Compartimos el pronunciamiento del Festival del Maíz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 1 de octubre del 2022
Hoy, hoy estamos de fiesta, porque hablar del Maíz es hablar de vida.
Hoy es un día para celebrar a nuestra gente, es venerar también las manos de miles de campesinos y campesinas por todo el mundo, que siembran el alimento más bondadoso que podemos tener.
Hoy es un día para agradecer a nuestra tierra bendita, que nos permite poderlo cultivar y agradecer también a nuestro Grano excelso, “El Maíz”, que es el que nos alimenta y también es el grano que nos ayuda con la economía de los mexicanos.
Es toda una expresión cultural y lo encontramos asistiendo siempre en nuestras tradiciones ancestrales.
Nuestros pueblos originarios han luchado por proteger y conservar a nuestro Maíz nativo, hacen gran fiesta con el inicio de la cosecha, porque saben que el Maíz, que el Maiz es vida.
Reivindicar del derecho de los consumidores mexicanos, a seguir alimentándose con variedades de Maíces nativos, en vez de granos transgénicos procedentes de los Estados Unidos, es algo que no tiene precio.
Para nosotros los Mexicanos, sentarse a recibir los alimentos sin Tortillas en la mesa, es imperdonable y como no haber comido.
Alimentarnos con tortilla es un ritual de todos los días.
El Maíz, es parte de nuestra cultura;
El Maíz es nuestra raíz;
El Maíz es nuestro alimento;
El Maíz es nuestra vida;
Hoy celebramos la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de México.
Hoy exhortamos, a que nuestra única revolución sea por seguir produciendo semillas limpias, para seguirnos alimentando.
Hoy seguiremos con sistemas de producción limpios, que resulten seguros para nuestra salud.
Hoy seguiremos preservando las 64 diferentes variedades de nuestros Maíces nativos.
Hoy seguiremos apostando por alternativas sostenibles.
Hoy sabemos, que sin el Maíz, la inseguridad alimentaria sería un caso seriamente severo.
Hoy seguimos levantando la voz para lograr una soberanía Alimentaria.
Hoy seguimos….
Los que suscribimos este pronunciamiento:
Hombres y mujeres de diversos colectivos, con ideales en común,que nos hemos unido en este Festival del Maíz, “Mujeres Rurales y Alimentacion” con la firme intencion de enaltecer a nuestro Grano portador de vida.
Hoy nos pronunciamos y decimos no a los transgénicos, los rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no al glifosato, lo rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no a las semillas genéticamente modificadas, las rechazamos? ( Si las rechazamos)
Hoy decimos no más al gobierno neoliberal, lo rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no a las tecnologías, las biológicas, sintéticas e impulsores geneticos, las rechazamos? (Si las rechazamos)
Compartimos esta carta abierta sobre el caso en la amazonia ecuatoriana – A Septiembre del 2022
Campaña global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad
Señor Guillermo Lasso Mendoza
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dr. Íñigo Salvador
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Señor Juan Carlos Holguín
CANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A ECUADOR A APELAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS PAÍSES BAJOS
Septiembre, 2022
El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas, campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5 mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha sido ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador.
Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte Suprema de los Países Bajos. Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE, CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito esta semana al Procurador a Ecuador para exhortarle este recurso, ver carta aqui.
Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el planeta. Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir, que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los derechos elementales de más de 30.000 personas. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar ese derecho. El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula en el Capítulo I, en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.»
En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:
– introducir el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del 28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.
– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución (exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.
– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de cualquier amenaza sobre sus derechos.
Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.
Compartimos el siguiente informede nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.
Comunicado de Prensa
Aeropuertos en México intensifican el Modelo Extractivista, despojo y saqueo de territorios
29 de Septiembre de 2022 – México
Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también, que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?
Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.
Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.
Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.
Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del nuevo informe “Aeropuertos y conflictos en México” de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).
En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.
Atentamente
Stay Grounded-Permanecer en la Tierra
Otros Mundos Chiapas A.C.
