Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este segundo capítulo Mikeas Sánchez integrante de Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE) nos platica sobre lo que se vive en esa hermosa región al norte de Chiapas y los múltiples proyectos que amenazan la vida en territorio Zoque. Este audio fue una participación en el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abacar» en noviembre de 2019.
ZODEVITE lo confirmamos hombres y mujeres mayoritariamente de la zona norte de Chiapas provenientes de Chapulteango, Ixtacomitan, Francisco León, ¨Pichucalgo, Rayón y Tecpatan. Nuestro movimiento como defensor del territorio es joven en apariencia pues comenzamos a reunirnos como movimiento indígena del pueblo creyente en defensa de la vida y el territorio ZODEVITE el 31 de mayo de 2017.
Ante la necesidad de defender nuestro territorio del norte de Chiapas frente a la amenaza de la ronda 2.2 de la extracción de hidrocarburos que el gobierno mexicano pretendía concesionar a empresas privadas extranjeras en una superficie de 84 mil 500 hectáreas desde Ixtapangagoya hasta Tecpatan afectando a mas de 40 ejidos y comunidades. Buena este superficie de 2017 a aumento a mas de 100 mil.
Nunca antes en la historia el pueblo zoque se había manifestado públicamente, pese a que cargamos con nosotros un larga historia de agravios, que van desde la violencia al cuerpo de nuestras abuelas hasta la imposición de una educación agresiva lingüísticamente contra los niños y jóvenes. La lucha de pueblo zoque había sido silenciosa, una resistencia pacifica pero inteligente basada en la conservación de la literatura de tradición oral, la gastronómica, la música y la danza. La medicina tradicional, la vida espiritual y el arte. Cuando el Papa Francisco hace publicado el Laudato si’, la encícicla inspirado en San Francisco de Asís, nos sentimos identificados con ese menaje de paz; porque los pueblos zoques también honramos la creación divina.
El Pueblo zoque tiene esperanza en el Laudato si´porque refleja el mismo pensamiento de respeto a la naturaleza y a la existencia. Zodevite sienta sus bases en el amor, paz y esperanza. El amor a la humanidad, porque desde nuestros territorios defendemos la vida en el planeta. La paz porque luchamos por la vida. Y la esperanza porque confiamos que un día el ser humano alcanzará un alto nivel de conciencia que nos permita nuevamente conectarnos enérgicamente con los ecosistemas.
Los zoques provenimos de la civilización más antigua de mesoámerica: la Olmeca, la cultura madre. Al rededor de 70 mil personas hablamos Ore en el sur de México y nos identificamos «Orejots Oreyomo» hombres y mujeres de palabra, somos un pueblo de Mocayas sembradores de maíz. Queremos seguir honrando la memoria de nuestros ancestros resguardando el territorio que nos han heredado. Sabemos que nuestro enemigo no es pequeño, todo lo contrario es monstruoso y audaz, ambicioso y sin escrúpulos, puede fallar a su palabra y contaminar el pensamiento de otro. Ese enemigo tan espantoso no está afuera de nuestras comunidades sino adentro, lleva mas de 500 años entre nosotros., también ha hechadp sus propias raices.
Por eso es tan importante defender el territorio agrario, como el territorio simbólico que habita en nuestras corazón y nuestro pensamiento. Ese territorio que nos es visible pero que interviene en la toma de nuestras decisiones…
Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020
La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19
La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.
Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.
En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.
Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.
Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.
A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.
Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego
En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.
Foto: Emmanuel Ruiz Rojo
Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.
Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.
Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.
Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).
Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.
Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA
¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?
El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.
Foto: Avispa Midia
Foto: Avispa Midia
Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.
El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.
El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.
En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.
Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.
Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.
Foto: EDUCA
“Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.
Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.
La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.
En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:
Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:
El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.
Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.
Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.
Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:
“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.
Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020
Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.
Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.
La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.
Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.
Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.
Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.
¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales! ¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!
Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de junio de 2020
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO, nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han sido formadas o son asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia, información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del “Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y sus bienes naturales.
Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país, encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar, condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el “progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia, es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de junio de 2020
El martes 9 de junio en su conferencia matutina, el Presidente compartió que hay empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos y, en lugar de pagar sus adeudos, ahora amenazan con demandar al estado mexicano en tribunales internacionales, al mismo tiempo que, un tanto candoroso, envió un exhorto al nuevo embajador de Canadá en México, el Sr. Graeme C. Clark, para que trate de “convencer a las empresas” de su país a pagar lo que deben.
En México la actividad minera es de las que más goza de privilegios y prerrogativas legales y fiscales, las cuales incluso llegan a la gratuidad para el libre saqueo de nuestros bienes naturales, por ejemplo, como sucede con el agua cuando encuentran yacimientos durante las excavaciones, o cero costos por el retiro de la cubierta vegetal con todo el daño al ecosistema que ello significa. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad de acumulación financiera por desposesión, no es la primera vez que las empresas mineras incumplen con lo poco que se les exige en impuestos, pago de licencias y tarifas de concesiones en este país, a cambio de todo el despojo y saqueo que realizan, sobre todo si consideramos que, con “dificultades”, aportan el 1% de los ingresos fiscales del país proviene de este sector. Aunque el Presidente no ha mencionado con nombre y apellido a las empresas mineras canadienses con adeudos fiscales, sabemos que en la auditoria de la federación sobre la cuenta pública de 2015, se encontraron 59 “presuntas evasoras fiscales” en el sector minero, en las que se incluye, por supuesto, tanto empresas privadas de mexicanos como de extranjeros, entre las que sobresalen varias canadienses. No obstante, y a pesar de la poca información proporcionada por el ejecutivo, es probable que, derivado de ese informe, sean esas u otras deudoras, de las más de 161 empresas mineras canadienses que el Servicio Geológico Mexicano identificó operando en el país hasta el 2018.
Llama la atención “la apertura conciliadora” presidencial para que las empresas extranjeras canadienses, utilizando al embajador –y hasta donde sabemos no a través del primer ministro canadiense-, logren cubrir el adeudo correspondiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el procurador fiscal de la federación en México ha sido enfático en la estrategia de endurecimiento de penas por fraude fiscal que van implementando, misma que está dando buenos resultados contra los deudores.
Para REMA, la falta de pericia, cantidad, calidad informativa mostrada por el ejecutivo sobre la temática minera, nuevamente nos deja muchas dudas sobre lo que pretende, porque en términos muy generales hay dos grandes rubros que en la práctica poco o nada tiene que ver uno con el otro, salvo que, en el camino, el gobierno impusiera una nueva tributación y con la cual el sector minero estuviera en discordancia o implicara, por ejemplo, una doble tributación para las empresas. De los dos grandes rubros el primero se refiere a la tributación interna para lo cual no necesita pedirle favores al gobierno canadiense, sino simplemente aplicar la ley y, la segunda, justo es el arbitraje internacional en donde las empresas tienen un gran margen de maniobra para someter a naciones enteras, por los también privilegios y prerrogativas legales, fiscales y laborales, entre otras, que han sido previamente definidas en los tratados comerciales. Ambas tienen repercusiones diametralmente diferentes y tal parece que las cifras mostradas por AMLO son utilizadas más con fines políticos para subsanar o maquillar la realidad financiera actual.
Un ejemplo sobre ese doble racero se muestra a continuación:
Mientras la administración de AMLO celebra los $30 mil millones de pesos (de un total de 50 mil millones), que han logrado recaudar de adeudos fiscales durante el último trimestre gracias al escrutinio público de una lista de empresas, pero sobre todo a la nueva estrategia del procurador fiscal de la federación, en contracorriente, México ya ha pagado $5.4 mil millones de pesos mexicanos a empresas privadas extranjeras en procesos de arbitraje internacional, pero además se tienen pendientes otros once procesos de arbitrajes, en los cuales las empresas están reclamando por lo menos $134 mil millones de pesos. Vale la pena destacar que, de estos, solamente una empresa minera estadounidense, Odyssey Marine Exploration, reclama casi $80 mil millones de pesos, simplemente por no haber logrado un permiso ambiental para poner en operación una mina de fosfatos en la bahía de Ulloa fuera de la costa de Baja California Sur, acto que por supuesto celebramos porque evitará impactos devastadores sobre la pesca y la vida por toda la costa de este estado. No obstante, aunque esta empresa no tenga éxito en su arbitraje o no gane el total de lo que espera, estos procesos de arbitraje internacional se manejan por reglas establecidas para favorecer las inversiones de las empresas. Basta mirar como el año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó a Pakistán pagar $130 milmillones de pesos a dos empresas mineras.
Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE)que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, son las que les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante el sistema de arbitraje supranacional. México fue uno de los primeros países en el mundo en exponerse a esta amenaza con la entrada en vigor del TLCAN (1994), bajo el cual, aún pueden amenazar y demandar al país por millones e incluso miles de millones de pesos cuando las cortes o agencias del gobierno toman decisiones que afectan sus inversiones. México ya es el sexto país más demandado en el mundo, de tal forma que la petición del presidente para que las empresas no vayan a los tribunales internacionales es totalmente superficial.
A escasos 15 días del banderazo de arranque del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –T–MEC–, lo cual no sustituye ni elimina el resto de los demás tratados multilaterales y bilaterales que tiene vigente el país, por supuesto que preocupa y enoja que en todo el discurso “anti-neoliberal” del presidente, no haya condenado este tipo de tratados, ni la apertura a los arbitrajes como parte de la infraestructura básica del sistema neoliberal.
AMLO dice “…ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”. Sin embargo, no está claro si este llamado de conciliación canadiense se refiere a lo que deben pagar las empresas al SAT, para lo cual no necesita más que aplicar la ley, o si se trata de otro tipo de presiones en donde alguna o varias empresas mineras canadienses, las cuales, furiosas por no haber sido consideradas como actividad esencial al inicio de los cierres económicos ante la pandemia del Covid-19, amenazan o desean canjear las pérdidas de los poco más de dos meses de inactividad, por una conmutación negociada sobre el pago de impuestos u otras contribuciones. No olvidemos que las empresas mineras canadienses controlan el 80% de la extracción minera de metales preciosos –uno de ellos, en particular el oro, desde el inicio de la pandemia ha tenido un repunte en el precio de forma muy significativa-. Tampoco sabemos si las presiones del sector minero canadiense, incluyendo la ejercida por los empresarios mineros mexicanos y consentidos de la presidencia, contribuyó a su inclusión en la lista de actividades esenciales a partir del 18 de mayo, lo cual todavía están por verse el tamaño de los efectos relacionados al Covid-19, ante una apertura totalmente precipitada, a pesar de las recientes cuentas alegres del todavía subsecretario de minería, el Sr Quiroga, quien salió en medios a decir que en ninguna empresa minera del país se han presentado brotes.
Al final, es claro que sin o con influyentismo, este gobierno tendrá que enfrentar los estertores el sistema neoliberal, a partir de la fuerza y los intereses de las empresas que siempre han, están y parece seguirán estando por encima del bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que sería más que vergonzoso si la embajada respondiera de forma positiva a esta ambigua conciliación, y no a toda la serie de atrocidades que las empresas canadienses han realizado en el país, incluyendo asesinatos que, como en el caso de nuestro compañero Mariano Abarca, nos llevó a exigir en Canadá una investigación frente al gobierno canadiense, específicamente contra el cuerpo diplomático canadiense en México, por su omisión en los hechos, cuando pudo haber actuado al respecto para evitarlo.
Sr. presidente, no es suficiente salir en las mañaneras a decir verdades en contra de los exsecretarios de medio ambiente por los cobardes actos para la entrega y destrucción de los pueblos, de nuestro patrimonio y de los bienes naturales, menos aun sirve poner como ejemplo la desaparición de Cerro San Pedro en San Luís Potosí, si no hace más que un par de días la secretaria Cordero anunció con bombo y platillos la continuidad de la destrucción en el municipio de Mazapil, Zacatecas, por parte de otra empresa minera estadunidense que recientemente adquirió el proyecto de la minera canadiense Goldcorp. El sector minero le impone agenda al gobierno y los dichos en la mañanera son insuficientes para mostrar que efectivamente se tiene un rumbo diferente. No hay tal, ni se circunscribe a la no entrega de más concesiones, porque con las que se han dado es suficiente para destruir al país y la política actual simplemente se niega a actuar en correspondencia a lo que sucede. Basta citar otro ejemplo; la dolosa actuación del legislativo, quienes, en manos de su operador principal, el Senador Monreal, prefirieron darles continuidad a los improperios ocasionados por el outsourcing, siendo este uno de los mecanismos para la generación de empleo más neoliberales que hay. La pregunta es; ¿le seguirá echando la culpa al pasado, sobre actos que están tanto en sus manos como en el resto de su gobierno para resolverlos?
En REMA no esperamos mucho de la embajada canadiense, dada la larguísima trayectoria de destrucción orquestada desde ese país para toda América latina, a partir de promover leyes, protocolos, estándares y tratados de libre comercio, entre otros aspectos, justamente para facilitar el Modelo Extractivo Minero, lo cual incluye la expansión de las operaciones de sus empresas mineras en todo México y alrededor del mundo, sin importarles absolutamente nada los grandes adeudos, no sólo económicos y fiscales, sino ecológicos, sociales y culturales que ocasionan.
En el contexto de la destrucción permanente ocasionada por la actividad minera, es irrisorio pensar en un protocolo para la atención de la salud relacionada con la pandemia, cuando todos los días del año la extracción minera genera daños multifactoriales, destruye y contamina fuentes de agua, expone a poblaciones enteras al polvo lleno de metales tóxicos, contamina las tierras y territorios para siempre, rompe el tejido social y aumenta la violencia. Todo eso con gel y cubre bocas ni se quita ni se detiene, menos aun entra en los cálculos como adeudos para la autoridad fiscal, porque si lo hicieran, no podrían cubrir toda la deuda ecológica y social acumulada por años de devastación.
ACABAR CON LA MINERÍA ES ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FACILITAN EL EXTRACTIVISMO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen:Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – 20 de junio de 2020
Hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, con mucha felicidad recordamos el día en el que, de forma organizada y decidida, empezaron su lucha por la defensa de la vida y el territorio que estaba seriamente amenazados por la actividad minería. Todavía tenemos frescos los recuerdos y las palabras cuando resolvieron integrarse a REMA, para juntos, reforzar y reforzarnos en la lucha comunitaria.
Así fue que como caminamos el río que estaba siendo contaminado por la empresa minera, ahí se impulsaron pláticas en muchos pueblos para compartir y decidir como enfrentar esta terrible problemática minera que nos aqueja tanto en México, ahí mismo fue que juntos lloramos, reímos y cantamos cada tropiezo y cada triunfo logrado sobre los gobiernos corruptos y la empresa minera.
Hoy nos da un enorme gusto que, a 5 años de su ardua lucha, ese mismo río que en el 2015 encontramos contaminado, hoy se encuentre en plena recuperación gracias a que han impedido que el proyecto minero avance. Sus hijas e hijos y ustedes han regresado a nadar y pescar, sus núcleos agrarios y el municipio han declarado a su territorio libre de minería, su bosque sigue dando sombra y cobijo a las aves que todos los días los reciben con sus cantos.
Que mejor imagen de su lucha, que esta en donde le ofrendan al rio y le muestran su gratitud por la vida que les proporciona.
Hermanas y hermanos del soconusco, en REMA estamos orgullosos de su lucha, su persistencia, su fraternidad y su compromiso con la vida.
Muchas Felicidades por estos primeros 5 años de lucha contra la minería
El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” desde el 2015 defienden de manera colectiva y organizada las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. Este mes cumplen 5 años en su digna lucha, forman parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. A lo largo de su lucha han denunciado varias veces el daño a la salud y ambientan ocasionado por la explotación de la ilmenita y titanio. Lograron que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina Cristina en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.
En su 5to aniversario, las y los felicitamos, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y ríos de la voracidad minera pero sobre todo por defender la vida. Este vídeo cuenta un poco sobre su historia, además de ser un reconocimiento.
¡Felicidades al Frente Popular enDefensa del Soconusco!
Les compartimos esta publicación sobre el proyecto del Tren Maya y algunos de los muchos impactos que tendrá a nivel económico, social y ambiental – 7 de junio de 2020
Cuaderno 1 Km.0: desigualdad, despojos y violencias. Contexto social y territorial, antecedentes y escenarios en la Zona Selva-Norte y Palenque, Chiapas
El Cuaderno 1, Km.0: desigualdad, despojos y violencia, expone el contexto social actual en la región Norte de Chiapas, en el municipio de Palenque, y en la colonia Pakal Na, que sería el principio del Tren Maya y dónde se construiría la primera estación y nuevo centro urbano. La situación actual en cuanto a servicios públicos, derechos fundamentales, inseguridad y violencia, genera interrogantes relativas a la viabilidad y pertinencia del proyecto turístico y de infraestructura.
Asimismo, antecedentes recientes relativos a proyectos de infraestructura, turismo y urbanización dirigida en Chiapas muestran la presencia de contradicciones insoslayables que podrían volver a estallar de avanzar con la construcción del Tren Maya.
Dicha discusión se articula a partir de evidencias de obras o proyectos que, en tiempos anteriores, se han impulsado o llevado a cabo en la misma región o en el estado con objetivos análogos a los que propone el Tren Maya (Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul, Ciudades Rurales Sustentables y autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque), que, en todos los casos, han sido la causa de graves conflictos sociales. La descripción de estas evidencias permite señalar tendencias y probables escenarios sociales, entre los que se destaca el incremento de la violencia y la conflictividad ligada a megaproyectos, en particular por el despojo de tierras y la transformación obligada de modos y medios de vida.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la defensa de la vida en la mixteca oaxaqueña y la reciente acción del gobierno actual de solicitar apoyo en las mineras canadiensesen el país – 8 de junio de 2020
Desconocen cualquier acuerdo realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI
Pedro Matias
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García.
Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo que haya efectuado personas ajenas a la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán que se autonombre representante de los comuneros, siendo el caso específico de la familia Morales Arias quienes son asesorados por el señor Marco Antonio Hernández Cuevas, quien fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente se desempeña como Coordinador General de Atención Regional del Estado de Oaxaca”.
Insistieron inclinarse por la defensa del territorio indígena oponiéndose a que empresas mineras exploten los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos, al tiempo que se pronunciaron por el respeto a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Luego de reafirmar el compromiso con su comunidad de respetar nuestros sistemas normativos internos, hicieron “un llamado a la unidad a todos los ciudadanos originarios de esta población de Santo Domingo Ixcatlán, tanto a los vecinos radicados en diferentes ciudades de nuestro país y del extranjero a la unidad de los ixcatecos para fortalecer la filosofía de nuestro pueblo originario”.
Adelantaron que se informará a las autoridades municipales y agrarias de Chalcatongo de Hidalgo y sus Agencias, con lo que mantienen un añejo conflicto agrario, que actualmente no existe Comisariado de Bienes Comunales en Santo Domingo Ixcatlán, en virtud que el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, anuló el ilegal nombramiento de Alma Morales Arias, por lo que todo acuerdo carece de validez.En el pronunciamiento hacen una relatoría del conflicto y de cómo la familia de Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias de Santo Domingo Ixcatlán para llegar acuerdos ilegales y presuntos acuerdos como empresas mineras.
Recordaron que durante 170 años, el territorio de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, estuvo en conflicto el cual el 3 de agosto de 1998, el Tribunal Unitario Agrario en Huajuapam de León Oaxaca, en el expediente agrario número 3/1995, reconoce a favor de Santo Domingo Ixcatlán 1,356 hectáreas, juicio agrario que fue promovido por comuneros y personas originarias de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos los señores Juan Santiago García y Zenaido García Bernabé, quienes actualmente forman parte del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán.
Este domingo siete de junio del dos mil veinte, en la explanada de la cancha municipal, de Santo Domingo Ixcatlán se celebró una asamblea general donde se analizó la situación actual que guarda su municipio y los diferentes problemas que durante 15 años ha generado la familia Morales Arias.
Señalaron que en el 2005, el entonces Presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias y asumió junto a su grupo la solución del conflicto agrario por la vía violenta, argumentando, en declaraciones documentadas, que contaba con la protección del gobernador Ulises Ruíz Ortiz y del PRI como consta en la averiguación previa 130/2008.
Durante el 2005-2007 Freddy Eucario Morales Arias fungió como presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, periodo en el que dividió al pueblo imponiéndose por medio de la fuerza y violencia.
Durante el conflicto social en el año 2006, Freddy Eucario y su grupo paramilitar formó parte de los escuadrones de la muerte, que asesinaban a las personas opositoras a Ulises Ruiz Ortiz.
Durante el año 2007 creó el paraje “Los Reyes” lugar de entrenamiento y preparación de los integrantes del grupo paramilitar que comandaba y que cuenta con la protección de los elementos de la Policía Preventiva del Estado.
Luego de varios asesinatos, emboscadas, quema de casas y maquinaria pesada, llegó el 30
de abril del 2008 donde fueron asesinados en el centro de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca el secretario de bienes comunales Melesio Martínez Robles y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, el primero fue descarnado sádicamente de la cintura para abajo, el segundo quemado vivo en el interior de su automóvil y el tercero de un balazo, por estos hechos se inició el Expediente Penal 24/2008 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en contra de Freddy Eucario Morales Arias y otras 15 personas.
Por esos hechos suscitados el 30 de abril del 2008, el 19 de mayo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares a favor familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé. El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a 177 personas.
Y 7 de agosto del 2008, por los hechos ocurridos el 30 de abril del 2008, el Congreso del Estado aprobó la suspensión de Poderes Municipales de Santo Domingo Ixcatlán y el Eucario Morales Aguilar fue detenido por homicidio calificado, sin embargo, su familia mantuvo el control de la comunidad y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Compartimos esta nota publicada en el diario El Popular de Puebla sobre la voracidad de la minería canadiense en México – A 2 de junio de 2020
Por EFE. Un informe de ONG denuncian casos de represión en comunidades en contra de proyectos mineros.
Un informe dado a conocer este martes acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y Gobiernos.
El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales.
Según declaró a Efe Kirsten Francescone, una de las autoras del informe y responsable de Latinoamérica en la ONG MiningWatch Canada, se estima que unas 4.000 personas que trabajan en cerca de un centenar de explotaciones mineras, y 300 residentes de comunidades cercanas, han contraído COVID-19.
De esta cifra, alrededor de una decena de mineros y cuatro residentes han muerto a consecuencia de la enfermedad.
Pero Francescone alertó que «estas cifras son las constatadas a través de los medios de comunicación pero nos tememos que las cifras reales son mucho más elevadas».
Francescone destacó el caso de Cobre Panamá, en Panamá, «donde han muerto 5 trabajadores y donde 150 trabajadores han dado positivo a COVID-19».
«Esa empresa, cuando empezaron a salir las noticias de que había trabajadores infectados, mantuvo sus operaciones funcionando con normalidad. Sólo tras la muerte del primer trabajador, el Ministerio de Salud ordenó el cese de sus operaciones y la cuarentena de 900 trabajadores», afirmó Francescone.
Cobre Panamá no es el único caso de explotaciones mineras con brotes epidémicos masivos, según el informe. Esto también se ha producido en las minas Olimpiada (Rusia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú).
El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones.
El informe, en el que han participado las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies-Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want y Yes to Life No to Mining, cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador.
Por ejemplo en Filipinas, en abril «manifestantes que protestaban contra la mina Oceana Gold de la empresa Didipio fueron violentamente expulsados por las fuerzas policiales«.
«Defensores también están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México, de acuerdo con fuentes locales», señalan los grupos que han elaborado el informe.
El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia «como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental«.
«Están continuando sus actividades a pesar de los riesgos a los trabajadores y las comunidades, mientras avanzan proyectos rechazados contra los deseos de los pueblos afectados y presionando para que se produzcan cambios en las regulaciones que mejoren sus beneficios en el largo plazo», concluye el informe.
Imagen: Foto:EFE I En México se han registrado asesinatos de activistas
Les compartimos esta petición sobre el Tren Maya lanzada por la Organización civil Salva La Selva– Junio 2020
La idea del presidente mexicano López Obrador es construir un Tren Maya que lleve masas de turistas de sol y playa desde Cancún y la Riviera Maya hasta las ruinas de Palenque y otros centros arqueológicos.
El tren recorrería 1.500 kms por cinco estados de México y atravesaría parajes mexicanos de la Selva Maya, parte del mayor continuo de bosque tropical húmedo de Mesoamérica cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental.
Cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental. El tren amenaza ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos. Estas especies necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse lo que se dificultará al dividir su hábitat en dos partes. No basta construir túneles o puentes para el paso de las especies animales o decir que se utilizarán los derechos de vía ya existentes para preservar la selva.
La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas. Con graves repercusiones negativas.
Comunidades rechazan cualquier cambio de uso del suelo o licencia para el proyecto sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el tren. El Tren Maya “no tiene nada de Maya, ni beneficia a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte, de restaurantes son los únicos beneficiarios”.
Firma la petición al presidente mexicano AMLO pidiendo que evite el paso del Tren Maya por Reservas de Biosfera y territorios indígenas.
Carta al Presidente de la Republica
Para: Presidente de México Andrés Manuel López Obrador
Estimado Sr. Presidente López Obrador:
Los países que mejor conserven su patrimonio cultural y natural serán mañana destinos más atractivos para el turismo mundial. El impulso de proyectos turísticos de capital extranjero como el Tren Maya, sumados a los monocultivos de palma africana y de soja , ganadería, tala y tráfico ilegal de especies amenazan reservas ecológicas de valor ambiental y cultural estratégico, así como a las comunidades indígenas mayas y campesinas.
La obra del Tren Maya supone un impacto ambiental demasiado elevado, que pone en peligro el ecosistema y la biodiversidad de la selva maya. Una reserva ecológica tan importante y las pirámides de la zona maya deben preservarse a toda costa.
A mayores, un proyecto de esta magnitud supone la expropiación de tierras y la adquisición de derechos de vía que necesariamente afectarán también a comunidades de toda la península. Las comunidades locales e indígenas deberían haber recibido por adelantado y con tiempo suficiente información completa y verídica referente al tren, lo cual no ha sucedido.
Las comunidades no se oponen -según sus propias palabras- al progreso, sino a la certeza de que el megaproyecto no les dejará beneficios ni desarrollo regional.
El trazado del Tren Maya debería revisarse y evitar su paso por las Reservas de la Biosfera y en todo caso consultar previamente y de manera informada y apropiada cualquier uso de territorios indígenas, como marca la ley y el Convenio 169 de la OIT. También debe realizarse un estudio exhaustivo de impacto ambiental, desconocido hasta la fecha.
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el Tren Maya – A 8 de junio de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que ha operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.
En una “nota aclaratoria” publicada hoy, Fonatur menciona que para los primeros tres tramos consiguió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención para realizar la MIA, bajo el argumento de que se trata de un “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento” de la vía de tren actual.
Y añadió que, como esta vía fue construida antes de 1988, no está sujeta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.
En otras palabras: para evitar la revisión ambiental, el Fonatur equiparó la construcción del Tren Maya a un simple mantenimiento de la vía existente, “a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad”, pese a que el megaproyecto plantea duplicar las vías, aumentar significativamente el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de las líneas.
Sobre el cuarto tramo, otorgado de manera directa a la empresa ICA, el Fonatur argumenta que se trata de un “mantenimiento carretero”, contemplado “dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa ‘Consorcio del Mayab’, S.A. de C.V.’”; esta obra –que unirá Izamal a Cancún– plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles, una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como “mantenimiento” de carretera.
El Fonatur emitió su “nota aclaratoria” con la intención de “combatir la desinformación” que, según la dependencia, salió en la columna de trascendidos Templo Mayor publicada ayer en el diario Reforma; en ella se planteó que la Semarnat había emitido una exención que permitió el arranque de las obras del Tren Maya sin que se hiciera una evaluación de impacto ambiental, lo que, según el contenido de la misma nota aclaratoria, resultó exacto.
Desde un principio, el Fonatur se negó a realizar una MIA para el proyecto integral del Tren Maya, y prefirió fragmentarlo en los siete tramos; en varias ocasiones, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director de la dependencia, declaró que no sería necesario un estudio de impacto ambiental, dado que el Tren Maya seguiría los derechos de vía de la antigua vía de ferrocarril y la concesión carretera de ICA. Aparte, el político ha reiterado que la prioridad del Tren Maya se enfoca en sus beneficios sociales, que “compensan el impacto ambiental”.
A pregunta expresa de Proceso, en marzo pasado, Jiménez Pons reconoció que el Fonatur no cuenta con la MIA para los “polos de desarrollo” –las ciudades nuevas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya–, pues señaló que aún estaban en “proceso de socialización con los socios, que son las comunidades”.
“Es importante señalar que las obras y actividades iniciadas (…) están previstas y expresamente señaladas en la asignación ferroviaria y en el título de concesión carretera, respectivamente”, aseguró el Fonatur, y subrayó: “Actualmente se realizan los estudios ambientales para todas aquellas obras que, por temas de diseño y operación segura, se encuentran fuera de los actuales derechos de vía ferroviarios y carreteros”.
Quedan tres tramos que el Fonatur aún no ha adjudicado formalmente: el número 5, correspondiente al tramo de Cancún a Tulum, y 6 y 7, que serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y unirán a Tulum y Escárcega, pasando por Calakmul, con 270 kilómetros de vía nueva en medio de la selva.
La negativa del gobierno federal para evaluar los posibles impactos negativos del Tren Maya sobre el medio ambiente es uno de los motivos que un grupo de 159 organizaciones de la sociedad civil y 85 personalidades destacó el pasado martes 2 en un documento de rechazo al megaproyecto.
