Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre el proyecto de Tren o Corredor Transístmico – A 1 de julio de 2020
En asamblea celebrada ayer en la comunidad Rincón Viejo, Oaxaca, grupos de mujeres, comités de salud, ferrocarrileros y comunidades indígenas crearon un frente común por los derechos de los pueblos, mujeres y trabajadores de la región y contra el Tren Transístmico. En la reunión, en el municipio indígena de Santa María Petapa, se denunció el abandono sanitario en que se encuentra la región del Istmo en el contexto de la pandemia, lo que ha ocasionado que la gente se encierre a morir en sus casas. Se han detectado al menos 8 casos en Juchitán, 15 en la comunidad Cotzocon Mixe, 5 en Piedra Blanca, 3 en San Juan Guichicovi, y 4 en Santa María Petapa, de personas que han muerto en sus casas con los síntomas del Covid-19. Además se dijo que en Matías Romero se hacen entierros de noche, a escondidas, en algo que se empezó a denominar “los muertos sin rostro” por no aparecer en los registros oficiales. Los comités de salud, formados principalmente por mujeres, en diversas comunidades de la región, exigieron la instalación de un hospital de campaña covid para la zona norte del Istmo.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.
El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.
Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.
Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».
Imagen:Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.
En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)
Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticasvoluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismosflexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)
Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.
Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3].
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.
¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Les compartimos este articulo de opinión publicado en Sin Embargo sobre el Tren Maya – A 23 de junio de 2020
Por: Itzel Silva Monroy*
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el pasado 16 de junio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el estudio o evaluación de impacto ambiental –llamado en la legislación mexicana Manifestación de Impacto Ambiental o MIA– del Tren Maya, con miras a que dicha Semarnat le autorice las obras y actividades para desarrollar el proyecto.
La presentación de la MIA fue anunciada por el propio Fonatur mediante un comunicado de prensa en el que señala, entre otras cosas, que la presentación del documento se da “en el marco de inicio de obras del Tren”, y que “actualmente, las empresas que ganaron las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios a detalle para elaborar el Proyecto Ejecutivo”.
Es decir, Fonatur ha pedido a la autoridad federal ambiental le dé luz verde para la construcción del Tren, cuando en realidad las obras ya han sido licitadas e incluso iniciadas; valga simplemente recordar el formal banderazo de salida a principios de este mes para la construcción del Tren por parte del Presidente de la República.
Pero, ¿esta situación es válida? ¿No existen acaso normas en materia de estudios de impacto que deben seguirse para la autorización e implementación de este tipo de proyectos llamados de inversión o desarrollo? ¿Sobre todo tratándose de territorios donde existen pueblos indígenas, como es el caso del pueblo maya de donde el tren toma su nombre?
A pesar de que Fonatur afirma reiteradamente en su comunicado que está cumpliendo con la legislación mexicana e incluso la internacional, la realidad es que en el caso del Tren Maya, como en otros tantos existentes en la Península de Yucatán y en el país, se han venido violando desde hace años, normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, incluyendo lo relativo a la realización de estudios o evaluaciones de impacto.
La vulneración a derechos más conocida ha sido a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado, ya sea porque las autoridades omitieron dicho proceso, o porque éste fue violatorio de los criterios internacionales en la materia. Pero, tratándose de proyectos sobre territorios indígenas, el Estado Mexicano también ha incumplido sistemáticamente con su obligación de efectuar estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que analicen los impactos negativos que los proyectos de inversión o desarrollo pueden ocasionar a los pueblos indígenas. Bajo esta obligación, dichos estudios o evaluaciones son un requisito ineludible que permiten al Estado decidir si autoriza o no el proyecto en cuestión, más no una mera formalidad.
La obligación de realizar estudios previos de impacto existe para México desde 1991, en que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En su artículo 7.3, el Convenio señala que los gobiernos deben velar porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre esos pueblos.
Pero además, esta obligación fundamental se encuentra reforzada y su contenido profundizado y ampliado con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2007 y 2008 en el Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, en las que estableció los estándares mínimos que los estudios de impacto deben satisfacer, y que los Estados parte deben cumplir, entre ellos:
– Deben ser concluidos de manera previa a la autorización y realización del proyecto de desarrollo o inversión en cuestión, es decir, no puede autorizarse y mucho menos implementarse un proyecto sin que se hayan estudiado los impactos.
– Deben ser de carácter social (entendido en el sentido más amplio) y ambiental, así como de derechos, siendo lo deseable la integración y análisis de todos los impactos en un solo proceso. Para la autorización de un proyecto, el análisis de los impactos no puede limitarse al aspecto ambiental, sino que debe efectuarse un estudio integral, que contemple el resto de los ámbitos de vida de los pueblos.
