Justicia para Samir Flores Soberanes

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.

En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.

Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.

¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!

¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!

Firma

Otros Mundos Chiapas

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Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell

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[Nota] Comunidades de Calakmul ganan amparo contra Tren Maya

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020

El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un juicio que podría tomar meses

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro 

Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.

El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión.

Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.

Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los representantes ejidales.

“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee: ‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica, nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”, dice al respecto Romel González. 

“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte, pues obviamente es una consulta a modo”, añade.

Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal, se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura, podría llevar meses.

El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

Niega Fonatur notificación de amparo

Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia de otros amparos.

En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas que los hayan sustentado. 

El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su gobierno la dejaría inconclusa. 

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces. 

El amparo afecta todo el proyecto

“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”, explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de todo el proyecto. 

“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica. 

Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.

Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en 1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista, que es por donde podría pasar el tren. 

El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.

“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a ver, así para qué queremos un tren”.

Xpujil, un pueblo olvidado

Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.

Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas, sino a veces también de médicos”, revela Romel. 

Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.

Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

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[Nota] Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya

Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019

El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Por Jesús Vázquez

Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.

“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.

El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.

“Lo último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan. Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a llegar el tren”, detalló.

Desde entonces, no ha habido más acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6 hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.

“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.

En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya, pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria, aseguró.

El esquema de incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.

Este modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar, refirió.

La cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos.

A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).

A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos extractivos y turísticos.

Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió».

Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.

A continuación la carta completa:

Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que nunca presente.

Samir,

Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos, asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la guardia nacional.

Todo por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del despojo disfrazado de progreso.

Te agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.

En este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban creando.

Así hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el CNI.

Y es que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e internacional están creciendo en todos los rincones de México y el mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen organizado.

Y todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora, dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México.

Samir, los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba, a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos.

Por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los megaproyectos para la vida y la madre tierra.

Este 20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya conoces por allá, porque se va poner bueno.

Samir Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue

Alto a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos

Cancelación del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto

Ni una gota a la termoeléctrica

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Firma:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Desinformémonos

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Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020

  • Superan 677 millones de pesos
  • Son al menos 40 con seis empresas

Dora Villanueva   Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 13

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Imagen: Noticias Veracruz

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[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

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[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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