Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el proyecto del Tren Maya en el sureste del país – A 14 de abril de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quince consorcios, prácticamente idénticos a los compiten por el contrato multimillonario del primer tramo del Tren Maya, enviaron hoy sus propuestas para construir el segundo tramo del megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador; para esta ruta, que unirá Escárcega y Calkiní, en Campeche, las cotizaciones oscilan entre 16 mil millones de pesos y 21 mil 800 millones de pesos.
En esta segunda ronda, empresas paraestatales de China participan en cinco propuestas, entre ellas una con GIA+A, una empresa dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– mantuvo su alianza con la española FCC, con una propuesta de 18 mil 553 millones de pesos; Carlos Hank Rhon –y La Peninsular– siguió en consorcio con Carmargo y Cydssa con una oferta de 20 mil 403 millones de pesos; mientras que ICA guardó su alianza con Grupo Indisa.
Esta vez, en lugar de irse sola, la española Sacyr formó una alianza con la empresa Impulsora de Soluciones en Infraestructura, una empresa de Invecture Group, vinculada con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y dirigida por Julio Belmont Garibay, uno de los principales operadores del dueño de Grupo Salinas; su propuesta se elevó a 21 mil 22 millones de pesos.
A pesar de que el gobierno federal decretó el congelamiento de la mayor parte de las actividades económicas del país en respuesta a la pandemia de covid-19, exentó la aplicación del decreto a las obras relacionadas con los megaproyectos que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas.
Si bien el modelo de financiamiento del Tren Maya cambió en varias ocasiones desde la elección de 2018, hasta la fecha la información oficial plantea que el gobierno federal aportará el 100% de los cerca de 150 mil millones de pesos que costaría el proyecto.
Al igual que en las propuestas del primer tramo, la más económica –por 16 mil 49 millones de pesos– fue presentada por el consorcio encabezado por la empresa tabasqueña Grupo Vázquez del Sur y la española Rubau, mientras que la más onerosa fue entregada por Caabsa, de los hermanos Amodio, empresarios vinculados con el Grupo Villar Mir, dueño de la polémica empresa OHL.
En lugar de aliarse con Pinfra –de David Peñaloza Alanís–, como lo hicieron en el primer tramo, las españolas Caltia y Copasa formaron un consorcio con Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Empresarial Ángeles; juntos presentaron una propuesta por 18 mil 157 millones de pesos; mientras que la constructora ibérica Azvi pactó con la empresa Gami Ingeniería.
A diferencia del tramo uno, Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, no envió propuesta; por lo contrario, Grupo Constructor ZEA –de los hermanos Zecua Muñoz, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron contratos multimillonarios– mandó una propuesta con una paraestatal china.
Para este tramo, la portuguesa Mota-Engil envió una nueva propuesta en consorcio con la China Communications Construction Company –por 19 mil 425 millones de pesos–; Nexumrail y Emartrons enviaron una cotización por 19 mil 575 millones de pesos–, mientras que Grupo Cemza, de la familia Zavala Solis, envió una propuesta por un costo de 16 mil 382 millones de pesos.
Imagen:La consulta sobre el Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020
El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:
La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.
El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.
El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios
El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A más de 4 años de su muerte,Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.
¡BertaVive y vive!
Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.
Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.
Cacaluta
Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017
Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.
En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.
“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.
Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.
Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 11 de abril de 2020
El martes 7 del presente mes, Víctor Manuel Toledo, funcionario federal responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) escribe un artículo de opinión en el diario La Jornada nombrado “El último llamado de la naturaleza” en el cual, dentro del marco de la crisis del Covid-19, hace un atinado llamado para llevar a cabo “una profunda transformación civilizatoria”, compartiendo varias recomendaciones de las cuales sin duda algunas son totalmente obligadas, por ejemplo; el fin de los monopolios, economías solidarias, energías renovables, sistemas agroecológicos, democracia participativa… entre otras. Evidentemente todas ellas -necesarias y urgentes-, incluso podrían ser aún mucho más eficientes si también, al mismo tiempo, iniciáramos el desmantelamiento de la matriz energética, la recuperación de la soberanía alimentaria y dejar de una vez por todas de mirar a la biodiversidad y los bienes naturales como mercancía.
