Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el Pueblo Argentino ante la terrible represión que esta viviendo – A 21 de junio del 2024
ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe) denuncia y repudia la salvaje represión realizada por diversas fuerzas policiales sobre los manifestantes que se oponían a la sanción de legislación sumamente regresiva llamada “Ley de Bases” e impulsada por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. La represión resultó en numerosos hechos de violencia y la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales 16 aún se encuentran detenidas y amenazadas con procesamiento judicial bajo gravísimos cargos. Durante las detenciones, se utilizó un nuevo mecanismo por el cual las/los manifestantes quedan a disposición de la justicia federal con prisión preventiva por riesgo de fuga, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. De las 17 personas liberadas, se solicita que 14 vuelvan a ser detenidas acusadas de atentar contra la democracia. Mientras tanto, los detenidos restantes denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones.
La manifestación del día 12 de junio fue el resultado de 6 meses de un gobierno que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Este gobierno intenta sancionar una ley que otorga superpoderes al presidente, inaugura el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas”, las fuerzas armadas avanzaron y la represión duró más de cinco horas, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias. Después de esta brutal represión y de la aprobación de la ley en la cámara de senadores a través de escandalosos hechos de corrupción, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad -vía canales oficiales- “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado” (sic). El fiscal a cargo acusó a los detenidos de “alzarse contra el orden constitucional y la vida democrática”, imputándolos con 15 delitos y trasladando a 10 de ellos a penales de máxima seguridad bajo la figura de “prisión preventiva”.
Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses de manera ininterrumpida y creciente, y que se ha exacerbado desde el pasado miércoles. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel internacional. Acompañamos a los movimientos populares argentinos y responsabilizamos al gobierno de Javier Milei por la integridad de la población.
Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigiendo la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas, quienes no sólo han sido encarcelados/as sino que han sufrido enormes maltratos. Además, exigimos el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en Solidaridad Internacionalista con Palestina ante el genocidio que viven por parte de Israel – A 14 de junio de 2024
Desde el pasado 7 de octubre, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. En ocho meses de operativos militares las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asesinado a 36.284 palestinos y herido a por lo menos a 82.057 tan sólo en la Franja de Gaza, con el pretexto, que ya nadie cree, de eliminar a la milicia Hamas. La mayoría de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. En Cisjordania, donde Hamas no tiene una presencia significativa, el número de muertos asciende a por lo menos 550. En Gaza más del 70 por ciento de los edificios públicos y la infraestructura hospitalaria, educativa, de comunicaciones y servicios (agua, electricidad) ha sido destruido, así como los medios de subsistencia de la población. Cientos de miles de viviendas, mezquitas, iglesias, monumentos históricos ya no existen. En Cisjordania, las FDI han devastado caminos, quemado viviendas, cosechas y vehículos, alentando al mismo tiempo la furia demencial de los colonos sionistas que, armas en mano, expulsan a los palestinos de sus tierras y bloquean el acceso a los camiones con ayuda humanitaria, ellos sí usando a sus hijos como escudos humanos. Asimismo, el gobierno sionista ha destinado cuantiosos recursos financieros, militares y propagandísticos para entorpecer o de plano impedir el trabajo de las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, principalmente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).
El argumento del derecho a la defensa repetido hasta la náusea por el gobierno sionista encabezado por Benjamín Netanyahu y su gabinete de zelotes, como Yoam Gallant, Itamar ben Gvir o Bezalel Smotrich, sólo ha servido para develar los crímenes atroces, las mentiras, manipulaciones, amenazas y trampas de Israel, su flagrante violación a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Por décadas, en la más absoluta impunidad. No sólo en los territorios ocupados. En muchas otras partes del mundo. Israel es, hoy por hoy, a todas luces, un Estado paria.
Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, principal proveedor de armas y ayuda militar a Israel, y de otras potencias occidentales como Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá y Australia, corresponsables de la tragedia que desde hace décadas sufre el pueblo palestino en manos de sus verdugos. A ello han contribuido también todos aquellos gobiernos que, haciendo caso omiso de los crímenes de lesa humanidad que Israel ha cometido a lo largo de su historia, continúan haciendo negocios con la entidad sionista, la número 17 en poder militar en el mundo. Cisjordania pero sobre todo Gaza continúan siendo los laboratorios experimentales de la industria armamentista mundial, no sólo israelí. Cualquiera que denuncie, proteste o exponga estas atrocidades, en el mejor de los casos es tachado de antisemita, un término tan desafortunado como pervertido, si consideramos que los fundadores de Israel no eran de origen semita, como no lo han sido la mayoría de sus gobernantes. Los palestinos, por cierto, sí lo son.
En contraste, han sido los países del sur global los que están haciendo algo para poner un alto a la barbarie sionista. El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Israel por el delito de genocidio. A lo largo de los meses subsiguientes otras naciones se han unido al país africano en el proceso: Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y desde el 28 de mayo, México.
Ante lo anteriormente expuesto, en AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA (ATALC):
• Expresamos nuestro más absoluto repudio a las políticas genocidas y de limpieza étnica implementadas por el gobierno sionista y solapadas por sus cómplices. • Reconocemos el derecho inalienable del pueblo palestino a tener un Estado en su territorio histórico y decidir su propio destino. • Nos unimos a las voces de la sociedad civil, intelectuales, artistas, líderes sociales y de opinión, estudiantes, periodistas y analistas, organizaciones y movimientos sociales que han convertido a la kufiya en la prenda de la resistencia universal, pintando de rojo, verde, negro y blanco las plazas de todo el mundo al grito de “¡Palestina Libre!”. • Rechazamos de manera contundente las brutales medidas represivas que los aliados de Israel han tomado en contra de estas protestas, sobre todo las protagonizadas por las y los jóvenes universitarios. • Apoyamos decididamente el trabajo de la UNRWA y otros organismos de ayuda humanitaria y exigimos al gobierno sionista el cese inmediato de las agresiones en su contra. • Denunciamos el asesinato de los más de 140 periodistas en manos del ejército sionista, así como la tortura y asesinato de cientos de prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres, en las cárceles de Israel. • Exigimos garantías a la integridad física del personal médico, periodistas, defensores de derechos humanos y personal de organismos internacionales que aún se encuentran en Gaza y Cisjordania. • Demandamos el cese de las hostilidades y persecusión, tanto en Israel como en las potencias aliadas a la entidad sionista, de analistas, historiadores y todas aquellas voces críticas que buscan la verdad y la justicia. • Respaldamos la demanda de Sudáfrica, Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ, así como las posturas de Bolivia, Venezuela, Brasil, Irlanda y otras naciones que han demandado con contundencia el fin del genocidio. • Saludamos la decisión de los gobiernos de Irlanda, España y Noruega, y de todos los países que lo han hecho previamente, de reconocer al Estado palestino. Sin restarle valor, esto resulta, empero, a todas luces insuficiente. Para que dicho reconocimiento tenga un impacto real y no sólo simbólico para el pueblo palestino, es indispensable que los gobiernos tomen otro tipo de acciones, tales como:
1. Frentar de manera inmediata el comercio de todo tipo, sobre todo el de armas, con Israel. 2. Romper relaciones con la entidad sionista, como medida de presión justificada y legal, para obligarla a cumplir incondicionalmente con el marco internacional. 3. Presionar al gobierno de los Estados Unidos y los demás aliados de Israel para que detengan la complicidad criminal que ha permitido e incluso fomentado las acciones genocidas de Israel. 4. Unirse a la demanda de Sudáfrica Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ. 5. Obligar la salida inmediata de las FDI de Gaza y Cisjordania así como el desmantelamiento de los asentamientos sionistas en estos territorios. 6. Contribuir a la reconstrucción inmediata de Gaza y Cisjordania.
Con las toneladas de bombas arrojadas contra la población gazetí inerme han caído también el discurso victimizador de los sionistas y la hipocresía de sus aliados, para dejar al descubierto la historia de horror que hay detrás de la creación de Israel. La brutalidad y la barbarie de las que estamos siendo testigos no dejan espacio para la neutralidad o la indiferencia. Tampoco argumentos que lo justifiquen.
POR ESO DESDE ATALC NO DEJAREMOS DE HABLAR, NO DEJAREMOS DE DENUNCIAR, DE EXIGIR, DE PRESIONAR. NI DEJAREMOS DE GRITAR DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“EL CHOQUE DE DOS MUNDOS”
Martes 18 de junio de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: Documental que se coloca en la línea de fuego directamente frente a dos poderosas fuerzas. Por un lado está el presidente Alan García, quien, deseoso de entrar en el escenario mundial, comienza agresivamente la extracción de petróleo, minerales y gas de la tierra indígena amazónica que había permanecido intacta; mientras que por el otro lado, el indígena Alberto Pizango lidera una fuerte oposición por las demandas de sus seguidores que fueron ignoradas. Finalmente, la tensa guerra de palabras estalla en protestas y enfrentamientos entre ambas partes, en una escalada que conduce a la violencia mortal.
Con mucho entusiasmo y alegría les compartimos la convocatoria para el segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales: Reencontrarnos en la Resistencia que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre del 2024 en Acteal, Chenalhó, Chiapas.
Muchas gracias a todas las personas que se inscribieron para participar en el Segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales Reencontrarnos en las Resistencias.
Se han cerrado las inscripciones por cuestiones logísticas de espacio. Pero puedes seguir la transmisión en vivo del encuentro por las redes sociales de Las Abejas de Acteal
La pandemia en 2020 reflejó la crisis ambiental global en la que vivimos, consecuencia de la lógica capitalista de extracción y explotación de los bienes naturales y de los territorios. Cuatro años después de la emergencia sanitaria mundial corroboramos que el modelo extractivo quedó intacto, aún en etapas tan contundentes para la humanidad. Las corporaciones fortalecieron su poder económico y político reorganizando sectores industriales claves como la energía y los minerales, los estados se fortalecen a través del poder militar y fuerzas armadas, así como surgen nuevas tácticas ideológicas del capitalismo, ahora vestido de verde. Las consecuencias a la vida de los pueblos están siendo difíciles de afrontar: mayor carencia, desigualdades, desplazamiento forzado y migración masiva, mayor violencia y acaparamiento de los bienes comunes y de nuestros cuerpos. Y pese a todo el contexto adverso, los y las defensoras de la vida, la tierra y el territorio hoy más que nunca cuidamos y abrazamos la salud y alimentación del pueblo. Mientras, las medidas restrictivas de distanciamiento reprimieron la lucha y la organización. Nuevas crisis están por venir, por ello es necesario que desde los movimientos hagamos nuestros análisis para realizar acciones conjuntas.
NUESTROS OBJETIVOS:
Compartir las experiencias y estrategias de lucha que lograron comunidades y organizaciones.
Compartir alternativas antisistémicas que las comunidades construyen para el buen vivir.
Actualizar el análisis regional del modelo extractivo en el marco de la crisis del sistema capitalista actual.
Encontrar nuevas rutas para fortalecer la solidaridad entre pueblos para la defensa del territorio y la resistencia al extractivismo.
Construir un posicionamiento y denuncia conjunta para responsabilizar al Estado y las corporaciones.
COMPARTICIÓN:
Intercambio de conocimientos y saberes ante la crisis: ¿Qué nos hizo resistir?
Estrategias de lucha y para los cuidados de la vida (salud, alimentación, vivienda).
El rostro actual del modelo extractivo: ¿Cómo se recuperó y en qué se ha transformado?
Análisis de los planes y proyectos del modelo extractivo para Mesoamérica, apuestas del capital (agua, energía, minerales) y tácticas ideológicas (narrativas, instituciones, etc.).
Nuevos desafíos: inflación, desplazamiento y migración, violencia en los territorios, endeudamiento, militarización, etc.
Solidaridad del pueblo: retos.
Estrategias de prevención (políticas, jurídicas y comunitarias) para la defensa del territorio.
EJES:
Habrá espacios en la comunidad por ejes temáticos donde los movimientos se encontrarán para compartir. Cada eje será facilitado por una red u organización que ayude al reencuentro:
Minería
Represas
Monocultivos (palma de aceite y otros)
Hidrocarburos
Tren Maya
Canal Transístmico
Mega Granjas
Parques Eólicos
Transgénicos
Migrantes
Otros Mega Proyectos Extractivos
Ecotecnologías
Comunicación Popular
Arte y Cultura
Educación
Mujeres
Agua
DETALLES DEL ENCUENTRO:
Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2024 Lugar: Acteal, Chenalhó, Chiapas, México ¡Te esperamos para compartir, analizar y construir juntos un futuro más justo y sostenible!