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura
Aeropuertos en México: allanando el camino para el turismo extractivista y los megaproyectos
septiembre 29, 2022
Aeropuertos en México: allanando el camino para el turismo extractivista y los megaproyectos
El nuevo informe «Aeropuertos y conflictos en México» de Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra ofrece un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México. Incluye una categorización de los aeropuertos, las aerolíneas operadoras, la movilidad de los pasajeros aéreos, los planes de inversión actuales, así como los intereses que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria. El informe señala 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados Un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México acompaña la publicación del nuevo informe que destaca la lucha de más de cinco siglos de los pueblos indígenas por su autodeterminación y autonomía.
Inversión masiva en aeropuertos en un país de viajeros en tierra
México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. En un país en el que el 41% de sus habitantes vive en la pobreza, las posibilidades de la mayoría de la población de viajar a un destino nacional o internacional son muy bajas. Difícilmente se podría creer en tal realidad viendo los resultados del informe «Aeropuertos y conflictos en México», en el que el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Principales aeropuertos (ASA y grupos aeroportuarios) en 2019 en México. Source: SCT Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2019
Antes de la pandemia de Covid-19, el número de pasajeros aéreos había ido en constante aumento, llegando a los 97,3 millones de pasajeros en 2018 – 46 millones de tráfico aéreo internacional y 49 millones de viajes aéreos nacionales, un aumento del 58,8% y 62,5% en comparación con los niveles de 2013, respectivamente. Sin embargo, la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como única forma de transporte. Una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros en 2018, lo que representa casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos en el país.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual.. Desde 2018 la administración de López Obrador (AMLO) ha impulsado nuevas inversiones aeroportuarias en todo el país. En 2019, la infraestructura aeroportuaria fue el sector más beneficiado bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal. Sólo entre 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la «mejora» (y ampliación) de 28 aeropuertos. Para todo el periodo de la presente administración (2018-2024) se registraron inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos.
Ampliando aeropuertos, extiendiendo conflictos
De los 50 aeropuertos bajo el plan de inversión, el informe describe con mayor detalle el estado actual de 40 si serán ampliados y/o modernizados, 5 que están en construcción, 4 tienen planes de construcción y 1 caso de cancelación muy polémico (el aeropuerto de Texcoco).
Además, tras determinar lo que constituye un «conflicto aeroportuario», Castro identifica cómo estos proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. Sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales deCreel,Guadalajara,TexcocoyFelipe Ángeles en Santa Lucía)en el Mapa de Injusticia y Resistencia Aeroportuaria, el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en el estado de Quintana Roo.
Los conflictos son similares en sus dinámicas y demandas. Las luchas por la defensa de la tierra resistiendo al acaparamiento de la misma, los reclamos de compensaciones, la lucha por los bienes comunes (agua, tierra, energía, trabajo humano, etc.), así como la lucha por la autodeterminación y la autonomía son predominantes en estos conflictos. La violencia moral y física, las constantes amenazas a la vida y la división al interno de las comunidades son también habituales. En el peor de los casos, el conflicto del aeropuerto en el territorio indígena de la Sierra Tarahumara es el culpable del desplazamiento forzado del pueblo rarámuri y del asesinato de defensores comunitarios indígenas como Antonio Montes Enríquez.
En el informe, Castro admite que la imposibilidad de identificar algunos conflictos no significa que no los haya. Dado que las infraestructuras aeroportuarias se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes, la posibilidad de que surjan nuevos conflictos es y seguirá siendo muy alta.
Modelo extractivista aeroportuario
Más que permitir la hipermovilidad catastrófica del capitalismo globalizado, los aeropuertos intensifican el modelo extractivista, crucial para el propio capitalismo. Extractive El turismo y otros megaproyectos de conectividad y extractivismo son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Castro señala que todas las entidades federativas (excepto una) cuentan con aeropuertos que operan carga aérea, la cual aumentó 47.4% entre 2013 y 2018 (910 mil toneladas transportadas).
No es de extrañar que los aeropuertos de las ciudades más grandes por ejemplo, Guadalajara y la capital industrial de México, Monterrey), los de las regiones turísticas por ejemplo, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida), así como el de Tijuana (mayor paso fronterizo y punto migratorio del continente hayan atraído las mayores inversiones públicas entre 2019 y 2021.
