Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021
Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:
Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios. Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo ApoyoalEstor@gmail.com
Muchas gracias
Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.
La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19- sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.
Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel- para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC.
La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.
Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.
Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección
Compartimos con mucha alegría este material de Educación Popular que surgió como una inquietud de entender la Ley Agraria durante la Escuela Popular Ejidal y Comunal elaborado por nuestro compañero Eleazar Gómez – Octubre de 2021 >>Descargar Diccionario en pdf aquí<<
PRESENTACIÓN
En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.
Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
ABREVIATURAS
CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
LA: Ley Agraria.
LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
PA: Procuraduría Agraria.
PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
RAN: Registro Agrario Nacional.
RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TA: Tribunal Agrario.
TSA: Tribunal Superior Agrario.
TUA: Tribunal Unitario Agrario.
A
Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera. Actor: persona que presenta una demanda. Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha. Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE. Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”. Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria. Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad. Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera. Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria. Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa. Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social. Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado. Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas. Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras. Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión. Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema. Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado o de actores privados. Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje. Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA. Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas. Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas. Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos. Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo. Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.
B
Baldío: tierras que no tienen dueño. Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad. Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros. Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos. Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.
C
Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan anteellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción. Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería. Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Les compartimos este video de un bello poema que surgió en el marco del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado los días 5 y 6 de octubre en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas, con participación de diferentes países de América Latina.
Un grito por la vida
Te ofrecieron un futuro falso Una economía que no existe ,té ilusionaron con una vida mejor , te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxigeno era malo , te vendieron un cuento que sólo existe en la mente maligna de ellos , no te diste cuenta y entregaste todo cambio de un futuro que no existe, te mintieron , te destruyeron poco a poco .
Ha pasado el tiempo y hoy los que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe.
Te reprocho , pero no te culpo , por eso te digo , yo , nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes Vamos a recuperar lo que nos pertenece.
Esos bosques que nos quitaron volverán hacer de nosotras , volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esa mujeres llenas de valentía y fuertes , dandole vida a nuestras comunidades , la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie siendo libres.
Diciendo No Ala palma aceitera ,No ala violencia ,No a quitarnos la vida , y no por medio de una bala , sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan. Por qué esto no es forestación , si no des forestación , por qué esto no es trabajo. Es esclavitud eso no es vida. Es muerte
Hoy alzamos la voz unidas y en ponderadas y decimos vasta ya
Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.
La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.
Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.
Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.
Por ello, exhortamos a las autoridades a:
Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.
Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.
La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.
Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH) comunicacion1@cmdpdh.org
Compartimos esta carta del Centro de Estudios Ecuménicos – A 19 de agosto del 2021
Ciudad de México, 19 de agosto de 2021. Lic. Marcelo Ebrard Casaubón Secretario de Relaciones Exteriores Lic. Martha Delgado Peralta Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Secretaría de Relaciones Exteriores Presentes
Estimados Secretario y Subsecretaria: Reciban saludos cordiales de comunidades de fe, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos en la construcción de caminos de paz con justicia y dignidad. Sabedoras del compromiso del gobierno de México con la reducción de la violencia y sufrimiento que causan las armas de fuego en nuestro país y en el mundo1, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes con motivo de la próxima Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP7).
La Sexta Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP6), celebrada en agosto de 2020, se llevó a cabo mediante un procedimiento escrito, que fue criticado por la falta de transparencia. Este año, la CSP7, bajo el liderazgo del Embajador Lansana Gberie de Sierra Leona, se celebrará utilizando un modelo híbrido (en persona y virtual) y permitirá una inclusión significativa de todas las partes interesadas del ATT de todo el mundo, incluida la sociedad civil; por lo que hacemos eco a las peticiones de la coalición Armas Bajo Control de mantenerse firmes en su compromiso para reducir el sufrimiento humano.
I. Con reducir el sufrimiento humano:
1-Participar activamente en el proceso de de la Conferencia y la implementacion eficaz del tratado (TCA/ATT)con:
Declaraciones durante las sesiones plenarias de la CSP7 para compartir los beneficios del ATT con otros estados y destacar el apoyo y la asistencia internacionales para aplicar el ATT. Además, fomentar que otros estados de la región Latinoamericana y del Caribe también las hagan.
Debates en la sesión plenaria de la CSP7, sobre el impacto de las transferencias de armas en los conflictos en curso, para identificar y denunciar el incumplimiento del Tratado.
