Con el T-MEC se profundiza el modelo extractivo minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento  por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:

“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.

Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja  California Sur,  en donde este  proyecto tendrá un impacto   devastador sobre la biodiversidad,   la

pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo  acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3]

Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Internet

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La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

Más información:

[Boletín] Conceptos que matan los bosques | Boletín 247 – Diciembre 2019

Compartimos el boletín n° 247 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Noviembre/Diciembre 2019

Indice:

  • Opinión: Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación…………………………………2
  • Una lista (incompleta) de conceptos que matan los bosques………………………………………………………..4
  • “El interés nacional”: neofascismo en la selva amazónica ………………………………………….11
  • Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables”………………17
  • India: mujeres, bienes comunes y patriarcado ……………………….21
  • Cadena de bloques (blockchain) y contratos inteligentes: los más recientes intentos del capital por apoderarse de la vida en la Tierra…………………………………………………………………………………………..26
  • Climatología /Ideología …………………………………………………………………….32
  • Un nuevo nombre para una vieja cortina de humo: las Soluciones Basadas en la Naturaleza son el nuevo REDD………………………………………………………………………………………………37

RECOMENDADOS

  • Diccionario de Desarrollo ………………………………………………………………41
  • Trampas, dilemas y contradicciones en el discurso de derechos en los bosques…………………………..41
  • Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: ¿qué intereses hay por detrás? (Nature-Based Solutions: Whose interests are behind?) …………………………………………………………………………………………………41
  • FSC: Promocionando a la tala como una actividad “sostenible” ………………………………………………..41
  • Destrucción Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita la destrucción del medioambiente……………………………………….41
  • Declaración de indígenas Mapuches y otros en Chile: ¡No a los mecanismos basados en el mercado! ………………………………………………………………………………………………42

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Missão Tabita, Mozambique; activistas de la India; Núcleo de investigación en trabajo, territorio ypolítica en la Amazonía, Brasil; The Cornerhouse UK y miembros del secretariado internacional delWRM.

Nuestra Opinión Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación

Términos como REDD – el principal mecanismo internacional de política sobre bosques que ha impactado los bosques tropicales durante los últimos 15 años, Sostenibilidad y muchos otros más, han influido fuertemente en los debates dentro y entre los grupos de la sociedad civil, las ONGs, las autoridades responsables de formular políticas, las instituciones financieras y las empresas. Sin embargo, parece haber nociones radicalmente diferentes sobre lo que estos términos realmente significan y cuál es o debería ser su función.

Este boletín no pretende embarcarse en un debate sobre lo que es o debería ser la Sostenibilidad, o cualquier otro de los conceptos discutidos en los artículos de esta edición.Más bien, nuestro objetivo es abrir un espacio para la reflexión crítica sobre lo queestos conceptos realmente generan en los bosques y en los pueblos que dependen deellos.

Las numerosas luchas contra las empresas que afirman actuar de manera Sostenible o queimplementan proyectos REDD en los bosques son evidencia de las claras contradiccionesentre el sentido positivo que difunden quienes respaldan estos conceptos y lasconsecuencias reales de los numerosos proyectos y actividades a través de los cuales estosconceptos se manifiestan en el terreno. Los gobiernos se comprometen a una economíaSostenible y las empresas comercializan sus productos como Sostenibles porque al usaresta terminología atraen a los patrocinadores financieros y consumidores.

Es importante notar que cuando la oposición a un concepto se vuelve demasiado fuerte eimpide que el concepto logre su propósito de “maquillar de verde” la destrucción del bosque,se introduce rápidamente otro nuevo concepto. Sin embargo, lo nuevo tiende a ser solo elnombre y la propaganda, mientras que las ideas subyacentes que sostienen laeconomía capitalista se mantienen firmes. La creciente exigencia pública de quegobiernos y empresas adopten medidas significativas para abordar el caos climático, porejemplo, ha dado lugar a una gama completamente nueva de conceptos ambiguos yexpresiones confusas, tales como productos con deforestación neta cero, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones climáticas naturales y prácticas inteligentes para el clima.

