Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País: ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian

Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023

POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México

Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian.
Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.

El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.

Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.

La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.

Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.

Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.

Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.

Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua,
matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos
alimentos.

Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.

Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.

Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.

Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de
relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.

Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.

No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.

México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.

SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.

Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.

Y sin frijol y maíz, no hay país.

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Abril Dalila Sanchéz

Declaración del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia «Reencontrarnos en la Resistencia»

Compartimos la declaración de este bello encuentro de Reencontrarnos en la Resistencia en el Peten Guatemala- A 9 de agosto del 2023

Declaración de la Técnica

Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.

Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.

Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.

Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.

Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.

En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades.
Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.

En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes.
Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.

Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida.
Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.

Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.

Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.

Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.

Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.

Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.

¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA!
¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!

  1. Asociación CEIBA (Guatemala)
  2. Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y Recursos Naturales (ACODET) (Guatemala)
  3. Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) (Guatemala)
  4. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Internacional)
  5. Asociación de Mujeres Ixmucané (Guatemala)
  6. Asociación de Mujeres Mam (Guatemala)
  7. Barracón Digital (Honduras)
  8. Código Sur (Internacional)
  9. Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica (Costa Rica)
  10. Colectivo Cartografía Histórica (Cuencas Pojom-Santo Domingo, Mentón- Lagartero, Ixcán) (Guatemala)
  11. Colectivo Defensoras de Nasakobajk (México)
  12. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) (Panamá)
  13. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio (México)
  14. Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (México)
  15. Comunidades Forestales del Petén ACOFOP (Guatemala)
  16. Comunidades en Resistencia de Ixcán (Guatemala)
  17. Comunitaria Cultura (México)
  18. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (México)
  19. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) (Honduras)
  20. Consejo del Pueblo Maya (CPO) (Guatemala)
  21. Cooperativa Integral de Producción de Energías Renovables Luz de Todos R. L. (Guatemala)
  22. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM) (México)
  23. Defensa de la Tierra y de la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA) (México)
  24. “Entre campo y campo” Red de Arte + Agroecología (México)
  25. Escuela Campesina Edupas (México)
  26. El Puente S.C. (México)
  27. Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON (Costa Rica)
  28. Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad
  29. Frente Metropolitano por la Defensa del Territorio (Guatemala)
  30. Frente Petenero de Afectados por las Represas (Guatemala)
  31. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)
  32. Granja La Tierra (México)
  33. Gobierno Ancestral Plurinacional (Guatemala)
  34. Guardianas y Guardianes de los Humedales del Consejo de la Zona Sur, Colonia 5 de Marzo (México)
  35. Heterotópica Universidad de Nodos Autónomos Móviles (HUNAM) (México)
  36. International Rivers (Internacional)
  37. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) (México)
  38. La Sandía Digital (México)
  39. Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) (Honduras)
  40. Movimiento de Afectadas/os por las Represas (MAR) (América Latina)
  41. Movimiento Mesoamericano contra la Palma de Aceite (Mesoamérica)
  42. Movimiento por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México (México)
  43. Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica (Costa Rica)
  44. Noti Guate Alternativa (Guatemala)
  45. NuestraRed.Mx (México)
  46. Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (México)
  47. Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas de Acteal” (México)
  48. Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH) (Honduras)
  49. Otros Mundos A.C. (México)
  50. Permanecer en la Tierra (Stay Grounded Network) (Internacional)
  51. Persicaria Colectiva Agroecológica (México)
  52. Plataforma Global El Salvador (El Salvador)
  53. Red de la Costa en Rebeldía (México)
  54. Red de Economía Solidaria Túmin Moneda Social (México)
  55. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) (México)
  56. Red Nacional en Defensa del Agua (RNDA) (Panamá)
  57. Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala
  58. (REDSAG) (Guatemala)
  59. Salva la Selva (Alemania)
  60. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca sede Ixtepec (México)
  61. Un Salto de Vida (México)
  62. Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (México)
  63. Zona Reina y Alta Verapaz (Guatemala)

Galería de fotografías del Encuentro

Mapa: Aeropuertos y Conflictos en México

Compartimos con ustedes este mapa de los Aeropuertos y conflictos en México con la última actualización a julio del 2023.

Por sí aú no haz leido el informe que acompaña este mapa, aquí te dejamos el link para que lo revises.

Informe: Aeropuertos y Conflictos en México

Publicada el | por Otros Mundos AC

Compartimos el siguiente informede nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.

Comunicado de Prensa

Aeropuertos en México intensifican el Modelo Extractivista, despojo y saqueo de territorios

29 de Septiembre de 2022 – México

Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también,  que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?

Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.

Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.

Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.

Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.

El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.

Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente  administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.

Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del  nuevo informe “Aeropuertos y conflictos en México” de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).

En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.

Atentamente

Stay Grounded-Permanecer en la Tierra

Otros Mundos Chiapas A.C.

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en  Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura

Artículo elaborado por Stay Grounded

Podcast: Túmin, conoce la moneda comunitaria

Con mucha alegría les compartimos esta serie de cuñas con la información más relevante sobre el Túmin, la moneda comunitaria que cada día esta más presente en cada rincón de México

Comparte, difunde e informa sobre el Túmin

Súmate a esta carta Colectiva para pedir cancelación del registro del insecticida clorpirifos en Mexico

Compartimos la siguiente petición de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México – RAPAM – A julio 2023

CARTA PARA COLECTA DE FIRMAS SE HARÁ PÚBLICA EN AGOSTO 

Agosto de 2023

  • Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Titular de la Secretaría de Salud
  • M.C. María Luisa Albores González, Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

P R E S E N T E

Estimadas Autoridades:

Este es un llamado para que se tomen acciones frente a la grave amenaza a la salud y al ambiente que representa autorizar el uso de los insecticidas clorpirifos etilo y clorpirifos metilo, lo que vulnera derechos humanos fundamentales de la población en México como son el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y a una alimentación saludable.

Las razones para solicitar la prohibición en México de estos insecticidas han sido expuestos en detalle en un informe elaborado por la Red de Acción  en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) A.C. e investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, mismas que se resumen a continuación y cuyas referencias cientifícas y documentales se pueden encontrar en dicha publicación. [1]

En la literatura científica nacional e internacional se reportan numerosos efectos adversos a la salud asociados a la exposición a clorpirifos. Destaca en primer lugar que se trata de un compuesto neurotóxico pues afecta el sistema nervioso, al inhibir la enzima acetilcolinesterasa (AChE). La exposición de este insecticida en muy bajas dósis provoca alteraciones hormonales, especialmente de la tiroides, que juega un papel importante en el desarrollo neurológico cerebral infantil, lo que vulnera gravemente el derecho de niñas y niños a su pleno desarrollo. Estudios epidemiológicos sugieren que a muy bajos niveles de exposición durante el embarazo puede afectar el desarrollo cerebral de las niñas y niños causando alteraciones en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas (reducción del coeficiente intelectual), funciones motoras y problemas de atención; efectos que pueden manifestarse años después, en la infancia y adolescencia, con un daño permanente. 

Preocupa especialmente la exposicion In útero, durante las primeras semanas de embarazo y la capacidad de clorpirifos de llegar a la leche materna, como lo han comprobado diversos estudios tanto en áreas rurales como urbanas en distintos países. La evidencia científica es contundente, en los niños no hay niveles seguros de exposición a clorpirifos.

En México, se han realizado estudios in vitro sobre el efecto citotóxico del clorpirifos y el daño al ADN en células espermáticas, en la expresión de genes, niveles de proteína y actividad enzimática, así como estudios in vivo en distintas especies animales sobre sus efectos neurotóxicos, efectos multi y transgeneracionales, en el desarrollo embrionario y la disminución de la actividad enzimática (AChE) y motora.

En cuanto a los efectos adversos de clorpirifos sobre el ambiente, se ha documentado una elevada toxicidad en abejas, peces, y otras especies como invertebrados, anfibios, aves y mamíferos. Su degradación ambiental puede tener una vida media de días hasta varios años, dependiendo de la intensidad de su aplicación al ser transportado por las corrientes atmosféricas o por vía acuática en ríos o corrientes oceánicas.

En México, se ha confirmado la presencia de clorpirifos en diferentes matrices ambientales como lagunas y sedimentos, leche comercial pasteurizada, agua de escorrentia, desagues y ríos en distintos estados de la república. Se ha encontrado en alimentos como frutas, vegetales, leche de vaca, maíz, panales de miel y cera.

El clorpirifos etilo y clorpirifos metilo han sido prohibidos o con medidas que equivalen a una prohibición  en 40 y 33 países respectivamente. En la Unión Europea ambos insecticidas están prohibidos: el clorpirifos etilo está prohibido como biocida (2008) y para uso agrícola (2020), y también están prohibidos en Canadá (2021). En Estados Unidos las empresas voluntariamente retiraron el registro de clorpirifos para uso residencial desde 2020, y por orden judicial se prohibió para cultivos agrícolas alimenticios en 2021. En 2020, clorpirifos etilo fue prohibido en Nicaragua. En 2022 ambos insecticidas fueron prohibidos en Chile y Argentina; y en Colombia una sentencia judicial ordena la prohibición del clorpirifos (2022).

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a México en 2015 que prohibiera la importación y el uso de cualquier plaguicida que haya sido prohibido o restringido para su uso en el país exportador (CRC/C/MEXICO/4-5,2015), lo que debería aplicarse al clorpirifos etilo y clorpirifos metilo.

La Unión Europea ha nominado al clorpirifos para que ingrese al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) para su eliminación mundial, debido a sus características de persistencia, bioacumulación, su capacidad de desplazarse a grandes distancias, y causar efectos adversos en la salud humana y medio ambiente.

Existen alternativas al clorpirifos para uso agrícola, el hecho de que un gran número de países haya prohibido el clorpirifos para más de 50 cultivos indica que hay sustitutos para reemplazarlo, como se ha documentado en el caso de California en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial agrícola. Sin embargo, hay que adoptar un enfoque agroecológico para evitar solo sustituirlo por otro insecticida de menor peligrosidad, y transformar los monocultivos dependientes de insumos agroquímicos a sistemas productivos rentables, más diversificados biológicamente, capaces de asegurar alimentos sanos, mejor adaptados para responder a los cambios climáticos. En este sentido, consideramos que en México hay condiciones políticas y capacidad institucional para impulsar alternativas al clorpirifos. Se cuenta con los programas gubernamentales de Producción para el Bienestar, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y el de Sembrando Vida, de la Secretaria de Bienestar, que incluyen el fomento de prácticas agroecológicas en la fertilización del suelo y el manejo de plagas y enfermedades; además, se cuenta con la experiencia de una agricultura orgánica en crecimiento y de un grupo creciente de bioinsumos disponibles en el mercado en nuestro país. Además en México los agroexportadores que deseen seguir entrando al mercado de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea no lo pueden hacer si continúan usando clorpirifos al estar prohibido en dichos países, como se explicó anteriormente.

Existen también alternativas al clorpirifos para el control de vectores en salud pública que se pueden potenciar si se refuerzan las acciones de un Manejo Integral de Vectores con actividades centradas en la participación comunitaria, las acciones preventivas y el uso de alternativas de control exitosas documentadas en México en el caso del dengue y paludismo.

Por las razones expuestas anteriormente, las organizaciones y académicos firmantes, con fundamento en los artículos 1°, 4°, párrafos tercero, quinto, sexto y noveno, y 8° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en observancia y aplicación de los principios Pro-persona, Preventivo, Precautorio, y in dubio pro natura, y, sobre todo, velar por el interés superior de la niñez, solicitamos:

  • Cancelar la autorización de clorpirifos etilo en el cuadro de insecticidas permitidos para el control de insectos vectores de enfermedades, otorgada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaria de Salud, como medida prioritaria de prevención de riesgos y protección a la población más vulnerable, como es la población infantil y mujeres embarazadas. Al igual que fortalecer el Manejo Integral de Vectores con medidas centradas en la prevención y participación comunitaria y una mejor supervisión para evitar el uso de otros plaguicidas altamente peligrosos.
  • Negar las importaciones del clorpirifos etilo y clorpirifos metilo de los países donde está prohibido, por parte de Semarnat, en cumplimiento del art. 144 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CRC/C/MEXICO/4-5,2015).
  • Cancelar todos los usos autorizados de los registros de clorpirifos-etilo y clorpirifos-metilo, y negar la autorización de nuevos registros, incluyendo los usos agrícola, pecuario, forestal, doméstico, jardinería, urbano e industrial, por parte de Cofepris.
  • Iniciar por parte de la Secretaria de Salud a nivel federal y por las autoridades sanitarias de los estados de la república una campaña de concientización sobre los riesgos a la salud, especialmente infantil, de la exposición al clorpirifos entre los distintos grupos sociales expuestos: jornaleras y jornaleros agrícolas, productores rurales, comunidades vecinas a campos agrícolas, y consumidores, mientras se cancelan todos los registros y se prohíben las importaciones.
  • Prohibir las compras de clorpirifos etilo o metilo con dinero del presupuesto público por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales para cualquiera de sus usos: agrícola, forestal, domésticos, jardinería y urbano.
  • Incluir al clorpirifos etilo, como uno de los plaguicidas altamente peligrosos prioritarios a incorporar en el Programa Nacional de Prohibición gradual de Plaguicidas Altamente Peligrosos que se propone crear mediante Reforma a la Ley General de Salud, pendiente de aprobación en el Senado de la República de la LXV Legislatura para turnarse a la Cámara de Diputados.
  • Apoyar y coordinar acciones para documentar las alternativas de menor peligrosidad con un enfoque agroecológico y/o ecosistémicos para sustituir el uso de clorpirifos para uso agrícola y control de vectores por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en colaboración con la Secretaria de Salud (Cofepris-Cenaprece), la Semarnat y la subsecretaria de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
  • Participar de manera activa como observador en el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo, y proporcionar toda la información necesaria para apoyar su eliminación mundial mediante su inclusión en el Anexo A de este instrumento internacional vinculante, por parte de las autoridades regulatorias competentes en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Se indica el siguiente correo electrónico para oír y recibir notificaciones relacionadas a la presente petición: coordinacion@rapam.org

  • Ccp Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
  • Ccp Titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece)
  • Ccp Subsecretario Semarnat
  • Ccp Comisión de Salud y Comisión de Medio Ambiente, Senado de la República
  • Ccp Titular de CONAHCYT

[1] Bejarano F. y Rojas-García, AE (2023). Informe sobre clorpirifos en México. Razones para su prohibición, México. RAPAM, disponible en www.rapam.org y en www.redtoxicologiadeplaguicidas.org

Atentamente 

NOMBRE DE LOS ACADEMICOS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Dr. Fernando Bejarano González/ Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM)

Dra. Aurora Rojas García, Investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

Artículo: Unidos contra el destructivo Tren Maya

Compartimos el siguiente artículo escrito por Sylvan Bachhuber voluntaria en Otros Mundos sobre el paso de la caravana del Sur Resiste y el encuentro que se realizó en San Cristóbal – A 27 de junio del 2023

El encuentro internacional ‘Sur Resiste’ amplifica demandas indígenas por el derecho a la tierra y la autonomía.

Por Sylvan Bachhuber

Entre montañas verdes y murales políticos de colores brillantes, más de 1.000 activistas, líderes indígenas y miembros de la comunidad se reunieron en CEDICI, un caracol Zapatista en San Cristóbal de Las Casas, México para un encuentro internacional con derecho “Capitalismo corporativo global, patriarcado planetario y autonomías en rebelión.” Su misión: unir, resistir y movilizarse colectivamente contra megaproyectos.

La reunión sucedió el fin de semana del 6 de mayo de 2023 y marcó la culminación del “Sur Resiste,» una caravana de resistencia de diez días organizada por el Congreso Nacional Indígena. La caravana trazó el camino del Tren Maya, un ferrocarril turístico de $6.5 mil millones de dólares en construcción en la Península de Yucatán. La caravana y la reunión tenían como objetivo fomentar la solidaridad entre las comunidades afectadas, amplificar las voces indígenas y arrojar luz sobre las violentas consecuencias de megaproyectos en el sur de México como el Tren Maya.

Branko, un participante de la caravana y activista climática alemana, pasó esos diez días hablando, cantando y protestando junto a las comunidades en resistencia a la degradación climática y los megaproyectos. Se negó a compartir su nombre completo para proteger su seguridad. Branko me dijo en una entrevista que el compromiso del movimiento con la “lucha [contra] el capitalismo y el cambio climático en general” impulsa sus esfuerzos para aumentar la conciencia global y movilizarse colectivamente contra los desarrollos neoliberales.

Cuando está finalizado, el proyecto del Tren Maya establecerá conexiones entre los sistemas ferroviarios actuales, como el Corredor Interoceánico, con los objetivos de impulsar el turismo, facilitar el transporte de recursos y avanzar en el desarrollo neoliberal de la región.

Carlos González, abogado y miembro del Congreso Nacional Indígena, argumento en su discurso en el encuentro internacional que estos megaproyectos colectivamente sirven a una agenda más amplia para privatizar la Península de Yucatán y “reestructurar profundamente los territorios y poblaciones [indígenas]”.

La privatización de la península de Yucatán es motivo de gran preocupación para el Congreso Nacional Indígena, particularmente debido a la posible intrusión de diversas formas de violencia y vigilancia en sus comunidades como resultado del proyecto Tren Maya. González argumentó que estos megaproyectos interconectados en el sur de México actuarán como una «cortina» contra la migración, extendiendo la violencia de la frontera entre Estados Unidos y México hasta el sur de México.

“¿Qué hace una empresa cuando privatiza un territorio?” pregunta Branko. «Ellos construyeron una valla a su alrededor. Entonces, más vallas, más calles, más vigilancia y más militarización provocarán más violencia contra los migrantes”.

González hizo notar en su discurso que la privatización, la militarización y el turismo también impulsarán el aumento de la violencia de los cárteles en la región. La demanda de drogas y trabajo sexual ilegal por parte de los turistas crea oportunidades económicas para los narcotraficantes, quienes también con frecuencia se coluden con funcionarios gubernamentales para ofrecer protección a las corporaciones internacionales involucradas en megaproyectos —a veces incluso participando directamente en estos proyectos de desarrollo extractivo.

“Los capitalistas y los narcotraficantes son iguales”, dice Branko. “Tienen los mismos objetivos. Quieren hacerse ricos y no les importa cómo”.

Esta expansión de la presencia de los cárteles, junto con el desplazamiento de las comunidades locales e indígenas debido a la gentrificación y el desarrollo urbano, obliga a muchos indígenas a trabajar como narcotraficantes. El encuentro internacional enfatizó que este fenómeno fractura el tejido cultural de las comunidades y provocará violencia patriarcal en la región.

Además de estos problemas sociales, el proyecto Tren Maya amenaza al agua y a los sistemas ecológicos en la península Yucatán. La construcción del ferrocarril, especialmente en áreas directamente sobre la superficie del Gran Acuífero Maya, pone en peligro el suministro de agua potable para millones de mexicanos.

Además, el proyecto conducirá más desarrollo urbano y prácticas ilegales de planificación urbana, lo que contribuirá a la contaminación del agua, la deforestación y otras formas de degradación ecológica.

Branko me contó la historia de una activista en Pijijiapan en el primer día de la caravana, “Si tu progreso significa que vas a cortar mi árbol de mango, no quiero este progreso; Quiero mi árbol de mango”.

La reunión internacional y la caravana intentaron a llamar la atención internacional sobre el flagrante desprecio del gobierno mexicano por importantes preocupaciones ambientales, políticas y sociales entre las comunidades indígenas, lo que constituye una violación del derecho internacional.

“ El Acuerdo 169 de La Organización Internacional del Trabajo dice que si una comunidad indígena está siendo amenazada por un proyecto de infraestructura, [ellos] deben ser consultados”, dice Branko. En el caso del Tren Maya, el proceso de consulta no comenzó hasta después de que ya se había iniciado la construcción de la vía férrea, “entonces ya era demasiado tarde”.

El proceso de consulta del proyecto Tren Maya estuvo bajo el escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por no cumplir con los requisitos internacionales de derechos humanos. El informe de la comisión destacó varias fallas, incluida la traducción inadecuada del idioma, las barreras financieras que impiden la participación de muchos miembros de la comunidad afectados y una representación desproporcionada de las autoridades municipales en el grupo de entrevistas. Además, las denuncias de corrupción ponen en duda la integridad del proceso de consulta.

La caravana y reunión internacional fue un faro de esperanza para muchas comunidades afectadas y una oportunidad para cultivar la solidaridad internacional. En el segundo día de la asamblea, los participantes se dividieron en grupos para compartir sobre las luchas territoriales en sus propias comunidades y generar ideas sobre colaboraciones y acciones en el futuro. Colectivamente, activistas del norte global se comprometieron a avergonzar públicamente a las principales partes interesadas en sus países, amplificar las historias de la Caravana El Sur Resiste en sus medios locales y organizar un día de acción global.

“Todo el mundo tiene una responsabilidad muy grande”, dice Branko. “Nuestro papel solidario es presionar a las empresas internacionales [en nuestros países] que están apoyando estas nuevas políticas coloniales”.

Los participantes se fueron a la caravana y la reunión internacional imbuidos de una profunda inspiración y empuje para resistir el desarrollo del Tren Maya y la degradación capitalista del planeta. Muchos compartieron que las notables demostraciones de acción colectiva y poder durante la reunión ofrecieron un vistazo a un futuro más brillante.

La Trampa de la Diplomacia Económica Canadiense en la discusión de las Reformas a la Ley Minera

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2023

A principios de junio, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) participó en la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la embajada canadiense en México por haber incrementado el peligro que corría la vida del defensor chiapaneco, Mariano Abarca, antes de su asesinato el 27 de noviembre de 2009. Esta petición de denuncia se enfoca en la práctica del gobierno canadiense que se llama «diplomacia económica», una estrategia mediante la cual Canadá dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para «atender las necesidades» de sus empresas en el extranjero, sin importar los daños que sufren las y los afectados por estas empresas. Hoy queremos volver a denunciar a Canadá por esta misma práctica, misma que ahora sucede con relación a una Ley federal en México, en tiempo real, y con la aquiescencia de la Secretaría de Economía.

Tal como ha pasado en otros países de América Latina, gracias a la «diplomacia económica canadiense» las empresas mineras canadienses tendrán una silla importante en las mesas técnicas sobre las reformas a la ley minera en México. Esto fue el acuerdo logrado entre las Ministras de Comercio de México y Canadá a fines de mayo, y seguramente figuraba en la agenda del diálogo bilateral entre los dos países, realizado en Ottawa entre el 12 y 13 de junio.

Aunque poco de esto ha salido en los medios o anuncios oficiales de ambos gobiernos, un medic canadiense registró que el 19 de mayo, la Ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, «le agradeció [a la Secretaria Raquel Buenrostro] que aceptara involucrar a las empresas mineras en México con capital canadiense en consultas técnicas, como parte del proceso para redactar los reglamentos de aplicación de la reciente reforma minera para ayudar a asegurar que aborden las preocupaciones de Canadá con la reforma.»1

La presencia de empresas canadienses en el sector minero ha sido múltiples veces señalado por organizaciones sociales, y ha sido reconocido por el propio sector minero: hasta 2021, CAMIMEX estimó que 73% de las empresas mineras en México con capital extranjero corresponden a capital canadiense.² Hasta este mismo año, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá reportó la presencia de 132 empresas mineras canadienses en México con activos de un valor de $9.8 miles de millones de dólares canadienses, lo que equivale a unos 127 miles de millones de pesos mexicanos.³

La injerencia de Canadá en las leyes mineras de América Latina no es nueva. Ha sido un esfuerzo de tiempo completo de su cuerpo diplomático cada vez que países de la región han intentado realizar reformas.

En Colombia, fondos de la cooperación internacional de Canadá fueron canalizados para pagar una asesoría técnica para el código minero aprobado en el año 2001, con lo cual se dio paso a un despliegue tremendo de nuevas concesiones mineras en el país, en beneficio de la élite colombiana, grupos armados y empresas transnacionales, y con afectaciones profundas para pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, además de para asociaciones de pequeños mineros.

En Ecuador, la embajada canadiense realizó trabajo «incansable» para asegurar una silla privilegiada a las empresas mineras canadienses que dominaban el sector en la mesa de diálogo sobre reformas al código minero. Esto fue en un contexto de fuerte movilización a nivel nacional de comunidades campesinas e indígenas para la prohibición de la minería en todo el país, y cuando Ecuador aún no contaba con ninguna operación minera a gran escala. Vale la pena notar que las empresas mineras no lograron todo que estaban buscando en la mesa de diálogo en este momento, aunque, según documentos obtenidos bajo la ley de acceso a la información en Canadá, se sabe que el gobierno canadiense consideraba la ley lo suficientemente útil para «abrir el sector a la minería industrial». En Ecuador, contrario a la receta preestablecida por el Banco Mundial en los códigos mineros de las décadas de 1980 y 1990, a través de las reformas mineras el país estableció una empresa estatal minera, reintrodujo el pago de regalías, introdujo un nuevo impuesto de sobre-ganancias, y estableció mayores controles regulatorios. Sin embargo, el lobby empresarial no se dio por vencido. Después de la aprobación de la nueva ley, la presión empresarial continuó y, poco a poco, durante los años siguientes, lograron nuevas reformas para debilitar las reglas impositivas y regulatorias, a la vez que se pusieron en operación las primeras minas a gran escala en el país, en el sur de la Amazonía ecuatoriana.

En Honduras, el cuerpo diplomático canadiense se puso en acción con el golpe de Estado militar de 2009. Antes de que el presidente Manuel Zelaya fuera sacado del país en pijama por las fuerzas castrenses, el gobierno hondureño había interpuesto una moratoria sobre la entrega de concesiones mineras desde 2006, y estaba contemplando la prohibición de la minería a tajo abierto. Sin embargo, esta propuesta jamás fue debatida y en los siguientes años, con el golpe de Estado realizado, el gobierno canadiense se movilizó permanentemente para impulsar una nueva ley minera, proporcionando nuevamente fondos de la cooperación internacional para tal fin y facilitando reuniones entre autoridades hondureñas y las empresas mineras canadienses.

En 2013, cuando Honduras estaba bajo control de una narco-dictadura y mientras este país era considerado la capital de los homicidios en el mundo, la nueva ley fue aprobada, levantando así la moratoria de 9 años que el gobierno libremente electo había dejado.

Hoy, en México, podemos anticipar que el gobierno canadiense de la mano del sector minero representado por la Cámara de Comercio Canadiense en México (CANCHAM), teniendo ya la puerta ampliamente abierta por la Secretaría de Economía, va a estar trabajando con todos los recursos para asegurar que las reformas mineras en curso en México no pongan freno ni obstáculo alguno al interés económico de sus empresas, un interés que se construye sobre la destrucción territorial a lo largo y ancho de este país.

Desde la REMA, denunciamos la injerencia canadiense y la servil apertura que el gobierno mexicano ha dado a las empresas mineras canadienses en la mesa de reformas. Nos parece claro que, frente a la consolidación de condiciones claramente desventajosas y asimétricas para los pueblos afectados por la minería, la exigencia que varias organizaciones han hecho al gobierno mexicano por un reglamento a esta ley, debe ser reconsiderada, dado que hay una alta posibilidad de que esto resulte contraproducente y solo legitime un proceso de complicidad entre el Estado y las corporaciones mineras. Para nosotros, en este contexto y dadas las 23 mil 453 concesiones mineras vigentes a nivel nacional, vemos urgente seguir reforzando y fortaleciendo los procesos de defensa del territorio que tendrán que estar aún más preparados para ejercer sus derechos a la vida, a la salud y a la autodeterminación al finalizar este proceso.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos «no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado«.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

 ¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

 ¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf 

Más información:

En la prensa:

¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.  

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

Más información:

Carta desde la Montaña-Costa Chica de Guerrero

Compartimos con ustedes este análisis hecho por Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. PIAP – A 9 de mayo del 2023

Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista…

Corre el socialista tras el capital…..fragmento de la canción: Un Precio https://www.youtube.com/watch?v=CDP8gojSKkk

Sigue sin concluir el frenesí de la reformada e “histórica” ley de minería y por ello las reacciones se mantienen en el mismo tono previo a su dictamen, la cual, hasta el día de ayer 8 de mayo, por fin se publicó en el DOF,  y con ello tendremos más idea sobre los rumores en donde las empresas nacionales y extranjeras usarán el arbitraje internacional previsto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los varios tratados de protección de inversión transnacional multilateral o bilateral que hay para demandar a México, lo que suponemos retardo un poco su publicación, a la vez que el ejecutivo federal ya pone en el tintero la necesidad de una revisión mayor, sin que ello nos perita tener una idea clara sobre lo que refiere. Una vez más el sector minero, utilizando su poder y cabildeo “acordaron” con AMLO, Gobernación y la Secretaría de Economía y, previo a la discusión en el Senado, varios ajustes y cambios sobre la iniciativa los cuales parecían “materializados” durante una reunión emergente de increíble obediencia entre el ejecutivo, las/os senadores y los aspirantes de Morena a la presidencia. La foto del encuentro es elocuente y sólo faltó acompañarla con la frase célebre: “quien se mueva se sale de la foto”. Por otro lado, quienes la celebran, aunque suponemos con la versión final ya no tanto, enfatizan los avances históricos acariciando como propios aquellos que consideran más importantes, que dicen no se deben minimizar e intentan de diferentes maneras, colocar argumentos en auto-debates realizados en espacios que hace tiempo controlan y ponderan a partir de una oratoria por la defensa de los derechos humanos y ambientales, aunque la realidad sea contraria. Todo lo que vimos en estos días, tiene un sustento teórico social burdamente conocido como Relaciones Alineadas, esas que ya fueron construidas desde el consenso de Washington totalmente útiles bajo las premisas del modelo de Integración Comercial Internacional en la que se utiliza a La Cooperación como la causal para formar proyectos comunes a pesar de tener diferencias estructurales de todo tipo.

En síntesis, los barones del sector en gremio, pero también en lo individual, entre ellos Slim que es gran amigo de la presidencia, continuarán permutando con el ejecutivo las modificaciones más pertinentes para hacer funcional el negocio extractivo, mientras los “procesos sociales y pueblos en rebelión”, tendremos que mostrar solides para soportar los nuevos embates legales y desregularizados e inciertos por enfrentar, en donde, por cierto, debemos mostrar una solides que ni el propio estado ha tenido. Nada que no sepamos, nada que nos sorprenda, nada nuevo sobre el comportamiento de la “legalidad democrática”.

No haré más estridencia de los hechos ni citaré desatinos sobre el contenido de la “nueva ley de minería” porque a toro pasado me parece más importante colocar en la opinión de quien lea este texto, los por qué soy anti-minero, argumentar desde otros elementos los por qué otras y otros somos anti-mineros y, a partir de ello al menos le encuentren coherencia a nuestras aspiraciones sobre la urgente necesidad de establecer la prohibición de la actividad minera en México.

No se trata de ser activista, por cierto, palabra que se usa para denostarnos y que en lo personal me ofende, tampoco soy ambientalista ni me interesa la vida del oso panda, mi posición anti-minera se ha edificado a partir de ver la larga resistencia contra el saqueo que han vivido los pueblos originarios, de tal manera que, en el fondo de mi corazón, a pesar de ser mestizo, me habría encantado  haber nacido indígena y por supuesto ser campesino, para entender mejor esa tenacidad de soportar tantos agravios durante tantos siglos. Mi posición anti-minera se basa principal y permanentemente en repensar LA VIDA, bajo los indicios manifiestos de lo que actualmente nos ocurre con la utilización del Modelo Extractivo y en particular el modelo minero, sin dejar de observar y reconocer que cada mineral está adscrito a mi cotidiano y me hace coparticipe de retroalimentar la voracidad de su comportamiento.

Comienzo por señalar que la actividad minera en sí misma no es depredadora de la vida, sin embargo, si lo es la forma en la que esa actividad ha sido utilizada para sostener un modelo económico que crea dependencia permanente, que utiliza como base fundamental para esa “permanencia” minerales metálicos y no metálicos que se transforman con el uso energético a base de hidrocarburos, al mismo tiempo que consumen biomasa de forma descomunal sabiendo de antemano que todos ellos son bienes naturales finitos o por lo menos, acotados a lo que existe en este planeta. Tomando en cuenta lo anterior, desde la lógica del Modelo Extractivo y la forma de apropiación en el que se desarrolla, no hay posibilidad de establecer una regulación suficiente, responsable, sostenible, sustentable, ni viable, ni social, ni justa, ni sana. Es importante entender que tenemos límites materiales y naturales para continuar con el modelo de desarrollo o crecimiento que nos han impuesto (Thanatia 2021), por lo tanto, no es casual estemos subordinados a las “lógicas” del progreso y desarrollo como la única opción de crecimiento económico, tampoco es casual la clasificación entre países desarrollados y subdesarrollados porque desde los primeros han creado condiciones aspiracionistas reflejadas en modelos socioeconómicos diferentes a los nuestros, no son casuales las promesas que nos han hecho a partir del uso de nuestra “riqueza ambiental” como palanca para nuestra propia condición de crecimiento soberano, a la vez tampoco es casual el diseño e implementación de una férrea estrategia para, al parecer, nunca perder el control del consumo y que la dupla inversión/deuda pueda ser intercambiada como viable a costa de los bienes naturales los cuales “tienen” que estar disponibles para el mundo entero, hoy bajo las reglas de la ya conocida globalización que no es más que una expresión del capitalismo resiliente.

Constantemente en las comunidades en las que nos dan oportunidad de hablar intentamos explicar el efecto del modelo extractivo a partir de entender la relación entre; 1. El Crecimiento Poblacional el cual les pongo a reflexión bajo dos perspectivas: a). Somos 8 mil millones de habitantes y aproximadamente cada 10 años tenemos mil millones de habitantes más y b). Cosas tan básicas como la implantación de la obsolescencia programada nos hace consumidores frecuentes de elementos vinculados al modelo extractivo minero que conocemos como el frenesí o locura del consumo, sin obviar, por supuesto, que de ninguna manera el tamaño del consumo de los países ricos del norte/“desarrollados” (seguridad y confort) es siquiera cercano al consumo de los países pobres del sur/“subdesarrollados” (miseria y violencia), por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en las gigantescas asimetrías creadas a partir del modelo de desarrollo que nos han impuesto https://tintalimon.com.ar/public/m1s3oeqpblrv0v2eq4m9epbzybga/Tinta%20Limon%20-%20Modo%20de%20vida%20imperial%20-%20Ulrich%20Brand%20%20Markus%20Wissen.pdf. 2. El Modelo Extractivo se alimenta prácticamente de cinco macro bienes naturales: a). La biodiversidad incluyendo todos sus componentes en donde la vegetación y los bosques son elementos significativamente importantes para generar riqueza. Ahí se implementan constantes procesos para el control de la biodiversidad que se manifiestan en manipulación genética, registro de patentes, medicamentos, biocombustibles, creación de alimentos relacionados con cadenas de valor, por ejemplo, la engorda de ganado, su uso para la disrupción con transgénicos, la ocupación territorial para fines de investigación, así como la implantación de zonas recreativos vinculados a servicios turísticos VIP, la instauración de áreas naturales protegidas en donde se realiza la compensación de industrias mega-contaminantes a partir de sanar su contaminación con la entrega de certificados a los que le asignan un valor comercial ($) por ejemplo para la captura de carbono o para los servicios hidrológicos, entre otros elementos mercantiles a nombre de la naturaleza. b). Minerales metálicos y no metálicos los cuales con los avances tecnológicos se logra una extracción de tipo exponencial, a tal grado que solamente en los últimos 20-25 años se ha extraído la misma cantidad de cobre que se extrajo 100 años atrás (USGS, 2018). Su extracción incluye la pérdida de toda la cubierta vegetal que interfiere con las áreas destinadas al diseño del proyecto de ocupación, por supuesto su extracción no sólo destruye fuentes de agua, sino también las contamina, además que durante el procesamiento de los minerales hay un uso excesivo de agua que acelera la aparición de condiciones de estrés hidrológico sobre cuencas enteras. c. Fósiles combustibles convencionales y no convencionales, a los que conozco como la trilogía perfecta; petróleo, gas natural y carbón que son en sí mismos el pilar de la economía hegemónica mundial ya que con ellos generamos el 85% de la energía que consume este modelito extractivo (Thanatia 2021), así que ni caso mencionar los daños al respecto que hoy de manera simplista conocemos como calentamiento global. d). Agua, bien natural para la vida en constante disputa con el modelo agropecuario de producción, la industria, la generación de energía y el consumo doméstico. Sin ella, el modelo extractivo en su conjunto perece, por lo tanto, la disputa por ella es significativamente importante. e). Viento, sol, mareas, los cuales, tal cual insaciables somos la humanidad, ya “controlamos” a partir del uso de nuevas tecnologías que les aprovecha, sin embargo, en vez de significar fuentes alternativas diferentes, estas se consolidan como complementarias y se implementan bajo la misma lógica de acumulación por desposesión que es el centro del modelo extractivo. Basta señalar que hoy tumbamos los bosques integrados por selvas caducifolias y vegetación del desierto para ocuparles con miles de hectáreas de fotoceldas (Plan Sonora) o de aerogeneradores (como los ya integrados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), al mismo tiempo que nos hacen creer que con el programa “Sembrando Vida” estamos restituyendo parte de los daños causados por deforestación. Cierro con el tercer elemento. 3. La Globalización esa que nos vendieron para integrarnos comercialmente, aprovechar las ventajas comparativas, facilitar los flujos financieros, ser dependientes unos de otros, aunque coloquialmente se le conoce como interdependencia porque significa unirnos para transformarnos y lograr por fin la liberación democrática tan esperada por todas y todos. En síntesis, todo lo anterior se reduce a; una sola regla comercial con protección de inversiones privadas y transnacionales, bienes naturales limitados/finitos mercantilizados para su extracción sin importar el daño social y ambiental que suceda y, una población de 8 mil millones de habitantes con intensas proyecciones inducidas de consumo, pero descomunalmente asimétricas.

Sirva un ejemplo para darme a entender mejor tomando en cuenta una pequeñísima porción de lo que significa una “ocurrencia comercial” de la compañía Apple al elaborar solamente dos millones de relojes (0.025% de la población mundial), con 18 quilates cada uno. Ello implica 3.6 gramos de oro para cada reloj, por lo tanto, necesita el equivalente al 70.58% (7,200 kilogramos de oro) de la producción anual de oro de la mina “Los Filos” operada en un periodo de sólo 15 años por tres empresas canadienses -primero de la compañía Goldcorp, luego Leagold y ahora de Equinox Gold, ubicada en Carrizalillo, Gro-. Imaginemos ahora la tan proyectada transición energética en la que nos hipnotizan cuando nos dicen que pretenden sacar del mercado aproximadamente 1,500 millones de autos que se estima hay en el mundo, para empezar a rodar un