No obstante, no es la primera vez que el Sr. Toledo pareciera no acabar de asentarse en la nueva silla que ocupa, en donde los hechos y posturas científicas, antropológicas y sociales que recurrentemente plantea en los medios, no encuentran ni espacio, ni eco, ni fuerza dentro del aparato político, menos aun se acercan a las decisiones totalmente contradictorias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la silla que hoy ocupa, es evidente no tiene espacio para hacer realidad sus declaraciones científicas, menos las filosóficas de construcción con escenarios deseables entre otras cosas porque su alrededor está lleno de personajes y personeros de una añeja tradición política que tampoco están dispuestos a dejar las “costumbres” de los rumbos económicos actuales y principales causales de los daños hoy explícitos en un pequeño pero devastador virus, ese mismo microorganismo que sólo sobrevive y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo, capas de poner contra la pared la forma en la que el modelo del progreso y desarrollo impuesto a toda la humanidad ahora presenta una de sus grietas más contundentes.
En ese contexto, nos gustaría ver a un Secretario de Medio Ambiente con planteamientos de tipo político -no mediáticos, ni científicos-, con posiciones y posturas fuertes, claras y sin ambigüedades, que provoquen, reten y desafíen el pensamiento y la acción del Ejecutivo Federal, simplemente porque se encuentra en crisis y en consecuencia, no sabe para dónde caminar construyendo un nuevo sendero. Hoy al mundo entero se nos presenta una gran oportunidad para empezar a cambiar el modelo político mundial –o por lo menos el mexicano-, en el cual por supuesto, está inmerso el proyecto denominado 4T, y para quien no lo cree, basta ver al presidente cómo es que enaltece a sus piezas financieras consentidas; Slim, Larrea y Bailléres, tres poderosos empresarios que han hecho su riqueza gracias al saqueo inmisericorde en nuestro país.
Por ello vemos que el Sr. Toledo pareciera que aun no sabe que hacer desde la silla que ocupa, ni tampoco se ha dado cuenta que desde ahí ya no puede hacer ciencia, ni tampoco le funciona que, bajo la retórica del uso del conocimiento científico, tenga en sus manos la forma adecuada para calificar la viabilidad de megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y el Corredor Transístmico asegurando no habrá impactos ambientales ni sociales. Hoy el Covid-19 nos desnuda totalmente, porque si al pasar la pandemia regresamos a la misma forma de actuar antes de entrar en refugio, esa que se acompaña de; la velocidad cibernética que no necesariamente se traduce en buena información, el uso de petróleo como la principal fuente energética, el modelo de producción y de consumo con transgénicos acompañado del uso indiscriminado de agrotóxicos, el despojo simulado con procesos de participación instrumental, pero no efectiva, menos aun representativa, entre las otras barbaridades del modelo económico que todas y todos conocemos, entonces vayámonos acostumbrando a trabajar desde casa, porque parece que, ante este presente hoy obligado, parece puede transformase en un futuro económicamente muy eficiente. ¿Será que estamos en la antesala de ser los próximos insumos de confinamiento controlado por los servicios y la economía, tal cual sucede en una granja de cerdos o de pollos, en donde tendremos al alcance de la mano agua, alimento y un cuidador desde fuera…..todo resuelto con un dedo al hacer clic?
