Un nuevo estudio revela un aumento dramático de de los envenenamientos por causas de plaguicidas en el mundo

Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A 9 de diciembre de 2020

A nivel mundial los envenenamientos han pasado de 25 millones en 1990 a 385 millones hoy en día

En un estudio exhaustivo publicado hoy, científicos reportan que los envenenamientos por plaguicidas en el sector agrario han aumentado dramáticamente desde la última evaluación global hace 30 años. En base a una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, los investigadores concluyen que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.

Esto significa que alrededor del 44% de la población mundial que trabaja en el sector agrario – 860 millones campesinos y trabajadores agrícolas, son envenenados cada año.

La revisión sistemática de los envenenamientos agudos, no intencionales, por plaguicidas, fue publicada hoy en la revista arbitrada (revisada por pares), BMC Public Health. El artículo, titulado „La distribución global de envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas: Estimaciones basadas en una revisión sistemática”, es la primera estimación mundial de ese tipo desde 1990.

“Estos hallazgos destacan la urgencia de reducir y eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos” dice Kristin Schafer, coordinadora de Pesticide Action Network (PAN) Internacional. “Estos pesticidas causan envenenamientos inaceptables a las personas que producen nuestros alimentos, pero también tienen efectos crónicos de salud como el cáncer e impactos ecológicos como el colapso de la biodiversidad. Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas a nivel mundial”.

El estudio revela que el numero mayor de casos no fatales de envenenamientos se da en el sur de Asia seguido del sudeste asiático y el este de África. La incidencia nacional más alta se registró en Burkina Faso, donde casi el 84% de los campesinos o trabajadores agrícolas sufren envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas.

Se estima que el total mundial de fatalidades por envenenamientos agudos, no intencionales por plaguicidas, resulta en 11.000 muertes anuales. Casi 60% de ellas acontecen en un solo país, la India, indicando problemas serios con el uso de pesticidas, según los investigadores.

“Los envenenamientos por plaguicidas constituyen una crisis de salud pública, que debe ser abordada” afirma Sarojeni Rengam, Director Ejecutivo de PAN Asia Pacífico. “más allá de los sufrimientos inmediatos, los envenenamientos reflejan también una exposición que causa problemas de salud crónicos a largo plazo. Es chocante y vergonzoso que este problema haya empeorado en lugar de mejorar en los últimos 30 años”.

Los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2006 y 2018, seleccionando un total de 157 trabajos después de evaluar más de 800 trabajos para determinar su elegibilidad de acuerdo con criterios establecidos, y datos adicionales de la base de datos de la OMS sobre las causas de muerte.

Los datos abarcan 141 países en total. La mayoría de los estudios se enfocan en los envenenamientos ocupacionales, en particular de los agricultores y los trabajadores agrícolas.

“Reconocemos que hay limitaciones en los datos sobre envenenamientos por plaguicidas”, señala Javier Souza, coordinador de  la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina RAP-AL. “Sin embargo este estudio muestra claramente que se trata de un problema grave y global que requiere acciones inmediatas. Plaguicidas altamente peligrosos deben ser eliminados progresivamente hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales y debemos cambiar hacia sistemas más sanos y resilientes como la agroecología».

El número estimado de envenenamientos mundiales no mortales, no intencionales, por plaguicidas en el presente estudio, es significativamente mayor que las estimaciones anteriores. Esto se debe en parte a que el estudio actual abarca un mayor número de países, y también a que ha habido un aumento del 81% en el uso de plaguicidas desde 1990 (se estima que en 2017 se utilizaron 4.1 millones toneladas de plaguicidas en todo el mundo). Los investigadores apuntan a la falta de información para explicar las estimaciones relativamente bajas de casos mortales.

El subregistro también es un problema para los envenenamientos por plaguicidas en general, ya que muchos sistemas de presentación de informes de países específicos carecen de un punto central de información o de un mecanismo jurídico que exija la presentación de informes sobre incidentes.

Los autores concluyen que la pesada carga que suponen los envenenamientos no intencionados y no mortales por plaguicidas, en particular para los agricultores y los trabajadores agrícolas, pone de relieve el sesgo de las políticas actuales, que se centran únicamente en las muertes, y la necesidad de abordar más seriamente el problema general de del envenenamiento por plaguicidas en las políticas y reglamentos internacionales y nacionales.

Nota para los periodistas: Si bien este estudio no abarca los suicidios por envenenamiento con pesticidas, se estima que 14 millones de personas han muerto por suicidio utilizando plaguicidas desde la Revolución Verde en la década del 1960. En un reciente examen sistemático de los datos sobre suicidios de 2006 a 2015, que este estudio no abarcó, se determinó que los plaguicidas representaban entre el 14 y el 20% de los suicidios a nivel mundial, lo que provocó entre 110.000 y 168.000 muertes anuales durante el período 2010-2014.

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Contactos de prensa:

Disponible para entrevistas:

Javier Souza, PAN Latinoamérica (español) – javierrapal@yahoo.com.ar

Sarojeni Rengam, PAN Asia Pacific – sarojeni.rengam@panap.net

Susan Haffmans, PAN Germany – susan.haffmans@pan-germany.org

Maimouna Diene, PAN Africa (français) – maimounadiene@pan-afrique.org

Pesticide Action Network International (PAN) es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas participantes en más de 90 países que trabajan para sustituir el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas ecológicamente racionales y socialmente justas. PAN fue fundada en 1982 y cuenta con cinco Centros Regionales independientes y colaborativos que implementan sus proyectos y campañas. Se puede encontrar más información en http://pan-international.org.

PRONUNCIAMIENTO: La propuesta de decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y glifosato debe ser publicado en el DOF

Compartimos comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País – A 10 de diciembre de 2020

Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, celebran la propuesta de Decreto que prohíbe el maíz Genéticamente Modificado (GM) y el uso del herbicida glifosato, hacia 2024

–Organizaciones y ciudadanos (as) están a favor de la propuesta de Decreto publicado en CONAMER en beneficio de los maíces nativos, la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de México

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020

La organización ambientalista Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, celebramos la propuesta del decreto presidencial en el que se prohíbe el maíz transgénico en México y que marca la ruta para eliminar, hacia el 2024, el uso del glifosato en territorio nacional, y urgimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que firme y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Después de 21 años de una lucha conjunta entre Greenpeace México, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, así como numerosas organizaciones aliadas de campesinos (as), consumidores (as), académicos (as), investigadores (as), artistas e intelectuales, estamos cerca de lograr la prohibición de maíz Genéticamente Modificado (GM), también denominado transgénico y del uso del glifosato, que implican serias afectaciones a la salud humana y el medio ambiente.

El decreto publicado ayer en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), responde a la lucha que han dado muchas y muchos mexicanos durante los últimos 21 años, para defender nuestros maíces, pues México es considerado el centro de origen, de domesticación y de diversificación de por lo menos 64 razas de maíz, y de otras más de mil especies, entre ellos el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el cacao y el amaranto.

Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, así como muchas y muchos ciudadanos en todo el país, han denunciado que los transgénicos y su paquete tecnológico agrotóxico ocasionan severos daños a la salud humana y al medio ambiente, como demuestran numerosas investigaciones científicas realizadas con el debido rigor y evidencia.

Es preciso mencionar que en agricultura, el verdadero progreso son la revaloración del trabajo campesino e indígena, el desarrollo y mejoramiento de las técnicas agrícolas sustentables, la agricultura ecológica, la protección de la agrobiodiversidad, la conservación de la fertilidad del suelo, el desarrollo de modelos locales, basados en las variedades tradicionales y los agroecosistemas. En este sentido es indispensable transitar hacia la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional, para cumplir con los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentarias.

El tiempo de saldar la deuda histórica con campesinas y campesinos, con la diversidad genética en México llegó y celebramos que con esta propuesta de decreto presidencial se prohíba la siembra de maíz transgénico de inmediato y el glifosato de manera progresiva para 2024. Son pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad forjada en manos campesinas desde hace milenios, dándonos la oportunidad de transitar hacia un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable.

Mayor Información
Coordinación de Prensa de Greenpeace México con Juan Carlos Villarruel al correo
prensa.mx@greenpeace.org o al teléfono 5570514118
Campaña Nacional Sin maíz no hay país, Víctor Manuel Chima Ortíz al correo
cn.sinmaiznohaypais@gmail.com o al teléfono 55 8328 0254

Más información:

Boletín n° 13: A pesar de los obstáculos sigue la exigencia de Justicia Para Berta

Compartimos este boletín del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de diciembre de 2020

10 de diciembre 2020 (HERE in English)

  El lunes 23 de noviembre debió realizarse la Audiencia de Proposición de Pruebas en el juicio contra David Castillo, esta fue suspendida una vez más debido a un recurso interpuesto por la defensa. Con esto, suman ocho las suspensiones de las audiencias en este caso en los últimos tres meses. El recurso fue declarado inadmisible y se está a la espera de la convocatoria para reanudar la audiencia. 

   En esta etapa se presentarán las pruebas de la vinculación entre David Castillo,  los autores materiales e intelectuales, familia Atala Zablah, y las responsabilidades del Estado de Honduras en este crimen. Se dará a conocer el contexto en torno al crimen, las acciones que desencadenaron en los hechos del dos de marzo de 2016.

A pesar de las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de David Castillo, la lucha por la justicia para Berta no se detiene. Habrá juicio contra David Castillo y se deducirán sus responsabilidades y la de sus cómplices.

Hay pruebas claras en este caso, que no pueden ser desestimadas. La justicia debe actuar. 

 Foro Verdad, Justicia y Reparación.

  A dos años de la condena de los autores materiales, y a un año de su sentencia, la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, convocó el pasado 2 de diciembre al Foro Internacional  “Acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la Causa Berta Cáceres”. En este, participaron representantes de distintas organizaciones de la Misión  refiriéndose a la urgencia de justicia en los casos en torno al crimen de Berta, a la exclusión arbitraria del COPINH como acusador privado en el caso Fraude sobre el Gualcarque, además, de la importancia de la observación de estos casos hasta la investigación y juicio a la autoría intelectual.

  Las y los participantes hicieron énfasis en el carácter selectivo de la justicia en Honduras, que actúa con agilidad para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos como lo ha hecho en el caso de los defensores del río Guapinol, contra la inacción o los retrasos injustificados en casos de corrupción o de crímenes de lesa humanidad que sostienen la impunidad en Honduras.  “La condena de hace dos años no significó una ruptura de la estructura de impunidad. La comunidad Lenca fue dañada y perjudicada por este crimen, el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas” afirmó Joe Berra miembro de la Misión de Observación. 

Ver el video completo del foro aquí: https://cutt.ly/ShTDWXF

Unión Europea y Derechos Humanos en Honduras.

  Este miércoles 8 de diciembre se realizó el Foro “Violaciones de Derechos humanos en Honduras y el rol de la Unión Europea” coorganizado por miembros del Parlamento Europeo, la Red Eu-LAT y Friends of the Earth Europe, en el que participaron Miriam Miranda Coordinadora general de OFRANEH –, Berta Zúniga Coordinadora general del COPINH, Gabriela Sorto defensora del agua de la comunidad del Guapinol y el doctor Juan Almendarez  para dar sus testimonios respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra sus comunidades por la defensa de sus territorios. 

  Uno de los temas relevantes fue la denuncia por la inacción del Estado de Honduras ante la  búsqueda del pueblo garífuna de sus hermanos desaparecidos de manera forzosa por hombres con vestimenta de la Policía Nacional, el pasado 18 de Julio del 2020. A su vez, la situación actual en la búsqueda de justicia por el crimen de Berta Cáceres, la dilación del proceso en el caso contra David Castillo y la falta de investigación y enjuiciamiento a los autores intelectuales, la familia Atala Zablah. 

 Se hizo énfasis en el rol de los bancos europeos financiadores de empresas extractivas, entre ellos el Banco de Desarrollo holandés FMO, el banco finlandés Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que permitieron la imposición de manera ilegal e inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico, lo que terminó con muchas vidas y suscitó sistemáticos ataques contra la comunidad de Río Blanco. 

  El agua de los pueblos en Wall Street.

  El agua, bien común y sagrado para los pueblos del mundo, comenzó a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street. Es decir, un bien fundamental para la vida del planeta entra a la especulación del mercado financiero así como el petróleo, el trigo y otras llamadas materias primas que ya son bienes intercambiables por quienes pueden comprarlas y venderlas a su antojo. 

  Mientras los bancos financiadores de proyectos hidroeléctricos inyectan sus capitales para dar rienda suelta a la inversión de empresas productoras de energía, con la excusa del control de las inundaciones después del paso de los huracanes ETA y IOTA, las comunidades que viven en las riberas de la mayoría de las cuencas en Honduras se ven afectadas por las grandes sequías o inundaciones dañando sus cultivos, su fuente de alimento y su relación espiritual con el agua. 

   Pedro Arrojo, hoy relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, participó en la observación internacional en el primer juicio por la autoría material del crimen de Berta Cáceres, a su vez, en varias ocasiones ha exhortado al gobierno de Honduras a abrir la investigación hacia la autoría intelectual, los financiadores del asesinato por su lucha por la defensa de los ríos y la vida.  “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, de repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado” expresó el relator de la ONU ayer en El País. 

“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca” dijo Berta Cáceres en su discurso al recibir el premio ambiental Goldman, pues la defensa del agua y la vida en los territorios, fue una de las luchas más grandes y constantes que dio junto al COPINH, lucha por la cual fue asesinada.Boletin-13Descarga

Imagen: COPINH

Más información:

Comunidades tzeltales reiteran su rechazo a megaproyecto carretero en Chiapas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia a megaproyectos en Chiapas – A 8 de diciembre de 2020

Por Sare Frabes

El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.

En contexto ⇒ Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.

Integrantes del Modevite presentes en la asamblea en Cancuc. También sumaron su voz al rechazo del mega proyecto carretero.
El presidente municipal de Cancuc aprovechó su intervención para hablar de la “derrama económica” que traerá la construcción de la obra carretera.

Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.

Leer también ⇒ Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

A continuación, el mensaje de las comunidades indígenas ante la sordera del estado y su interés para imponer megaproyectos de despojo.

https://archive.org/details/no-carretera-culturas

Imagen: AvispaMidia

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Video: Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2020

Este viernes 27 de noviembre en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato se entregaó el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

Les compartimos un vídeo del premio, para que puedan revivir la entrega del II Premio Mariano Abarca

Discurso de las Mujeres del FPDS al recibir Premio a la Defensa Ambiental

Discurso del Frente Popular en Defensa del Soconusco al recibir el Premio Mariano Abarca

https://youtu.be/ajMCCOlRoqM

Más información:

En la Prensa:

Durango: Tribunal Federal Declara Nulidad de Proyecto Chemours Laguna

Compartimos este boletín de prensa del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados REMA por la Minería – A 8 de diciembre de 2020

Tribunal Federal declara la nulidad del Proyecto Chemours Laguna

Luego de más de tres años de un sinuoso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.

El Proyecto de la empresa ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año para abastecer a la industria minera mexicana. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción, frente a comunidad de “El Siete Pueblo Nuevo” del municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango, podría afectar los ecosistemas circundantes, poner en riesgo a las poblaciones vecinas y a la Comarca Lagunera en su conjunto.

El 2 de marzo del 2017, luego de no ser bienvenidos en el municipio de Salamanca en Guanajuato y mientras aún intentaban obtener la autorización para su proyecto “Chemours San Luis”, en el municipio de San Luis de la Paz, también en Guanajuato y donde tampoco fueron bienvenidos, The Chemours Company presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la solicitud de autorización para la realización de las obras y las actividades contempladas en su Proyecto “Chemours Laguna”.

Ha sido y es nuestra opinión, sin embargo, que la autorización de fecha 8 de mayo de 2017, contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273, nunca debió concederse ya que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene múltiples irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) pues presenta información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos y a las fuentes consultadas, así como a los riesgos a la salud pública.

Por ello, el 22 de agosto del 2017, un grupo de ciudadanas y ciudadanos que resultarían afectados por el Proyecto “Chemours Laguna” acudieron ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la autorización, ya que al incumplir con lo que establece la LGEEPA y con diversos instrumentos de política ambiental que la misma ley regula, la autorización viola el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales en los que el Estado mexicano es Parte.

Para arribar a su determinación, al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le fue suficiente el análisis de sólo uno de los diez conceptos de impugnación consignados en la demanda, consistente en la ausencia de información sobre la denominada “Terminal” en la que sería recibido, descargado y almacenado el amoníaco que se utiliza como insumo para la producción del cianuro.

De acuerdo con la sentencia, el concepto de impugnación analizado resultó fundado toda vez que la falta de información impidió que la autoridad realizará una valoración de riesgo basada en datos apegados a la realidad y que se tomarán las medidas necesarias evitar daños ambientales.

En virtud de lo anterior, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró procedente declarar la nulidad de la resolución de la SEMARNAT que autoriza el Proyecto Chemours Laguna para el efecto de que la autoridad le solicite a la empresa las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones necesarias para conocer el impacto ambiental real que generará su proyecto y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que la analice, evalúe y determine si concede o no la autorización del Proyecto.

En esencia, esta resolución nos devuelve a marzo del 2017 y coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en una mejor posición para combatir, desde el inicio, al Proyecto Chemours Laguna.

8 de diciembre del 2020, Goméz Palacio, Durango

!FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS¡

Firma

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Acción Colectiva Socioambiental

Más información en:Correo electrónico: informacionacolectiva@gmail,com Tfno. 4772755124

Imagen: Verónica Salinas – Diario El Sol de la Laguna

El Tren Maya deja estela de «daños colaterales» a su paso

Compartimos este artículo publicado en Chiapas Paralelo sobre el Tren Maya – A 30 de noviembre de 2020

La construcción del Tren Maya va dejando una estela a su paso: “daños colaterales” que impactan vidas y comunidades. Desde caminos de paso que ya no van a existir, flora y fauna que perderá su sitio y su equilibrio; casas derrumbadas, poblados divididos, “indemnizaciones” cuestionables, incertidumbre; afectaciones que van sumando

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

PALENQUE, CHIAPAS. El “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya. Esas palabras van dejando una estela a su paso.

Para Maria Antonia Vázquez y su esposo, dos ancianos de más de 60 años, esas palabras significaron no solo que las tuberías de agua que abastecen su casa quedaron colapsadas cuando una máquina excavadora las rompió, y que ahora montones de tierra dificultan la salida de su vivienda ubicada en el Ejido Guadalupe, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de  Palenque.

Esas palabras significaron también que la pared principal de su vivienda va a ser derribada, que van a perder una parte de su cocina, que el baño y la fosa séptica desaparecerán. Porque, técnicamente, la vivienda que habitan desde hace más de dos décadas, quedaron dentro del “derecho de vía” del tren, un derecho que pasa sobre sus propios derechos.

Ahora, cuenta Maria Antonia, no duermen pensando que “el dinero que el ingeniero dijo nos iban a pagar para poder construir nuestra casa en otro lugar no ha llegado. Y en cualquier momento las máquinas pueden pasar y tirarnos todo esto”.

La anciana y su esposo no cuentan con ningún documento que les permita tener certeza que van a ser indemnizados, porque en estos lugares el Despacho Barrientos y Asociados, -empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para “liberar el derecho de vía”, mediante la adquisición o desocupación de los terrenos que se requieren para las obras del Tren Maya, solo ha hecho acuerdos “de palabra”. Y quienes sí han firmado algún acuerdo indemnizatorio no han recibido comprobante alguno.  

Desde junio pasado en el que iniciaron las obras, María Antonia y sus vecinos se levantan con la misma incertidumbre, escuchando como máquinas excavadoras van derribando árboles y cualquier obstáculo de lo que el gobierno de México presenta como un proyecto que “va a detonar el crecimiento económico y desarrollo social”.

Para Gregori Mendoza Mendoza, un indígena de la etnia cho´ol, el “derecho de vía” no sólo le quitó algunos metros del lugar donde se ubica su vivienda. Ahora él y su familia podrían perder su casa completa, porque una parte del ejido quedará en un extremo de donde se espera pase el Tren Maya, a una velocidad de 160 kilómetros por hora. 

Esto implica que para que los pobladores puedan cruzar de un lado a otro, se construiría un puente a desnivel, que pasaría justo donde está su casa.

“El ingeniero nos enseñó un plano, dijo que el puente pasará 18 metros dentro del terreno donde está mi casa. Después de eso no nos han dicho nada más, no nos han explicado nada, pero mi familia y yo ya no estamos en paz”, explica mientras afuera de su casa se estacionan excavadoras y camiones que van sacando miles de toneladas de tierra. 

Lo que sucede con Gregori Mendoza y su familia son lo que las autoridades llaman “daños colaterales”, de los que no habla claramente en esta obra.

Los mismos daños serán para miles de campesinos y propietarios de ganado, porque al levantar cercas o muros a lo largo de la ruta del tren, quedarán cortados los caminos de tránsito de los animales que les dan sustento.

Homero Cambrano, de la Ranchería San Marcos, recuerda que él fue una de las personas que tomó a bien el proyecto del Tren Maya. “Yo les decía que esto iba a ser para bien de la comunidad, pero ahora ya no pienso lo mismo”.

“Ahorita quieren que nosotros busquemos caminos alternos, porque va a pasar el Tren Maya, ya se metieron con las obras y nos cortaron los pasos. Si no tenemos paso para movilizar ganado, hay que recorrer al menos kilómetro y medio para cruzarlo de un corral a otro”.

También, explica que estos “cortes de los pasos” afectan a “armadillos, monos, iguanas, y hasta las culebras” que tenían su hábitat establecido. “¿Pensará esta gente que también los animales van a cruzar por los puentes?”, se cuestiona.

La señora María Antonia Vázquez y su esposo en su hogar ubicado en el Ejido Guadalupe / Foto: Ángeles Mariscal

El precio de la tierra

José Luis León es el coordinador del proyecto del Tramo 1 del Tren Maya; él es encargado del Despacho Barrientos y Asociados para “liberar el derecho de vía”, que va de Palenque a Escárcega-Campeche. En la zona lo conocen como “el ingeniero”.

Para él, las obras van avanzando “conforme a derecho (…) prácticamente sin ningún obstáculo, sin mayor contratiempo”. Es el encargado de negociar con los habitantes de los ejidos Guadalupe, Chakamax, Estrella de Belén y El Jibarito en Chiapas; y con alrededor de 200 propietarios en este mismo estado. 

También con los ejidos Pénjamo, Reforma Independencia, Tenosique 3ª Sección, El Águila, El Último Esfuerzo y Barí, en Tabasco; y El Naranjito, Candelaria, Pejelarto, entre otros de Campeche. 

Su percepción sobre el proceso que encabeza, es distinta a la de los ejidatarios de Guadalupe. Los ejidatarios, por ejemplo, calculan que por esta obra perderán unas 10 hectáreas de sus tierras, y que el metro cuadrado de esta tierra vale unos 200 pesos. Por tanto, piden, además de reparar los “daños colaterales”, una indemnización justa por la pérdida de esos terrenos.

El tono de las negociaciones que encabeza, se puso sobre la mesa en la asamblea ejidal del pasado 22 de noviembre. Ahí, Doris Ethel de Atocha Cámara Sánchez, quien se presenta como “la encargada de darle seguimiento a la parte social” por parte de FONATUR, les dijo a los campesinos que no tienen ningún derecho sobre esta tierra, porque las vías del tren se construyeron antes que el poblado quedará registrado ante el Registro Agrario, y que cualquier pago que se les de es ante todo un acto de consideración.

“Primero fue Ferrocarriles (en llegar a la zona hace más de 40 años), mientras que su poblado fue registrado legalmente hasta 1996. Entonces, no se tendría porque indemnizar el ejido; pero, porque el presidente hizo una promesa al sureste, de apoyar para que salieran del rezago, se va a dar este apoyo al ejido”, les dijo durante la reunión.

El “apoyo” al ejido, explicó, es que sólo se va a reconocer una afectación por las obras del Tren maya, de poco más de 3 hectáreas, cuyo valor oficial asignado es de 12 pesos el metro cuadrado, “pero, por ser una situación especial, se les pagará a 32 pesos el metro cuadrado”, explicaron los funcionarios del Fonatur y del Despacho Barrientos y Asociados.

José Luis León, justifica el avalúo que hacen de esta tierra ubicada en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, señalando que el precio se da “en base a un avalúo que entregó Fonatur, y que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Los valores no los ponemos nosotros, lo hizo un especialista en la materia, no podemos hacer pagos que no estén avalados por la institución encargada. Son avalúos comerciales, porque aquí hay terrenos que valen 8 pesos el metro cuadrado”.

Ángel Palomeque de la Cruz, uno de los ejidatarios que también perdió parte de su vivienda por este proyecto, explica por qué el avalúo que tienen sobre sus terrenos, es injusto: “aquí, a 500 metros del ejido, el precio al que podemos adquirir un nuevo solar de 200 metros cuadrados, es de 80 mil a 100 pesos; es decir, cada metro cuadrado vale 400 pesos. ¿Por qué entonces a nosotros nos lo quieren pagar a 12 pesos, o a 32 pesos? ¿Acaso valemos menos? ¿Con ese dinero qué vamos a poder comprar?”, se pregunta.

Habitantes de la colonia Los Olvidados protestan con una manta contra el desplazamiento forzado que provocará el Tren Maya / Foto: Ángeles Mariscal

La incertidumbre

Los habitantes del ejido Guadalupe no son los únicos que en estos primeros kilómetros, han cuestionado el impacto que va dejando el Tren Maya.  Sólo en la puerta de entrada del primer tramo, entre el kilómetro cero y seis, se ubica el Barrio Los Olvidados, que según el diagnóstico del portal MarketDataMéxico Inteligencia Comercial, “tiene un output económico estimado en 260 millones anuales”.

“Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 800 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 3,000. En la colonia Barrio Los Olvidados se registran unos 150 establecimientos comerciales en operación”, se detalla en la página web.

En una parte de este barrio se ubicará la primera estación del Tren Maya, y un número importante de familias deberán salir de ahí. Hasta el momento no tienen certeza de quiénes, la información no ha sido clara ni transparente para ellos. José Luis León está consciente de ello. 

“La gente tiene la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos. El gobierno federal está haciendo el diagnóstico para poderles dar una alternativa de solución, llámese reubicación o llámese de alguna otra manera. Hay ahí personas que tienen casas, otras de madera o lámina…”. Explica que, por ahora, las obras ahí no han iniciado.

Sin embargo, los pobladores del Barrio Los Olvidados que se encuentran “el derecho de vía”, ya se vislumbraron como población desplazada, y han pedido insistentemente ser escuchados.

“Señor presidente AMLO, somos familias vulnerables y nos vimos en la necesidad de vivir en derecho de vía. Pedimos ser escuchados por usted, FONATUR es prepotencia e intimidación para echarnos”, explican en una lona que van desplegando en los eventos donde se congregan funcionarios públicos.

También piden ser escuchados los transportistas propietarios de camiones de carga de Palenque. Ellos, aseguran que una de las promesas del gobierno federal era darles trabajo desde el inicio de las obras, una promesa que no se ha concretado.

Elin Ramírez Betancur, representante de los camioneros, detalla que la mano de obra local ha sido ignorada, y las empresas que ganaron la licitación, han contratado a personas de otros estados. 

Para contratar a los palencanos, explica, les impusieron su afiliación al sindicato CATEM, y establecieron el costo de su servicio en más del 70 por ciento menos que el precio comercial. Elin detalla que el pago por un flete de carga de material está valuado a en 2 mil 700 pesos, “y a nosotros nos lo quieren dar en 800 pesos”. 

“Prácticamente el gobierno nos dejó en manos de la empresa Mota-Engil -quien obtuvo la licitación para la construcción de las obras del primer tramo-, y las autoridades no han querido escucharnos”, lamenta.

Las obras del Tren Maya en esta región iniciaron en junio pasado, en medio de la etapa más fuerte de la pandemia; a sólo cinco meses los impactos e inconformidad en las comunidades se van sumando. 

Aún cuando apenas el 26 de noviembre pasado, el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, insistió durante una conferencia con estudiantes, la versión de que “el Tren Maya generará nuevos escenarios de desarrollo (…) permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes”. 

No hay coincidencia en esto. Lo que sucede entre quienes habitan los primeros kilómetros de la obra, es prueba de ello.

El pasado 20 de noviembre, se dio a conocer públicamente una carta de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada al gobierno de México.

En ella señalan una serie de violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya.

Imagen: Ángeles Mariscal

Más información:

Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe: violaciones a la soberanía popular

Compartimos este material de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 18 de noviembre de 2020

Desacargue aquí el Mapeo completo en PDF

Es imposible entender las configuraciones del sistema capitalista de los últimos años sin considerar el rol que cumplen las Empresas Transnacionales (ETN) en el proceso de acumulación de capital. Las ETN son actores centrales que lideran los procesos de expansión del capital, tanto a nivel territorial, como en todas las esferas de la vida en sociedad. Las políticas de liberalización del comercio y las inversiones, que incluyen nuevas normas en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, así como los regímenes de solución de controversias incorporados en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, han sido diseñados para promover y proteger los intereses de las ETN. Por ello, es necesario entender cómo opera la arquitectura de la impunidad que las beneficia y permite que no tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos, ambientales y de los pueblos, para comprender cómo imponen la primacía de sus intereses, por ejemplo a través de agendas políticas y comerciales.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) mapeó a lo largo de la región distintos casos en los que las ETN intentaron -o lograron- imponer sus intereses generando y/o exacerbando las crisis sistémicas, violando o vulnerando los derechos de los pueblos, destruyendo los territorios y medios de sustento.

Este trabajo se confeccionó con casos propuestos por los grupos miembro de ATALC, que denuncian el accionar y las violaciones de derechos perpetradas por las ETN, a partir de sus experiencias de lucha territorial y en defensa de los derechos de los pueblos. Los casos son mencionados en el segundo capítulo del informe, donde se caracterizan los distintos sectores en los que operan las ETN, y serán desarrollados en una serie de podcast producidos por Radio Mundo Real.

El mapeo no pretende ser exhaustivo, pero sí brindar una caracterización fundamentada sobre el papel y la actuación de las ETN en la región y la ofensiva que ejercen en los territorios y sociedades contra los derechos de las clases populares, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las mujeres. A la vez, se describen los esfuerzos por parte de los pueblos afectados por rechazar y resistir las imposiciones corporativas.

Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y Afectados por las Represas en la comunidad de Temacapulín, Jalisco

#RíosParaLaVida Hace 10 0años la comunidad de #Temacapulín#Jalisco fue anfitriona del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs, recibió a comunidades de 54 países que defienden su ríos, el agua, ddhh y territorios de megaproyectos extractivos. #10AñosDespués la comunidades permanecen es su territorio, la Presa #ElZapotillo está suspendida y su #RíoVerde continúa fluyendo libre

Con mucha alegría les invitamos en coordinación con el Movimiento Mundial en defensa de los Ríos, a La Jornada de Celebración y Acción: Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo, no se lo pierdan, el programa esta buenísimo y los invitadxs de lujo

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Agua y Energía, No son Mercancía!

7, 8 y 9 de diciembre
11 a 14 hrs. (Hora CDMX)
A través de FB Live de las organizaciones convocantes

Programa de la Jornada Ríos para la Vida

Morelos: La Minera Canadiense Alamos Gold, El mismo modelo de siempre

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de diciembre de 2020

Una reciente nota periodística que forma parte de la campaña publicitaria de la empresa canadiense Alamos Gold anuncia que la “inversión minera” en Tetlama sigue vigente(https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vigente-la-inversion-minera-en-tetlama-6075356.html). Como bien se sabe, las empresas de minería depredadora utilizan la desinformaciónpara imponer sus proyectos de despojo, a menudo con el apoyo de “periodistas” bajo pago,como elemento clave para encubrir sus intereses económicos disfrazándolos de una supuesta “preocupación por el bienestar de las comunidades”.

Tampoco es raro que las empresas extractivistasutilicen personal que trabajó en instituciones públicas para aprovechar lo que aprendieron trabajando enel gobierno, a fin de incorporar a sus estrategias de manipulación el conocimiento de cómo operan las dependencias oficiales, en una conocida maniobraque se llamaen todo el mundo“la puerta giratoria”, donde un día el empleado está en el gobierno y al otro día se pasa a la iniciativa privada que le paga mejor para vender el conocimiento que adquirió como “funcionario público”.

Como muchas otras empresas de su tipo, Alamos Gold y los empleados mexicanos al servicio de sus intereses, que son siempre ajenos al bienestar de las comunidades, se presentan como damas de la caridad que llegan a salvar de la miseria a los pobres campesinos, cuando es la propiamiseria moral de esas empresas y sus empleados la que queda de manifiesto. Como en tantas otras cosas, laspromesas vienen primero y al cabo de unos cuantos años llega el abandono, la enfermedad y la muerte, pero para entonces los saqueadores y sus sirvientes nacionales se habrán ido.

Ninguna de esas personas se queda a vivir en los desiertos que dejan a su paso. Hay que ir no lejos, por ejemplo,a Carrizalillo en Guerrero, para ver ese futuro y no creer esas mentiras pagadas porla empresa. ¿O irán esos empresarios y sus sirvientesa establecerse con su familia en una residencia edificada al fondo de alguno de los cráteres de muerte que dejan, para dar de beber a sus hijos el agua ácida y contaminada, paradarles a respirar el aire que ensucian con diminutas partículas de metales pesados, que son el verdadero pago que entregan a las comunidades, y eso por no contar la estela de conflictos internos, de violencia, de sufrimiento y desesperanza que estas empresas construyen, mientras construyen al mismotiempo sus patios de lixiviados y amontonan sus nuevos cerros de desechostóxicos?

Y así, les queda de maravilla que falte agua en las comunidades, que no exista suficiente cobertura médica,ni educativa, o que otros muchos servicios públicos sean escasos o nulos, porque esas deficiencias gubernamentales serán usadas para engatusar a las poblaciones, tal como hacen a menudo los partidos políticos. Ahora resulta que la empresase muestra muy preocupada por limpiar un pozo de agua de Tetlama, y sí, porque está siempre preocupada por el oro y los otros mineralesde los que ya calculó la ganancia, preocupada por el precio internacional de las onzas del oroque pretende extraer del subsuelo de nuestra patria, minerales que no verán jamás los habitantes deTetlama y de otras numerosas comunidades, lasque viven con la amenaza de los efectos del despojo que se anuncia como “beneficio”.

Alamos Gold casi estáexigiendo el Premio Nobel de la Paz por su caridad. Anuncia que “entre los trabajos que se mantienen están los de vinculación y apoyos a la comunidad a través del trabajo social con grupos específicos”, y claro, siempre con la mira puesta en“la neta”: los miles de millones de pesos que pretende obtener de la miseria de nuestro campesinado, de modo que encuentra que la Covid-19 le queda “como anillo al dedo”. Y por eso promete “mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, contribuyendo con ello a la recuperación económica del estado”. Como si el despojo recuperara la economía de los territorios. La lengua es tan larga como la desvergüeza.

Es cosa de pasear un poco, de hacer una gira tóxica por los lugares a dondeestas empresas llegan, despojan y luego se van forradas de billetes: vamos a la mina de Mulatos, en Sonora, donde Alamos Gold expulsó a los pobladores con las mismas ofertas, con empleos precarios y temporales en los niveles salariales más bajos. O platiquemos en Guerrero con los padres de familia que han recibido dinero por rentar unas tierras que ahora son agujeroscontaminados, y quienes con ese dinero no recuperarán jamás su salud, ni se quitarán de encima el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas que las empresas brindarán con los añosgenerosamente, como parte de sus apoyos y su vinculación.

La canadiense AlamosGold a través de su empresa “Esperanza Silver”, así como sus sirvientes nacionales, en efecto,tienen mucha esperanza en sacar el “gold” y el “silver”de nuestro subsuelo. Para eso están las migajas que ofrecen. Es decir, el cebo de la trampa, la carnada para esconder el anzuelo: esas migajasse llaman “personal técnico”, “equipo especializado”, “transformador de energía eléctrica”, “campañas de apoyo directo a la población”, “dotación de apoyos visuales”, “becas para estudiantes”.

Vaya, la empresa, llena de misericordia, con esos tremendos gestos de desprendimiento, de caridad, está copiando a los políticos en campaña, y de paso usurpando las funciones del gobierno del estado y sus dependencias, con verdades a medias, porque sí tienen personal técnico y equipo especializado, lo tenemos que reconocer, pero para presionar a funcionarios, comprar a la prensa y dividir a las comunidades, y sí transforman la energía positiva en negativa, y sí tienen campañas, pero de apoyo directo a sus planes de despojo, y sí dotan de apoyospara problemas visuales, pero no para ver, sino para no ver.

Y por si faltara lengua, el servicial vocero técnico del despojo declaraal reportero que se consiguió: “esta labor de apoyo a la comunidad forma parte de un modelo empresarial que tiene sus bases en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, en donde nuestras prioridades son el trabajo con la comunidad y el respeto al medioambiente”. Al parecer el empleado no entiende lo que dice, ni el reportero tampocoentendió el mensaje, no: la prioridad es otra, porque ese modelito es la mismagata pero revolcada, puesde acuerdo con “los parámetros trazados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”que llenan laboca del muy entendido vocero del despojo, para llegar efectivamente en la agenda al recalentado 2030, el modelo se llama,por sus siglas,oficialmente,MEI-SAD-DCE, es decir, Modelo Extractivo Intensivo, Social y Ambientalmente Depredador, cuyas prioridades son el Despojo de la Comunidad y el Ecocidio.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: El Universal

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Cascos de Plata 2020 Grupo México y sus premios a la ignominia

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de noviembre de 2020

Según la CAMIMEX, el grupo mexicano (GM) obtiene “Cascos de Plata, que son reconocimientos al trabajo diario de empresas y trabajadores a favor de la seguridad dentro de una operación minera” según la nota se afirma que “…….es el resultado del enorme valor de la cultura de la seguridad, el trabajo en equipo y la alta responsabilidad de velar por todos los trabajadores en todo momento a partir de buenas prácticas de responsabilidad” htpps//www.opportimes.com/grupo-mexico-premios-cascos-de-plata-2020/

Es una vergüenza que esta empresa, catalogadas como una de las más violentas y sanguinarias del mundo, sea venerada como un ejemplo a seguir. En lugar de “Cascos de Plata”, deberían las autoridades deslindar las responsabilidades penales a quien ha sido señalado reiteradamente multihomicida, al Sr. German Larrea Mota Velasco. Son múltiples los casos en que el empresario galardonado ha ocasionado tanto daño social y ambiental, tanto en México como en otras partes del mundo, donde las violaciones a los derechos humanos han sido documentadas, asi como los desastres ambientales ya irreversibles.

El gobierno de la 4T sigue mostrando su incapacidad para evitar las gigantescas brechas de impunidad que este empresario y sus mineras, así como otros casos en el país a los cuales el Presidente a prometido proteger y velar por sus derechos humanos, por el agua, por el medio ambiente, por el bienestar de los pueblos.

Los empresarios mineros han hecho de la violación a los derechos humanos y ambientales sus usos y costumbres, un deporte nacional que deja perpleja a la sociedad mexicana frente a las indiferencias que les otorga el Poder Ejecutivo, la impunidad que le otorga el Poder Judicial, y los aplausos del Poder Legislativo.

Mientras que los pueblos viven en la zozobra, en la inseguridad, en la violencia de sus territorios legítimos y legales, en la violencia del moderno extractivo minero, sin dormir y en condiciones de vida indigna, el minero Sr. Larrea es festejado con un supuesto premio para conciliar su sueño.

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERIA

Imagen: Tomada de internet – Sindicato Nacional Minero

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