Parece que para casi todos los “productos” y procesos industriales que causan devastaciónambiental, se presenta una versión Sostenible como solución. Pero en general, estasnuevas versiones resultan ser soluciones falsas porque no representan una ruptura con elparadigma del crecimiento ilimitado, que impulsa la sobreproducción y el consumodesenfrenado. Para estas supuestas soluciones lo que cuenta no es la realidad de milesde comunidades del bosque que se enfrentan al acaparamiento continuo de sustierras, la destrucción de sus territorios y medios de vida, la violencia y lacontaminación, sino que las empresas utilicen etiquetas anunciando que apoyan undesarrollo Sostenible. Mesas redondas, sistemas de certificación, programasempresariales de responsabilidad social y ambiental, salvaguardas de bancos multilaterales,entre muchos otras iniciativas similares, prometen una economía capitalista ecológica ysocialmente amigable. Una economía basada en la producción industrial de aceite de palmaSostenible, plantaciones de árboles Sostenibles, minería Sostenible, energía Sostenible.Pero en realidad, estas prácticas hacen poco más que maquillar de verde la destrucción delbosque y allanar el camino para una mayor expansión industrial

Reportes sobre los desastrosos impactos de un agente específico de la deforestación, laganadería industrial para la producción de carne, por ejemplo, a menudo concluyen con unalista de recomendaciones para que las empresas, los gobiernos y los financiadores apliquenmejores prácticas o desarrollen un nuevo conjunto de salvaguardas o pautas voluntarias.Pero muy a menudo, estas recomendaciones fortalecen conceptos que de hechodestruyen los bosques, porque rara vez exigen una ruptura radical con el status quo y encambio se centran en mejoras que llevan a una destrucción que “pudo haber sido peor”.Estas recomendaciones ofrecen una oportunidad para que las empresas se llamen a símismas Sostenibles, mientras que las comunidades deben continuar enfrentando prácticasde acaparamiento de tierras y destrucción de bosques que supuestamente “pudieron habersido peor”. En este contexto, las llamadas mejores prácticas, salvaguardas y guíasvoluntarias se vuelven fundamentales para la supervivencia del capitalismo y el“modelo de desarrollo” que es el causante de la mayor parte de la destrucción de losbosques.

Otra amenaza importante pero bastante oculta de estos conceptos es que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva entre los grupos de la sociedad civil. Noobstante, movimientos, comunidades del bosque y grupos de apoyo siguen canalizandomucha energía en involucrarse con estos conceptos, con el argumento de que esto mejorarásu implementación.

Con las múltiples crisis ecológicas y sociales determinadas a continuar, lo que a su vezgenera un número creciente de conceptos que distraen de la necesaria ruptura con laeconomía capitalista (verde), tal vez sea tiempo de reflexión. ¿Cómo pueden losmovimientos de base y las organizaciones que las apoyan evitar quedar atrapados en unsinfín de debates políticos y procesos de diálogo relacionados a conceptos que, a lalarga, sirven para perpetuar la muerte de los bosques, mientras que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva?

¡Disfruten la lectura!

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[PDF] Boletín “El Zanate” n°3 “La economía verde”

Compartimos la 3ra edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019

En este número del Zanate hablamos sobre la economía verde, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.

>>Descargar en pdf<<

Más Zanates:

El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Comunicado de prensa vía CDHAL– A 8 de abril de 2019

El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses. 

El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.

Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.

Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.

“Las personas y comunidades que han sido perjudicadas por las compañías mineras canadienses todavía no tienen a quién recurrir”, dijo Emily Dwyer, de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Este ombudsman solo lleva el título. Es el mismo enfoque vano que ya ha demostrado ser ineficaz”.

El gobierno ha anunciado que ha encargado una evaluación sobre la posibilidad de otorgar al asesor poderes de investigación. “Quince meses después de iniciar este proceso, anunciar una nueva evaluación de condiciones es simplemente indignante. Lo que necesitamos es de acción, no de otros estudios “, agregó la Sra. Dwyer.

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que responsabilice a las empresas canadienses por sus actos. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado a la creación de una oficina de ombudsman en Canadá para contribuir a poner fin a los abusos.

“El puesto anunciado hoy tiene carácter meramente consultivo, que no encierra un poder real y no operará de forma independiente del gobierno, es decir, sin interferencias políticas o corporativas”, dijo Dwyer. “El gobierno debe actuar con determinación para detener el abuso corporativo. Esa fue la promesa hecha en enero de 2018. Esta es la promesa que debe cumplirse.”

