Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la visita de la Red-DESC a Honduras – A 21 de agosto del 2024
Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres.
Luego de una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presentaron ante la Sala de lo Penal una carta con su preocupación, con el objetivo de señalar la preocupación internacional y la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
También contamos con la entrevista a la compañera Ana Elisa Samayoa en el programa de T.V. de Canal 8 de Honduras “Más temprano que tarde” donde se logró visibilizar la preocupación de la comunidad internacional en la falta de resolución de los recursos de casación de los asesinos de Berta Cáceres.
El martes 20 de agosto realizamos el Foro público Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas” donde participaron Ana Elisa Samayoa, abogada experta en DD.HH. Miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); Wyatt Gjullin: abogado de Earth Rights International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejo de Pueblos Mayas); Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH e hija de Berta Cáceres. y Pedro Landa, Miembro de la Misión de Observación Calificada de la Causa Berta Cáceres.
Una vez más, la comunidad organizada, demuestra que la lucha por la justicia para Berta Cáceres es un esfuerzo que nos une a todos/as quienes defendemos la vida, los derechos humanos y el futuro de nuestras comunidades. Este es un momento crítico en el que necesitamos alzar nuestras voces y mostrar nuestra fuerza colectiva.
Les compartimos estas dos notas de Chiapas Paralelo sobre la terrible y cada vez mas preocupante violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre dos grupos del crimen organizado – A 21 de agosto del 2024
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho”, afirmaron los obispos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala; de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y de la Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Cómo resultado de una reunión que tuvieron en Panamá, los religiosos redactaron una carta pública dirigida a los tres niveles de gobierno, al pueblo religioso y, por primera vez, se dirigieron directamente “a los creadores y ejecutores de la violencia”.
En su pronunciamiento explican: Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango,Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron”.
Bernabé Sagastume, Álvaro Cardenal Ramazzini, Rodrigo Aguiar Martínez y Guadalupe Torres Campos, refieren que hoy, de manera obligada, la población de esta región de Chiapas “son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.
Esta, señalan, es una “guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”.
“Las armas de alto calibre descargan sobre hermanos cuya lucha ha sido defender la vida, la tierra, el territorio, dando servicio animados por la Palabra de Dios, vigías de la dignidad con la que han sido revestidos como herencia y por el bautismo, con sus luchas de siempre para que sus pueblos tengan vida”.
Hacen referencia a que, para salvar la vida, miles de pobladores han tenido que abandonar sus comunidades. Llaman esta estrategia como “de exterminio” donde hay intereses económicos, extractivistas y políticos donde la presión para que se lleven a cabo procesos electorales, solo incrementan la violencia.
En este contexto, al dirigirse “a los creadores y ejecutores de la violencia”, les pidieron que paren.
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, señalan.
La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos, ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinados.
Luego de cuatro días de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, cientos de personas pudieron salir de Chicomuselo este martes 20, para buscar refugio en los municipios de La Concordia; Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Tan pronto como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pudieron tomar el control de la cabecera municipal, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores salieron en una larga caravana de vehículos hacia el municipio de La Concordia para internarse a la región central del estado.
Los vehículos llegaron hasta el punto conocido como Rizo de Oro, donde abordaron en grupos los vehículos en el chalán o panga para pasar el primer brazo de La Angostura, luego siguieron su camino y en el segundo brazo, entre la angustia y miedo se maravillaron que esta vez ya tuvieron que pasar ese punto sobre el Puente Atirantado de 700 metros recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchos de los desplazados se quedaron en La Concordia, por el ser el pueblo más cercano a Chicomuselo, sin embargo, otro convoy se enfiló hacia Comitán y muchos más se adentraron a Tuxtla, la capital del estado, para buscar refugio con amigos familiares o albergues de iglesias católicas o evangélicas. Chicomuselo, está enclavado en la región de la Sierra Madre de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, en la cabecera municipal hay ocho barrios pero en sus alrededores hay 206 comunidades, ejidos y rancherías.
La narcoviolencia llegó a finales del 2022 y principios del 2023, e impactó, además de la cabecera municipal, en muchas comunidades rurales que quedaron deshabitadas, estas son La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio El Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa, y Piedra Labrada. Son pues pueblos fantasmas.
Desde el mes de noviembre del 2023, el alcalde de ese municipio Jorge Sepúlveda Morales del Partido del Trabajo abandonó ese municipio y con él desaparecieron los más de 130 millones de presupuesto del ayuntamiento para este 2024.
Hasta el pasado fin de semana se calculaba que los desplazados todos de Chicomuselo, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, oscilaban en unas 4 mil 500 personas, pero con el desplazamiento masivo de estos días, la cifra podría ser de alrededor de más de cinco mil personas.
El Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG) se disputa el control del territorio contra el Cártel de Sinaloa (CDS), y la guerra se intensificó en ese municipio donde justo desde el 2018 se creó el Cuartel del 101 Batallón de Infanterá de la SEDENA para garantizar la seguridad de la población, seguridad que no han encontrado hasta ahora.
Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
¿Cómo lo hacemos?
En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio
El podcast:
El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
Quiénes somos?
El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.
Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.
Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.
Escucha aquí todas las CREACIONES SONORAS
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría? ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay, a qué huele, a qué suena, a qué sabe? ¿Cuál es tu lucha y de qué maneras resistes? ¿Con qué personas habitas tu territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y abuelos?
¿y si creamos nuestra historia?
01. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García. Chicomuselo, Chiapas.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas.
02. Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Alta Verapaz, Guatemala.
Sueños colectivos de una recuperación y pertenencia de la tierra en la zona de Alta Verapaz Guatemala; utopías de encuentros con las personas que fueron arrebatadas de sus familiares por la defensa del territorio; celebraciones a la madre tierra, al agua, al campo, estos son algunos de los relatos que elaborados en el Laboratorio de Historias comunitarias con los y las compañeras de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala.
