Les compartimos la siguiente información de Educa Oaxaca sobre nuestra querida amiga Bety Cariño y Jyri en honor a su memoria – A 27 de octubre del 2023
Este lunes 30 de octubre a las 11 horas, la exposición artística “Semillas que Florecen” en memoria de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola, llega al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y será inaugurada con una conferencia magistral a cargo de la abogada Mtra. Karla Michele Salas.
La exposición tiene el objetivo de preservar la memoria histórica de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, activistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados en San Juan Copala el 27 de abril de 2010, cuando participaban en una caravana humanitaria que buscaba llevar víveres a esta comunidad.
En 2022, ante la impunidad por el asesinato de los dos defensores, familiares y sobrevivientes, acompañados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las obras seleccionadas, de diversos formatos, como gráfica, pintura, cartel, poesía y música, son parte de la campaña internacional en la búsqueda de justicia de ambas familias y participarán en exposiciones en Oaxaca, la Ciudad de México y Europa.
Les compartimos este bello cuaderno de trabajo del colectivo Yax Hum, esperamos que lo disfruten y compartan.
El Colectivo YAX HUN, compuesto por sociólogos, antropólogos, artistas, epigrafistas e ilustradores profesionales, recorren los pasos por los caminos de los antiguos mayas en busca de su espíritu, para rescatarlo y compartirlo con los pueblos mayas que hoy resisten el intento del capital por su extermino, convencidos de que ese espíritu e identidad maya inyecta de fortaleza su corazón para seguir presentes en la historia. Otros Mundos Chiapas ayudó a animar la construcción de este cuaderno que hoy ponemos a su disposición: “La Madre Tierra en la Sagrada Escritura”. Un instrumento sin fines de lucro y de uso libre, para rescatar la sangre maya. Lo puedes usar en las escuelas, talleres, encuentros, en la familia, y juntos convocar a los ancestros, evocar su espíritu y provocar resistencias y lograr que otros mundos sean posibles. ¡DESCÁRGALO Y ÚSALO!
Compartimos esta nota publicada en La Verdad Noticias sobre el gran consumo de esta bebida azucarada en México y especialmente en Chiapas – A 24 de octubre del 2023
El consumo promedio por habitante en México, es de 160 litros de Coca-Cola al año.
México es el país que toma más Coca-Cola en el mundo superando así a EE.UU.
México es el país que toma más Coca-Cola en el mundo superando a Estados Unidos, así lo dio a conocer un reportaje del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt).
De acuerdo a lo publicado por el Conacyt, institución del gobierno de México, se indica que el récord mundial de consumo de Coca-Cola lo tiene un estado de la República Mexicana. Se trata del estado de Chiapas.
Dicho estudio fue efectuado por varios antropólogos, entre ellos, Jaime Page Pliego, doctor e investigador social, quien reveló que, con base en los resultados, el consumo promedio por habitante en México es de 160 litros de Coca-Cola al año.
¿Cuánto consume Estados Unidos por habitante?
Estados Unidos consume menos Coca-Cola
En el caso de Estados Unidos, según el estudio, se estima que la población toma 100 litros de Coca-Cola al año, mientras que a nivel mundial el consumo se reduce a 25 litros anuales.
Respecto al consumo de esta bebida en Chiapas, Page Pliego detalló que cada habitante bebe 821.25 litros de refresco por año, mientras que 160 litros es el consumo per cápita en todo el país.
Razones por las que Chiapas es el estado mexicano que más consume Coca-Cola
Chiapas: entidad donde consumen más refreco que agua
Esta misma investigación explicó las razones por las que Chiapas consume más refresco.
Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, por lo que el consumo inicia desde temprana edad de la población.
«Al 3% de niños menores de seis meses, sus madres les dan Coca-Cola, en un momento que solo deben tomar leche materna», señalan las conclusiones más destacadas de la investigación.
Además, las campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad, son las suficientes razones para que los habitantes consuman Coca-Cola.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
EL ESTADO MEXICANO CONTRA SUS JÓVENES Dos casos: el movimiento estudiantil de 1968 y la Noche de Iguala (Primera Parte)
Ana Cristina Vázquez Carpizo Otros Mundos Chiapas 11 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
EL COMPLOT COMUNISTA CONTRA MÉXICO
La década de los sesenta fue, sin duda, uno de los momentos de mayor agitación del siglo XX. Si bien forma parte de las llamadas olas de protesta que se han dado a lo largo de la historia, la característica distintiva de este periodo es el protagonismo de los jóvenes a lo largo y ancho del planeta. El autoritarismo de la postguerra, fuera desde el ‘mundo libre’ o desde el bloque comunista, dejó una estela de inconformidad entre las nuevas generaciones que la fantasía del american way of life o la supuesta superioridad moral de los comunistas no pudieron revertir. De toda la década, destaca un año en particular: 1968. Desde movimientos estudiantiles1, protestas contra el establishment y expresiones contraculturales2 hasta manifestaciones antibelicistas3, los jóvenes de todo el planeta tomaron las calles para gritar consignas libertarias y para desafiar gobiernos que se creían inamovibles. México no fue la excepción.
Durante toda la década las expresiones estudiantiles fueron numerosas en todo el país.4 Pero, sin duda, la más importante fue la de 1968. El movimiento estudiantil inició el 22 de julio de ese año con una pelea entre estudiantes de nivel medio superior en el barrio de Tlatelolco de la ciudad de México, duramente reprimida por la policía capitalina.5 Cuatro días después, el 26 de julio, se organizó una manifestación de protesta, esta vez encabezada por estudiantes universitarios y politécnicos que asumieron como una afrenta personal las agresiones contra los miembros más jóvenes de sus respectivas comunidades. La respuesta de las autoridades fue de cerrazón e intransigencia pero aún no se veía lo peor.
Conforme pasaron los días y ante la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos,6 el nerviosismo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979) aumentó; paulatinamente fue endureciendo su discurso y sus decisiones. Coreógrafo principal de una danza macabra desde todas las instancias represoras del Estado, Díaz Ordaz no hizo más que acomodar las piezas a su visión de la realidad. Infestado de la paranoia anti-comunista de la época, que veía conspiraciones por todas partes y de la suya propia, Díaz Ordaz se dedicó a aplastar, con toda la fuerza del Estado, a quien consideraba su enemigo. Y para mala fortuna de los jóvenes, ellos llenaban el perfil mental que el poblano había hecho del criminal comunista que buscaba derrocarlo. Es decir, Díaz Ordaz y todo su gabinete no vieron en los estudiantes a adversarios alimentados por la efervescencia juvenil de la época sino a enemigos dispuestos a todo. Con los adversarios dialogas; a los enemigos los aniquilas. Así de sencillo. De esta manera durante 1968, además del contexto de guerra fría, en México se conjuntaron dos hechos muy desafortunados: por un lado, la animadversión personal que Díaz Ordaz sentía hacia los jóvenes7, aderezada por un genuino anti-comunismo; y, por otro, un Estado profundamente autoritario pero altamente legitimado expresado en el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados.8
A pesar de que los miembros del Consejo Nacional de Huelga9 ligados al Partido Comunista Mexicano o a alguna otra asociación de la misma ideología eran minoría, el Estado mexicano, personificado en la figura de Díaz Ordaz, estaba convencido de que, a través de los estudiantes, la amenaza roja10 se cernía sobre el país y que su deber era salvarlo. En la puesta en escena intervinieron desde el secretario Gobernación, Luis Echeverría; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Marcelino García Barragán; el jefe del Estado Mayor Presidencial, General Luis Gutiérrez Oropeza); el Procurador Julio Sánchez Vargas y el director de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Fernando Gutiérrez Barrios, hasta el encargado del entonces Departamento del Distrito Federal11 y los responsables de otras instituciones del Estado.12
En un primer momento el presidente presentó un discurso aparentemente conciliador, tan falso como su sonrisa, pero cuando los estudiantes publicaron su pliego petitorio,13 para Díaz Ordaz, cuya paranoia alimentó perversamente su secretario de Gobernación, las sospechas quedaron confirmadas: los jóvenes estaban infectados por el comunismo y seguramente eran parte de un plan macabro para derrocar al presidente y destruir al país. La osadía juvenil de apropiarse de las principales avenidas y plazas de la capital mexicana para expresarse ante la Nación entera fueron más allá de lo que el sistema estaba dispuesto a aceptar.14 Las marchas del 13 y del 27 de agosto fueron las gotas que derramaron el vaso. La tolerancia de Díaz Ordaz, mínima pero hasta entonces suficiente para evitar que se desbordara la represión, quedó rebasada. En la manifestación del 27, la llamada marcha de las antorchas, los estudiantes sobrepasaron todos los límites. No sólo se atrevían a tomar las calles, a ocupar las plazas públicas reservadas a las expresiones corporativistas de apoyo al mandatario en turno; el 27 de agosto se burlaron del presidente, ridiculizaron su físico, se mofaron de su esposa, del Ejército y de los granaderos, gritaron sus insultos justo debajo del balcón de Palacio Nacional. Exigieron, además, un diálogo público con el titular del Ejecutivo federal, es decir, nada más y nada menos que el mismísimo Díaz Ordaz, tuviera lugar la mañana del 1 de septiembre a las 10:00 horas, frente a toda la Nación. Esto era una provocación, una falta de respeto mayúscula que el presidente no iba a soportar.15
No. La actitud conciliatoria había sido malinterpretada por los jóvenes. Había llegado el momento de ponerle fin.
El repliegue ante la amenaza
La represión desatada después de la manifestación del 27 de agosto demostró a los estudiantes que la libertad de expresión que habían ganado en las calles del centro del país había sido una ilusión de apenas unas pocas semanas. Muy pronto probaron el poder, la fuerza, la contundencia autoritaria de un sistema y de un presidente especialmente autoritario. El mismo Díaz Ordaz anunció lo que se venía en su Cuarto Informe de Gobierno:
“… hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico (…) En la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que sustenta toda nuestra organización política, económica y social (…) y las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias (…) sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en cambio, millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía (…). No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”.16
Los estudiantes entendieron el mensaje. Las detenciones y golpizas se habían multiplicado desde el 28 de agosto, cuando el Ejército desalojó con lujo de violencia a los estudiantes que habían decidido permanecer en la Plaza del Zócalo, en espera de que Díaz Ordaz en persona saliera de Palacio Nacional para reunirse con ellos la mañana del 1 de septiembre para iniciar el diálogo frente a la Nación. Los hechos represivos se sucedieron en cascada.
Los estudiantes decidieron mostrar, entonces, una cara más moderada en una nueva manifestación el 13 de septiembre. Durante la llamada manifestación del silencio, no hubo gritos ni insultos. Ni una consigna siquiera. Las mantas expresaron lo que los estudiantes, con la boca cubierta por una cruz de tela adhesiva blanca, callaron.
El intento por mostrar la cara moderada del movimiento fue estéril. Cinco días después, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria. Mil quinientas personas fueron arrestadas sin resistencia. En los días siguientes el resto de los planteles que se habían unido a la huelga sufrieron la misma suerte.17 De paso, las plumas al servicio del régimen culparon a coro al rector Barros Sierra de la efervescencia estudiantil. El ingeniero presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno el 23 de septiembre. Tanto este organismo como el grueso de estudiantes, tanto de la UNAM como del IPN, no aceptaron la decisión de Barros Sierra.
Es pertinente mencionar que en todos los eventos de ‘recuperación’ de instalaciones se observó la presencia de individuos vestidos de civil, algunos con el inconfundible aspecto militar, que portaban un distintivo guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Se trataba del Batallón Olimpia, que el gobierno federal había creado para garantizar la seguridad de las delegaciones durante las justas deportivas. Su entrada en escena no fue, empero, en la Villa Olímpica para cuidar atletas sino en las escuelas y facultades en huelga y para golpear y detener estudiantes.
El 2 de octubre
El pánico se apoderó de la comunidad estudiantil movilizada. La asistencia a los mítines, organizados de manera improvisada en distintos puntos de la ciudad dado que la Ciudad Universitaria y las instalaciones del IPN seguían ocupadas.18 Se habían emitido órdenes de aprehensión contra los líderes identificados del CNH que aún no habían sido detenidos. La incertidumbre y el miedo eran la norma.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“DESIERTOS DE ACEITE”
La Palma Africana en Chiapas
Martes 17 de octubre de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
En esta ocasión les presentaremos este documental realizado por Eco Estrategias en Comunicación y producido por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y Red Latinomericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)
Las plantaciones no son bosques. Y la palma de aceite ahora se vende bajo el título de la «reconversión productiva» con engaños a los campesinos y pueblos indígenas de que es mejor vender el fruto a los empresarios que lucrarán con él, que sembrar maíz, frijol, entre otros productos necesarios para la vida de las comunidades. Siembran palma y se les prohíbe cortarla en 30 años; les prometen riqueza y se quedan en pobreza; se les convence que con las plantaciones ganarán dinero vendiendo oxígeno y aportando a las soluciones al cambio climático, y no ven más que esclavitud. Los monocultivos forestales y de otro tipo no traen más que muerte y destrucción. Si no actuamos a tiempo, la crisis climática nos llegará al límite sin retorno. Gustavo Castro Soto.
Les compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA Y esta alerta del Ejido El Bajío – A 3 y 4 de octubre 2023
Octubre 3, 2023
Desde la REMA, denunciamos nuevamente al Senador José Narro Céspedes ya que sigue intentando entrometerse en asuntos que son exclusivos del Ejido El Bajío, el cual forma parte activa de esta Red.
Según informes que nos han hecho llegar compañero s y compañeras del ejido El Bajío, el senador Narro Céspedes, promueve a un grupo de cuatro ejidatarios que se asociaron con el abogado del sobrino de Caro Quintero y quienes por decisión de la Asamblea Ejidal el 26 de febrero de 2017, fueron separados del ejido, es decir, estas personas no pertenecen al ejido El Bajío, desde hace más de seis años.
Además, el ejido El Bajío señala que este grupo de personas no son parte de los juicios cuyas sentencias estipulan que la empresa minera Fresnillo PLC debe devolver el oro extraído de forma ilegal al ejido El Bajio, entre otras prestaciones.
Por otra parte, queremos resaltar que el comisariado ejidal, nos informó que el pasado 30 de agosto de este de 2023, el ejido ha sido declarado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP; garantizando así que nunca más la actividad minera se desarrolle dentro de este. Con esta declaración la empresa minera Frenillo PLC no podrá intentar establecer un acuerdo ni con el senador Narro Céspedes ni con ninguna otra persona, para intentar continuar con el saqueo.
Le solicitamos al senador Narro Céspedes que deje de abusar de su posición política para usurpar funciones y entrometerse en los asuntos del ejido El Bajío, un comportamiento del senador que ya se ha visto en el estado que representa, Zacatecas. No olvidamos que Narro Céspedes intentó negociar el proyecto de la Presa Milpillas y se autonombró representante del Movimiento para politizar el tema a su favor, siendo el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco quien lo desmintió. Por otro lado, tampoco ha respondido como debe al tener un cargo de representación, cuando se lo han solicitado los habitantes de su propio estado, tal es el caso de la comunidad indígena de Cicacalco, Tlaltenango, Zacatecas, que le ha solicitado su apoyo para presionar en la remediación del mal llamado «relleno sanitario» y que se deslinde de la problemática.
En conclusión, le exigimos al senador dejar de estar operando para la empresa minera Fresnillo PLC, confundiendo a la opinión pública y promoviendo notas difamatorias y con información errada en el diario El Universal, las cuales tergiversan los hechos y las acciones emprendidas por el Comisariado Ejidal del Ejido El Bajío. Por último, le requerimos al senador Narro Céspedes, que deje de usar a la Fiscalía General de la República, para que esta intimide y hostigue a las autoridades del Tribunal Agrario, para que este reconozca a sus socios relacionados con Caro Quintero, como ejidatarios del ejido El Bajío.
¡Por la defensa del territorio del ejido El Bajío y la garantía del acceso a la justicia!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Via Redes sociales: Ejido El Bajío
El día de hoy ingresaron efectivos de la #GuardiaNacional a nuestro territorio para realizar una inspección ante una supuesta denuncia realizada por el abogado del senador José Narro Céspedes indicando que la minera #Penmont continúa operando, desde hace tres años la minera no opera en el #EjidoElBajío. Denunciamos que el senador #JoséNarroCéspedes insiste en meterse en asuntos que son exclusivos de nuestro ejido, entorpeciendo el trabajo de la magistrada del TUA#28 de Hermosillo para que este tribunal no continúe dando pasos en la ejecución de las 67 a nuestro favor. Es claro que el senador Narro está coludido con #FresnilloPLC empresa empeñada en eludir la justicia y con las bandas del crimen organizado que operan en Caborca, los Quintero Ley.
Con mucha alegría les compartimos el quinto capítulo de Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este capítulo, les compartimos el testimonio David, Magda, Manuel y Claudia, personas tumistas de diferentes partes de la república mexicana y participantes de la Asamblea Anual del Tumin donde nos cuenta la importancia de la economía solidaridad como una forma de resistir al modelo capitalista.
Compartimos este informe de Amnistia Internacional México sobre la criminalización a personas defensoras entre ellas; a las y los vecinos de la Colonia Maya galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» – A 7 de septiembre del 2023
Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.
Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.
De igual manera amnistia lanzo una petición para pedir un alto a la criminalización de personas defenrosas en especial a las y los defensores de estos 4 casos documentados en el informe:
#ProtestarNoEsUnCrimen
En México, las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. También instamos a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.
¡Firma la petición para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente!
Les compartimos esta carta de solidaridad firmada por las 36 organizaciones avales del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca con el moviemiento de vecinas y vecinos de la Colonia Maya – A 18 de septiembre del 2023
Saludamos la presentación del informe de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Celebramos que se sigan creando espacios para denunciar las prácticas de las autoridades que han permitido la criminalización y difamación de las personas y colectivos que defienden el territorio.
Queremos recordar que hace un año, un colectivo de 36 organizaciones, decidimos otorgar el premio Mariano Abarca a las y los vecinos de la colonia Maya por su lucha propositiva en defensa del territorio que les rodea. Desde entonces, hemos puesto atención a lo que pasa en su entorno y hoy, con motivo de la presentación de este importante informe, nos queremos sumar a sus demandas. Celebramos, aplaudimos y nos sumamos a la postura de las y los vecinos, en contra de la construcción de una carretera en una zona de conservación que no cumple con los permisos necesarios para construir caminos y casas habitación. Nos sumamos y apoyamos su interés de conocer y analizar el expediente que avala la construcción de una estación de servicio (gasolinera). Estamos enterados que descubrieron información irregular que han querido presentar y aclarar con las autoridades responsables. Para dicho fin, desde el 5 de junio, solicitaron una audiencia pública que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Por lo anterior, queremos manifestar nuestra solidaridad con esta comunidad de vecinas y vecinos que, a pesar de recibir respuestas omisas y dilatorias, siguen insistiendo con distintas estrategias con el objetivo de defender sus derechos. En el marco de este informe, queremos reprobar el hecho que, por haberse opuesto a las prácticas depredadoras del empresario de la Moraleja y en alianza con las autoridades de la administración municipal del trienio 2105-2018 hayan logrado que una carpeta de investigación con información falsa y difamatoria, se haya convertido en 6 órdenes de aprehensión para las seis personas que entregamos nuestros datos a la presidencia municipal.
Exigimos, como se dice en el informe de Amnistía, que se revise y se cierre esta carpeta de investigación que es un claro ejemplo de criminalización de quienes son defensoras y defensores del territorio y del medio ambiente.
Atentamente: Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Compartimos este reportaje especial publicado por el espacio Jaltun investigación y acción colectiva sobre los avances del modelo extractivo en la comunidad a orillas de la laguna de Bacalar en Quintana Roo – A septiembre del 2023
Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar:
afectaciones y resistencias colectivas
Narrativas de Resistencia
La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.
Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.
Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.
Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.
El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.
Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.
El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.
Cada año, Bacalar recibe un promedio de 180 mil visitantes mientras que su población apenas alcanza los 12 mil 527. De 2005 a la actualidad, la afluencia de turistas creció 750% (INEGI). Fotografía: R. Canul.
Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.
El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.
Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.
Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.
La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.
Expansión agroindustrial menonita
Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.
En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.
La deforestación de la selva inicia con la apertura de caminos que permiten la expansión de la frontera agrícola. Fotografía: R. Canul.
El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.
Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.
Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.
“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.
Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.
Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.
Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.
A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.
Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.
En 2022 el Estado mexicano conmemoró los “100 años de la llegada de los Menonitas a México” mediante la emisión de una moneda de 20 pesos. Fotografía: R. Canul.
El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.
“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.
Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.
En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.
Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.
Gráfico 1. Porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal (2001-2021). Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.
“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.
Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.
Los gobiernos, garantes de la deforestación
La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.
La producción agrícola basada en el uso de agrotóxicos y maquinaria pesada forma parte de la cultura de las colonias menonitas asentadas en la península de Yucatán. Fotografía: R. Canul.
La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.
La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.
Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.
Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.
Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.
En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.
A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.
Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.
Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.
El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar
La laguna de Bacalar alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo. La turistificación, la agroindustria y actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema (Tarjeta 2021). Fotografía: R. Canul.
Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.
El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.
En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el gran proyecto turístico que hay en la rivera maya y los impactos del Tren Maya – A 31 de agosto del 2023
Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.
También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.
Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación
Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.
En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.
“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.
La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.
“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.
Afectaciones
Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.
Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.
La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.
Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.
Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.
La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.
Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.
