Abejas de Acteal rechazan construcción de más represas

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el pronunciamiento de la Sociedad Las Abejas de Acteal en el marco de 14 de marzo Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, este 14 de marzo de 2021, realizó una acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Señalaron que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno federal y estatal solo quieren represas para su propio beneficio económico, sin importar las consecuencias que sufren las comunidades, pueblos y pobres.

Ven cada vez más cerca la destrucción de la vida, cerros, manantiales, diversidad de plantas y animales, y salud de las personas, por ello, se detuvieron a pensar que es lo que está pasando y que pueden para detener la muerte de la tierra.

Señalaron que, más gente en sus comunidades viven del gobierno quien de esta manera los compra, divide y acostumbra a vivir del dinero regalado y no de la tierra que trabajan de manera autónoma, además, cuando cerquen las tierras de quienes reciben los apoyos no podrán “morder la mano del amo” que les dio de comer.

De ese modo, la gente en el poder no le será difícil quitarles las tierras para hacer sus proyectos, mencionaron que, el primer paso fue permitir en el gobierno de Salinas de Gortari que la tierra se pudiera vender, después Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética en la que buscó modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos.

Ahora la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por Andrés Manuel López Obrador, donde ya no tendrá que preguntarles, sino que los obligará a venderles por unos pesos sus tierras, si en ellas encuentran gas, carbono, petróleo, y otros minerales como el litio que ayuda a almacenar energía en baterías.

Si quieren usar nuestras tierras o ríos para generar energía eléctrica, no nos preguntaran, si nos negamos legalmente tendrán derecho de despojarnos con la fuerza de sus policías, ejércitos y guardias nacionales, del mismo modo para el caso Acteal ante estas violaciones a los derechos que tenemos los pueblos originarios ya solo nos quedaran las instancias internacionales para exigir el respeto a los convenios y declaraciones universales de derechos de los pueblos originarios donde se reconoce que el territorio es nuestro, dijo la Asociación Civil.

Aunado a ello, el respeto a sus decisiones sobre las tierras que protegen y de dejarlos vivir tranquilos, por ello, siguen en la resistencia contra el despojo, privatización y la instalación de “jugosos negocios” que las compañías nacionales quieren hacer.

Mencionaron que, no aceptaran los miles de pesos que reciben sus vecinos con los programas del gobierno a cambio de ser leales a los partidos políticos y dejaran de hablar sobre cómo engañan a los pueblos originarios para exprimirlos y despojarlos.

Además, siguen en la luchando como Sociedad Civil contra las altas tarifas de la luz, donde el gobierno “cobra tan caro a los pobres, pero regala a los ricos empresarios”, es así como decidieron que hasta que no haya justicia verdadera por la Masacre de Acteal no pagaran la luz.

Denunciaron que, todos los proyectos de ampliación de luz que está dando el gobierno son para dividirlos y poder cobrarle más dinero a la gente instalando medidores digitales que pueden manipular.

Llamamos a toda la gente de buena voluntad que nos unamos a la resistencia y no permitamos que nos sigan engañando y hagamos que nos respeten, porque la tierra es de los pueblos originarios, el gobierno no tiene por qué quitárnosla para hacer autopistas, vías del tren, gasoductos, presas hidroeléctricas, pozos de extracción de gas o petróleo, termoeléctricas, campos de molino de vientos, instalaciones de paneles solares, minas que solo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras que las construyen y las aprovechan, dijo la Sociedad Civil.

Exigieron justicia por los asesinatos de las y los que fueron reprimidos por participar en organizaciones que defienden a ríos y lucharon para que no se instalaran en sus tierras presas hidroeléctricas y termoeléctricas, como es el caso de Fidel Heras Cruz, miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER); Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Asimismo, Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko; y Berta Isabel Cáceres Flores, activista hondureña del medio ambiente, ​​cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Cortesía: Abejas de Acteal.

Las Abejas de Acteal exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener los asesinatos en contras de las y los defensores de los derechos humanos y la cancelación definitiva del proyecto Tren Maya, la autopista de San Cristóbal a Palenque, a todos los proyectos de ampliación de las presas hidroeléctricas en el estado, la cancelación de construcción de nuevas mini presas hidroeléctricas y proyectos de explotación minera de la costa y sierra de Chiapas.

Como de once nuevos pozos petroleros y una central geotérmica sobre las inmediaciones del Volcán Chichonal, como otorgar nuevas concesiones mineras en la zona centro y norte de Chiapas.

Exigimos que dejen de dilatar el proceso penal contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ya que, el gobierno hondureño como el mexicano en el caso de la Masacra de Acteal se ha desistido de castigar a los responsables, dijo la Asociación Civil.

Hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervenga, con el fin de que puedan ver llegar la justicia.

Plataforma del geovisualizador. Cortesía: Geocomunes

Por otro lado, el colectivo Geocomunes realizó la investigación denominada “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética. Preguntas clave para entenderlos y construir otros modelos energéticos”, aporta elementos para entender que, para lograr un cambio de modelo energético que frene la devastación del planeta, no basta con la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.

Sino que, es indispensable incorporar debates vinculados al modelo de producción y consumo capitalistas, como la explotación de trabajadores y trabajadoras, el despojo de bienes comunes y territorios que alimentan la acumulación de capital, la desigualdad que coloca en condiciones cada vez más precarias a comunidades campesinas, indígenas, negras, y mujeres a lo largo del mundo, entre otros.

Geocomunes mencionó que, hablar de energía es también hablar de hidrocarburos, pues su consumo le ha dado forma al mundo durante los últimos 150 años y esta energía fósil ha sido el medio para extender e intensificar la explotación de las personas y la naturaleza por parte del capital.

Agregó que, los problemas que genera están a la vista de cualquiera y la necesidad de una transición energética es algo que va de la mano de una transformación más amplia del sistema, sin embargo, el capital ha generado su propia respuesta y con sus diferentes versiones “verdes”, “limpias” y “sustentables”, la transición energética que impone coloca a la sociedad al borde del suicidio.

Enfatizaron que en su investigación prestan atención a una de las formas en que los hidrocarburos son utilizados en México como fuente energética: la electricidad, ya que su objetivo es aportar una mirada integral del problema energético que muestre la situación actual del sistema eléctrico del país y las contradicciones que presentan los mecanismos y proyectos que impulsan la “transición”.

La investigación viene integrada por un geovisualizador, donde podrán explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico, por ejemplo, la industria minera y cementera maquiladora.

Con el “Panel de capas” podrán activar o desactivar la visualización de la información geográfica, en la sección “Empresas” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa, y en la pestaña “Análisis e infografías” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos.