03. Camino hacia nuestros sueños. FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.
Había una vez… árboles, vacas, un campo de futbol, una niña que salía a jugar con sus hermanos: a las ardillitas jugábamos; jugamos pelota entre primos, Íbamos al río y llevábamos ticucos. Nos quedábamos solos en casa, decidíamos hacer travesuras y nos metíamos a la pila. Como todos los domingos, en un lugar de El Salvador, mamá cocinaba torta de huevo con queso y tamales, y papá escuchaba su música.
Había una vez… una niña con su abuela, en un pueblito de Honduras, ella la mandaba a moler el maíz, por las mañanas y las tardes las dos tomábamos café con pan hecho por mi abuela.
Historias de vida de mujeres que salieron de su país abriendo camino hacia sus sueños. FOCA, Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.
Compartimos este reportaje especial publicado en Mongabay sobre la palma de aceite en América Latina y los diferentes impactos que tiene sobre las poblaciones – A 14 de agosto de 2024
Comunidades rurales de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá no paran de denunciar que los monocultivos de palma de aceite están contaminando sus fuentes de agua. Sin embargo, probarlo no es un asunto sencillo; la carencia de estudios científicos es su principal obstáculo.
Una investigación realizada en la cuenca del río Napo, en Ecuador, es pionera en exponer la contaminación del agua por los pesticidas utilizados por varios sectores productivos, entre ellos la industria palmicultora: entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas estarían siendo afectadas. Situaciones similares podrían vivirse en otros países de la región.
Los expertos piden un mayor control y vigilancia de las autoridades ambientales. También recomiendan trabajar en un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de las zonas tropicales.
El aceite de palma que está presente en miles de productos —desde champús, alimentos procesados o maquillajes— ha acumulado innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina. La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que ha provocado la expansión de la palma aceitera. En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse —al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber— y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua entra a agravar la situación.
Estas denuncias se escuchan cada vez más en aquellos países latinoamericanos en donde el cultivo de palma de aceite crece en forma discreta.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que en el 2023 la producción mundial fue de 79.53 millones de toneladas, mientras que en el 2022 se ubicó en 77.96 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 2 %; una tendencia al alza que se seguirá consolidando en el 2024, ya que las proyecciones de la USDA estiman una producción de 80.19 millones de toneladas. https://projects.mongabay.lat/2024/afectaciones-palma/
Indonesia, Malasia y Tailandia concentraron el 87 % de la producción mundial en el 2023, mientras que los países africanos y latinoamericanos produjeron el 13 % restante. Colombia fue el principal productor por fuera del sudeste asiático (1,9 millones de toneladas), ocupando el puesto 4. En el top 15 también aparecen Guatemala en el puesto 6, Honduras en el 9, Brasil en el 10 y Ecuador en el 12.
Esta tendencia al alza en la producción de aceite de palma, que incluye a los países latinoamericanos, revela también el peligro que representa el incremento de los problemas ambientales, sobre todo si las autoridades no asocian la bonanza económica con la fiscalización de la actividad.
Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Guatemala. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Algunas de las denuncias más frecuentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están relacionadas, precisamente, con la contaminación de agua —principalmente con pesticidas y otros agroquímicos— y con el desvío o acaparamiento de esta. Se encontraron 59 procesos sancionatorios: 32 en Colombia, 25 en Guatemala, 2 en Ecuador y ninguno en Honduras, a pesar que las comunidades denuncian lo contrario. Del total de casos, sólo 6 finalizaron con una sanción monetaria contra el infractor, en 3 se pidieron medidas de reparación ambiental y en 2 se hicieron solicitudes de mejora de la actividad productiva. En 5 casos las autoridades no dieron información sobre las sanciones impuestas y en 46 fue imposible determinar en qué estado se encontraba la investigación o proceso sancionatorio (en algunos casos las autoridades impusieron dos o más sanciones).
La falta de información y la entrega de información incompleta son una constante en las respuestas que brindan las autoridades. A eso se suma otro gran problema: la ausencia de estudios técnicos y científicos que analicen la contaminación del agua y que ayuden a determinar la responsabilidad de la industria palmicultora en esa contaminación
“Los países que lideran estudios en temas de evaluación de pesticidas en ecosistemas acuáticos son Brasil y Argentina. En los demás países de Latinoamérica, la información es súper escasa”, asegura Marcela Cabrera, especialista en Gestión Integral del Agua y directora del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua en la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador.
Mongabay Latam, Ocote, Radio Progreso y France 24 en español se unieron para documentar lo que padecen comunidades que denuncian la contaminación del agua ocasionada por la producción de aceite de palma en Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia. Para estas comunidades tener como vecinas a las plantaciones de palma les ha traído afectaciones a su soberanía alimentaria, su salud y su derecho de acceso al agua.
Distribución de la producción de aceite de palma en Honduras. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Ecuador. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Las quejas por contaminación
“Mi bisnieto se metió al agua y ahorita lo están curando porque le comenzaron a salir manchas blancas”, dice Eligia Natalia López, lideresa comunitaria y fundadora de la aldea Nueva Libertad, en Fray Bartolomé de las Casas, Guatemala.
“La contaminación queda en la ropa, a pesar de lavarla”, asegura Wilfredo Ramírez, campesino encargado de cortar los frutos de las palmas aceiteras en el valle del Aguán, en Honduras.
En Ecuador, la comunidad afro de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, ha visto cómo disminuyen los recursos pesqueros: “El barbudo se abre y le salen gusanos. Al sábalo le salen unos tumores, apesta. Al curuco le gusta lamer las peñas, comer de ahí. Entonces, como el agua viene contaminada, todo eso se comen los peces. De lo poco que queda ya no se consume nada. Todo lo demás se ha extinguido”, comenta Samir Mina.
