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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 9 de mayo del 2023

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) partimos de la premisa de que no existe la minería verde, sustentable, socialmente responsable, ambientalmente amigable, climáticamente inteligente, descarbonizada o cualquiera de los mecanismos y oximorones que han querido poner a esta actividad para ocultar su verdadera naturaleza destructiva. En la REMA reconocemos que el modelo extractivo se basa en la existencia de condiciones de tremenda desigualdad (mismas que profundiza) y que a partir de estas condiciones hace un gran negocio de la destrucción masiva, al externalizar los daños y costos socioambientales de su acción. Por estas razones, desde la REMA no apostamos a «mejorar» la actividad minera sino a prohibir su entrada dentro de nuestros territorios.

En la REMA no apostamos por «nivelar» jurídicamente las condiciones entre los implicados (pueblos y empresas) para hacer así de la minería un negocio «mejor administrado» o «más justo», sino que apostamos por fortalecer la autodeterminación de las comunidades para que tengan la información sobre los impactos a corto y largo plazo que conlleva esta actividad, y ejerzan sus derechos colectivos para evitar convertirse en una zona de sacrificio más de este modelo de falso desarrollo. Por esto, creemos que cualquier reforma a la ley minera que no plantea la prohibición y cierre planificado de esta actividad nociva en el país, justificada y acompañada por la reparación de daños por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de puntos del país, es una simulación que solamente va a seguir legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo.

En la REMA sabíamos que tratar de modificar la ley minera, tal como se hizo el viernes 28 de abril por el pleno del Senado y que aún no ha sido publicado, no resuelve el grave problema de la devastación en los territorios por el Modelo Extractivo Minero que aceleró la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos y Canadá (ahora conocido como el T-MEC) que la 4T no ha querido tocar. Tampoco resuelve el despojo, el desplazamiento forzado, los daños a la salud de la población, así como la militarización y la violencia del crimen organizado, entre muchas otras causas de colapso territorial que muchas comunidades enfrentan en una guerra sin cuartel, en donde estos proyectos de muerte se instalan de manera impune. Era de esperar que las cámaras terminaran cediendo a las presiones de las empresas mineras (empresas nacionales, extranjeras y embajadas de países como Canadá) por medio de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), imponiendo sus cínicas condiciones. Tampoco sorprende que las empresas mineras norteamericanas ahora siguen amenazan al país con docenas de posibles amparos de inconstitucionalidad o demandas bajo los términos de los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones, dando lugar al pronunciamiento de AMLO que las reformas a la ley minera no van a afectar a las más de 23.000 concesiones mineras ya otorgadas en el pais.

Nos preocupa, sin embargo, que la participación de organizaciones proceso pueda terminar legitimando la continuidad y expansión del modelo extractivo aun cuando no se considere preferente y con la consulta en mano, reposicionando la actividad minera como «más responsable». Esto nos parece especialmente factible en el contexto de los demás decretos y otras modificaciones a leyes para impulsar el neoextractivismo que se ha aprobado durante el último periodo. Podemos tomar el ejemplo de la apertura que se ha dado a las asociaciones públicas-privadas en torno a la extracción de litio o de otros megaproyectos de la 4T como el Corredor Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas u el Tren Maya, por citar algunos, que funcionan bajo la misma lógica de imposición y de acumulación por desposesión, sólo que ahora a nombre de una noción hueca de «soberanía nacional».

Si bien coincidimos en que la antigua ley minera estaba diseñada para el saqueo, también sabemos que los cambios a la ley no resuelven los problemas en la cual nos enfrentamos de manera cotidiana en los territorios: la antigua ley minera en ninguno de sus artículos estipulaba que las empresas mineras tenían derechos sobre los pueblos y territorios donde operan, ni les daba derecho de engañar, criminalizar, contaminar, enfermar, desplazar y acabar con la vida; todo esto lo hacen porque es su naturaleza. Tampoco las leyes mexicanas o la Constitución estipulan que las empresas privadas pueden co-actuar con el crimen organizado para resguardar e imponer sus actividades. Sin embargo, es lo que está pasando a lo largo del país. Esto nos muestra que el problema no es solo lo que dice la ley sino el laxismo y la corrupción existente en su aplicación. Como sociedad requerimos entender la agresividad del modelo extractivo minero y sus formas estructurales de operación, lo que vuelve a cualquier ejercicio legal de intento de regulación a la actividad minera, algo imposible de lograr con efectividad. Si hay algo que hacer en materia jurídica, es avanzar hacia su prohibición, como lo han hecho ya algunos países en nuestra región (El Salvador, Costa Rica y varias provincias de Argentina).

También nos parece que existe un cierto desfase entre varios de los puntos de «controversia» en las modificaciones a la ley y la realidad de los territorios y pueblos afectados por la minería.

Por ejemplo, reducir de 100 a 80 años la vigencia de las concesiones mineras no limita en absoluto los impactos generados por las exploración y explotación minera. Si todos los daños que la minería causa al entorno, las personas y demás seres con quien compartimos el territorio, es reconocido (supuestamente) por los actores que toman las decisiones en este país, no entendemos qué les hace pensar que servirá de algo bajar el número de años de una concesión minera. Actualmente, la duración de una mina a ciclo abierto no es mucho mayor a 10 o 15 años en promedio. ¿De qué le va a servir a una comunidad el que ahora se incentive a que todas las concesiones entren en exploración más rápidamente? ¿De qué le sirve saber que la concesión donde está su casa, su iglesia, su cementerio, su parcela, sólo tendrá vigencia por 80 años y no por 100? En REMA sabemos que las afectaciones de la minería comienzan desde el primer día en que la empresa toma la decisión de entrar a una comunidad, y que algunos meses o años han sido más que suficientes para generar gravísimas e irremediables afectaciones a la salud, y para acabar con los bienes comunes naturales, el tejido social y para generar procesos de desplazamiento forzado a lo largo y ancho del país.

Bajo la misma lógica también nos parece perversa la discusión de si las empresas mineras deberían de pagar 10, 7 o 5 % de sus utilidades en contraprestaciones a las comunidades. Por un lado, porque la discusión refuerza la lógica de mercantilización de los bienes, de seguir pensando que todo se puede resolver y remediar con dinero, donde actores ajenos a nuestros territorios vayan discutiendo y poniendo precios sobre lo que valen nuestros territorios y nuestras vidas. Así mismo, sabemos que esta supuesta derrama económica para los pueblos , termina siendo un mecanismo de presión hacia las autoridades para que dejen entrar a las mineras, como ha pasado con el impuesto llamado fondo minero, y puede reforzar también las divisiones y desigualdades comunitarias al momento de decidir cómo repartir y gastar este dinero. Nos queda claro que esto no es más que una estrategia empresarial hacerlo no sobre la producción, sino sobre las ganancias. Este último, es un dato que es fácilmente manipulado por las empresas.

Lo propuesto al respeto de las concesiones mineras dentro de las Áreas Naturales Protegidas nos genera también cierto ruido. Si bien coincidimos en la importancia de mantener nuestras áreas naturales libres de proyectos extractivos, creemos que cualquier cerro, bosque, pastizal, o río tiene un valor biocultural fundamental para los pueblos que los habitan, sin importar que sean considerados o no de valor ambiental por criterios científicos definidos desde instituciones del Estado o bajo políticas conservacionistas que reproducen lógicas paternalistas, capitalistas y neocoloniales. ¿Dónde cabe dentro de esta lógica el valor y el cariño que tiene cada pueblo con su territorio basado en su cosmovisión y sus formas de vida? ¿Cuál es el sentido de crear «islas de conservación» libres de actividad minera si a sus alrededores el modelo extractivo minero puede seguir destruyendo de la misma manera? Nos parece que eso termina jerarquizando de manera discriminatoria a los territorios y pueblos, definiendo los que valen e importan más que otros.

El supuesto logro de haber podido mantener en la propuesta final lo relacionado con la consulta nos parece lo más grave. Sabemos que dichas consultas realizadas por las empresas o el propio gobierno, a pesar de lo que especifica el convenio 169 de la OIT ratificado por México, siempre son manipuladas en condiciones desiguales bajo presión y amenazas ¹. En los hechos estas consultas reglamentadas, disfrazadas y promovidas como un derecho, terminan siendo un mecanismo de administración de conflictos y legitimación del despojo y de ello hay pruebas claras, particularmente en este sexenio. Es absurdo que el derecho a la consulta sea de carácter preferente por sobre los otros derechos que serán colapsados por la actividad minera (derecho a la vida, al agua, a la salud, al medio ambiente sano). Las consultas se usan como «negociaciones» o «procesos de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes», que bien pueden ser impuestas vía desinformación, coacción, amenazas, aterrorizando con grupos armados legales y/o ilegales, o asesinando a quienes se oponen al despojo como sucedió por ejemplo en el caso del Proyecto Integral Morelos a través de contubernio empresas-gobiernos-y crimen organizado. Desde la REMA no creemos en las consultas impulsadas por las empresas ni por el Estado, creemos que los verdaderos ejercicios de toma de decisión son ejercidos desde los pueblos según sus usos y costumbres en su pleno derecho a la autodeterminación, por medio de sus asambleas agrarias, comunitarias y ciudadanas. Son estas asambleas y espacios de toma de decisión colectivas las que debemos fortalecer.

En lugar de buscar regular los mecanismos de consulta, nos parece más importante que el ejecutivo enfoque su energía en regular sus propias instituciones como la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, quienes desde años actúan de manera facciosa y en contubernio con especuladores de la tierra para poner trabas en el registro de las actas de asambleas agrarias para declarar territorios libres de minería. ¡No necesitamos que nos consulten, sino que respeten nuestras decisiones!

Para terminar, nos parece que todo este debate sobre las modificaciones a la ley minera invisibiliza el problema de fondo. Frente a la grave crisis socioambiental que vivimos a nivel mundial y al agotamiento paulatino de los recursos, inclusive la escasez del agua limpia, creemos que no es regulando las actividades extractivas como se resuelve la devastación. El cambio profundo que necesitamos pasa en primer lugar por cuestionar esta idea hegemónica de supuesto desarrollo, que es indisociable y dependiente del modelo extractivo. Cuestionar que nuestro buen vivir pasa por extraer más minerales, más combustibles fósiles, más energía, más agua u otros bienes naturales. Cuestionar la idea de que este extractivismo es esencial, crítico, indispensable. Hay que cuestionarlo fuertemente, argumentando su incompatibilidad con el abasto de agua limpia y suficiente, la permanencia de la blodiversidad, los lugares sagrados y la riqueza blocultural de este país, y el bienestar de los pueblos, y visibilizando que hay otros modos de vida y mundos posibles fuera de esta lógica enferma del crecimiento infinito que mantiene a flote este modelo extractivo. Y si realmente queremos pensar en trabajar leyes quizás podríamos trabajar en una más sencilla, con un solo artículo: Está prohibida la actividad minera en México.

Esto sería para nosotrxs una propuesta realmente «sensata» y soberana, y es lo que nos anima cada día a seguir luchando. Así que mientras siguen debaticndo sobre sus leyes en esos espacios, donde no cabemos los pueblos o nos utilizan para justificar y legitimar sus reformas, nosotros seguiremos, desde distintos rincones, fortaleciendo nuestros procesos organizativos comunitarios y construyendo territorios libres de minería para la salud de los pueblos.

¡ALTO A LA SIMULACIÓN!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 REMA (abril, 2019). Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!. https://ia803008.us.archive.org/8/items/Com Consultas 104/Com%20consultas%201%2004. pdf

Imagen: Mina en Mazapil, Zacatecas

Más información:

• Sierra Norte de Puebla: Tecoltemi logra cancelación definitiva de concesiones de la canadiense Almaden Minerals
• Otro territorio Libre de Minería en la montaña de Guerrero
• Una Nueva Ley, para Renovar la Continuidad del Despojo
• Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

Compartimos en siguiente comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 24 de febrero de 2023

El día de ayer se hizo, en un evento virtual, el lanzamiento de la publicación «Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional? elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) y MiningWatch Canadá. Acceder al informe completo: http://geocomunes.org/Colaboraciones/Informe_Litio_REMA_MWC_2023.pdf

En dicho informe y evento, resaltamos lo siguiente:

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los que opinan del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante ésto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y situar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.

Nos parece importante resaltar que el litio, como muchos otros minerales cuyo extractivismo se proyecta ampliar supuestamente en aras de reducir el calentamiento climático que afecta al mundo, no son minerales estratégicos para la transición energética, sino minerales útiles para ciertas cadenas productivas de mercados en expansión que, pintados de «verde», representa falsas soluciones a la crisis socioambiental que enfrentamos a nivel global. Estos mercados alimentan un modelo energético, extractivista y de consumo que, lejos de buscar sustituir a reducir la huella ecológica que genera, adiciona energía y formas de consumo al mismo modelo extractivo de explotación.

Resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública con la que se pretende justificar la explotación de litio en México, y su promoción como parte importante de un proyecto de recuperación de soberanía nacional, toda vez que lo que ha avanzado es un proyecto claramente articulado con el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense, y que pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.

Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la zona de reserva minera de litio, o el Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano planea consolidar acuerdos para vincular las cadenas de procesamiento de litio y producción de vehículos eléctricos a costa de los territorios (agua, tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para aprovechar los nuevos requisitos para la fabricación regional de componentes esenciales de vehículos de pasajeros a ligeros en el marco neoliberal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y servir a la carrera del sector automotriz estadounidense en contra del control de China en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos.
Lo que se ha difundido como «la nacionalización del litio» en México, son modificaciones minúsculas a la ley que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. Muy por el contrario, lo que se apertura es un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras.

Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Los proyectos prioritarios del gobierno actual, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos necesarios, el ocultamiento de la información, la desinformación y la manipulación para fabricar la aceptación social del proyecto, el linchamiento mediático y político de quienes se oponen, la criminalización y uso de la fuerza pública, la posibilidad de expropiaciones directas, y la continuidad de la impunidad por todos los daños a la salud y al territorio que generan los proyectos, terminando con la creación de zonas de sacrificio.

Si bien el gobierno de México ha promovido la supuesta nacionalización del litio como parte de un proceso paralelo al boliviano y al de gobiernos del Cono Sur, buscando resaltar con ello la idea de que es parte de un proyecto de integración latinoamericana de «izquierdas»; la integración norteamericana es la que marca las decisiones que se están tomando desde México, al tiempo que la realidad no sido tan alentadora en el sur nuestro continente. El esquema bajo el cual se ha promovido la explotación de litio Bolivia, por ejemplo, ha generado fuerte endeudamiento público a pesar de poseer recursos de litio mucho más grandes que los de México. Al respeto, Jorge Antonio Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDHIB), señaló durante su participación en el evento que «el proyecto de industrialización del litio en Bolivia no ha superado ni siquiera la fase de concentración primaria, es decir que ni siquiera ha logrado concentrar importantes cantidades de litio como materia prima. Lleva más de 10 años ejecutando la mayor inversión realizada por el Estado, en minería, que hasta el día de hoy continúa generando una serie de cuestionamientos e incertidumbres tecnológicas, ambientales y económicas».

Las modificaciones que se han dado en últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Acciones que impidan el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre el avance de estos proyectos, el uso de los recursos públicos destinados, y posibilita el uso de la fuerza pública (militar y civil) en contra de las poblaciones que se opongan a dichos proyectos.

Los impactos socio-ambientales que podemos prever con la explotación que se proyecta hacer del litio en México son similares a los de la minería a cielo abierto, lo que debería generar una fuerte preocupación por, entre otras cosas, los volúmenes de consumo, disminución y contaminación de agua que implica, particularmente porque las zonas de prospección de litio identificadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), ya son regiones afectadas por sequías y escasez hídrica severa.

La mayor parte de los recursos de litio que el SGM ha reconocido con mayor viabilidad, están en depósitos de arcilla, un tipo de depósito del cual no hay explotación comercial, lo que agrega preocupación en torno a los daños socioambientales y las pérdidas económicas por la especulación que se hará con el erario público para el uso de tecnologías nuevas de aprovechamiento de minerales.

La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, es una transición de mercado, basada en la tecnología y el capitalismo rapaz que sigue empoderando, enriqueciendo e incrementando las desigualdades. Deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentaría la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y material, lo cuál, entre otras cosas, tendría que implicar una fuerte inversión en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo.

En este contexto, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos.

Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, una propuesta de supuesta soberanía nacional basada en fomentar el extractivismo minero, no es un camino hacia mayor libertad, dignidad o bienestar para el pueblo mexicano. Por el contrario, consideramos que generará más incertidumbre y riesgo, más despojo y destrucción, más sequía y contaminación y mayor división social, coacción, manipulación, militarización y violencia. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta «en favor del pueblo mexicano» cuando pondrá en peligro sus bienes naturales, sus territorios y la vida en sí misma?

Por esta razón desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los minerales, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Presentación del informe