Los megaproyectos más emblemáticos que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria son el turístico Tren Mayaresponsable del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de numerosas comunidades indígenas y campesinas; el megaproyecto turístico «Barrancas del Cobre», el Canal Transístmico del Istmo de Tehuantepec y sus ciudades industriales; la refinería de Dos Bocas; la ampliación de puertos como Coatzacoalcos, Salina Cruz, Tuxpan y Puerto Madero; el gasoducto del sur; los complejos turísticos; los mega parques eólicos en el Istmo; el Autódromo de Fórmula 1 de la Riviera Maya; y las 19 estaciones del Tren Maya.
GeoComunes mapeando los diversos megaproyectos en el sur y sureste de México
Otro fenómeno cada vez más preocupante es el papel central de los militares mexicanos en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armardas. En el ejemplo del aeropuerto de Tulum, el informe describe cómo la administración de AMLO está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares, cuyos ingresos cubrirán las pensiones y las reformas de las fuerzas armadas , lo que ya ocurre también con el aeropuerto de Santa Lucía. Ambos aeropuertos Santa Lucía y Tulum contemplan la construcción de ciudades militares contiguas.
El capital internacional sigue utilizando las estructuras del Estado para mantenerse a flote, ya que el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria con el dinero de los contribuyentes sirve a los intereses de las corporaciones multinacionales – las aerolíneas de EE.UU., Europa y Asia representan aproximadamente dos tercios del mercado mexicano de carga aérea. Después de la conclusión de este informe, la multinacional francesa Vinci Airports se convirtió en el principal accionista del operador aeroportuario mexicano OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte). OMA se enmarca en el Acuerdo Nacional de Infraestructura con una inversión prevista de 12.000 millones de pesos mexicanos entre 2021 y 2025.
Estas diferentes formas de extractivismo ilustran las múltiples consecuencias del crecimiento de la aviación y del sistema al que pretende servir. El informe también alerta de otras amenazas que plantea la industria de la aviación, como el aumento vertiginoso de la demanda de tierras para la producción de agrocombustibles. En México, cabe esperar más deforestación y acaparamiento de tierras como consecuencia.
La principal conclusión de este valioso informe es que mientras los gobiernos y los actores financieros internacionales sigan invirtiendo masivamente en infraestructuras aeroportuarias en México en beneficio del ejército, del turismo y del extractivismo, veremos un número creciente de conflictos en territorios comunales indigenas y campensinos.
El informe completo(sólo disponible en español)elaborado por Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC) and Stay Grounded podrá ser bajadoaquí.También es posible bajar el mapa de territorios indígenas y ubicación de aeropuertos en Méxicoaquí.
México cuenta para el año 2020 con una población de 126,014.0241 y es el décimo país más poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, Bangladesh y Rusia.2 Cuenta con una superficie territorial de 1,960,189 de km² y ocupa a nivel mundial el lugar 14 en mayor extensión3. La pobreza alcanza al 43.9% de la población y la pobreza extrema al 8.5% 4 El 81% de la población mexicana es urbana.5 El 12.4% trabaja en el sector primario, el 24.8% en el secundario o industrial y el 62.1% en el terciario o de los servicios.6
La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB), pero sobre todo del sector turístico que había ocupado un lugar fundamental en los ingresos de divisas del país. Tan sólo en el segundo trimestre de 2020, el PIB en el sector servicios tuvo la peor caída en su historia de un 16,2% respecto al valor registrado en el mismo trimestre del año anterior.7
Sin embargo, para evitar el colapso, México evitó cerrar las fronteras aéreas durante la pandemia en 2020 y 2021, aunque aún así las aerolíneas registraron pérdidas cuantiosas. Y es que ligado al sector del turismo la aviación juega un papel importante así como la movilidad de personal que generan las inversiones en torno a los megaproyectos.
Por ello, el gobierno federal impulsa el apoyo al sector de la aviación para fortalecer al sector turístico y a los grandes megaproyectos de infraestructura de la presente administración (2018- 2024), entre los que se encuentran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Canal Interocéanico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya así como los Polos de Desarrollo asociados a ellos, la Refinería Dos Bocas, la ampliación de puertos, la ampliación o construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, entre otros.
Por lo, anterior, el presente Informe pretende elaborar una radiografía de la infraestructura aeroportuaria de México y de los diversos actores que van desde gobiernos, Aerolíneas, Sociedades y Grupos Operadores; describir diversos elementos de su caracterización y su vinculación con intereses económicos locales y regionales vinculados a proyectos extractivos, de servicios o de infraestructura en función de las ganancias de las grandes empresas trasnacionales, que conllevan impactos sociales y ambientales. Así, identificar aquellos aeropuertos en actual conflicto y caracterizar su diagnóstico.
Compartimos esta publicación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 22 de septiembre del 2022
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.
Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.
Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.
Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.
Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.
Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.
Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.
También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.
Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.
También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.
A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).
Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz. Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.
En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 22 de septiembre del 2022
El 15 de septiembre, la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, fuimos notificado por escrito hecho a mano por la Oficina de Representación en Zacatecas de la Secretaría de la Función Pública en respuesta a la queja interpuesta por nosotros en conjunto con integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) el 21 de julio. Interpusimos esta denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT (con números de folio 51484/2022 y 004327 respectivamente), en contra de servidores públicos de SEMARNAT y de la PROFEPA, por incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental, y participar en contubernio con el Municipio de Tlaltenango, quien con dolo y mala fe violentó la legislación en materia de disposición final de residuos sólidos desde que se inauguró el “Relleno Sanitario” en Cicacalco en junio de 2019, provocando la contaminación del arroyo Los Tecongos, así como daños al territorio y a la salud de la población.
Entre las/los funcionarios denunciados se encuentran: María Luisa Albores González, Titular de la SEMARNAT; Daniel Quezada Daniel, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social, quien acaba de ser polémicamente nombrado titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en una clara fidelidad a MORENA y no por su capacidad ni experiencia en su nuevo cargo (ver: https://elpais.com/mexico/2022-09-01/la-salida-de-jose-sarukhan-de-la-conabio-pone-el-foco-en-la-politica-ambiental-del-gobierno.html); también a Eduardo Yves González Villa, Director de Contacto Ciudadano de la SEMARNAT; Blanca Alicia Mendoza Vera, Titular de la PROFEPA; Rafael Coello García, Subprocurador de Inspección Industrial; Lourdes Angélica Briones Flores, Responsable de PROFEPA en Zacatecas; Sandra Mireya Gutiérrez, Subdelegada Jurídica de PROFEPA en Zacatecas; y 6 inspectoras/es de PROFEPA.
La PROFEPA confirmó en suActa de inspección de fecha 14 de septiembre del 2021lo que la comunidad indígena ha venido denunciando desde el 2019: “Sobre la cimentación perimetral del relleno sanitario se encuentran dos tuberías de plástico PVC de 6 pulgadas de diámetro, por donde escurre de manera constante un líquido de color obscuro, con olor y apariencia a un lixiviado, el cual se genera por la mezcla de residuos y basura diferentes que fueron arrojados de forma indistinta sobre las piletas del relleno sanitario. El escurrimiento toma cause sobre un arroyo temporal, que a decir de los inconformes se denomina arroyo Tecongo”. Esta Acta fue firmado por los inspectores Vidal Margarito Sánchez y Jesús Flores Hernández con números de folio PFPA/00621 y PFPA/00622 respectivamente, al hacer la visita de inspección al mal llamado Relleno Sanitario del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas en la comunidad indígena de Cicacalco.
Sin embargo, el contexto anterior no fue observado por la representante de PROFEPA en Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores, hace dos años, cuando realizó su primera visita al sitio, en septiembre de 2020, lo cual generó mucha suspicacia debido a la cercanía de ella con el entonces Presidente Municipal de Tlaltenango. Posteriormente, ante la presión de la comunidad, la PROFEPA tuvo que reconocer en el acta lo que siempre fue evidente con relación a la generación y escurrimiento de lixiviados, lo cual sirvió para realizar la clausura temporal total del sitio, pero no sin antes haber politizado el asunto lo cual derivó en la visita de la Ing. María Luisa Albores a la comunidad de Cicacalco en julio del 2021. Siempre fue evidente el daño ambiental que estaba generando el relleno, mismo que ella en su visita observó, así como también fue evidente que nunca existió el supuesto manejo de residuos.