Medir los impactos o peor aún, paliar los impactos después de ser ocasionados tanto a la naturaleza como a la sociedad, no puede seguir siendo una ruta “avalada científicamente” para que tengamos un mundo culturalmente más biodiverso o más armónico, o ponerle la etiqueta de sustentable cuando el mundo en tiempo real se nos cae a pedazos. Tampoco le podemos apostar al progreso y desarrollo a partir de preguntarle a la gente, cuando ya sabemos que los megaproyectos tienen una serie de efectos adversos, irreversibles y con daños acumulativos inimaginables, porque no se trata de darle viabilidad al establecimiento de procesos participativos, sino de detener condiciones antiéticas que atentan contra la vida, en donde la permisibilidad de la destrucción a través de, por ejemplo, una consulta, rompen de facto con la construcción de un mundo diferente, menos aun si los “procesos, las consultas o la democracia participativa” se realizan en condiciones de una gigantesca asimetría, porque claramente son un engranaje que permiten la continuidad de la economía de mercado y del sistema capitalista y patriarcal que, como mencionamos, el Sr. Toledo cuestiona en su artículo, pero en su praxis como político es totalmente antípoda.
Igual de contradictorio sucedió cuando el Sr Toledo, anunció muy emocionado la nueva era de la energía renovable con el “nuevo petróleo de México: el litio”. Un insumo capital de gran relevancia y central para la mal llamada transición hacia la energía renovable. Es por ello que no entendemos su discurso de preocupación por “la madre tierra”; cuando un sólo insumo, como el litio, adscrito a una gran cadena de valor de otros componentes derivados de la minería a cielo abierto o de tumbe y relleno, es justo darle continuidad a la barbarie, esa que en la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, en donde opera la empresa canadiense Bacanora Minerals y la china Gangfeng Lithium, está gobernada por los carteles de Juárez, de Sinaloa y del Pacífico, en franca guerra abierta por la disputa el territorio a costa de asesinar a opositores o a quienes se atreven a realizar denuncias. Al igual como sucede en el emblemático “cinturón del oro” en el estado de Guerrero, donde los daños a la salud y al ambiente son descomunales ocasionados también por megaproyectos extractivos. ¿Será que al Sr. Toledo no tiene claro que cada proyecto mega-extractivo que se valide desde Semarnat, es potencialmente la repetición del infierno que ya viven muchos pueblos?, ¿conocerá alguno de esos infiernos de forma directa?, porque entonces no sabemos a qué se refiere cuando habla de “Proteger a la Madre Tierra”.
Ejemplos sobran en los que el responsable de la SEMARNAT ha mostrado sus incongruencias como sucede por ejemplo con las presas de el Zapotillo en Jalisco o Paso de la Reina en Oaxaca. Igual sucede cuando menciona que el Río Coatzacoalcos, el Río Atoyac y El Salto son verdaderos infiernos (que lo son), al mismo tiempo sale en defensa del proyecto más neoliberal de este sexenio El Corredor Transístmico, ese mismo que integra parques industriales, entre muchos otros componentes que verterán sus desechos tal cual sucede en los ríos de Coatzacoalcos, de Atoyac o El Salto. Parece que según sople el viento el Sr. Toledo un día está del lado de la ciencia, otro de la madre naturaleza y otro de crecimiento industrial.
Sr. Toledo, hoy más que nunca está a tiempo de clarificar su verdadero valor y peso especifico en la silla que ocupa. Lo invitamos a plantear la construcción de una postura política fuerte a favor de la madre tierra porque es urgente y necesaria, pero no en la prensa, sino en los actos que desde su envergadura le competen. No deje su prestigio en manos de un ejecutivo que va en sentido contrario.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020
Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades. Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:
Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.
Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020
Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyacTlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.
Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”,
que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y
que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica
que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.
Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.
Licencias irregulares
Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.
Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia deconstrucción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.
No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.
Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.
“Ha variado la disposición de las distintas autoridades,
esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los
gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.
Posponen asamblea por Covid-19
En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.
Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.
Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.
Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán,
indico que la única información es que hay un recurso jurídico al
respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las
asambleas no saben mayores datos.
“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.
Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali el pasado fin de semana – A 23 de marzo de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó hoy el resultado de la consulta realizada ayer en Mexicali,
Baja California, en la que la mayoría decidió no aceptar la instalación
de una planta cervecera de la trasnacional licorera Constellation
Brands.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali
Inclusive, ante las primeras reacciones de organismos y cámaras
empresariales, así como de algunos actores políticos, el mandatario
expuso que no podía ponerse en duda el resultado de dicha consulta, por
la cantidad de participantes, así como del amplio margen de rechazo.