Emily Dwyer

Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa

Fuente y foto: http://cnca-rcrce.ca 

Más información: 

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas? 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

[VIDEO] Nuevas herramientas para entender la Captura Corporativa

Publicación de la Red-DESC – A 18 de enero 2018

Los miembros de la Red-DESC han venido utilizando cada vez más el término “captura corporativa” para referirse a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas.

En los últimos cuatro años, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC ha trabajado para aumentar la sensibilización y diseñar estrategias para abordar esta tendencia global. En el 2018, los miembros han llevado a cabo acciones de abogacía, investigación y comunicación, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto, incluyendo:

{YOUTUBE}ogQhD3Gv7s0{/YOUTUBE}

Sobre la base de este proyecto, en 2019, la Red-DESC iniciará una campaña en toda la red para empezar una conversación más amplia sobre la captura corporativa y el impacto que esta tendencia está teniendo sobre los derechos a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. Prestando atención a cómo esas preocupaciones impactan a las mujeres y requieren su liderazgo, esta campaña trabajará para involucrar al conjunto de los miembros de la Red-DESC para sensibilizar sobre la tendencia de la captura corporativa y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Si usted desea saber cómo puede unirse a la campaña de la Red-DESC sobre captura corporativa en el 2019 envíe un correo electrónico Gabriela C Martins: gcmartins@escr-net.org.

Más información:

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Gustavo Castro: “Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos”

Conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional sobre las conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos – Ginebra, A 20 de octubre 2018

Importantes aportes de los pueblos afectados, participación constructiva de los Estados, distanciamiento de la UE de las conclusiones y confirmación de la 5ta sesión para negociar la revisión del borrador en 2019

El viernes 19 de octubre 2018 por la tarde, concluyeron las negociaciones luego de la discusión de importantes propuestas. Los Estados reconocieron que el diálogo se centró en el contenido del borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos y tomaron nota de los aportes recibidos por una cantidad sin precedentes de actores relevantes.

Los representantes de 94 países y alrededor de 400 delegados y delegadas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional de 20 países, se congregaron en Ginebra en el marco de la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IGWG4) que tuvo como resultado la confirmación de una quinta sesión de negociaciones que se centrará en una versión revisada del borrador del tratado.

Representantes de los pueblos afectados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales describieron en detalle las amenazas que enfrentan contra sus vidas y sus medios de sustento en el marco de la lucha por la justicia. Estos son los mismos pueblos que están reelaborando leyes relativas a los derechos humanos desde las bases.

La federación Amigos de la Tierra Internacional continuará activamente involucrada y seguirá trabajando con los movimientos sociales y miembros de la sociedad civil de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, coaliciones nacionales que forman parte de una creciente Alianza para el Tratado y otros actores relevantes, como miembros del Parlamento y autoridades locales de todo el mundo, para seguir presentando propuestas constructivas.

Como afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:

“Continuaremos participando activamente y esperamos con ansias las sesiones futuras necesarias para cumplir con el mandato de la Resolución 26/9 de reglamentar, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Nos decepcionó que las recomendaciones de la presidencia del IGWG no hicieran referencia a los vitales debates de los últimos cuatro años, como los relativos al Documento de Elementos de 2017, además de la falta de participación constructiva de algunos Estados que se distanciaron de las negociaciones en esta etapa tan avanzada en la que se están analizando contenidos y procedimientos importantes. Lo que se necesita básicamente para reglamentar a las grandes empresas que controlan complejas cadenas mundiales de producción son normas concretas para estas empresas en función de obligaciones directas para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Este es el camino a seguir para detener las violaciones e derechos humanos que afectan a millones de personas y a sus medios de sustento en todo el mundo”.

Los/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional aportaron propuestas técnicas junto con expertos/as, académicos/as, abogados/as y representantes de los pueblos afectados, con base en los contextos nacionales y regionales y la experiencia de la resistencia comunitaria.

Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo en nombre de Amigos de la Tierra África dijo:

“Me enorgullece ver a los Estados africanos -54 en total, representados por Togo – unidos y comprometidos para apoyar este tratado que es tan necesario para remediar los males provocados por décadas de impunidad empresarial. Me sentí alentado por el liderazgo de Sudáfrica como co-proponente de la resolución 26/9 y como inspiración para la creciente cantidad de Estados que están apoyando el proceso del Tratado, defendiendo el mandato del IGWG y presentando aportes para cubrir las lagunas que existen en materia de las reglamentaciones para las empresas transnacionales”.

Mageswari Sangaralingam, de Amigos de la Tierra Malasia, afirmó:

“Amigos de la Tierra Asia Pacífico se ve impulsada por el continuo apoyo de países como Indonesia y Filipinas a favor de un tratado vinculante que hará rendir cuentas a las empresas transnacionales y a todas sus cadenas de suministro por los crímenes ambientales y las violaciones de derechos humanos. Creemos firmemente que este tratado vinculante es un instrumento para los países en desarrollo y para los pueblos. Le urgimos a los países de Asia Pacífico y la sociedad civil que eleven el perfil de este tratado para que podamos respetar, proteger y satisfacer efectivamente los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente”.

Ike Teuling, de Amigos de la Tierra Europa comentó:

“A pesar de la presencia comprometida de la sociedad civil europea en Ginebra, la UE no participó de forma sustancial en el proceso e hizo caso omiso a la resolución recientemente adoptada del Parlamento Europeo en apoyo al tratado vinculante. Con la excepción de una única declaración de Franca sobre el contenido, permanecieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso se retiraron de la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo. Como declaración final, la UE se desvinculó de las conclusiones, y se aisló del consenso al que llegaron todos los demás países. Es claro que la UE se pone del lado de las empresas y no de los pueblos, cuyos derechos son violados por las empresas transnacionales europeas”.

Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, agregó:

“Los pueblos afectados deben ponerse en el centro de este proceso. Por lo tanto, esperamos un borrador más ambicioso, uno que responda a las expectativas y exija justicia y el fin de la impunidad. También reclamamos que se garantice que los/as activistas y defensores/as de derechos humanos continúen siendo recibidos/as en el Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que algunos Estados cuestionen el derecho que tienen las víctimas y representantes de la sociedad civil a compartir sus testimonios. Esto es inaceptable y va en contra del espíritu del tratado, un tratado dirigido a todos los pueblos. Por otro lado, muchos países recibieron con calidez nuestra pasión, nuestros testimonios y aportes sustanciales al borrador del tratado y al proceso en general”.

Para Amigos de la Tierra y la Campaña Global, entre los puntos clave que deben ser incluidos en el próximo borrador y en las consultas informales en el camino hacia la 5ta sesión se destacan:

  • un enfoque en las empresas transnacionales y en las actividades de estas como se establece en la resolución 26/9;
  • el establecimiento de obligaciones directas y la responsabilidad penal, civil y administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales;
  • una Corte Internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos;
  • la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones;
  • la protección del proceso del tratado de la influencia indebida de las empresas y sus representantes y que se garantice la participación segura de la sociedad civil en todo el proceso.

Contactos para los medios:

– Lucia Ortiz, programa de Justicia Económica, Amigos de la Tierra Internacional
lucia[at]foei.org
+55 48 99915-0071

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe:
comerc[at]redes.org.uy
+598 98 556 360

– Ike Teuling, campañista de responsabilidad empresarial, Amigos de la Itera Europa:
ike.teuling[at]foeeurope.org
+316 29593882

– Kwami Kpondzo, Directorio de Amigos de la Tierra África
kwadodzi[at]yahoo.fr
+22898221457

Por consultas generales sobre medios:

Amelia Collins
press[at]foei.org
+447740979709

Más información:

El pueblo antes que el lucro: Es hora de avanzar con el Borrador Cero del Tratado Vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Gustavo Castro: “Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos”

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenece Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 11 de julio 2018

Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.

El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?

En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.

Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblos siguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.

Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.

La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.

El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.

Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.

No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.

Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:

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Avances del Tratado de la ONU para reducir la impunidad de las transnacionales y las violaciones de derechos humanos

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Libro en PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

Les invitamos a descargar el libro “Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida – ¡Las mujeres seguimos en lucha!” publicado por la organización brasileña Sempreviva Organização Feminista (SOF) y la Marcha Mundial de las Mujeres (São Paulo, septiembre 2017)

Versión en español: “Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida – ¡Las mujeres seguimos en lucha!”

Versão em português: “Desafios feministas para enfrentar o conflito do capital contra a vida – Nós mulheres seguimos em luta!”