Imagen: Área de comunicación de Las Abejas de Acteal

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#14M Las Presas no son Energía Limpia

Compartimos comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER aproposito del Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021

14 de marzo, 2021, “Celebremos los Derechos de los Ríos”

  • Rechazamos las  modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia
  • Alertamos la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos
  • Demandamos una transición energética que incluya a los pueblos con alternativas de agua y energía sostenibles, justas y solidarias
  • Exigimos justicia para los Defensores de los Ríos Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez
  • Exhortamos al Congreso de la Unión la aprobación de la #NuevaLeyGeneralDeAguasYA, que incluya los 12 Consensos Ciudadanos por el Agua

Desde el 14 de marzo de 1997, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER),  hemos levantado nuestras voces en el Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida.  Llevamos un camino de más de 17 años siendo guardianes de los ríos, exigiendo al Estado y a las empresas respetar nuestros derechos y decisiones sobre los territorios que habitamos. Cientos de casos en México y en diferentes partes del mundo donde se construyeron presas nos dieron las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales causados por estos proyectos: asesinato de defensores y defensoras de los ríos, despojo de tierras, desplazamientos forzosos, generación de conflictos comunitarios, afectación del caudal ecológico de los ríos y de la región hidrológica de las cuencas, entre otros.

Hemos documentado la historia de engaños de los promoventes de estas obras privadas y públicas: simulación de consultas en comunidades indígenas, promesas de empleos y progreso, pago de tierras que no llega, falta de servicios y de trabajo en los “nuevos centros de población”, reasentamientos mal construidos en donde a los pocos años la población prefiere emigrar, población sin acceso al agua, contaminación y deforestación. Jóvenes, ancianos y ancianas son particularmente vulnerados por las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.

La criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Este año sin haber transcurrido 3 meses, fueron asesinados dos de nuestros compañeros del MAPDER, Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.

Hacemos responsables a los tres órdenes de gobierno de su asesinato y exigimos justicia por ellos y por todos aquellos que en todos estos años de lucha han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados por defender el derecho al agua y a la vida.

Desde el Mapder celebramos que gracias a la incansable lucha de cientos de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes junto con colectivos, organizaciones sociales y académicas se ha logrado evitar la imposición de grandes proyectos de presas en los últimos 20 años. Sin embargo, persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por los siguientes proyectos que aún no ha sido cancelados:

  1. Sistema Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa El Purgatorio, en Jalisco, promovida por las empresas españolas FCC y Abengoa y las mexicanas Hermes y La Peninsular, que pretende represar el Río Verde para beneficiar a la industria automotriz e inmobiliaria de Jalisco y Guanajuato.
  2. Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras grandes empresas.
  3. 16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
  4. Presa Hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
  5. Presa Hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit.
  6. Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.
  7. Además, existen actualmente, al nivel nacional, 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación.

Tenemos la certeza de que nuestra lucha no sólo es para exigir la cancelación de esos  proyectos de muerte, sino por construir en nuestro territorio formas de vida en armonía con la naturaleza y ejerciendo plenamente nuestros derechos.

Con la reciente aprobación a la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el debate público sobre la soberanía energética se ha profundizado. Rechazamos las  modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia. El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos.

Nos parece pertinente levantar nuestra voz para hacer saber nuestra lucha y demandas, la transición energética debe incluir a los pueblos, donde sean visualizadas, así como apoyadas alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.

Consideramos que el debate debería centrarse en identificar cómo disminuir el gasto energético insostenible y absurdo que vivimos actualmente y no sólo si se debe dar prioridad a las energías renovables o a los combustibles fósiles. Sabemos los grandes intereses de las grandes empresas privadas transnacionales que están haciendo gran negocio con sus proyectos de energías renovables de gran escala, mal llamadas limpias, pues también conllevan destrucción y daños ecológicos. Los combustibles fósiles se van a agotar y desde luego urge disminuir su uso y avanzar en la transición energética, pero no para mantener y  menos aumentar el gasto absurdo de energía que el actual modelo económico capitalista impone. Nuestra preocupación y acción debe estar orientada a disminuir la producción y consumismo acelerado y brutal que se nos ha vendido como progreso.

El consumo y el acceso a energía siguen siendo bastante injustos y basado en fomentar intereses privados. Una investigación del colectivo GeoComunes presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera, dos actividades que juntas representan en 8% del consumo total de electricidad en 2018, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México. Nos preguntamos, ¿cuál es la supuesta utilidad pública de esos proyectos energéticos si terminan en buena medida abasteciendo actividades que también amenazan nuestros territorios y nuestras vidas como es el caso de la minería?. En muchos de los estados, en los cuales luchamos desde el MAPDER, no solo nos enfrentamos a proyectos de presas sino también a proyectos mineros, industriales o agroindustriales que son parte del mismo modelo extractivo mantenido a flote por el despojo de los pueblos y la generación de energía.

Sobran los ejemplos que nos ilustran que los proyectos energéticos no están promovidos para abastecer en primer lugar de energía a los pueblos. Según la investigación de GeoComunes, y el censo del INEGI, en 2020 existían casi 269 mil viviendas habitadas sin acceso a la electricidad en México. En Nayarit, a pesar de la instalación de 3 de las hidroeléctricas dentro de las más grande del país (Aguamilpa, La Yesca y El Cajón), que han desplazado grandes cantidades de familias,  los municipios del La Yesca y del Nayar contaban en 2020 todavía respectivamente con el 12% y el 30% de las viviendas sin acceso a la electricidad.  El estado de Chiapas que concentra el 41% de la capacidad operada de las hidroeléctricas a nivel nacional, es la tercera entidad con mayor número de viviendas sin acceso a la electricidad con el  9% del total a nivel nacional. Los 2 otros estados que superan a Chiapas en términos de vivienda sin acceso a la electricidad son Oaxaca y Veracruz (12% y 9.4% del total), donde también se encuentran una gran cantidad de centrales eléctricas como hidroeléctricas o parques eólicos.

Es urgente sacar la discusión sobre el agua y la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas para debatir colectivamente el agua y la energía para y desde los pueblos.

Respaldamos la Inicitiva Ciudadana de Ley General de Aguas y exigimos al Congreso de la Unión su inmediata aprobación, respetando en todo momento los 12 Consensos por el agua de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.

Abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del Movimiento Anti-Represas de Brasil (MAB), por sus 30 años de valiente lucha en defensa de los ríos y contra las presas. Celebramos con ustedes sus victorias y alzamos nuestras voces por ¡Agua para la vida, no para la muerte!, muchas felicidades.

14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Agua y Energía, No son mercancía!

#RíosLibres #PorLosDerechosDeLosRíos #JusticiaParaFidelHerasCruz #JusticiaParaMiguelVásquezMartínez

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Imagen: Mapder, IMDEC

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Los dueños de México son además dueños del agua: Kimberly, Femsa, Azteca, Bachoco, Herdez, minas…

Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020

A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.

Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.

A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.

El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.

“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.

En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.

El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga
de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.

La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.

“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.

EMPRESAS ACAPARADORAS 

De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.

“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.

Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.

Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.

“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.

Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.

En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.

Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.

Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.

Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.

La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.

En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.

LOS “USOS-OTROS”

La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.

En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.

En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.

En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.

La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.

Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.