Para garantizar que las voces de todos los Estados Miembros, de los que participan en todas las etapas del comercio de armas (exportación, importación, tránsito/transbordo) y de todas las regiones, se incluyan y se escuchen para que se identifiquen las áreas de asistencia y cooperación y se aborden todos los aspectos del ATT de forma equitativa.
2- Participar en las evaluaciones de riesgo de las exportaciones de armas que dispone el Tratado:
Compartir opiniones y experiencias nacionales sobre el establecimiento y la aplicación con coherencia de las evaluaciones del riesgo en las exportaciones, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Tratado, para fomentar el desarrollo de normas comunes sólidas para evaluar los riesgos de cualquier transferencia de armas.
Alentar a otros Estados Miembros a que realicen una revisión exhaustiva de todas las licencias de exportación a zonas de conflicto en todo el mundo para garantizar que se cumplen todas las obligaciones del ATT.
Para lograr que todos los Estados Miembros comprendan en la práctica los elementos de un proceso de evaluación riguroso para poner en práctica procedimientos de control de armas que defiendan los principios humanitarios mundiales y protejan los derechos humanos de las poblaciones.
3-Participar en las evaluaciones del Tratado sobre riesgos de desvío de las armas
Comentar el documento del Presidente de la CSP7, para asegurarse de que sus recomendaciones son prácticas, útiles y servirán para reforzar la capacidad del Tratado de abordar la seguridad de los arsenales y frenar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APAL).
Compartir -en el marco del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF) y en el subgrupo de trabajo del ATT sobre el artículo 11- las medidas adoptadas a nivel nacional para evaluar el riesgo de desvío y debatir los casos concretos de desvío junto con las medidas de mitigación que hayan resultado eficaces.
Para Garantizar que la dirección del subgrupo de trabajo sobre el artículo 11 aborde los riesgos de desvío de forma práctica y útil, incluyendo la cooperación y el intercambio de información para aprender de la experiencia la mejor manera de prevenir y mitigar los riesgos.
Asegurar que los Estados miembros proporcionen vías de comunicación y entendimiento a todas las partes interesadas en el Tratado para lograr una mayor comprensión pública del DIEF (Diversion Information Exchange Forum/ Foro de inercambio de información sobre desvio) su proceso y su potencial para mejorar la detección y prevención del desvío de las armas.
II. Profundizar el compromiso con la transparencia y alentar a otros Estados a comprometerse:
1-Con la presentación de informes del ATT
Instar a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes anuales y que presenten informes completos, precisos y a tiempo; con menos agregación de datos, menos dependencia de la confidencialidad y más detalles sobre las transferencias de armas.
Fomentar que los Estados miembros apoyen y respalden las modificaciones o ajustes recomendados en las revisiones del modelo de informe, que permiten una mayor coherencia y precisión en la presentación de informes; así como una mayor facilidad de uso, lo que permitirá obtener una radiografía más clara del comercio de armas, para todos.
Para revertir la tendencia actual hacia la privacidad y confidencialidad en los informes y en solo foros por invitación; para adoptar el intercambio de información, la cooperación y el diálogo como práctica cotidiana entre todas las partes interesadas en el Tratado y así mejorar la transparencia y la inclusión en el mismo.
III. Comprometerse con el progreso
En la integración de la perspectiva de género y la prevención de la violencia basada en el género
Asegurar el equilibrio de género en la delegación de México en el CSP7
Dar prioridad a la prevención de la GBV cuando consideren la venta de armas en el marco del TCA.
2-Participar en la revisión de las recomendaciones de enfoque temático.
Animar a los Estados miembros a implementar las recomendaciones formuladas en años anteriores como parte del enfoque temático del Presidente y alentar la inclusión de una sesión especial en la agenda de del CSP, que permitirá a las partes interesadas del TCA hacer un balance de los progresos realizados en relación con cada uno de estos compromisos, año a año.
Para poner en práctica las recomendaciones de la CSP5 sobre género y violencia basada en el género; y dar mayor atención y continuidad a las áreas temáticas elegidas a lo largo de los ciclos de las diferentes Conferencias de Estados Parte CSP.
3- Participar en los esfuerzos de universalización del Tratado
Instar que el Grupo de Trabajo sobre Univerzalizacion (WGTU) centre sus esfuerzos desde un enfoque regional para la universalización del Tratado, tal como se estableció en el mandato original de ese grupo de trabajo en la Segunda Conferencia de Estados Parte (CSP2), para identificar objetivos más concretos
Compartir con aquellos que aún no se han unido al Tratado , los beneficios de formar parte del mismo desde perspectivas nacionales, regionales y globales.
Ayudar a los que aún no se han adherido a dar los pasos procesales y legislativos necesarios para ratificar o adherirse al Tratado
Para que más Estados se adhieran al Tratado destacando ejemplos de su impacto positivo y avanzar en el control efectivo del comercio mundial de Armas de fuego y en la reducción del sufrimiento humano.
Agradeceremos la oportunidad de dialogar previo a la Séptima Conferencia, con las y los responsables de esta temática en la Secretaria, y reiteramos nuevamente nuestro interés en otros procesos de desarme humanitario que enfrentan diversos obstáculos por la continuada emergencia sanitaria, con los cuales tanto la sociedad civil organizada como ciertos Estados, incluyendo México, mantenemos nuestro compromiso. Tengan la seguridad de que desde la Campaña contra Robots Asesinos (SKR), la Red Internacional sobre Armas Explosivas (INEW), la Coalición sobre Municiones en Racimo (CMC), la Campaña Internacional contra Minas Terrestres (ICBL) y la Campaña para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN) seguimos trabajando para lograr nuestros diversos objetivos humanitarios y esperamos seguir contando con el compromiso del gobierno de México en estos escenarios.
Atentamente,
Organización civil o comunidad de fe:
Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. Ana Paula García V. Directora Ejecutiva
Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco De Vitoria, O.P.”, A.C. Fr.Miguel Concha Malo, Dir. Gral.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Mtra. Alicia Mesa Bribiesca Directora Ejecutiva
Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio ambiente, A.C., CEP-Parras Coahuila, .Guadalupe Macías Pérez, Nestora Macías Pérez
Global Thougth – Mx, Mtra. Montserrat Martínez Téllez
Servicio Paz y Justicia – México (Serpaj-México). Pietro Ameglio
Cultura Joven, A.C. Juan Machín
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C. Raquel Pastor Escobar, Directora
Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. Dir. Consuelo Tafoya Guerrero,
Comunidades Eclesiales de Base – Derechos Humanos, Hmna. Carmen Gallegos
Comunidad Teológica de México, Rev. Dan González Ortega, Rector
Iglesias por la Paz, Ignacio Cuevas
Centro de Estudios Humanísticos A.C., Mtro. Javier Ulloa Castellanos, Rector
Pastoral Social de la Iglesia Anglicana de México, P. Arturo Carrasco-Gómez
Morada infantil, A. C. Dir. María Teresa Zúñiga Preciado
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Mons. Oscar A. Romero/Sicsal/México. Maria Elena
Mujeres para el Diálogo, Maricarmen Montes Castillo
Red x la Infancia en Cd Juarez y Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
Otros Mundos AC/Chiapas, México. Gustavo Castro
Organización Popular Independiente A.C. Cd Juárez, Catalina Castillo
Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia A.C. Cd. Juárez
Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Soila Luna Pineda, Coordinadora
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. AFADEM-FEDEFAM
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH);
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)
Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FMPDH);
ReverdeSer Colectivo AC
Colectivo María Herrera de Chilpancingo Guerrero
Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos
Articulación para la Paz y el Buen Vivir
Programa Casa Refugiados AC. José Luis Loera Aguilar
Dinamismo Juvenil – Celina Valadez .
Solidarios México. Red Nacional de Economía Solidaria en México
Centro de apoyo y defensa de los derechos Humanos de la infancia A.C.
Instituto RIA A.C. Zara Snapp
Servicio, Desarrollo y Paz- SEDEPAC. A.C. Roberto Vega
Seminario Bautista de México, Rev. Lázaro González Domínguez
De Otros países de la región:
Global Exchange, Marco Castillo
Mennonite Central Committe U.S. Kate Parsons.
Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), Pía Devoto
ECPAT – Guatemala. End Child Trafficking and Sexual Exploitation of Children. María Eugenia
Instituto de Ecología Política de Chile, Pamela Velázquez Guzmán
Campaña Colombiana Contra Minas – Camilo Ernesto Serna V
Personas: Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Miguel Álvarez Gándara, Rafael Reygadas Gil, Noé Amezcua, Ma. Luisa Guzmán Aguirre, Ilse Mayer, Daniel Mata Lugo, Beatriz Gómez Berrenechea, Karen Castillo Mayagoita, Rosa Margarita Mayoral, Gerardo Cruz González, María de los Dolores Palencia Gómez, Julián Cruzalta Aguirre, Lucila Sertvije Montull, Gema Antunez Flores; Daniel Otero, Guadalupe Cruz Cárdenas, Hmna. Paola Clerico Medina, Hmna.María Elena Gallardo, Ricardo Gallego
Contacto: Sara San Martín Romero Centro de Estudio Ecuménicos Área de Paz y Solidaridad sara@estudiosecumenicos.org.mx sarasanmartin1@gmail.com
Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021
Mientras que el Gobierno Federal inaugura “Universidades AMLO” por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.
Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.
La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.
Le hace falta una ridícula “consulta” de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de “primero los pobres”, “lo que diga el pueblo”, “por lo derechos humanos”, “apoyar las demandas indígenas”, etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.
Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: “la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.
¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin “consultas”, y las que no gustan “consultan” amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.
¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la tensa situación que se vive en la frontera sur con las personas migrantes y las redadas del Instituto Nacional de Migración – A 6 de septiembre del 2021
Dispersados, sin rumbo, muchos de ellos sin sus objetos personales que perdieron en la huida de la Guardia Nacional y de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los migrantes que conformaban la cuarta caravana de migrantes en menos de 10 días aún no sabían como articularse ante el acoso de los cuerpos policiacos.
Poco antes de las cinco de la mañana cuando empezaban a recoger sus cosas para partir de Huixtla en caravana por la carretera costera, los migrantes fueron sorprendidos por unos 200 uniformados de la Guardia Nacional y del INM en esa cancha de basquetbol techada donde habían pasado la noche, junto a un caudaloso río.
Las patrullas de la GN y del INM irrumpieron de forma violenta tapando la salida que tomarían para la carretera, lo que provocó una estampida humana de hombres mujeres, niños y niñas, que tomaron rumbos diferentes, unos huyeron entre las calles al interior del pueblo, otros corrieron rumbo a las vía del tren río abajo y otros más, huyeron río arriba.
Algunas familias se fragmentaron en la huida, mujeres migrantes con bebé en brazo, hondureñas y haitianas, cuando fueron capturadas, lloraban porque no sabían donde estaban sus parejas o sus otros hijos. Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
En el acto estuvieron presentes miembros de organizaciones civiles que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, mismo que observó en este caso la actuación de los cuerpos policiacos.
Entre las organizaciones presentes estaban el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova, Voces Mesoaamericanas, CHIRLA y el organismo sueco de observación civil “Swe FOR”, así como otros grupos que conforman el Colectivo.
Este colectivo denunció denunció que al sexto día de desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso fueron perseguidas, golpeadas y detenidas en Huixtla esta madrugada.
Señalaron que alrededor de las cinco de la mañana y mientras alrededor de 700 mujeres niñas, niños, familias y hombres empezaban a prepararse para continuar su camino, un fuerte operativo de la Guardia Nacional con equipo antimotines y el Instituto Nacional de Migración les obligó a dispersarse por Huixtla. A esta hora de la mañana sólo había presencia de CNDH y organizaciones del Colectivo.
Con miedo y desesperación, las personas buscaron resguardarse en el monte, cerca del río, entre las casas del poblado en puentes y caminos aledaños. Algunos grupos intentaron movilizarse por las vías del tren exponiéndose aún más a riesgos sobre su vida e integridad.
El operativo también se dispersó y comenzó a perseguir a las personas por toda la comunidad, el río y el monte. Duró más de ocho horas y continuó con rondines y presencia constante de las diversas fuerzas de seguridad por toda la carretera. Vimos muchas personas heridas y lesionadas, en estados de shock y mucho miedo. Muchas personas manifestaron que el INM les quitó sus documentos y pertenencias durante el operativo.
Durante el operativo los activistas de las organizaciones civiles que conforman el Colectivo, pudieron documentar la detención sistemática de niños y niñas acompañados (NNA) y la separación de familias como estrategia de coerción hacia las madres y padres, estrategia que el INM y GN viene desarrollando desde hace días.
Hasta la tarde del domingo aún había agentes de GN e INM persiguiendo y deteniendo a las personas.
Los activistas documentaron detenciones arbitrarias y sin respeto a protocolos básicos, determinación del interés superior o necesidades de protección, además de las violaciones a derechos ya mencionadas, se documentó que las y los detenidos en Huixtla fueron expulsados de manera inmediata y sin procedimientos hacia Tecun Umán en Guatemala.
Ante esto, interpusieron una queja con folio 2021/81670 ante la CNDH y un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados.
Denunciaron que las acciones de abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos humanos que han documentado, y que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes son absolutamente reprobables y contravienen tratados internacionales y leyes nacionales.
Hicieron un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para exigir al gobierno mexicano un alto a la persecución de personas que se desplazan de manera forzada para salir de Chiapas y a las defensoras, defensores y periodistas que les acompañan y documentan la situación.
Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
En un comunicado dominical sobre la crisis migratoria, el titular de la Diócesis de Tapachula, monseñor Jaime Calderón Calderón, dijo hoy que desde el tiempo de las Caravanas del 2018 Tapachula comenzó a ser punto de reunión para una enorme cantidad de migrantes, en su mayoría haitianos, respondiendo a la voz de fronteras abiertas y trato respetuoso de parte del gobierno federal.
La espera de los migrantes, esperando un documento que les permita el tránsito seguro por el país, ha sido interminable. No hay dinero que alcance para una espera tan larga. Los migrantes terminaron por gastar todo lo que traían e iniciaron un calvario angustioso de hambre, hacinamiento, drogas, problemas de salud y desesperación en general.
Hace unos días, como se ha difundido a nivel nacional, algunos hermanos migrantes, cansados de esperar, se dispusieron a avanzar en caravana hacia el interior del país”, dijo el obispo.
Y que ante esto, “los distintos niveles de gobierno se unieron para iniciar una verdadera cacería humana, asustando, emboscando y desarticulando las caravanas, mediante el uso desmedido de la fuerza. Con una gran violencia, indiscriminada e innecesaria han atropellado e intimidado a los hermanos migrantes, de forma especial a las mujeres y a los niños”.
El obispo Calderón Calderón, hizo un llamado a los sacerdotes y agentes de pastoral de toda la familia diocesana, para aligerar el peso de la cruz de los migrantes golpeados por la pobreza, la violencia y el desamparo.
“Coordinados por el presbítero Cesar Augusto Cañaveral, y habiendo escuchado a los hermanos migrantes en sus necesidades, vamos uniendo fuerzas para ofrecer, en las parroquias de la Ciudad de Tapachula: alimento, atención de la salud y alojamiento”, dice la carta.
Pidió a todos los feligreses “hacer de las familias parroquiales de la Ciudad de Tapachula un espacio donde los hermanos migrantes puedan recibir un gesto de amor al menos en estas tres necesidades que son las más urgentes. Es muy probable que, ante la magnitud de la necesidad, nos sintamos abrumados”.
Imagen: Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
Compartimos esta invitación de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua REDLAR – Agosto de 2021
Los ríos que fluyen libremente crean vida Los ríos represados mueren, junto con los pueblos que conviven con ellos
La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos, agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas. Las represas hidroeléctricas pueden desencadenar intensas disputas internacionales, por ejemplo, la disputa entre Egipto, Sudán y la vecina Etiopía, propietaria de la “Gran Represa del Renacimiento” que amenaza con interrumpir el flujo del río Nilo y afectar a millones de vidas. Lamentablemente, la influencia de la industria hidroeléctrica también está vinculada a amenazas, ataques e incluso asesinatos, como el de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
Debido a que las represas hidroeléctricas requieren una gran cantidad de asociaciones comerciales, los gobiernos y las empresas las promueven como energía “limpia”, “verde” y “sostenible” en un esfuerzo por asegurar su financiamiento y aprobación. Las empresas niegan rutinariamente su impacto destructivo a través de estudios ambientales inadecuados, y su aprobación es facilitada por una burocracia técnica que a menudo colabora y cede a estos intereses.
Para fortalecer la imagen de esta industria, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) ha organizado el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica, país que es exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”, idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José1.
En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaremos a cabo el Movimiento Global con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta, que hemos llamado “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.
Propuestas de acción:
nuestro Movimiento Global incluye las siguientes acciones antes y después del Congreso de la IHA, destinadas a fortalecer nuestras capacidades colectivas para proteger ríos y comunidades:
Les pedimos que cada país genere un “Pronunciamiento nacional” ante las hidroeléctricas. Pueden ser escritos de movimientos sociales si por razones operativas no fuera posible unificar. Esos pronunciamientos serán reunidos en un compendio que se compartirá con todo.as.
Queremos que expongan su experiencia ante las hidroeléctricas en FOROS VIRTUALES INTER-PAÍSES, para lo cual les pedimos que nos comuniquen quiénes desean participar y sobre qué temas.
También pueden pronunciarse en audios y videos (Indicaciones técnicas más abajo).
