Compartimos esta petición que lanzó Salva la Selva sobre un proyecto ferroviario y portuario en la amazonia brasileña que traerá más problemas socio-ambientales en la región – A agosto 2024
Un proyecto ferroviario y portuario toma forma en la región amazónica de Brasil. Está involucrada la compañía ferroviaria alemana estatal Deutsche Bahn. Se pretenden exportar millones de toneladas de soja y mineral de hierro a China, Europa y EEUU. Se teme el grave impacto sobre la población, la selva y los manglares. Firma la petición.
La empresa GPM cuenta con un proyecto, que significará deforestación y pavimentación de amplias zonas de la isla de Cajual, en el nordeste de Brasil. La idea de los empresarios, portugueses, es construir un complejo industrial y portuario privado: el Terminal Portuario de Alcântara (TPA), justo en la zona donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados.
La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
Además, el ferrocarril atravesaría el centro del «Área Endémica de Belém», la región de la cuenca amazónica más amenazada por la deforestación.
Todo ello para dar paso a la exportación de materias primas como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno.
Te invitamos a firmar hoy mismo nuestra petición para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica.
Procedimiento de reclamación ante DB
El 31 de mayo de 2024, Salva la Selva organizó una manifestación frente a la sede de DB en la Potsdamer Platz de Berlín junto con nuestra organización socia brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentamos una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Entre tanto, el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que «deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto».
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. GPM también está utilizando de forma destacada el nombre de DB, aparentemente para dar al proyecto GPM un aire de seriedad y competencia.
En un vídeo corporativo de GPM en la página web del Grupo DB E.C.O., la selva amazónica aparece hábilmente desplazada hacia el oeste en un mapa panorámico. Esto da la impresión de que el proyecto del terminal portuario de Alcântara y la ruta trazada para el ferrocarril de mercancías EF-317 están fuera de la región amazónica. En el gráfico también se afirma que «la producción agrícola brasileña aumentará un 180% en los próximos diez años sin talar un solo árbol».
Pero el gráfico y la información facilitada por los promotores del proyecto son engañosos. El hecho es que la ubicación y los límites de la región amazónica están definidos en Brasil de forma oficial y precisa y recibe la denominación de Amazônia legal. Tanto el puerto como toda la línea ferroviaria se encuentran claramente dentro de la Amazônia legal, tal y como lo muestra nuestro mapa, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre los impactos a personas y la naturaleza del cambio climático y los mega proyectos extractivistas – A 20 de agosto de 2024
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad hacia el cuidado de la vida.
«Los huertos son un acto simbólico», me dice una de las organizadoras, “son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’ un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”, dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los muchos lugares en México que se han convertido en una zona de sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser designados como “extraíbles», sino también de comunidades y formas de vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso “retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de ‘»legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de 1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera (2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo (2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente, el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres, conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías. Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo «sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos, desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir, como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como «polos de desarrollo para el bienestar», con el objetivo de atraer inversión y mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a gran escala o «zonas o corredores libres», con incentivos fiscales aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de «terminar con el neoliberalismo» ha sido socavada por la retención del marco institucional general establecido durante el periodo neoliberal posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas. El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales, invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir, como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas como el «Corredor Interoceánico» en Oaxaca y Veracruz, el «Tren Maya» en el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en México requeriría un repaso de la historia y política del país. Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática, estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la “mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones. Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales, energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco, Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación de la ciudad, «nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
«Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. «Nos ha tocado, quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019 organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras, metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”, menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33% de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que nosotros vemos y vivimos – la muerte de los peces, las enfermedades de las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética «verde», «sostenible» o «justa», están reconfigurando espacios para asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento –por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals) en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a la idea de la «transición». Esto ha generado un nuevo «consenso de descarbonización» como lo llaman los investigadores Breno Bringel y Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante una estrategia de «acumulación por descarbonización», es decir, una forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación misma. Este fenómeno, también denominado «extractivismo verde», implica el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras y programas «bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones (neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio climático. Lo «verde» de esta categorización refleja el daño que emana de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los combustibles fósiles y la explotación de «minerales de transición».
Imagen: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático. Foto: Santiago Navarro F.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la visita de la Red-DESC a Honduras – A 21 de agosto del 2024
Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres.
Luego de una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presentaron ante la Sala de lo Penal una carta con su preocupación, con el objetivo de señalar la preocupación internacional y la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
También contamos con la entrevista a la compañera Ana Elisa Samayoa en el programa de T.V. de Canal 8 de Honduras “Más temprano que tarde” donde se logró visibilizar la preocupación de la comunidad internacional en la falta de resolución de los recursos de casación de los asesinos de Berta Cáceres.
El martes 20 de agosto realizamos el Foro público Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas” donde participaron Ana Elisa Samayoa, abogada experta en DD.HH. Miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); Wyatt Gjullin: abogado de Earth Rights International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejo de Pueblos Mayas); Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH e hija de Berta Cáceres. y Pedro Landa, Miembro de la Misión de Observación Calificada de la Causa Berta Cáceres.
Una vez más, la comunidad organizada, demuestra que la lucha por la justicia para Berta Cáceres es un esfuerzo que nos une a todos/as quienes defendemos la vida, los derechos humanos y el futuro de nuestras comunidades. Este es un momento crítico en el que necesitamos alzar nuestras voces y mostrar nuestra fuerza colectiva.
Les compartimos estas dos notas de Chiapas Paralelo sobre la terrible y cada vez mas preocupante violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre dos grupos del crimen organizado – A 21 de agosto del 2024
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho”, afirmaron los obispos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala; de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y de la Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Cómo resultado de una reunión que tuvieron en Panamá, los religiosos redactaron una carta pública dirigida a los tres niveles de gobierno, al pueblo religioso y, por primera vez, se dirigieron directamente “a los creadores y ejecutores de la violencia”.
En su pronunciamiento explican: Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango,Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron”.
Bernabé Sagastume, Álvaro Cardenal Ramazzini, Rodrigo Aguiar Martínez y Guadalupe Torres Campos, refieren que hoy, de manera obligada, la población de esta región de Chiapas “son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.
Esta, señalan, es una “guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”.
“Las armas de alto calibre descargan sobre hermanos cuya lucha ha sido defender la vida, la tierra, el territorio, dando servicio animados por la Palabra de Dios, vigías de la dignidad con la que han sido revestidos como herencia y por el bautismo, con sus luchas de siempre para que sus pueblos tengan vida”.
Hacen referencia a que, para salvar la vida, miles de pobladores han tenido que abandonar sus comunidades. Llaman esta estrategia como “de exterminio” donde hay intereses económicos, extractivistas y políticos donde la presión para que se lleven a cabo procesos electorales, solo incrementan la violencia.
En este contexto, al dirigirse “a los creadores y ejecutores de la violencia”, les pidieron que paren.
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, señalan.
La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos, ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinados.
Luego de cuatro días de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, cientos de personas pudieron salir de Chicomuselo este martes 20, para buscar refugio en los municipios de La Concordia; Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Tan pronto como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pudieron tomar el control de la cabecera municipal, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores salieron en una larga caravana de vehículos hacia el municipio de La Concordia para internarse a la región central del estado.
Los vehículos llegaron hasta el punto conocido como Rizo de Oro, donde abordaron en grupos los vehículos en el chalán o panga para pasar el primer brazo de La Angostura, luego siguieron su camino y en el segundo brazo, entre la angustia y miedo se maravillaron que esta vez ya tuvieron que pasar ese punto sobre el Puente Atirantado de 700 metros recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchos de los desplazados se quedaron en La Concordia, por el ser el pueblo más cercano a Chicomuselo, sin embargo, otro convoy se enfiló hacia Comitán y muchos más se adentraron a Tuxtla, la capital del estado, para buscar refugio con amigos familiares o albergues de iglesias católicas o evangélicas. Chicomuselo, está enclavado en la región de la Sierra Madre de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, en la cabecera municipal hay ocho barrios pero en sus alrededores hay 206 comunidades, ejidos y rancherías.
La narcoviolencia llegó a finales del 2022 y principios del 2023, e impactó, además de la cabecera municipal, en muchas comunidades rurales que quedaron deshabitadas, estas son La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio El Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa, y Piedra Labrada. Son pues pueblos fantasmas.
Desde el mes de noviembre del 2023, el alcalde de ese municipio Jorge Sepúlveda Morales del Partido del Trabajo abandonó ese municipio y con él desaparecieron los más de 130 millones de presupuesto del ayuntamiento para este 2024.
Hasta el pasado fin de semana se calculaba que los desplazados todos de Chicomuselo, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, oscilaban en unas 4 mil 500 personas, pero con el desplazamiento masivo de estos días, la cifra podría ser de alrededor de más de cinco mil personas.
El Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG) se disputa el control del territorio contra el Cártel de Sinaloa (CDS), y la guerra se intensificó en ese municipio donde justo desde el 2018 se creó el Cuartel del 101 Batallón de Infanterá de la SEDENA para garantizar la seguridad de la población, seguridad que no han encontrado hasta ahora.
Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
¿Cómo lo hacemos?
En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio
El podcast:
El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
Quiénes somos?
El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.
Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.
Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.
Escucha aquí todas las CREACIONES SONORAS
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría? ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay, a qué huele, a qué suena, a qué sabe? ¿Cuál es tu lucha y de qué maneras resistes? ¿Con qué personas habitas tu territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y abuelos?
¿y si creamos nuestra historia?
01. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García. Chicomuselo, Chiapas.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas.
02. Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Alta Verapaz, Guatemala.
Sueños colectivos de una recuperación y pertenencia de la tierra en la zona de Alta Verapaz Guatemala; utopías de encuentros con las personas que fueron arrebatadas de sus familiares por la defensa del territorio; celebraciones a la madre tierra, al agua, al campo, estos son algunos de los relatos que elaborados en el Laboratorio de Historias comunitarias con los y las compañeras de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala.
03. Camino hacia nuestros sueños. FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.
Había una vez… árboles, vacas, un campo de futbol, una niña que salía a jugar con sus hermanos: a las ardillitas jugábamos; jugamos pelota entre primos, Íbamos al río y llevábamos ticucos. Nos quedábamos solos en casa, decidíamos hacer travesuras y nos metíamos a la pila. Como todos los domingos, en un lugar de El Salvador, mamá cocinaba torta de huevo con queso y tamales, y papá escuchaba su música.
Había una vez… una niña con su abuela, en un pueblito de Honduras, ella la mandaba a moler el maíz, por las mañanas y las tardes las dos tomábamos café con pan hecho por mi abuela.
Historias de vida de mujeres que salieron de su país abriendo camino hacia sus sueños. FOCA, Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.
Compartimos este reportaje especial publicado en Mongabay sobre la palma de aceite en América Latina y los diferentes impactos que tiene sobre las poblaciones – A 14 de agosto de 2024
Comunidades rurales de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá no paran de denunciar que los monocultivos de palma de aceite están contaminando sus fuentes de agua. Sin embargo, probarlo no es un asunto sencillo; la carencia de estudios científicos es su principal obstáculo.
Una investigación realizada en la cuenca del río Napo, en Ecuador, es pionera en exponer la contaminación del agua por los pesticidas utilizados por varios sectores productivos, entre ellos la industria palmicultora: entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas estarían siendo afectadas. Situaciones similares podrían vivirse en otros países de la región.
Los expertos piden un mayor control y vigilancia de las autoridades ambientales. También recomiendan trabajar en un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de las zonas tropicales.
El aceite de palma que está presente en miles de productos —desde champús, alimentos procesados o maquillajes— ha acumulado innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina. La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que ha provocado la expansión de la palma aceitera. En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse —al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber— y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua entra a agravar la situación.
Estas denuncias se escuchan cada vez más en aquellos países latinoamericanos en donde el cultivo de palma de aceite crece en forma discreta.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que en el 2023 la producción mundial fue de 79.53 millones de toneladas, mientras que en el 2022 se ubicó en 77.96 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 2 %; una tendencia al alza que se seguirá consolidando en el 2024, ya que las proyecciones de la USDA estiman una producción de 80.19 millones de toneladas. https://projects.mongabay.lat/2024/afectaciones-palma/
Indonesia, Malasia y Tailandia concentraron el 87 % de la producción mundial en el 2023, mientras que los países africanos y latinoamericanos produjeron el 13 % restante. Colombia fue el principal productor por fuera del sudeste asiático (1,9 millones de toneladas), ocupando el puesto 4. En el top 15 también aparecen Guatemala en el puesto 6, Honduras en el 9, Brasil en el 10 y Ecuador en el 12.
Esta tendencia al alza en la producción de aceite de palma, que incluye a los países latinoamericanos, revela también el peligro que representa el incremento de los problemas ambientales, sobre todo si las autoridades no asocian la bonanza económica con la fiscalización de la actividad.
Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Guatemala. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Algunas de las denuncias más frecuentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están relacionadas, precisamente, con la contaminación de agua —principalmente con pesticidas y otros agroquímicos— y con el desvío o acaparamiento de esta. Se encontraron 59 procesos sancionatorios: 32 en Colombia, 25 en Guatemala, 2 en Ecuador y ninguno en Honduras, a pesar que las comunidades denuncian lo contrario. Del total de casos, sólo 6 finalizaron con una sanción monetaria contra el infractor, en 3 se pidieron medidas de reparación ambiental y en 2 se hicieron solicitudes de mejora de la actividad productiva. En 5 casos las autoridades no dieron información sobre las sanciones impuestas y en 46 fue imposible determinar en qué estado se encontraba la investigación o proceso sancionatorio (en algunos casos las autoridades impusieron dos o más sanciones).
La falta de información y la entrega de información incompleta son una constante en las respuestas que brindan las autoridades. A eso se suma otro gran problema: la ausencia de estudios técnicos y científicos que analicen la contaminación del agua y que ayuden a determinar la responsabilidad de la industria palmicultora en esa contaminación
“Los países que lideran estudios en temas de evaluación de pesticidas en ecosistemas acuáticos son Brasil y Argentina. En los demás países de Latinoamérica, la información es súper escasa”, asegura Marcela Cabrera, especialista en Gestión Integral del Agua y directora del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua en la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador.
Mongabay Latam, Ocote, Radio Progreso y France 24 en español se unieron para documentar lo que padecen comunidades que denuncian la contaminación del agua ocasionada por la producción de aceite de palma en Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia. Para estas comunidades tener como vecinas a las plantaciones de palma les ha traído afectaciones a su soberanía alimentaria, su salud y su derecho de acceso al agua.
Distribución de la producción de aceite de palma en Honduras. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Ecuador. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Las quejas por contaminación
“Mi bisnieto se metió al agua y ahorita lo están curando porque le comenzaron a salir manchas blancas”, dice Eligia Natalia López, lideresa comunitaria y fundadora de la aldea Nueva Libertad, en Fray Bartolomé de las Casas, Guatemala.
“La contaminación queda en la ropa, a pesar de lavarla”, asegura Wilfredo Ramírez, campesino encargado de cortar los frutos de las palmas aceiteras en el valle del Aguán, en Honduras.
En Ecuador, la comunidad afro de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, ha visto cómo disminuyen los recursos pesqueros: “El barbudo se abre y le salen gusanos. Al sábalo le salen unos tumores, apesta. Al curuco le gusta lamer las peñas, comer de ahí. Entonces, como el agua viene contaminada, todo eso se comen los peces. De lo poco que queda ya no se consume nada. Todo lo demás se ha extinguido”, comenta Samir Mina.
Pablo Espinoza, habitante de la provincia de Chiriquí en el noroccidente de Panamá y en límites con Costa Rica, dice que la contaminación que se vive en la zona es evidente: “Yo he ido a verificar. Hay una parte donde la planta (procesadora de aceite) bota un aceite amarillo y cuando eso se empieza a derramar va a parar al río Chiriquí Viejo. Yo lo he visto, no es que me lo han dicho, hicieron como un canal por donde caen los líquidos de los frutos y caen en el río Chiriquí Viejo”.
Como estos, hay decenas de testimonios que denuncian la contaminación del agua en comunidades cercanas a cultivos de palma de aceite en diversos países de Latinoamérica. A esas voces se suman las de aquellos que no sólo sufren por la contaminación sino por el acaparamiento del agua, como también es el caso de Eligia Natalia López en Guatemala: “Todo el río Sepur se lo tomaron los de la palma. Ahí están los quineles donde ellos guardan el agua (canales que suelen tener compuertas). Ahí está toda el agua, y no sé qué irán a hacer ahora que el río se está secando”.
Las comunidades del Valle del Aguán (Honduras) denuncian poco interés de las autoridades por controlar el manejo de las lagunas de oxidación. Foto. Lesly B. Frazier.
En Colombia, la situación es similar. Duván Caro, líder comunitario del municipio caribeño de María La Baja, relata que, desde 2008, un ojo de agua conocido como Leticia comenzó a secarse y que “desde que llegó la palma hay momentos en que Leticia se seca por completo, como ocurrió en enero de 2024”.
Varias de estas comunidades han recurrido a la justicia para exigir la protección de sus derechos y otras han denunciado ante las autoridades ambientales. Sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta que solucione su situación. Los Estados no han enviado a funcionarios o expertos a analizar el problema, y no hay datos científicos concluyentes que permitan comprobar sus denuncias.
¿Por qué los Estados no hacen estudios de calidad del agua que permitan conocer los elementos que contaminan ríos, lagos y fuentes subterráneas? Marcela Cabrera lleva varios años estudiando los ecosistemas acuáticos y tiene varias hipótesis como respuesta. La primera es que estos análisis son muy costosos, y aunque los Estados tienen como responsabilidad monitorear las zonas donde han otorgado permisos para la operación de grandes hectáreas de cultivos agrícolas, como ocurre con la palma aceitera, se excusan en los limitados recursos económicos de los que disponen. Esto es grave porque “nuestros ecosistemas acuáticos deberían monitorearse como mínimo una vez al año”, comenta con contundencia.
La segunda hipótesis para la ausencia de estudios es que muchos países de Latinoamérica no tienen la capacidad analítica para realizarlos. “Si no tienes la capacidad de evaluar cuáles pesticidas tienes en tus ecosistemas acuáticos, tampoco tienes la capacidad de regular, porque no sabes qué regular”, dice Cabrera.
Como respuesta a esa falta de capacidad técnica, muchas naciones latinoamericanas han adoptado como referencia las normativas de países de climas templados. “¿Cuál es el problema de que nosotros sigamos tomando referencias de normativas de zonas templadas? Que actualmente hay muchos estudios que muestran que los organismos de las zonas tropicales son más sensibles que los organismos de las zonas templadas. Entonces, por ejemplo, no es correcto aplicar los mismos criterios de Europa en América del Sur”, agrega la científica ecuatoriana.
Estos son algunos de los búfalos que usa la palmicultora Energy & Palma en Ecuador para acarrear el fruto de la palma. Foto: Nathalia Bonilla – Acción Ecológica.
Debido a las falencias de los países latinoamericanos en el manejo y monitoreo de sus ecosistemas acuáticos, el riesgo es que algunas empresas asuman la realización de los estudios de calidad de agua. Andreu Rico, especialista en Ecología acuática y gestión de la calidad del agua, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia (España) y del Instituto IMDEA Agua, considera que hay que tener cuidado para que los estudios no caigan en manos de empresas multinacionales, “no porque los estudios estén mal hechos, sino porque pueden carecer de credibilidad si, por ejemplo, la empresa que vende el pesticida es la que, además, hace la evaluación de riesgos de ese pesticida”.
Un estudio pionero pone el tema sobre la mesa
En 2023, Cabrera y Andreu, junto con otros seis investigadores, publicaron en la revista Chemosphere uno de los pocos estudios sobre los efectos de la agricultura intensiva y los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas de agua dulce, centrándose en la Amazonía ecuatoriana.
En el artículo se menciona que esta región de Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el uso del suelo, debido al aumento demográfico y a la expansión de la frontera agrícola. Dichos cambios se han asociado a problemas de contaminación del agua y los pesticidas están entre los causantes. Para llegar a esa conclusión, monitorearon 19 parámetros de calidad del agua, 27 pesticidas y la comunidad de macroinvertebrados en 40 sitios de muestreo de la cuenca del río Napo, incluyendo una reserva de conservación natural y sitios en áreas influenciadas por la producción de aceite de palma, la producción de maíz y la cercanía a centros urbanos.
Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación de riesgo es que los insecticidas organofosforados (etion, clorpirifos, azinfos-metil, profenofos y protiofos) y el imidacloprid eran los compuestos que presentaban el mayor riesgo ecotoxicológico, con mezclas que podrían afectar entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas en las zonas muestreadas.
Los resultados del estudio también mencionan que las áreas dominadas por la producción de aceite de palma tienen una influencia significativa en los parámetros de calidad del agua, afectando a las comunidades de macroinvertebrados. En total, para el estudio se recolectaron 2200 individuos pertenecientes a 37 especies de insectos, seis especies de gasterópodos, cuatro especies de hirudineos, una especie de crustáceo y una especie de arácnido.
Aún con la contaminación, las vecinas de Fray Bartolomé de las Casas visitan el río Sepur para lavar su ropa. Foto: Christian Gutiérrez.
“Después de realizar todos estos análisis vimos que hay un deterioro en el hábitat y una disminución en la presencia de macroinvertebrados. En las áreas de cultivo de palma encontramos una sola familia de macroinvertebrados y es una familia resistente a contaminación”, indica Cabrera, y agrega que la biodiversidad acuática no sólo está siendo afectada por los pesticidas, sino que alrededor de los cultivos de palma encontraron deforestación de vegetación ribereña, lo que hace que lleguen más sedimentos y esto afecta la vida en el agua.
La investigadora de la Universidad Ikiam comenta que es común que la gente piense que los pesticidas van a diluirse en el agua y asegura que es probable que eso pase, “el problema es que los pesticidas, principalmente los organofosforados que analizamos en este estudio, tienden a acumularse en los organismos acuáticos y también en el sedimento. Probablemente no se detecten concentraciones altas en el agua, pero estos componentes tenderán a bioacumularse en peces y otros organismos acuáticos”.
Además, el estudio identificó varios compuestos organofosforados en el agua de la cuenca del Napo que son altamente tóxicos y que, por ejemplo, ya han sido prohibidos en países de la Unión Europea.
La investigación no abordó temas como el impacto de los pesticidas en la salud humana y la soberanía alimentaria. De hecho, los científicos aseguran que es necesario realizar estudios enfocados en esos temas. Sin embargo, la experiencia del profesor Rico en análisis de pesticidas en otros cultivos como el banano y la piña le han mostrado que puede existir riesgo para la salud por bañarse o tomar aguas contaminadas.
“Muchas veces las medidas de aplicación de los insecticidas no son las adecuadas”, dice Rico. Este es un punto crítico ya que es muy difícil hacer un seguimiento riguroso para saber si los químicos se están aplicando en las dosis correctas.
El clima y la humedad de los suelos de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala favorecen el cultivo de palma. Foto: Christian Gutiérrez.
En cuanto a la soberanía alimentaria de las personas que viven cerca de cultivos de palma, el investigador comenta que la pérdida de biodiversidad de invertebrados puede tener consecuencias para depredadores como peces y reptiles que son el alimento básico de las personas que viven cerca de ríos. “Cualquier impacto sobre las partes más bajas de la cadena trófica puede tener consecuencias”, añade.
De acuerdo con Rico, países como Costa Rica y Brasil ya trabajan en el impacto ambiental de los pesticidas, pero sigue siendo un tema poco estudiado en Latinoamérica.
El artículo resalta que la investigación sobre los impactos ecohidrológicos de las plantaciones de palma de aceite es escasa, “a pesar de que los estudios indican que el desarrollo de la palma de aceite puede remodelar las interacciones entre la tierra y el agua, así como la disponibilidad y el movimiento del agua a diferentes escalas espaciales y temporales”.
La investigación encontró 139 artículos relevantes, entre 1992 y 2021, que abordan diferentes procesos ecohidrológicos relacionados con la palma de aceite, de los cuales 49 (35 %) tienen como objeto de estudio a América Latina. Uno de los hallazgos destacados de la revisión es que sólo 16 artículos abordaban aspectos sociopolíticos y de sostenibilidad de la palma aceitera asociados al agua y, entre esos, sólo cuatro realizaron un análisis exhaustivo de las percepciones de las comunidades sobre cuestiones relacionadas con el agua y este cultivo.
En 2018, poblaciones de tres municipios del departamento colombiano de Bolívar, incluyendo María la Baja, hicieron la Caminata Pacífica de Montes de María. Una de las exigencias era agua potable. Foto: Cortesía de la Corporación Desarrollo Solidario.
Comunidades que exigen ser escuchadas
La ausencia de información científica sobre la calidad del agua cerca a las plantaciones de palma de aceite y los efectos en los ecosistemas acuáticos son una constante en Latinoamérica. El estudio realizado en Ecuador es uno de los pioneros en la región y muchas de las conclusiones podrían repetirse en naciones como Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.
“Hay algunas diferencias en términos de legislación y de inversión de recursos, pero hay muchos pesticidas que son prohibidos en otros países y se siguen aplicando en muchas zonas de Latinoamérica. Hay un control bastante regular en toda la región”, comenta Andreu Rico.
Lo cierto es que las denuncias de las comunidades no paran. Precisamente en Ecuador —pero esta vez en la región Costa, en el Chocó biogeográfico—, la comunidad de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los ríos cristalinos que tenían hace unos 20 años hoy están prácticamente muertos, pues reciben los desechos de la minería, la industria de la madera de balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Sin un estudio imparcial que pueda determinar qué tanto contamina la palmicultora en la zona, esta comunidad afroecuatoriana se enfrenta a una lucha a ciegas en la que el Estado ha jugado siempre del lado contrario. Varias de las personas que habitan en Barranquilla han sido demandadas por la empresa, pero no desmayan en su esperanza de ser escuchadas.
La situación tampoco es alentadora en Honduras, donde hay 200 000 hectáreas sembradas con palma aceitera. Este país, junto con Colombia y Guatemala, es uno de los mayores productores de aceite en Latinoamérica. En el Valle del Aguán, este monocultivo sobrepasa las 20 000 hectáreas y la Cooperativa Agropecuaria El Tranvío denuncia que la Corporación Dinant mantiene inundadas y contaminadas sus tierras. La población campesina de la zona, además, sostiene una lucha para recuperar los territorios que perdieron en medio de la reforma agraria de los años setenta y que hoy son ocupados por la empresa.
Ada Díaz representa a las voces que están denunciando la presunta contaminación de la Corporación Dinant. Foto: Lesly B. Frazier.
Panamá es un país pequeño y aunque su capacidad de producción de aceite de palma no alcanza los niveles de otras naciones latinoamericanas, este monocultivo domina el paisaje de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. En Barú, el distrito donde se vive el mayor auge de la industria palmicultora, gran parte de la comunidad advierte sobre contaminación a los ríos.
En Guatemala, las denuncias en Fray Bartolomé de las Casas no sólo tienen que ver con la contaminación del agua sino con el acaparamiento del líquido. Lo que solían ser bosques ahora son plantaciones de palma aceitera de la empresa Naturaceites y desde que el cultivo se extendió por la zona, las comunidades aseguran que padecen la contaminación y sequía de sus ríos.
Los habitantes afirman que no pueden utilizar el agua para su consumo y, si se bañan con ella, enseguida presentan lesiones en la piel. En medio de un clima de miedo, la mayoría de los vecinos prefieren no hablar de una empresa que prometió un desarrollo que nunca llegó.
“Es necesario comprender mejor cómo el uso del agua de la palma aceitera ejerce presión sobre el suministro de agua de las comunidades, dadas las altas necesidades del líquido que tienen las palmas aceiteras maduras. Esta comprensión incluye la evaluación de los sistemas de riego y su dinámica durante las estaciones húmedas y secas, en particular en las regiones agrícolas donde la palma aceitera no es el único cultivo”, se lee en el artículo.
Las sequías y las filtraciones contribuyeron a que los niveles de agua de Arroyo Grande fueran bajos en 2019. Foto: Cortesía Usomaríalabaja.
Precisamente, pobladores del municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, se quejan del acaparamiento de agua que la empresa palmicultora Oleoflores ejerce en el sistema de riego, de donde también se benefician otros cultivos como el arroz.
La compañía tiene por lo menos 11 000 de las 12 000 hectáreas de palma que están sembradas en el municipio y, según los últimos datos publicados por la administradora del sistema de riego, la palma consumió el 55 % del agua en 2019. Ninguna autoridad ambiental hace seguimiento al manejo del distrito de riego, mientras que la comunidad se queja por no tener agua potable y que por eso padecen enfermedades.
Los expertos consideran que a todo este panorama de falta de estudios se suma la limitada capacidad de control y seguimiento por parte de los gobiernos. Muchas veces se cuenta con normativas, “pero si no logras hacer un control, las normativas no van a funcionar”, asegura Marcela Cabrera.
Andreu Rico menciona que una vez tuvieron los resultados del estudio que realizaron en la Amazonía ecuatoriana —en el que se reflejaban niveles de pesticidas que excedían lo permitido en las normas— se lo presentaron al gobierno “y nos dijeron que tenían otras prioridades. Este es como un problema de segundo orden para ellos, la justificación va más por ahí, que siempre tienen cosas más alarmantes que resolver”.
Para muchas familias de Barranquilla de San Javier, en Ecuador, el agua turbia de estos ríos es la única opción para cosas tan básicas como cocinar, lavarse o beber. Foto: Alexis Serrano Carmona.
Rico considera que también hace falta más educación por parte de los gobiernos en cómo la gente tiene que utilizar los agroquímicos y hace énfasis en que si hay compuestos que ya fueron prohibidos en países que tienen un sistema de evaluación de riesgos más sofisticado, lo lógico sería prohibirlos o por lo menos restringir mucho su uso, “hasta que se hagan estudios científicos que avalen o rechacen, a nivel local, las conclusiones a las que se llegaron en esos países pioneros”.
El investigador español sugiere que sería valioso hacer una evaluación regional, que incluya a todos los países, para tratar de tener un registro unificado de plaguicidas, como se ha hecho en Europa. “Eso reduciría la necesidad de invertir país por país, sino que se puede hacer una inversión global para crear un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear unas normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de la zona tropical. Sería muy bueno si eso se pudiera hacer a nivel de continente”.
Compartimos esta síntesis del caso #JusticiaParaBerta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de agosto del 2024
Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de derechos humanos, fue brutalmente asesinada por su incansable lucha contra el modelo extractivo en Honduras. Su compromiso con la defensa del Río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco la llevó a enfrentarse al Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, promovido por la poderosa familia Atala Zablah.
El proyecto Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA, pretendía explotar el Río Gualcarque bajo el pretexto de vender energía “renovable” al Estado de Honduras. Sin embargo, Berta Cáceres expuso las ilegalidades, la corrupción y la falta de consulta previa a la comunidad, demostrando la complicidad entre los intereses privados, el gobierno hondureño y el Ejército Nacional.
La valentía de Berta le costó caro. A pesar de las múltiples amenazas, persecuciones y un montaje judicial orquestado por el Ejército y DESA, ella continuó su lucha. Fue víctima de una campaña de desprestigio dirigida por David Castillo, empleado principal de la familia Atala, quien contrató a periodistas para difamarla.
El asesinato de Berta Cáceres no solo fue un crimen, sino también un mensaje intimidante para todas las defensoras de derechos humanos en el país. Este acto de violencia de género se entrelazó con la violencia estatal y empresarial, convirtiéndose en un símbolo de la represión que sufren quienes defienden la vida y el medio ambiente.
Hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por fraude en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”:
Roberto David Castillo Mejía: empleado principal de la familia Atala.
Carolina Lizeth Castillo Argueta: empleada de la familia Atala.
Raúl Pineda Pineda: ex-alcalde de San Francisco de Ojuera.
A pesar de estas condenas, las sentencias de los asesinos de Berta aún están pendientes:
David Castillo: actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios.
Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información para el asesinato.
Douglas Bustillo: coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo para ejecutar el asesinato.
Mariano Díaz Chávez: organizó las acciones para llevar a cabo el atentado.
Además, el grupo sicarial bajo el mando de Douglas Bustillo, contratado por directivos de DESA, sigue esperando sentencia:
Henry Javier Hernández Rodríguez
Elvin Heliberto Rapalo Orellana
Edilson Atilio Duarte
Óscar Aroldo Torres Velásquez
Es hora de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras actúe con celeridad, garantizando la verdad y la reparación. ¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!
Les compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre la terrible situación de violencia incontrolable que se vive en Chiapas – A 12 de agosto de 2024
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.
Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.
Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.
Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.
La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.
Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:
URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.
Compartimos el quinto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 17 de julio del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de «Atizando el Avispero», el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
En el episodio anterior, exploramos cómo la matriz energética de México ha estado en constante transformación, con un énfasis creciente en el gas natural proveniente de Estados Unidos, extraído mediante el controvertido fracking. Este recurso, que algunos consideran un puente hacia una transición energética más limpia, ha sido objeto de un análisis profundo debido a sus impactos ambientales y su papel en la configuración del panorama energético mexicano.
En el episodio de hoy, el número 5 de la serie, continuaremos profundizando en este tema y examinaremos la realidad detrás del mito del gas natural como una fuente de energía para la explotación minera.
Para ello seguiremos debatiendo con Isabel Velásquez y Luis Pérez, del colectivo geocomunes.
Así que, sino quieres saber que papel juega el gas y la minería en México, no sigas las siguientes plataformas.
Puedes escuchar el episodio V en estas plataformas
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“CUANDO CIERRO LOS OJOS”
Martes 20 de agosto de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: Adela y Marcelino comparten un aislamiento común entre numerosos hablantes de una lengua indígena, procesados sin intérprete por el sistema de justicia mexicano. A través de los sueños y los recuerdos que conservan de su tierra y su gente en la cárcel, externan a dos voces la desorientación y la necesidad de resistir frente a la exclusión contando su historia.
Les compartimos este folleto elaborado por la La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre los agrotóxicos – A 6 de agosto del 2024
PRESENTACIÓN
Productor, productora, este folleto que tienes en tus manos es una invitación para que nos permitas hacer contigo un recorrido en donde hablemos de lo malo, lo feo y lo bueno de la presencia de las arvenses en tu parcela. Así es, las arvenses (o malezas o monte o malas hierbas) no solo son malas y feas, también tienen algo bueno (más bien mucho) que ofrecer a la fertilidad de tu parcela, si les das la oportunidad de mostrarte este lado (el bueno) que es muy poco conocido.
También, te proporcionaremos más información acerca de los principales daños a la salud y al ambiente causados por el uso del glifosato y otros herbicidas, que han sido estudiados por científicos y que son una llamada de atención sobre los riesgos que corren tú y tu familia, sin saberlo. La mayoría de estos efectos dañinos no vienen indicados en la etiqueta de los productos comerciales.
Finalmente, te hablaremos de las alternativas que hay para el control de las arvenses, a fin de que no se pierdan las cosechas. Estas alternativas son benéficas para el suelo de tu parcela, que a fin de cuentas es el mayor patrimonio para el futuro de tus hijos, quienes también serán beneficiados. Estás alternativas representan sin duda más trabajo tuyo en el campo, sin embargo, también son la oportunidad (casi única) de proteger tu salud, la de tu familia, de las generaciones futuras y del ambiente.
Les compartimos esta convocatoria de la Sandia Digital para participar en esta formación en Comunicación Estratégica – A 5 agosto 2024
Convocatoria: Formación virtual en Comunicación Estratégica y Narrativas para el Cambio Social
Para comunicadorxs de ONGs y colectivas de México y América Latina
Del 09 de septiembre al 21 de octubre 2024
CUPO LIMITADO
Fecha: 5 de agosto 2024
La Sandía Digital invita a las personas responsables de la comunicación en organizaciones y colectivas que trabajan a favor de los derechos humanos, la justicia socioambiental y la justicia de género enMéxico y América Latina, a inscribirse antes del domingo 25 de agosto del presente año a nuestra formación virtual en comunicación estratégica y narrativas para el cambio social.
Habrá lugar para solamente 1 o 2 personas por organización o colectiva. El cupo estará limitado a 35 personas participantes en total, por lo cual realizaremos una selección que garantice la diversidad geográfica, temática y sexo-genérica del grupo.
La formación se dividirá en 7 sesiones de 2 horas cada una, durante las cuales las facilitadoras de La Sandía Digital les compartiremos metodologías y herramientas que permitan a sus organizaciones y colectivas fortalecer su trabajo interno y amplificar el impacto de sus proyectos a través de la comunicación estratégica y la construcción de narrativas transformadoras, desde un enfoque colaborativo.
¡No esperen más!
El costo es de $12,000 MXN más impuestos si aplican antes del 12 de agosto, y de $14,000 MXN más impuestos si aplican entre el 12 y el 25 de agosto.
El objetivo de la formación es compartir metodologías y herramientas que permitan a sus organizaciones y colectivas fortalecer su trabajo interno y amplificar el impacto de sus proyectos a través de la comunicación estratégica y la construcción de narrativas transformadoras, todo ello desde un enfoque colaborativo.
DURACIÓN Y MODALIDAD:
Se trata de una formación 100% en línea, dividida en 7 sesiones de 2 horas cada una, durante las cuales nos conectaremos vía la plataforma de videollamadas ZOOM.
Las sesiones se llevarán a cabo de 3 a 5 PM (hora de la Ciudad de México, UTC−6) en las siguientes fechas:
lunes 9 de septiembre
martes 17 de septiembre
lunes 23 de septiembre
lunes 30 de septiembre
lunes 7 de octubre
lunes 14 de octubre
lunes 21 de octubre
CONTENIDOS
Las sesiones serán facilitadas en castellano (sin traducción simultánea a otros idiomas) por integrantes de La Sandía Digital y estarán organizadas por bloques temáticos de la siguiente manera:
Sesión 1 (lunes 9 de septiembre): Introducción a la comunicación estratégica
Sesiones 2 y 3 (martes 17 de septiembre y lunes 23 de septiembre): Narrativas transformadoras desde una perspectiva antipatriarcal y antirracista
Sesión 4 (lunes 30 de septiembre): Metodologías para la creación de materiales colaborativos
Sesión 5 (lunes 7 de octubre): Manejo de redes sociales y métricas
Sesión 6 (lunes 14 de octubre): Consejos para la producción de materiales gráficos
Sesión 7 (lunes 21 de octubre): Compartencia colectiva de materiales, campañas y estrategias de comunicación producidos por las organizaciones participantes fuera de la formación para reflexionar sobre nuestras prácticas
Cada sesión incluirá momentos de teoría donde las facilitadoras compartirán conceptos y metodologías construidas desde La Sandía Digital, y momentos de práctica donde lxs participantes realizarán ejercicios relacionados al tema abordado.
Al finalizar cada sesión, lxs participantes recibirán vía correo electrónico la grabación del curso, las presentaciones y los materiales de apoyo utilizados para su posterior consulta. Después de concluir la formación, entregaremos constancias a quienes asistieron a las 7 sesiones.
COSTOS
La formación tendrá un costo de$12,000 MXN más impuestos por las 7 sesiones para las organizaciones que apliquen antes del lunes 12 de agostoy $14,000 MXN más impuestos por las 7 sesiones para quienes apliquen entre el 12 y el 25 de agosto.
Notas relevantes para el proceso de inscripción y pago:
El porcentaje de impuestos dependerá del país desde donde se realice el pago (las organizaciones de México, por ejemplo, tendrán que asumir el 16% de IVA).
No será posible pagar por un número de sesiones menor al total programado.
El costo incluye la posibilidad para cada organización o colectiva de inscribir a 1 o 2 integrantes.
El monto total deberá abonarse en un único pago durante la semana del 2 de septiembre de 2024.
Los detalles necesarios para proceder con el pago se comunicarán al concluir el proceso de selección de lxs participantes.
¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR?
Pueden aplicar organizaciones y colectivas de México y América Latina que trabajan a favor de los derechos humanos, la justicia socioambiental y la justicia de género.
Al aplicar, cada organización o colectiva deberá inscribir a 1 o 2 personasresponsables de la comunicación en su equipo que cuenten con tiempo disponible para participar en la formación. Las personas designadas por cada organización al momento de la aplicación tendrán que ser las mismas en las 7 sesiones.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
El cupo estará limitado a 35 personas participantes. La Sandía Digital realizará una selección que garantice la diversidad geográfica, temática y sexo-genérica de lxs participantes.
Esta convocatoria no está dirigida a organizaciones o movimientos relacionados o que trabajen con partidos políticos.
La condición legal de la organización no es un factor determinante.
Únicamente se considerarán las aplicaciones de organizaciones o colectivas que tengan al menos una persona responsable de la comunicación.
Para tener una participación efectiva y activa en la formación, es necesario que lxs participantes dispongan de una conexión a internet estable y acceso a la plataforma Zoom, preferiblemente desde una computadora o tablet.
¿CÓMO APLICAR?
Cada organización o colectiva que desee aplicar deberá seguir los siguientes pasos:
Llenar el formulario de postulaciónantes del domingo 25 de agosto 2024(no se considerarán solicitudes fuera de este plazo);
Adjuntar una carta de motivos en el formulario de postulación.
Los resultados de la selección se comunicarán el viernes 30 de agosto a través del correo electrónico proporcionado. Cada organización o colectiva seleccionada tendrá que realizar el pago en el transcurso de la semana del 2 de septiembre para validar su participación en la formación.
Si tienen alguna duda relacionada con la aplicación, pueden escribirnos a lasandiadigital@gmail.com.
Entrega de la carta de queja a Deutsche Bahn AG con nuestra organización aliada Justiça nos Trilhos, el 31 de mayo de 2024, en Berlín (© RdR/ Klaus Schenck)
Mapa general de la región amazónica sudoriental (Amazônia legal) con la ubicación del puerto previsto y el trazado de la línea ferroviaria (con datos de IBGE y GPM) (© Nicole)
