Les compartimos con alegría esta noticia compartida por la Colectiva Malditos Plásticos sobre un gran logro para avanzar en la prohibición de plásticos de un solo uso a nivel federal – A 2 de agosto del 2024
Tribunal Colegiado ordena medidas al Congreso para prohibición de plásticos de un solo uso en el país Para su inmediata difusión/ 30 julio 2024.
Organizaciones ambientalistas y de protección a consumidores logran una medida cautelar de amparo para que el Congreso de la Unión deje de ser omiso e inicie acciones para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso.
El Tribunal retoma los estándares internacionales del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU destacando que los plásticos son sustancias tóxicas.
Es deber del Estado prevenir la exposición a estas sustancias peligrosas.
Ciudad de México, 30 de julio de 2024.
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que el Congreso de la Unión deberá iniciar los trabajos para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso, reconociendo sus impactos a la salud y al ambiente y el deber del Estado de prevenir la exposición a estas sustancias tóxicas.
Este amparo fue interpuesto por las organizaciones Greenpeace México, El Poder del Consumidor y la Red Mexicana de Acción Ecológica, integrante de la Colectiva Malditos Plásticos.
El amparo interpuesto contra el Congreso por omisión, es parte del seguimiento que las organizaciones dieron a dos fallos de la Segunda Sala de la Suprema Corte en los que amparó a la industria refresquera invalidando la prohibición de plásticos de un solo uso, como PET y unicel en el estado de Oaxaca.
Esto sentó un precedente muy negativo para la progresividad en la protección a los derechos humanos, la salud y fue una clara regresión a derechos ambientales ya adquiridos.
El histórico resolutivo del Tribunal tomó, como argumentos contundentes, los estándares de derecho internacional establecidos en los informes del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, en los que muestra que las etapas del ciclo del plástico tienen implicaciones negativas sobre el disfrute de los derechos humanos, que su uso agrava la emergencia climática y comprometen el pleno goce de los derechos, pues los desechos plásticos repercuten considerablemente en la salud humana y en el medio ambiente; de manera que sólo la imposición de límites jurídicamente vinculantes a la producción de plástico para usos esenciales puede marcar una diferencia.
El abogado Luis Miguel Cano, quien ha conducido la estrategia de las organizaciones civiles señaló: “Esta resolución da esperanza e incentiva a comunidades afectadas por contaminantes plásticos para que acudan al Poder Judicial, a fin de que se les proteja sus derechos y se ordenen medidas que remedien sus afectaciones”.
Por su parte, Ana Larrañaga, del Poder del Consumidor mencionó: “Esta determinación constituye un precedente de excepcional trascendencia para dar aliento a las luchas de las comunidades y personas para erradicar la contaminación plástica de productos que tanto dañan a los ecosistemas como a la salud».
Asimismo, Ornela Garelli, Campañista de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, mencionó que “los océanos albergan una amplia biodiversidad y son clave en el combate al cambio climático. Al ser la contaminación por plásticos una de las principales amenazas que enfrentan, avances como éste se vuelven esenciales para proteger la biodiversidad marina y hacerle frente a la emergencia climática. Desde la sociedad civil llevamos años buscando que el Congreso prohíba los plásticos de un solo uso, por lo que esta decisión representa un gran paso en esta lucha”.
Larisa de Orbe de Acción Ecológica y en representación de la Colectiva Malditos Plásticos afirmó: “este resolutivo significa un paso decisivo para avanzar hacia la urgente prohibición nacional de los plásticos de un solo uso y representa un primer paso para disminuir la grave crisis de contaminación plástica que estamos viviendo. Resulta favorablemente inédito y esperanzador que esta decisión tomó como argumentos contundentes los estándares de derecho internacional, el principio de prevención, el de precaución y el deber del estado de prevenir la exposición a sustancias tóxicas, lo que sienta además un importante precedente para toda la región de América Latina y el Caribe para que sigamos luchando por nuestros derechos, el de todas las comunidades, los de las generaciones futuras y por consiguiente los de todos los ecosistemas de este planeta”.
Contactos de prensa: Colectiva Malditos Plásticos : Mariana Linares | linaresmorales.m@gmail.com | +52 951 532 0240 Greenpeace México: Ornela Garelli | ogarelli@greenpeace.org | +52 55 2960 4068 Red Mexicana de Acción Ecológica/Greenpeace México/Poder del Consumidor / Colectiva Malditos Plásticos
También va el video de la conferencia
«Tribunal Colegiado ordena medidas al Congreso para prohibición de plásticos de un solo uso en el país»
Les compartimos esta petición de la Red TDT sobre la terrible situación de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado – A 1 de agosto del 2024
Reclutamiento forzado de la población en Frontera Comalapa
Actualización 02
01 de agosto de 2024
El 1 de agosto grupos delincuenciales reclutaron al 50% de hombres habitantes de los barrios y ejidos (Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo, Portal y Nuevo México) de Frontera Comalapa, así como del Barrio Potrerillo del municipio de Amatenango de la Frontera, obligándolos a que se concentren en las casetas de las salidas de Frontera Comalapa y Chicomuselo y a las mujeres de estas poblaciones, que no tienen esposo ni hijos, le están obligando a que cocinen para los hombres reclutados.
La situación es particularmente preocupante. En los últimos 15 días ha habido numerosos enfrentamientos, en varios de ellos la población civil ha sufrido graves consecuencias, prueba de ello es el desplazamiento interno de numerosos grupos y el desplazamiento externo hacia Guatemala. En respuesta a lo anterior, Protección Civil coordinó la entrega de despensas a familias desplazadas originarias de Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y Bejucal de Ocampo.
Se reporta también que vehículos del ejército han salido de la zona por la carretera Panamericana con dirección a la Trinitaria. Instamos al Estado mexicano a que, en el marco de sus obligaciones internacionales, realice todas las acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de la población de la zona fronteriza y sierra de Chiapas. Así mismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que estén realizando para asegurar la protección de la población civil del municipio.
Desplazamiento forzado desde Chiapas a Guatemala por condiciones de inseguridad en el país
Actualización 01
01 de agosto de 2024
La situación de inseguridad en Chiapas no frena a pesar de que se ha visibilizado en las recientes semanas los graves riesgos para la vida y la integridad de la población. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos conocimiento del reciente desplazamiento de personas desde Chiapas a Guatemala. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Guatemala, el 26 de julio huyeron alrededor de 249 personas para buscar refugio. Actualmente se encuentran en la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, Aldea La Laguna, Cuilco.
En los días posteriores nuevos enfrentamientos y hechos de violencia en la zona sierra y frontera de Chiapas, han causado el flujo de más personas desplazadas hacia Guatemala, que, de acuerdo a fuentes locales suman al menos 600 que se albergan en refugios oficiales y en casas particulares en el municipio de Cuilco.
El Gobierno Mexicano ofreció albergar a las personas desplazadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, sin embargo, este sitio no cuenta con las condiciones necesarias para otorgar ayuda humanitaria e incluso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por incomunicación, malos tratos a población en movilidad y cuenta con reiteradas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mantenemos las peticiones de esta Acción Urgente y solicitamos a la embajada de México en Guatemala que se coordine con las autoridades competentes para brindar atención humanitaria a la población desplazada, así como la protección de la misma.
En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas
México, 20 de julio de 2024
Acción Urgente
Por el riesgo inminente que enfrenta la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, del estado de Chiapas.
Respetados Señores y Señoras:
Desde las organizaciones firmantes, activamos la presente acción urgente por el recrudecimiento de la violencia que está teniendo lugar en este momento en varias comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala, y por el cual requerimos intervención inmediata para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
Desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza. La situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos. Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados. Se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia.
Estasituación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso.
Urgimos al Estado mexicano a que salvaguarde la vida e integridad física de la población afectada en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
Asimismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios.
Agradeciéndoles su atención, quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.
Un saludo cordial,
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes – Red TDT
Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. – Serapaz
Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ)
Destinatarios:
Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. XTwitter: @lopezobrador_ amlo@presidencia.gob.mx
Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx
Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: subsedhpm@segob.gob.mx
Sra Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: canciller@sre.gob.mx
Sr. Joel Hernández, Subsecretario Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: jhernandezg@sre.gob.mx
Sr. Adelfo Regino, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. E-mail: aregino@inpi.gob.mx
Sra. Josefina Bravo Rangel, Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. E-mail: jbravo@segob.gob.mx
Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx
Dra. Irene Alvarez Rodríguez, Coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos imalvarez@segob.gob.mx
Dr. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Director General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos raramirez@cndh.org.mx
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas sectec.sgg@gmail.com / sgg@sgg.chiapas.gob.mx
Sra. Andrea Pochak, Comisionada para México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, APochak@oas.org
Sra. Fiorella Melzi, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, FMelzi@oas.org
Sr. Piero Vásquez Agüero, Consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos PVasquez@oas.org
Lic. Gonzalo de Jesús López Nandayapa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. secretaria.ejecutiva@cedhchiapas.org
Alejandro Martínez Peralta, encargado de la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores apublicogua@sre.gob.mxembguatemala@sre.gob.mx
Personas para contacto:
1) Nataniel Hernández Núñez. Coordinador de Protección- Red TDT, proteccion@redtdt.org.mx celular: 56-41-60-12-25
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la compleja y dificil situación que se vive en la fronte de Chiapas por la violencia originada por la disputa entre grupos del crimen organizado – A 25 de julio del 2024
Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.
En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.
Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.
Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
“La situación se ha agravado particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”, sostuvo la red de organizaciones.
Bloqueos en las regiones de la Sierra Madre y Frailesca, en Chiapas.
Por su parte, el periodista Isaín Mandujano reportó que, para el martes (23), el número de bloqueos en la región ascendía a 31, lo cual obstaculizaba el tránsito entre los caminos rurales y carreteros en la zona de disputa por los grupos criminales.
“Algunos son bloqueos que buscan autoprotegerse del grupo que controla Chicomuselo. Estas comunidades son Nueva América, El Raizal y Nuevo Resplandor del municipio de Chicomuselo, tambien Nuevo Chejel y Puerto Rico de Socoltenango”, divulgó el periodista en sus redes sociales.
Pobladores de la región relatan que, pese a la presencia de Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ubicado en Chicomuselo, los criminales transitan sin problemas mediante caravanas de camionetas con blindaje, portando armas de alto calibre.
El reclutamiento forzado por parte de los criminales también ha sido denunciado por la RedTDT. Registros de la red señalan estos sucesos en, por lo menos, los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec. A ello, la red suma el reporte de ejecuciones de civiles ocurridas en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, “los cuales habían sido reclutados forzadamente; se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia”.
Desplazamiento hacia Guatemala
Desde la acción urgente difundida el pasado fin de semana se alertaba que las familias comenzaban a desplazarse para huir de la guerra entre grupos criminales y, ahora, se reconoce que centenas de personas han viajado hacia el departamento de Huehuetenango, adyacente a la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Medios chiapanecos reportaron que, el martes (23), derivado de la incursión de un grupo armado al municipio de Amatenango de la Frontera, 200 personas iniciaron el éxodo para buscar refugio en el país centroamericano. El miércoles (24), el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo confirmó el arribo de las familias a la población de Cuilco.
“Estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad, del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México”, respondió ante cuestionamientos de la prensa local.
Por su lado, la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, puntualizó que existe una brigada militar en la región para brindar seguridad en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). En su reporte, compartió que registraban aproximadamente 300 personas procedentes de Chiapas y lamentó que las autoridades mexicanas no se han pronunciado para proteger a sus ciudadanos.
Familias chiapanecas huyeron rumbo a Guatemala para buscar refugio ante la violencia criminal en el estado al sur de México.
Mientras tanto, a través de una carta, el obispo emérito de la diocesis de Tapachula, Jaime Calderón, aseguró que a las condiciones de violencia que viven las comunidades desde hace años, se sumó el «ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
El religioso detalla que los grupos armados “disponen a su antojo de la población” al mismo tiempo que los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano “hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”.
“Prudencia”, la respuesta
Consultado por la prensa ante la situación de violencia durante la conferencia matutina del pasado martes (23), el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que lo que sucede en la región fronteriza de Chiapas es el enfrentamiento de grupos que “quieren tener bases de apoyo de las comunidades”, por lo que aconsejó “prudencia” a la población para no colaborar con los criminales.
“Con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien”, compartió el mandatario, quien aseguró que las fuerzas de seguridad tienen las instrucciones de proteger a la población frente a las agresiones criminales.
“No se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado. Además, ellos (la población) saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay una demanda social, no existe”, aseguró AMLO, quien explicó que lo que se encuentra en disputa es el control de corredores entre Guatemala y Chiapas.
Les compartimos que el coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías se proyectará de nuevo el emotivo documental Así buscamos, así amamos este miércoles 7 de agosto a las 5 de la tarde en las instlaciones del Centro de Derechos Humanos en Tapachula, Chiapas y se contará con la participación de Juan Carlos Trujillo del Comité de Familiares Desaparecidos «María Herrera» y de la Brigada Nacional de Personas Desaparecidas en México, habrá transmisión en vivo de la participación de Juan Carlos Trujillo
Compartimos el cuarto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 17 de julio del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Bienvenidos al episodio 4 del podcast Atizando el Avispero. Continuamos profundizando el tema de la crisis climática y la transición energética que muchos consideran una posible solución. En esta ocasión veremos que tanto ha avanzado México en el reemplazo de su matriz energética, un país que históricamente ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles.