En sus pronunciamientos y otros textos, audios y videos, les invitamos a que expongan sus criterios y visión sobre aspectos como:
inversión pública y privada, nacional e internacional y corrupción,
impactos ecológicos de la energía hidroeléctrica y destrucción de ecosistemas,
y la “farsa de las energías limpias y sostenibles” y los “estudios de impacto ambiental”,
las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio climático,
tácticas de intimidación, incluidas amenazas, criminalización, desplazamiento y asesinatos,
hostigamiento e invasión de territorios indígenas,
integración de las mujeres en la defensa de los ríos y los territorios,
problemas de eficiencia y escala de hidroeléctricas existentes,
pérdida del control nacional y social-comunitario de los recursos hídricos y energéticos.
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”2, esperamos que ustedes opinen también sobre:
una moratoria global de nuevas hidroeléctricas,
aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía,
nueva matriz energética y generación distribuida democráticamente, y
salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos3
Si bien el Congreso de HE es virtual, en Costa Rica realizaremos encuentros locales/comunitarios y movilizaciones (atendiendo restricciones por el Covid19). Una más de nuestras tareas es desmentir que Costa Rica es un “modelo” de “energía hidroeléctrica sostenible” 4.
Indicaciones técnicas para sus aportes:
Pronunciamientos nacionales y otros textos de no más de 750 palabras.
Audios y Videos de no más de 3 minutos (pueden ser varios) para podcasts y producción de radio que se publicarán en los medios de REDLAR, “El Chapuzón”/Costa Rica, y en todas las redes sociales y canales de los movimientos sociales en cada país.
Les pedimos que el envío mismo de sus aportes sea su autorización para usarlos en nuestros procesos de comunicación.
Calidad del sonido: grabar en lugares sin ruido de lluvia, viento, carros, gente, otros.
Calidad del video: es preferible con luz natural y evitar ambientes oscuros y cuidar sonido igual que con audios. Colocar el teléfono el posición horizontal a 1 metro de quien habla.
Enviar sus textos, videos y audios en simultáneo a:
Y a los correos: raquelbd@gmail.com comunicacion@red-lar.org y Mariana Porras Rozas: mariana@coecoceiba.org
Les pedimos ENVIAR SUS APORTES DESDE YA para realizar la producción audiovisual y preparar la DECLARACIÓN CONJUNTA POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS. Ojalá antes 21 DE AGOSTO 2021. Igual, seguiremos recibiendo aportes como parte de la “MOVIDA”.
Muchas gracias. FECON-Equipo Cota Rica, REDLAR, Otros Mundos-México e International Rivers.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021
La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola
En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.
Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.
En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.
“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.
Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace
“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.
Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.
De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.
“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.
Contaminación
En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.
“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.
Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!
Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.
“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.
L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.
La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.
Demandas y corrupción
La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.
Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!
En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.
“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.
Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.
Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.
En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.
“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.
Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.
“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.
Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.
Mantener la lucha
Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.
“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.
Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.
Con información de Vanessa García Navarro
*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad
Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
Compartimos este foto reportaje publicado por Somos el Medio sobre los 500 años de resistencia en la historia de México – A 14 de agosto del 2021
Pueblos Originarios marchan en la Ciudad de México conmemorando 500 años de resistencia. Gobierno de la Ciudad de México les impide el paso al zócalo capitalino.
El día de ayer, 13 de Agosto del 2021, se celebraron 500 años desde la caída de Tenochtitlán; día que marca el inicio de la resistencia de los Pueblos Originarios frente al colonialismo, el despojo, y el racismo que enfrentan día a día.
Con el fin de denunciar los megaproyectos que amenzan a sus comunidades, integrantes de distitntos Pueblos Originarios y organizaciones aliadas, organizaron una marcha en la Ciudad de México
Entre los asistentes se econtraban la Comunidad Otomí residente de la CDMX, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, la Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, entre otros.
La marcha inició en el Hemiciclo a Júarez a las 11 am, sin embargo, el contigente tuvo problemas para iniciar el recorrido.
Autoridades de la Ciudad de México se presentaron con el fin de indicar que no podían permitir el ingreso al zócalo, argumentando que el ruido de la marcha sería disruptivo para distintas ceremonias que se llevaban a cabo en la plancha central.
A pesar de esto, los contigentes comenzaron a avanzar por avenida Juárez, encontrando un fuerte operativo policial a los alrededores.
La marcha fue detenida en Pino Suarez, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, en dónde granaderos impidieron su acceso al zócalo capitalino.
Las calles aledañas al zócalo se encontraban resguardadas por granaderos de la CDMX que impedían su paso.
Los asistentes expresaron su enojo al ser negados el paso a la plaza central del país, en dónde supuestamente se celebraba la existencia de los Pueblos Originarios.
Mientras que la pirámide construida para celebrar este día se erigía en el zócalo; los pueblos que resisten a los megaproyectos impulsados por el gobierno y las empresas eran detenidos a una calle de distancia.
A pesar de esto, los distintos Pueblos y sus representantes sostuvieron un mítin frente a los granaderos que cerraban su paso.
Presente estuvo también «Marichuy», vocera del CNI quien también celebró el viaje Zapatista a la Europa insumisa.
En los dicursos varías temáticas similares surgieron: megaproyectos impuestos por el gobierno, desconfianza y rechazo a la 4ta transformación que ha traicionado su comprimiso con los Pueblos y la continuación de políticas coloniales y exctractivistas que ponen en riesgo la existencia de los Pueblos Originarios en México.
Frente a estas amenazas, los integrantes de estas comunidades expresaron también su determinación por seguir luchando para defender sus territorios, costumbres y modos de vida.
La comunidad Otomí: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes
Durante el mitín, la comunidad Otomí anuncío que la toma del INPI que mantienen desde hace 10 meses se volverá permanente ante la falta de comprimiso por parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México de resolver sus demandas de salud, vivienda, educación, paz, entre otras.
La comunidad dejo en claro que no devolverá las instalaciones.
Comunidad Otomí marcha en la Ciudad de MéxicoLa comunidad Otomí ha mantenido la toma del INPI por 10 meses sin que las autoridades respondan a sus demandas
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca toman embotelladora Bonafont
El pasado 8 de agosto, después de mantener la embotelladora Bonafont cerrada por cuatro meses, los Pueblos Unidos en Puebla tomarón las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.
Como la comunidad Otomí, los Pueblos Unidos anunciaron que las «ruinas de la empresa Bonafont» seran utilizadas para construir la Casa de los Pueblos, un espacio para construir proyectos comunitarios de salud, educación y comunicación.
Los integrantes de más de 20 Pueblos en la región han denunciado la escasez de agua y contaminación de sus ríos desde que empresas transnacionales se han establecido en la región con la autorización del gobierno y dependencias como CONAGUA y SEMARNAT.
Los Pueblos Unidos han defendido el agua de su región de proyectos como el PIM , de descargas de agua sucia en sus ríos, y últimamente de la empresa Bonafont.El Agua es de los Pueblos es el lema que se leía en este contenedor vacío
Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuác
La unión de estos Pueblos y Barrios en la Ciudad de México denunciaron la construcción del puente vehícular en Xochimilco que pone en riesgo el futuro del último humedal en la CDMX.
Además denunciaron la voracidad de la industria inmobiliaria en la ciudad que, con colaboración del gobierno de la ciudad, realizan megaconstrucciones sin consultar a los Pueblos, sin estudiaos ambientales, y sin planeación urbana.
Entre las zonas amenazadas por la urbanización desmedida se encuentran, el Cerro de la Estreella, Canal Nacional, la sierra de Santa Catarina, Xochimilco, y Azcapotzalco.
Integrantes de este Frente denuncian la falta de interés por parte del gobierno de reconocer su existencia como Pueblos Originarios en la urbe.
La Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala
Miembros de la Comunidad Triqui (MULTI) que mantienen un plantón frente a Bellas Artes desde hace 5 meses, exigieron a las autoridades federales garantizar su regreso seguro a Tierra Blanca, Oaxaca.
Los miembros del MULTI fueron desplazados de sus tierras como resultado de los ataques y amanezas por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), quienes el MULTI denuncia colaboram con el estado de Oaxaca para despojarles de sus tierras.
En julio de este año, las autoridades estatales y federal incumplieran con su compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
Mujer Triqui exige el regreso seguro a su comunidad
Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.
Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:
• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020. • La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres. • Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). • Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración. • Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.
A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.
Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.
Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.
La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.
Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Julio de 2021
Compartimos esta entrevista de Código Sur a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los retos de cuidar el medio ambiente – A 16 de julio del 2021
El Estado de Chiapas, al sur de México, se caracteriza por su espíritu rebelde. Desde la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, Chiapas se posicionó como un punto de referencia a nivel global para quienes estudiaban los efectos de la globalización y las alternativas al sistema neoliberal dominante.
