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Compartimos este comunicado de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP a través de la REMA – A 17 de abril del 2023

Desde la Montaña-Costa Chica a 17 de abril del 2023

Mientras esta semana a nivel nacional crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que el 24 de marzo presentó el presidente de la república, en la que se tocan aspectos relacionados con cuatro leyes donde la central es la ley minera, en Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, les  mandan un fuerte mensaje a quienes esta semana estarán argumentando a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.

El presidente municipal del municipio de San Luis Acatlán el pasado sábado 15 de abril entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal quienes de forma unánime prohíben la minería en el municipio, porque su conciencia e información sobre los efectos de esta actividad, saben que ponen en tela de juicio prácticamente todos los derechos que los pueblos hoy pueden disfrutar, como el del uso de su territorio el de un ambiente sano y el derecho al agua limpia de calidad y suficiente, entre muchos otros.

Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, la sustentabilidad, las consultas usadas como herramienta para el despojo, la salud. Acá se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado un acto de discusión colectiva permanente en el cual se dirimen las ventajas y las desventajas no sólo de la actividad minera, sin duda la actividad más depredadora, sino de todos los proyectos relacionados al Modelo Extractivo.

La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestras biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla. Acá la población ha asistido a ver proyectos mineros en la vida real y no en el papel y la discusión sin fundamento, en donde saben perfectamente que un proyecto minero en solamente 10 años destruye totalmente el ecosistema y, en consecuencia desencadena a partir de la pérdida de un ambiente sano una serie de enfermedades y daños irreversibles tanto a la biodiversidad como a las personas incluyendo por supuesto los daños irreversibles al agua que secan, contaminan y utilizan porque esa es su naturaleza y es por ello que ponerle trabas, reglas ingenuas e inútiles que lo único que garantiza es que, este gobierno y los anteriores, siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, un capitalismo que se regula desde lo sustentable, lo verde, lo socialmente, desde nuevos y eficientes mecanismos de supervisión como las NOM que son una burla al respecto”, que dicen deben respetar los derechos en el mejor de los casos como Canadá, el país más depredador del plantea que ha y sigue destruyendo su propio país y los del resto del planeta. Si algo nos ha enseñado el capitalismo es que ha encontrado la forma de autorregularse a su favor, justo utilizando e parlamento abierto como acto de inclusión social en donde se discuten verdades a medias, argumentos sin sentido y siempre se pondera el desarrollo y crecimiento como sustento y lo que significa el colapso financiero de que los depredadores ya no tengan condiciones para invertir.

En síntesis, lo más progresista termina regulando y resolviendo los daños y efectos permanentes utilizando como centro la principal fuerza del propio capital, el pago con dinero para solventar la resarcida de daños, aunque estos sean irreversibles.

Da orgullo saber que los pueblos de la Montaña y costa Chica tienen un dialogo horizontal ya abierto desde hace 10 años, en donde se dirime desde la política local con políticos locales una nueva forma de discutir el progreso y desarrollo de los pueblos y por supuesto lo hacen cuestionando al modelo extractivo en su conjunto, a las estructuras de gobernanza que siguen firmando acuerdos internacionales y nacionales que son incapaces de implementar, respetar o por lo menos no molesten, como sucede por ejemplo con el penoso papel que juegan los operadores del Registro Agrario Nacional quienes de forma sistemática y persistente niegan el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de los procesos de autodefiniciones que las asambleas de los pueblos determinan. Ahí se determina defender el territorio no en un falso proceso de consentimiento como los que hace el gobierno para imponer sus proyectos en donde en cuestiones de tres o cuatro horas dicen la gente está totalmente satisfecha de información como para tomar una decisión que cambiarán su vida para siempre.

Los pueblos de la Montaña y Costa Chica se dan tiempo para discutir, en este caso son 10 años, para entre ellos tomar decisiones y si hay dudas sobre las amenazas y consecuencias de entregar la biodiversidad, los minerales, los bosques, el agua y la comunalidad entonces establecer no una estrategia ridícula de un pueblo que a través de un mecanismo de despojo implementado por el gobierno y las empresas una sola comunidad ponga en riesgo a todas las del rededor aguas arriba y aguas abajo. Demasiada soberbia de quienes creen que lo dictado por la OIT en el 169 es suficiente bajo las aplicaciones que sin duda este gobierno ha manipulado una y otra vez y que otros gobiernos ni siquiera saben que existe, al mismo tiempo que muestran una gran ingenuidad pensando que al  firmar los acuerdos de Escazú entre muchas otros tratados que firma México pero que no sirven para nada, ante los embates del capitalismo, el modelo de consumo y la irracionalidad persistente en la continuidad de explotación y exfoliación los bienes naturales con siempre nuevos discursos de cambios progresivos como actualmente sucede con los proyectos verdes y sustentables. Los pueblos de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero saben que nada de ello es cierto.

Mientras que todos los sectores felices y contrariados por la iniciativa presidencial están listos para “debatir” el futuro de la minería y de los pueblos en México, acá en la Montaña y Costa Chica les preocupa el intenso crecimiento de la violencia y ya discuten como es a través de ella que nuevamente el territorio entra en disputa. Basta un dato para poner en consideración: En la zona centro, tierra caliente y norte el estado de Guerrero hay cinco minas operando, ahí mismo hay 12 cárteles trabajando en contubernio con instancias estatales y federales, ahí por lo menos hay cerca de 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio, ahí todavía se dirime si el jefe supremo de las fuerzas armadas es lo suficientemente jefe para que las fuerzas militares le obedezcan y por fin entreguen los oficios y expedientes que, además de ratificar la participación de ellos en la desaparición de los alumnos, se logre encontrarlos, se logre saber la verdad y sea hasta entonces que se inicie con la rendición de cuentas.

Cerramos diciendo después de muchas lecturas a la iniciativa del presidente y de escuchar las reacciones derivadas en distintos sectores, constatamos lo mal preparados que estamos en este país para discutir el fondo y no las formas de lo que somos como país para cambiarlo a lo que en realidad deberíamos ser rompiendo de facto las inercias regulatorias que ahí nos colocaron.

A los pueblos de la Montaña y Costa Chica nuestra gratitud eterna por defender desde su libre determinación un pedacito del territorio nacional para siga vivo, sano y bello. Al RAN nuestro repudio total por ser operadores fastuosos y obedientes violadores recurrentes de los derechos de los pueblos al negarles su registro e inscripción de sus actos, al presidente de la república he de decirle que debe discutir consigo mismo qué está entendiendo por rectoría del estado, por soberanía y por regulación, porque en su iniciativa nada de ello se identifica, más allá de la retórica de una estéril exposición de motivos que en la iniciativa no se atiende, así como de los temas que plantea, los cuales serán abordados en las siguientes intensas pero inertes discusiones entre los sectores que abonan a favor o en contra de la misma.  

Ambos sectores discuten como maquillar una ley para que siga la explotación de minerales y el modelo extractivo siga vigente entre nosotras/os. Sin embargo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica no son coparticipes de la regulación o mejor dicho de la desregulación que pretende continuidad. Acá la minería está prohibida con o sin el consentimiento del estado.

Miguel A. Mijangos Leal

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la voracidad minera en México – A 13 de abril del 2023

PorÑaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

^{Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático}

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

Imagen: Avispa Midia

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