Compartimos este comunicado de la Educa Oaxaca sobre el más reciente asesinato de otro defensor del Río Verde en Paso de la Reyna Oaxaca – A 29 de marzo de 2021
En la tarde del domingo 28 de marzo, en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde, actualmente del comité de la asociación ganadera local, se sabe también militante activo de MORENA.
Con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reyna, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes. Cabe señalar que a raíz de la crisis institucional que vive Oaxaca, a casi 24 horas del asesinato, las autoridades locales siguen esperando la llegada de la Policía Estatal para brindar medidas de seguridad.
Cabe recordar que el crimen contra Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, cometido el 23 de enero de 2021 en la comunidad vecina de La Esperanza, sigue en total impunidad, pese a las amenazas de muerte contra Fidel Heras Cruz de parte de la familia caciquil que denunció la comunidad. Hasta hoy día, la comunidad Paso de la Reyna no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de autoridades estatales o federales. Recordar también que en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, esto en el Barrio Chico de Paso de la Reyna.
Paso de la Reyna, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de cinco de sus ciudadanos en este año. Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana.
Es preocupante la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el estado, entre cambio del titular de la fiscalía, el paro de la policía estatal y la dilatación de la actuación de los funcionarios federales y estatales no hay condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos, más aún cuando está en pleno desarrollo el proceso electoral.
Pese a reuniones con instancias de seguridad y derechos humanos, no se han tenido avances ni en las investigaciones del asesinato de Fidel Heras Cruz, ni en las medidas de seguridad para la comunidad. Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reyna, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.
Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C.
Compartimos comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDERaproposito del Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021
14 de marzo, 2021, “Celebremos los Derechos de los Ríos”
Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia
Alertamos la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos
Demandamos una transición energética que incluya a los pueblos con alternativas de agua y energía sostenibles, justas y solidarias
Exigimos justicia para los Defensores de los Ríos Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez
Exhortamos al Congreso de la Unión la aprobación de la #NuevaLeyGeneralDeAguasYA, que incluya los 12 Consensos Ciudadanos por el Agua
Desde el 14 de marzo de 1997, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), hemos levantado nuestras voces en el Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida. Llevamos un camino de más de 17 años siendo guardianes de los ríos, exigiendo al Estado y a las empresas respetar nuestros derechos y decisiones sobre los territorios que habitamos. Cientos de casos en México y en diferentes partes del mundo donde se construyeron presas nos dieron las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales causados por estos proyectos: asesinato de defensores y defensoras de los ríos, despojo de tierras, desplazamientos forzosos, generación de conflictos comunitarios, afectación del caudal ecológico de los ríos y de la región hidrológica de las cuencas, entre otros.
Hemos documentado la historia de engaños de los promoventes de estas obras privadas y públicas: simulación de consultas en comunidades indígenas, promesas de empleos y progreso, pago de tierras que no llega, falta de servicios y de trabajo en los “nuevos centros de población”, reasentamientos mal construidos en donde a los pocos años la población prefiere emigrar, población sin acceso al agua, contaminación y deforestación. Jóvenes, ancianos y ancianas son particularmente vulnerados por las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.
La criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Este año sin haber transcurrido 3 meses, fueron asesinados dos de nuestros compañeros del MAPDER, Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Hacemos responsables a los tres órdenes de gobierno de su asesinato y exigimos justicia por ellos y por todos aquellos que en todos estos años de lucha han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados por defender el derecho al agua y a la vida.
Desde el Mapder celebramos que gracias a la incansable lucha de cientos de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes junto con colectivos, organizaciones sociales y académicas se ha logrado evitar la imposición de grandes proyectos de presas en los últimos 20 años. Sin embargo, persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por los siguientes proyectos que aún no ha sido cancelados:
Sistema Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa El Purgatorio, en Jalisco, promovida por las empresas españolas FCC y Abengoa y las mexicanas Hermes y La Peninsular, que pretende represar el Río Verde para beneficiar a la industria automotriz e inmobiliaria de Jalisco y Guanajuato.
Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras grandes empresas.
16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
Presa Hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
Presa Hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit.
Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.
Además, existen actualmente, al nivel nacional, 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación.
Tenemos la certeza de que nuestra lucha no sólo es para exigir la cancelación de esos proyectos de muerte, sino por construir en nuestro territorio formas de vida en armonía con la naturaleza y ejerciendo plenamente nuestros derechos.
Con la reciente aprobación a la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el debate público sobre la soberanía energética se ha profundizado. Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia. El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos.
Nos parece pertinente levantar nuestra voz para hacer saber nuestra lucha y demandas, la transición energética debe incluir a los pueblos, donde sean visualizadas, así como apoyadas alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.
Consideramos que el debate debería centrarse en identificar cómo disminuir el gasto energético insostenible y absurdo que vivimos actualmente y no sólo si se debe dar prioridad a las energías renovables o a los combustibles fósiles. Sabemos los grandes intereses de las grandes empresas privadas transnacionales que están haciendo gran negocio con sus proyectos de energías renovables de gran escala, mal llamadas limpias, pues también conllevan destrucción y daños ecológicos. Los combustibles fósiles se van a agotar y desde luego urge disminuir su uso y avanzar en la transición energética, pero no para mantener y menos aumentar el gasto absurdo de energía que el actual modelo económico capitalista impone. Nuestra preocupación y acción debe estar orientada a disminuir la producción y consumismo acelerado y brutal que se nos ha vendido como progreso.
El consumo y el acceso a energía siguen siendo bastante injustos y basado en fomentar intereses privados. Una investigación del colectivo GeoComunes presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera, dos actividades que juntas representan en 8% del consumo total de electricidad en 2018, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México. Nos preguntamos, ¿cuál es la supuesta utilidad pública de esos proyectos energéticos si terminan en buena medida abasteciendo actividades que también amenazan nuestros territorios y nuestras vidas como es el caso de la minería?. En muchos de los estados, en los cuales luchamos desde el MAPDER, no solo nos enfrentamos a proyectos de presas sino también a proyectos mineros, industriales o agroindustriales que son parte del mismo modelo extractivo mantenido a flote por el despojo de los pueblos y la generación de energía.
Sobran los ejemplos que nos ilustran que los proyectos energéticos no están promovidos para abastecer en primer lugar de energía a los pueblos. Según la investigación de GeoComunes, y el censo del INEGI, en 2020 existían casi 269 mil viviendas habitadas sin acceso a la electricidad en México. En Nayarit, a pesar de la instalación de 3 de las hidroeléctricas dentro de las más grande del país (Aguamilpa, La Yesca y El Cajón), que han desplazado grandes cantidades de familias, los municipios del La Yesca y del Nayar contaban en 2020 todavía respectivamente con el 12% y el 30% de las viviendas sin acceso a la electricidad.El estado de Chiapas que concentra el 41% de la capacidad operada de las hidroeléctricas a nivel nacional, es la tercera entidad con mayor número de viviendas sin acceso a la electricidad con el 9% del total a nivel nacional. Los 2 otros estados que superan a Chiapas en términos de vivienda sin acceso a la electricidad son Oaxaca y Veracruz (12% y 9.4% del total), donde también se encuentran una gran cantidad de centrales eléctricas como hidroeléctricas o parques eólicos.
Es urgente sacar la discusión sobre el agua y la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas para debatir colectivamente el agua y la energía para y desde los pueblos.
Respaldamos la Inicitiva Ciudadana de Ley General de Aguas y exigimos al Congreso de la Unión su inmediata aprobación, respetando en todo momento los 12 Consensos por el agua de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.
Abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del Movimiento Anti-Represas de Brasil (MAB), por sus 30 años de valiente lucha en defensa de los ríos y contra las presas. Celebramos con ustedes sus victorias y alzamos nuestras voces por ¡Agua para la vida, no para la muerte!, muchas felicidades.
14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida
Compartimos este pronunciamiento del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER sobre la solidaridad de defensoras y defensores ante el asesinato del compañero Fidel Heras – A 23 de febrero de 2021
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
No obstante, nuestro compañero Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos en su camioneta el 23 de enero a la altura de la entrada de la comunidad de La Esperanza del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, se le arrebató la vida de una forma cruel y cobarde. Al verse afectados intereses políticos, caciquiles y económicos, por quienes ostentan el poder y por quienes, en vez de velar por los derechos y la vida de los pueblos, velan por sus propios intereses en complicidad de grupos criminales, sin importar que tengan que matar y dejar a una familia destrozada y desprotegidos niños/as huérfanos/as sin el amor y el cuidado de su padre.