Pero más allá de la pobreza y la desigualdad que inspira el espíritu rebelde de este Estado, Chiapas es una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo México. Desde minerales preciados – como el oro y la plata – hasta gas natural y petróleo, la región se ha convertido en el blanco de empresas extractivistas transnacionales, especialmente desde la aprobación del NAFTA.
Es en ese contexto en que la organización Otros Mundos, una asociación civil sin fines de lucro que lucha, desde el 2006, por preservar la naturaleza y apoyar a las comunidades locales afectadas por las dinámicas de explotación en la región.
En este proceso, Otros Mundos se ha sumado a la infraestructura de Código Sur para mejorar los procesos de uso de tecnologías de la organización. Conversamos con Gustavo Castro, fundador y director de Otros Mundos, sobre el rol de la tecnología en su lucha por preservar el medio ambiente en Chiapas.
Código Sur: Desde hace un tiempo, Otros Mundos ha alertado sobre los ataques de grupos paramilitares contra diferentes organizaciones sociales, más recientemente contra CDH Fray Bartolomé de las Casa (Frayba). Estas organizaciones criminales, ¿estarían interviniendo las comunicaciones de los movimientos sociales? Y de ser así, ante la inacción del Estado, ¿qué medidas están tomando para contrarrestar esta amenaza?
Gustavo Castro: Desde hace años los diversos grupos armados han agudizado su violencia en diferentes partes del estado. En Aldama, Chenalhó, Ocosingo, Carranza, Pantelhó, entre otros municipios. Los conflictos por tierras, por el control político, económico, social, territorial. Aunque su capacidad organizativa y la impunidad con la que operan es alta, no consideramos que tengan la capacidad técnica ni financiera para intervenir comunicaciones de los movimientos. Sin embargo, en la medida en que haya grupos armados vinculados con el crimen organizado, es posible que sí tengan éstos últimos dicha capacidad.
CS: Otros Mundos ha lanzado la Escuela Ejidal y Comunal, como parte de sus esfuerzos de formación a personas que luchan por defender el medio ambiente. ¿Cómo se implementan tecnologías seguras y libres en estos procesos formativos y en la articulación con las comunidades para dar seguimiento a los aprendizajes colectivos generados en la escuela?
GC: Este es un punto muy débil en el movimiento. No solo para los participantes en la Escuela Popular Ejidal y Comunal, sino en la Escuela de Justicia Energética y otros procesos y redes sociales locales. Las personas en las comunidades, a lo mucho, cuentan con la herramienta de Whatsapp. No conocen Telegram o Signal, no se conocen otras vías de comunicación, no se conoce el Zoom u otras herramientas. No hay cobertura de internet, en algunos casos las personas utilizan las redes de WiFi públicas de las presidencias municipales, que son redes abiertas e inseguras, porque no hay otra opción. Quienes tienen celular suelen tener equipos básicos, o no cuentan con información necesaria para darle mantenimiento, para ampliar la memoria de los dispositivos. No cuentan con una computadora para bajar sus archivos fotos etc. y simplemente llega un punto en que se saturan sus teléfonos. “No tengo espacio para más,” nos dicen, y claro, mucho menos tendrán espacio para bajar otra aplicación como el Signal, por ejemplo.
CS: Sabemos que Otros Mundos, como organización que promueve la protección del medio ambiente, enfrenta amenazas constantes. ¿Qué medidas de seguridad han tomado como organización para fortalecer su portal digital y sus comunicaciones?
GC: Sumarnos a Código Sur. Usamos Signal para las comunicaciones, usamos respaldos en discos duros seguros. Algunos de nosotros usamos software libre, no todos ya que algunas herramientas de diseño, y de comunicación, a veces resultan incompatibles con otros equipos.
CS: ¿Cómo concibe Otros Mundos la relación entre la protección del medio ambiente y la utilización de software libre?
GC: El principal beneficio del software libre para el medio ambiente es no requiere de compras de programas o equipos de mantenimiento. Esto permite reducir el consumo comercial de software, que a su vez conlleva a una reducción en el consumo de otros insumos conexos al software privativo, que a su vez requieren una actividad extractiva intensa de energía, agua, minería, papel, combustibles fósiles, etc. El software libre desincentiva esta demanda a largo plazo. Por otra parte, también permite extender la vida útil de los dispositivos o hardware; muchos equipos pasan a ser considerados obsoletos al no soportar nuevas actualizaciones de software privativo, cuando en realidad continúan siendo funcionales. El software libre permite aprovechar esos equipos y reducir la basura electrónica.
Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