Todo ello hizo notorio el proceder negligente de las autoridades ambientales federales y estatales, pero también la omisión y violación de sus responsabilidades y actos que les corresponden, porque no llevaron a cabo las medidas de urgente aplicación necesarias para resolver de facto la problemática; pero sí abonaron a administrar el conflicto con lo cual incrementaron el daño ambiental al no supervisar, ni antes, ni durante, ni después la mala construcción y operación del relleno sanitario de acuerdo a las denuncias realizadas por la comunidad indígena de Cicacalco, mismo que a la fecha continúa con la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad, sin atender el cuidado de la salud de la población, y sin resarcir los daños de las áreas de producción afectadas. Esto a pesar que en un convenio apresurado con fecha 14 de julio de 2022, la PROFEPA, en voz de la encargada de despacho en el estado de Zacatecas, Lourdes Angélica Briones, se comprometió públicamente a enviar una brigada de inspectores federales para iniciar procesos de resarcimiento y, sobre todo, las medidas de “urgente aplicación”.
Es importante destacar que el acta circunstanciada de inspección del 14 de septiembre de 2021 arriba mencionada no nos fue proporcionada por la autoridad municipal en funciones, la cual también fue negada por parte de la PROFEPA, a pesar de haberlo prometido. Este acto de ocultamiento de información violó nuestro derecho a estar informados y vulneró nuestra actuación ciudadana para poder realizar con mayor contundencia las denuncias pertinentes, de tal manera que nos vimos en la necesidad de recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia para conseguir dicho documento, al igual que también lo hicimos para conseguir información sobre el amparo interpuesto por el ahora Presidente Municipal de Tlaltenango, el C. Salvador Arellano Anaya, en contra de la clausura del relleno. Esto hace evidente la poca empatía que tiene para el cuidado de la naturaleza y la salud de la población, porque ese amparo está sirviendo para que la contaminación que se genera en el relleno sanitario no se detenga ni se reparen los daños ocasionados.
El amparo es la nueva excusa que utiliza las autoridades ambientales para seguir administrando un conflicto social de una obra que ocasiona severos daños al ambiente y la salud, pero sobre todo sirve para esconder la ineficiencia entre los actores municipales, estatales y federales, por lo cual, nuevamente la PROFEPA reafirma su complicidad, al no exigir al municipio procesos claros y ordenados en material ambiental. También públicamente argumentan, que no quieren multar al municipio por ese motivo, demostrando con ello que la ley está sujeta a sus arbitrariedades e interpretaciones.
Desde el inicio y hasta la fecha siguen sin respetar los tiempos de respuesta y de actuación para la aplicación de la normatividad en la materia. Es evidente que la ley ni es pronta ni expedita, pero por otro lado protege la inacción, la omisión y les proporciona distractores y argucias “legales”, en lugar de responsabilizar al presidente municipal por daño ambiental, por mal manejo de la administración de una obra municipal y por daños a la salud, entre ellos los daños psicosociales ocasionados a nosotras/os en Cicacalco. Hay evidencia suficiente para iniciar el proceso de cierre técnico permanente, hasta concluir con la remediación integral del sitio, pero también llevar a la rendición de cuentas a las y los culpables de esta infamia de daño ambiental.
Denunciamos que las autoridades han administrado, dilatado y evadido el proceso de atención al caso, y sólo destinan tiempo a reuniones mal planteadas, el diseño de un convenio pensado solamente para hacerles quedar bien ante la opinión pública, y continuar con la serie de engaños hacia nosotras/os porque no tienen ninguna intención de resolver el problema. Aunque, por otra parte, sí se han dado el tiempo para criminalizar nuestra lucha al culparnos y estigmatizarnos e interponer una denuncia desde hace dos años en contra de tres compañerxs “y/o quien resulte responsable”, porque nos oponemos a sus incompetencias, opacidad y mal manejo de sus obras, cuando en realidad lo único que hacemos es defender nuestra agua y nuestra salud.
Exigimos una investigación y la revisión administrativa planteada tanto por la Ing. María Luisa Albores en julio de 2021, como por la Secretaría General de gobierno de Zacatecas, Maestra Gabriela Evangelina Pinedo. Con el fin de esclarecer, llevar a la rendición de cuentas y castigo a los responsables directos e indirectos del gobierno municipal, estatal y federal, quienes por acciones inacabadas, de protección a funcionarios o por omisión de responsabilidades de funcionarios, incluyendo la corrupción, han violado nuestros derechos a un ambiente sano, han violentado nuestros procesos de participación ciudadana, y han estigmatizado y criminalizando nuestra lucha por la defensa del medio ambiente y de nuestra salud.
Exigimos de inmediato el cierre técnico adecuado del relleno sanitario, la cancelación permanente del mismo y la reparación y restitución de los daños ambientales, de salud y psicosociales que son intrínsecos a nuestros derechos que han sido violados.
Por otro lado, aprovechamos para exigir la revocación de nombramiento del titular de la CONABIO, Daniel Quezada Daniel, por su ineptitud en la resolución de conflictos socio-ambientales que han llevado a la destrucción ambiental de nuestra comunidad indígena, lo que demuestra de facto su total incapacidad para este nuevo cargo que le han asignado
Comunidad Indígena de Cicacalco y la Red de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Compartimos este video del Movimiento Mundial por Los Bosques Tropicales WRM apropósito del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
En este marco, queremos compartir el nuevo video “Uganda: Resistir a las plantaciones industriales de palma aceitera”, producido por la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central.
El video (disponible en inglés [1] y francés [2]) destaca la resistencia de las comunidades en las islas de Buvuma, en Uganda, donde la empresa Bidco -parcialmente propiedad de la empresa transnacional Wilmar- está tratando de expandir sus plantaciones de palma aceitera. Con falsas promesas, incluido el uso de esquemas de pequeños agricultores, la empresa quiere expandir su control sobre los territorios y la vida de las comunidades.
Sin embargo, las comunidades están decididas a resistir y crear conciencia al exponer las prácticas engañosas de la empresa. Su objetivo es que comunidades en Uganda y en otros lugares no caigan en las mismas trampas.
¡Comparte el video para apoyar la lucha de las comunidades de las islas de Buvuma!
Día Internacional del Lucha contra los Monoculitvos de Árboles 2022
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, organizaciones, redes y movimientos celebran la resistencia y alzan sus voces para exigir que se detenga la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
Estas plantaciones invaden territorios y afectan la vida de pueblos y comunidades. El Día fue declarado en 2004, durante un encuentro de una red comunitaria que lucha contra las plantaciones industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre porque en esa fecha Brasil celebra el Día del Árbol.
Compartimos esta nota de La Jornada sobre la minería submarina – A 13 de septiembre del 2022
Ciudad de México. En la zona Clarion Clipperton, entre Hawai y México, se realizará una explotación minera submarina, por lo que Hidden Gem, la embarcación más grande del mundo dedicada específicamente a la extracción minera del fondo marino, prepara su primera operación desde el puerto de Manzanillo, advirtieron las organizaciones Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Recordaron que la semana pasada, la compañía minera The Metals Company (TMC), subsidiaria de Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), obtuvo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) el permiso para realizar la explotación minera exploratoria que consiste en un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales en esa región del océano Pacífico.
Este es “otro paso de la estrategia de TMC para abrirle camino a la minería en aguas profundas. La solicitud de NORI a la ISA de un contrato de explotación en julio de 2021 ha resultado en una carrera para finalizar y adoptar regulaciones mineras en julio de 2023, lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala”, advirtieron.
Ornela Garelli, campañista de océanos de Greenpeace México, dijo que mientras “ya estamos lidiando con múltiples crisis que están erosionando la salud del océano, incluyendo su capacidad para actuar como un aliado crítico en la lucha contra el cambio climático”. Ahora “en lugar de proteger el océano como patrimonio común de la humanidad, lo está entregando a intereses corporativos como TMC, que a pesar de estar registrada en la Comisión de Valores y Bolsa han demostrado un desprecio despiadado por el impacto irreversible que esta industria supone para los servicios que proporcionan los océanos”.
Durante las negociaciones ante la ISA, la delegación de México se ha mostrado dispuesta a avanzar hacia la aprobación del Código Minero, aunque se ha mostrado cautelosa al reconocer la importancia de contar con información científica suficiente que respalde la compensación o indemnización que debe hacerse al medio ambiente marino en caso de que la actividad minera comience.
“México debe asumir un papel de liderazgo para prohibir la minería oceánica en aguas internacionales y formar un frente común junto con los países de América Latina y el Caribe para exigir que se prohíban definitivamente este tipo de prácticas destructivas que pueden causar daños permanentes”, dijo Alex Olivera, científico principal y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
Las organizaciones señalaron que un informe reciente del New York Times “muestra que TMC, uno de los más fervientes defensores de la minería oceánica y sus predecesores, cultivó una relación de 15 años con la ISA, la cual ha aprovechado para obtener una ventaja competitiva en sus ambiciones extractivas. Esto presumiblemente incluye un acceso preferencial a la información que le permitió ganar el control de algunas de las extensiones más valiosas del fondo marino para la posterior explotación minera”.
Agregaron que “también tuvieron un acceso sin precedentes a los delegados internacionales mientras se debatían los puntos del orden del día, incluida la petición de la empresa de que la autoridad aprobara un plan para probar el equipo minero. La ISA ha asignado aproximadamente 200 mil millas cuadradas de fondo marino -más grande que el tamaño de California- a los países en desarrollo para realizar trabajos de exploración en zonas reservadas, y casi la mitad de ese espacio está ahora bajo el control efectivo de TMC”.
Imagen: Activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta en contra de la “minería del mar profundo” en el barco minero ‘Hidden Gem’, en el puerto de Waslhaven en Rotterdam, Holanda, el año pasado. Foto tomada de greenpeacemexico via La Jornada
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.
Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.
Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.
Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.
El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.
Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.
Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.
En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.
Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.
Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.
Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“Todo por el oro de Colombia”
Martes 16 de agosto de 2022, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
En nuestra emisión del septiembre del cine debate proyectaremos este documental sobre a mineria en Colombia. Acompáñanos este martes 20 de septiembre a 6 pm en Kinoki San Cristóbal
En francés,»Pour tout l’or de Colombie», es un documental de Romeo Langloisen acerca de la minería de oro en Antioquia, Colombia, realizado para la cadena francesa de televisión Canal + en el 2012. Esta producción revela la situación de la minería a gran escala impartida por la multinacional Gran Colombia Gold, la minería informal realizada por pequeños mineros, y la minería ilegal de la que se financian grupos armados como los paramilitares.
Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre el caso #JusticiaParaBetyCariño – A 12 de septiembre del 2022
El 27 de abril de 2010, Alberta “Betty” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, fueron asesinados en el Municipio de San Juan Copala, Oaxaca, por miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), cuando la caravana de la misión civil de paz en que viajaban se dirigía a entregar ayuda humanitaria.
«Bety» Cariño Trujillo era fundadora y miembro de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), y directora de la organización CACTUS en Oaxaca. Jyri era un voluntario de origen finlandés que acompañaba la misión humanitaria de paz, donde más de una veintena de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas viajaban y donde resultaron algunos más heridos.
El pasado 7 de Septiembre del presente año, un Juez del Tribunal Unitario de la Región Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro presos (Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino) acusados de participar en la emboscada armada en el que fueron asesinados Betty y Jyri.
Por si fuera poco, el grupo paramilitar UBISORT continúa presente en la región con total impunidad, asediando a las comunidades e imponiendo el poder y control en el territorio, haciendo evidente la complicidad del gobierno del estado que tardó cuatro años en realizar la investigación, y de las 14 órdenes de aprehensión sólo se ejecutaron siete quienes al día de hoy ya han sido todos liberados, incluyendo el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez y Juan Macario Bautista.
La REMA se solidariza con la familia Esparza Cariño y con la familia Jaakkola.
La REMA exige el fin de la impunidad, castigo a los responsables de los asesinatos, alto a la intimidación y amenazas a defensores y defensoras de los derechos colectivos de los pueblos.
¡JUSTICIA PARA BETY Y JYRI!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