Organización: Nalu Faria e Renata Moreno
Textos: Marcha Mundial de las Mujeres, Clarisse Paradis, Natalia Carrau, Viviana Barreto
Traducción: Maria Fernanda Marcelino e Mauro Ramos
Foto de portada: Elaine Campos
Proyecto gráfico y diagramación: Caco Bisol

SUMÁRIO:
5
PRESENTACIÓN
13 ¡LAS MUJERES RESISTIMOS!
Desafíos del feminismo en tiempos
de ofensiva conservadora
25 LA RESISTENCIA FEMINISTA
CONTRA EL LIBRE COMERCIO
Y la lucha por la autonomía sobre
cuerpo, trabajo y territorio
Clarisse Paradis, Natália Carrau y Viviana Barreto

PRESENTACIÓN

La presencia masiva de las mujeres en las luchas populares, la visibilidad y la fuerza de la agenda feminista son marcas del período reciente de las resistencias y movilizaciones en todo el continente. En las luchas feministas por justicia, igualdad y libertad, las exigencias de fin del patriarcado, del racismo y del capitalismo son imbricadas, desde una mirada crítica al colonialismo y a la heteronormatividad.

La ofensiva neoliberal que enfrentamos hoy en todo el continente es una reacción a un período de cambios y ampliación de derechos. Es una ofensiva extremadamente violenta, que ataca a los cuerpos, los territorios y las condiciones de producción del vivir. Ataca, al mismo tiempo, la democracia y da un nuevo impulso a los procesos de expoliación, mercantilización y militarización. El resultado es la ampliación del alcance del control y dominio de las élites detenedoras del poder económico sobre la vida de los pueblos.

Esa ofensiva plantea para los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la izquierda en general, anti-capitalistas en particular, el desafío de construir otro nivel de rearticulación y construcción de procesos organizativos, acciones y luchas concretas.

La Marcha Mundial de las Mujeres es activa en esos procesos de construcción de alianzas y luchas comunes. La lucha contra el neoliberalismo es central en nuestra agenda, y combina la resistencia al poder de las corporaciones transnacionales, a las políticas de ayuste, la militarización y los acuerdos de comercio e inversiones. Esos enfrentamientos son inseparables de la lucha por la democracia, la autodeterminación, la integración y soberanía de los pueblos. Todas esas son luchas feministas.

Desde nuestro feminismo, frente a los retrocesos tan veloces de políticas y derechos, insistimos en partir de nuestros acumulados políticos y teóricos. La afirmación de esos acumulados es también una respuesta a nuevas explicaciones y tendencias que ganan tanta repercusión, en análisis muchas veces distantes de las prácticas concretas de lucha y de la construcción de sujetos colectivos en movimiento. Sabemos que en tiempos tan complejos, no existen respuestas listas, y apostamos que las prácticas apuntan los caminos, límites y contradicciones que deben ser enfrentadas también en la izquierda.

Las experiencias políticas y económicas construidas por las mujeres en todo el continente componen esos acumulados, y son esas que resisten permanentemente en los territorios, contraponiéndose a la lógica del capital desde la lógica de la vida. En la construcción cotidiana de la auto-organización, la agroecología, la comunicación y la economía feminista y solidaria; de las estrategias para garantizar las condiciones de sobrevivencia y para construir la autonomía sobre el cuerpo, la sexualidad que desafía la heteronormatividad, y una vida libre de las violencias racistas y patriarcales, las mujeres expanden las fronteras de lo posible, enfrentan las contradicciones, construyen las condiciones para transformar concretamente sus vidas, al paso que ejercitan y apuntan los caminos de cambio del modelo.

> DESCARGAR EL LIBRO COMPLETO <

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Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia “Fuera OMC” levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía” en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

“Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: “Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.”

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro “Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud”, el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro “Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo” o el Foro “Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética”, entre otros. (Ver el programa completo aquí)

“Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales”, explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

“Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional”, agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una “Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos” y un “Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales”, y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. “Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM”, declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: “lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle”, informó la Confluencia. “La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa”, agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

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Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “#FueraOMC – Construyendo soberanía”

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – construyendo soberanía” – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

FIRMA:

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía”

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen “¡Fuera OMC!”

En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración “Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires” en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer “la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza”, “visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial”.

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia “Fuera OMC”, para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado “mundo socialista”, operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa “Batalla de Seattle”, más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada “coherencia regulatoria”: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, “… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global”. De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización “recargada” donde se consolide la regulación de los “nuevos temas” como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo “Malestar en el libro comercio”, Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, “…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente”.

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

“Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias” (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro “Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo” en el marco de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía”

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –”pensar global y actual local”-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia “Fuera OMC”

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina