Noticias

Guanajuato: Resistencia de pobladores obliga a clausura de Minera Adularia en Comonfort

Publicada el 30/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en POPLab sobre la minería en Comonfort Guanajuato – A 28 de julio de 2020

Los barrenos de la minería, como el fuego cruzado, perforan el territorio de Guanajuato dejando tras de sí secuelas de sangre y lodo. Comonfort, municipio guanajuatense que colinda al sureste con el estado de Querétaro, no sólo se encuentra en zona caliente de cárteles, sino que está en el foco de una silenciosa especulación minera que despertó la alerta de sus pobladores. El día de hoy, 28 de julio de 2020, se clausuraron las actividades de exploración de la empresa Minera Adularia como resultado de la resistencia de las comunidades afectadas.

De acuerdo con información de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) y la organización guanajuatense Acción Colectiva Socioambiental A.C., el pasado 17 de abril habitantes de las comunidades Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo del municipio de Comonfort se presentaron en una sesión del pleno del ayuntamiento local para denunciar que la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadounidense Electrum Group LLC, estaba afectando los suelos de sus comunidades mediante la descarga de desechos tóxicos, así como usando agua potable en cantidades excesivas.

Como resultado de la organización de las comunidades, el Ayuntamiento de Comonfort clausuró finalmente las operaciones de Minera Adularia, tras descubrir un cúmulo de irregularidades en los permisos municipales de operación, así como después de comprobar la contaminación de acuíferos y la obstrucción de pozos de agua de los que dependen habitantes de la zona.

Foto: Especial

Minera Adularia Exploración (Electrum Group LLC) cuenta con concesiones sobre el suelo de Comonfort desde 2016. Sin embargo, son dos los proyectos vigentes autorizados en 2019 (como continuación de proyectos anteriores) para explorar el territorio en busca de yacimientos mineros en Celaya, Juventino Rosas y, también, Comonfort, principalmente en las zonas internas y aledañas al Área Natural Protegia (ANP) de la Presa de Neutla con declaratoria estatal desde 2006. De acuerdo con GeoComunes, existen otras concesiones mineras vigentes y en trámite sobre la misma región.

Mapa: GeoComunes

Electrum Group LLC pertenece al billonario Thomas S. Kaplan —filántropo coleccionista de arte y, paradójicamente, conservacionista— cuyas concesiones en Comonfort a título de Minera Adularia Exploración fueron autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).

Juntas permiten a Adularia perforar 255 barrenos de 1 km de profundidad repartidos en 6 mil 423.68 hectáreas (64, 236, 800 m2). Una extensión similar a 9 mil veces una cancha de futbol de la FIFA y mil veces el Estadio Azteca en las que la empresa está extrayendo muestras de suelo para decidir dónde abrir una mina de plomo, cobre, oro y/o plata. En 2018, la actividad exploratoria de Minera Adularia perforó el manto freático del Acuífero del Valle de Celaya, transgrediendo la NOM-120-SEMARNAT-2011, motivo por el cual la SEMARNAT solicitó a Adularia una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.

La inconformidad de los habitantes de dichas comunidades fue lo que puso el acento sobre el caso. Reclaman que Minera Adularia Exploración está secando sus pozos a la mitad de la pandemia y que esta dispone ilegalmente los lodos residuales de la exploración sobre su territorio y manantiales . El pasado 03 de junio de 2020, el presidente municipal de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez, reveló ante medios de comunicación los resultados de un análisis de agua y suelo hecho por el laboratorio LAQUIMIA en diferentes puntos señalados como contaminados por las comunidades.

Foto: Acción Colectiva

Según el comunicado con respecto al análisis de agua, “conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, [la carga contaminante] no cumple y sobrepasa significativamente algunos parámetros máximos permitidos”. Los contaminantes que rebasan la norma son: DBOs (demanda bioquímica de oxígeno), grasas y aceites, nitrógeno, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos totales, fósforo total, color verdadero, toxicidad aguda, temperatura y pH.

En ese sentido, los puntos de muestreo de la exploración son focos de contaminación de acuíferos que desde la superficie lixivia los contaminantes del suelo llevándolos hasta el agua subterránea, lo que explica el desabasto o taponeamiento de pozos de agua en la región.

Foto: Acción Colectiva

El proceso de exploración minera es un paso previo a la explotación. Con este las empresas toman muestras de minerales que extraen de un área específica en el mapa perforando a 1.5 kilómetros promedio de profundidad con barrenos. Después, las empresas deciden a partir de las características de los suelos, la técnica de explotación: subterránea o a cielo abierto.

“A la hora de que perforan y meten un barreno, lo más probable es que estén tocando las venitas de agua que alimentan los pozos y entonces las taponean. Si tu metes un tubo y atraviesas una venita de agua, ya la tapaste”, explica Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental.

“Va a brincar la liebre”

Del apersonamiento de los pobladores en el cabildo han surgido dos procesos en paralelo con la intención de frenar las actividades de exploración de Minera Adularia en Comonfort. Derivado de ello, las comunidades y el Ayuntamiento comonforense han descubierto que la empresa opera sin permisos de uso de suelo y de construcción desde que le autorizaron las concesiones en junio y diciembre de 2019. Una pregunta que surge, por lo tanto, es si Minera Adularia ha tenido los permisos de ley desde su presencia en Guanajuato en 2016.

El presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, presentó por su parte dos denuncias por contaminación derivadas de la actividad exploratoria y señaladas por los pobladores: una a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Estas se construyen con el argumento de que:

“…varias personas habitantes de la región manifiestan que dicha empresa ha realizado la descarga de residuos de esta actividad industrial en un cuerpo de agua sin mostrar autorización.”

Foto: Ayuntamiento Comonfort

Sin embargo, los regidores del cabildo fueron más allá de las denuncias formales ante las instancias de regulación y justicia ambiental, buscando expresamente la clausura inmediata de Minera Adularia por faltarle el permiso básico de uso de suelo.

El Ayuntamiento de Comonfort creó una Comisión Especial Plural que atendiera la denuncia presentada al pleno por los habitantes en abril. La comisión trabajó durante ese mes y mayo para indagar si la empresa contaba o no con los permisos requeridos. Después del trabajo de investigación de la comisión, la Dirección de Desarrollo Urbano respondió que se había entregado un documento llamado “factibilidad de uso de suelo” a solicitud de la propia empresa, pero nunca un “permiso de uso de suelo” como lo estipula la ley.

La Comisión Especial Plural consultó el Código Territorial del Estado de Guanajuato y descubrió que el único documento similar que puede otorgar una autoridad en el estado es una “constancia de factibilidad”. No obstante, desde el punto de vista legal no existe un documento que Desarrollo Urbano pueda emitir conforme a la ley llamado “factibilidad de uso de suelo” y la constancia —por su parte— tampoco es un permiso. Por lo tanto, la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo para operar. A Minera Adularia le ayudó también la SMAOT, haciendo pasar el documento “factibilidad de uso de suelo” como si fuera el permiso en cuestión.

—”Va abrincar la liebre, pues alguien está mintiendo”, dijo el representante de Acción Colectiva.

El 27 de mayo la comisión preparó el dictamen para realizar visitas de inspección administrativas a la minera y solicitarle los documentos municipales con los que está operando. Este pasó finalmente al pleno del Ayuntamiento el día 29 mayo. En el dictamen se especifica que tras haber preguntado a todas las dependencias municipales de Comonfort si habían entregado algún permiso a Adularia, todas contestaron que no.

Foto: Acción Colectiva

Pese a que la empresa se defiende diciendo que cuenta con los permisos, el dictamen votado por la Comisión Especial Plural y aprobado por el pleno desvirtúa legalmente la “factibilidad de uso de suelo”. Cabe decir que entre la conformación de la comisión en abril y la aprobación por unanimidad del dictamen, se celebraron numerosas audiencias a las que acudieron las comunidades y donde se convocó también a la empresa Minera Adularia.

Por lo tanto, “al no existir un permiso de uso de suelo que es facultad exclusiva de los Ayuntamientos entregar, pues los trabajos que ha venido haciendo la minera son ilegales, no cuentan con los permisos municipales que requieren las mineras para operar. Toda vez que no tienen ese permiso, se ordena la clausura de la empresa”, dice Lozano.

La orden de clausura se emitió y finalmente se ejecutó el día de hoy mediante la visita de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Comonfort al domicilio de la minera.

UGATS no coinciden y la ANP de Neutla no autoriza la actividad minera

POPLab revisó las autorizaciones de exploración emitidas por la SEMARNAT y la SMAOT, encontrando que las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) del proyecto Exploración Minera Celaya 2 con oficio 131.1/0376/2019 autorizado por Eduardo Vázquez Ávila, encargado de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato, no corresponden territorialmente con la zona de exploración en la que se ha barrenado (387, 443, 449, 463), y que las UGAT que deberían tomarse como referencia no se contemplan (425 y 464).

La autorización de la SEMARNAT es del 06 de junio del 2019 y la última modificación al Programa Estatal Desarrollo Urbano y Ordenado Ecológico 2040 (PEDUOET) es del 02 de abril de 2019, por lo que lo anterior corresponde a una autorización irregular de la oficina local de la dependencia federal.

Además, en la autorización de la SMAOT al Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP, se toma como base el documento ilegal de Desarrollo Urbano llamado “factibilidad de uso de suelo” para considerar viable la realización de las actividades de exploración en el Área Natural Protegida de la Presa de Neutla y su zona de influencia, argumentando, por añadidura, que la declaratoria oficial “no restringe las actividades de exploración minera”.

Foto: Acción Colectiva

Sin embargo, pese a tales afirmaciones, en el programa de manejo de la ANP no se contemplan las actividades mineras. El tipo de actividades que determina la declaratoria son muy claras dentro de las que no se incluye la minería por ser un área natural protegida de carácter estatal:

preservación y protección de la biodiversidad, manejo sustentable de recursos forestales, de especies de flora y fauna; conservación del suelo y del agua, agricultura con uso limitado de agroquímicos, monitoreo y vigilancia, restauración, reforestación y recuperación especies nativas; actividades educativas, de divulgación y de investigación científica, capacitaciones y talleres con comunidades; producción local sustentable, ecoturismo; promoción de la salud comunitaria, entre otras.

Asimismo, dentro de la Zona de Aprovechamiento Sustentable, Zona de Restauración y Zona de Uso Público, el programa prohibe “verter, descargar o inflitrar aguas residuales, aceite, grasa, combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido al suelo, cauces o vasos de agua; el desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades existentes; y el establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos”. Afectaciones que han sido comprobadas por el estudio de LAQUIMIA ordenado por el presidente municipal de Comonfort.

En el marco de un panorama ambiental en entredicho, con proyectos extractivistas en curso a lo largo y ancho del país, esta primer conquista para los pobladores de Comonfort es resultado de la resistencia. Se confirma, pues, que la organización de las comunidades, así como la voluntad política de las autoridades en apego a la ley, son fundamentales para la justicia social y ecológica en el estado de Guanajuato.

Firma la petición: ¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!

Publicada el 29/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos esta petición del Colectivo Agua para todos, Agua para la vida – A 28 de julio de 2020

Inexplicablemente, la Conagua ha iniciado una campaña para la renovación masiva de las 531 mil concesiones de aguas nacionales (el 2% de los concesionarios controlan el 70% de las aguas concesionadas) la cual perpetuaría hasta el año 2050 las actuales dinámicas de sobreconcesionamiento, violación de los derechos de pueblos indígenas, de compra-venta y especulación con concesiones, acaparamiento-despojo, contaminación e impunidad.

¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!

Carta:

A: Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua
De: [Tu nombre]

Exhortamos a la Conagua a suspender el otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas, próximamente a aprobarse en el Congreso de la Unión, que cumpla con el mandato Constitucional de lograr el acceso equitativo y uso sustentable del líquido vital a través de la participación ciudadana y gubernamental.

Su actual campaña promoviendo la entrega y renovación masiva de concesiones a largo plazo perpetuaría las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despojo, compra-venta y especulación, contaminación e impunidad que México ha sufrido bajo la Ley de Aguas Nacionales.

Es responsabilidad de la Conagua corregir los errores de pasado y salvaguardar nuestras aguas para las generaciones actuales y futuras.

>>Firma aquí<<

¿Por qué nos oponemos al Tren Maya?

Publicada el 29/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020

Por Marco Antonio Ortiz Salas*

Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental

Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.

Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.

Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.

Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el Tren Maya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.

En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas de Gortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.

*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.

Imagen: Alejandro Salvidar – La Jornada

Más información:

El juicio contra el maíz transgénico en México

Publicada el 28/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este artículo de opinión publicado en Contralínea sobre la lucha por defender las semillas nativas en México – A 18 de julio de 2020

Autor: Centro Vitoria *

Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.

Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.

En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.

Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.

Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.

Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.

Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.

Centro Vitoria*

*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz

Imagen: David Manrique – Contralínea

Más información:

¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?: Gatell en Chiapas, donde más Coca-Cola se bebe

Publicada el 27/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos esta nota de interés publicada en Sin Embargo sobre el consumo de refrescos apropósito de la visita del Sub Secretario de Salud Hugo López Gatell a Chiapas – A 18 de julio de 2020

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR)

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este día que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). Esta situación se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas…”, expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La salud que tiene México sería distinta si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar”, agregó el funcionario.

Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azúcares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor.

LA MAYOR MORTALIDAD DE ADULTOS JÓVENES POR COVID-19

México es el país con mayor mortalidad de adultos jóvenes por la COVID-19, informó esta semana Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo anterior, agregó el funcionario, se debe a las enfermedades crónicas que afectan a la población causadas por modelos alimenticios que predominan en la nación desde hace décadas.

“México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada… México ha sufrido una de las mayores epidemias de enfermedades crónicas y las causas fundamentales están en los estilos de vida, pero cuando se habla de estilos de vida hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales. Se trata del ambiente construido, en cómo se organizan las ciudades, en cómo existe un uso preferencial del automóvil, en que no existen espacios públicos suficientes para realizar actividad física, entre otros factores”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El factor de mayor en importancia es la alimentación no saludable que depende de la sobreoferta de productos industrializados, de muy baja calidad nutricional, de alto contenido calórico, lo que se llama comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, explicó López-Gatell.

“México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también en el primer o segundo lugar en epidemias de sobrepeso y diabetes. Y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID-19 porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81 por ciento de las personas que fallecen por COVID tienen una de las enfermedades crónicas que se las ha causado estos modelos de alimentación que predominan en México desde hace más de 30 años”, agregó.

Sobre las declaraciones de López-Gatell, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) aclara lo siguiente:

>>Lee la declaración aquí<<

Imagen:Cuartoscuro

Más información:

Foro virtual: No más Calentamiento, No más Guerra

Publicada el 24/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020

Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.

Lunes, 27 de julio del 2020
7:00 PM México

Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.

22 de Julio: Día Internacional de Acción en Contra de la Minería

Publicada el 24/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de julio de 2020

Como todos los años desde el 2009, este 22 de julio los pueblos del mundo nos manifestamos en forma coordinada ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe. Más que considerarla una efeméride –como otras tantas en el “calendario ambiental”-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denunciamos y ponemos al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos. Es una denuncia y defensa que sostenemos a lo largo de los 365 días del año puesto que, cuando la vida está en juego, no hay espacio para bajar los brazos en una lucha profundamente asimétrica por la supervivencia.

El Día Internacional de Acción en Contra de la Minería tiene su origen en México, que se gesta en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá-. Este proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, opera sobre los restos del despojo en las proximidades al Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes ahí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, a la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el “cierre de mina ejemplar”. La compañía Minera San Xavier deja tras de sí; un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de San Luis Potosí; coloca en un riesgo severo el abasto de agua para la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos, del mismo modo deja a la intemperie miles de toneladas de partículas de metales tóxicos que estarán suspendidas en el aire que son causal de un daño potencial para quienes habitan el valle de la metrópoli y pueblos contiguos; un historial de múltiples derrames de la presa de jales; del mismo modo que son parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa sin que tuviera sanciones por parte del gobierno. Igual sucede con la desatención a las graves afectaciones a la salud que ha generado y, por supuesto deja también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región por desplazamiento forzado. En resumen, este proyecto es el mejor ejemplo del evidente contubernio que persiste entre el gobierno y las empresas.

El proyecto minero de Cerro de San Pedro es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto. Al día de hoy México se encuentra plagado de extremo a extremo por este tipo de proyectos, con aproximadamente 1,500 proyectos mineros operando, mismos que marcan un futuro sin retorno para quienes habitan esos territorios. Peor aún es que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, al mismo tiempo que reiteradamente mencionan y se ufanan de ello, que NO entregarán más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes enfrentamos una debacle sin retorno, tal como lo hemos documentado desde hace más de 11 años en la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), En ese contexto, este gobierno se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero.

En la temática minera –aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores nacionales quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo NO LOS LLAMA a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país. Los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa. Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para que las empresas extranjeras se “porten bien en México, tal como lo hacen en sus países”. De igual manera, es un insulto que se piense que el litio sea considerado como el petróleo blanco del futuro, porque muestra una visión cortoplacista y reduccionista que revela, entre otras cosas, un gran desconocimiento sobre las cadenas de valor asociadas al extractivismo que retroalimentan a las mal llamadas energías renovables, verdes, limpias o sustentables.

Es en ese sentido que nos parece absurdo que, desde la Secretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, a través del Subsecretario Julio Trujillo Segura, anuncie que harán modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar al sector minero con el fin de iniciar la transición a energías “sustentables, limpias y renovables”. Es claro que SEMARNAT, aun con la auto-presunción de estar integrada por científicos especializados, actúan igual que el resto de los gobiernos del mundo, solamente afinando o “mejorando” reglas o procedimientos, los cuales, de antemano, más allá de si lo hacen bien o mal, ni siquiera se tiene capacidad instalada para supervisar si las empresas llevan a cabo los procesos que les “imponen” o peor aun, cuando el sector presiona políticamente -como sucedió con el tema del Glifosato, el cual, cuando la industria y el sector dominante presionaron, la SEMARNAT tuvo que “negociar” entre los daños a la salud y al ambiente ante la continuidad del uso del Glifosato–, está claro que la “ciencia” no les alcanzará para soportar la intimidación e influencia política de sectores empoderados.

Otro sinsentido, es que las empresas extractivas paguen impuestos cuando estos para nada subsanan el destrozo de la vida, el territorio y los bienes naturales. De nada sirve hablar todos los días en contra de la corrupción si ésta fluye cada vez con más fuerza en los territorios mineros. De nada sirve militarizar al país si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo.

La minería actual genera daños permanentes integrales y cancela el futuro de las próximas generaciones en donde se desarrolla.

Este día también es para recordar a nuestras y nuestros compañeros asesinados por y entre el contexto de las empresas mineras. Sirva también para recordar fraternalmente a las y los compañeros que han muerto en accidentes mineros por la negligencia de los empresarios sin que, a la fecha, ni gobierno, ni empresas hayan actuado para la reparación del dolor de miles de familias. Un abrazo fraterno a las familias de los compañeros fallecidos de Pasta de Conchos, quienes continúan con la esperanza de recuperar a sus hijos, esposos, hermanos, amigos y que el delincuente socioambiental del Sr. Larrea vaya a la cárcel. Abrazamos a todas las luchas del mundo que en este día refrendan su lucha cotidiana contra la actividad más depredadora del mundo, tan depredadora que es un sinsentido realizarla y una majadería intentar regularla.

Un abrazo especial y combativo para nuestras hermanas y hermanos de los Movimientos Sociales de Haití y República Dominicana, con quienes coincidimos plenamente cuando afirman que; “en el contexto del Covid-19 y ante las pretensiones de expansión de la actividad extractiva, lanzamos un grito para denunciar la manipulación de las empresas mineras, en complicidad con los gobiernos, quienes presentan a la actividad minera como una actividad esencial que dará solución para la recuperación económica que sufrimos, negando una vez más, la importancia del agua, de los árboles, de las reservas forestales, del patrimonio colectivo y la necesidad de poner la salud de los pueblos al centro de toda agenda política y toda estrategia de inversión”.

REMA refrenda su denuncia. La 4T salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México.

LA MINERÍA DEBE ESTAR PROHIBIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina Peñasquito – Desinformémonos

Más información:

Solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño

Publicada el 23/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Pronunciamiento de Jubileo Sur Américas, así como las muestras de silidaridad de otras organizaciones, movimientos y personas – A 20 de julio de 2020

Urgente solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño y sus organizaciones y movimientos

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.

Desde hace muchos años ATALC ha hecho seguimiento a la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos sociales en el país mesoamericano; recordamos también el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y la situación de cientos de hombres y mujeres que por la defensa de sus territorios han sido encarceladas/os, torturadas/os, y han perdido sus vidas, o las de sus familiares y compañeras/os de lucha con quienes han bregado por la dignificación basados/as en la defensa de sus espacios socialmente construidos y de sus medios de sustento.
Infortunadamente, y no obstante se ha denunciado en los planos nacional e internacional la sistematicidad criminal en contra del pueblo hondureño, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en el país.

Desde el inicio del modelo de confinamiento, basado en el Estado de excepción, que tiene claras diferencias en su ejecución dependiendo del signo del gobierno que lo implementa, pero que la derecha ha utilizado para reprimir con mayor voracidad a los pueblos, en Honduras se han cometido asesinatos sistemáticos contra ambientalistas, lideres/zas y defensoras/es de derechos.

El 2 de abril fue asesinada Iris Argentina Álvarez, integrante de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, al oponerse a un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca; el 20 de mayo Edwin Fernández fue asesinado en su vivienda y en frente de sus hijos/as, era parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña –OFRANEH; el 11 de junio, en Tegucigalpa, la activista por la diversidad sexual Scarleth “Campbell” Cáceres fue asesinada a disparos. Ella hacía parte de la Organización Colectiva de Muñecas, Asociación LGTBI Arco Iris. Antonio Bernardez Suazo fue asesinado el 20 de junio, era miembro del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Punta Piedra. El 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado de Marvin Damián Castro Molina, joven defensor de los derechos de los pueblos y coordinador de la secretaría de la Juventud en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida –MASSVida.

En los últimos días recibimos la denuncia de OFRANEH y el patronato de Triunfo de la Cruz del secuestro por parte de hombres con chalecos antibalas con las iniciales la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fuertemente armados contra el presidente del patronato Sneider Centeno junto a Milton Martínez, Suami Mejia y Alber Sentana Thomas, quienes hasta el momento de la elaboración de esta comunicación, aún no han retornado a su territorio. Por otro lado el envenenamiento mal intencionado de los ríos de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguan por la denuncia de la construcción ilegal de un Resort, esto supone un ecocidio y un atentado directo a la vida de una comunidad entera.

En momentos en que la crisis global de la salud y la pandemia del coronavirus azotan inclementemente a la mayoría de países y pueblos en América Latina y el Caribe, las respuestas de parte de las derechas que controlan el poder de los Estados consisten en profundizar la precarización de la vida de la población, atendiendo a las imposiciones de sus jefes imperiales y colonialistas. Adicionalmente se despliegan estrategias de producción de pánico, aislamiento, intimidación y, como denunciamos en el caso hondureño, y de otros países como Colombia, Brasil y el Salvador, criminalización generalizada a la población en lucha contra el modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la salud pública y para enfrentar las complicaciones asociadas a la Covid 19.

Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género llamamos a la comunidad internacional, a los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a denunciar la violencia que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más hombres y mujeres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras el neoliberalismo despoja territorios para el favorecimiento de las corporaciones transnacionales, lucrándose de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.

Firma

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC

DENUNCIA INTERNACIONAL

¡Basta de crímenes de odio contra OFRANEH!

Alto a la necropolítica del apartheid hondureño

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; otro componente para el despojo

Publicada el 23/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de julio de 2020

El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes. Este OPD podrá celebrar cualquier tipo de acto jurídico o contrato para el “desarrollo” de la región del Istmo de Tehuantepec, y le otorga la capacidad de coadyuvancia con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para los procedimientos de “consulta” a los pueblos indígenas en la región.

El Decreto dota una esfera de atribuciones que permite el fomento de la transformación territorial en la región. Si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan, en el valor comercial y su potencial para el “desarrollo global”, siempre a costa de los pueblos del Istmo.

Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca, el gobierno actual y la autodenominada 4T, parece que harán todo lo posible por, finalmente, alcanzar el tan añorado sueño. Las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando, a principios de año 2000, se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como; represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, a costa incluso, de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Sin embargo, la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, impidieron que diversos megaproyectos no se llevaran a cabo, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes han logrado imponerse, como sucede con los parques eólicos, los cuales, más allá de la supuesta energía que generan, han sido impuestos con los clásicos procedimientos y artimañas que, entre otras cosas, han y continúan ocasionando división comunitaria.

Este tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación y la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. El decreto en si mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna, persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el estado y el poder de las empresas y sus dueños que insisten en la comercialización global. De tal manera que, por ejemplo, la ley minera o los decretos para suprimir vedas en las cuencas hidrológicas que se dictan bajo el “interés público”, en realidad funcionan para establecer un mercado de concesiones que son entregadas al uso de privados, mientras en los pueblos, ejidos y comunidades agrarias -dueños de la tierra y los usufructuarios preferenciales de los bienes naturales dentro de su territorio-, aspiran a la visión decrépita, sumisa y alineada de varias instancias de gobierno quienes se supone debieran defenderlos, tal como sucede con el INPI -continuidad de la añeja política indigenista-, así como la envilecida procuraduría agraria, dos de las principales promotoras gubernamentales del despojo, aunque no las únicas.

Actualmente la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia; el COVID-19 que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa. De la misma manera en el 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que los devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos, han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno apareciera de manera consistente sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad. Cada hecho profundiza los ataques contra el territorio, la comunalidad, la cohesión social, al mismo tiempo que debilita las estructuras productivas y económicas locales, que no son cosa menor porque, para los grandes capitales y el gobierno significa mejores condiciones para imponer el discurso del “progreso y desarrollo del sur sureste”, a partir de aprovechar el potencial regional para mejorar el flujo de mercancías y propiciar maquilas, fábricas o armadoras conectadas a otros segmentos de cadenas de valor, en donde el empleo como centro del discurso, se ofrece a cambio de la extracción de minerales y otros bienes naturales comunes, que varios pueblos indígenas de la región no están dispuesto a ceder al capital.

Para los anteriores gobiernos, para el actual y para los subsiguientes el Istmo no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global; el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas relacionadas con la venta de servicios superfluos, pero también relacionados a la acumulación por desposesión y, sobre todo, que dan continuidad al proyecto neoliberal del saqueo en donde las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking, así como de la generación de energía para empresas y no para los pueblos, si no se les detiene, continuarán siendo la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que hoy, desde el gobierno, se dice ha terminado, pero la cual, en los hechos, el proyecto de “El Corredor Interoceánico” muestra que estamos lejos de ello.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada

Más información:

22 julio Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto

Publicada el 22/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto, la conmemoración de este año será dedicada a la defensa del Valle de Putaendo, Chile.

Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de este panel donde participaron integrantes de diferentes organizaciones de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

>>Sigue la transición en vivo aquí<<

Habrá participación musical de Rubén Albarrán y Juan Pablo Rivera desde México y de Madhava Priya Devi Dasi y Kruch desde Chile

#VidaSi #MinaNo

El Escaramujo 100: LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A MÉXICO

Publicada el 21/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>>Descargar Escaramujo 100 en pdf<<

Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

>>Seguir leyendo Escaramujo 100<<

Más Escaramujo:

Firma la petición para proteger los humedales: Destitución a los actuales titulares de la Procuraduría y Fiscalía Ambiental en Chiapas

Publicada el 20/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Ayúdanos a firmas esta petición para proteger los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas, los cuales son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico del Valle de Jovel, que además son el hogar de varias especies endémicas. #YoProtejoElAgua

>>Firma aquí<<

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas ubicada en la región de los altos de Chiapas, posee dos humedales de montaña reconocidos en 2011 como Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a Conservación por el gobierno del Estado, también, fueron reconocidos sitios Ramsar en 2008 y 2012, en el marco de la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” (Convención Ramsar).

Estos humedales han sufrido un proceso de destrucción acelerada sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya hecho lo necesario por detenerlo. Llevamos más de 12 años realizando acciones en defensa de dichas áreas, además de solicitar reiteradamente la intervención de las instituciones de los distintos niveles de gobierno sin que hasta el momento se haya conseguido detener los rellenos y las construcciones dentro de los polígonos de estos importantes humedales, que permiten la filtración y recarga de agua hacia los manantiales de donde se abastece a la población, entre otros servicios ambientales que brindan.

Las clausuras por falta de permisos para la construcción que realiza el municipio, las posibles sanciones administrativas a los dueños de construcciones que emite la Profepa no han sido para nada suficientes.

Habitantes de San Cristóbal hemos observado con profunda preocupación y rabia la incompetencia de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas y la Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas, para la protección y acción penal contra las personas que destruyen los humedales La Kisst y Ma. Eugenia.

Desde el año 2015 a la fecha hemos presentado ocho denuncias ante PROFEPA quien dice ha hecho lo que le faculta la ley, posteriormente las ha turnado a la Procuraduría Ambiental del Estado, Fiscalía Ambiental Estatal, Fiscalía General de la República; además de otras denuncias que han presentado por su parte el ayuntamiento de San Cristóbal.

Hasta el momento no contamos con información sobre resoluciones emitidas, ni tampoco se ven las acciones judiciales en el terreno de los hechos, ya que siguen las construcciones en los humedales, y como este caso, hay otras denuncias de daño ambiental como la Reserva de Quenvó Cucxtitali en donde tampoco hay acción judicial.

Hemos solicitado al fiscal y al procurador dentro de la mesa de trabajo interinstitucional un concentrado de todas las denuncias presentadas y procesos llevados a cabo, con las respectivas resoluciones administrativas y judiciales, y no hay respuesta.

Todo evidencia que hay un nivel alto de ineficiencia, dilación y falta de compromiso con la justicia, los expedientes de las diferentes denuncias quedan archivadas, atoradas, o negociadas. Por todo lo expuesto anteriormente, ciudadanas y ciudadanos exigimos la destitución del Procurador Ambiental Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura y del Fiscal Ambiental Lic. Vicente César Molina Zenteno.

Imagen: Petición el línea en Change.org

Más información: