Posicionamiento urgente ante los hechos ocurridos al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez

Compartimos este pronunciamiento firmado por 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual a través del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria sobre la tragedia en la estación migratoria en Chihuahua – A 28 de marzo del 2023

Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de marzo de 2023.

Lo ocurrido el 27 de marzo por la noche en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es responsabilidad del gobierno federal. La situación refleja la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, 41 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros. Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad.

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Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma,  privar de la libertad a personas en situación de movilidad. El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia. 

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.  

  • En septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de sociedad civil denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y  acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad. 


Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de  comunicación. Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad. Situación similar ocurrió en 2020 con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.


Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como  último recurso.  

Por tanto, pedimos al Gobierno Federal:

  1. Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.
  2. Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.
  3. Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.
  4. Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.
  5. Destitución  e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Exigimos al Instituto Nacional de Migración:

  1. Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.
  2. Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de «desconocidas».
  3. Garantías eficaces y oportunas de no repetición. 
  4. Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas.
  5. La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. 
  6. Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Pedimos al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados:

  1. Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.
  2. Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.
  3. Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
  4. Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.
  5. Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Exigimos al Gobierno Municipal de Juárez:

  1. Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.
  2. Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta. 
  3. Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
  4. Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año. 

Sostenemos que, tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes. Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas.

Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos.

La política migratoria en México, mata.

FIRMAN: 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual

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Sierra norte de Puebla: Comunidad nahua Tecoltemi logra que no haya nuevas concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por la vida en la sierra norte de Puebla – A 6 de marzo del 2023

PorSare Frabes

La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.

La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.

En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes

las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.

La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.

De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.

Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.

“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.

La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.

“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre.  Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.

Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.

La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.

Pendiente

Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.

“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.

Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.

Imagen: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla . Avispa Midia

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“Tenía que ver con mis propios ojos que las máquinas perforaban la cortina de la presa”

Compartimos esta nota de Zona Docs vía Chiapas Paralelo sobre la defensa de la vida en Temacapulín, Jalisco – A 27 de febrero del 2023

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.


La lucha claramente valió la pena, es la sensación que tienen las y los pobladores de Temacapulín que acudieron puntuales a observar la destrucción de parte de la cortina de la presa El Zapotillo, megaproyecto que amenazaba con inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los cuales defendieron con dignidad hasta lograr frenar un proyecto que, desde el inicio, se hizo a sus espaldas.

Texto y fotografías: Mario Marlo

Con sus dos bastones apoyados firmemente en el suelo y sus pasoslentos y cuidadosos, doña Isaura Gómez Guzmán, una mujer de 87 años oriunda de Temacapulín, Jalisco, finalmente logró acercarse a unos metros de las obras de reacondicionamiento que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo en la Presa El Zapotillo, un megaproyecto contra el cual ha luchado durante más de 16 años para evitar que su pueblo sea inundado.

Conocida cariñosamente como Chagua, esta valiente mujer necesitaba ver con sus propios ojos las máquinas que perforaban la cortina de la presa que le había causado tantas noches de insomnio, angustia y rabia a ella, su familia y sus vecinos durante tantos años.

“Tenía que verlo con mis propios ojos, aunque los de la Conagua me aseguraban que las obras ya habían comenzado, yo no les creía,nos mintieron muchas veces. Ahora me siento tranquila porque finalmente pude constatar que no era una mentira”, expresó con firmeza.

A su lado, con sus ojos atentos y haciendo esfuerzos por escuchar a los oradores que explican los avances, se encuentra Alfonso Íñiguez, un hombre de 86 años que se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Temaca, también observó detenidamente cada una de las láminas que muestra Yasser Abiuth García, el responsable de la obra.

“Ahora sí van bastante avanzados, la visita anterior mostraba muy poco, pero ahora parece que el presidente está cumpliendo”,dijo con optimismo.

Desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa, cada mes los pobladores y sus asesores han visitado el lugar para que los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informen sobre el avance de la obra. Para doña Isaura y para don Alfonso, esta lucha ha sido larga y agotadora, pero su resistencia y perseverancia les han permitido ver con sus propios ojos: la no inundación de sus comunidades. 

De 105 metros a 46 metros de altura

Como cada mes desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, los habitantes de las comunidades deTemacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de sus asesores, llevaron a cabo una visita de inspección el pasado viernes.

Durante la visita, las autoridades de la Conagua les informaron sobre el progreso de las adecuaciones de la presa, en cumplimiento con los acuerdos firmados el 10 de noviembre de 2021. En dichos acuerdos, el presidente de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron la contrapropuesta de los pueblos para el megaproyecto, que incluía algunos cambios.

El cambio principal en el megaproyecto aceptado fue la decisión de no construir un sólo vertedor físico, sino seis ventanas vertedoras de 12 metros de altura por 72 metros de largo, a una altura de 46 metros del punto más bajo de la presa. Con esta modificación, se garantizaría que, en caso de una gran avenida de agua, las tres comunidades no sufran inundaciones.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico:

“actualmente las ventanas vertedoras tienen un avance del 9.5% en la excavación, mientras que el proyecto de reacondicionamiento en su totalidad tiene un avance del 25%. Se espera que el proyecto se concluya en diciembre de 2023.”

Abiuth García Sánchez destacó que la decisión de construir las ventanas vertedoras fue la mejor opción para evitar que la presa se convirtiera en un elefante blanco que sólo requeriría gastos de mantenimiento. Con las nuevas obras, se asegura que las comunidades no se inunden y se aprovecha el agua para Guadalajara.

Yasser Abiuth García Sánchez detalló que dentro de las obras de la presa está dividida en dos acciones, las seis ventanas vertedoras y el tanque amortiguador que tiene como objetivo evitar que cuando venga la crecida y empiece a verter, el agua que caiga al suelo no erosione el tanque amortiguador,  pues si eso pasa podría ocasionar alguna falla estructural.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, el tanque amortiguador está en proceso de construcción y ya lleva un 90% de avance. Se espera que su conclusión tenga lugar en el mes de mayo.

En cuanto a la presa El Zapotillo, las obras de reacondicionamiento en su totalidad se encuentran actualmente en un 25% de avance, y se espera que concluyan para finales del mes de diciembre de este año. Las autoridades de la Conagua planean comenzar a llenar la presa en julio de 2024.

“Es probable que el siguiente año ya esté en operación. La presa se cerrará y se llenará hasta el nivel de las ventanas, empezará a verter y también se empezará a aprovechar para llevar agua a Guadalajara. Si la temporada comienza en julio, para agosto ya estará a nivel de las ventanas y comenzará a verter”, resaltó Yasser Abiuth García.

Claudia Gómez Godoy, encargada por el gobierno federal de la Presa El Zapotillo y del Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, enfatizó que la ejecución de las obras es elcumplimiento de uno de los compromisos del presidente con los pueblos.

“El presidente se comprometió el 10 de noviembre de 2021 a que las comunidades no sufrirían inundaciones y a terminar el proyecto de la empresa del Zapotillo. Este acuerdo histórico respeta los impactos sociales y los derechos humanos”, dijo Gómez Godoy.

Por su parte, María González Valencia, directora del IMDEC, organización que acompañó a las comunidades durante su lucha,destacó que el  reacondicionamiento técnico de la presa El Zapotillo se logró gracias a la exigencia y los conocimientos técnicos comunitarios acumulados a lo largo de su lucha.

Según González Valencia, es importante recordar que la propuesta inicial presentada por Conagua el 21 de agosto de 2021 planteaba unriesgo significativo de inundación para las comunidades. Fue gracias a la insistencia de las comunidades, junto con sus asesores y especialistas nacionales e internacionales, que se planteó el vertedor físico como medida de seguridad y solo con esa condición aceptaron el replanteamiento de la presa.

“Hoy podemos constatar que sí era posible modificar el proyecto, incluso rompiendo la cortina, a pesar de los grandes intereses, la corrupción y los agravios. Estos hoyos que vemos en la presa representan años de lucha, vidas, violaciones y despojos. Pero también nos reiteran que es posible agrietar el sistema”,añadió González Valencia.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, un proyecto hidráulico impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, conocida también como “la presa de la corrupción”, generó controversia desde su inicio en 2005 debido a que nunca se consultó a las comunidades, convirtiéndose en una imposición.

Después del fracaso de dos proyectos hidráulicos en Jalisco en ese mismo año – la presa San Nicolás, sobre el río Verde, y la presa de Arcediano, sobre el río Santiago, ambos cancelados debido a la movilización social – se lanzó el proyecto de la presa El Zapotillo.

El proyecto se justificó en el argumento de abastecer de agua potable a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y las áreas metropolitanas de Guadalajara y León. Sin embargo, esto trajo consigo la transformación de la vida de las comunidades afectadas.

La construcción de La Presa El Zapotillo consistía en la construcción de una cortina de 105 metros sobre el Río Verde y un acueducto de 140 kilómetros para abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato y la Zona Metropolita de Guadalajara, megaproyecto que dejaría inundadas a las comunidades de Temacapulín, Acasico,Palmarejo y alrededor de 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Ante esta situación, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento(CEAS) y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, propusieron el Plan de Desarrollo Urbano del Nuevo Centro de Población Temacapulín (PDUNCPT), el cual consistía en la reubicación de los pobladores en un lugar denominado Talicoyunque y Nuevo Acasico.

En respuesta a la construcción del megaproyecto, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, iniciaron una digna resistencia por más de 16 años contra la inundación de sus hogares, cultura y territorio.

A pesar de la fuerte oposición de los afectados, las  autoridades mantuvieron una postura intransigente y recurrieron a la represión, la criminalización y la violación de derechos humanos para imponer el proyecto.

Después de años de lucha y resistencia, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus asesores el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, lograron firmar un acuerdo con el gobierno federal para evitar su inundación por la presa El Zapotillo.

El 10 de noviembre de 2021, se firmó el acuerdo para evitar inundar las tres poblaciones, lo que representó una victoria histórica para estas comunidades y para todos aquellos que luchan por la defensa del agua y el territorio.

Imagen: Mario Marlo

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#8M Unidas hoy, unidas siempre

Comunicado de Otros Mundos/ Amigos de la Tierra México en el marco del Día Internacional de las Mujeres #8M – A 8 de marzo del 2023 >>Descargar comunicado en pdf aquí<<

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, nosotras mujeres del tomo el mundo, mujeres diversas, de todos los pueblos, etnias y edades, nos unimos una vez más para reafirmar que seguiremos en Marcha hasta que todas seamos libres de toda la opresión patriarcal, capitalista y colonial.

Este 8 de marzo reivindicamos las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. Hacemos nuestra; las luchas de todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo. Honramos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida y reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Y recordamos que ni las mujeres ni la tierra somos territorios de conquista.

Rechazamos tajantemente impunidad y el incremento de la violencia hacia las mujeres. Denunciamos a este país feminicida en el que no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en el que nos acosan, nos desaparecen y donde once mujeres son asesinadas diariamente. ¡¡Queremos sentirnos libres y seguras!!  Repudiamos la protección que se da a los agresores por encima de las víctimas y nos pronunciamos en contra de un sistema omiso y cómplice que, en vez de hacer justicia nos reprime cuando protestamos por el feminicidio de una compañera más.

Exigimos y reclamamos que las autoridades y a el sistema de justicia presten oídos y den atención a nuestras demandas de justicia, de seguridad, de libre manifestación, de esclarecimiento de los feminicidios y de castigo a los feminicidas.

Recordamos y rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, en especial a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a las que siguen hoy en pie de lucha.

Celebramos que, a pesar de todo, sostenemos nuestras luchas contra la violencia patriarcal que, desde sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, está presente en nuestros espacios personales, familiares, organizativos, políticos y digitales.

Finalmente, en este día también recordamos esa alegría y esa diversidad que nos convocan en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas. Como dice Vivir Quintana en su bella canción de lucha, que es todo un himno para nosotras: Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, por eso:

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México y América Latina!
¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios!

#VivasNosQueremos #JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Firma

Mujeres de Otros Mundos A.C.

>>Descargar comunicado en pdf aquí<<

La REMA presentó en informe: “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”

Compartimos en siguiente comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 24 de febrero de 2023

El día de ayer se hizo, en un evento virtual, el lanzamiento de la publicación “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional? elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) y MiningWatch Canadá. Acceder al informe completo: http://geocomunes.org/Colaboraciones/Informe_Litio_REMA_MWC_2023.pdf

En dicho informe y evento, resaltamos lo siguiente:

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los que opinan del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante ésto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y situar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.