Pablo Espinoza, habitante de la provincia de Chiriquí en el noroccidente de Panamá y en límites con Costa Rica, dice que la contaminación que se vive en la zona es evidente: “Yo he ido a verificar. Hay una parte donde la planta (procesadora de aceite) bota un aceite amarillo y cuando eso se empieza a derramar va a parar al río Chiriquí Viejo. Yo lo he visto, no es que me lo han dicho, hicieron como un canal por donde caen los líquidos de los frutos y caen en el río Chiriquí Viejo”.
Como estos, hay decenas de testimonios que denuncian la contaminación del agua en comunidades cercanas a cultivos de palma de aceite en diversos países de Latinoamérica. A esas voces se suman las de aquellos que no sólo sufren por la contaminación sino por el acaparamiento del agua, como también es el caso de Eligia Natalia López en Guatemala: “Todo el río Sepur se lo tomaron los de la palma. Ahí están los quineles donde ellos guardan el agua (canales que suelen tener compuertas). Ahí está toda el agua, y no sé qué irán a hacer ahora que el río se está secando”.
Las comunidades del Valle del Aguán (Honduras) denuncian poco interés de las autoridades por controlar el manejo de las lagunas de oxidación. Foto. Lesly B. Frazier.
En Colombia, la situación es similar. Duván Caro, líder comunitario del municipio caribeño de María La Baja, relata que, desde 2008, un ojo de agua conocido como Leticia comenzó a secarse y que “desde que llegó la palma hay momentos en que Leticia se seca por completo, como ocurrió en enero de 2024”.
Varias de estas comunidades han recurrido a la justicia para exigir la protección de sus derechos y otras han denunciado ante las autoridades ambientales. Sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta que solucione su situación. Los Estados no han enviado a funcionarios o expertos a analizar el problema, y no hay datos científicos concluyentes que permitan comprobar sus denuncias.
¿Por qué los Estados no hacen estudios de calidad del agua que permitan conocer los elementos que contaminan ríos, lagos y fuentes subterráneas? Marcela Cabrera lleva varios años estudiando los ecosistemas acuáticos y tiene varias hipótesis como respuesta. La primera es que estos análisis son muy costosos, y aunque los Estados tienen como responsabilidad monitorear las zonas donde han otorgado permisos para la operación de grandes hectáreas de cultivos agrícolas, como ocurre con la palma aceitera, se excusan en los limitados recursos económicos de los que disponen. Esto es grave porque “nuestros ecosistemas acuáticos deberían monitorearse como mínimo una vez al año”, comenta con contundencia.
La segunda hipótesis para la ausencia de estudios es que muchos países de Latinoamérica no tienen la capacidad analítica para realizarlos. “Si no tienes la capacidad de evaluar cuáles pesticidas tienes en tus ecosistemas acuáticos, tampoco tienes la capacidad de regular, porque no sabes qué regular”, dice Cabrera.
Como respuesta a esa falta de capacidad técnica, muchas naciones latinoamericanas han adoptado como referencia las normativas de países de climas templados. “¿Cuál es el problema de que nosotros sigamos tomando referencias de normativas de zonas templadas? Que actualmente hay muchos estudios que muestran que los organismos de las zonas tropicales son más sensibles que los organismos de las zonas templadas. Entonces, por ejemplo, no es correcto aplicar los mismos criterios de Europa en América del Sur”, agrega la científica ecuatoriana.
Estos son algunos de los búfalos que usa la palmicultora Energy & Palma en Ecuador para acarrear el fruto de la palma. Foto: Nathalia Bonilla – Acción Ecológica.
Debido a las falencias de los países latinoamericanos en el manejo y monitoreo de sus ecosistemas acuáticos, el riesgo es que algunas empresas asuman la realización de los estudios de calidad de agua. Andreu Rico, especialista en Ecología acuática y gestión de la calidad del agua, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia (España) y del Instituto IMDEA Agua, considera que hay que tener cuidado para que los estudios no caigan en manos de empresas multinacionales, “no porque los estudios estén mal hechos, sino porque pueden carecer de credibilidad si, por ejemplo, la empresa que vende el pesticida es la que, además, hace la evaluación de riesgos de ese pesticida”.
Un estudio pionero pone el tema sobre la mesa
En 2023, Cabrera y Andreu, junto con otros seis investigadores, publicaron en la revista Chemosphere uno de los pocos estudios sobre los efectos de la agricultura intensiva y los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas de agua dulce, centrándose en la Amazonía ecuatoriana.
En el artículo se menciona que esta región de Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el uso del suelo, debido al aumento demográfico y a la expansión de la frontera agrícola. Dichos cambios se han asociado a problemas de contaminación del agua y los pesticidas están entre los causantes. Para llegar a esa conclusión, monitorearon 19 parámetros de calidad del agua, 27 pesticidas y la comunidad de macroinvertebrados en 40 sitios de muestreo de la cuenca del río Napo, incluyendo una reserva de conservación natural y sitios en áreas influenciadas por la producción de aceite de palma, la producción de maíz y la cercanía a centros urbanos.
Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación de riesgo es que los insecticidas organofosforados (etion, clorpirifos, azinfos-metil, profenofos y protiofos) y el imidacloprid eran los compuestos que presentaban el mayor riesgo ecotoxicológico, con mezclas que podrían afectar entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas en las zonas muestreadas.
Los resultados del estudio también mencionan que las áreas dominadas por la producción de aceite de palma tienen una influencia significativa en los parámetros de calidad del agua, afectando a las comunidades de macroinvertebrados. En total, para el estudio se recolectaron 2200 individuos pertenecientes a 37 especies de insectos, seis especies de gasterópodos, cuatro especies de hirudineos, una especie de crustáceo y una especie de arácnido.
Aún con la contaminación, las vecinas de Fray Bartolomé de las Casas visitan el río Sepur para lavar su ropa. Foto: Christian Gutiérrez.
“Después de realizar todos estos análisis vimos que hay un deterioro en el hábitat y una disminución en la presencia de macroinvertebrados. En las áreas de cultivo de palma encontramos una sola familia de macroinvertebrados y es una familia resistente a contaminación”, indica Cabrera, y agrega que la biodiversidad acuática no sólo está siendo afectada por los pesticidas, sino que alrededor de los cultivos de palma encontraron deforestación de vegetación ribereña, lo que hace que lleguen más sedimentos y esto afecta la vida en el agua.
La investigadora de la Universidad Ikiam comenta que es común que la gente piense que los pesticidas van a diluirse en el agua y asegura que es probable que eso pase, “el problema es que los pesticidas, principalmente los organofosforados que analizamos en este estudio, tienden a acumularse en los organismos acuáticos y también en el sedimento. Probablemente no se detecten concentraciones altas en el agua, pero estos componentes tenderán a bioacumularse en peces y otros organismos acuáticos”.
Además, el estudio identificó varios compuestos organofosforados en el agua de la cuenca del Napo que son altamente tóxicos y que, por ejemplo, ya han sido prohibidos en países de la Unión Europea.
La investigación no abordó temas como el impacto de los pesticidas en la salud humana y la soberanía alimentaria. De hecho, los científicos aseguran que es necesario realizar estudios enfocados en esos temas. Sin embargo, la experiencia del profesor Rico en análisis de pesticidas en otros cultivos como el banano y la piña le han mostrado que puede existir riesgo para la salud por bañarse o tomar aguas contaminadas.
“Muchas veces las medidas de aplicación de los insecticidas no son las adecuadas”, dice Rico. Este es un punto crítico ya que es muy difícil hacer un seguimiento riguroso para saber si los químicos se están aplicando en las dosis correctas.
El clima y la humedad de los suelos de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala favorecen el cultivo de palma. Foto: Christian Gutiérrez.
En cuanto a la soberanía alimentaria de las personas que viven cerca de cultivos de palma, el investigador comenta que la pérdida de biodiversidad de invertebrados puede tener consecuencias para depredadores como peces y reptiles que son el alimento básico de las personas que viven cerca de ríos. “Cualquier impacto sobre las partes más bajas de la cadena trófica puede tener consecuencias”, añade.
De acuerdo con Rico, países como Costa Rica y Brasil ya trabajan en el impacto ambiental de los pesticidas, pero sigue siendo un tema poco estudiado en Latinoamérica.
El artículo resalta que la investigación sobre los impactos ecohidrológicos de las plantaciones de palma de aceite es escasa, “a pesar de que los estudios indican que el desarrollo de la palma de aceite puede remodelar las interacciones entre la tierra y el agua, así como la disponibilidad y el movimiento del agua a diferentes escalas espaciales y temporales”.
La investigación encontró 139 artículos relevantes, entre 1992 y 2021, que abordan diferentes procesos ecohidrológicos relacionados con la palma de aceite, de los cuales 49 (35 %) tienen como objeto de estudio a América Latina. Uno de los hallazgos destacados de la revisión es que sólo 16 artículos abordaban aspectos sociopolíticos y de sostenibilidad de la palma aceitera asociados al agua y, entre esos, sólo cuatro realizaron un análisis exhaustivo de las percepciones de las comunidades sobre cuestiones relacionadas con el agua y este cultivo.
En 2018, poblaciones de tres municipios del departamento colombiano de Bolívar, incluyendo María la Baja, hicieron la Caminata Pacífica de Montes de María. Una de las exigencias era agua potable. Foto: Cortesía de la Corporación Desarrollo Solidario.
Comunidades que exigen ser escuchadas
La ausencia de información científica sobre la calidad del agua cerca a las plantaciones de palma de aceite y los efectos en los ecosistemas acuáticos son una constante en Latinoamérica. El estudio realizado en Ecuador es uno de los pioneros en la región y muchas de las conclusiones podrían repetirse en naciones como Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.
“Hay algunas diferencias en términos de legislación y de inversión de recursos, pero hay muchos pesticidas que son prohibidos en otros países y se siguen aplicando en muchas zonas de Latinoamérica. Hay un control bastante regular en toda la región”, comenta Andreu Rico.
Lo cierto es que las denuncias de las comunidades no paran. Precisamente en Ecuador —pero esta vez en la región Costa, en el Chocó biogeográfico—, la comunidad de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los ríos cristalinos que tenían hace unos 20 años hoy están prácticamente muertos, pues reciben los desechos de la minería, la industria de la madera de balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Sin un estudio imparcial que pueda determinar qué tanto contamina la palmicultora en la zona, esta comunidad afroecuatoriana se enfrenta a una lucha a ciegas en la que el Estado ha jugado siempre del lado contrario. Varias de las personas que habitan en Barranquilla han sido demandadas por la empresa, pero no desmayan en su esperanza de ser escuchadas.
La situación tampoco es alentadora en Honduras, donde hay 200 000 hectáreas sembradas con palma aceitera. Este país, junto con Colombia y Guatemala, es uno de los mayores productores de aceite en Latinoamérica. En el Valle del Aguán, este monocultivo sobrepasa las 20 000 hectáreas y la Cooperativa Agropecuaria El Tranvío denuncia que la Corporación Dinant mantiene inundadas y contaminadas sus tierras. La población campesina de la zona, además, sostiene una lucha para recuperar los territorios que perdieron en medio de la reforma agraria de los años setenta y que hoy son ocupados por la empresa.
Ada Díaz representa a las voces que están denunciando la presunta contaminación de la Corporación Dinant. Foto: Lesly B. Frazier.
Panamá es un país pequeño y aunque su capacidad de producción de aceite de palma no alcanza los niveles de otras naciones latinoamericanas, este monocultivo domina el paisaje de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. En Barú, el distrito donde se vive el mayor auge de la industria palmicultora, gran parte de la comunidad advierte sobre contaminación a los ríos.
En Guatemala, las denuncias en Fray Bartolomé de las Casas no sólo tienen que ver con la contaminación del agua sino con el acaparamiento del líquido. Lo que solían ser bosques ahora son plantaciones de palma aceitera de la empresa Naturaceites y desde que el cultivo se extendió por la zona, las comunidades aseguran que padecen la contaminación y sequía de sus ríos.
Los habitantes afirman que no pueden utilizar el agua para su consumo y, si se bañan con ella, enseguida presentan lesiones en la piel. En medio de un clima de miedo, la mayoría de los vecinos prefieren no hablar de una empresa que prometió un desarrollo que nunca llegó.
“Es necesario comprender mejor cómo el uso del agua de la palma aceitera ejerce presión sobre el suministro de agua de las comunidades, dadas las altas necesidades del líquido que tienen las palmas aceiteras maduras. Esta comprensión incluye la evaluación de los sistemas de riego y su dinámica durante las estaciones húmedas y secas, en particular en las regiones agrícolas donde la palma aceitera no es el único cultivo”, se lee en el artículo.
Las sequías y las filtraciones contribuyeron a que los niveles de agua de Arroyo Grande fueran bajos en 2019. Foto: Cortesía Usomaríalabaja.
Precisamente, pobladores del municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, se quejan del acaparamiento de agua que la empresa palmicultora Oleoflores ejerce en el sistema de riego, de donde también se benefician otros cultivos como el arroz.
La compañía tiene por lo menos 11 000 de las 12 000 hectáreas de palma que están sembradas en el municipio y, según los últimos datos publicados por la administradora del sistema de riego, la palma consumió el 55 % del agua en 2019. Ninguna autoridad ambiental hace seguimiento al manejo del distrito de riego, mientras que la comunidad se queja por no tener agua potable y que por eso padecen enfermedades.
Los expertos consideran que a todo este panorama de falta de estudios se suma la limitada capacidad de control y seguimiento por parte de los gobiernos. Muchas veces se cuenta con normativas, “pero si no logras hacer un control, las normativas no van a funcionar”, asegura Marcela Cabrera.
Andreu Rico menciona que una vez tuvieron los resultados del estudio que realizaron en la Amazonía ecuatoriana —en el que se reflejaban niveles de pesticidas que excedían lo permitido en las normas— se lo presentaron al gobierno “y nos dijeron que tenían otras prioridades. Este es como un problema de segundo orden para ellos, la justificación va más por ahí, que siempre tienen cosas más alarmantes que resolver”.
Para muchas familias de Barranquilla de San Javier, en Ecuador, el agua turbia de estos ríos es la única opción para cosas tan básicas como cocinar, lavarse o beber. Foto: Alexis Serrano Carmona.
Rico considera que también hace falta más educación por parte de los gobiernos en cómo la gente tiene que utilizar los agroquímicos y hace énfasis en que si hay compuestos que ya fueron prohibidos en países que tienen un sistema de evaluación de riesgos más sofisticado, lo lógico sería prohibirlos o por lo menos restringir mucho su uso, “hasta que se hagan estudios científicos que avalen o rechacen, a nivel local, las conclusiones a las que se llegaron en esos países pioneros”.
El investigador español sugiere que sería valioso hacer una evaluación regional, que incluya a todos los países, para tratar de tener un registro unificado de plaguicidas, como se ha hecho en Europa. “Eso reduciría la necesidad de invertir país por país, sino que se puede hacer una inversión global para crear un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear unas normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de la zona tropical. Sería muy bueno si eso se pudiera hacer a nivel de continente”.
Compartimos esta síntesis del caso #JusticiaParaBerta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de agosto del 2024
Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de derechos humanos, fue brutalmente asesinada por su incansable lucha contra el modelo extractivo en Honduras. Su compromiso con la defensa del Río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco la llevó a enfrentarse al Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, promovido por la poderosa familia Atala Zablah.
El proyecto Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA, pretendía explotar el Río Gualcarque bajo el pretexto de vender energía “renovable” al Estado de Honduras. Sin embargo, Berta Cáceres expuso las ilegalidades, la corrupción y la falta de consulta previa a la comunidad, demostrando la complicidad entre los intereses privados, el gobierno hondureño y el Ejército Nacional.
La valentía de Berta le costó caro. A pesar de las múltiples amenazas, persecuciones y un montaje judicial orquestado por el Ejército y DESA, ella continuó su lucha. Fue víctima de una campaña de desprestigio dirigida por David Castillo, empleado principal de la familia Atala, quien contrató a periodistas para difamarla.
El asesinato de Berta Cáceres no solo fue un crimen, sino también un mensaje intimidante para todas las defensoras de derechos humanos en el país. Este acto de violencia de género se entrelazó con la violencia estatal y empresarial, convirtiéndose en un símbolo de la represión que sufren quienes defienden la vida y el medio ambiente.
Hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por fraude en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”:
Roberto David Castillo Mejía: empleado principal de la familia Atala.
Carolina Lizeth Castillo Argueta: empleada de la familia Atala.
Raúl Pineda Pineda: ex-alcalde de San Francisco de Ojuera.
A pesar de estas condenas, las sentencias de los asesinos de Berta aún están pendientes:
David Castillo: actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios.
Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información para el asesinato.
Douglas Bustillo: coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo para ejecutar el asesinato.
Mariano Díaz Chávez: organizó las acciones para llevar a cabo el atentado.
