En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“BOSQUE DE AGUA”
Martes 15 de agosto de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Estamos muy feliz por presentar esta película que participa en la Muestra Mexicana del XII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente “Contra el silencio; Todas las voces“
Sinopsis:
La región denominada Bosque de Agua es una de las zonas boscosas con mayor diversidad en flora y fauna de México. Además de que provee la mayor parte del agua que se consume en 3 de las principales urbes del centro del país, dota de múltiples servicios medioambientales a la zona más densamente poblada de México. El deterioro de la calidad del agua, el aire y la tierra ponen en riesgo la supervivencia de miles de especies y ciudadanos que habitan una región con un alarmante estrés hídrico.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero es un error. Podrá demorarse, podrá prolongarse pero, a la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino… Con la diferencia, quizás, que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas porque será una lección muy clara, muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada… Salvador Allende Gossens
El 11 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de uno de los más lamentables episodios en la historia reciente de América Latina y de la democracia mundial. En el contexto actual, vale la pena rememorar los fatídicos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.
La mañana de ese día, Salvador Allende Gossens, presidente legal y legítimo de Chile desde noviembre de 1970, moría1 en el ataque que un sector de las Fuerzas Armadas dirigió al Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno. Con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte2 y auspiciado por el gobierno de Richard Nixon, cayó el primer gobierno socialista en el mundo elegido por sufragio universal. Chile se convertiría en el conejillo de Indias del neoliberalismo en América Latina, engrosando así la lista de naciones devastadas por el humillante intervencionismo de los Estados Unidos.
UN LARGO CAMINO
La carrera de Allende en la política fue ciertamente difícil. Pero la perseverancia y la tenacidad hicieron de él un hombre tenaz que supo esperar su momento.
Poco después del fracaso de Marmaduke Grove Vallejo3, un nuevo instituto político nacía en Chile: el Partido Socialista, fundado en abril de 1933, entre otros, por el mismo Grove Vallejo y por el joven Salvador Allende, quien entonces tenía 25 años.
Tres años después, el movimiento comunista internacional, dominado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacía un llamado a todos los partidos afines del mundo para frenar el totalitarismo de los gobiernos fascistas europeos.4 Fue así que surgió el Frente Popular (FP). Sin embargo, a pesar de la radicalidad de algunos de sus miembros, el FP tuvo un carácter más bien reformista que le dio el triunfo en las elecciones presidenciales de 1939. Para 1947 el FP había expulsado a todos los izquierdistas radicales de sus filas. Y Allende ya había ingresado de tiempo completo a la política. Antes de cumplir los 30, fue electo diputado por las ciudades de Valparíso y Quillota, región de Valparaíso. En 1945 fue electo como senador y seguiría siendo legislador hasta 1970.
Por otro lado y a pesar de la solidez de sus instituciones, particularmente el Ejército, la democracia chilena enfrentó, desde principios del siglo XX, una constante: la polarización del electorado, reflejo de una sociedad profundamente dividida entre diversas corrientes de izquierda socialistas y comunistas, un centralismo oportunista y grupos de derecha liberal-conservadora, una de cuyas expresiones más importantes fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las elecciones de 1964 fueron un claro ejemplo de esta realidad. Las derechas, unidas en el PDC, presentaron como candidato al conservador de centro Eduardo Frei Montalva,5 mientras que las izquierdas tuvieron en Salvador Allende al candidato de unidad. Se trataba de una elección decisiva en la que se enfrentaron de manera más contundente dos modelos de nación.
Chile estaba en la mira de la comunidad internacional, que se debatía en la bipolaridad de la guerra fría.6 El Frente de Acción Popular (FRAP),7 en boca de Salvador Allende, expresaba su abierto rechazo al capitalismo y al imperialismo estadounidense y la intención de transitar pacíficamente hacia el socialismo. Por su parte, los Estados Unidos tenían un especial interés en impedir que cualquier otro país de América Latina emulara a Cuba.8 De ahí que pusieran en marcha todos los recursos a su alcance para apoyar la candidatura de Frei Montalva, que se presentaba como el gran reformador.
A través de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),10 el gobierno estadounidense gastó más de 2,7 millones de dólares en apoyo directo a la campaña de Frei. Varios millones más fueron donados por organizaciones e instituciones contactadas por el gobierno estadounidense en Europa: el Partido Demócrata Cristiano de Italia, el Vaticano, las casas reales de Holanda y Bélgica, la Democracia Cristiana holandesa y la alemana así como la Iglesia católica de los Estados Unidos. Con estas donaciones, se creó un fondo administrado por la CIA para 1) Financiar campaña a favor de Frei y de terror contra Allende; y 2) Convencer a distintas personalidades dentro de Chile opuestas a Frei Montalva para que cambiaran a la intención de su voto a favor de aquél. Se calcula que, a través del gobierno estadounidense, se invirtieron más de 4 millones de dólares para financiar acciones clandestinas en contra del FRAP, como quedó documentado por el Comité Church varios años después.11 Los esfuerzos de las derechas chilenas y de sus aliados estadounidenses y europeos dieron resultados: Frei Montalva ganó las elecciones con un cómodo margen de 56 por ciento de los votos contra 39 por ciento de Allende.
Para cumplir con las grandes expectativas generadas, una vez asumido el cargo, el gobierno de Frei Montalva se concentró en sacar al país de la crisis económica heredada del gobierno de Alessandri. La primera medida tuvo que ver con el principal recurso natural de Chile: el cobre. Gran parte de la sociedad chilena esperaba que el país tuviera mayores beneficios de su explotación. El problema era que la industria estaba en manos de empresas estadounidenses. Como en otros rubros, Frei Montalva ofreció una solución intermedia, que dejó satisfechos a los empresarios extranjeros pero que generó mucho descontento y críticas desde las izquierdas. La idea del presidente chileno era, ante todo, aumentar la producción, las ganancias y apropiarse de parte de la industria. Los resultados fueron, empero, muy magros. Si bien los ingresos por exportación de cobre aumentaron en los siguientes años, esto se debió a un aumento en los precios del metal, no a una mayor producción.
Algo similar ocurrió en el sector agrario y la participación política de las clases populares. Por un lado, los resultados de la prometida reforma agraria de fondo frustraron las aspiraciones de los campesinos chilenos, que llevaban décadas exigiéndola. Por el otro, el impulso que Frey Montalvo dio a la conformación de cooperativas y el comunitarismo, lejos de apaciguar la efervescencia política, fortaleció la conciencia política de sindicalistas, estudiantes, profesionistas. Asimismo, aunque el gobierno de los Estados Unidos, siempre al pendiente de los resultados del gobierno demócrata cristiano de Chile, le otorgó un generoso crédito y gestionó que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieran lo propio, la situación económica del país fue aun más incierta, pues dichos préstamos terminaron por engrosar sustancialmente la deuda externa. La ‘Revolución en libertad’ ofrecida por Frei Montalvo mostraba sus limitaciones más temprano que tarde. Si bien el PDC consolidó su poder en las elecciones de 1965, en los procesos electorales subsiguientes perdió terreno.
Un año antes de las elecciones presidenciales de 1969, el PDC ya no tenía mayoría legislativa. Ante la imposibilidad de reelección consecutiva que impedía a Frei volver a ser candidato, para 1970, las derechas, cuya unidad les había garantizado el triunfo en 1964, decidieron presentarse por separado. La ultraderecha optó nuevamente por el ex presidente Jorge Alessandri como candidato; la Democracia Cristiana, por Radomiro Tomic; y las izquierdas, esta vez aglutinadas en torno a la Unidad Popular (UP),12 una vez más por Salvador Allende. La fragmentación de las derechas en dos frentes permitió, por fin, el triunfo de las izquierdas. Ante el horror de las derechas y del gobierno de los Estados Unidos, el 4 de septiembre Allende ganaba con un reducido margen que, a pesar de todo, no pudo revertirse.
Es importante mencionar que la UP era un grupo heterogéneo que llevaba la unidad sólo en el nombre. Desde los moderados, como el mismo Allende,13 que buscaban la transformación siempre por la vía legal hasta los más radicales que no descartaban el uso de las armas para tal fin, todos encontraron en la UP el espacio para construir un diálogo que en otras circunstancias quizá no se hubiera dado. Lo cierto es que la frágil y coyuntural alianza entre tan diversos sectores de izquierdas jugó un papel decisivo en los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.
¡VIVAN LA CHICHA, EL VINO, LA CUECA, LA ZAMBA Y LA DEMOCRACIA!
Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, ¡la Unidad Popular al poder! Himno Venceremos (fragmento)
Con una apretada diferencia, la UP ganó las elecciones del viernes 4 de septiembre de 1970.
Luego de la victoria, el objetivo de la oposición y del gobierno estadounidense fue uno: impedir a toda costa la toma de posesión de Allende. Para ello, se movieron en dos flancos: con el Congreso chileno, que debía ratificar el triunfo dado el apretado margen entre el triunfador y Alessandri (de menos de 2 puntos porcentuales); y con el Ejército, algunos de cuyos altos mandos habían expresado un marcado repudio hacia la UP y en especial, hacia Allende.
En cuanto al Congreso, la ultraderecha pensaba presionar a los legisladores para que, violentando el estado de derecho, no reconocieran el triunfo de Allende y, con sus votos y los de la DC, ungieran a Alessandri como presidente. Con el fin de lograr la legitimidad mínima necesaria para gobernar, la idea era que Alessandri convocara a nuevas elecciones renunciando al cargo inmediatamente después. Los democratacristianos rechazaron esta posibilidad y se inclinaron para la propuesta del ex candidato Tomic: nombrar a Allende presidente de Chile a cambio de un Estatuto de Garantías, lo que finalmente ocurrió.14
Quedaba entonces el Ejército, tan institucional como conservador…
Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.
Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.
El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas. Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables. Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos. Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.
Gracias por tu apoyo.
“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’ Y el manoseo conceptual…
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas 7 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 , 115 y 116).
¿LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’?
Como hemos mencionado reiteradamente, en otras entidades del país se han visto acciones violentas descomunales y alarmantes: decapitados, fosas clandestinas, cuerpos calcinados o ahorcados bajo los puentes, asesinatos de periodistas y de funcionarios públicos o hasta de presidentes municipales.
También se registra el uso de bombas, drones, quema de instalaciones policíacas, retenes falsos o camuflados, balaceras en diversos establecimientos, siembra y consumo de drogas escandalosos, desplazamientos masivos de comunidades enteras, extorsiones y levantones de mujeres, reclutamientos forzados, entre otros muchos indicadores, que han provocado en algunos lugares el levantamiento armado de ciertos sectores de la población con el objetivo de ‘defenderse’ y expulsar a los cárteles de sus territorios.
Estos grupos se han autodenominado entonces como grupos de “autodefensas”, como una reacción frente a las agresiones y que se organizan con un solo objetivo: expulsar al cártel. Es una acción ‘pasiva’ más que ‘activa’.
Por tanto, entenderemos como grupo de ‘Autodefensa’ a un grupo personas, en el ámbito rural o urbano, que se organizan de manera ‘espontánea’, por decirlo de alguna manera, originado por el hartazgo y que de forma armada quieren defenderse de las agresiones del narco. No reivindica ninguna ideología específica, no están en función de construir un proyecto político, no pretende derrocar al gobierno, no busca ampliar su zona de influencia más allá del propio territorio que le están amenazando. No es una guerra continua, permanente, sino de acción-reacción y mecanismos de protección. No se declaran en ‘guerra’ contra los cárteles.
Los grupos de ‘autodefensa’ actúan ante la ‘pasividad’ del estado, la impunidad y la ausencia de las instituciones. No son parte de la estructura del Ejército ni de la policía, ni éstos los entrenan o arman, pero para defenderse lo hacen pese a ellos. Connotan legitimidad y acción positiva por el hecho de defender su vida y hacerle frente a la violencia. Por eso hasta los ‘malos’ usan el concepto.
Los grupos de autodefensa pueden estar conformados por ganaderos, transportistas, productores, generadores de servicios, profesionistas, ex guerrilleros, colonos, organizaciones campesinas, indígenas o urbanas, el ciudadano de a pie, líderes comunitarios, organizaciones gremiales, vecinos y todo aquél que se suma para defender el territorio amenazado por el narco que viola mujeres, roba bienes muebles e inmuebles, cobra piso, extorsiona, entre otras acciones violentas que ya hemos descrito anteriormente. A mayores expresiones de autodefensa más indica que el estado está rebasado, que es parte o cómplice de la violencia o que sus estrategias para garantizar la seguridad no son eficaces.
Consideramos que pocas expresiones de “autodefensa” han sobrevivido. Más temprano que tarde han colapsado y ante la pérdida de rumbo navegan según ciertos intereses. Puede ser que también hayan sido cooptados por el Ejército, la policía o el mismo narco, ya que no tienen un proyecto alternativo a largo plazo qué defender y sucumben en un corto tiempo.
Los grupos de autodefensa no cuentan con financiamiento, aunque algunos que se cuelgan el mote controlen las remesas para la compra de armas, municiones o droga. Las autodefensas no les une más que el hecho de defenderse, no tienen proyectos o cosas en común más que el hartazgo. Pese a ello, nunca a nadie se le ocurrió decir que en algún rincón del país se está al borde de una “guerra civil”, como algunos grupos afirman que sucede en Chiapas y en Guerrero quieren adoptarlo. A nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno federal esté armando grupos de autodefensa en la lógica de la contrainsurgencia, como lo fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.
Una de las ambigüedades estriba en que cualquiera que se auto defiende de un enemigo se les llama o se autodenominan ‘autodefensa’, ya sea narco, civiles desarmados o ‘paramilitares’. O sea, todos se defienden del otro, ya sea el ‘bueno’ o el ‘malo’. Y como es legítima la autodefensa a cualquiera le sirve de justificación para bañarse de ‘bueno’. Ello significa que no es ‘guerra’, sino ‘autodefensa’, asociada a lo legítimo y positivo. Veamos algunos ejemplos.
En Guatemala, el gobierno y su ejército crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de la década de 1980 como una fuerza paramilitar contrainsurgente. Al llamarles ‘autodefensa’ y ‘civil’, se pretendió también darle una connotación e imagen positiva. Las PAC provocaron tanta violencia y dolor al pueblo guatemalteco cuando se implementó la política de ‘tierra arrasada’ que exterminó a mucha población por medio de terribles masacres y persecuciones. Se le llamó ‘tierra arrasada’ y ‘exterminio’ y no ‘guerra’, quizás porque las comunidades indígenas violentadas huyeron a México sin enfrentarse de forma armada contra el Ejército y sus PAC’s.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se les identificó como una organización paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que operó durante el ‘conflicto armado interno’, que no se identificó como ‘guerra civil’, entre 1997 y el 2006. Luego revivieron y se les denominó grupos ‘neo paramilitares’, entre ellos las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Clan del Golfo), siempre ligados al narcotráfico.
En El Salvador surge en 2015 un grupo de ‘autodefensa’ en el Departamento de San Vicente integrado por ex combatientes de la ‘guerra civil’ librada entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la dictadura entre los años 1979 y 1992. Este grupo pretendió el reconocimiento oficial para combatir a pandilleros, maras, narcotráfico y asesinatos. En el siguiente Escaramujo hablaremos del concepto de la ‘guerra’ y ‘guerra civil’.
En Panamá, desde 1997 se identificaba a las “Autodefensas Campesinas” y “Brigadas de Autodefensa” como grupos paramilitares muy violentos ligados a los cárteles de la droga, quienes asesinaban, violaban y pretendían el control del paso del Darien.
O sea, los conceptos ‘autodefensa’ como ‘paramilitar’ se usan indiscriminadamente y cada quien a su favor y según convenga. No existe una definición consensuada, lo que no implica el rigor de caracterizarlo a la hora de elaborar los propios análisis e informes sobre la situación en Chiapas.
En México, las ‘policías comunitarias’ fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1940). Sin embargo, fue hasta poco antes, durante y posterior a la ‘guerra sucia’ de la década de 1970, que la falta de procuración de justicia, la impunidad hacia los pueblos indígenas y con total ausencia del Estado de Derecho, agudizó la inseguridad y el incremento de los delitos en la Región de la Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero.
En las masacres en Guerrero siempre han estado vinculados el Ejército Mexicano y fuerzas policíacas. Desde la primera matanza ocurrida durante el proceso electoral en 1952, luego la matanza de estudiantes en 1960 que exigían respeto a la autonomía universitaria, y otra matanza más en 1962 contra la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) quienes fueron víctimas de persecución, detenciones, allanamientos y más asesinatos.
En 1967 el Ejército masacra a padres de familia en Atoyac de Álvarez que protestaban frente a la escuela y fue cuando Lucio Cabañas huye a la sierra y funda el Partido de los Pobres. Es asesinado posteriormente en 1972. En ese mismo año, el conflicto en el sector coprero termina en una masacre en Acapulco ordenada por Gobernador del estado.
No podemos olvidar la masacre de Aguas Blancas en 1995. En 1988 el Ejército rodea la escuela en Ayutla de los Libres, donde descansaban autoridades indígenas ñuu savi, y los masacra. En 2014 la terrible desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presidido de muchos casos de desaparecidos y asesinados.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando con socias y socios tumista asistentes a la Asamblea Nacional de Túmin platicando sobre esta moneda comunitaria y alternativa económica en todo el país e incluso en otros países. Acompáñanos este martes 12 de septiembre a las 6 pm por nuestro facebook live.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 12 de septiembre a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023
DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023 Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.
Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org
RESUMEN
Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.
Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.
Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?
Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.
Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.
ACERCA DE ESTE INFORME
A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.
El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.
La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.
Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el gran proyecto turístico que hay en la rivera maya y los impactos del Tren Maya – A 31 de agosto del 2023
Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.
También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.
Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación
Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.
En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.
“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.
La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.
“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.
Afectaciones
Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.
Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.
La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.
Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.
Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.
La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.
Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’ Y el manoseo conceptual…
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas 30 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 y 115).
¿LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’?
El concepto “paramilitar” se usa en todo el mundo de diversas maneras y en diversos contextos, desde las guerras en África, Asia o en América Latina. Se usa de muchas formas, incluso contradictorias. En algunas ocasiones consideramos que el concepto está bien establecido y caracterizado en el análisis, pero en otras pareciera más bien el uso indiscriminado del concepto con el objetivo de justificar una posición política o ideológica, para estigmatizar a un actor o engrosar los argumentos contra el gobierno en turno acusado de ser el autor tras bambalinas de toda agresión.
Se usa también para referirse a un grupo armado delictivo o de narcos, para denostar a una comunidad o colectivo que se organiza para defenderse legítimamente de agresiones armadas, para estigmatizar o desacreditar a cualquier actor o enemigo y esconder el origen de otros conflictos que subyacen en la confrontación.
El concepto lo usan las narrativas de izquierda tanto como la derecha para acusar al mismo gobierno al que ambos se oponen, porque siempre los ‘paramilitares’ estarán asociados al gobierno. Y si esto no se sustenta ni con el sentido común, entonces usar el concepto ‘de corte paramilitar’ ayuda a acercarse al mismo objetivo. Cada quien lo usa a su antojo e interés.
Así, ya cualquiera es ‘paramilitar’, o en su defecto ‘de corte paramilitar’ -o sea que no es paramilitar pero como si lo fuera-. Y esto se presta a mucha manipulación y confusión, porque dependiendo del contexto y a quien se le cuelga el concepto, evoca, provoca y convoca consecuencias distintas, connotaciones distintas.
En el caso de México y específicamente para el análisis de la situación en Chiapas, entendemos por el concepto “paramilitar” al grupo de civiles conformados, organizados, armados, entrenados y dirigidos por el Ejército oficial en base a una estrategia definida desde el gobierno central contra la población inconforme ya sea que esté o no armada.
Los ‘paramilitares’ tienen una estructura interna y ejecutan acciones fuera del marco legal para lograr las estrategias del gobierno central. Sus actuaciones no están reguladas por marcos internacionales en el ejercicio de sus acciones armadas. No son parte formal y oficial de las fuerzas militares y pueden estar integrados por población local, guardias blancas, narcotraficantes, grupos de ultra derecha, sicarios, ex militares, ex policías, o grupos que les une el odio, la venganza o cuentas pendientes contra el sector objetivo de las agresiones violentas que el Ejército o las fueras policíacas no pueden ejecutar por salirse de la legalidad, o para no ser acusados de violación a los derechos humanos.
El grupo ‘paramilitar’ o a veces también llamado ‘para policial’, ‘grupo de choque’ o ‘contrainsurgente’, ejecutan impunemente acciones como desapariciones forzadas, homicidios, masacres, robos, intimidaciones, vigilancia y control, amenazas, desplazamientos forzados, ejecuciones, violaciones sexuales, entre otras acciones. Todo esto en el marco de una ausencia del Estado de Derecho.
Por tanto, el concepto ‘paramilitar’ se usa indiscriminadamente para referirse a cualquier grupo civil armado, a un grupo de Autodefensa comunitaria o a cualquier pandilla. Y podrían serlo solo si están bajo el mando o cumplen la agenda que le marcan las fuerzas militares o policíacas quienes los reclutan, arman y entrenan ilegalmente, y a final responden a la estrategia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Este fue el marco en que el gobierno mexicano creó varios de estos grupos paramilitares en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994. Sin embargo, es pertinente preguntarse si aquellos ¿subsistieron?, ¿se mantuvieron?, ¿evolucionaron? ¿se independizaron?, ¿desaparecieron?, ¿son actualmente los mismos?, ¿siguen bajo el mando del gobierno luego de 30 años y 5 gobiernos distintos? Ahora, hay que tomar en cuenta que con el nuevo actor hegemónico ‘narco’ en el escenario territorial, toda otra expresión armada se verá obligada a negociar, replegarse, unirse o defenderse, de ahí las ‘autodefensas’ cuyo concepto también se manosea al extremo.
Durante los primeros seis años del conflicto armado en Chiapas, de 1994 al 2000, especialmente, los grupos ‘paramilitares’ en la entidad proliferaron aprovechando encausar el odio, las rencillas, las divisiones, las venganzas, los desacuerdos entre las comunidades con el EZLN, el racismo de los terratenientes y su frustración de las tierras perdidas en las recuperaciones indígenas en el contexto del alzamiento armado.
En ese momento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) era el actor político más importante que logró marcar la agenda política y social no sólo de Chiapas sino del país, y centró la atención internacional. Por ello, habría que derrotarlos con todos los instrumentos posibles, entre ellos el impulso del para militarismo y todo grupo que buscara venganza, quienes ejecutaron estrategias contra insurgentes como fueron “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Máscara Roja”, “Los Chentes”, “Los Petules”, “Los Puñales”, “Los Aguilares”, “MIRA”, “Organización Clandestina Revolucionaria”, entre otros. También hubo otros grupos de guardias blancas comandados por los grandes terratenientes que se les dejó hacer para que abonaran a la estrategia de descomposición y contrainsurgencia.
Como ya hemos visto, en México y específicamente en Chiapas, la mayor violencia que vivimos actualmente es la generada por el narco, y sería muy ingenuo pensar que está orquestada, diseñada y provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo que por décadas ha infestado las estructuras del Estado.
Pese a lo anterior, para muchos analistas toda acción violenta en Chiapas es actuación de ‘grupos paramilitares’ connotando que es producto de una estrategia deliberada desde la presidencia de la República para destruir principalmente a las comunidades zapatistas. Y eso no se sostiene ni con el sentido común. No solamente porque la mayor violencia desgarradora es la que vive la mayoría de la población urbana y rural, sino que además el conflicto ya no es el mismo de hace 30 años.
Y con todo respeto, el zapatismo no es actualmente el actor que amenace en el territorio chiapaneco el avance de los planes del presidente, mucho menos que sea el actor presente en todo el país por lo que no representa una amenaza territorial ni militar como para que se vuelva un objetivo central a aniquilar, como sí lo fue entre los años de 1994 al 2000. Afirmarlo sería una gran mentira como engaño.
Por ello, cuando el EZLN sea el actor que impida el avance de los proyectos mineros, de las represas, de la palma de aceite, de los aeropuertos y ampliaciones portuarias que implican despojo y profundización del extractivismo, o detenga el avance de los pozos petroleros y ahora las nuevas amenazas que se ciernen en el municipio de Benemérito de las Américas, cuando detengan el avance del Tren Maya, de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, del gasoducto costero y la ampliación del ferrocarril por esa región, el avance del Parque Industrial con sus más de 800 hectáreas como plataforma del extractivismo, cuando detenga el avance del programa Sembrando Vida, del programa Jóvenes Construyendo Futuro y otros programas, o la instalación de tanto cuartel de la Guardia Nacional, y claro, por medio de la movilización de un músculo social fuerte ya que ha abandonado la lucha armada, entonces seguramente sí estaría en la estrategia de aniquilamiento gubernamental, sin duda. Pero nada de esto ha pasado. Incluso el gobierno facilita la entrega de credenciales electorales como de Actas de Nacimiento.
Sin embargo, eso no quita que los ya menos que siguen resistiendo, los que no se fueron a los Estados Unidos, los que no salieron de sus organizaciones o fueron expulsados, los que no aceptaron programas de gobierno y construyen alternativas en sus comunidades ya sea de salud, producción, educación o justicia autónomas, con gran heroísmo y admiración por la defensa de su territorio cada vez más acotado, no sean amenaza para el avance y consolidación territorial del narco. Porque el narco se alimenta también de los programas sociales y las remesas.
Como prácticamente todas las regiones están rodeadas por el narco en Chiapas, el apoyo, la solidaridad, el fortalecimiento de las alianzas, la recuperación de los espacios públicos, la organización, la unidad, la ayuda humanitaria, el apoyo a las resistencias, la rearticulación de los movimientos sociales, se vuelven estrategias fundamentales para detener este cerco (en otro momento abordaremos el tema de la ayuda humanitaria en en el contexto de conflictos armados internos).
Consideramos que es necesario ser más finos y responsables en el análisis y evitar posicionarse en la realidad bajo los extremos de gris y negro, como si no hubieran sus matices que, no por ello, son menos importantes para definir la coyuntura actual. Por tanto, consideramos que una crítica al gobierno en un aspecto no implica un rechazo total a todo lo que hace, a menos que se explicite y se compruebe. Y un reconocimiento positivo a una acción gubernamental no significa ser un “Amlover”. En otro Escaramujo abordaremos las claves para leer el gobierno de AMLO. Por lo pronto consideremos algunos aspectos como ejemplos:
Una cosa es considerar que algunos grupos paramilitares de antaño sobrevivieron, se re configuraron, siguen su propia dinámica y luchan por sus intereses territoriales e incluso se liguen con el narco, y otra es afirmar que AMLO está formando grupos paramilitares para aniquilar a los zapatistas.
Una cosa es que el corrupto sistema judicial federal -antiAmlo en muchos sentidos-, libere asesinos quienes fueron paramilitares o narcos, y otra es afirmar que tal acción es deliberada por AMLO para combatir a los pueblos originarios.
Una cosa es considerar que las políticas de gobierno socavan la autonomía y la identidad de los pueblos originarios aunque considere que son para su mejor desarrollo, y otra es considerar que son diseñados por el gobierno federal para su exterminio.
Una cosa es considerar que las políticas de gobierno, los programas sociales y los megaproyectos destruyan territorios, despoliticen a la población rural y urbana, generen clientelismo y corrupción, hagan extender la mano bajo la manga de ricos y pobres, de población urbana y rural, para recibir el dinero gubernamental, y otra es considerar que la estrategia de AMLO solo es acabar con las ya menos comunidades zapatistas.
Una cosa es que el narco esté asesinando y desplazando a miles y miles de personas en la entidad, y otra es concluir que AMLO esté diseñando el exterminio de los pueblos indígenas. Y así, podemos exponer muchos más ejemplos de los discursos y supuestos análisis de la coyuntura que se realizan por diversos actores. Y cabe destacar que muchas veces no son razonamientos malcriados, sino paralogismos, silogismos o entimemas.
Por otro lado, existen conflictos y enfrentamientos violentos en comunidades de Chiapas que se presumen como acciones de paramilitares contra ciertas comunidades, sin embargo, es conocido que existen conflictos internos por la disputa y distribución de tierras que antaño recuperaron cuando estaban juntos, pero ante la división no hay acuerdos sobre la cantidad y los mecanismos de su distribución por parte de quienes se separan de la organización y se confrontan armados. Armados contra armados. Y lo peor, se conocen muy bien. La misma lógica sucede entre los cárteles.
Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el EZLN enfatiza que “Chiapas está al filo de una guerra civil”. Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y del extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN. Sobre todo se centra en la demanda de alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de mil personalidades firmantes que
Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023
POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México
Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian. Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.
El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.
A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.
La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.
Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.
Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.
Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua, matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos.
Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.
Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.
Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.
Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.
Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.
Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.
No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.
México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.
SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.
Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.
Compartimos el siguiente comunicado de la Colonia Maya sobre la defensa del territorio ante la amenaza de una gasolinera en su colonia – A 27 y 25 de agosto del 2023
A los medios de comunicación A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y protección de la Madre Tierra
Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur. Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumplía con lo que dice la ley. Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública. Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación. Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente. Con el expediente en nuestro poder descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación. Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos. EXIGIMOS: 1.-Al órgano interno de control municipal que agilice el expediente de la Colonia Maya por presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Estamos emplazando a dicha instancia de lo contrario tomaremos otras acciones.
Al director de planeación y desarrollo urbano municipal entregue la documentación donde se integre el expediente de la constancia de factibilidad de uso de suelo y destino de suelo emitida el 23 de noviembre del año 2020 de manera urgente solicitada por el órgano Interno de Control municipal
Al Ayuntamiento que agende de manera inmediata la audiencia solicitada por IEPC con la regidora Helena Kramsky Espinoza presidenta de La Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano donde se analice el expediente por expertos y una comisión de nuestra colonia.
A la secretaria de la Función publica agilice la investigación de la denuncia presentada en meses anteriores.
A los colegios de Arquitectos e ingenieros se pronuncien sobre la expedición de licencias de uso de suelo y de construcción en la ciudad.
Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de agosto de 2023
Colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25 de agosto de 2023
A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente
A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y proyección de la Madre Tierra
A las autoridades que han dicho representar los intereses del pueblo
Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur.
Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumpliera con lo que dice la ley.
Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública.
Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación.
Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente.
Con el expediente en nuestro poder, descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio de este año, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones, el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación.
Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos.
Pedimos a la ciudadanía lo siguiente
1. Que, mientras nosotros continuamos con las acciones que hemos acordado, se sumen a un boicot a esta gasolinera.
2. Que estén atentos y apoyen las acciones que continuaremos para asegurar el respeto a los reglamentos que las mismas autoridades han acordado.
Atentamente
Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya
¿Quieres implicarte en campañas sobre justicia climática y aviacióncomo forma de promover un sistema de movilidad más justo y sostenible?
¿Quieres saber más sobre el impacto ecológico y social de la aviación, aprender a contrarrestar las estrategias delavado verdedela industria?
¿Quieres orientación sobre medidas políticas que realmente reduzcan el tráfico aéreopara y sobre cómo cambiar las políticas de viajes de las organizaciones?
¿Te gustaría formar parte de una red mundial de activistas que se apoyan mutuamente en sus campañas?
¿Quieres reflexionar sobre cómohablamos de la aviación, para neutralizar las narrativas que impiden el cambio?
⇢ Personas activas en el ámbito de la justicia climática que quieran conocer más sobre los impactos de la aviación.
⇢ Personas comprometidas con luchas locales contra la construcción/ampliación de aeropuertos o que desarrollan campañas en favor de un sistema de movilidad más justo, y que buscan formas eficaces de contrarrestar las narrativas y argumentos de la industria de la aviación.
⇢ Personas que se dedican a labores de información y comunicación sobre cuestiones climáticas que deseen reflexionar y ampliar su visión sobre la aviación.
⇢ Personas que quieren implicarse activamente en campañas de movilización contra los impactos de la aviación junto con activistas afines.
Buscamos personas interesadas en convertirse en activistas que puedan difundir los conocimientos impartidos en esta formación al mayor número de personas posible. Al participar en las sesiones de este curso, pasarás a formar parte de una red multiplicadora activa y recibirás apoyo para impartir talleres y charlas, u organizar acciones y eventos (según tu capacidad). Estarás en contacto con personas afines de todo el mundo que trabajan por un sistema de movilidad más justo.
La formación consta de seismódulos. Para completar el curso es necesario participar al menos en el 1er módulo, así como en otro de tu elección. Sin embargo, te animamos y recomendamos encarecidamente que participes en todos los módulos para conseguir una visión completa.
La formación consistirá en una combinación de presentaciones, intercambio de reflexiones y experiencias, así como ejercicios interactivos. Si fuera necesario, se podrían cubrir parcialmente los gastos de viaje y alojamiento de las personas participantes.
MÓDULO 1: Aviación y justicia climática
En este módulo aprenderás por qué reducir el transporte aéreo representa algo esencial para frenar el calentamiento global y luchar por la justicia climática. Dispondrás de los datos, las cifras y los argumentos necesarios para comunicar y movilizar sobre la necesidad urgente de reducir el número de vuelos y quedarnos en tierra. Tomando como referencia nuestro informe “Destino Común”, una parte importante de este módulo tratará sobre CÓMO crear nuevos marcos comunicativos para el transporte aéreo y, de paso, contrarrestar eficazmente las engañosas narrativas de la industria de la aviación.
MÓDULO 2: Lavado verde
En este módulo desvelaremos las ilusiones que la industria de la aviación crea para hacernos creer que los vuelos verdes y sostenibles son posibles. Discutiremos y reflexionaremos sobre las estrategias de greenwashing en general y nos sumergiremos en los límites, las posibilidades y las falsas promesas de las soluciones tecnológicas (agrocombustibles, electrocombustibles, los aviones eléctricos y las compensaciones de emisiones, entre otras). Falsas soluciones que nos distraen de la medida más eficaz: dismimuir el número de aviones en nuestros cielos. Después de este módulo, serás capaz de rebatir los argumentos de la industria de la aviación sobre la «aviación sostenible».
MÓDULO 3: Transición justa
El sector de la aviación va a tener que decrecer y, para ello, necesita un «aterrizaje seguro», lo que significa que también necesitamos una transición justa para las personas empleadas en el sector. Pero, ¿cómo podemos neutralizar el argumento falaz de la industria de la aviación y los gobiernos que consideran a aquella una fuente de empleo y riqueza? En este módulo, echaremos un vistazo al futuro: ¿cómo podría ser la transición a un nuevo sistema de movilidad más sostenible y socialmente justo? ¿Y qué necesitan saber les activistes climátiques para unir fuerzas con les trabajadores y los sindicatos?
MÓDULO 4: Organizaciones en tierra
En este módulo nos ponemos prácticos. Los vuelos por motivos de trabajo son una parte importante de la huella de carbono de muchas organizaciones, empresas, universidades,… Por ello, ¡es hora que nuestras organizaciones se queden en tierra! En este módulo, conocerás medidas concretas y buenas prácticas para reducir los vuelos de trabajo. Hay muchas universidades, ONG y empresas que sólo necesitan un poco de ayuda para empezar a cambiar sus políticas de viaje. Este módulo es especialmente indicado para aquellas personas que están interesadas en difundir el mensaje dentro de sus propias organizaciones.
MÓDULO 5: Medidas políticas para decrecer la aviación
En este módulo, analizaremos las políticas de aviación internacionales y de la UE actuales, y por qué marcan el rumbo para el crecimiento continuo de la destructiva industria de la aviación.
Aprenderá sobre las políticas existentes a nivel nacional e internacional, así como las propuestas de políticas (por ejemplo, tasa de viajero frecuente, topes y límites de vuelos, impuesto al queroseno, etc.) que realmente contribuyen al decrecimiento del sector de la aviación.
También discutiremos ejemplos de políticas implementadas con éxito que podrían convertirse en un modelo para medidas internacionales integrales.
MÓDULO 6: Ser un/a multiplicador/a
En este módulo hablaremos de cómo podemos apoyarnos mutuamente en la difusión e intercambio de ideas dentro de nuestra red de multiplicadores. Discutiremos cómo podemos llegar a diferentes grupos objetivo y dónde encontrar herramientas y métodos para desarrollar nuestras estrategias y actividades.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.
Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia VelardeOrtega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.
El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.
Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.
Unas dos semanas después del derrame, VelardeOrtega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.
“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.
Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.
En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia VelardeOrtega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.
Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.
—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?
Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.
Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.
Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.
Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.
Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.
Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.
Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.
Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.
—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?
—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.
Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.
Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.
Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?
—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.
Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.
Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.
Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.
También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.
¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.
Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.
—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?
—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.
Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.
Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.
Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.
En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.
Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.
Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.
—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?
—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.
Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.
Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.
Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?
—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.
Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.
Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.
Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.
Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.
En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.
—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.
Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.
La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.
—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?
—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.
Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?
—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.
Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.
También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