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Por una Ley de Aguas con Igualdad de Género

Pronunciamiento de Agua para Todos sobre la nueva ley de agua con perspectiva de género – Septiembre 2020

Un conjunto de redes, organizaciones y personas, comprometidas con la promoción de la igualdad de género, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales estamos promoviendo y demandando que la Ley General de Aguas, próxima a promulgarse, se sustente en un conjunto de principios que aseguren la igualdad sustantiva de género y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.

A veintiocho años de vigencia de la Ley de Aguas Nacionales es necesario –acaso urgente–transitar a un nuevo marco normativo que atienda los graves problemas hídricos que enfrenta el país. Esto se sustenta en razonesde diversa índole.En primer lugar, la reforma del Artículo 4º Constitucional que reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 2012 y ordenó la redacción de una Ley General de Aguas. Seguir retardando su discusión y aprobación por el poder legislativo es una argucia inaceptable para mantener un orden jurídico de corte neoliberal, que sólobeneficia a una élite de la sociedad.

La conflictividad por las formas en que actualmente se gestiona el agua es creciente y no puede ser ignorada. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta 560 conflictos ambientales en el país, 86directamente relacionados con el agua y otros de manera indirecta: la megaminería, el uso de sustancias tóxicas, el fracking, la extracción convencional de hidrocarburos.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado que ladisponibilidad, calidad y accesibilidad al agua están mediados por las asimetrías sociales. Las desigualdades de género se expresan en la dificultad para la participación de las mujeres enlos comités comunitarios ylos consejos de cuenca; en el bajo porcentaje de mujeresregistradas conderechos o como usuarias del agua; y la falta de reconocimiento de su contribución a la conservación de arroyos, ríos y lagos.

Los esquemas de gestión del agua han generado un estrés hídrico para muchas personas.Resulta inaceptable descalificar las demandas y propuestas de grupos sociales amplios, entre ellos las mujeres, por su falta de conocimientos “técnicos”, para dejar intocado un modelo de gestión del agua y un marco jurídico que lo permite.

Una vez que hemos conocido las diversas iniciativas que están en discusión, nos pronunciamospor una ley orientada al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento que se finque en los principios de igualdad de género y retomelos siguientes lineamientos, muchos presentes en las diversas iniciativas. Estos lineamientos deben tener la suficiente fuerza jurídica para hacerlos operativos y dar pautas claras para su instrumentación a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Es el eje rector de la Ley Generalde Aguasy es precondición para el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, la educación, entre otros. Este principio implica poner en el centro lasnecesidades de las personas, en especial las de mujeres y niñas, particularmente el alivio de la carga desproporcionada que recae en ellaspara la obtención de agua y del saneamiento.

Justicia hídrica.

Este conceptoconsidera el agua como un bien de interés público y corresponde al Estado su manejo y su protección; implica garantizar la impartición de justicia y reparación del daño sin discriminación de género, etnia o clase social. Se requiere de una Defensoría del Agua conautonomía y capacidades suficientes para aplicar el marco normativo internacional,nacional, estatal y municipala fin de poder dirimir conflictos en torno al vital líquido.

Sustentabilidad.

Una ley basada en este principioasegura quela capacidad de regeneración de los ecosistemas y de los ciclos hidrológicos se mantenga, así como las posibilidades de existencia de otros seres vivos. Todo esto implica la protección efectiva contra extracciones abusivas del agua y evitar su degradaciónpor contaminantes, tendencias que han sido una limitante para el desarrollo personal y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.

Igualdad sustantiva.

La igualdad entre mujeres y hombres debe expresarse de manera concretaen la vida cotidiana de las personas. La ley deberá mandatar que las políticas públicas instrumentenacciones afirmativas y redistributivas que remuevan los obstáculos para que las mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, accedan, usen, controlen, se beneficien y decidan sobre la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento

Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

La Ley Generalde Aguas debe respetar:el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, a decidir sobre su territorio, incluida el agua; a la igualdad entre mujeres y hombres indígenas y la participación de estas poblaciones en la toma de decisiones1, preceptos estipulados en la Constitución mexicanay en Tratados Internacionales. Asimismo,debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la consulta libre, previa e informada y establecermecanismos que garanticen la participación equilibrada de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores de ambos sexos de estos pueblos.

Agua como bien común.

Consignar el agua como bien común en la Ley General de Aguas significa la adopción de un principio que reconoce el derecho de cualquier persona a este elemento de la naturaleza por el solo hecho de ser parte de la familia humana2; y pone un alto alos intentos de privatización de facto o por la vía de concesionespor varias décadas.Corresponde al Estado impedir que esto ocurra, así como también queempresas y otros actores contaminen las fuentes naturales, los pozos y los sistemas de distribución de agua, o realicen extracciones inmoderadas que limitarán el acceso, uso y control del agua de las generaciones presentes y futuras.

Control comunitario del territorio y el agua.

Las comunidades indígenas, rurales y de zonas marginadashan suplidola falta de acceso al agua para uso humano y para la reproducción de la vidamediante sistemas comunitarios. El reconocimiento legal de estossistemas contribuirá a su democratización, ampliará la participación y toma de decisiones de mujeres y jóvenes y pondrá un alto a abusos de cacicazgos locales. A la vez, les dotará decapacidadesa las comunidades para hacer frente al despojo de las grandes empresas extractivasy los megaproyectos.

Participación ciudadana incluyente.

La Ley General de Aguas debe mandatar que las instituciones públicas establezcan mecanismos y canales queaseguren la participación dela ciudadanía y las comunidades, con acceso efectivo a los procesos de toma de decisión.El principio de participación estáasociado con el de inclusión, para ello se deberán fortalecer las capacidades de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, poblaciones indígenas, afromexicanas y otros colectivos en situación de desventaja sociocultural y económica.

Las organizaciones firmantes, comprometidas con la promoción de la igualdad degénero, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales nos pronunciamos porque los principios orientadores de la Ley General de Aguas,próxima a promulgarse,aseguren la igualdad sustantiva y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.

Red de Género y Medio AmbienteGrupo Territorio, Género y ExtractivismoCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al AguaCoordinación Interregional Feminista Rural –ComaletzinAsociadas por lo Justo –JASSRed Género, Sociedad y Medio AmbienteRed Nacional de Promotoras y Asesoras RuralesAlianza Mexicana contra el FrackingGrupo Regional Género y Extractivas

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Convocatoria: Talleres de Comunicación Estratégica para Defender el Agua y la Vida en San Cristóbal

¿Quieres sumarte a la campaña para proteger la salud, el agua y la vida en San Cristóbal de Las Casas?

La Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, el Colectivo Educación para La Paz y Los Derechos Humanos y Otros Mundos invitan a participar en los Talleres de Comunicación Estratégica para Defender el Agua y la Vida en San Cristóbal.

Estos talleres buscan visibilizar las problemáticas del agua en San Cristóbal y ayudar a construir soluciones desde la ciudadanía. Aportando herramientas de comunicación como fotografía, intervención comunitaria, producción gráfica y audiovisual, y tecnológicas como uso de redes sociales para la incidencia, entre otras para la defensa de la vida y el territorio en el Valle de Jovel.

Dirigido principalmente a jóvenes entre 15 y 30 años. Sin costo.

Fecha de inicio sábado 24 de octubre, De 9 AM a 2 PM

Información e inscripciones a los teléfonos: 967 111 0489 y 967 159 0974

Ejecutan en BC a activista indígena; exigía agua para su comunidad

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la lucha por el agua en el norte del país- A 26 de septiembre de 2020

Mexicali, BC., El activista indígena kumiai por la defensa del agua de los pueblos originarios del municipio de Tecate, Óscar Eyraud Adams, fue asesinado a balazos la noche del jueves por un grupo armado afuera de su domicilio, ubicado en esa ciudad; compañeros de lucha mostraron su consternación y demandaron a las autoridades dar con los responsables.

El defensor del agua se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta del vital líquido en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en Tecate, expresaron.

Destacaron que Adams pugnaba por la autodeterminación de la comunidad kumiai y su derecho al agua, por lo que mantenía la exigencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener concesiones de pozos otorgados a empresas y a particulares en menoscabo de la comunidad indígena.

Dijeron que el activista kumiai denunció, entre los acaparadores de agua, a la empresa cervecera Heineken, la cual consumió varios millones de agua de pozos de Tecate con el aval de la Conagua.

El homicidio de Adams, de 34 años de edad, ocurrió alrededor de las 19 horas del jueves en su casa, ubicada en el callejón Libertad, en Tecate, a donde irrumpió un grupo armado y lo mató con armas largas y cortas, reportó el representante federal de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Baja California, Isaías Bertín.

La muerte de Eyraud Adams es otro de los más de 80 asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio desde 2012, la mayoría de pueblos y comunidades indígenas, además de ser consecuencia de la política criminal del Estado mexicano que mientras siembra violencia y destruye los tejidos comunitarios, entrega nuestros recursos y territorios a capitales privados, nacionales y extranjeros, señalaron colectivos de defensa de derechos humanos.

La lucha por preservar el agua y el territorio nos ha arrancado a un compañero porque nos quieren callar sembrando terror, acusaron activistas que participaron en movilizaciones al lado de Adams.

Los colectivos expusieron, en redes sociales, que el indígena kumiai buscaba una concesión de agua para su comunidad de Juntas de Nejí, porque no tenían ni para uso doméstico, por tanto ya había iniciado el trámite correspondiente.

Las organizaciones civiles, incluidos los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, demandaron justicia por el cobarde asesinato del defensor del agua y del territorio del pueblo kumiai, uno de los cinco pueblos originarios de Baja California.

Óscar es el primer activista en defensa del agua que es asesinado en el “narcoestado de Baja California”, acusó el defensor Mauro Cuevas, quien se pronunció contra la impunidad que se genera ahora con Morena, al igual que en los tiempos de Calderón y Peña.

El activista kumiai se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta de agua en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, señalaron.

Expusieron que además de la lucha contra los acaparadores de agua, Adams introdujo proyectos productivos agrícolas en su comunidad; pero fracasaron por la falta de agua en la región.

El activista indígena fue solidario con el levantamiento de los jornaleros de San Quintín, la lucha magisterial contra la reforma educativa, la movilización contra la cervecera Constellation Brands en Mexicali y la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la miles de desaparecidos en México.

Sin dimensionar que el asesinato se trató de un líder indígena defensor del agua, el gobernador Jaime Bonilla se limitó a preguntarle al representante federal de la SSPC si Óscar Eyraud Adams era familiar de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, con quien tiene un enfrentamiento desde hace dos meses al acusarla de no trabajar y tener una policía corrupta.

Isaías Bertín respondió que también se investiga esa relación familiar, por su parte, la alcaldesa morenista reconoció que la víctima si es su familiar; pero advirtió que no mantenía una relación directa.

Imagen: Foto tomada de su cuenta de Facebook a través de La Jornada

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Por la Protección de los Humedales, ¡Basta de Impunidad!

Comunicado de apoyo a las y los habitantes de San Cristóbal de las Casas que se movilizan por la defensa del Territorio, los humedales y el agua – A 16 de septiembre de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

El pasado 14 de septiembre del presente año, habitantes de 9 colonias del sur de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, llevaron a cabo un bloqueo de los caminos para exigir la protección a los humedales de la ciudad ya que las autoridades municipales y estatales han permitido y solapado su invasión en medio de lo que se presume mucha corrupción y tráfico de influencias.

Los habitantes de la ciudad y de las colonias del sur exigen el cumplimiento de tantas promesas gubernamentales para detener esta invasión y recuperar los humedales. La lucha de las colonias y del pueblo en general es por la defensa del agua y del medio ambiente, por la biodiversidad y por un ambiente sano. La lucha pacífica es legítima y legal, sin embargo, ya pesan demandas infundadas de quienes han invadido los humedales contra personas de un movimiento que defiende la vida en beneficio de toda la población, así como órdenes de aprehensión contra algunas personas.

Denunciamos el atropello que se realiza contra los humedales y el riesgo de un futuro sustentable para la ciudad de San Cristóbal, y también los intentos de criminalizar las justas demandas de la población.

Exigimos el cumplimiento a las leyes y la normatividad ambiental, el cumplimiento de las promesas y de las exigencias de las 9 colonias para la solución de este grave problema, el respeto a las mesas de diálogo con los representantes de la población, y claros signos de voluntad política para el cumplimiento de la agenda, de las peticiones y de la misma ley.

Responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno municipal de la violencia de la que puedan ser objeto la población por su lucha pacífica, legitima y legal en contra de las ilegalidades de las propias autoridades involucradas en el proceso de la destrucción de los humedales de la ciudad.

#YoProtejoElAgua #AguaYSalud #YoProtejoElHumedal

Atentamente,
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Semanario Mirada Sur

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Fuera Femsa – Coca Cola de San Cristóbal

Comunicado de la Coordinadora de Comunidades del Sur COCOSUR y La Pastoral de la Tierra publicado en el Semanario Mirada Sur dado durante la Movilización por la Defensa de la Madre Tierra y el Agua el pasado 13 de septiembre de 2020

Al pueblo de México, Chiapas y San Cristóbal de Las Casas
A los medios de comunicación
A la prensa nacional e internacional
A las organizaciones hermanas ambientalistas de conciencia

A 210 años del inicio de la independencia del Estado mexicano, las fuerzas saqueadoras de la conquista no han cambiado. En pleno 2020 vemos como el Estado mexicano entrega las riquezas naturales a los mismos conquistadores representados por las empresas transnacionales y dueñas del gran capital. Hoy somos testigos cómo la empresa transnacional Coca Cola Company, y su rostro mexicano de Inmuebles del Golfo saquean y dejan sin agua a la población de San Cristóbal de Las Casas, que en contubernio con organizaciones DINERO – AMBIENTALISTAS (DIAMBIENTALES) solapan y disfrazan el despojo del agua a los ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas manipulando a las instituciones gubernamentales como protectoras y cuidadoras de los recursos naturales.

El poder de las DIAMBIENTALES ha favorecido a la consolidación de la visión que los recursos naturales son un gran saco de dinero nacional e internacional, que justifican su actuar con grandes propagandas de campañas de reforestación, limpieza y técnicos experimentados (únicos) para cuidar, preservar y conservar los recursos naturales, y con este discurso llegan a las transnacionales y dueñas del gran capital a vender a la Madre Naturaleza.

La presencia de estas organizaciones Diambientales en San Cristóbal de Las Casas es una constante en su afán de servir al gran capital y han llevado a impulsar propuestas de privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), así como el impulso de una ley de aguas estatales y federales que le quitan el derecho humano a las poblaciones locales, un ejemplo de ello, la ley de aguas para el estado de Chiapas que se conoce como Ley Cántaro Azul o la creación de Parques Lineales de Pronatura, la pregunta: ¿Quién financia dichas organizaciones, Cuál es el origen de ese dinero, Por qué vender el futuro de 180 mil sancristobalences?

Estos ejemplos dejan claro que las instituciones del Estado mexicano están alineadas a las Diambientales y al servicio del gran capital, no se puede olvidar la reciente respuesta del gobierno municipal o de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que manifiestan que el agua utiliza esta transnacional no afecta o merma la disponibilidad de agua para los habitantes de San Cristóbal de Las Casas. Si a unos metros de esta empresa los asentamientos humanos (Barrios, Colonias, Fraccionamientos y Comunidades) carecen del vital líquido o lo reciben en forma tandeada cada 4 u 8 días o en periodo de estiaje cada 15 o 20 días.

Hoy 13 de septiembre de 2020, desde este punto y desde este rincón de Chiapas hacemos un llamado al representante del Estado mexicano (Andrés Manuel López Obrador) que realice una revisión al interior de las instituciones federales, estatales y municipales para desterrar a los neoliberales y los que ven a la Madre Tierra como un negocio. Le solicitamos que identifique a los infiltrados neoliberales en las dependencias de CONAGUA, SEMARNAT y CONANP, tal como lo hizo en el sistema de seguridad nacional.

Exigimos a los tres órdenes de gobierno que dejen de lucrar con la Madre Tierra y los recursos naturales que ponen en riesgo la sobrevivencia de las generaciones futuras. Exigimos al gobierno del estado y municipal que cumplan su obligación constitucional de cuidar, proteger y preservar la vida y un ambiente sano. Al gobierno municipal exigimos que deje de ser omiso y neófito ante la destrucción de las zonas de humedales, reservas ecológicas y de amortiguamiento. No es posible que, existiendo los lineamientos jurídicos como la carta urbana, ley de desarrollo urbano y ley de ordenamiento territorial se permita la destrucción de estas zonas y, por ende, de los recursos naturales.

En el caso del agua de San Cristóbal de Las Casas No se trata de un tema de Tarifas o tema económico, se trata de la disponibilidad y viabilidad del recurso agua, por ello instamos al organismo operador y a la junta de gobierno del SAPAM a establecer los mecanismos de conservación, preservación y cuidado del recurso agua para garantizar la viabilidad social de la ciudad. La vida de nuestras presentes y futuras generaciones están en riesgo y por ello hoy levantamos la voz para decir Basta.

¡¡¡Basta del saqueo hídrico!!!

¡¡¡ Basta de la destrucción de los humedales!!!

Basta de la omisión y complicidad de los tres órdenes de gobierno

¡¡¡Basta de organizaciones Diambientalistas!!!

¡¡Por las presentes futuras generaciones, la lucha no se detiene!!

¡¡¡La vida, el agua se lucha y se defiende!!!

FUERA FEMSA – COCA COLA DE SAN CRISTÓBAL

Atentamente

COORDINADORA DE COMUNIDADES DEL SUR (COCOSUR)

Comunicado de las Colonias del Sur sobre bloqueo que realizaron este 14 de septiembre exigiendo protección a los humedales de montaña en San Cristóbal

Buenos días. Hoy estamos aquí personas comprometidas con el futuro de la vida en nuestra cuenca de Jovel, esta cuenca que ha dado vida a nuestros antepasados tsotsiles, tseltales y de otros pueblos originarios; y también a los he han venido de otras tierras más allá del mar.

En este momento, no disfrutamos estar aquí, no queremos estar aquí. Preferiríamos estar en nuestros trabajos o en nuestras casas. Pero decidimos ocupar este lugar como una acción desesperada, antes que sean destruidos nuestros humedales.

No nos pueden decir que no lo hemos intentado de otras maneras. Un dos de febrero del año 2019 hicimos una clausura simbólica de las construcciones que estaban comenzando entre la prepa dos y el manantial de Navajuelos. En esa clausura simbólica estuvieron presentes el director de Ecología de San Cristóbal de las Casas y el presidente de la comisión de Ecología de la cámara de diputados del estado de Chiapas.

Hoy 19 meses más tarde, hay un edificio terminado en un terreno, que ahora sabemos pertenece al ayuntamiento. La última acción de devastación de la que tuvimos conocimiento tuvo lugar el pasado 7 de septiembre cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad instaló el servicio de energía eléctrica en dicho predio. En el pasado reciente hemos tenido varias reuniones donde estuvieron presentes autoridades del ayuntamiento, de la SEMAHN, de la SEMARNAT, la PROFEPA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental del estado de Chiapas para tratar los tema ambientales. A pesar de que ha habido disposición y promesas vemos con tristeza, desesperanza y coraje que hay nuevas construcciones, ahora en otro predio, en el a pesar de los sellos de clausura, los rompen y no pasa nada. ¿no les parece una burla?

Hemos estado en el cabildo; convocamos a dos audiencias públicas, invitamos a las autoridades y llegaron a constatar lo que hemos denunciado una y otra vez en distintos puntos del polígono de Lagos de María Eugenia. Hemos reforestado, hemos denunciado, hemos tenido asambleas para ayudar a la gente de nuestras colonias a valorar y defender a nuestra Madre Tierra. Sabemos que hay muchas otras acciones que podríamos llevar a cabo. Se podrían tomar las instalaciones de alguna dependencia, cercar la casa de alguna autoridad, hacernos presentes en la mañanera del presidente López Obrador, dejar de pagar alguno de los impuestos, negarnos a participar en eso que parece una burla y que llaman elecciones.

Hoy decidimos realizar esta acción cuyo único objetivo es defender nuestra casa. Sabemos que lo que hacemos hoy, es en beneficio de todos, incluso de quienes no están de acuerdo con este bloqueo o de quienes son responsables de la destrucción ambiental. A la ciudadanía le decimos esto: Si les importa el medio ambiente hagan algo, lo que ustedes puedan y decidan pero no nos dejen solo a nosotros lo que les toca hacer también a ustedes. A las autoridades les repetimos lo que ya saben: nuestra única demanda es la protección de nuestras fuentes de agua. Y para que se entienda mejor lo expresamos en los siguientes 15 puntos:

EXIGIMOS AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y a las autoridades que les corresponda.

  1. Garantizar el orden ambiental y urbano, mediante la suspensión y clausura inmediata de toda invasión, relleno o construcción en humedales y de toda acción que violente un área de valor forestal y/o ambiental.
  2. Revisar y revocar todos los cambios de uso de suelo emitidos sin consulta pública o con irregularidades administrativas o legales, que hayan afectado o alterado los escurrimientos naturales y/o la recarga de agua, en los últimos 15 años.
  3. Elaborar y aprobar los Programas de Manejo de los humedales de María Eugenia y la Kisst, atendiendo con prioridad su protección, delimitación y manejo bajo los lineamientos bióticos y paisajísticos establecidos en los programas de manejo.
  4. Acordar, elaborar y aprobar la inmediata actualización del Programa de Desarrollo Urbano, garantizando un proceso transparente y la integración de la participación ciudadana en todo el proceso de elaboración.
  5. Acordar la elaboración del Atlas de Riesgos y del Programa de Mitigación de Riesgos y Restauración de sitios con impactos ambientales negativos, que permita prevenir inundaciones en la ciudad.
  6. Sancionar a los particulares responsables, profesionistas y funcionarios públicos por realizar alguna acción u omisión que haya permitido la realización de actos de ecocidio en San Cristóbal de Las Casas.
  7. Expropiar los predios de utilidad pública y beneficio ambiental que requiere la ciudad.
  8. Fomento, protección y manejo sustentable de las reservas (Quenvó Cuxtitali, Gertrudi Duby, Huitepec Alcanfores, Santa Cruz, áreas de valor ambiental, así como de márgenes de ríos y arroyos.
  9. Suspensión y clausura de bancos de materiales pétreos que no cuenten con autorizaciones urbanas y ambientales; así como la programación inmediata de la restauración ambiental de sitios impactados y dañados por la industria extractiva en los últimos 40 años.
  10. Regulación municipal inmediata para que la ejecución de toda obra pública o privada, utilicen únicamente materiales pétreos de bancos autorizados por SEMAHN, que cumplan con la Norma Técnica Ambiental Estatal: NTAE-001SEMAHN-2015.
  11. Instalación inmediata del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial y del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano.
  12. Regulación municipal inmediata y campaña para frenar la venta ilegal de terrenos.
  13. Suspender y clausurar toda acción pública y/o privada que viole disposiciones de los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.
  14. Regulación inmediata al proceso de cambio de uso de suelo, cambio de densidad y cualquier cambio que altere las políticas, disposiciones, lineamientos y objetivos de los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano. Proceso que debe garantizar la participación ciudadana.
  15. Hacer valer todas las medidas de seguridad, infracciones, régimen de nulidades y sanciones a toda acción urbana que se haya realizado en contra del marco legal urbano y ambiental, previsto en el Capítulo II del Título Décimo Séptimo denominado “Denuncia Ciudadana, Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones” establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Señores y señoras de la prensa, sancristobalenses:
La noticia de hoy no es que hay un bloqueo; la noticia de hoy es que llevamos años destruyendo nuestra madre tierra, ante la mirada indiferente de ciudadanía y gobierno. Son responsables las autoridaddes de los últimos 40 años; son responsables también si las autoridades del momento no cumplen con los 15 puntos que acabamos de leer.

Esperamos que todas las autoridades hagan lo que les toca. Esperamos que el señor gobernador atienda este asunto. Hemos escuchado que han resuelto este tipo de problemas en otros lugares. Ya es hora de actuar en nuestra ciudad de San Cristóbal. Aquí esperamos.

Atentamente:

Colonia Artículo 115, Colonia Altos de María Auxiliadora, Fraccionamiento FSTSE 2001, Colonia Maya, Colonia Las Minas, Colonia Salsipuedes, Colonia Anexo Altos de Ma. Auxiliadora, Cerrada del Bosque y Colonia Corral de Piedra

Imágenes: Semanario Mirada Sur

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Habitantes protegen el humedal de Xochimilco, zona en peligro por la creciente mancha urbana

Les compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha de la Coordinadora de Pueblos, Barrios originarios y Colonias de Xochimilco por defender su humedal – A 2 de agosto de 2020

San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, está llevando a cabo desde hace más de dos años su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política.

Por Raúl Fernando Pérez Lira

Ciudad de México, 2 de agosto (OpenDemocracy).- Aunque puede resultar difícil de creer, más de la mitad de la Ciudad de México es considerada rural. Basta con sobreponer un mapa de la red del metro con uno de la ciudad: el metro sólo está en el norte. Más allá hay cerros, cultivos, lagunas, canales y pueblos que mantienen su propia identidad, en los que los habitantes más viejos suelen referirse al centro histórico, con sus palacios y edificios de gobierno, como “México”, cuando van a trabajar o a hacer algún mandado.

Aunque estos espacios forman parte fundamental del equilibrio ecológico de la ciudad, estos siguen siendo urbanizados por el crecimiento acelerado de la mancha urbana, en la que ya se cuentan más de 20 millones de habitantes.

Es entre estos barrios y colonias densamente pobladas que se encuentra el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, un espacio de 2 mil 522.4 hectáreas con áreas verdes, canales, lagunas y superficies cultivadas, y que hoy en día es escenario de disputa legal por un nuevo puente vehicular que pretende disminuir el tráfico sacrificando un espacio de humedales estratégico para su conservación.

A título personal y organizados con la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), pobladores de Xochimilco han impugnado la construcción del “Puente de Cuemanco”, argumentando que este dañaría permanentemente al ANP y al equilibrio ecológico en la altamente contaminada gran ciudad. El juez encargado de revisar el caso, sin embargo, suspendió el amparo en favor del Gobierno de la Ciudad de México, argumentando que este no era urgente.

“Xochimilco es de los últimos pedazos de la zona plana del Valle de México que sigue siendo urbanizada, todo lo demás ya ha sido urbanizado,” declaró Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una videoconferencia organizada por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX). “Pero la razón por la cual esto no ha sido invadido por muchas casas tiene que ver con que se puede inundar y porque los mexicanos más o menos hemos podido respetar la cultura chinampera”.

Esta zona fue agregada a la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas en 2004. Expertos biólogos han registrado hasta 193 especies de aves, más de la mitad migratorias, como el pato mexicano, la garza morena, el gavilán de pecho rojo o el rascón limícola, además de anfibios vulnerables como el ajolote, que probablemente comience a aparecer en los billetes de 50 pesos mexicanos.

Además, en el ANP persiste la utilización de una técnica agrícola conocida como “chinampa”, del náhuatl “en la cerca de cañas”, la cual permite la producción de gran parte de las hortalizas que se encuentran en los mercados de la ciudad. La conservación de esta técnica, utilizada por los habitantes de lago desde antes de la conquista europea, contribuyó al reconocimiento de Xochimilco como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987, una distinción que también se otorgó al Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por el gobierno de la ciudad para la construcción del puente, la zona puede ser perturbada ya que ésta ya presenta perturbaciones considerables, por lo que construir un poco más resultaría sin efectos relevantes. Este es un proceso que comenzó hace décadas, a pesar de las distinciones, leyes y declaraciones que protegen al humedal.

Un poco más de 200 hectáreas de esta ANP le fueron separadas del resto del cuerpo por la construcción del anillo periférico en la década de los 90. A ambos lados de esta gran avenida se encuentran los mercados de flores a los que asisten miles de clientes especialmente los fines de semana. Al sur, está el Parque Ecológico Xochimilco (PEX), con una gran construcción abandonada y que pretendía ser un centro cultural.

Según Zambrano, la construcción de este puente, que recuerda en apariencia a los múltiples segundos pisos que tiene a lo largo el anillo periférico, abriría la posibilidad a una mayor urbanización en ambos lados, como en un efecto dominó. Si el área ya está perturbada, dice, lo que hay que hacer es revertir la perturbación, no continuar con esta.

Entre ambos sentidos de la calle hay un amplio camellón con sus propios humedales y grandes árboles, una zona de transición que permite el paso del agua por vía subterránea entre la zona sur y el norte, así como de las aves que viven en ambas.

“Ya se sabía que las grandes avenidas podían ser grandes fragmentadores de los ecosistemas, entonces ese gran humedal le permitió reducir el efecto de fragmentación que genera la avenida”, continúa Zambrano. “Este es el cuello de Xochimilco. Si se le cercena el cuello, aunque sea poco, está cercenando como una arteria de fundamental importancia”.

El pedazo que quedó en el norte es conocido como la Ciénega Grande, donde se puede encontrar un cuerpo de agua que sobrevive a la urbanización. Ahí se encuentran los vecinos para caminar, correr o andar en bicicleta. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, esa zona será rehabilitada como medida de mitigación por el daño que causaría el puente.

En una videoconferencia de prensa, la Secretaria de Medio Ambiente Marina Robles García anunció este jueves que el gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, está muy cerca de cumplir la meta de 10 millones de árboles y plantas sembrados en la ciudad, faltando sólo 150,000.

Al responder una pregunta acerca del puente, dejando un espacio considerable entre cada una de sus palabras, Robles García declaró que la obra cumplía con las condicionantes establecidas en la evaluación de impacto ambiental: “La idea no es desaparecer ese original vaso regulador, sino que se mantenga como un humedal y que se mejore. Es parte de las condicionantes que se tienen”, dijo la Secretaria.

A petición de Robles García, el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, también hizo un comentario durante la transmisión en vivo: “Ese humedal no existía, se construyó cuando se hizo la parte de periférico. Entonces somos muy respetuosos, como han visto, y muestra de eso es el programa de reto verde. Es un esfuerzo histórico”, dijo Esteva Medina, en referencia a los 9,850,843 de árboles y plantas que llevan sembrados.

Poco después de que se interpuso el amparo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salió en defensa del puente vehicular, ya que según ella éste podría reducir considerablemente el tráfico de la zona, especialmente de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, esta última la más poblada de la ciudad con casi dos millones de habitantes. En marzo, Sheinbaum ya había anunciado que la zona ya no era Área Natural Protegida, contradiciendo a los planos de uso de suelo de la ciudad.

La Jefa de Gobierno anunció una inversión de 100 millones de pesos en el Parque Ecológico Xochimilco, ahora en el abandono, y otra de 200 millones para la zona de los canales y chinampas.

Pintas realizadas en uno de los puentes peatonales que cruzan el periférico a la altura del ANP. Foto: Raúl Fernando Pérez

El puente está siendo construido por la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. y tiene un presupuesto de 680 millones de pesos, más del doble de lo anunciado por la Jefa de Gobierno para la mitigación en el ANP.

LA BATALLA LEGAL Y LA PANDEMIA

La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), formada para organizar esfuerzos colectivos entre los distintos pueblos y asambleas que conforman Xochimilco, ingresó un amparo en mayo argumentando que la construcción del puente violaba al menos dos derechos fundamentales: el derecho al medio ambiente sano, por los efectos negativos que esto pueda tener frente al cambio climático, y el derecho a la movilidad.

De acuerdo con Alejandro Velázquez, uno de los abogados que asesora a la CPBOyCX, la construcción del puente viola ley de movilidad de la Ciudad de México al priorizar al automovilista particular por encima de peatones, ciclistas y a usuarios de transporte público, contradiciendo al artículo segundo: “Nosotros planteamos en el amparo que se cancele la obra y se ordene la realización de proyectos alternativos que sí respeten al medio ambiente y la jerarquía de movilidad, porque sabemos que hay problema de tránsito vehicular”, declaró Velázquez en entrevista.

Al movimiento se han sumado también deportistas y ciclistas que usan el ANP y sus alrededores para sus actividades, organizando “rodadas” hacia los humedales en protesta por la construcción del puente.

El juez Juan Carlos Guzmán Rosas aceptó el amparo interpuesto originalmente por la CPBOyCX, pero poco después este mismo revocó su propia resolución, permitiendo que siguieran las labores de construcción. La misma coordinación volvió a intentarlo, ahora ante un tribunal superior, pero el mismo juez Guzmán Rosas ordenó suspender el juicio hasta que los juzgados vuelvan a sus labores normales, ya que ahora están trabajando con personal reducido debido a la contingencia sanitaria. El juez argumentó que el caso ya no es urgente, pues el gobierno anunció medidas de mitigación del impacto ambiental.

“Estamos combatiendo esa resolución para que vuelva a ser clasificado como urgente”, dijo Velázquez. “Lo que argumentamos es que los daños que se pueden producir a la zona pueden ser irreparables. Si empiezan a talar los árboles, aunque se puedan volver a sembrar, podrían tardar décadas en crecer y en ese tiempo la fauna puede desaparecer”.

En los puentes peatonales que ya existen y que conectan las aceras a ambos lados del periférico se pueden leer varias consignas en rechazo del puente. También hay colgadas algunas lonas en las que el gobierno local promete restaurar la Ciénega Grande. Pero talar árboles de una ANP, aunque se siembren otros en la misma, es ya una actividad ilegal, según Velázquez.

“El programa de manejo del ANP ya establece que está prohibido abrir nuevos caminos, brechas y talar árboles Lo que se prevé con este proyecto es talar 693 árboles. Esta suspensión del juicio es arbitraria e ilegal porque no toman en cuenta actividades prohibidas, independientemente de que se hayan otorgado medidas de mitigación y reparación”, dijo el abogado.

Además de realizar impugnaciones de forma individual, el pueblo de San Gregorio Atlapulco también podría solicitar el amparo por medio de su asamblea. Sin embargo, los pobladores están recluidos en sus casas por las medidas sanitarias. De acuerdo con información oficial proveída el 16 de junio de 2020, este pueblo es la colonia con el mayor caso de casos activos de la Covid-19.

“Como organización, no podemos convocar a reuniones y detuvimos esta recolecta de firmas por lo mismo que es exponer a las personas. Por eso hemos encontrado otros mecanismos para seguir con el tema. El juicio se está tramitando en línea, tomamos acciones en Twitter los jueves con el hashtag #YoProtejoElHumedal, y dentro de lo posible tratamos de seguir activos”, continuó Velázquez.

San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, desde hace más de dos años están llevando a cabo su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política, impugnando una figura que acusan de ser títere del Alcalde, el Coordinador Territorial. En caso de tener éxito, estos pueblos podrían optar por un concejo comunitario como su representante, así como lo hizo el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en 2019, fortaleciendo su autonomía frente al gobierno de la Ciudad de México.

Mientras tanto, las máquinas retroexcavadoras ya han perturbado gran parte del humedal en el que se construirá el puente. En unas zonas, incluso ya se han establecido los cimientos de las columnas que lo sostendrán.

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Imagen: Una de las áreas del humedal intermedio ya destruidas. A la derecha se puede ver un poco del humedal original. Foto: Raúl Fernando Pérez

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Petición: Prohibición de Comida Chatarra y Bebidas Azucaradas a menores de edad en Chiapas

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Llamado urgente al H. Congreso del estado de Chiapas para proteger la salud y la vida de las y los niños chiapanecos

Chiapas se ha posicionado nacional e internacionalmente como una de las regiones con más alto consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados en el mundo. Esta tendencia ha erosionado la cultura alimentaria tradicional y deteriorado seriamente la salud y la nutrición de la población chiapaneca, además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y en la actual coyuntura, las formas más graves de COVID-19. Por estas razones hacemos el siguiente llamado a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso del estado:

En el marco de los derechos a la alimentación y a la salud; en concordancia con el interés superior de la niñez y adolescencia y el deber de garantizarles una vida sana conforme a la Convención de los Derechos del Niño; y de acuerdo a estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 de agosto próximo pasado el Congreso de Oaxaca marcó un hecho histórico: a través de la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se convirtió en el primer estado en el país en prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico[1] en establecimientos e instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y media superior, incluyendo maquinas expendedoras y distribuidores automáticos. Unos días después, el 16 de agosto, Tabasco hizo lo propio al aprobar el Congreso local la iniciativa del ejecutivo estatal en este mismo sentido.

Estas medidas se suman a las prohibiciones de vender tabaco y alcohol a menores de edad en todo el país. Si bien no son suficientes para garantizar la salud de la niñez y la adolescencia, se trata de acciones necesarias para fomentar la conciencia sobre los daños que genera el consumo de estos productos así como para fomentar la lucha contra el agresivo bombardeo publicitario que los promociona y que impacta especialmente a los menores de edad.

Si bien es cierto que los principales responsables de velar por la salud de los menores son los progenitores, los tutores legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores, las leyes recientemente aprobadas en Oaxaca y Tabasco son un elemento indispensable para garantizar su protección. En Chiapas la necesidad de instrumentar medidas semejantes es hoy cuestión de vida o muerte, dicho de manera literal. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, las personas con menores ingresos tienen el doble de probabilidades de sufrir diabetes mellitus que otros sectores de la población. Chiapas es el estado con los mayores índices de pobreza en México, donde, además, los alimentos nutritivos tradicionales, como la tortilla, el frijol, el chile, el pozol o el atole, han sido sustituidos por alimentos y bebidas chatarra en los últimos 25 años. Si a esto añadimos la falta de servicios médicos de calidad el resultado es catastrófico.

Es urgente adecuar el marco legal estatal, siguiendo el ejemplo de los congresos de Oaxaca y Tabasco, así como instrumentar programas de educación para revalorar y promover la alimentación tradicional chiapaneca así como para comprender las advertencias del etiquetado frontal en el envase en las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y los daños que su consumo causa a la salud.

Expresamos nuestro amplio reconocimiento a los H. Congresos de Oaxaca y Tabasco por anteponer el bienestar de sus niños, niñas y adolescentes a cualquier otro interés.

Instamos a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso de Chiapas a cumplir con su deber y adoptar una medida semejante que garantice la protección de la salud de nuestra población infantil y adolescente.

Los niños, niñas y adolescentes no son el futuro de Chiapas, son EL PRESENTE. Les debemos una vida de calidad a la que tienen derecho y que les hemos negado al imponerles hábitos nocivos que vulneran su salud, sus expectativas y su existencia entera.

Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, señoras y señores diputados, no es una concesión, es una obligación.

Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas


[1] Se entiende por bebidas y alimentos de alto contenido calórico aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana Correspondiente.

Cuidar la salud de la niñez, es cuidar la salud de México y de Chiapas

#YoProtejoElAgua #AguaYSalud

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Imagen: Rompeviento TV

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Oaxaca: Agua para Ayutla ya, ordena juez

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020

Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden

Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página

OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.

San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.

“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.

“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.

La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.

El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.

Murat desacata la orden

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.

El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:

“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a  nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.

Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.

Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.

El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.

Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El ataque

La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.

Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.

Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.

Imagen: Foto: Archivo / Karen Rojas Kauffmann / Página 3

¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?: Gatell en Chiapas, donde más Coca-Cola se bebe

Les compartimos esta nota de interés publicada en Sin Embargo sobre el consumo de refrescos apropósito de la visita del Sub Secretario de Salud Hugo López Gatell a Chiapas – A 18 de julio de 2020

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR)

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este día que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). Esta situación se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas…”, expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La salud que tiene México sería distinta si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar”, agregó el funcionario.

Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azúcares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor.

LA MAYOR MORTALIDAD DE ADULTOS JÓVENES POR COVID-19

México es el país con mayor mortalidad de adultos jóvenes por la COVID-19, informó esta semana Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo anterior, agregó el funcionario, se debe a las enfermedades crónicas que afectan a la población causadas por modelos alimenticios que predominan en la nación desde hace décadas.

“México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada… México ha sufrido una de las mayores epidemias de enfermedades crónicas y las causas fundamentales están en los estilos de vida, pero cuando se habla de estilos de vida hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales. Se trata del ambiente construido, en cómo se organizan las ciudades, en cómo existe un uso preferencial del automóvil, en que no existen espacios públicos suficientes para realizar actividad física, entre otros factores”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El factor de mayor en importancia es la alimentación no saludable que depende de la sobreoferta de productos industrializados, de muy baja calidad nutricional, de alto contenido calórico, lo que se llama comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, explicó López-Gatell.

“México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también en el primer o segundo lugar en epidemias de sobrepeso y diabetes. Y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID-19 porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81 por ciento de las personas que fallecen por COVID tienen una de las enfermedades crónicas que se las ha causado estos modelos de alimentación que predominan en México desde hace más de 30 años”, agregó.

Sobre las declaraciones de López-Gatell, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) aclara lo siguiente:

>>Lee la declaración aquí<<

Imagen:Cuartoscuro

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