libre de las comunidades directamente afectadas en todas las actividades y proyectos respaldados por los BPD, y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Deberán desarrollarse enfoques innovadores para abordar la reducción de espacio, los riesgos y desafíos para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil para participar de manera significativa en las decisiones que impactan sus vidas, medios de vida, medio ambiente y recursos. Las políticas de tolerancia cero frente a amenazas y represalias por parte de los BPD y sus clientes deberían ser un requisito fundamental.
  2. La identificación de inversiones que estén alineadas con los derechos humanos internacionales, la protección del clima y los ODS, y reorientar las inversiones hacia un desarrollo sostenible que respete estos estándares, asegurando al mismo tiempo que se cubran las prioridades y necesidades de las personas marginadas.
  3. La mejora de los requisitos sociales y ambientales mediante la inclusión de normas de derechos humanos. Los BPD y sus clientes deben adherirse a los principios y estándares de derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Las políticas y procedimientos de salvaguardia deben garantizar que las actividades financiadas directa o indirectamente por los BPD, respeten los derechos humanos, no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo equitativo e inclusivo que beneficie a todas las personas.
  4. El desarrollo y la mejora de los mecanismos de transparencia, seguimiento, supervisión, reclamación y rendición de cuentas para evitar activamente que las actividades e inversiones del AP socaven los derechos humanos.
  5. Asegurar que los clientes o socios del sector privado también adopten estrictas normas ambientales y de derechos humanos, y no eviten ni evadan impuestos.
  6. La elaboración de directrices comunes por parte de los BPD sobre evaluaciones de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos antes de las inversiones de proyectos y en apoyo de políticas o programas de reforma económica. Esto incluye la identificación de riesgos contextuales y específicos, estrategias de prevención y mitigación y reparación de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar que estas evaluaciones se desarrollen en estrecha consulta con las comunidades afectadas y se actualicen iterativamente en función de las condiciones cambiantes y la nueva información.
  7. El desarrollo de enfoques coordinados para garantizar que las actividades respaldadas por los BPD no agraven la deuda ni contribuyan a recortes del gasto público que repercutan negativamente en los derechos humanos o el acceso a los servicios esenciales para los más vulnerables.

Como reiteró el ACNUDH, la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible requiere una gobernanza no discriminatoria, inclusiva, participativa y responsable. Con la década más crucial de la implementación de los ODS por delante, y en el contexto de la intersección de las crisis de salud, ambiental, económica y social, será fundamental procurar una mayor integración y coherencia entre las agendas de desarrollo y derechos humanos:

 “Los derechos humanos no son solo una guía sobre la forma correcta de lograr la implementación de los ODS, sino la forma inteligente de acelerar un desarrollo más sostenible y equitativo”.

Los BPD deberían abrir canales para la participación significativa de las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y los grupos de la sociedad civil en la valoración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus proyectos y actividades, así como en sus procesos de toma de decisiones. Por estas razones, la agenda y el producto final de la cumbre deberían reflejar debidamente la centralidad de los derechos humanos y el desarrollo liderado por la comunidad para un desarrollo efectivo y sostenible.