Además, el grupo sicarial bajo el mando de Douglas Bustillo, contratado por directivos de DESA, sigue esperando sentencia:
Henry Javier Hernández Rodríguez
Elvin Heliberto Rapalo Orellana
Edilson Atilio Duarte
Óscar Aroldo Torres Velásquez
Es hora de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras actúe con celeridad, garantizando la verdad y la reparación. ¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!
Les compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre la terrible situación de violencia incontrolable que se vive en Chiapas – A 12 de agosto de 2024
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.
Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.
Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.
Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.
La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.
Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:
URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.
Compartimos el quinto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 17 de julio del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de «Atizando el Avispero», el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
En el episodio anterior, exploramos cómo la matriz energética de México ha estado en constante transformación, con un énfasis creciente en el gas natural proveniente de Estados Unidos, extraído mediante el controvertido fracking. Este recurso, que algunos consideran un puente hacia una transición energética más limpia, ha sido objeto de un análisis profundo debido a sus impactos ambientales y su papel en la configuración del panorama energético mexicano.
En el episodio de hoy, el número 5 de la serie, continuaremos profundizando en este tema y examinaremos la realidad detrás del mito del gas natural como una fuente de energía para la explotación minera.
Para ello seguiremos debatiendo con Isabel Velásquez y Luis Pérez, del colectivo geocomunes.
Así que, sino quieres saber que papel juega el gas y la minería en México, no sigas las siguientes plataformas.
Puedes escuchar el episodio V en estas plataformas
Les compartimos este folleto elaborado por la La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre los agrotóxicos – A 6 de agosto del 2024
PRESENTACIÓN
Productor, productora, este folleto que tienes en tus manos es una invitación para que nos permitas hacer contigo un recorrido en donde hablemos de lo malo, lo feo y lo bueno de la presencia de las arvenses en tu parcela. Así es, las arvenses (o malezas o monte o malas hierbas) no solo son malas y feas, también tienen algo bueno (más bien mucho) que ofrecer a la fertilidad de tu parcela, si les das la oportunidad de mostrarte este lado (el bueno) que es muy poco conocido.
También, te proporcionaremos más información acerca de los principales daños a la salud y al ambiente causados por el uso del glifosato y otros herbicidas, que han sido estudiados por científicos y que son una llamada de atención sobre los riesgos que corren tú y tu familia, sin saberlo. La mayoría de estos efectos dañinos no vienen indicados en la etiqueta de los productos comerciales.
Finalmente, te hablaremos de las alternativas que hay para el control de las arvenses, a fin de que no se pierdan las cosechas. Estas alternativas son benéficas para el suelo de tu parcela, que a fin de cuentas es el mayor patrimonio para el futuro de tus hijos, quienes también serán beneficiados. Estás alternativas representan sin duda más trabajo tuyo en el campo, sin embargo, también son la oportunidad (casi única) de proteger tu salud, la de tu familia, de las generaciones futuras y del ambiente.
Les compartimos con alegría esta noticia compartida por la Colectiva Malditos Plásticos sobre un gran logro para avanzar en la prohibición de plásticos de un solo uso a nivel federal – A 2 de agosto del 2024
Tribunal Colegiado ordena medidas al Congreso para prohibición de plásticos de un solo uso en el país Para su inmediata difusión/ 30 julio 2024.
Organizaciones ambientalistas y de protección a consumidores logran una medida cautelar de amparo para que el Congreso de la Unión deje de ser omiso e inicie acciones para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso.
El Tribunal retoma los estándares internacionales del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU destacando que los plásticos son sustancias tóxicas.
Es deber del Estado prevenir la exposición a estas sustancias peligrosas.
Ciudad de México, 30 de julio de 2024.
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que el Congreso de la Unión deberá iniciar los trabajos para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso, reconociendo sus impactos a la salud y al ambiente y el deber del Estado de prevenir la exposición a estas sustancias tóxicas.
Este amparo fue interpuesto por las organizaciones Greenpeace México, El Poder del Consumidor y la Red Mexicana de Acción Ecológica, integrante de la Colectiva Malditos Plásticos.
El amparo interpuesto contra el Congreso por omisión, es parte del seguimiento que las organizaciones dieron a dos fallos de la Segunda Sala de la Suprema Corte en los que amparó a la industria refresquera invalidando la prohibición de plásticos de un solo uso, como PET y unicel en el estado de Oaxaca.
Esto sentó un precedente muy negativo para la progresividad en la protección a los derechos humanos, la salud y fue una clara regresión a derechos ambientales ya adquiridos.
El histórico resolutivo del Tribunal tomó, como argumentos contundentes, los estándares de derecho internacional establecidos en los informes del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, en los que muestra que las etapas del ciclo del plástico tienen implicaciones negativas sobre el disfrute de los derechos humanos, que su uso agrava la emergencia climática y comprometen el pleno goce de los derechos, pues los desechos plásticos repercuten considerablemente en la salud humana y en el medio ambiente; de manera que sólo la imposición de límites jurídicamente vinculantes a la producción de plástico para usos esenciales puede marcar una diferencia.
El abogado Luis Miguel Cano, quien ha conducido la estrategia de las organizaciones civiles señaló: “Esta resolución da esperanza e incentiva a comunidades afectadas por contaminantes plásticos para que acudan al Poder Judicial, a fin de que se les proteja sus derechos y se ordenen medidas que remedien sus afectaciones”.
Por su parte, Ana Larrañaga, del Poder del Consumidor mencionó: “Esta determinación constituye un precedente de excepcional trascendencia para dar aliento a las luchas de las comunidades y personas para erradicar la contaminación plástica de productos que tanto dañan a los ecosistemas como a la salud».
Asimismo, Ornela Garelli, Campañista de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, mencionó que “los océanos albergan una amplia biodiversidad y son clave en el combate al cambio climático. Al ser la contaminación por plásticos una de las principales amenazas que enfrentan, avances como éste se vuelven esenciales para proteger la biodiversidad marina y hacerle frente a la emergencia climática. Desde la sociedad civil llevamos años buscando que el Congreso prohíba los plásticos de un solo uso, por lo que esta decisión representa un gran paso en esta lucha”.
Larisa de Orbe de Acción Ecológica y en representación de la Colectiva Malditos Plásticos afirmó: “este resolutivo significa un paso decisivo para avanzar hacia la urgente prohibición nacional de los plásticos de un solo uso y representa un primer paso para disminuir la grave crisis de contaminación plástica que estamos viviendo. Resulta favorablemente inédito y esperanzador que esta decisión tomó como argumentos contundentes los estándares de derecho internacional, el principio de prevención, el de precaución y el deber del estado de prevenir la exposición a sustancias tóxicas, lo que sienta además un importante precedente para toda la región de América Latina y el Caribe para que sigamos luchando por nuestros derechos, el de todas las comunidades, los de las generaciones futuras y por consiguiente los de todos los ecosistemas de este planeta”.
Contactos de prensa: Colectiva Malditos Plásticos : Mariana Linares | linaresmorales.m@gmail.com | +52 951 532 0240 Greenpeace México: Ornela Garelli | ogarelli@greenpeace.org | +52 55 2960 4068 Red Mexicana de Acción Ecológica/Greenpeace México/Poder del Consumidor / Colectiva Malditos Plásticos
También va el video de la conferencia
«Tribunal Colegiado ordena medidas al Congreso para prohibición de plásticos de un solo uso en el país»
Les compartimos esta petición de la Red TDT sobre la terrible situación de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado – A 1 de agosto del 2024
Reclutamiento forzado de la población en Frontera Comalapa
Actualización 02
01 de agosto de 2024
El 1 de agosto grupos delincuenciales reclutaron al 50% de hombres habitantes de los barrios y ejidos (Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo, Portal y Nuevo México) de Frontera Comalapa, así como del Barrio Potrerillo del municipio de Amatenango de la Frontera, obligándolos a que se concentren en las casetas de las salidas de Frontera Comalapa y Chicomuselo y a las mujeres de estas poblaciones, que no tienen esposo ni hijos, le están obligando a que cocinen para los hombres reclutados.
La situación es particularmente preocupante. En los últimos 15 días ha habido numerosos enfrentamientos, en varios de ellos la población civil ha sufrido graves consecuencias, prueba de ello es el desplazamiento interno de numerosos grupos y el desplazamiento externo hacia Guatemala. En respuesta a lo anterior, Protección Civil coordinó la entrega de despensas a familias desplazadas originarias de Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y Bejucal de Ocampo.
Se reporta también que vehículos del ejército han salido de la zona por la carretera Panamericana con dirección a la Trinitaria. Instamos al Estado mexicano a que, en el marco de sus obligaciones internacionales, realice todas las acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de la población de la zona fronteriza y sierra de Chiapas. Así mismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que estén realizando para asegurar la protección de la población civil del municipio.
Desplazamiento forzado desde Chiapas a Guatemala por condiciones de inseguridad en el país
Actualización 01
01 de agosto de 2024
La situación de inseguridad en Chiapas no frena a pesar de que se ha visibilizado en las recientes semanas los graves riesgos para la vida y la integridad de la población. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos conocimiento del reciente desplazamiento de personas desde Chiapas a Guatemala. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Guatemala, el 26 de julio huyeron alrededor de 249 personas para buscar refugio. Actualmente se encuentran en la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, Aldea La Laguna, Cuilco.
En los días posteriores nuevos enfrentamientos y hechos de violencia en la zona sierra y frontera de Chiapas, han causado el flujo de más personas desplazadas hacia Guatemala, que, de acuerdo a fuentes locales suman al menos 600 que se albergan en refugios oficiales y en casas particulares en el municipio de Cuilco.
El Gobierno Mexicano ofreció albergar a las personas desplazadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, sin embargo, este sitio no cuenta con las condiciones necesarias para otorgar ayuda humanitaria e incluso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por incomunicación, malos tratos a población en movilidad y cuenta con reiteradas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mantenemos las peticiones de esta Acción Urgente y solicitamos a la embajada de México en Guatemala que se coordine con las autoridades competentes para brindar atención humanitaria a la población desplazada, así como la protección de la misma.
En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas
México, 20 de julio de 2024
Acción Urgente
Por el riesgo inminente que enfrenta la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, del estado de Chiapas.
Respetados Señores y Señoras:
Desde las organizaciones firmantes, activamos la presente acción urgente por el recrudecimiento de la violencia que está teniendo lugar en este momento en varias comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala, y por el cual requerimos intervención inmediata para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
Desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza. La situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos. Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados. Se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia.
Estasituación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso.
Urgimos al Estado mexicano a que salvaguarde la vida e integridad física de la población afectada en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
Asimismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios.
Agradeciéndoles su atención, quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.
Un saludo cordial,
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes – Red TDT
Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. – Serapaz
Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ)
Destinatarios:
Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. XTwitter: @lopezobrador_ amlo@presidencia.gob.mx
Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx
Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: subsedhpm@segob.gob.mx
Sra Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: canciller@sre.gob.mx
Sr. Joel Hernández, Subsecretario Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: jhernandezg@sre.gob.mx
Sr. Adelfo Regino, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. E-mail: aregino@inpi.gob.mx
Sra. Josefina Bravo Rangel, Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. E-mail: jbravo@segob.gob.mx
Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx
Dra. Irene Alvarez Rodríguez, Coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos imalvarez@segob.gob.mx
Dr. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Director General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos raramirez@cndh.org.mx
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas sectec.sgg@gmail.com / sgg@sgg.chiapas.gob.mx
Sra. Andrea Pochak, Comisionada para México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, APochak@oas.org
Sra. Fiorella Melzi, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, FMelzi@oas.org
Sr. Piero Vásquez Agüero, Consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos PVasquez@oas.org
Lic. Gonzalo de Jesús López Nandayapa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. secretaria.ejecutiva@cedhchiapas.org
Alejandro Martínez Peralta, encargado de la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores apublicogua@sre.gob.mxembguatemala@sre.gob.mx
Personas para contacto:
1) Nataniel Hernández Núñez. Coordinador de Protección- Red TDT, proteccion@redtdt.org.mx celular: 56-41-60-12-25
Les compartimos esta invitación de Prensa Comunitaria para conectarse a este webinar sobre el #CasoTrecsa: Evidencias sobre los actos de corrupción que rodean a la empresa Trecsa – A 30 de julio del 2023
GUATEMALA* *Webinar: TRECSA EN EL CIADI. Corrupción e impunidad*
El caso Trecsa ha estado plagado de corrupción e ilegalidades desde su aprobación y firma de contrato.
Las pruebas las han puesto en evidencia investigadores, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Hoy, la empresa Trecsa y el Grupo Energía de Bogotá demandan al estado de Guatemala por la suma de 403 millones de dolares, mientras esconden los hechos delictivos que han cometido para establecerse como entidades mercantiles en nuestro país.
Retomamos con la presencia de expertos en el tema y damos a conocer el proceso legal internacional millonario que enfrenta nuestro país en el tribunal de arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI.
Escucha de voz de expertos sobre el.origen de la impunidad y despojo que representa esta transnacional. Ponentes: Sochil Acajabon. Defensora de DDHH, educadora y ambientalista. Miembro de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA. Guatemala Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Miembro fundador del Observatorio de Multinacionales de América Latina-OMAL. Economista e investigador. España Cato Tafur Ocampo. Ambientalista y escritor, miembro de la Veeduría de Defensores del Bosque de Niebla, Colombia defensor del bosque de niebla en Colombia
*Moderadora: Ana Laura Rojas. Comunicadora Social, investigadora y defensora de DDHH. Miembro de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA. Guatemala
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la compleja y dificil situación que se vive en la fronte de Chiapas por la violencia originada por la disputa entre grupos del crimen organizado – A 25 de julio del 2024
Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.
En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.
Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.
Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
“La situación se ha agravado particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”, sostuvo la red de organizaciones.
Bloqueos en las regiones de la Sierra Madre y Frailesca, en Chiapas.
Por su parte, el periodista Isaín Mandujano reportó que, para el martes (23), el número de bloqueos en la región ascendía a 31, lo cual obstaculizaba el tránsito entre los caminos rurales y carreteros en la zona de disputa por los grupos criminales.
“Algunos son bloqueos que buscan autoprotegerse del grupo que controla Chicomuselo. Estas comunidades son Nueva América, El Raizal y Nuevo Resplandor del municipio de Chicomuselo, tambien Nuevo Chejel y Puerto Rico de Socoltenango”, divulgó el periodista en sus redes sociales.
Pobladores de la región relatan que, pese a la presencia de Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ubicado en Chicomuselo, los criminales transitan sin problemas mediante caravanas de camionetas con blindaje, portando armas de alto calibre.
El reclutamiento forzado por parte de los criminales también ha sido denunciado por la RedTDT. Registros de la red señalan estos sucesos en, por lo menos, los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec. A ello, la red suma el reporte de ejecuciones de civiles ocurridas en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, “los cuales habían sido reclutados forzadamente; se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia”.
Desplazamiento hacia Guatemala
Desde la acción urgente difundida el pasado fin de semana se alertaba que las familias comenzaban a desplazarse para huir de la guerra entre grupos criminales y, ahora, se reconoce que centenas de personas han viajado hacia el departamento de Huehuetenango, adyacente a la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Medios chiapanecos reportaron que, el martes (23), derivado de la incursión de un grupo armado al municipio de Amatenango de la Frontera, 200 personas iniciaron el éxodo para buscar refugio en el país centroamericano. El miércoles (24), el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo confirmó el arribo de las familias a la población de Cuilco.
“Estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad, del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México”, respondió ante cuestionamientos de la prensa local.
Por su lado, la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, puntualizó que existe una brigada militar en la región para brindar seguridad en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). En su reporte, compartió que registraban aproximadamente 300 personas procedentes de Chiapas y lamentó que las autoridades mexicanas no se han pronunciado para proteger a sus ciudadanos.
Familias chiapanecas huyeron rumbo a Guatemala para buscar refugio ante la violencia criminal en el estado al sur de México.
Mientras tanto, a través de una carta, el obispo emérito de la diocesis de Tapachula, Jaime Calderón, aseguró que a las condiciones de violencia que viven las comunidades desde hace años, se sumó el «ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
El religioso detalla que los grupos armados “disponen a su antojo de la población” al mismo tiempo que los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano “hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”.
“Prudencia”, la respuesta
Consultado por la prensa ante la situación de violencia durante la conferencia matutina del pasado martes (23), el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que lo que sucede en la región fronteriza de Chiapas es el enfrentamiento de grupos que “quieren tener bases de apoyo de las comunidades”, por lo que aconsejó “prudencia” a la población para no colaborar con los criminales.
“Con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien”, compartió el mandatario, quien aseguró que las fuerzas de seguridad tienen las instrucciones de proteger a la población frente a las agresiones criminales.
“No se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado. Además, ellos (la población) saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay una demanda social, no existe”, aseguró AMLO, quien explicó que lo que se encuentra en disputa es el control de corredores entre Guatemala y Chiapas.