– Deben tratar el impacto acumulado; es decir, no sólo debe analizarse el impacto que el proyecto que pretende autorizarse puede causar de manera aislada e individual, sino el que puede generar en relación con otros proyectos del territorio que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Es decir, permitirá conocer en su justa y verdadera dimensión los impactos que se ocasionarán, incluyendo si son a corto, pero también a más largo plazo.
– Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesados y sus resultados compartidos y consultados con ellos. Si los estudios pretenden documentar los posibles impactos negativos del proyecto de que se trata, la participación efectiva de los pueblos indígenas es innegable, pues son quienes pueden identificar los posibles impactos negativos sobre sus propias vidas. Pero además, el resultado de los estudios debe ser compartido y consultado con las comunidades, a fin de que puedan brindar aportes y tomar una decisión informada. De hecho, los estudios previos de impacto son parte del proceso de consulta indígena.
Resulta indudable que en el caso del Tren Maya hay una vulneración clara a estos estándares, pues aunque ya están en marcha las obras, apenas se está presentando el estudio de impacto ambiental o MIA para su autorización. Asimismo, sólo se está contemplando el aspecto ambiental del proyecto, omitiendo un análisis de los impactos sociales y en derechos que se pueden generar (y que de hecho, ya se están ocasionando). Además, no sólo no se están evaluando en la MIA los impactos acumulados del Tren, sino que se está fragmentado el proyecto, pues la MIA sólo comprende la Fase 1 de este. Finalmente, tampoco hubo para esta evaluación ambiental una participación efectiva de los pueblos, pues múltiples han sido sus reclamos por la falta de estudios en materia ambiental respecto del proyecto.
La Semarnat tiene ahora en sus manos la resolución, en su ámbito de competencia, de las obras y actividades del Tren Maya, y para ello debe tener presente que los estándares internacionales en materia de estudios de impacto establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana le son de obligatorio cumplimiento. Debe observarlos, y con ello proteger y garantizar los derechos de los pueblos originarios y de las y los habitantes que los integran.
* Itzel Silva Monroy, es abogada litigante de casos de defensa de tierra y territorio de pueblos indígenas en @FundarMexico.
Imagen: El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de obras del Tren Maya. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.
Compartimos esta carta publicada en la web de Indignación.org – A 25 de junio de 2020
Junio de 2020, año de la enfermedad y la muerte
Sr. Presidente de México
Andrés Manuel López Obrador
Te volvemos a escribir esperando que el terrible temblor que pasó no les haya lastimado a ti y tu familia. Por aquí en este territorio no se sienten los temblores, pero, en cambio, las tormentas nos han dejado mucha tristeza porque se perdieron casi todas las hortalizas que ya estaban jats’ uts para vender.
¡Ni modo! Así es cuando pasa la desgracia, la conocemos por tantos huracanes que han pasado: perdemos en un sólo día todo lo que trabajamos por meses y por años. Nos golpeó fuerte ese Cristóbal, pero sabemos que nos podemos volver a levantar, ya estamos otra vez sembrando la milpa, ojalá y Dios quiera que la logremos. La vida sigue.
Pero ahora resulta que no sólo pasa por los huracanes que se pierde todo de un día para otro, ya oímos que a nuestros hermanos de Campeche les quieren mover sus parcelas y sus casas porque dicen que va a pasar el tren por allá. Van a perder todo lo que tienen sembrado.
Queremos compartirte algo para que lo entiendas. Muchas de nuestras hijas e hijos, hasta las nietas y nietos, la juventud por así decir, que ya fueron a la universidad, nos dicen que las lluvias, los vientos, las sequías caen más recio porque ya no nos defienden los montes como de antes… y dicen bien. Antes había montes y no había granjas de cochinos por todos lados, ni de esos abanicos enormes, ni esos espejos que utilizan ahora para hacer corriente. Antes no había nadie que sembrara esas plantas que les dicen transgénicas, ni tantas cosas que lastiman tanto al monte y al pueblo. Se necesita entender lo que está pasando y cambiar lo que hay que cambiar.
Por eso te volvemos a escribir. Hemos oído en la tele, el radio y hasta en nuestros celulares, como que nos contestabas lo que te escribimos antes. Nos pusimos el saco, dirás tú. Escuchamos lo que dices y pensamos que es bueno que ya te diste cuenta que somos mayas los que te estamos tratando de hacerte pensar.
Lo malo, en cambio, es que nos dices que no te entendemos. No importa mucho, estamos empatados: tú tampoco nos entiendes… en realidad ningún gobierno o partido político nos entiende.
Nos dices que todos somos adversarios, que somos del PAN, que leemos un diario que ni siquiera conocemos, que se llama Reforma. También dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de opinar, que debemos de estar ajenos a los jach pueblos donde si pasará el tren… ¡Te pasas presidente!