“Cuando hay resultados así es evidente que no hay
acuerdo. Si hubiese participado menos gente o hubiera un resultado más
parejo… pero hay que gobernar con el mandato popular”, expresó el
mandatario.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury,
presentó hoy los resultados que, con una participación total de 36 mil
781 personas, reflejó que 76.1 por ciento de los participantes están en
contra y sólo un 23% a favor.
“Conagua ya no dará los permisos correspondientes para la
operación de la planta. El gobierno se pondrá en contacto con la
empresa para la subsanación de los daños”, dijo.
La instalación de una cervecera en esa ciudad fronteriza ha generado
descontento desde hace años, por las implicaciones que tendría para el
acuífero.
Las respuestas de la consulta fueron:
Estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se
crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población.
No estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el
agua para este tipo de industrias.
Ante el movimiento de rechazo, el gobierno de López Obrador
decidió realizar una consulta que se celebró los pasados 21 y 22 de
marzo, con el resultado mencionado.
En su alocución al respecto, el presidente recordó el amplio
movimiento social que se gestó en Baja California en defensa del agua,
hace unos años.
Finalmente, el mandatario se dijo dispuesto a tener diálogo con el
Consejo Coordinador Empresarial, así como con otros organismos y con los
dueños de la empresa, a fin de ofrecerles opciones y facilidades para
su instalación en zonas donde si hay agua.
“Voy a hablar, si es necesario, con los dueños. Claro que
nos importa la inversión extranjera, la creación de empleos, pero
también tenemos que cuidar la opinión de la gente y cuidar nuestros
recursos naturales, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar”,
dijo.
Imagen: Opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Foto: Especial Proceso. / La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali Foto: Germán Canseco
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020>> Descargar comunicado en pdf<<
El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, “el estado de derecho”, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.
Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.
En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.
Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.
Firma
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020
Por Magdalena Gómez E
El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.
Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo
que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx),
en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional
respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren,
Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de
denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron
en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la
representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su
nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.
No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.
Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una
resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto
no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y
comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un
juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el
patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró
un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un
informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la
remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo
los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón
de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento
oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la
contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso
derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.
¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página a proposito de la consulta que se realizará este fin de semana en Baja California sobre las concesión del agua para la cervecera Constellation Brands – A 17 de marzo de 2020
Si la empresa Constellation Brands instala la cervecera en
Mexicali, Baja California, tomaría casi la mitad del agua disponible,
según un estudio. En una zona con estrés hídrico. La consulta para
definir su instalación está prevista para este 21 de marzo
Texto y fotos: Daliri Oropeza
La empresa cervecera Constellation Brands tomaría hasta el 44 por
ciento del agua de la reserva que tiene Mexicali, de acuerdo con el
investigador Alfonso Andrés Cortés Lara, quien hiz un estudio para una
Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la
Planta Cervecera.
Por ello, denuncia que el derecho humano al agua no se consulta sino
que se protege y debe garantizarse agua de calidad, de manera oportuna,
precio asequible, y de esa manera también garantizar el derecho de los
productores agrícolas para la seguridad alimentaria.
Para el, la Constellation Brans atenta directamente contra este derecho.
Desde su perspectiva, “una consulta como la que proponen es como
decir ‘¿están de acuerdo que se cumpla el derecho humano al agua?’ y esa
no es la ruta mas indicada (para respetarlo)”.
A esto se suma la denuncia de Elena Burns de la red Agua para Todos.
Ella da cuenta de que las leyes mexicanas que crearon permiten el
acaparamiento del agua confines mercantiles.
“Estamos en un periodo con una Ley de aguas nacionales que no
reconoce el derecho humano al agua y está permitiendo la violación de
este derecho en el país. Particularmente en esta zona, de las más
críticas del país. Las temperaturas llegan a 45 grados, además, Estados
Unidos presiona por tener acceso”.
De acuerdo con su lectura, se está privilegiando en este caso la
mercantiilzación. Explica que esto es posible desde 1992. Para llevar a
cabo el Tratado de Libre Comercio acomodaron la ley para poner las aguas
nacionales bajo sistema de concesiones concebida como compra y venta,
sin preocuparse por derechos de pueblos.
“El derecho humano al agua no tiene valor bajo este sistema, y todos
los funcionarios, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto lo siguieron, y
sigue operando actualmente”.
Queda entonces reducido al acceso al agua por privatización.
Por ello, la CNDH emitió la recomendación 1/2020 para la Conagua y el gobierno de Baja California.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la instalación
de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de
la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.
De acuerdo con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara es importante que
la CNDH resaltó las irregularidades en el otorgamiento de permisos que
hubo a la empresa estadounidense. Cortés Lara se especializa en uso y
manejo del agua en zonas áridas y desarrollo de recursos Hídricos,
Estrés hídrico
La cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de
Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de
Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por
cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el
uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos.
El Acuífero Valle de Mexicali es vedado y oficialmente reconocido como sobreexplotado, en esta zona de extremo estrés hídrico.
Alfonso Andrés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera
Norte asegura que esta cuenca resiente el periodo prolongado de sequía
que vivimos desde 1999. Además se han agotado las fuentes de recarga y
la precipitación pluvial es casi nula. Por lo que es imposible una
recarga natural del acuífero. En suma, la evaporación por el calor es
mayor que la precipitación.
Es un desierto, es zona seca, árida. Aunque la planta la construyeron
en un lugar estratégico cerca de los campos de riego agrícolas, a la
orilla sur de la ciudad, al norte del Río Colorado, cerca de carreteras y
vías férreas.
El exgobernador panista Víctor Hermosillo vendió a 11 pesos el metro
cuadrado a la empresa, cuando su valor está entre 200 y 300 pesos por
metro cuadrado.
A esto se suma que el caudal del río Colorado, que baja desde las
montañas Rocallosas, atraviesa por 7 estados de EU, y deriva a través de
la presa José María Morelos y Pavón al cruzar la frontera. Desde 1965
hay concesiones de agua, y está sobre explotado.
Los acuíferos del norte de Baja California, como el del Valle de
Mexicali, se abastecen de los ríos que bajan desde Colorado y
California. Y ambas fuentes se encuentran en condición crítica por la
sobreexplotación agrícola que prevalece en Estados Unidos y en este
estado.
En suma, nada de esta agua se regresa al medio ambiente y este es el principal punto de alerta que detalla el investigador.
Uso del agua y opacidad
El volumen del agua que utilizaría la planta cervecera pone más
presión limitar el agua para consumo humano, de acuerdo con el
investigador del Colef Alfonso Andrés Cortés Lara.
El doctor encontró, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental
de la empresa, que la trasnacional nunca especifica de manera precisa el
volumen de agua que requieren para la construcción y operación de la
planta cervecera.
De acuerdo con sus cálculos, si usara el que tiene más coincidencias
en la MIA, serían 15 millones de metros cúbicos del agua superficial y 5
millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.
Pero Cortés Lara acusa que hay maña cuando la cervecera niega que se
afectará el consumo de agua de la ciudadanía en Mexicali. Esto es porque
lo está equiparando con el volúmen de agua del Estado, en donde
entonces sí daría el 1 por ciento.
“La empresa no dice que va a sacar el agua de toda la ciudad ni del
valle, no dice que de la reserva de la ciudad, y esa es 22.78 millones
de metros cúbicos al año. Mexicali actualmente consume 101 millones de
metros cúbicos al año, es dueño de 124 millones de metros cúbicos. Esa
reserva es para todas las actividades: uso gubernamental, privado,
público, de los hogares y para la siembra. En documentos oficiales dicen
que la cervecera obtendría de la ciudad 20 millones de agua. Si hacemos
el cálculo con 10 millones de metros cúbicos equivale al 44 por ciento
de las reservas”, detalla el investigador.
