Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020
El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS
El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.
La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.
Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.
A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.
Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.
Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.
BCIE vende su participación para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.
La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.
El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.
Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020
Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.
Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida.
Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida.
Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio: Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.
¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020
El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:
La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.
El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.
El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios
El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A más de 4 años de su muerte,Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.
¡BertaVive y vive!
Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la presentación del libro “Samir sin reserva” , un video y el archivo para descargar en pdf – A 10 de abril de 2020
Este 10 de abril, a 101 años del asesinato a traición del revolucionario Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, Morelos, Desinformémonos presenta el libro «Samir sin reversa» y el video «Samir», materiales que reúnen los testimonios de familiares, anécdotas de amigos e historias de compañeros sobre el defensor nahua Samir Flores Soberanes, sus primeros pasos en la resistencia, su vida en comunidad y el asesinato que detonó la indignación de los pueblos, quienes, a más de un año de su muerte, lo consideran una referencia inalcanzable de lucha para las comunidades indígenas de México y el mundo.
«Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo».
_____________________
Samir no conocía el miedo, dice su padre Cirino Nabor Flores, a quien le hubiera gustado que lo conociera, pues así, piensa, a lo mejor estaría vivo. Sentado en el patio de su casa, habla por vez primera de su primogénito, el luchador social, organizador de pueblos y defensor del territorio asesinado el 20 de febrero de 2019. No es fácil. La voz se corta, los silencios se alargan, la vista se nubla. Una luz aparece en su rostro cuando lo recuerda de pequeño: parlanchín, preguntón, sociable, juguetón y bueno para la calle, tanto que a los cinco años ya se regresaba solo del kinder “Siervos de la Nación”, a donde sólo permitió que su mamá lo acompañara los primeros días.
Samir
Producción y dirección Gloria Muñoz Ramírez
Realización y edición Gerardo Magallón
_____________________
«Hoy, cuando los pueblos tienen un momento de victoria o coraje, gritan “¡Samir vive!”, y “ahí está la justicia. El día en que no haya justicia para Samir será porque estaremos muertos. Hay muchos Samires y Samiras en el Frente de Pueblos y en el país, y cada quien tendrá a su compañera o compañero al cual ama y al cual admira. Para nosotros es Samir»
Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020
Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza
Por Angélica Enciso L.
Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.
En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.
Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.
El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.
Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.
Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de abril 2020
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato del ambientalista y defensor del territorio Adán Vez Lira, ocurrido el día de ayer en el Estado de Veracruz.
Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al cuidado del ambiente y defensa de los territorios en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en contubernio con las empresas extractivas que siguen empeñadas en seguir saqueando los bienes comunes naturales de nuestra nación, sin que veamos voluntad de los gobiernos por investigar todos los casos que se vienen denunciando y van quedando en la impunidad y el olvido.
El compañero Adán era un gran defensor de los humedales costeros y los manglares, año con año organizaba el “Festival de las Aves y los Humedales”, así mismo había estado involucrado en la lucha por impedir que empresas mineras se instalen en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México.
Lamentamos también lo insensible que ha sido este gobierno, a tal grado que es inevitable compararlo con los gobiernos anteriores, porque están decididos a continuar la política de oídos sordos ante tantos gritos de ¡YA BASTA! ¡NO MAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADOS!
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a familiares y amigos/as cercanos del compañero Adán Vez Lira, en especial a nuestros compañeras y compañeros de La Vida quienes mantenían una relación muy cercana con Adán, uniéndonos a la exigencia de que se esclarezca este crimen y se castigue a los responsables.
Adán tu nombre quedará tatuado en los humedales costeros y manglares de México y las aves no pararán de cantar agradecidas por tu lucha.
¡JUSTICIA PARA ADÁN VEZ LIRA!
¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado urgente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 07 de marzo de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.
Se ha hecho de conocimiento de nuestra organización ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.
El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.
El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.
Exigimos que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.
Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional.
En ocho años se documentaron 499
agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que
se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la
minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en
2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la
situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales.
Los asesinos llegaron a su casa la
mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para
que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes
salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio
Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la
termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno
mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral
Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la
construcción de un gasoducto y un acueducto.
Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el
territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se
documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos
naturales.
El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales,
realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra
que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de
defensores ambientales.
Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es
uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa
del ambiente y el territorio.
En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499
ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y
territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de
agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva
Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.
Homicidios e impunidad
Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio
en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones
físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación
ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición
forzada.
Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si
bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra
defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y
2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años);
además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra
de los defensores en México.
En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14
casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el
10 de junio de 2019. “Tío Guato”,
como también se le conocía, era defensor del santuario del mono
saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció
la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.
Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los
defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de
agresiones antes de su homicidio.
Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y
estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo
acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de
izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.
Luis
Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas
señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que
extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.
Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.
Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas
rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en
Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde
persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la
población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas
agresiones que viven desde hace ya varios años.
Otilia era sobrina de Julián Carrillo,
defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás
de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de
2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado
mexicano en 2012.
Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha
demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los
defensores.
Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no
actúa cuando se denuncia alguna agresión”.
Los
habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas
agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la
tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto:
Cortesía Alianza Sierra Madre.
Proyectos energéticos, minería y agresiones
En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y
territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente,
resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización
que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por
CEMDA desde 2012.
El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó
después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual
tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la
producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de
la energía eléctrica.
Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el
país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para
la producción de energía eólica y solar.
Infografía: CartoCrítica.
El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que
durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141)
fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos
relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y
parques eólicos.
Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e
hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese
periodo.
Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza,
donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a
la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.
Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en
Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes
empresas e industrias.
Los defensores de ambiente y territorio
—resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en
un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las
comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los
territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones
flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos
básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada
de CEMDA.
Comunidades
indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de
una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.
Evolución y persistencia de las agresiones
Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140
ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a
las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal
y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una
disminución de las agresiones de la policía federal al final del
periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece
intermitente, pero constante”.
Entre los probables agresores también se señala a personal de las
empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas
comunidades.
Al analizar las agresiones también es posible observar que durante
los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más
recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la
fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la
difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final
del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la
privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización
y la intimidación.
Infografía: Cartocrítica.
La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se
criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía
Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México,
Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a
pagar reparaciones millonarias.
Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre
de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no
ha cambiado mucho.
En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en
2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro
Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.
Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro
agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones
tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.
“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones
contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la
política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.
Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el
informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no se tuvo respuesta.
Mujeres
que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a
salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara,
Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme
Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca
que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de
territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.
Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo
defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad
cultural de una comunidad”.
Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y
territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el
representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la
obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las
personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los
gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.
Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y
hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre
en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.
El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les
permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y
las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen
justicia para sus compañeros asesinados.
Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia
de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que
es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.
Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de
hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha.
Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.
*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020
Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).
Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.
Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.
El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.
La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.
Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.
Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.
¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! ¡BASTA DE ASESINAR ALAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!
Firma RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de marzo de 2020
Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios comunicación y, por supuesto, financieras.
Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial “Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de “La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y de la naturaleza.
ta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.
La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020.
En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos lamentables hechos.
¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO.
¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE CÓMPLICE DE ELLOS!
¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020
Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.
El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.
Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.
Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.
¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