Nos parece importante resaltar que el litio, como muchos otros minerales cuyo extractivismo se proyecta ampliar supuestamente en aras de reducir el calentamiento climático que afecta al mundo, no son minerales estratégicos para la transición energética, sino minerales útiles para ciertas cadenas productivas de mercados en expansión que, pintados de “verde”, representa falsas soluciones a la crisis socioambiental que enfrentamos a nivel global. Estos mercados alimentan un modelo energético, extractivista y de consumo que, lejos de buscar sustituir a reducir la huella ecológica que genera, adiciona energía y formas de consumo al mismo modelo extractivo de explotación.

Resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública con la que se pretende justificar la explotación de litio en México, y su promoción como parte importante de un proyecto de recuperación de soberanía nacional, toda vez que lo que ha avanzado es un proyecto claramente articulado con el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense, y que pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.

Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la zona de reserva minera de litio, o el Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano planea consolidar acuerdos para vincular las cadenas de procesamiento de litio y producción de vehículos eléctricos a costa de los territorios (agua, tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para aprovechar los nuevos requisitos para la fabricación regional de componentes esenciales de vehículos de pasajeros a ligeros en el marco neoliberal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y servir a la carrera del sector automotriz estadounidense en contra del control de China en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos.
Lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son modificaciones minúsculas a la ley que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. Muy por el contrario, lo que se apertura es un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras.

Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Los proyectos prioritarios del gobierno actual, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos necesarios, el ocultamiento de la información, la desinformación y la manipulación para fabricar la aceptación social del proyecto, el linchamiento mediático y político de quienes se oponen, la criminalización y uso de la fuerza pública, la posibilidad de expropiaciones directas, y la continuidad de la impunidad por todos los daños a la salud y al territorio que generan los proyectos, terminando con la creación de zonas de sacrificio.

Si bien el gobierno de México ha promovido la supuesta nacionalización del litio como parte de un proceso paralelo al boliviano y al de gobiernos del Cono Sur, buscando resaltar con ello la idea de que es parte de un proyecto de integración latinoamericana de “izquierdas”; la integración norteamericana es la que marca las decisiones que se están tomando desde México, al tiempo que la realidad no sido tan alentadora en el sur nuestro continente. El esquema bajo el cual se ha promovido la explotación de litio Bolivia, por ejemplo, ha generado fuerte endeudamiento público a pesar de poseer recursos de litio mucho más grandes que los de México. Al respeto, Jorge Antonio Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDHIB), señaló durante su participación en el evento que “el proyecto de industrialización del litio en Bolivia no ha superado ni siquiera la fase de concentración primaria, es decir que ni siquiera ha logrado concentrar importantes cantidades de litio como materia prima. Lleva más de 10 años ejecutando la mayor inversión realizada por el Estado, en minería, que hasta el día de hoy continúa generando una serie de cuestionamientos e incertidumbres tecnológicas, ambientales y económicas”.

Las modificaciones que se han dado en últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Acciones que impidan el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre el avance de estos proyectos, el uso de los recursos públicos destinados, y posibilita el uso de la fuerza pública (militar y civil) en contra de las poblaciones que se opongan a dichos proyectos.

Los impactos socio-ambientales que podemos prever con la explotación que se proyecta hacer del litio en México son similares a los de la minería a cielo abierto, lo que debería generar una fuerte preocupación por, entre otras cosas, los volúmenes de consumo, disminución y contaminación de agua que implica, particularmente porque las zonas de prospección de litio identificadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), ya son regiones afectadas por sequías y escasez hídrica severa.

La mayor parte de los recursos de litio que el SGM ha reconocido con mayor viabilidad, están en depósitos de arcilla, un tipo de depósito del cual no hay explotación comercial, lo que agrega preocupación en torno a los daños socioambientales y las pérdidas económicas por la especulación que se hará con el erario público para el uso de tecnologías nuevas de aprovechamiento de minerales.

La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, es una transición de mercado, basada en la tecnología y el capitalismo rapaz que sigue empoderando, enriqueciendo e incrementando las desigualdades. Deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentaría la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y material, lo cuál, entre otras cosas, tendría que implicar una fuerte inversión en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo.

En este contexto, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos.

Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, una propuesta de supuesta soberanía nacional basada en fomentar el extractivismo minero, no es un camino hacia mayor libertad, dignidad o bienestar para el pueblo mexicano. Por el contrario, consideramos que generará más incertidumbre y riesgo, más despojo y destrucción, más sequía y contaminación y mayor división social, coacción, manipulación, militarización y violencia. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro sus bienes naturales, sus territorios y la vida en sí misma?

Por esta razón desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los minerales, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Presentación del informe

El Escaramujo en la Radio jueves 2 de marzo 5 pm- 7 años de la siembra de Berta Cáceres

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el marco de acciones #JusticiaParaBerta en conmemoración al 7mo aniversario de la siembra de nuestra compañera, hermana y amiga Berta Cáceres tendremos un programa especial donde estaremos platicando con Bertita Zúñiga y recordando la lucha del pueblo lenca, así que acompáñanos este jueves 2 de marzo a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Presentación del informe  “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?

Acompáñanos a la presentación del informe  “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?

El 23 de febrero 2023 por Zoom. México 4 PM  / 5 PM Perú /  6 PM Bolivia  / 7 PM Argentina / Chile / Brasil

*Este evento será realizado en español y inglés, con interpretación simultánea a través de Zoom.¡Registrate aquí!

Les invitamos cordialmente a la presentación del informe, “Explotación del litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y MiningWatch Canadá, – una actualización importante al documento de 2021 donde presentamos un análisis sobre las implicaciones socioambientales que la expansión del extractivismo minero proyecta en México, comandado por la Transición Energética Capitalista.

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los habladores del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir.  Ante esto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y posicionar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo. 

Escucharemos el posicionamiento que frente a esto tiene la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería en México, con reflexiones desde Bolivia y de otros países en torno a la extracción de litio en sus países.

Con la participación de: 

  • La Red Mexicana de Afectadas/os por la minería 
  • Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) – Bolivia
  • Otros panelistas por ser confirmados! 

Moderado por: MiningWatch Canadá 

Contexto:  Este informe brinda elementos para cuestionar la supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial, explicando que en realidad esta ola extractivista en México es dinamizada por la política neoliberal del Tratado entre México, Estados Unido y Canadá (T-MEC) y el sector automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente a el dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos. Por otro lado, el informe cuestiona la idea de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la “soberanía nacional”, y que por ello es positivo y necesario para el desarrollo del país, cuando en realidad lo que avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado, de alto riesgo para el erario público, y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. El informe actualiza la  información en torno a los proyectos más avanzados de explotación de litio y agrega el mapeo de las zonas de prospección minera impulsada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), haciendo una revisión de las implicaciones hídricas que estos proyectos tendrían.

BASTA DE VIOLENCIA contra el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA y Acción Colectiva Socioambiental – A febrero 14 de 2023

Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en lo que va el año, han recibido hostigamiento policiaco, allanamientos y agresiones físicas debido a su trabajo colectivo como personas defensoras de su territorio ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita, Durango en 2017. A pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, continúa sufriendo las represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.

El pasado 2 de febrero de 2023, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el agua, allanaron su vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.

Las agresiones contra el defensor Cristóbal González Estrada y su familia ocurren después de las denuncias que el pasado 25 de enero el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio interpuso por el secuestro de otro de sus integrantes, Servando Delgado Rentería. Desde 2017, los integrantes del colectivo han sido víctimas de intimidación y hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.

En 2017, 21 comunidades afectadas del municipio Gómez Palacio, Durango, conforman el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita, Durango. La planta química Chemours Laguna es un proyecto que fue desarrollado por la empresa The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era “recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana” reduciendo las importaciones de cianuro de sodio, para apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México. La planta pretendía producir 65.000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.

The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en el estado de Guanajuato en 2016. No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso del suelo por parte de las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango. (SEMARNAT). Dos meses después, se aprobó el proyecto y el 24 de junio de 2017, se anunció su inicio, sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.

En julio de 2017 se conformó el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y para agosto del mismo año, presentaron una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia impacto ambiental. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo de 2018, el Frente y alrededor de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en contra de la instalación de la planta. La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron 5 menores de edad, 10 mujeres, y 10 personas hospitalizadas.
El 13 de marzo de 2018, se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dicha orden de suspensión fue revocada por un Tribunal Colegiado de Torreón, por lo que la empresa reactivo las obras de construcción de su proyecto en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el período de suspensión. Ante esta situación, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio estableció dos campamentos en los accesos de la planta.
Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna. El 10 de diciembre de 2021, la empresa The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en la produccción de cianuro Draslovka Holding a.s.
El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue siendo perseguido, hostigado y agredido por funcionarios de la administración pública local desde los incidentes de 2017. Los mismos han promovido una narrativa en la cual se han referido a las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como detractores del desarrollo al oponerse a un proyecto que se entendía como beneficioso para la mejora de oportunidades laborales para las comunidades.
Ante el desmantelamiento de la planta y la demanda de la salida total del territorio de la empresa Chemours Company, ahora Draslovka Holding a.s., La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería hace un llamado enérgico a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes legitimamente trabajan en la defensa territorial y en la denuncia de los negativos impactos ambientales de este proyecto. Al mismo tiempo demandamos un ALTO por las agresiones y hostigamiento hacía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, y el Territorio presuntamente vinculadas a su actividad. Además, reiteramos nuestro rechazo al clima de impunidad y la falta de protección de las y los defensores del territorio y los derechos humanos en México.

¡FUERA CHEMOURS (DRASLOVKA) DE DINAMITA, DGO!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Acción Colectiva Socioambiental

Imagen : Rolando Riestra

Más información:

Las Abejas de Acteal convocan a acompañarles en el juicio en busqueda de #JusticiaParaSimónPedro el 7 de febrero en Pichucalco

Desde Otros Mundos Chiapas llamamos a la sociedad civil y a otras organizaciones a solidarizarse en la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro y hacer un llamado a través de redes sociales para que las autoridades de Chiapas realicen la diligencias correspondientes de manera correcta. Súmate utilizando el hashtag #JusticiaParaSimónPedro este próximo martes 7 de febrero a las 10 de la mañana hora México.

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 Convoca:

A los medios de comunicación nacional e internacional, y a las organizaciones no  gubernamentales, a que nos acompañan en en el tribunal de enjuiciamiento de
Pichucalco, Chiapas. 

Para el  desahogo de las pruebas para el esclarecimiento del asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López.

Este 7 de febrero A Las 10:00 A.M.

Los esperamos

Atenta mente mesa directiva de Las Abejas de Acteal.

Más información:

Imagen: Las Abejas de Acteal

Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería y el agua en México – A enero 25 de 2023

PorRenata Bessi

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. 

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre el avance y debastación de la minería en México – A enero 16 de 2023

Por: Santiago Navarro F

Keving Hernán Sánchez es un indígena zoque de San Miguel Chimalapas que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura. Pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo.

Keving es oriundo de Los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594 mil hectáreas: 460 mil de ellas en Santa María Chimalapa y 134 mil en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Datos del registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señalan que Los Chimalapas en la actualidad, “es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos, (germoplasma) de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales”. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cicadáceas Ceratozamia spp y palma Chamaedora spp.

Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso, los que están en riesgo de desaparecer como: las aves loro farinosa, faisán real, momoto carenado, águila solitaria, cigüeña de cabeza pelada , entre otras.

Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios ni han sido consultadas al respecto.

Un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas. Entre ellas, ácido sulfúrico, cianuro y otras. “Varias minas han reportado más de un derrame y todos son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina”, señala el informe, titulado “Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México: un análisis de ecología política”.

El caso de los Chimalapas

La minera que puso en alerta a Keving y que encendió las alarmas en Los Chimalapas, donde él vive, es la minera canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. Esta empresa, a través de su filial, la Minera Zalamera S.A de C.V., tiene el título de concesión número 225472 en el lote denominado “Jackita” que en 2020 comenzó los trámites para que le aprobaran una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le permite la perforación de pozos para extraer muestras, con motivo de exploración.

Ruta de ciudad de México hacia Los Chimalapas en transporte terrestre, 11 horas.
Keving y otros jóvenes se enteraron en 2020 de la existencia de este proyecto minero y, tras la sorpresa por el hallazgo incidental de esta información, porque ninguna autoridad de Gobierno les había informado al respecto, crearon el colectivo de investigación independiente denominado Matza (que en idioma zoque significa primera estrella de la mañana). “Fue así que investigamos de qué empresa se trataba, cuál era su dimensión y que los minerales que iban a explotar eran oro y plata”, afirma el indígena zoque.

Matza se encargó de informar a las comunidades de la región sobre la minera y lograron diversas movilizaciones de los pueblos en 2020, a través de las cuales hicieron ver al gobierno que no querían minería en sus tierras. “Porque de Los Chimalapas se desprenden diversos afluentes, de los cuales vivimos y vive la mayoría de comunidades de las partes bajas. Todo esto sería devastado y contaminado”, afirma Keving.

Más información:

29N, Día Internacional de las Defensoras: Ante la barbarie, nos cuidamos entre nosotras, en comunidad

Comunicado de IM-Defensoras en el marco del Día Internacional de las mujeres Defensoras – A 29 de noviembre del 2022

Este año, en México, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, veintiuna mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país. 

En toda la región, desde los poderes opresores pero también desde nuestros entornos cercanos, se nos sigue discriminando, acusando de ser “malas mujeres”, agrediendo sexualmente, negando nuestro derecho a organizarnos y a alzar la voz.

Estos son tan solo algunos apuntes sobre el contexto en el que hoy en día las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor. Seguramente las cosas no han cambiado mucho de cómo eran hace ya casi trece años, cuando defensoras de diversos movimientos sociales de Mesoamérica y otros países nos reunimos en Oaxaca, México, para compartir nuestra preocupación e impotencia ante la violencia que tocaba nuestros cuerpos y vidas. De ahí nació un pacto para protegernos y cuidarnos juntas al que llamamos Protección Integral Feminista (PIF). 

La PIF es la manera en la que nos acompañamos entre defensoras y comunidades cuando somos agredidas; la manera de hacer análisis de riesgo con una mirada feminista que atienda a todas las dimensiones del contexto; de construir espacios de acogida; de documentar las violencias, denunciarlas y buscar justicia; también es la manera de sanar y cuidarnos colectivamente y de fortalecer nuestras capacidades para protegernos. Construirla y llevarla a la práctica no ha sido fácil, ha sido y sigue siendo un proceso plagado de retos y aprendizajes, con sus logros y desafíos, encuentros y desencuentros, dolores y pequeñas victorias. 

Hoy, casi trece años después, nuestra región sigue siendo el lugar violento y hostil que era, incluso puede que más; las políticas capitalistas, racistas y patriarcales que desde hace siglos buscan subyugar y expropiar nuestras vidas siguen tan vigentes o más que antes. La crisis climática, la sindemia por COVID-19, el auge de la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos, el poder de las empresas y grupos mafiosos y el autoritarismo cada vez más desacomplejado de algunos Estados dan testimonio de ello.

Ante la violencia de tales poderes, instancias internacionales, entidades supraestatales, mecanismos estatales y otras instituciones se han demostrado, cuando menos, impotentes. Es más, nuestro Registro de Agresiones constata como en toda la región, los Estados – sí, esos que en teoría deberían protegernos – son nuestros principales agresores a través de la acción de policías, militares, instituciones y autoridades de diferente nivel. Esto no ha hecho sino reafirmar nuestra convicción de que la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la Protección Integral Feminista. Nuestras vidas no pueden depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello hemos creado redes de protección entre y para defensoras de diferentes movimientos sociales para cuidar nuestras vidas, nuestras organizaciones y comunidades y, así, seguir luchando juntas por el futuro de la red de la vida.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las Defensoras, desde la IM-Defensoras reconocemos y saludamos las luchas de todas nuestras compañeras, denunciamos todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el pacto de cuidarnos juntas.

 En este día de las defensoras, también les invitamos a conocer cómo hemos enfrentado la violencia y cómo hemos venido construyendo la Protección Integral Feminista, anunciándoles nuestra próxima publicación, “El pacto de cuidarnos”, que presentaremos públicamente el próximo 9 de diciembre de 2022, a las 10 am horas de Mesoamérica, a través de nuestro canal de Youtube.

Imagen: IM – Defensoras

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