En la gestión del panista Víctor Hermosillo, la ciudadanía organizada
de Mexicali logró frenar la construcción irregular destinada a ser un
acueducto que daría servicio a la cervecera. Se construía con recursos
públicos licitado en 520 millones de pesos.
De acuerdo con los informes, la cervecera tiene el 65 por ciento de avance en su construcción.
La cuenca compartida y el tironeo con EU
Baja California tiene derecho a usar el 9 por ciento del agua de la
cuenca del río Colorado. Lo comparte con 7 estados de Estados Unidos,
país de donde llega el río y desemboca en el golfo de California.
Para dividir el uso, México firmó el Tratado de Aguas Internacionales
con el país vecino por el cual puede usar mil 850 millones de metros
cúbicos anualmente.
Este tratado tiene agregados que ha hecho Estados Unidos en los
últimos años. Con estos agregados se ha reducido la cantidad de litros
que pueden ocupar los ocho usuarios mencionados en el acuerdo.
Por ello, el investigador afirma que esto tiene efectos esperados
como resultado de la alta variabilidad climática para el Valle de
Mexicali, como es la disminución de la velocidad de flujo del agua, el
aumento de la concentración salina en el agua del río y acuífero
subterráneo, la disminución de eficiencia de riego a nivel general y
parcelario; el incremento de costos de operación en zona de riego y en
sistemas de la ciudad, entre otros.
¿De dónde salió la consulta?
“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si
se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dice el
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre las presiones que recibe
por la inversión realizada por la cervecera trasnacional Constellation
Brands. Es su conferencia de prensa del 3 de marzo. Asegura que la
consulta fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, para ver
si opera o no la planta en Mexicali.
“¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a
cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la
información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una
afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación,
que es una inversión que va a generar empleos”.
Uno de los argumentos para realizar la consulta que dio el presidente
en su conferencia matutina es una denuncia: “¿quiénes fueron los
responsables de esto?, ¿quiénes dieron los permisos? Si no era
conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a
nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a
la gente”.
A su vez emitió un mensaje a las élites extranjeras: “Pedirles
también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general
que actúen también con ética, porque, ¿qué pasaba antes? Venían y veían a
México como tierra de conquista”.
Colectivos ciudadanos como Mexicali Resiste han documentado que la empresa constructora de la cervecera es del ex alcalde panista, Víctor Hermosillo.
Semarnat aseguró que es la Secretaría de Gobernación la que convoca a
la consulta. Esta semana previa a la consulta comenzaron a circular
volantes con información idéntica a la que difunde la empresa pero
firmados con el sello que dice “Gobierno México” y Secretaría de
Gobernación, Conagua y Semarnat.
Ante esto, Semarnat también se deslindo de la información:
“Uno de los principios fundamentales de la Semarnat es el manejo de
información científica actualizada en la toma de decisiones, así como un
respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos y su derecho a
recibir información fidedigna. Por lo cual, la Semarnat no está de
acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en
un folleto”.
Elena Burns denuncia que es una consulta “es altamente irregular,
pues no saber las preguntas, las casillas. Y lo que no nos gusta es que
este tipo andamiaje, intento de consulta, tan rápido y tan opaco y tan
manipulado, es muy preocupante”. Estos días fueron publicados de
maneraoficial los lugares de Mexicali donde habrá casillas. Aún falta la
pregunta y la información se maneja a cuentagotas.
“Yo hubiera preferido que se dejara libre el proceso con la CNDH. Que
se evitara esta distracción de la consulta para que siguiera el proceso
de las recomendaciones y que las autoridades respondieran a estas. Con
la consulta, de manera indirecta facilita, se desvía a que las
autoridades evadan la responsabilidad de responder a la CNDH, proceso
que llevaría a frenar la construcción”, asegura el doctor Cortés Lara.
Las élites trasnacionales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas.
En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. La compañía tiene plantas de producción en Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en que se convirtió en la tercera productora de cerveza en México.