Lo que sí es cierto es que esto es muy político y nuestro Chuun T’aan es para eso, para hacer política. Hasta hemos oído que dices que somos sabios y que hay que hacer política. Pues ahora te lo escribimos de nuevo: queremos participar, te lo dijimos en la carta anterior, pero no se vale que sólo nos contestes por la tele.
Vamos hablar de verdad, con el corazón, para que nos entiendas. Somos mujeres que sabemos escuchar y resolver los problemas, somos hombres que sabemos hablar y cuidar la vida. Estamos organizadas, eso sí, en un Chuun T’aan, ¿leíste lo que es un Chuun T’aan, verdad? Te lo ponemos otra vez al final de este escrito, por si no pudiste leerlo. Ahí te decimos que nos hemos organizado desde hace algunos años, no para recibir programas asistenciales, ya vimos que esos programas no cambian nada en la vida de los pueblos, ni para agarrar el poder. No señor. Nos juntamos para ver cómo hacíamos para que de una vez ustedes, el gobierno, nos respeten nuestro derecho a la Libre Determinación. Queremos otra vez decidir nuestras vida ¿Crees tú que es imposible? Tú siempre dices que hay que ser optimistas.
Así que mejor te contestamos que somos mayas como dices, y dices bien, y todo lo que les pasa a los mayas no es ajeno a nosotras. Pensamos que hay mucho que no está listo, falta ver: ¿quién dices tú que es el “sujeto del derecho” de la libre determinación? ¿Cómo vas a decir cuáles son las mojoneras de nuestros territorios ancestrales? ¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en un territorio maya?
Ahí está, por ejemplo, esa consulta que dicen qué hiciste, tú decidiste dónde, cuándo y a quién preguntarle, nunca lo acordaste con nosotros los mayas ¿Será que así vas a hacer para decir quién es maya y quién no, qué pueblo es maya y cuál no?
Todo el tiempo están haciendo leyes a espaldas de nuestros pueblos, y con esas leyes que se hicieron sin que nuestro pueblo DECIDIERA, nos están jodiendo.
Nos gusta mucho la historia también y se ve que a ti también te gusta. Ignacio Ramírez “El Nigromante”, que tanto lo mentas, lo estudiamos y leímos que, cuando se discutió la Constitución de 1857, él dijo que “no había una sola nación en México sino muchas naciones”. Parece que eso no te gusta recordarlo.
Pero ahora, en 2020, nos encontramos con que nos han robado el derecho a ser una nación adentro de una Nación de naciones. ¡Y así nos han robado otros tantos derechos! Para ustedes no vale nuestra justicia, no nos dejan que seamos los pueblos quienes demos los permisos para usar, el agua, el sol y el aire.
Te contamos lo peor: ni siquiera nos apoyan para reconstruir nuestras casas como queremos, chulas de ripio, amplias, y frescas como siempre. Nos quieren hacer unas bodegas chiquitas para guardarnos y no ahogarnos. Esas casas parecen cajas de zapatos, nos gustaría ver que uno de ustedes los políticos vivan en una de ellas.
Bueno, pues ahora te volvemos a escribir para decirte otra vez que tenemos muchas cosas para conversar, justo por eso te preguntamos si de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a nuestro pueblo o es pura faramalla.
Nunca pensamos que una autoridad no haga su trabajo. La verdad sí queremos que hagas algo. Sabemos que lo malo son los pensamientos de mucha gente y las leyes que tenemos. Oímos esos pensamientos tan diferentes a los que tenemos… primero dicen que ya no hay selva y entonces piensan: “como ya no hay selva, destruyamos lo poco que queda”, en lugar de volverla a cuidar y ayudarla a que se recupere.
Queremos que, si es tu voluntad, hables recio para que se cambien todas las leyes que hacen que solamente nos vean como pobres, campesinos o desempleados. Así mismo decían los que nos invadieron y después lo repitieron los hacendados; ahora sus nietos de ellos lo están repitiendo. Tú no lo sigas diciendo, dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero igual hablas de ese tipo de progreso, como ellos hacen.
Nos despedimos todas y todos los que te hemos escrito ya desde antes, los que somos el Chuun T’aan. Aprovechamos para explicarte que le hemos pedido al equipo Indignación de derechos humanos que te mande estas palabras a ti y a los que te acompañan en tu trabajo. Indignación hace 30 años que trabaja para nuestro pueblo. Es a este equipo al que le encomendamos que ponga los amparos y las demandas tan difíciles en esos tribunales. Son las pocas rendijas que nos dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya.
No estamos peleando, estamos solamente trabajando para cambiar el mundo.
Saluda mucho a tu familia. Creemos que sería mejor que te quedes en tu casa.
Atentamente
Chuun T’aan Maya de Yucatán
Pd. Te volvemos a mandar la carta anterior que nunca nos contestaste, para que la recuerdes y, así como dice el Dr. Hugo, con mucho gusto te volvemos a explicar lo que no entendiste: http://indignacion.org.mx/otra-vez-se-lo-venimos-a-decir-no-nos-gusta-que-ustedes-decidan-por-nosotros/
Severiana Pat Tun, Tekom. Julio Chimal Noh, Kanxoc. Doroteo Hau Kuuk, Homún. Melecio Bernardo Xiu Uc, Mama. María de la Cruz Torres Chap, Maní. Angélica Padrón Euan, Chablekal. José May Echeverría, Homun. Verónica Rosado Góngora, Izamal. José Anastacio Euan Romero, Chablekal. Bernarda Góngora Mejía, Maní. Graciela Margarita Carvajal Flores, Dzibichaltun. Roger May Cab, Chacsinkin. Emilio Torres Pacheco, Maní. Guadalupe de Jesús Chan Poot, Tabi. Silvia Beatriz Chalé Euan, Chablekal. Artemia Canul Poot, Maní. Moisés Dzul Chuc, Montecristo. José Florentino Chin, Homún. Brenda Leonor Euan Cruz, Chablekal. Tomás Poot Canul, Tekom. Lidia Cruz Vázquez, Chablekal. Nicolás castillo, Maní. Alfredo Serralta Interian, Dzan. Gabriel José Cabrera Pech, Homún. José Ángel Koyoc Ku, Halachó. Verónica Padrón Euan, Chablekal. Humberto Chable Matus, Chacsinkin. Iván Jiménez, Maní. Antonio de Padua Pech Collí, Xanabá. Alberto Velázquez Solís, Jo’. Edgar Cauich Tucuch, Halachó. Pablo Tun Che, San Isidro. Argelia Poot Jimenez, Maní. Alejo Vázquez Cen, Halachó. Elsy Minelia Canche Poot, Mamita. Lilia Cano Chan, Tipikal. Randy Adrean Soberanía Dzul, Chablekal. Roseli Jiménez Balam, Maní. Daniela Cano Chan, Tipikal. Oscar Poot Bacab, Maní. María Concepcióna Coot López, Chablekal. Leticia Canul Castillo, Maní. Andres Chim Sánchez, Chablekal. Francisca Moo, Yokdzonot. Adolfo Pech, Yokdzonot.
*Hace mucho tiempo los chuun-t’annes eran los mayores del pueblo que se reunían para aconsejar en la toma de decisiones. En muchos pueblos entendemos, hasta ahora, que «chun t’aan» significa conjuntar la palabra.
El objetivo de este texto es analizar la expansión que sobre la propiedad social tienen tres de los sectores que dinamizan la acumulación de capital en la Península de Yucatán, a saber: el sector de energías renovables, el desarrollo turístico-inmobiliario y el sector agroindustrial. En particular, nos interesa describir la transformación que sobre la tenencia de la tierra ejidal tiene la expansión de un conjunto de proyectos de desarrollo de dichos sectores, que suponen la explotación intensiva de los recursos naturales (tierra, bosques, agua, viento, semillas) y la privatización y mercantilización de la tierra de uso común de núcleos agrarios. Conocer el patrón espacial y los mecanismos de inserción de dichos sectores resulta relevante en la medida en que permite tener una aproximación precisa de los posibles efectos territoriales que tendría la puesta en marcha del llamado “Tren Maya” y el mega-proyecto de reestructuración del sureste del país que vendría a la par.
El presente documento se divide en dos partes. En la primera describimos la situación actual de la propiedad social en la Península de Yucatán y establecemos las bases jurídicas para comprender la forma de tenencia ejidal. Identificamos además los procesos de privatización activados por el PROCEDE y, más importante aún, por los sucesivos cambios de destino promovidos en un gran número de ejidos tras el paso de este programa. En la segunda parte, realizamos una investigación cartográfica que muestra algunas delas transformaciones experimentadas en las relaciones de propiedad y la tenencia de los ejidos de la Península relativos a los proyectos de energías renovables, el tsunami turístico-inmobiliario y la agroindustria.
Para la elaboración de este documento nos apoyamos en varias fuentes de información y trabajos previos que se irán indicando en cada sección. Los mapas y gráficas se realizaron a partir de las bases de datos e información pública provistos por el Archivo Agrario Nacional (RAN), el INEGI, el SIAP de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y las capas elaboradas por Geocomunes. También se construyeron nuevas bases de datos a partir de información pública solicitada vía Infomex a las mismas entidades de gobierno (RAN y Semarnat). Por otro lado, este documento retoma información y argumentos presentados en otros trabajos citados en la bibliografía. Por su especificidad, detallaremos la metodología utilizada para la elaboración de los mapas de expansión urbana y agroindustrial en los apartados correspondientes.
Contenido
Introducción 2
1.La propiedad social en la Península de Yucatán: procesos de privatización y mercantilización 31.1
1.1.Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
1.2.Situación de la propiedad social en la Península de Yucatán (2018)
1.3.PROCEDEy el parcelamiento de los núcleos agrarios en la Península de Yucatán
1.4.Cambios de destino de tierras uso común postPROCEDE1993-2018
2.Análisis cartográfico de las estrategias de acaparamiento de la propiedad social por sector de capital
2.1.Energías Renovables: contratos de usufructo sobre tierras de uso común
2.1.1. Mecanismos de apropiación de tierras ejidales del sector de energías renovables
2.2.Expansión urbana y turística: cambio a dominio pleno y asentamientos humanos
2.2.1 Expansión de la mancha urbana sobre la propiedad social y privada
2.2.2 Urbanización futura sobre la propiedad social
2.3 Agroindustria: formas diversas de acceso a la propiedad social
2.3.1 Expansión de la frontera agrícola según tipo de cultivo (riego o temporal)
2.3.2 Monocultivos, propiedad social y privada
22.3.3 Granjas avícolas y porcícolas
1.LA PROPIEDAD SOCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN
1.1 Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
De acuerdo con la Ley Agraria de 1992, el ejido típico se conforma por tres tipos de tierras: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Las tierras parceladas son aquellas asignadas a ejidatarios de manera individual o colectiva (grupos de ejidatarios), que cuentan con certificados parcelarios registrados en el RAN. El artículo 80 de la Ley Agraria dispone que los derechos parcelarios se puedan enajenar a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Se trata de tierras dedicadas a la agricultura intensiva, ganadería y otras actividades productivas, así como a la urbanización irregular en particular en aquellos ejidos colindantes a alguna ciudad en expansión. Las tierras parceladas pueden cambiar de régimen de propiedad y pasar a dominio pleno. Este cambio supone la desincorporación de la tierra ejidal y su conversión a propiedad privada y lo realizan los titulares de las parcelas de manera individual en aquellos ejidos donde la asamblea aceptó el cambio a dominio pleno.
Las tierras de uso común son aquellas que no han sido parceladas y a las que tienen derecho todos los ejidatarios. En la Península de Yucatán se trata, en la mayoría de los casos, de tierras no laborables que se utilizan para aprovechamiento o conservación forestal, milpa, cacería, apicultura, yacimientos de materiales para construcción y uso turístico. Las normas de acceso a las tierras de uso común se establecen por decisión de la Asamblea ejidal o comunal. Estas normas pueden ser desde ‘acceso abierto’ a todos los ejidatarios y comuneros del ejidos, o pueden establecer cierto tipo de restricciones a distintos sujetos agrarios.
Las tierras del asentamiento humano están compuestas por los terrenos donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. El fundo legal y el asentamiento urbano son tierras destinadas a usos habitacionales de los ejidatarios y demás vecinos, y fueron asignados o reconocidos con la dotación ejidal cuando los ejidos se crearon. Por su parte, las reservas territoriales son zonas creadas tras el paso de PROCEDE por la Asamblea general de ejidatarios. Es importante señalar que el área de reserva de crecimiento y los asentamientos humanos conforman un área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables en tanto no estén divididos. Sin embargo una vez que estas áreas son divididas y convertidas en solares urbanos asignados individualmente a ejidatarios y avecindados, dichas tierras salen del régimen de propiedad ejidal y pasan al régimen de propiedad privada (Pérez Castañeda, 2003:139).
La política de certificación del RAN permite tres figuras: asentamiento humano delimitado, asentamiento humano sin delimitar y reserva de crecimiento
Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre la suspensión del tramo 1 del Tren Maya en Chiapas – A 23 de junio de 2020
La suspensión de la construcción del Tren Maya se concedió a pobladores de comunidades Ch’ol, que se inconformaron ante la decisión de continuar con la obra, pese a la pandemia.
Tras mes y medio de análisis, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Luciana Anaya, concedió una suspensión definitiva, en lo que resuelve el fondo del asunto, a un grupo de pobladores de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, donde residen comunidades del pueblo maya Ch’ol, quienes se inconformaron por la decisión del gobierno federal de continuar con la construcción del Tren Maya, pese a la emergencia por la pandemia de COVID-19.
La solicitud de amparo contra las obras se hizo el 7 de mayo pasado, cuando la juez Anaya concedió la suspensión provisional a los pobladores de Palenque al considerar que en estos momentos de emergencia se debe dar un “valor preponderante al derecho a la salud” de las comunidades inconformes.
En esa ocasión la Juez determinó que los trabajos que conlleva el Tren Maya “requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas”.
En la suspensión definitiva de amparo la Juez deslindó a la Secretaría de Salud Federal, una de las instancias demandas, pero la concedió contra “los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”.
Con esta suspensión definitiva las autoridades federales están obligadas legalmente a detener las obras, hasta que la juez Anaya resuelva si concede o no el amparo de fondo.
El Gobierno Federal puede impugnar la decisión de la Juez Anaya.
Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este segundo capítulo Mikeas Sánchez integrante de Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE) nos platica sobre lo que se vive en esa hermosa región al norte de Chiapas y los múltiples proyectos que amenazan la vida en territorio Zoque. Este audio fue una participación en el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abacar» en noviembre de 2019.
ZODEVITE lo confirmamos hombres y mujeres mayoritariamente de la zona norte de Chiapas provenientes de Chapulteango, Ixtacomitan, Francisco León, ¨Pichucalgo, Rayón y Tecpatan. Nuestro movimiento como defensor del territorio es joven en apariencia pues comenzamos a reunirnos como movimiento indígena del pueblo creyente en defensa de la vida y el territorio ZODEVITE el 31 de mayo de 2017.
Ante la necesidad de defender nuestro territorio del norte de Chiapas frente a la amenaza de la ronda 2.2 de la extracción de hidrocarburos que el gobierno mexicano pretendía concesionar a empresas privadas extranjeras en una superficie de 84 mil 500 hectáreas desde Ixtapangagoya hasta Tecpatan afectando a mas de 40 ejidos y comunidades. Buena este superficie de 2017 a aumento a mas de 100 mil.
Nunca antes en la historia el pueblo zoque se había manifestado públicamente, pese a que cargamos con nosotros un larga historia de agravios, que van desde la violencia al cuerpo de nuestras abuelas hasta la imposición de una educación agresiva lingüísticamente contra los niños y jóvenes. La lucha de pueblo zoque había sido silenciosa, una resistencia pacifica pero inteligente basada en la conservación de la literatura de tradición oral, la gastronómica, la música y la danza. La medicina tradicional, la vida espiritual y el arte. Cuando el Papa Francisco hace publicado el Laudato si’, la encícicla inspirado en San Francisco de Asís, nos sentimos identificados con ese menaje de paz; porque los pueblos zoques también honramos la creación divina.
El Pueblo zoque tiene esperanza en el Laudato si´porque refleja el mismo pensamiento de respeto a la naturaleza y a la existencia. Zodevite sienta sus bases en el amor, paz y esperanza. El amor a la humanidad, porque desde nuestros territorios defendemos la vida en el planeta. La paz porque luchamos por la vida. Y la esperanza porque confiamos que un día el ser humano alcanzará un alto nivel de conciencia que nos permita nuevamente conectarnos enérgicamente con los ecosistemas.
Los zoques provenimos de la civilización más antigua de mesoámerica: la Olmeca, la cultura madre. Al rededor de 70 mil personas hablamos Ore en el sur de México y nos identificamos «Orejots Oreyomo» hombres y mujeres de palabra, somos un pueblo de Mocayas sembradores de maíz. Queremos seguir honrando la memoria de nuestros ancestros resguardando el territorio que nos han heredado. Sabemos que nuestro enemigo no es pequeño, todo lo contrario es monstruoso y audaz, ambicioso y sin escrúpulos, puede fallar a su palabra y contaminar el pensamiento de otro. Ese enemigo tan espantoso no está afuera de nuestras comunidades sino adentro, lleva mas de 500 años entre nosotros., también ha hechadp sus propias raices.
Por eso es tan importante defender el territorio agrario, como el territorio simbólico que habita en nuestras corazón y nuestro pensamiento. Ese territorio que nos es visible pero que interviene en la toma de nuestras decisiones…
Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020
La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19
La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.
Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.
En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.
Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.
Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.
A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.
Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego
En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.
Foto: Emmanuel Ruiz Rojo
Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.
Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.
Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.
Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).
Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.
Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA
¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?
El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.
Foto: Avispa Midia
Foto: Avispa Midia
Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.
El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.
El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.
En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.
Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.
Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.
Foto: EDUCA
“Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.
Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.
La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.
En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:
Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:
El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.
Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.
Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.
Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:
“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.
Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020
Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.
Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.
La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.
Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.
Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.
Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.
¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales! ¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!
Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de junio de 2020
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO, nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han sido formadas o son asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia, información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del “Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y sus bienes naturales.
Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país, encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar, condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el “progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia, es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de junio de 2020
El martes 9 de junio en su conferencia matutina, el Presidente compartió que hay empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos y, en lugar de pagar sus adeudos, ahora amenazan con demandar al estado mexicano en tribunales internacionales, al mismo tiempo que, un tanto candoroso, envió un exhorto al nuevo embajador de Canadá en México, el Sr. Graeme C. Clark, para que trate de “convencer a las empresas” de su país a pagar lo que deben.
En México la actividad minera es de las que más goza de privilegios y prerrogativas legales y fiscales, las cuales incluso llegan a la gratuidad para el libre saqueo de nuestros bienes naturales, por ejemplo, como sucede con el agua cuando encuentran yacimientos durante las excavaciones, o cero costos por el retiro de la cubierta vegetal con todo el daño al ecosistema que ello significa. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad de acumulación financiera por desposesión, no es la primera vez que las empresas mineras incumplen con lo poco que se les exige en impuestos, pago de licencias y tarifas de concesiones en este país, a cambio de todo el despojo y saqueo que realizan, sobre todo si consideramos que, con “dificultades”, aportan el 1% de los ingresos fiscales del país proviene de este sector. Aunque el Presidente no ha mencionado con nombre y apellido a las empresas mineras canadienses con adeudos fiscales, sabemos que en la auditoria de la federación sobre la cuenta pública de 2015, se encontraron 59 “presuntas evasoras fiscales” en el sector minero, en las que se incluye, por supuesto, tanto empresas privadas de mexicanos como de extranjeros, entre las que sobresalen varias canadienses. No obstante, y a pesar de la poca información proporcionada por el ejecutivo, es probable que, derivado de ese informe, sean esas u otras deudoras, de las más de 161 empresas mineras canadienses que el Servicio Geológico Mexicano identificó operando en el país hasta el 2018.
Llama la atención “la apertura conciliadora” presidencial para que las empresas extranjeras canadienses, utilizando al embajador –y hasta donde sabemos no a través del primer ministro canadiense-, logren cubrir el adeudo correspondiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el procurador fiscal de la federación en México ha sido enfático en la estrategia de endurecimiento de penas por fraude fiscal que van implementando, misma que está dando buenos resultados contra los deudores.
Para REMA, la falta de pericia, cantidad, calidad informativa mostrada por el ejecutivo sobre la temática minera, nuevamente nos deja muchas dudas sobre lo que pretende, porque en términos muy generales hay dos grandes rubros que en la práctica poco o nada tiene que ver uno con el otro, salvo que, en el camino, el gobierno impusiera una nueva tributación y con la cual el sector minero estuviera en discordancia o implicara, por ejemplo, una doble tributación para las empresas. De los dos grandes rubros el primero se refiere a la tributación interna para lo cual no necesita pedirle favores al gobierno canadiense, sino simplemente aplicar la ley y, la segunda, justo es el arbitraje internacional en donde las empresas tienen un gran margen de maniobra para someter a naciones enteras, por los también privilegios y prerrogativas legales, fiscales y laborales, entre otras, que han sido previamente definidas en los tratados comerciales. Ambas tienen repercusiones diametralmente diferentes y tal parece que las cifras mostradas por AMLO son utilizadas más con fines políticos para subsanar o maquillar la realidad financiera actual.
Un ejemplo sobre ese doble racero se muestra a continuación:
Mientras la administración de AMLO celebra los $30 mil millones de pesos (de un total de 50 mil millones), que han logrado recaudar de adeudos fiscales durante el último trimestre gracias al escrutinio público de una lista de empresas, pero sobre todo a la nueva estrategia del procurador fiscal de la federación, en contracorriente, México ya ha pagado $5.4 mil millones de pesos mexicanos a empresas privadas extranjeras en procesos de arbitraje internacional, pero además se tienen pendientes otros once procesos de arbitrajes, en los cuales las empresas están reclamando por lo menos $134 mil millones de pesos. Vale la pena destacar que, de estos, solamente una empresa minera estadounidense, Odyssey Marine Exploration, reclama casi $80 mil millones de pesos, simplemente por no haber logrado un permiso ambiental para poner en operación una mina de fosfatos en la bahía de Ulloa fuera de la costa de Baja California Sur, acto que por supuesto celebramos porque evitará impactos devastadores sobre la pesca y la vida por toda la costa de este estado. No obstante, aunque esta empresa no tenga éxito en su arbitraje o no gane el total de lo que espera, estos procesos de arbitraje internacional se manejan por reglas establecidas para favorecer las inversiones de las empresas. Basta mirar como el año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó a Pakistán pagar $130 milmillones de pesos a dos empresas mineras.
Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE)que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, son las que les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante el sistema de arbitraje supranacional. México fue uno de los primeros países en el mundo en exponerse a esta amenaza con la entrada en vigor del TLCAN (1994), bajo el cual, aún pueden amenazar y demandar al país por millones e incluso miles de millones de pesos cuando las cortes o agencias del gobierno toman decisiones que afectan sus inversiones. México ya es el sexto país más demandado en el mundo, de tal forma que la petición del presidente para que las empresas no vayan a los tribunales internacionales es totalmente superficial.
A escasos 15 días del banderazo de arranque del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –T–MEC–, lo cual no sustituye ni elimina el resto de los demás tratados multilaterales y bilaterales que tiene vigente el país, por supuesto que preocupa y enoja que en todo el discurso “anti-neoliberal” del presidente, no haya condenado este tipo de tratados, ni la apertura a los arbitrajes como parte de la infraestructura básica del sistema neoliberal.
AMLO dice “…ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”. Sin embargo, no está claro si este llamado de conciliación canadiense se refiere a lo que deben pagar las empresas al SAT, para lo cual no necesita más que aplicar la ley, o si se trata de otro tipo de presiones en donde alguna o varias empresas mineras canadienses, las cuales, furiosas por no haber sido consideradas como actividad esencial al inicio de los cierres económicos ante la pandemia del Covid-19, amenazan o desean canjear las pérdidas de los poco más de dos meses de inactividad, por una conmutación negociada sobre el pago de impuestos u otras contribuciones. No olvidemos que las empresas mineras canadienses controlan el 80% de la extracción minera de metales preciosos –uno de ellos, en particular el oro, desde el inicio de la pandemia ha tenido un repunte en el precio de forma muy significativa-. Tampoco sabemos si las presiones del sector minero canadiense, incluyendo la ejercida por los empresarios mineros mexicanos y consentidos de la presidencia, contribuyó a su inclusión en la lista de actividades esenciales a partir del 18 de mayo, lo cual todavía están por verse el tamaño de los efectos relacionados al Covid-19, ante una apertura totalmente precipitada, a pesar de las recientes cuentas alegres del todavía subsecretario de minería, el Sr Quiroga, quien salió en medios a decir que en ninguna empresa minera del país se han presentado brotes.
Al final, es claro que sin o con influyentismo, este gobierno tendrá que enfrentar los estertores el sistema neoliberal, a partir de la fuerza y los intereses de las empresas que siempre han, están y parece seguirán estando por encima del bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que sería más que vergonzoso si la embajada respondiera de forma positiva a esta ambigua conciliación, y no a toda la serie de atrocidades que las empresas canadienses han realizado en el país, incluyendo asesinatos que, como en el caso de nuestro compañero Mariano Abarca, nos llevó a exigir en Canadá una investigación frente al gobierno canadiense, específicamente contra el cuerpo diplomático canadiense en México, por su omisión en los hechos, cuando pudo haber actuado al respecto para evitarlo.
Sr. presidente, no es suficiente salir en las mañaneras a decir verdades en contra de los exsecretarios de medio ambiente por los cobardes actos para la entrega y destrucción de los pueblos, de nuestro patrimonio y de los bienes naturales, menos aun sirve poner como ejemplo la desaparición de Cerro San Pedro en San Luís Potosí, si no hace más que un par de días la secretaria Cordero anunció con bombo y platillos la continuidad de la destrucción en el municipio de Mazapil, Zacatecas, por parte de otra empresa minera estadunidense que recientemente adquirió el proyecto de la minera canadiense Goldcorp. El sector minero le impone agenda al gobierno y los dichos en la mañanera son insuficientes para mostrar que efectivamente se tiene un rumbo diferente. No hay tal, ni se circunscribe a la no entrega de más concesiones, porque con las que se han dado es suficiente para destruir al país y la política actual simplemente se niega a actuar en correspondencia a lo que sucede. Basta citar otro ejemplo; la dolosa actuación del legislativo, quienes, en manos de su operador principal, el Senador Monreal, prefirieron darles continuidad a los improperios ocasionados por el outsourcing, siendo este uno de los mecanismos para la generación de empleo más neoliberales que hay. La pregunta es; ¿le seguirá echando la culpa al pasado, sobre actos que están tanto en sus manos como en el resto de su gobierno para resolverlos?
En REMA no esperamos mucho de la embajada canadiense, dada la larguísima trayectoria de destrucción orquestada desde ese país para toda América latina, a partir de promover leyes, protocolos, estándares y tratados de libre comercio, entre otros aspectos, justamente para facilitar el Modelo Extractivo Minero, lo cual incluye la expansión de las operaciones de sus empresas mineras en todo México y alrededor del mundo, sin importarles absolutamente nada los grandes adeudos, no sólo económicos y fiscales, sino ecológicos, sociales y culturales que ocasionan.
En el contexto de la destrucción permanente ocasionada por la actividad minera, es irrisorio pensar en un protocolo para la atención de la salud relacionada con la pandemia, cuando todos los días del año la extracción minera genera daños multifactoriales, destruye y contamina fuentes de agua, expone a poblaciones enteras al polvo lleno de metales tóxicos, contamina las tierras y territorios para siempre, rompe el tejido social y aumenta la violencia. Todo eso con gel y cubre bocas ni se quita ni se detiene, menos aun entra en los cálculos como adeudos para la autoridad fiscal, porque si lo hicieran, no podrían cubrir toda la deuda ecológica y social acumulada por años de devastación.
ACABAR CON LA MINERÍA ES ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FACILITAN EL EXTRACTIVISMO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
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