México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

Más información:

Semana trágica para el activismo en México: tres asesinados en Guanajuato, Morelos y Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de la vida en México – A 2 de abril de 2020

En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos.

Por Alberto Pradilla

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores. 

En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”.

Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio.

Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad.

Una mujer polifacética

El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos.

Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la investigación del asesinato. 

Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de trabajo

Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género.

Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según recuerda Raúl Ruiz de Colunga.

Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans. 

“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta iniciativa.

“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado.

La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también trabajó en locales nocturnos. 

“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. Pero el proyecto “quedó a medias”. 

“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga.

Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el secuestro sufridos. 

Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no quede impune”.

De las leyes al activismo

A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos. 

Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria.

Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener más conocimiento”, explica.

A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos naturales.

Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado. 

Hasta el momento, había tenido éxito en ambas.

El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado prácticas corruptas.

El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con los que poder frenar las obras. 

Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en Cuernavaca. 

“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento. 

“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo.

Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en Amilcingo.

Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio.

Paulina, defensora del pueblo wirikuta

A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás.

Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por posible feminicidio. 

Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico.

La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores. 

La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención.

Imagen: Especial Animal Político

Más información:

Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

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Isaac Medardo Herrara, Ambientalista y Defensor de los Territorios, es Asesinado en Morelos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de marzo de 2020

Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios comunicación y, por supuesto, financieras.

Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial “Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de “La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y de la naturaleza.

ta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.

La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020.

En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos lamentables hechos.

¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO.

¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE CÓMPLICE DE ELLOS!

¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Infografía de RompeVientos tv

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Gobierno Estatal y Federal vuelve a amenazar los Territorios y Comunidades de Chiapas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020

Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.

El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.

Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.

Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación Otros Mundos Chiapas

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Urgente Solidaridad Internacionalista con Amigos de la Tierra Brasil

Compartimos un comunicado urge de Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 6 de marzo 2020

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe expresa su solidaridad con las/os compañeras/os de Amigos de la Tierra Brasil ante las amenazas de remoción que el gobierno del derechista Jair Bolsonaro ha presentado contra la organización ambientalista brasileña.

Hacemos un llamado vehemente a las organizaciones, procesos y movimientos de la región y de diversas partes del mundo para expresar su solidaridad internacionalista ante estos ataques, que además de poner en riesgo el trabajo de una organización como AT Brasil son una afrenta a todas/os aquellas/os que defienden los derechos de nuestros pueblos. Reconocemos que las amenazas hacen parte de un proceso de intimidación contra quienes luchan por un país y una América Latina justa.

Desde noviembre de 2019 Amigos de la Tierra Brasil ha sido objeto de una tentativa de desalojo del inmueble que ocupa en la calle Olavo Bilac, en Porto Alegre. La orden ha sido entregada por la SecretaríaE special de Desestatización y Desinversión en Mercados del Ministerio de Economía de Gestión del Patrimonio de la Unión en el gobierno del derechista Bolsonaro. Todo esto se presenta después de un importante proceso de recuperación y mantenimiento que AT Brasil ha realizado en el predio, que anteriormente no era más que un espacio precario en un terreno abandonado. AT Brasil, durante el contrato de sesión ha realizado reconstrucciones estructurales y la instalación de diversas tecnologías sociales y ha convertido este lugar en un escenario de construcción social e intercambio para la dignificación de la vida y la sociedad.

ATALC considera que las amenazas configuran un ataque político contra nuestra organización hermana en Brasil, desde una estrategia administrativa con claras intenciones de desestabilización para todas/os aquellas/os que dedican sus vidas a la lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, y quienes durante su existencia como procesos organizativos han enfrentado todas las formas de dominación y opresión.

No es coincidencia que estos ataques se presenten contra una organización que ha enfrentado el poder corporativo de las transnacionales de la minería, entre otras, y ha acompañado procesos organizativos de pueblos que enfrentan, por ejemplo, el desplazamiento comunitario por la ampliación de aeropuertos, y trabajan en contra del avance del modelo corporativo transnacional hacia el despojo territorial y de derechos.

Sabemos que la acción articulada de los movimientos sociales al interior de Brasil y la presión internacional son nuestras herramientas para evitar que se consolide la injusticia de un gobierno caracterizado por sus posiciones fascistas y la negación de los derechos de los pueblos y sus conquistas históricas. Por eso nuevamente llamamos a la expresión de solidaridad a través de diversas acciones orientadas por AT Brasil y que presentamos a continuación:

i) Firme en este link http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/sobre/casanat/ en solidaridad con AT Brasil.

ii) Envíenos una carta institucional de apoyo. Modelo aquí: http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Carta-Alianc%CC%A7as-CasanatResiste.pdf

iii) Comparta los contenidos que publicamos en sus redes sociales, siempre usando los Hashtag #CasanatResiste y #AmigosDaTerraExiste y vinculando a @amigosdaterrabr

iv) Publique videos propios (puede ser historias en Instagram) hablando sobre la importancia de Casanat y de la actuación de AT Brasil. Al publicar marque nuestro perfil @amigosdaterrabr – así podremos republicar el contenido en nuestras páginas también.

v) Vengan a visitarnos. En breve divulgaremos una serie de actividades previstas para las próximas semanas como muestras audiovisuales, debates y rondas de conversación. Seguiremos nuestras actividades para mantener el carácter público del inmueble recuperado y devuelto a la sociedad por AT Brasil después de décadas de abandono por parte de la Unión.

#CasanatResiste #AmigosDaTerraExiste


Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC – Marzo 6 de 2020

Justicia para Samir Flores Soberanes

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.

En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.

Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.

¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!

¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!

Firma

Otros Mundos Chiapas

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell

Más información:

Defender el medio ambiente, la práctica más insegura en el mundo

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020

Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad

Texto: Arturo Contreras Camero

Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.

En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos fueron asesinadas en el mundo.

América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente. En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por  Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.

Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad, pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia. 

Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado de alguna manera por las agresiones 

Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza 

Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una política de combate a la pobreza a través de la creación de megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país. Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso tienen a estas comunidades. 

“El continente fue testigo de la creciente privatización de los servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.

Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”. 

Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”. 

La deuda con las mujeres

En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres, aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders.

“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos por defender a personas defensoras de  derechos Humanos, impulsando estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.

Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen en el país. 

Los defensores migrantes, la otra alerta

A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante. Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a los que los defienden.

Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de personas y fueron detenidos sin pruebas. 

“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”, aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT. 

El ejemplo de Nahuatzen

Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”. 

De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente por defender el ambiente. 

“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible. Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en este año”, dijo el representante de la comunidad. 

“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

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