Autor: Otros Mundos AC

Lo que el Coronavirus devela, Reflexiones desde la REMA

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de abril de 2020 >>Descargar en pdf<<

“Despertemos Humanidad, ya no hay tiempo” Berta Cáceres

Independientemente de las teorías no concluyentes sobre el origen del COVID-19 incluyendo las conspiraciones o su comparación con otros virus y males que han causado más muertes en el mundo, creemos fundamental señalar, visibilizar y hacer consciente qué se devela con esta pandemia, cuál es su tendencia y quién o quiénes se benefician de este fenómeno de graves consecuencias en lo sanitario, político, social y mediático.

Desde hace tiempo varios analistas insisten que el capitalismo entró en una crisis sistémica terminal en todos sus componentes; social, política, financiera, alimentaria, energética y, sobre todo ambiental. Sin embargo, por lo visto no será necesario esperar a que el descongelamiento del planeta por el Cambio Climático libere otros virus para darnos cuenta de lo que sucederá. El COVID-19 y algunos de sus antecesores, son una “pequeña” prueba de lo que pasará nuevamente en un futuro, quizás no muy lejano, sobre todo si tomamos en cuenta no sólo la frecuencia en la cual aparecen otras pandemias, sino el poco tiempo transcurrido entre, por ejemplo, la influenza y este nuevo brote planetario.

Es contundentemente claro que no existen hoy por hoy estructuras multilaterales que respondan a esta crisis de emergencia sanitaria, menos aún cada nación estaba lista para enfrentarla, sea por sus insuficiencias, por su infuncionalidad o simplemente porque están colapsadas. Tampoco las Naciones Unidas con todo su andamiaje es suficiente y en cada una hay un común denominador; son estructuras que han sido corroídas por la corrupción y la apropiación corporativa. Por su parte, las alianzas multilaterales regionales tampoco han reaccionado ni mostrado estar a la altura de las circunstancias. Los gobiernos asiáticos -al parecer con un menor daño social-, hasta el día de hoy han logrado controlar de forma “más exitosa” el contagio comunitario con el uso del autoritarismo y el control digital sobre los ciber-usuarios de una sociedad la cual, a pesar de estar digitalizada al extremo, todavía experimentará mucho más control en ese sentido en el mediano plazo.

Al otro lado, en occidente, los muertos se contabilizan por miles al día a quienes simplemente se les abandona. La población de los países “supuestamente desarrollados” viven una vulnerabilidad que los atormenta, y que de alguna manera les “es extraña” porque al parecer han olvidado que las pandemias, las guerras, las crisis y la violencia estructural global ha surgido desde su seno. Quizás creyeron que eran inmunes a los efectos y defectos del “progreso capitalista”. Así, la crisis sistémica iniciada hace décadas desde la periferia hacia el centro del capitalismo, ahora como boomerang, regresa desde el centro hacia la periferia del capital.

Al final de la II Guerra Mundial la economía de guerra reactivó a los Estados Unidos luego de la Gran Depresión de 1929, y luego lanzó la iniciativa conocida como “El Plan Marshall” (European Recovery Program -ERP-), inyectando recursos financieros para que los países devastados levantaran sus economías, sustituyeran las importaciones y generaran sus propios medios de subsistencia con deuda externa, generando así la base del condicionamiento acreedor-deudor. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) endeudaron a naciones enteras que los llevó a la crisis de la Deuda Externa del Modelo Estado de Bienestar. De esa forma, con un claro incremento durante la década de los 70´s, las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por ambas instituciones financieras, paulatinamente desmantelaron este Modelo que terminó por avasallar los raquíticos logros que garantizaban mínimos estándares de derechos humanos.

Así fue que el Modelo Neoliberal cumplió con su objetivo: se desmanteló el sistema de salud y su red de suministros a partir de entregarlo a manos privadas; se demolieron los sistemas alimentarios locales que abonó a la concentración de la producción alimentaria en pocas empresas semilleras en el mundo, creando una gran dependencia alimentaria; se rompieron los eslabones de las cadenas de producción nacional y se debilitaron los derechos de los trabajadores que aspiraban a empleos permanentes para cambiarlos por temporales y hasta por horas; se desincorporaron medios de comunicación y bancos, se fortalecieron las patentes de medicamentos y alimentos como control del capital, al mismo tiempo que igual sucedió con desmontar la educación pública, entre otras áreas de oportunidad dispuestas al capital. En esta lógica, el desarrollo medido por un mayor nivel de población inserta en el sector industrial y de servicios, hoy muestra su desastre. Estos y muchos más elementos de las políticas neoliberales dieron pie a lo que denominamos el Modelo Corporación. Y, efectivamente, todo se ha entregado a la lógica del mercado, con precio y dueño siempre relacionado con las grandes corporaciones. Esto es parte de lo que el COVID-19 ha hecho tan evidente por medio de un mensaje contundente: el capitalismo es insustentable e integral. Bastaron unas semanas para ponerlo en evidencia y en jaque.

El COVID-19 se acompaña de otras plagas: el terror mediático que se retroalimenta del pavor e histeria, implantando como norma “el miedo colectivo”, lo cual deja a la intemperie la aparición de crisis nerviosas vinculadas al “nuevo” ciber-control político y social. Así, estas otras plagas han provocado la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que, sumado a la actual guerra comercial que ha derrumbado los precios del petróleo, están ya afectando otros componentes económicos como la devaluación de las monedas y la siempre “siniestra e incomprensible” caída de la Bolsa de Valores. Se aceleró el crecimiento del desempleo, aumentó la población en pobreza en medio de un incremento descontrolado de los precios de productos básicos que, en conjunto colapsa el nivel de consumo y el consumismo, y por supuesto favorece la generación de brotes de violencia y desfalcos comerciales. Un caso emblemático develado por el COVID-19 como ejemplo, sin duda alguna es el sector turístico, ese mismo que se promueve como una de las principales fuentes de desarrollo y empleo del mundo, y que hoy esta actividad extractiva “tan dependiente”, ha quedado totalmente colapsada.

El virus ha hecho evidente que el sistema capitalista no se sustenta a sí mismo, al mismo tiempo que demuestra su fragilidad sistémica. Se pregona una recesión más fuerte que la de 1929 o la de la década de los 90’s o inicios del presente siglo, sin embargo, no hay forma de compararlas porque esta nueva debacle nunca había paralizado en tal magnitud al mismo tiempo. En ese contexto, pareciera que Kondrátiev tuviera razón. En medio de todo, Estados Unidos, a quien parece es al que menos le interesa los efectos que sufre, pretende reactivar su economía y su crisis pretextando guerras, narcotráfico o terrorismo para que la economía de guerra, tal cual lo hizo después de la II Guerra Mundial, nuevamente lo levante y ayude a sostener su hegemonía sobre el capitalismo, intentando revertir su actual crisis, la cual en REMA consideramos es terminal, frente al gigante asiático.

Por otra parte, Europa presume tener la esperanza de vida más prolongada y lleva años discutiendo el dilema de la sobrevivencia del sistema de salud pública para la atención médica a los adultos mayores, quienes por mucho rebasan a la población joven económicamente activa que no cotiza en el sistema de salud lo suficiente ni con salarios ni con atención de calidad para poder sostenerlos. Esa presunción ha quedado desgarrada ahora que los ancianos están muriendo y sus esfuerzos por salvarlos son inermes. El capitalismo los ha desechado y con ello agudiza la crisis de los cuidados que los ancianos otorgan a la población trabajadora. El panorama es peor en los países donde el sistema de salud se ha privatizado, siendo Estados Unidos quizás el caso más emblemático de la catástrofe sanitaria que ha provocado el COVID-19. Frente a todo este panorama, nuevamente la población clama por una salud pública de calidad, clama también por alimentos de calidad y a precios accesibles, y clama por un salario justo que por supuesto el capitalismo corporativo no pretende otorgar fácilmente.

Frente a la crisis del Modelo Corporativo cuyas empresas sucumben y otras se fortalecen, pero que no están dispuestas a sacrificar ni ganancias ni garantizar la vida digna de la población, ni sus espacios de control del sector; las grandes empresas exigen al Estado que salve la situación, utilizando la ya conocida fórmula del endeudamiento externo, el cual sabemos pagaremos con fondos de todas y todos los mexicanos. De la misma manera, se exige que, al conjunto de la economía, incluyendo un gran sector de pequeños y medianos empresarios que cerrarán sus negocios, se les otorguen apoyos y estrategias para amortiguar y paliar esta nueva crisis que facilitará la acumulación de los más grandes.

Sin embargo, y a pesar de lo que nos devela el COVID-19, las fórmulas para el rescate son iguales, las mismas, de los mismos hacia los mismos, y no hay una sola reacción política que se dirija a la implementación de acciones de fondo desde, por ejemplo, romper la matriz energética que tenemos en el mundo, hasta romper totalmente el modelo corporativo impuesto. Sin ello, el actual Modelo Corporativo suplanta totalmente al estado y en ese contexto, es ingenuo pensar que el Estado debe tener un sistema de salud efectivo que salve vidas, justo porque se encuentra a merced de las farmacéuticas y de la intervención del control expandido en la atención de la salud privada. El actual sistema de salud en México y en el mundo, no es más que la historia del desmantelamiento del Estado de Bienestar, para dar paso al Estado Corporativo, ese Estado que siempre apunta en favorecer la acumulación, a veces interviniendo, a veces alejándose, pero siempre sin poner en riesgo total ni su proceso ni su permanencia.

Sin duda el capitalismo está en su fase terminal. Pero no nos referimos con ello a una mutación estructural del sistema-mundo de un día para otro. Esta etapa del Modelo Corporativo muestra ya su período de transición sistémica que durará otros años y quizás décadas -si es que la naturaleza o una nueva pandemia nos lo permite-, porque no hay duda, este sistema capitalista muestra su insustentabilidad cada vez con más fuerza. Irremediablemente estamos instalados en la era de la transición capitalista post pandémica cuya acumulación y concentración mostrará, como el virus, su pico más alto a partir del final de la contingencia mundial, sin que ello signifique que no habrá ganadores desde ahora, como ya sucede con grandes corporativos comerciales de abarrotes.

Esta fase de acumulación acelerada afectará a muchos que integran el sector empresarial pequeño, medio e incluso grande, por varias razones, entre las que destacan algunas de tipo estructural. El COVID-19 no acabará para siempre, aunque sí pone en jaque, el control de los medios de producción, tampoco tocará el “mercado” de las patentes, menos aun terminará con el despojo y el desplazamiento forzado vinculado al modelo extractivo en búsqueda de bienes naturales, ni menos alterará el tipo y la forma en la cual ha impuesto el consumo y el consumismo. Luego entonces continuará la especulación, la corrupción y la siempre bien vista estrategia económica de los rescates privados con fondos públicos. Dicho de otra forma, en esta pandemia el capitalismo gestiona “otros tipos de virus” que están en consonancia con las necesidades y prioridades de su fórmula de acumulación. Esta geo-bio-política gestiona para sí la vida y selecciona lo desechable. Así, el virus no vencerá al capitalismo, sino que lo fortalecerá hacia su etapa final de transición sistémica, misma en la cual habrá nuevos perdedores, pero prácticamente los mismos ganadores.

En este contexto, no tenemos dudas que hoy vivimos un período más en el aceleramiento de la concentración del capital cuyo proceso no se entiende sin el mecanismo de la deuda externa e interna que pondrá las bases para otros y más profundos condicionamientos estructurales. Nuevamente los gobiernos tendrán la tentación de caer o ya están cayendo, en las garras del FMI, del BM y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), como los bancos multilaterales de desarrollo regionales e incluso de la banca privada, con el propósito de contraer más deuda y reactivar la macro economía con otros acuerdos financieros tipo “Plan Marshall” tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y por ello, preocupa que varias naciones hayan implementado posturas y políticas de guerra contra virus, o aletargar deudas, con su consecuente pago de intereses, sin precisamente condonarlas.

Otros países, los menos, usarán sus reservas creyendo que serán suficientes para contener la crisis y crear crecimiento posteriormente. Ambas son las mismas fórmulas de siempre, y ninguna toca el modelo económico ni la matriz energética.

Nuevamente los Estados se obligan a salir y “salvar” la economía que está en manos de las trasnacionales y de los grupos financieros y de poder más fuertes, mismas que en estos momentos ya están al frente de la fila para beneficiarse de esta pandemia: farmacéuticas, militares, semilleras, minería, bancos, sectores energéticos, incluyendo petroleros y “sustentables”, entre otros. Mientras, nos mantienen sojuzgados por la mala e incompleta información en una condición de miedo, esperando que el “quédate en casa” pase de ser voluntario, a empezar con avisos estrictos, toques de queda o la amenaza de la fuerza y represión, tratando de convencernos que “nosotros seremos los culpables o los héroes” para la humanidad si controlamos o expandimos el contagio.

El mismo sistema atenta contra lo que en esencia somos: la colectividad, la solidaridad, la diversidad, sin una sola línea que desnude, con fuerza y claridad, la real incapacidad que tienen actualmente los sistemas de salud públicos y privados, esos mismos que las y los políticos de antes y de ahora han aceptado como viables. No obstante, es también la antesala que podría reproducirse cuando los poderes quieran imponer un “Nuevo Orden Mundial” y necesariamente aparezcan los primeros brotes de la rebelión sistémica, esa que se encuentra vigente pero apagada frente al desorden mundial, y veremos entonces si estamos listos para encauzarlo hacia la lucha por diversidad de los pueblos, donde otros mundos sean posibles y donde quepamos todas y todos.

En México, al igual que muchos ya lo observan, NO VEMOS ALENTADOR el transitar durante y después de la pandemia: a) Los bancos no condonarán deudas de la población, pero sin duda florecerá su ya conocida cara de responsabilidad social para, en todo caso, aletargar las deudas; b) La canasta básica quedará desbordada para su adquisición, a causa de la depreciación del peso, pero sobre todo porque simplemente este gobierno, al igual que los anteriores, tampoco apuesta a la producción nacional de manera robusta, porque los programas actuales dirigidos al campo son más enunciativos que efectivos, carecen de capital suficiente y no hay en la mira un verdadero rescate de la soberanía alimentaria; c) Cede de manera alarmante más y más presupuesto y control a las fuerzas armadas, a las que no se contempla adelgazarlas financieramente, a pesar de su cada vez más ineficiente actuación en, por ejemplo, el rubro de seguridad; d) El presidente se niega al diálogo colectivo, sobre todo si este lo increpa, le hace observaciones o le propone alternativas diferentes a las suyas, por lo tanto, una sola cabeza “dirigiendo” este país tan diverso es no sólo insuficiente, sino terriblemente ineficiente. Ya estamos en la antesala de negocios cerrados, desempleo galopante, incremento de la pobreza, mayor cantidad de pobres, al mismo tiempo que, vemos noticias en donde impera la toma de decisiones con visos desesperados de los pueblos por obtener dinero que los hará más propensos -a lo que ya eran-, para ser presas más accesibles de proyectos extractivos o de procesos para la implementación de economías de “enclave”, a cambio de recibir las que denominamos “las migajas del despojo”. No es casual que ya en otras regiones del país estemos observando la intención de aprovechar “la actual desmovilización social por pandemia” para que las empresas y los políticos intenten hacerse de minerales, petróleo y otros bienes naturales que insistentemente buscan los proyectos extractivos. En una palabra, “El Tren Maya Va porque Va”.

Sin embargo, mientras la élite privilegiada -esa integrada por los grandes ricos y sus empresas, los gobiernos de derecha y de supuestas izquierdas-, va olvidando en las calles a los muertos, por otro lado, los pueblos se solidarizan y, como siempre, LA HUMANIDAD RESISTE. Salen al encuentro del otro. Gestos de solidaridad son un oasis en medio de la tragedia humana. Se hace evidente la importancia de hacer énfasis sobre la importancia plena, integral, de calidad, oportuna, suficiente y total del acceso a la salud pública, se habla de la producción nacional, la soberanía alimentaria, la sustitución de las importaciones y de la dependencia, la descentralización contra la centralización de la producción, la eliminación de las patentes que usuran en contra de la vida, entre otros muchos aspectos.

A nivel local, familiar y comunitario se revalora la producción local y se esfuerzan por rescatar más y más la vinculación con la tierra; se piensa en la importancia de las pequeñas unidades de producción y del comercio vecinal que asume en la diversidad a su principal componente; se asume la importancia de la salud comunitaria a partir de la alimentación sana y de la medicina tradicional; los sistemas alimentarios regionales se plantean y cobran fuerza, así como la participación equitativa de los ciudadanos pero, sobre todo, pensar qué mecanismos colectivos son los que finalmente darán perpetuidad a la libre determinación y a la autonomía que integre a la diversidad. Eso mismo que desde la sobrevivencia histórica han logrado los pueblos para estar listos, para apoyar a todas y todos, cuando esto vuelva a suceder. Diversificar y descentralizar se convierten en ejes rectores de las alternativas.

El COVID-19 desvela la actual “fuerza” que por años tuvo el discurso neoliberal impuesto de boca en boca por políticos, académicos, científicos, economistas, empresarios, multifinancieras, banqueros, medios de comunicación, entre otros. Un virus les muestra y lanza globalmente a la pobreza y desesperanza al mundo entero, pero “extrañamente”, por lo menos hasta ahora, sus mayores impactos están presentándose en aquellas ciudades que fueron partícipes directas del progreso y desarrollo capitalista. En ese contexto, son otra vez las comunidades indígenas y campesinas, sobre todo aquellas que todavía mantienen mecanismos mínimos de producción local quienes, al parecer tendrán, como ya sucede en las provincias agrícolas de países como España, mejores posibilidades no sólo para sobrevivir, sino para ser la puerta para escapar de éste falaz sistema que nos han impuesto durante la fase neoliberal. Ahí mismo donde la tierra, el agua, los árboles frutales, las gallinas, el huevo, el maíz, el agua, los bienes naturales vistos dentro de la “unidad” territorio, es donde prevalece la lucha por la vida, la misma que con tanta furia hoy se defienden de la apropiación extractivista.

Pensar en las alternativas, creer que somos capaces de poder activar la descolonización -personal, patriarcal, digital, territorial, política y de políticos alineados- y, sobre todo, darnos tiempo para distanciarnos y apagar un rato lo digital para nuevamente escucharnos, vernos, pensarnos diferentes pero, sobre todo, fortalecer la desobediencia civil contra un sistema develado en la profundidad de su fracaso total, aunque aún muy poderoso en términos económicos y políticos.

COVID-19 también por contradictorio que parezca, devela cosas positivas que ponemos también a la reflexión. Han bastado sólo unos días sin la gran locura de la continua actividad humana para que el planeta respire un poco y descanse de nuestra especie y… ella se congratula y nuevamente nos regala un cielo azul.

“¡Es el tiempo de nosotros los Pueblos!” Bety Cariño

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Shuttterstock

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COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo

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Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020

Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades.  Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

  1. Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
  2. Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
  3. Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
  4. Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
  5. Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
  6. Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
  7. Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
  8. Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
  9. El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
  10. La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.

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Ana Paula… Te recordamos con cariño

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2020

Querida Ana Paula Hernández Pontón, querida Ana, como siempre te llamamos, que falta nos hace tu apoyo incondicional en estos momentos en los que requerimos del buen tino y las ideas frescas y distintas que nos sirvan para combatir todo aquello que atenta contra la vida. Sin darnos cuenta, rápidamente avanzó un largo año en el cual, de un golpe injusto, un accidente nos arrebató tu siempre cálida presencia, tu sonrisa, tu alegría de vivir para apoyar y fortalecer a las comunidades que están bajo el flagelo de la minería, pero también de las drogas, las armas y la desaparición forzada, tanto en México como en otras regiones de América Latina donde promoviste e hiciste lazos entrañables.

Hace un año que, junto a tus compañeros de viaje Sally O´ Neil, Ana Velásquez y Daniel Tuc, con quienes regresabas de hacer una visita en algunas comunidades de Guatemala, la muerte les tomó por sorpresa dejándonos un gran vacío en el corazón para quienes integramos REMA, así como también de tanta gente con quienes compartiste ese coraje, esa rabia de saber que era necesario luchar contra la avaricia y las injusticias creadas por todo el Modelo Extractivo, pero en particular por el orquestado por las empresas mineras.

Quienes integramos la REMA y el M4, te hemos extrañado tanto cada día, en cada foro y cada reunión donde sentimos la ausencia de tus palabras, así como en cada reunión de amigxs en las que siempre disfrutábamos tanto de tu risa, tu cordialidad y fraternidad hoy tan invaluables ante este nuevo reto viral que enfrentamos en el mundo. Estamos segurxs que son muchas las comunidades -esas que visitabas aun sabiendo los riesgos que implicaban para tu seguridad, mismas que aun sitiadas por el ejercito, la única “certeza” era la violación de los derechos humanos-, quienes en este día pondrán una flor, una veladora, harán un rezo y un pensamiento, intentando te hagas presente y sigas acompañándoles como siempre lo hiciste, en sus luchas que no cesan, que no conocen tregua, pero que, sumando tu energía, evitarán y evitaremos se perpetúen en el territorio.

En donde estés…… sabes que estamos viviendo un fuerte momento de incertidumbre y acompañado de mucha tristeza por las vidas de tanta gente quienes han adelantado su viaje al Mictlán, por culpa de ese capitalismo voraz contra el que tanto luchaste, gente muy valiosa que también su quehacer lo destino a la vida; músicxs, artistas, gente creativa, pensadorxs, defensorxs de la vida, periodistas valientes con la verdad.

Desde acá te decimos que mientras tengamos fuerzas, avivaremos tu mejor herencia; pelear por la vida y continuar cerrando el camino de quienes quieren arrebatarnos todo.

¡ANA PAULA VIVE!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

#ALERTAHONDURAS: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis

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Comunicado urgente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 07 de marzo de 2020

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

Se ha hecho de conocimiento de nuestra organización ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.

El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.

Exigimos que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.

Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional.

Dado a los 7 días del mes de abril de 2020

Imagen: COPINH

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México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

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Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

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Abrazamos fuertemente al COPINH en su 27 aniversario

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020

En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.

Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.

Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación del COPINH

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¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

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Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

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Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

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5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali

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Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020

Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyac Tlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.

Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”, que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.

Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.

Licencias irregulares

Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.

Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia de construcción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.

No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.

Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.

“Ha variado la disposición de las distintas autoridades, esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.

Posponen asamblea por Covid-19

En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.

Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.

Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.

Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, indico que la única información es que hay un recurso jurídico al respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las asambleas no saben mayores datos.

“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.

Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7

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Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

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Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

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[PRONUNCIAMIENTO] COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana

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Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020

Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades. 

La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis (de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos humanos, entre otras) y expresa  la insostenibilidad del modelo político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.

Este modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en palabras de nuestra compañera  Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos humanos y justicia social.

Nos preocupa que los Gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas. 

En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son  patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.         

La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras. Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales (a la fecha hemos registrado  agresiones contra defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.

Desde nuestra apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades. 

Las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región, como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras. 

Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:

  • Que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
  • Que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos.
  • Que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
  • Que reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida.
  • Que implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas.
  • Que garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento. 
  • Que garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
  • Que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.

Asimismo, hacemos un llamado a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas, vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes  y necesarias. 

¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!

¡Viralicemos la solidaridad!

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Consorcio Oaxaca
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

Aprueba Senado ley para el fomento y protección del maíz nativo

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Aprueba Senado ley para el fomento y protección del maíz nativo

Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020

El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.

Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y declarar a esta actividad como mecanismo cultural.

Casi al final de la sesión con la que cerró actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”. 

«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”

En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas, qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”

«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.

La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se levanta porque “México y el maíz son uno solo”.

Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos, estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades vegetales del maíz “

Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.

Mostró “uno de los morales más maravillosos de Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del pueblo de México”.

La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.

“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó. 

Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo

Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48

  • Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.

Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Mexicana.

También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.

Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y fomentar su subsistencia.

“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, una de las promotoras de la legislación.

Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz, al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.

En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley, Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena alimentación y la esencia de nuestra cultura”.

Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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