El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” desde el 2015 defienden de manera colectiva y organizada las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. Este mes cumplen 5 años en su digna lucha, forman parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. A lo largo de su lucha han denunciado varias veces el daño a la salud y ambientan ocasionado por la explotación de la ilmenita y titanio. Lograron que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina Cristina en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.
En su 5to aniversario, las y los felicitamos, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y ríos de la voracidad minera pero sobre todo por defender la vida. Este vídeo cuenta un poco sobre su historia, además de ser un reconocimiento.
¡Felicidades al Frente Popular enDefensa del Soconusco!
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020
Por Elio Enríquez
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.
Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.
En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.
Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.
En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.
Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.
Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.
La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».
Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.
A continuación el comunicado completo:
Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.
El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.
Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.
Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.
La misma juez señaló que:
Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).
Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.
En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.
Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.
El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.
Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.
Los territorios en disputa
En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.
El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.
La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.
Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).
Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.
En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.
Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.
El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.
En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.
Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.
Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).
Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.
De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.
Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.
Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.
Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
Ilustración por Colectivo Alter-Navitas
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
El Síndico municipal de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revocar la concesión de aprovechamiento de agua que le ha sido otorgada a la “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por Coca-Cola FEMSA en Chiapas.
El pasado día 26 de marzo del presente año, el Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz, envió comunicación oficial a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, así como al Director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Licenciado Francisco Zebadúa Alba, la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio. La comunicación presentada se justifica en los efectos negativos de los refrescos en la salud, pone en riesgo el abasto del vital líquido, así como en los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como son la diabetes, obesidad, hipertensión, caries, entre otros. “La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua.”
Actualmente San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209, 591 habitantes, y el Organismo Operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), reporta un consumo aproximado de agua de 10, 688, 520, 000.00 L. (diez mil seiscientos ochenta y ocho millones, quinientos veinte mil litros) al año en la ciudad; así mismo manifiesta no contar con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante de agua a los hogares, recibiendo múltiples quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua, por lo que es evidente la imperiosa necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible de este vital líquido para satisfacer su creciente demanda.
Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previsto en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además deberá analizarla, teniendo en cuenta los estudios sobre disponibilidad del agua en la región, privilegiando el aprovechamiento para el consumo humano.
El Síndico municipal cuenta entre sus principales atribuciones y obligaciones, previstas en el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, la de “procurar, defender y promover los intereses del municipio”, razón por la cual, la solicitud presentada representa un imperativo legal, dadas las consecuencias en la población generadas por la concesión otorgada.
El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.
Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.
Cacaluta
Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017
Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.
En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.
“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.
Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.
Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Denunciamos
que en la madrugada de hoy 26 de febrero del presente año falleció María
Angélica Jiménez Ramírez una bebé de 11 meses, después que sus papás junto con
las autoridades y hermanas y hermanos solidarios lucharon para salvarle la
vida.
La
niña María Angélica estaba desplazada en Acteal junto con sus papás por causa
de desplazamiento forzado que sufrieron de parte de los partidistas del Verde
Ecologista y paramilitares del barrio Río Jordán, cuando les fueron destruidas
y saqueadas sus casas, el pasado 10 de agosto del 2019, todo por negarse a
aceptar cargos que no son comunitarios y
no aceptar una obra de drenaje, fue así que su opción a la resistencia
de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la
Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas
sus casas y pertenencias, este hecho lo denunciamos públicamente el 12 de
agosto de 2019, ver en este link: http://acteal.blogspot.com/2019/08/ataque-violento-integrantes-de-las.html
La
niña María Angélica, murió siendo víctima de desplazamiento forzado y sin gozar
el pleno derecho a la niñez, a la salud y a vivir en paz, así como otras niñas
y otros niños que también estaban desplazados con la niña fallecida, no están siendo
garantizadas sus derechos a la paz mientras vivan desplazados forzadamente.
Queremos
mencionar que el conflicto en el barrio Río Jordán tiene ya 5 años sin
resolverse, aunque el presidente municipal de Chenalhó Abraham Cruz Gómez, se
ha comprometido a intervenir para que dicho problema se resuelva y en
consecuencia, nuestros compañeras y compañeros desplazados retornen con
justicia a su comunidad de origen, pero, hasta la fecha no se ha hecho ningún
encuentro con dicho autoridad oficial ya que sólo ha venido posponiendo las
fechas y así se ha prolongado más el sufrimiento de las y los desplazados.
Ante
la triste pérdida de la bebé María Angélica, es indignante, muere en un
contexto de desplazamiento forzado orquestado actualmente por partidistas del
Verde Ecologista y paramilitares, consecuencia de un conflicto político no
resuelto en Chiapas que causó la masacre de Acteal en el marco del Plan de
Campaña Chiapas 94.
Por
todo lo anterior, los papás de la bebé fallecida junto con los papás y
autoridades de la Organización de Las Abejas de Acteal, decidimos que el cuerpo
de la niña, iremos a enterrarla a su comunidad de origen en el panteón comunitario
del barrio Río Jordán, por lo que pedimos estar pendientes de nuestra
integridad física y psicológica, en caso contrario, haremos responsables al
agente rural del barrio Río Jordán Vicente Pérez Ruiz, al presidente de
Chenalhó Abraham Cruz Gómez y a Rutilio Escandón Cadenas Gobernador de Chiapas.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y
Esperanza, a la tristeza por la partida de nuestra hermanita María Angélica, la
luz de nuestros Mártires de Acteal.
Atentamente
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal.
Imagen: Área de comunicación de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal
«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez. Foto: Roberto Ortiz
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la
normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha
sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia
extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y
riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH),
afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en
reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante
del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como
una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y
con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay
señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan
como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República,
aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la
institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional
Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor
de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para
atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros
respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de
mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar
las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se
encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es
firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la
lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los
delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un
diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo
justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó
Villa.
Panorama
Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1) Foto: Roberto Ortiz
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las
autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las
Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No
obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo
registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en
su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado
de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más
letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con
55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de
Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de
Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en
la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la
violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas. Foto: Francisco López Velásquez (16)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a
la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención
de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la
obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y
repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro
país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento
de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto
trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio
agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad
del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza
el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a
través de él se busca perpetuar los patrones culturales de
subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y
de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema
de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los
albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad
de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las
mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la
promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia
feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de
violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones
reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una
Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de
feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si
tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos
cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades
federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo
penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o
adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
– A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas
Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de
Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el
inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia
feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5
homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por
caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las
cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual
hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de
las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por
ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y
el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero
Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de
cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque
Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma
definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.
Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz,
acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la
violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de
acciones para garantizar la protección y preservación del Parque
Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de
habitantes del municipio de Chiapa de Corzo
El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número
12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la
Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no
habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección
del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón
del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre
los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una
empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que
se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.
Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera
Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le
impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y
Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa
a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón
principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de
reubicación.
Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de
90 días naturales, cumplidos el 31 de octubre de 2019, el caso fue
turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se
resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación
que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.
Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa
consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por
lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón
principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el
acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad,
a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los
bienes materiales de la empresa”.
Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias
interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales,
estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños
causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las
áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la
fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.
Por fin fue clausurada…
“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de
Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y
eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte
de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la
protección de la población e imponer las sanciones administrativas
correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección
de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.
enosique y Palenque
(proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió
una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de
consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios,
quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno
federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.
En el caso de la consulta ciudadana
“de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes
acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.
Por otra parte, en las asambleas
consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil
193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la
implementación del tren maya.
En la ciudad de Campeche, vecinos de
antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas
viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se
manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno
federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de
ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.
Denunciaron que sus predios
familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se
tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren
Maya.
En el municipio de Calakmul, donde se
tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo
Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de
la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores
de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.
En el documento detallaron sus
múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los
impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que
les permitan contrastar el costo-beneficio.
Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.
Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva
Propaganda
Desde temprana hora paseaba un auto
en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina
colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu
voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los
habitantes locales y en toda la región del sureste”.
En la cancha techada de la colonia
San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las
casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de
acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las
urnas.
En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.
Los atendían mujeres vestidas con un
chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la
supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes
con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.
En los municipios dónde se podía
votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían
los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.
Estas mantas, elaboradas por el
Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que
la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil
empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio
ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un
“desarrollo equilibrado”.
También prometía que los pasajeros
locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin
precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023,
año en que se planea su puesta en marcha.
Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.
Pasadas las seis de la tarde, en las
afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres
desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban
sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban
las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de
rechazo al megaproyecto.
En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.
Como Proceso lo documentó esta
semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los
criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la
población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la
información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del
tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las
comunidades.
“Solo un detallito…”
En paralelo, culminó hoy el proceso
de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por
el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que
arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se
llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados
por los que atravesará el tren.
Entre ayer y hoy se realizaron
asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes
ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren
Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus
anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.
Dos de estas asambleas se llevaron a
cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y
ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en
cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados
Unidos.
En las asambleas de Palenque y
Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los
campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer
tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el
estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la
intervención del gobierno.
“Todos estamos de acuerdo con el Tren
Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el
ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo
tenemos un detallito…”
En Boca del Cerro, una localidad
situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo
en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color
café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente
puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y
por el que pasará el tren.
Es precisamente en esta parte de
Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de
desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para
hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.
“En el ejido de Cortillo Segundo
tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya
es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con
qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel,
quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y
exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de
verdad, no de mentiras”.
Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a
dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias
porque ya no hay recursos”.
Algunas intervenciones mencionaron
malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez
Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus
críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.
Ante la cantidad y la diversidad de
las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno
federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el
“rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios,
no nos alcanza para todos”.
Invitó las personas a pensar “de una
manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de
acuerdo para que sea más integral”.
Momentos después, resaltó que “hay
mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner
los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital
transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos,
pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.
Ayer, en el municipio chiapaneco de
Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon
peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal
contestaron de la misma manera.
“Pido que AMLO nos resuelva; no
estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta
petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que
las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece
cuando llueve.
Adolfo Sánchez Jiménez tomó la
palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en
la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo
quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le
preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.
Ante la negativa Barceló, el señor se
dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se
soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”,
cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta
que el funcionario del INPI le cortara la palabra.
“Le molestan mis palabras”, espetó el
señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy
bienvenidas”, recalcó el servidor público.
Al concluir el evento, las
comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión
de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el
INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y
firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y
unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.
Omar Galindo de la C., representante
de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del
encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e
informada. ¡Dios me los bendiga!”