Responderemos a las siguientes preguntas, ¿cómo se está llevando a cabo este cambio en México? ¿Está realmente ocurriendo una transformación significativa hacia nuevas fuentes de energía?
Para abordar estas preguntas, en esta ocasión contamos con las voces de dos expertos en la materia, Isabel Velásquez y Luis Pérez, del Colectivo Geocomunes.
Puedes escuchar el episodio IV en estas plataformas
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Gloria González sobre una iniciativa ciudadana en San Cristóbal de Las Casas durante las elecciones 2024 llamada «DIGNA CONCIENCIA». Acompáñanos este martes 6 de agosto las 6:00 pm por nuestro facebook live.
Una alternativo electoral ciudadana con sabor coleto:
DIGNA CONCIENCIA
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este 6 de agosto a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la represión que vive el pueblo argentino – A 18 de julio del 2024
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con los movimientos socioambientales, feministas, sindicatos, pueblos indígenas en Argentina, quienes sufrieron el último 12 de junio un hecho de represión repudiable que resultó en más de 600 personas heridas y 35 detenidas de manera arbitraria, de los cuales aún 5 continúan presas en cárceles federales de máxima seguridad por ejercer su legítimo derecho a manifestarse.
El “Protocolo Antiprotestas”: leyes regresivas, pobreza y crueldad
La manifestación fue el resultado de 6 meses de un gobierno de extrema derecha que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Mientras sanciona leyes y decretos profundamente regresivos en materia de derechos, intenta otorgar superpoderes al presidente, libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas” y la generación de disturbios por parte de agentes encubiertos, las fuerzas armadas avanzaron sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias a personas al azar. Los/as detenidos/as denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Además de quedar procesados, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones: el procesamiento de las y los manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro al sistema democrático.
Aumentando la represión en Argentina para desmovilizar
Si bien la represión en manifestaciones pacíficas es parte del modus operandi del nuevo gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, marca un punto de inflexión que indica que quienes se movilizan ya no tienen derechos ni garantías. Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses, de manera ininterrumpida y creciente. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Este hecho se suma también a un plan sistemático de estigmatización en los medios de comunicación de los movimientos sociales organizados y la quita de alimentos subsidiados a los comedores comunitarios.
Solidaridad Internacionalista
El rechazo a las políticas inhumanas de Javier Milei se multiplica en todo el mundo. Recientemente se realizaron manifestaciones en España y Alemania por su visita a dichos países, donde viaja con dinero del Estado Argentino para apoyar expresiones de derechas.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular de Argentina y del mundo nos encontramos en alerta. Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigir la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas. Además, exigimos de inmediato el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Es con profunda tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Silvia Sandoval. En nombre de todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Silvia será recordada por su calidez, generosidad, fuerza, valentía y espíritu inquebrantable. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar este dolor que sienten, pero esperamos que encuentren consuelo en los recuerdos y el amor compartido.
Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la lucha del pueblo lenca porque les otorguen titulos de propiedad a sus tierras ancestrales – A 16 de julio del 20224
Más de 500 personas de comunidades Lencas organizadas en el COPINH nos encontramos en el Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir el reconocimiento y la titulación de 9728 manzanas de tierra en las que viven 852 familias.
COPINH tiene 10 procesos de demanda de tierra ante el INA y el Instituto de la Propiedad (IP), además una de estas resoluciones se encuentra en manos del Consejo Nacional Agrario (CNA).
Desde hace más de dos años, COPINH ha estado esperando una acción efectiva en respuesta al pliego de peticiones entregado a la presidenta Xiomara Castro que incluye exigencias para el reconocimiento de la posesión de los territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, los avances han sido mínimos, lo que evidencia una falta de voluntad política por parte del Estado hondureño para lograr la titulación comunitaria que reconozca la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas
Varios de estos procesos han sido conocidos por el INA desde hace más de 15 años años, sin embargo no se ha respetado el derecho de las comunidades que es obligación del Estado según las leyes hondureñas e internacionales. Por eso nos movilizamos para obtener respuestas claras y acciones concretas. No nos iremos hasta obtener una resolución definitiva.
Es por ello que el COPINH demanda lo siguiente:
El INA debe comprometerse con la entrega integral del predio denominado “El Redondillo”, para beneficio de las comunidades Lencas de Montaña Verde de Gracias, Lempira.
El INA debe emitir de inmediato los títulos comunitarios de los procesos de La Silencia y de Planes, para beneficio del pueblo Lenca de Montaña Verde que llevan 25 años de estar en litigio.
El Consejo Nacional Agrario y el INA deben emitir resolución favorable para la titulaciónde la comunidad Lenca deEl Achiotal de Siguatepeque, Comayagua.
El Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario (INA) deben garantizar el reconocimiento de la posesión comunitaria y titulación del territorio Lenca de Río Blanco y El Naranjo en el sector norte de Intibucá.
El INA debe garantizar la titulación en la comunidad Lenca de La Jarcia, Intibucá.
El INA debe emitir pronta resolución de la solicitud de la personería jurídica e informe de levantamientos de perímetro de la comunidad Lenca “1 de Agosto”, en El Encinal, La Paz.
El Estado de Honduras mediante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación y el Poder Judicial deben cesar la persecución penal de las comunidades Lencas de Nueva Esperanza y El Achiotal acusadas de usurpación de tierras.
El INA debe realizar el saneamiento de los títulos comunitarios de las comunidades Lencas de Pueblo Viejo, Limoncillo y Lajitas, en Colomoncagua, Intibucá y anular los títulos privados dados por el INA en el área de vocación forestal de la microcuenca “Gualema”.
COPINH exige que los títulos emitidos por el INA deben garantizar la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas ya que muchos títulos logrados en la lucha del COPINH han sido vulnerados por autoridades locales o nacionales.
En vista de la pérdida de expedientes e información clave para el avance del proceso por funcionarios del INA, exigimos copia íntegra de los expedientes de todos nuestros procesos de demanda de tierra.
Nos pronunciamos en solidaridad con las organizaciones campesinas que demandan el respeto de los títulos de la Reforma Agraria en el Aguán.
Exigimos al Estado que paralelamente a la titulación de las comunidades se instalen los mecanismos de acceso a la justicia que garanticen los derechos como la Comisión Tripartita de Aguán.
Exigimos a la presidenta Xiomara Castro que haga una reforma estructural del Instituto Nacional Agrario que depure de funcionarios negligentes y que se comprometa para el fiel cumplimiento de las demandas de tierra del pueblo Lenca, comunidades campesinas del Aguán, comunidades Garífunas, comunidades Pech, comunidades Miskitas, comunidades Chorties, comunidades Tolupanas, comunidades Tawakas, comunidades Creoles y comunidades Nahuas.
¡Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo y viene con nosotros/as desde el final de los olvidos!
¡Defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 16 días del mes de julio de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024
Por Isabel Alarcón
La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.
Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.
“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.
Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.
Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).
Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.
Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.
En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.
Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.
“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.
En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.
“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.
“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.
Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.
A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.
Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.
Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.
La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.
En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.
La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.
Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.
Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.
Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.
Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.
En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.
“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.
Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.
El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.
También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.
Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.
A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.
A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.
Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.
Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.
El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.
Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.
Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.
El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.
El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.
Les compartimos nuestra pronunciamiento a las y los integrantes de Somos la Maya, a las y los vecinos de la Colonia Maya y a la población en general sobre la noticia que dieron hoy en su conferencia de prensa las y los integrantes de Somos la maya – A 15 de julio del 2024
Todo el equipo de Otros Mundos Chiapas expresamos nuestra más sincera felicitación a las y los integrantes del Colectivo Somos la Maya y a todas y todos los vecinos de la Colonia Maya en este día tan especial. Su comunidad es un ejemplo de convivencia, solidaridad y esfuerzo colectivo, y hoy celebramos todos los logros y la unidad que han construido juntos.
Compartimos con ustedes la tranquilidad del reciente retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre algunos de ustedes por defender valientemente su territorio. Esta noticia es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad de la Colonia Maya y de que el caminar colectivo siempre cosecha frutos.
Es un privilegio ser testigos de cómo cada una, uno y une de ustedes contribuye a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos. Sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos y son verdaderamente inspiradores. Por eso fueron conmemorados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca en el año 2022, siendo el primer colectivo urbano es recibir este reconocimiento.
¡Felicidades nuevamente a toda la comunidad de la Colonia Maya! Que este día esté lleno de alegría y momentos memorables junto a sus seres queridos.
Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.
Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.
Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.
Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.
Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.
Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.
El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.
Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.
Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.
A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.
Racismo
El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.
“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.
Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.
Amenazas
Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.
“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.
Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.
Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria
