Justicia para Miguel Vázquez Martínez, guardián de los ríos de Veracruz

Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021

Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.

Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.

Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.

Leer el comunicado: Es devuelto sin vida el ambientalista y defensor del territorio Miguel Vázquez Martínez

Imagen: Izquierda Diario Mx

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Entrevista: Asesinar a Fidel Heras es matar a un símbolo de la defensa del territorio

Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021

Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.

El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

>>Escuchar entrevista aquí<<

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.

Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.

Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.

COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».

En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:

El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.

Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/

Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.

Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.

«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.

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Firma la Acción Urgente: Condenamos el crimen del defensor comunitario Fidel Heras Cruz(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: EducaOaxaca

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Empresa de palma aceitera y madera Korindo pretende silenciar a ecologistas, da comienzo juicio

Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021

Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.

El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.

„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.

Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.

„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.

Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.

En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua.
„Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).

Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.

México: Alto impacto de derechos vulnerados por industria energética

Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021

Al menos 105 comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.

Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.

Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.

En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.

Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Derechos violados

De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.

Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.

En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.

Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.

Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.

También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.

Imagen: Servindi

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Guatemala: 195 organizaciones denuncian los últimos ataques contra miembros de la Resistencia Pacífica a la mina de Escobal

Compartimos este carta publicada en Fuera Mina Escobal — Solidaridad con la resistencia al Proyecto Escoba sobre el hostigamiento a la resistencia minera – A 21 de enero de 2021

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala

Estimados Srs.

Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.

Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.

El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.

Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.

La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”

Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:

  • Nos solidarizamos con las exigencias del Parlamento Xinka de Guatemala para demandar una investigación plena e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con respecto al ataque en contra de la vida del Sr. González.
  • Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.
  • Instamos al Procurador de los Derechos Humanos a que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de Julio David González Arango, su familia, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento Xinka de Guatemala. Urge que se establezcan las medidas de seguridad, según lo que pide el Sr. González y su familia, para garantizar su seguridad.
  • Solicitamos a las autoridades correspondientes continuar observando que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4785-2017, para que se garantice su carácter libre y de buena fe del proceso de consulta antes, durante y después de la pre-consulta y consulta al Pueblo Xinka.
  • Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las «operaciones de la mina» y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la inseguridad de sus residentes.
  • Llamamos a la comunidad nacional e internacional a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Xinka y las personas defensoras de la Resistencia de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida.

Atentamente,

>>Ver lista de organizaciones firmantes<<

Imagen: Acoguate

¡Otro Artero Crimen contra un Defensor del Territorio en Oaxaca!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el
pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

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Comité Cerezo: 14 defensores fueron ejecutados de manera extrajudicial en 2020

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.

Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).

En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.

Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).

De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.

En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso  entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.

Solidaridad Internacionalista con el pueblo colombiano y repudio a la violencia sistemática en su contra

Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.

Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.

El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.

Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.

Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.

La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.

Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:

  • Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
  • Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
  • Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
  • Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
  • Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.

Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.

Imagen: Contagio Radio

Más información:

Frente Popular en Defensa del Soconusco recibe Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2020

Este viernes 27 de noviembre en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato se entregará el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

El FPDS nace en 2015 en los municipios de Acacoyahua y Escuintla, miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), conformado por mujeres y hombres de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de las comunidades campesinas, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos y la Autodeterminación de los Pueblos. La lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco.

Compartimos el voz de las compañeras integrantes del Frentre:

Buenos días, reciban un saludo afectuoso de parte de todas las mujeres que formamos parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, mismas que estamos inmersas en la lucha contra la industria extractivita.

Las mujeres de lucha, no sólo somos amas de casa, campesinas, profesionistas… No, las mujeres de lucha somos el valor, el ánimo, la esperanza, la unidad… Somos las que movemos las banderas de lucha sin miedo a nada…

Porque las mujeres de valor, defendemos lo que amamos… y nosotras amamos nuestra herencia pasada y futura… porque todas sabemos que  lo que hoy decimos, pensamos o hagamos lo heredaremos a niños, hombres, mujeres… que respetarán la vida, la tierra, respetarán y lucharán por la justicia por todos y para todos…

 Por eso las mujeres presentes no dudamos al defender a la madre naturaleza… porque estamos dejando un legado de vida… un legado de valentía… ¡estamos sembrando una mejor generación!

Así que mujeres de las diferentes organizaciones tengan la seguridad que en ustedes se encuentra el motor que hace que todo camine… ¡somos el grito que todos seguimos, somos las que tenemos bien puesta la falda al momento de hablar de frente y sin mentiras! 

Hoy más que nunca, en tiempo se pandemia las mujeres somos conscientes de la importancia de la lucha por los ríos, el agua, los manantiales, los bosques que nos dan vida. En tiempo de pandemia quedarnos sin nuestros bienes naturales significaría más tristeza, más enfermedades, menos vida, más violencia. A propósito del día internacional de acción contra la violencia hacías las mujeres y en tiempo de Covid decimos: no más machismo, no más extractivismo!

Este reconocimiento nos inspira a agradecernos y reconocer nuestra fuerza en esta lucha!

¡Adelante compañeras… lo estamos haciendo bien!

Por eso, hoy 27 de noviembre del 2020 es un momento  histórico que quedará marcado en la línea del tiempo de escuintla y acacoyagua porque  este acontecimiento es  ejemplo de  lucha que nos inculcó Mariano Abarca, el pueblo de Chicomuselo y  nos motiva a continuar.

Mariano abarca, estés donde estés, ten la seguridad que te llevaremos en el corazón, siempre te recordaremos como un ser que luchó por las causas en beneficio común. Esposa. Hijos, nietos y demás familiares reciban nuestro afecto y que dios bendiga a todos.

A los organizadores de este significativo acontecimiento, se les agradece de tomarnos en cuenta para recibir este segundo premio a la defensa ambiental 2020, y a la vez desearles mucho éxito en los eventos posteriores a este aniversario luctuoso .

¡¡¡¡¡¡¡ Vida si…..        Mina no!!!!!!!!

>>Discurso de las Mujeres del Frente Aquí<<

A continuación compartimos el discurso de los compañeros al recibir el Premio:

Buenos días a todos y todas,  las y los presentes en este acto  que simboliza la lucha tenaz  por defender la justicia y por consiguiente a nuestra madre naturaleza y por lo tanto por la justicia y los derechos de todos y todas.

A todos los responsables de que hoy nuestra agrupación  reciba   el “Premio Abarca” quiero mencionarles que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio somos hombres y mujeres   representantes de comunidades de Acacoyagua y Escuintla, Chiapas.

Y  esta agrupación al recibir este  premio,… el Premio Abarca significa  para todos y todas un importante honor … pues  Mariano Abarca,  es para nosotros un héroe, quién sacrificó su vida por  defender a la madre naturaleza, hombre cabal,  cuyas acciones de valentía, tenacidad, honestidad y dignidad, son  ejemplos objetivos, cuyas  huellas dejadas han servido para dar continuidad en la lucha por no permitir las consecuencias de muerte  de  la minería, saludamos a doña Mirna, a Mariano hijo, a José Luis y a don Uriel que se encuentran aquí y al resto de su familia.

Así también el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de Junio da  gracias y reconoce  a  las organizaciones  que nos han apoyado todos estos años  y por las cuales  hemos persistido y estamos latentes por seguir defendiendo las injusticias!

Es importante decir que nosotros como Frente Popular  también hemos sido testigos de la ambición desmedida de las empresas mineras a quiénes sólo les importa las enormes ganancias que obtienen a base  de la explotación y destrucción del medio ambiente, somos testigos de cómo esas empresas  son  los responsables del divisionismo social entre las personas de las comunidades…. Hemos luchado por preservar  nuestro  entorno, nuestros ríos porque  con las minas la fauna acuática se muere, las envenenan; hemos visto como compran con dinero y míseras despensas a gente humilde y necesitada, y por supuesto inferimos que también han caído en la ambición  autoridades federales, estatales, municipales; incluyendo a comisariados, jueces, presidentes de barrio, cualquiera que caiga en tentaciones de avaricia.

Recibir este premio es un aliciente… pues como saben nuestro municipio es uno de los más amenazados y afectados en el estado de Chiapas… en nuestro territorio existen 14 concesiones mineras,   todas otorgadas por los anteriores gobiernos corruptos neoliberales, a empresas extranjeras y nacionales, abarcando una extensión territorial de más de 36 mil hectáreas y enclavadas en la parte de la sierra, cercanas todas a la Reserva de la Biósfera “ElTtriunfo”,  allí  es donde nacen nuestros ríos y cuyo destino fatal,  si no luchamos están prestos a contaminarse y por consiguiente a que la muerte llegue directo a nuestras casas, porque las represas donde se capta el agua entubada para el  pueblo y las comunidades, se obtiene de ríos que tienen su origen en las altas serranías. Así mismo provocar  el  mismo efecto a todas las comunidades y daño irreversible también a la Biosfera de La Encrucijada incluyendo sus pampas, manglares y el  mismo mar.

Por ello, al recibir este reconocimiento, renovamos fuerzas, porque el legado  que  mariano abarca,  ¡nos hereda es  su espíritu valiente!, ¡su espíritu de lucha, es un llamado a la unidad, a  persistir y darle continuidad a la defensa de nuestros territorios!.

Por ello los hombres y mujeres presentes llevamos en el corazón la sangre de este héroe… llevamos la chispa de justicia!

Listos a defender nuestra tierra de esos proyectos de muerte, porque además de la minería, en nuestra región se proyectan 2 mini hidroeléctricas, el gasoducto de  Oaxaca  a Escuintla, Guatemala concesionado a la empresa Raisini de estados unidos, la apuesta por más monocultivo de plátano y soya que significaría más pesticidas que amenazan la biodiversidad.

Por eso en este onceavo aniversario luctuoso de mariano abarca y el segundo premio por la defensa ambiental en Chiapas 2020, como frente popular, es importante el reconocimiento de 32 organizaciones internacionales y nacionales,  que a partir de este momento las  hacemos parte de nuestra lucha exigiendo:

Que las autoridades de Chiapas paren de acusarnos como causantes de conflictos, porque los conflictos en los territorios los causan las empresas ambiciosas no nosotros.

Que el gobierno de Chiapas deje de llamarnos a mesas de trabajo con las empresas porque nosotros ya dijimos no a la minería y para comprobarlos tenemos nuestras actas ejidales y municipales que nos respaldan.

Al gobierno federal que por favor deje de llamar a los megaproyectos desarrollo.

Que en nuestros municipios se garanticen ríos limpios para todas y todos.

>>Discurso del Frente Aquí<<

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería envió algunas palabras al Frente:

Queridos hermanas y hermanos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, todavía recordamos con mucho cariño el día que nos conocimos y decidieron integrarse con el resto de las resistencias constituidas en la REMA. Desde ese momento, sabíamos que ustedes serían unos grandes maestros para las luchas y resistencias de REMA, tanto en Chiapas, su lugar de origen, como en todo México,  porque su convicción de guardianes de la vida no podía tener un final tan contundente como el que ustedes han logrado con el sudor, sabiduría y organización demostrada en todas las asambleas, recorridos y noches y días que duró su campamento, en los cuales se aportaron en el camino para impedir el paso de los mineros ante la indolencia del gobierno federal, estatal y municipal estatal. Pronto también empezaron a compartir sus estrategias y logros con más compañeras y compañeros que del mismo modo estaban en resistencia tanto en Chiapas como en Guerrero, Puebla, la CDMX, Zacatecas, entre muchos otros lugares……………..a no bajar la guardia ante los embates de los mega proyectos…

Estamos muy contentos que hayan premiados y reciban el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020, el cual sin duda alguna también le dará mucho gusto a nuestro hermano y paisano, Mariano Abarca, a quien le fue arrebatada la vida de manera cobarde por luchar como ustedes en contra de los intereses de las empresas mineras.

Que gusto saber que han vuelto a pescar y que en su rio, que gusto que le lanzan ofrendas demostrándole su agradecimiento por las alegrías que les genera y que así debe ser.

Buena y larga vida para todos ustedes compañeras y compañeros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”. Esperamos que este gran reconocimiento les renueve energías para que nos sigan ayudando a expulsar de nuestro país a los proyectos mineros.

Muchas felicidades y toda nuestra solidaridad y reconocimiento a todos Ustedes.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA

Palabras del Frente Popular :

Compartimos fotográficas de la entrega del Premio a más integrantes del Frente Popular en la Comunidad La Cadena el sábado 28 de Noviembre:

Integrantes del FPDS celebraron la entrega del Premio Mariano Abarca en la Comunidad La Cadena, donde mantuvieron un plantón entre 2016 y 2018 para impedir el avance de los trabajos en las minas que afectan los territorios de Acocoyagua.

Colocaron el premio en una de las sedes de este plantón como símbolo del compromiso comunitario para seguir defendiendo su territorio.

Más información:

En la Prensa:

COMUNICADO URGENTE: Más de 20 organizaciones condenan las amenazas de muerte y hostigamiento en contra del defensor de derechos humanos Nataniel Hernández y manifiestan su respaldo en su labor en la defensa de los derechos humanos

Compartimos este comunicado de diferentes organización sobre las amenazadas y hostigamiento a integrantes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 27 de noviembre de 2020

Tenemos conocimiento de la campaña de difamación que se está en derezando en contra del trabajo del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, frente al palacio municipal de Tonalá Chiapas. Estos actos se suman a las amenazas de muerte manifestadas en su contra el pasado 20 de noviembre en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, en la que se señala como responsables a Rosalinda Quevedo Sandoval y Fernando Arreola.

Las organizaciones firmantes, rechazamos la utilización de la violencia como forma para atenderlos conflictos sociales y la demanda de las comunidad es en el ejercicio de sus derechos. Condenamos las amenazas de muerte y la campaña de hostigamiento, desacreditación y desprestigio que se están realizando en contra del Defensor de Derechos Humanos Nataniel Hernández. Estos actos ponen en riesgo su vida, integridad física y su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

De igual forma, condenamos la represión, el hostigamiento, el desprestigio, la violencia e intimidación que se está dando de manera generalizada a los y las defensoras de derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y movimientos sociales.

Reconocemos el trabajo de Nathaniel en la defensa de los derechos humanos y lo respaldamos. En este sentido exigimos a las autoridades municipales de Tonalá Chiapas, al gobierno del Estado y al Gobierno Federal:

  • 1.Alto inmediato a la campaña de desprestigio en contra del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández.
  • 2.Garantizar su integridad física, la integridad de su familia y demás integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
  • 3.Garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como una vía para resolver los problemas.

Firmantes

Tequio Jurídico A.C.Organización Familia Pasta de Conchos.Red Solidaria de Derechos Humanos.Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.Colectivo de mujeres por los derechos humanos “Yolpakilis”.Red de Formadoras Kualunemilis, A.C.Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC.Colectivo Xa’aybej, por la defensa del territorio.Alianza Sierra Madre A.CComité de Defensa Integral de Derechos Humanos GobixhaCentro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.Aluna Acompañamiento Psicosocial.Colectivo contra la tortura y la Impunidad A.C.Comité Cerezo MéxicoAsociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos IndígenasGestión Justicia y Medio Ambiente S.C.Luna del Sur A.CComité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada AC.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las CasasLa 72, Hogar-Refugio para personas migrantes.Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.Uno de Siete Migrando A. C.Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Más información:

Chiapas: Acción Urgente: Amenazas de muerte y daños en contra de Nataniel Hernández, Defensor de Derechos Humanos

Comunicado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa sobre la agresión a defensores de derechos humanos – A 23 de noviembre de 2020

Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas

Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza

El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones  y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.

El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.

Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá,  sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.

De estos hechos se han iniciado las denuncias penales correspondientes y notificado por escrito a las autoridades federales, estatales y municipales.

Por lo que urgimos al Estado mexicano a:

  • Se emitan las medidas de protección y se implemente de forma efectiva a favor de los y las defensores de este centro de Derechos Humanos y de los habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza del municipio de Tonalá. Chiapas.
  • Se garantice la vida, la integridad física de los y las defensores de derechos humanos y de los habitantes de la colonia.
  • Se resuelva de forma urgente el conflicto de despojo e  invasión en las Áreas Verdes, así mismo se investigue y castigue a los responsables de estos actos de violencia.

Antecedentes:

Los integrantes del Centro de Derechos Humanos somos parte del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaria de Gobernación, y cuentan con medidas de protección.

Desde el 2019 hemos acompañado el proceso de la colonia para solicitar al Estado el reconocimiento de los comités, dotar de servicios básicos y certidumbre jurídica de sus tierras que mantienen en posesión.

La problemática de invasión de tierras en las Áreas asignadas para la construcción de un parque recreativo, cancha deportiva, y jardines aún no se resuelve, esto ha generado graves agresiones, amenazas y confrontaciones, las personas que habitan la colonia viven de forma permanente con miedo, temor y preocupación.

Se ha notificado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas para pedir intervención, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta.