Era de desafíos: priorizar la protección de la vida en tiempos de un gobierno de muerte
Compartimos este informe de Amigos de la Tierra ATI sobre las constantes amenazas en la Amazonía brasileña – A 6 de julio de 2020
“Una tierra quemada es una tierra prácticamente vacante, que no tiene nada. Ahí surge la especulación. Porque la tierra con bosque puede tornarse un área de preservación, pero quemada se vuelve limpia, propicia para la llegada de más gente”.
Así explica el campesino Sávio Freitas Araújo, alumno de la Casa Familiar Rural de Santarém, estado de Pará, las razones de los incendios en la Amazonía, para un video que es parte de una investigación periodística que acaba de presentar Amigos de la Tierra Brasil. Se titula “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”.
Esa selva brasileña está militarizada. Y en el mismo camino avanzan las instituciones estatales que deben velar por su preservación. ¿El objetivo? Limpiar el terreno para que el ingreso de capitales del agronegocio, de las hidroeléctricas, las madereras y la minería de gran escala, sea aún más alevoso. Comunidades negras, campesinas, indígenas, quilombolas, entre otras, son expulsadas en el proceso y no pocas veces pagan con sus vidas la resistencia.
La Amazonía brasileña sorprendió al mundo en 2019: de enero a agosto de ese año, tuvo un 34% más de brotes de fuego, un 55% más de deforestación y un 11% más de lluvia, en comparación con el mismo período de los tres años anteriores. El agronegocio arrasó.
La militarización de la Amazonía no tiene nada de sorpresivo en un gobierno militarista como el de Jair Bolsonaro, plagado de demostraciones de respaldo al capital, odio de clase, racismo y misoginia. Es la lógica de un modelo de desarrollo que elimina las formas de vida tradicionales e impone la lógica capitalista.
“El único papel que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas sería el de apoyar a las instituciones de protección en la Amazonía. Darles apoyo táctico, operativo y logístico a los agentes de inspección. Siempre subordinados a los técnicos”,
dice Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil.
Esa organización alerta que actualmente los Comandos Militares del Norte y el Amazonas se niegan a proporcionar ese tipo de apoyo. Además, agrega que en abril, el gobierno despidió a varios de los funcionarios de carrera dedicados a la fiscalización ambiental en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), luego que el organismo realizara una operación para combatir la minería ilegal y prevenir la propagación del coronavirus. La administración Bolsonaro nombró en lugar de los cesados a ex policías militares de la violenta tropa de elite de la policía militar del estado de Sao Paulo conocida como “Rota”.
Con el respaldo del aparato militar, los diversos capitales avanzan desenfrenados. El caso del agronegocio es paradigmático.
“Cerca de Santarém, los campos de soja se extienden hasta perderse en el horizonte. Las escuelas están rodeadas de plantaciones, en las cuales la manipulación de agrotóxicos ni siquiera respeta el horario de clases”,
expresa el reportaje de Amigos de la Tierra Brasil.
“Las personas terminan vendiendo sus tierras debido a la falta de trabajo y van a buscar mejores oportunidades a las ciudades. Esto ha sucedido mucho aquí”,
cuenta la productora rural Dorilene Pereira de Lima.
Organizaciones y movimientos sociales brasileños denuncian desde hace décadas los procesos de “grilagem” de tierras en varias partes de Brasil. Se trata de una antigua (y siempre actual) práctica del capital de envejecimiento y deterioro de documentos falsos (con grillos que mastican los papeles), para presentarlos como títulos de propiedad de tierras antiguos y así hacerse de determinadas áreas. Según el nuevo trabajo de Amigos de la Tierra Brasil, la “grilagem” es también una de las prácticas preferidas del agronegocio en la Amazonía, para avanzar con el acaparamiento de tierras.
En los hechos, esto se traduce en familias de agricultores/as familiares perseguidas judicialmente, expulsadas de las tierras en que se han asentado durante varias generaciones. El aparato estatal, que no es eficiente para regularizar la posesión de tierras de las familias que tradicionalmente las han habitado, es muy ágil a la hora de desalojarlas. Y no faltan las veces que tiene “ayuda” de grupos armados, pagados por los empresarios, que atacan y expulsan a los/as pobladores/as de esos campos.
“Desde mi punto de vista el Estado es el gran responsable de los conflictos que existen hoy en el campo, la ausencia del Estado. Porque cuando el Estado no lleva la política pública al campo, deja a las familias vulnerables. Y los padres de familia, sin una escuela secundaria allí, electricidad, agua corriente ni carreteras transitables, tienen que dejar las tierras e irse a la ciudad”,
considera el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores/as Rurales de Alenquer (Pará), João Gomes da Costa.
En mayo de 2019, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), que asesora a la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, alertó: es central el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad, para enfrentar la actual amenaza de un colapso ecológico mundial y la extinción masiva de especies.
“Continuaremos las articulaciones con los grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo, apelamos a la solidaridad internacionalista, y a fortalecer nuestras acciones locales y alianzas con los movimientos campesinos, indígenas, feministas, sindicales, que tienen un proyecto político similar al nuestro. La verdadera defensa de la Amazonía pasa por un cambio radical del sistema, para colocar la vida en el centro de la economía y la política. El cambio de sistema tendrá lugar en la lucha de clases y en la construcción del poder popular, para lograr la soberanía y autodeterminación de los pueblos”,
cierra Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil.
Imágenes de Carol Ferraz, Amigos de la Tierra Brasil.
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