Compartimos la siguiente petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 7 de diciembre de 2019
SÚMATE a la recolección de firmas exigiendo JUSTICIA para BERTA, exigiendo que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales
Ante sentencia condenatoria contra siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: Organizaciones de derechos humanos exigimos que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales.
Las Américas/Europa, 5 de diciembre de 2019.
El anterior 2 de
diciembre de 2019, la sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción
nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa emitió sentencia
en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres,
lideresa indígena y co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la tentativa de asesinato
contra Gustavo Castro, hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.
Entre
los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El
Tribunal, que dictó su sentencia a más de un año de haber finalizado el
juicio oral, confirmó que la acción de resistencia del pueblo lenca
organizado en el COPINH y liderado por Berta Cáceres en defensa del río
Gualcarque “ (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar
muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y
consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el
señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.”
Lo
anterior reafirma que el asesinato de Berta Cáceres fue una acción
planificada y organizada con el conocimiento y consentimiento de los
ejecutivos de la empresa DESA, con el propósito de neutralizar la
resistencia del pueblo lenca.
En virtud de lo señalado,
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos
observado con detalle la búsqueda de justicia por este crimen y las
violaciones en torno a esta causa. Reconocemos que se dicten condenas en
contra de responsables materiales, sin embargo, se mantiene nuestra
preocupación acerca de la falta de acción contra la totalidad de los
autores intelectuales.
De esa manera, exigimos al Estado de
Honduras, que avance en el procesamiento de David Castillo, cuya
audiencia preliminar se ha suspendido durante tres ocasiones por acción
de su defensa Igualmente, solicitamos que se avance a la mayor brevedad
en la gestión de diligencias investigativas y judiciales en contra de
los demás autores intelectuales vinculados al crimen y que actualmente
permanecen en la impunidad. El Estado de Honduras debe actuar con
diligencia contra los autores intelectuales como ha promocionado su
actuación contra los autores materiales.
Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras a que se revoque la concesión sobre el río Gualcarque, sagrado para la cosmovisión lenca, que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado como la principal fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH.
Compartimos el siguiente pronunciamiento de Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México – A 6 de diciembre de 2019
Somos guardianes y guardianas de la vida y los territorios provenientes de 11 estados de México. Les queremos alertar sobre el impulso de grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos que nos impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.
Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la « cuarta transformación » para defender nuestros derechos humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos.
De los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 nos afectan directamente en nuestros territorios. Entre ellos tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
Conferencia de prensa Cdmx
El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios de toma de decisiones. Pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias. Pondría en riesgo la soberanía nacional al transformar este territorio en un nodo de tránsito de mercancías del capitalismo global.
En el centro del país, el gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM) desde 2011. Implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este volcán activo sería desastrosa para la población. Hemos enfrentado diversos ataques por resistir al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos. Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa.
Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold pretende iniciar la explotación del proyecto «Esperanza », también llamado « Proyecto Jumil » en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente. Logramos frenar este proyecto en el año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar.
La minería canadiense nos afecta también en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El « Proyecto Ixtaca » acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río Apulco. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido avanzar.
En la zona del golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.
En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.
El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el gobierno pretende construir la presa Milpillaspara acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el gobierno estatal ha desplegado una estrategia de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco para imponer este proyecto.
Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable por año. Si bien el presidente afirmó en septiembre que la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45% de avance.
En el estado de Chiapas, el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen, intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha podido avanzar.
La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México. En el frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria. Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de nuestras comunidades.
Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosquesy montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios.
En particular exigimos:
Procurar justicia para los compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua y todos los defensores y las defensoras de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México;
Respetar el derecho a la autodeterminación de los más 20 pueblos originarios que integramos el Frente de pueblos originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía;
Cancelar el Corredor Interoceánico, proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec y respeto a la libre autodeterminación de sus pueblos originarios;
Cancelar el Proyecto Integral Morelos;
Cancelar todas las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua;
Declarar los territorios de Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua libres de Minería;
Respetar la autonomía de los ejidos de Zacatecasque ya han dicho “NO” a la Presa Milpillas;
No otorgar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable al año en Mexicali;
No otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas;
No organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos;
FIRMAMOS: ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT); ASAMBLEA DE RESISTENCIA DE AMILCINGO; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO; COLECTIVO TIOKÓ MONTAÑA DE GUERRERO; COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MEXICALI; CONSEJO TIYAT TLALLI; COORDINACIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COLONIAS DE XOCHIMILCO; FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA; FRENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA; LA ASAMBLEA VERACRUZANA DE INICIATIVAS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (LAVIDA); MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO; MOVIMIENTO MORELENSE EN CONTRA DE LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES; MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y CUENCAS DE AGUA DE TANCÍTARO; NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR (NCCP); OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS; OTROS MUNDOS CHIAPAS; PLATAFORMA VECINAL Y OBSERVATORIO DE LA COLONIA JUÁREZ 06600; RADIO COMUNITARIA AMILZINKO; RED EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA SIERRA TARAHUMARA; RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA); RESISTENCIA CIVIL DE BAJA CALIFORNIA; UNIÓN DE COMUNIDADES Y EJIDOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, DEL AGUA Y DE LA VIDA (ATCOLHUA); UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN
Compartimos la siguiente nota informativa publicada en Pie de Página- A 29 de noviembre de 2019
La construcción del Tren Maya podría fragmentar los hábitats de ocho áreas naturales protegidas de cinco estados, advierten investigadores de distintas disciplinas. Dio inicio la fase informativa en 15 asambleas regionales de la consulta del proyecto
Texto: Daliri Oropeza
Foto: Lucía Vergara
El diagnóstico: impacto en ríos subterráneos, cenotes, selvas,
humedales, manglares, palmares y arrecifes de 8 áreas naturales
protegidas. Es el resultado de la investigación de un grupo
multidisciplinario sobre los efectos del Tren Maya, en el marco de la
consulta que se llevará a cabo en cinco estados: Quintana Roo, Yucatán,
Campeche, Tabasco y Chiapas.
De acuerdo con cuatro instancias de gobierno, Fonatur, INPI, Segob
[1] y Presidencia, el proyecto contempla una ruta de 1,460 km, con 18
estaciones. Con ello, servicios de transporte para pasajeros locales,
turistas y carga. Estiman una inversión120 mil millones de pesos para la
construcción del tren. Trazan su viabilidad en 4 ejes, medio ambiente,
ordenamiento territorial, desarrollo económico y patrimonio cultural.
Tanto Fonatur (oficina encargada del proyecto) como el INPI aseguran
que en medioambiente, buscarán proteger los recursos hídricos y
acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos y respetar las
reservas ambientales aunque no detallan cómo. Proyectan 18 “polos de
desarrollo”, entre ellos Calakmul en el corazón de la reserva.
Sobre el ordenamiento territorial, hablan de llevar a cabo procesos
de planeación con participación ciudadana, pero no dicen si van a
comprar tierras o van a expropiar. Hablan del derecho de vía ya
existente, pero eso solo está en una parte de la ruta.
Del desarrollo económico dicen que es prioridad facilitar el acceso a los mercados laborales y “generar nuevas oportunidades económicas”. En cuanto al patrimonio cultural, dicen que es prioridad “facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico” .
Mapa oficial de la ruta del Tren Maya. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia
El efecto barrera lo provocarían al intervenir la selva. Esto deriva
en perdida de hábitat provocado por desmonte, entonces los animales se
desplazan, puede pasar atropellamiento de fauna y efecto de atracción
hacia zonas urbanas por búsqueda de alimento.
En el equipo de investigación están la antropóloga Giovanna
Gasparello, la pedagoga Violeta Núñez, el periodista Jaime Quintana, la
historiadora Eliana Acosta, el biólogo David Jiménez, el antropólogo
Antonio Machuca, y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya,
Heber Uc.
Ellas enlistan los ocho territorios protegidos en el trazo del Tren Maya:
Parque Nacional Palenque, Chiapas
Área de Protección Cañón del Usumacinta, Tabasco
Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche
Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche
Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo
Área de Protección Manglares de Nichupté, Quintana Roo
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo
Área de Protección Uaymil, Quintana Roo
Una nueva consulta…
Nunca antes se había hecho una consulta de este tipo en la región
Maya. De acuerdo con las cuatro instancias de gobierno federal, es un
proceso de consulta que contempla tres fases a lo largo de un mes:
difusión de información, fase deliberativa y un ejercicio participativo
con votación y urnas a la que denominaron fase consultiva.
Dentro de la etapa de difusión e información, que inició desde el 15
de noviembre, este 28 comenzó la fase informativa realizada a través de
15 asambleas regionales. A partir del 30 iniciará la fase deliberativa
para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de
diciembre.
La etapa de difusión e información inició desde el 15 de noviembre.
La fase informativa inició el 28 de noviembre, realizada a través de 15
asambleas regionales. A partir del día 30 de noviembre iniciará la fase
deliberativa, para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas
el 14 de diciembre.
a dinámica de la consulta fue anunciada en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Habitantes de la región han expresado confusión sobre el proceso de
consulta y la falta de información tanto de la dinámica de la propia
convocatoria, como detalles del proyecto.
Por su parte, aún sin haber consulta, el titular de Fonatur Rogelio
Jiménez Pons anunció el 9 de agosto a las empresas ganadoras de la
licitación para construir el tren: el consorcio integrado por SENERMEX
Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V.,
Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. y Key Capital, S.A.P.I. de
C.V.
Jiménez dijo que esto integra la ingeniería y diseño de diversos
estudios y proyectos: cartografía, topografía, geología, geotecnia,
geofísica, trazo geométrico, terracerías, estructuras, obras inducidas,
entre otros.
Para garantizar los derechos de consulta, de acuerdo con la el
Convenio 169 de la OIT, debe haber consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas. Pero ya estaba la licitación antes
de que los pueblos definieran si les interesa el proyecto.
Detalle de los impactos
El proyecto, de acuerdo con los investigadores, además de implicar
la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de
suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una
lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida.
Aseguran que esto afectará las propias formas de valoración de los
pueblos indígenas, “los cuales por cientos de años con sus saberes y
prácticas ancestrales han sabido cuidar y conservar, y hacer del Sureste
una de las regiones con mayor riqueza y diversidad biológica y cultural
del país”.
Los investigadores advierten que el Tren Maya implica un “reordenamiento territorial que podría cambiar profundamente las formas de vida de la población indígena y campesina en la región”. A través de los llamados “polos de desarrollo” se edificarán ciudades para abastecer las necesidades turísticas como hoteles, restaurantes, centros comerciales, mano de obra, explican.
Mapa de los “polos de desarrollo” proyectados por el gobierno federal. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia.
El equipo de investigadores muestra preocupación por varios puntos, el primero es que el proyecto está a cargo de Fonatur:
“Fonatur no es una institución destinada al desarrollo de servicios sociales o de infraestructura pública. Se trata de una instancia intermediaria entre el Estado (que ‘posee’ la tierra y la riqueza natural, paisajística y cultural ofrecida en el mercado turístico) y los empresarios (que tienen el capital para invertir en hoteles e infraestructura turística)”.
También expresan:
“Sólo 30 por ciento de los habitantes de los estados por donde cruza el tren tienen acceso al agua, y este impacto se va volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales”.
Sobre el agua, los investigadores cuestionan qué pasará en Calakmul
ya que actualmente no hay agua suficiente para la población: ¿de dónde
se abastecerán de agua si imponen el proyecto?
Las entidades donde cruzará el Tren Maya -Chiapas, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo y Yucatán- albergan 63.6 por ciento de la superficie de
manglar.
Los investigadores advierten además sobre la contaminación de cenotes, grutas, impactados por turismo:
“El proyecto del tren amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote rey, águila elegante y pavo ocelado”.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 3 de diciembre de 2019
La noticia sobre la cancelación de los 504 millones de pesos del presupuesto federal para la construcción de la Presa Milpillas, es un peldaño más a favor de la lucha organizada de las comunidades de Zacatecas, pero sobre todo de las y los habitantes del municipio de Jiménezde Teul, así como de los ejidos que integran el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, porque ratifica, no sólo el pobre papel emprendido por parte de diferentes actores políticos del gobierno de Zacatecas, encabezados por el Gobernador Alejandro TelloCisterna, -así como titulares y operadores de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Policía Estatal entre otras dependencias-, sino además demuestra que la lucha por la vida, por la esperanza, por la no violación de los derechos de los pueblos, se encuentra en manos de las comunidades que deciden defender el territorio y que no se dejan manipular por los discursos de progreso que tanto pregonan los gobernantes a nombre de los pueblos.
A pesar de las amenazas, calumnias, campañas de desprestigio, coacción, acoso policiaco, represión e intentosde criminalizar para las y los integrantes del Movimiento, con el propósito de dividirlos internamente y lograr sus pretensiones de ocupar el territoriocon una presa que nadie de los habitantes pidió, las mujeres y hombres, jóvenes y niñ@s de los ejidos de Atotonilco (Cortina), El Potrero (embalse), Estancia de Guadalupe (caminos), Corrales (planta de rebombeo) y las comunidades río abajo,han logrado darle varios reveses legales y jurídicos, quedando al desnudo la ilegalidad de un proyecto con claros tintes privados, que pretenden despojar de los bienes naturales a quienes tienen una forma de disfrutarlos de manera libre y ordenada.
Esta noticia sobre la cancelación de 504 millones originalmente destinados para iniciar la construcción de la presa Milpillas, desmontade facto un proyecto que, de acuerdo a documentos oficiales tiene un costo total equivalente a poco más de 6 milmillones de pesos de inversióntotal, en donde prevalecen grandes procesos de colusión para el uso del agua con fines empresarialesy privados.
No obstante el anuncio sobre la cancelación del recurso financiero, sirve para que estemos atentos y alertas porque ahora ya de manera directa, el gobierno zacatecano menciona que será el sector empresarial quien pretende inyectar más de 4 mil millones depesos para iniciar la construcción de un acueducto, el cual afectará el territorio de los ejidos de Niño Artillero y Nuevo México en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacienda Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro máximoreconocimiento y solidaridad al llevar la lucha por elterritorio con tanta dignidada todas y a todos los que forman parte del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Mesoamérica, 29 de noviembre de 2019 –
Este 29 de noviembre amanece en una Abya Yala que vive tiempos
convulsos. Alzadas en lucha por la democracia y la justicia social,
nuestras hermanas en Chile, Colombia y Bolivia enfrentan la represión
brutal de sus gobiernos mientras el autoritarismo, las políticas
neoliberales, el extractivismo y los fundamentalismos religiosos avanzan
en toda la región exhibiendo sin complejos su rostro racista y
misógino. Mientras tanto, en nuestra Mesoamérica, el panorama no
difiere.
En Nicaragua,
la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde
abril de 2018, lejos de cerrarse, se prolonga y profundiza junto con la
represión de la protesta pacífica y la violencia paramilitar contra las
activistas y las defensoras. Doloroso testimonio de ello son las 7
compañeras que este 29 de noviembre amanecen bajo la condición de presas
políticas o las decenas de defensoras que siguen exiliadas.En Honduras,
a 10 años del Golpe de Estado, la corrupción y el crimen organizado
campan a sus anchas en un gobierno que reprime a la población que ejerce
su legítimo derecho a la protesta. Garantiza impunidad para
corporaciones que usurpan territorios para los asesinos de Berta
Cáceres y para quienes ejercen violencia criminal contra las comunidades
y las mujeres -como es el caso de las garífunas- mientras criminaliza a
quienes defienden derechos. En El Salvador,
las mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio y criminalización por
abortar o por denunciar abusos y violencia sexual. Nuestres compañeres
de las comunidades LGBTI son asesinades con crueldad y con la más
absoluta impunidad mientras el discurso de odio se expande por las redes
sociales y medios de comunicación, en ocasiones con la connivencia de
destacados funcionarios del gobierno.
En Guatemala, mientras el Estado blinda sus dinámicas
corruptas expulsando a la CICIG del país y tramita leyes que suponen una
amenaza para las organizaciones de derechos humanos y para los derechos
fundamentales de la población, las mujeres seguimos siendo asesinadas
-571 en lo que va de año- y las defensoras, especialmente las
integrantes de los pueblos originarios, agredidas y criminalizadas por
defender la tierra y nuestras comunidades. En México,
las periodistas son asesinadas y atacadas por ejercer su libertad de
expresión y derecho a informar, las activistas feministas enfrentan
discurso de odio y criminalización por denunciar las violencias contra
las mujeres o por defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Quienes defienden los derechos de las personas migrantes son objeto
sistemático de agresiones en el marco del pacto sobre política
migratoria firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Todo ello tiene un impacto evidente en los riesgos que enfrentamos las mujeres defensoras de derechos humanos en la región. Según los datos preliminares de nuestro Registro de Agresiones, en 2018 se contabilizaron 1,747 agresiones contra defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, reflejando una claro incremento respecto a períodos anteriores (1,462 en 2016, 1,558 en 2017).
Para el periodo 2017-2018, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen siendo las más agredidas (1.014), seguidas de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (666).
Actores vinculados a los Estados (policías, militares, autoridades estatales y federales) siguen siendo, de manera agregada, los principales responsables de las agresiones.
Frente a estos contextos de violencia las mujeres seguimos en la vanguardia de todas las luchas, en todos los países y comunidades. Cada vez nos hacemos más visibles en las calles, resistimos desde nuestros cuerpos-territorios, nos acuerpamos, tejemos redes de sororidad que nos protegen y nos hacen más fuertes.
En el amanecer de este convulso 29 de noviembre, desde la IM-Defensoras y todas las compañeras que integran las Redes en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, abrazamos a todas las defensoras de América Latina, de nuestra Abya Yala, en la convicción de que juntas somos más fuertes y de que las semillas de cambio que todas y cada una de nosotras sembramos cotidianamente a través de nuestras luchas y resistencias, están abonando la tierra de un futuro mejor, donde la Vida sea el centro.
Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) sobre la sentencia del primer juicio por el caso de Berta Caceres – A 2 de Diciembre de 2019
Comunicado sobre lectura sentencia causa Berta Cáceres
Las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH tras la lectura de
la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del
asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hacemos conocer lo
siguiente:
1. La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres.
2. El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de
poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de
Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y
Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres.
3. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la
participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar
adecuadamente el asesinato de Berta Cáceres.
4. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de
una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y
sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres
5. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total
que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen
consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la
solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza
para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de
la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura.
Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los
pueblos y para Honduras.
En el COPINH seguimos con esperanza defendiendo la sangre de la
tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la
vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive.
¡La impunidad no termina con una sentencia! ¡Castigo a los Atala! ¡Estado Asesino!
Dado a los 2 días del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.
En el décimo aniversario luctuoso de Mariano Abarca, su lucha sirve como ejemplo e inspiración para otras luchas por la vida y el territorio.
La tarde de este miércoles 27 de noviembre se entregó el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE, con la participación de organizaciones nacional e internacionales.
Compartimos un video sobre el MODEVITE
Versión en ingles
Galería de fotos
Primer entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental 2019 «Mariano Abarca»
Este 27 de noviembre
de 2019, se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista
que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su
municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio
ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration,
minera involucrada en su asesinato. Desde entonces, su familia y diversas
organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a
los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada
de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron
haber contribuido al asesinato de
Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno
mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar del asesinato
de Mariano Abarca, en todo el país, y en particular en el estado de Chiapas,
muchas y muchos otros defensores continúan luchando y manifestándose por la
defensa de la Tierra y el Territorio, por la Vida y por la Madre Tierra contra
las políticas, políticos y megaproyectos, quienes al pretender los bienes
naturales amenazan de facto la cultura e identidad de los pueblos indígenas,
campesinos, así como también la vida de la población urbana.
En este contexto los
Convocantes conmemoramos en el marco del Décimo Aniversario luctuoso de Mariano
Abarca al Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019
“Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y
visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu
sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su
ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que
son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
El “Premio Mariano
Abarca” 2019 será para la organización indígena del Movimiento en
Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes
tienen presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.Dicho Reconocimiento
será entregado el día 27 de Noviembre del año en curso en el Auditorio de
Bellas Artes del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México, en compañía de representantes de organizaciones y redes nacionales e
internacionales convocantes, así como de la familia Abarca.
El “Premio Mariano Abarca” también será una importante ocasión para compartir experiencias de otras luchas colectivas en defensa de la Tierra y el Territorio, por lo tanto, el mismo día llevaremos a cabo el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, con la participación de procesos de resistencias de la zona Norte, Costa y Altos del Estado de Chiapas, también conoceremos parte de la experiencia de lucha realizada en la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, así como nos acompañarán panelistas y especialistas quienes compartirán un análisis de la situación de la violencia contra las defensoras y defensores ambientales con el fin de enriquecer la Agenda de intercambio colectivo.
Compartimos el comunicado de Acción Colectiva Socioambiental, Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 11 de Noviembre de 2019
El
pasado sábado 9 de noviembre 2019, habitantes de las comunidades
directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la
zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato,
madrugamos y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia nos organizamos para visitar la mina de Cerro de San
Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera
directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que
podrían ocurrir, en nuestro territorio, si la minera canadiense
Argonaut Gold llegara a operar su proyecto Cerro del Gallo.
La
Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva Socioambiental y la Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación
del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio
Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis
Potosí.
Con
apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el
Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de
Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del
propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos
autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos,
mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de
Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz,
San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort
donde existe una mina de caolín.
Los
integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias
explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San
Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la
población, así como en actos de corrupción con las autoridades,
amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de
derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y
ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron
revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por
los presidentes Fox y Calderón.
En
la visita pudimos observar una amplia zona de desastre que en
apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de
convertirse en uno de esos «Pueblos Mágicos», ese tipo de
proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares
y restaurantes para turistas desinformados, que no saben del riesgo
que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el
camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan
regando con cianuro una montaña de desechos. Sobra decir, que el
«pueblo mágico» solo beneficia a los inversionistas pero no a
los habitantes orginarios.
El
desastre de esta mina iniciada en los años 90, ha tenido graves
impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica
biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una
violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social,
conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de
la economía local, corrupción política e impunidad.
La
visita fue un éxito, ya que las personas que asistimos, accedimos a
través de fuentes fidedignas, a la realidad de la minería a cielo
abierto.
En
respuesta al interés de los pobladores, la Hermandad de la Cuenca de
la Independencia continuará con los procesos de información a la
población, impulsando la organización autogestiva de resistencia en
la región del Cerro del Gallo y otras zonas de Guanajuato amenazadas
por esta actividad depredadora, apoyada de manera irresponsable por
el gobierno estatal.