Cabe recordar que Fidel recibió varias amenazas cuando fue agente de policía por defender los derechos de su comunidad, de manera directa recibió amenazas, cuando gestionaba la contribución municipal que le corresponde a su comunidad, esto ocurrió en el mes de agosto del 2012.
Fidel Heras Cruz era una persona comprometida en velar por los derechos de su comunidad, se ganó el aprecio, respeto y admiración de sus amigos/as, compañeros/as del COPUDEVER y su comunidad por defender el Río Verde amenazado por proyectos hidroeléctricos y extracción de material pétreo (grava y arena).
A Fidel Heras Cruz, por su honestidad y confianza se le asignaron varios cargos de autoridad, ocupo el cargo de agente de policía, integrante del comité local del Copudever y hasta la fecha de su muerte se desempeñaba como Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales.
A un mes del asesinato del compañero Fidel Heras Cruz, no se han detenido a los autores del crimen. Ante tales hechos de violencia solicitamos lo siguiente:
Que la Fiscalía del estado se apresure en la investigación del asesinato de nuestro compañero defensor y se castigue a los autores intelectuales del crimen.
Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca-DDHPO emita recomendaciones, pronunciamientos públicos y denuncias sobre la reparación de daños para la comunidad de Paso de la Reyna por la extracción de material pétreo en el Río Verde ante las autoridades respectivas.
Exigimos justicia para Fidel Heras Cruz, no podemos permitir que se sigan asesinando a más defensores y defensoras comunitarias, el asesinato de nuestro compañero no puede quedar impune, en estadísticas o en un archivo.
Nos solidarizamos con luchas de hermanas y hermanos de otros lugares del país, del continente, del mundo, por todas las defensoras y defensores asesinados y criminalizados.
Cuenca del Río Verde, Oaxaca, 23 de febrero de 2021.
Defensoras y Defensores Comunitarios del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021
Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.
Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.
Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.
Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021
Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.
El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.
Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.
Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.
COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».
En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:
El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.
Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/
Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.
Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.
«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.
Compartimos esta nota de Avispa Midia a 2 años de la tragedia de Brumadinho – A 2 de febrero de 2021
Vale SA es una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo, con operaciones en más de 30 países. El año 2019 volvió a marcar su historial de las afectaciones ambientales que ha provocado en Brasil. La presa que contenía sus desechos tóxicos se fracturo y provocó un derrame de millones de m3 de sus desechos mineros en Brumadinho, un municipio del estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil. Estos lodos tóxicos inundaron pueblos enteros y plantaciones, dejando un saldo de 270 muertos. Fue uno de los peores desastres ambientales del país.
El 25 de enero de 2019 era un viernes de trabajo como cualquier otro en la Mina Córrego do Feijão, donde la empresa minera Vale explota fierro, en el municipio de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais. Aproximadamente a las 12h30, la represa en la cual la empresa almacena los desechos de su proceso minero se rompió. Un mar de lodo empezó a correr a gran velocidad sobre las instalaciones de la minera, un hotel, casas, cultivos, áreas de bosques y el restaurante del personal de la mina, que estaba lleno. La mayoría de la gente se quedó soterrada.
Las alarmas de seguridad no sonaron, hubo poco tiempo para que la gente huyera. Alrededor de 13 millones de metros cúbicos de desechos escurrieron de la represa, matando a 270 personas y contaminando el trayecto de la cuenca del Río Paraopeba, que irriga por lo menos 48 municipios a lo largo de 300 kilómetros, esta agua era utilizada para abastecimiento humano y para uso agropecuario.
Fue uno de los mayores desastres ambientales en este país. Algunos días después del desastre, los órganos de salud estatales lanzaron una alerta para que la población no utilizara el agua en ninguna situación. “El rompimiento de la presa de Brumadinho ofrece riesgos inmediatos y futuros a la salud de quien tenga contacto con los desechos provenientes de la presa”, sostuvo la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais.
Desastre en Mariana
Tres años antes del desastre en Brumadinho, la minera Vale había protagonizado otro desastre en el mismo Estado brasileño, Minas Gerais. Otra presa de desechos mineros explotó. En aquella ocasión había sido en la ciudad de Mariana. Las comunidades de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo quedaron bajo el lodo minero, 19 personas murieron. Hoy, a 5 años del derrame este escenario esta lleno de pueblos fantasmas. En el desastre fueron liberados 40 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos que recurrieron 600 kilómetros del Río Doce hasta llegar en las aguas del océano Atlántico. Es considerado el peor en la historia de Brasil. Las fotos que siguen fueron tomadas por un equipo de Avispa Midia en Mariana, hechas un mes después del desastre.
Fotos: Renata Bessi
A dos años del desastre en Brumadinho, el Movimiento de Afectado por Represas (MAB) denuncia en su informe Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho que “no hubo reparación de los derechos a la población afectada (…), hasta el momento diversas acciones de emergencia no fueron cumplidas, y los afectados sufren sin acceso al agua y con el control de la multinacional Vale sobre los territorios”.
El agua continúa siendo el tema de emergencia en las comunidades afectadas. La población que vive en las orillas del río y que utilizan pozos sufren con el miedo de consumir el agua. “La Vale fue obligada judicialmente a distribuir agua potable a esta población, pero el abastecimiento no es regular”, denuncia el MAB.
De acuerdo con el informe independiente de la Asociación Estatal de Defesa Ambiental y Social (Aedas), a dos años del derrame tan solo el 40% de las familias que fueron afectadas tienen el abastecimiento de agua con regularidad.
Según el MAB, no existen informaciones concretas sobre el nivel de contaminación de las aguas de la región, lo que dificulta las actividades económicas y de subsistencias de esta población. “Dificulta principalmente la vida de los pescadores que están imposibilitados de pescar y al no tener plena confianza en el agua y los pescados”, sostiene en MAB en su comunicado.
El documento de Aedas señala que 62,51% de los afectados no ejercen ningún tipo de actividad remunerada en los municipios de Betim, Juatuba, Mário Campos y São Joaquim de Bicas, siendo uno de los medios de sobrevivencia de esta población el programa asistencial del Estado, el Bolsa-Familia.
La narrativa de la minera Vale ha sido construida en el sentido de sostener públicamente que el río ya está recuperado. Sin embargo, estudios independientes señalan que la contaminación todavía está presente. “La Fundação SOS Mata Atlântica divulgó un informe sobre la contaminación del Río Paraopeba que señala niveles de cobre 600 veces superiores a los niveles permitidos por las normas brasileñas. Inviable para el abastecimiento humano, para el riego, pesca”, sostiene el MAB.
La incertidumbre sobre la real situación de contaminación del agua y del medioambiente en general es generada porque “las empresas contratadas por el Estado para realizar los estudios son prestadoras de servicios de la Vale, lo que trae falta de confianza sobre cualquier resultado”, señala el informe del MAB.
El acuerdo
En el 22 de octubre de 2020 la minera Vale, el Gobierno del Estado de Minas Gerais e instituciones judiciales del país realizaron en acuerdo sobre las indemnizaciones y las futuras acciones a ser tomadas por la empresa en lo que respecta a la reparación de los daños ambientales y sociales. Una de las críticas del MAB al acuerdo es que fue hecho bajo sigilo, sin la participación de la principal parte interesada, los afectados.
Otra crítica es en relación a los valores de las indemnizaciones. En un acuerdo inicial, sostiene el MAB, el valor general era de alrededor de 10 billones de dólares, siendo un poco más de la mitad para reparar los daños económicos del Estado y lo demás para reparar daños morales y sociales colectivos de las comunidades. Para hacer una comparación con los lucros de la minera Vale, la compañía registró solamente en el tercer trimestre de 2020, una producción de casi 3 billones de dólares.
En el acuerdo final, según este Movimiento, el valor total de las indemnizaciones se redujo a menos de la mitad, no llega a 5 billones de dólares. Además, los afectados denuncian que parte de estos recursos van para obras del metro y de construcción de carreteras en el Estado, temas totalmente desconectados con el desastre. “Las discusiones sobre reparación de los daños no atienden a las cuestiones de urgencia, como suministro de agua e indemnizaciones, que garanticen las condiciones de vida hasta la reparación integral”, sostuvo el MAB.
Este movimiento de los afectados denuncia todavía que la justicia brasileña no se ha mostrado como un instrumento efectivo de reparación de los daños. Además, la minera Vale posee un “enorme aparato jurídico por medio de los inúmeros bufetes de abogados, lo que le confiere una fuerte capacidad de incisión en las decisiones tomadas por las instancias jurídicas brasileñas”, sostiene el MAB.
Dueños de la Vale
La minera es controlada principalmente por el capital financiero, con una importante participación de bancos de distintas partes del mundo, como el banco inglés HSBC, el español Santander, los estadunidense JPMorgan y State Street Corp, el alemán Deutsche Bank, el canadiense Royal Bank of Canadá.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021
Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.
Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021
Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.
Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.
En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.
En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Atentamente
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec. Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Ecosta Yutu Cuii
Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021
Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.
Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.
Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.
Consulta pública fue simulada
Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.
Sin embargo, un conjunto de irregularidades son las que caracterizaron el supuesto proceso, resaltando ya sólo el hecho de haber sido realizado seis años después del otorgamiento de la primera licencia.
Finalmente, a pesar del conflicto social que este proyecto había detonado, la Sener consideró concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.
Irregularidades en juicio de amparo
Ante el cúmulo de violaciones a sus derechos, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, presentaron, el 4 de abril de 2016, demanda de amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.
Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
También se han dado situaciones de descalificación, hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.
Revocar o no sentencia de 2019
Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.
Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7
Temacapulin, Jalisco 10 de agosto 2020.- “Estamos muy contentos porque el presidente de la República nos ha instruido de que no habrá más presupuesto para la presa del Zapotillo dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en en general”, así resonó la voz de Gabriel Espinoza, vocero de los afectados ambientales por la presa Zapotillo, la noche del 13 de agosto de 2019 en Palacio Nacional.
Salían de reunión con Andrés Manuel López Obrador quien se convirtió en el primer presidente de México en recibir una lucha longeva como es la de Temacapuli y Acasico contra la presa El Zapotillo; antes se sentó con los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sihue de Guanajuato con quienes acordó: no destinarle más recursos al megaproyecto del trasvase del río Verde y trabajar en conjunto “las alternativas. Eso no pasó.
Al revisar el proyecto de Egresos de la Federación para 2021 se lee en la página 128 que a la presa El Zapotillo se le destinarán 300 millones de pesos “con la cual se podrá continuar con la construcción de un proyecto que incluye el sistema de captación, conducción, potabilización y distribución de hasta 3.8 m3/s de agua potable en su primera etapa”, cita el párrafo que se encuentra en el apartado Infraestructura Hidroagrícola, agua potable y saneamiento, dentro del apartado 1.2.3.1 titulado “prioridades de inversión 2021” donde encabeza la lista el Tren Maya.
En agosto del año pasado explica Claudia Gómez, el presidente fue claro con los dos grandes grupos alrededor del conflicto socio-ambiental entre Jalisco y Guanajuato: no se desmantela la represa, pero no se incrementa la altura. No se derriba la obra ni se opta por la iniciativa de pozos profundos, pero también se pretende “salvar” a los pueblos.
¿Ese recurso para qué se usa? pues básicamente para obras de mantenimiento aunque había el compromiso saliendo de la renión con el presidente de que no se iban a etiquetar recursos para la presa mientras no se resolviera el conflicto. Nos pidieron en una reunión con el presidente y después la secretaria de la presidencia y Conagua que necesitaban ese recurso para evitar accidentes o el derrame de una ladera con un deslave, esos conductos se podrían tapar y producir un llenado prematuro de la presa; las comunidades aceptaron esas obras de mantenimiento para evitar un accidente.
CONAGUA insiste en 105 metros de altura en la cortina e inundar los pueblos
La información a la que se ha acercado Perimetral, es que la Comisión Nacional del Agua es la dependencia que insiste en incrementar la altura de la cortina de 80 metros a 105 metros de altura como lo exigen los gobernadores de ambos estados; la idea es captar agua del río Verde para acumular el mayor flujo de agua, aunque no existe Medición de Impacto Ambiental aprobada por la SEMARNAT para ello.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 resolvió una controversia constitucional que mantiene detenida la obra a una altura de 80 metros. Es importante recordar que a 105 metros de altura, los tres poblados desaparecerían.
Gómez Godoy, asesora legal de los pueblos en oposición al megaproyecto pone luces en cuidar cómo se usan los 300 millones de pesos, tomando en cuenta que para terminar la presa al proyecto ejecutivo se requieren 3 mil millones.
Sí lo que vamos a solicitar es monitorear ese recurso en qué se va. Esos 300 millones es lo que se gastan como en 10 días y sabemos que el proyecto no está cancelado, está latente. No se han podido iniciar las mesas de negociación por la pandemia y porque estamos esperando la entrega de información. Nosotros creemos que es momento de dejar de apostar a los grades proyectos de desarrollo, de obra hidraúlica y apostar por soluciones pequeñas que puedan resolver los conflctos que hay y las necesidades en las ciudades: es momento de repensar qué tipo de almacenamiento de agua y generación de energía necesitamos.
Lo que llama la atención en la narración del proyecto que envía el presidente López Obrador a discutir entre diputados, es que el discurso se mantiene completamente alejado del concepto de gestión integral del agua y sigue siendo extractivista como acaparador de recursos naturales; el gobierno federal y la Cuarta Transformación no rompen con el modelo de desarrollo basado en la depredación, pues justifica que el proyecto “beneficiará a 1.4 millones de habitantes en León, Guanajuato y forma parte de la reactivación económica del país al generar muchos empleos”. Un argumento escuchado durante 13 años a la CONAGUA.
En un año no se eligieron alternativas a la millonaria represa
Lo que parecía claro en septiembre de 2019 no se logró. Al no realizarse las reuniones de trabajo para definir alternativas de una gestión integral del agua que permitiera asomar la posibilidad de desmantelar el megaproyecto transexenal, a los 70 mil millones de pesos erogados hasta 2020, se le suman 300 más para el próximo año.
Lo que hubo fueron reuniones en la Cd de México y un foro en Guadalajara donde desfilaron opiniones de académicos sobre cómo administran el agua en Estados Unidos y una propuesta de crear una red de pozos profundos para sostener la necesidad de abastecimiento de agua.
Se trató de mesas de trabajo de sociedad civil y el movimiento antirrepresas, pero no asistieron los gobernadores o la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros de quien se cuestiona si es aliada de la gestión integral del agua y los pueblos o de los empresarios.
Aunque se ha pretendido retomar los diálogos y mesas de trabajo, por la pandemia se ha sugerido por la vía virtual, pero para Temacapulin eso resulta imposible. De nuevo está sin telefonía celular y a decir de la abogada, en el contexto rural las cosas se manejan diferente.
Por décimo tercer año consecutivo, la presa El Zapotillo es un megaproyecto del que han quedado documentados los daños en dos sexenios, pero al que se le siguen destinando recursos y definitivamente, no se va a desmantelar la represa, entrará en algún momento en operación y Jalisco va a tener que resolver de otra forma, cómo alimenta las demandas de agua para Guadalajara y la zona de los Altos de Jalisco, la agrícola, líder productora de huevo y en clara aceleración de desertificación.
A los 300 millones de pesos para la presa Zapotillo sin uso, aparecerán otros rubros como millones para terminar la construcción del centro de reubicación en Acasico, regularizar los predios ilegales a donde desplazaron familias de Palmarejo, e inyección financiera, de nuevo, para el Acueducto Zapotillo-León que ni siquiera ha iniciado su construcción, por estar también, impugnado y congelado jurídicamente.
Guanajuato sin saneamiento
Gustavo Lozano de Acción Colectiva, agrupación que inició un litigio contra la industria curtidora en León en la contraloría del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable porque 259 millones de litros diarios en “La capital de los negocios”, no son tratados , califica que el gobierno federal etiquete más dinero en 2021 a la represa, como de innecesario.
Nos parece un gasto innecesario en un contexto en el que las inversiones se deben cuidar mucho y el Sistema de Agua Potable de la ciudad de León contribuye a la contaminación a la cuenca del río Turbio, que es la ruta por la cual el SAPAL debería regresar aguas limpias al estado de Jalisco cuando llegara a recibir agua del Zapotillo; esto significa que ni León está listo para, de llegarse a concluir el proyecto y operar, cumplir con la parte que le corresponde a León respecto de Jalisco.
Justo en la tabla de asignación de recursos por sector, subsector y fuentes de financiamiento, los más de 3 mil millones de pesos en infraestructura hidroagrícola, salen de la captación fiscal.
A la presa Zapotillo lo respaldan las bancadas de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por los beneficios que representa para los dos gobernadores que heredaron de otros panistas, la conclusión del proyecto.
Difícilmente habrá contrapeso o negativa entre los diputados para excluir 300 millones de pesos del proyecto de egresos que el presidente López Obrador a través de su operadora del agua, Blanca Jiménez, le destina al megaproyecto en 2021.
Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020
El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.
El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.
Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.
Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».
Imagen:Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo