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
El Puente
Otros Mundos Chiapas
CPO – Consejo del Pueblo Maya
Alianza Ríos Mayas
Consejo de pueblos Wuxhtaj
MAR – Movimiento de Afectados por Represas
Frente Petenero Contra Represas
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México
International Rivers
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH
Yax-Hun
OFRANEH – Organización Fraterna Negra Hondureña
Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad Ceiba
DETUVIDA Defensa de Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón
Permanecer en la Tierra
Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala (Ríos Pojom-Santo Domingo, Ixcán Y Nentón-Lagartero)
ODEMCA: Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica
K’INAL ANTSETIK
Red de Mujeres Afrodescendientes de la CDMX
Organización de Derechos Humanos y Territorio de Cancuc ODEHT
Somos La Maya
Frente Xonacatlán en Resistencia
Jtatic Samuel Ruiz García Ac
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes
Constructores de Fe y Esperanza AC
FUNDACION MAZAHUA OTOMI, A.C.
Proyecto de Integración, Intervención y Transformación Sociocultural AfroAtenAs
Colectivo Todos por la Colonia
Casa medicina ancestrales Teotepahkalle
Movimiento por la defensa de la libre determinación de los pueblos indígenas de México
Les compartimos el tercer capitulo de la Serie de videos: Entender la guerra para soñar con el paz, un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto Palestino-Israelí para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz.
Entender la guerra para soñar con la paz – Capítulo 3 La invención del llamado “Pueblo Judío”
Un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz
Producción: Otros Mundos Chiapas Amigos de la Tierra México
Contenido y palabra: Ana Vázquez Carpizo, Colaboradora Otros Mundos Chiapas Conducción, búsqueda de imágenes y edición: Marco von Borstel
Concepto y producción: Ana Vázquez Carpizo, Gustavo Castro y Marco von Borstel
Cámara: Nikte-Ha Vieyra Cid, Comunicación Otros Mundos Chiapas
Logotipo: Uitsili Latapí
Apoyo edición: Mar Xiuhatsin, Sandra Latapí
Música entrada: El Caudal – Rastrillos (con permiso de autores)
Música de apoyo: MUVA Chatrán González – Yeteel u pixaan Masada y Nahuani (con permiso de autores) y Sin copyright
Apoyo de difusión: Perimetral y Desdeabajito
Este es un material de contenido educativo y de carácter cultural sin fines comerciales
San Cristóbal de las Casas Chiapas, Grabado 15 de mayo 2024, publicado 3 de junio 2024
Compartimos esta petición de solidaridad con Amigos de la Tierra Estados Unidos para apoyar la iniciativa de ley : Ley TREES de Nueva York para proteger los bosque tropicales – A 3 de junio de 2024
Haciendo un llamamiento tanto a particulares como a organizaciones de las regiones selváticas y los países tropicales: Por favor, firma esta carta de solidaridad para apoyar una importante ley en Nueva York, EE.UU., que ayudará a proteger los bosques tropicales y a sus defensores, llamada New York TREES Act.
Fecha límite para firmar: Martes 18 de junio
Nuestro objetivo es reunir al menos 100 firmas a tiempo para entregar la carta antes del Día Mundial de los Bosques Tropicales, el 22 de junio.
¿QUÉ ES?
La Ley TREES de Nueva York es un texto legislativo diseñado para garantizar que el estado de Nueva York -la décima economía más grande del mundo- utilice su poder adquisitivo gubernamental para 1) prohibir el uso estatal de madera de frondosas tropicales, 2) exigir a todos los contratistas del Estado que lleven a cabo la diligencia debida en la cadena de suministro y verifiquen que los productos que venden a Nueva York no están impulsando la deforestación tropical o abusos asociados de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas (incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado), y 3) proporcionar apoyo financiero a las empresas de Nueva York para que cumplan con los más altos estándares de sostenibilidad de la cadena de suministro.
La Ley TREES ha ganado en la asamblea legislativa del estado de Nueva York y ahora solo falta que el Gobernador del estado la convierta en ley. La Gobernadora de Nueva York se reunió recientemente con el Papa Francisco, donde declaró que «Nueva York es un imán para los migrantes de lugares como África Occidental y Sudamérica que huyen de sus hogares debido a los desastres ambientales, y necesitamos políticas para hacer frente a este problema a nivel mundial.»
¿POR QUÉ FIRMAR ESTA CARTA?
Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la Gobernadora que una de las cosas que puede hacer para ayudar a proteger los países de origen de las personas es firmar la Ley de los ÁRBOLES. Esta carta es una forma de que la Gobernadora Hochul escuche directamente a aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia están en juego, y a las organizaciones de estas regiones que luchan por detener la deforestación.
En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).
Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Mapa elaborado por colectivo GeoComunes.
Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.
En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.
Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta.
Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.
Respuesta de la Semarnat a la petición de la MIA por parte de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.
El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.
Afectaciones
El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.
Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.
El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata.
Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.
Defensores ambientales bloquean el paso de trabajadores que rehabilitan la Línea K debido a la tala indiscriminada en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.
Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.
Habitantes de Unión Hidalgo realizan recorridos territoriales para vigilar que la Semar no explote un banco de materiales pétreos que operaba irregularmente. Fotos: Diana Manzo.
“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.
Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo.
El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.
“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.
Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos.
Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.
Persecución y militarización
El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Escombros arrojados en las inmediaciones de la vivienda del defensor ambiental Édgar Martín. Foto: Istmopress
El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede.
“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.
En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.
Presidente municipal de Juchitán durante la entrega del predio a la Semar para la instalación de un destacamento militar en la región.
Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.
En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.
Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.
“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.
Compartimos el primer capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 26 de mayo del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Este espacio sonoro busca fomentar el diálogo sobre la crisis civilizatoria, invitando a reflexionar colectivamente sobre posibles soluciones. La audiencia es invitada a escuchar, compartir y participar en la conversación para generar conciencia y acciones transformadoras.
Un espacio de reflexión sobre las respuestas que se proponen desde diferentes entes, como las promovidas por Estados y corporaciones. Destrabamos discursos como la transición energética, desentrañando sus verdaderos alcances y efectividad. Pero también, y quizás más importante aún, hacemos eco de la voz de comunidades y organizaciones que luchan incansablemente desde sus territorios por la preservación de los bienes comunes como: el agua, tierra y bosques. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión colectiva, buscando alternativas que no solo provengan de entidades gubernamentales, sino que broten desde lo más profundo de nuestras comunidades y relaciones cotidianas.
Puedes escuchar este episodio en cualquiera de las siguientes plataformas:
Compartimos esta petición de Salva la selva sobre el uso de agroquimicos en monocultivos- A mayo 2024
Las comunidades campesinas del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, sufren ataques de parte de los productores de soja que rocían veneno con aviones y drones sobre sus cuerpos y cultivos familiares. Los gobiernos de Maranhão y Brasil, no hacen ningún esfuerzo significativo para supervisar o prohibir esta práctica.
En el este del estado amazónico de Maranhão se expande el agronegocio para la exportación. Desde hace al menos tres años, hacendados del municipio de Timbiras utilizan el veneno de sus monocultivos como arma química para expulsar a los pequeños campesinos de sus territorios.
Desde aviones y drones vertieron en enero, febrero y marzo, pesticidas que están destruyendo toda la producción de maíz, mandioca, legumbres, verduras y frutas de las comunidades. Los peces no sobreviven a la contaminación de los ríos.
Los miembros de 50 familias campesinas afectadas se encuentran mal de salud por el envenenamiento. Mujeres, hombres, personas mayores y niños sufren llagas en la piel, dolores de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas de envenenamiento. No tienen acceso a la sanidad pública. No hay hospitales en sus comunidades y en la ciudad, el personal médico les diagnostica sarna o infecciones víricas.
En 2024, los ataques empeoraron. Una lluvia de veneno en marzo acabó con toda la producción de alimentos campesinos y contaminó aún más las fuentes de agua. La inseguridad alimentaria provocada por los hacendados podría llevar a las familias, a corto plazo, a un escenario de hambre y sed.
En Brasil, sólo Ceará, uno de los 26 estados del país, cuenta con una ley que prohíbe la fumigación aérea. En la Unión Europea, esta práctica está prohibida desde 2009 debido a los graves y demostrados riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
La región de Maranhão donde suceden las fumigaciones está envenenada. En 2023, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Fundación Oswaldo Cruz sacaron un dossier que confirma, con análisis de laboratorio, la contaminación de las aguas de las comunidades por el veneno lanzado por los sojeros.
En abril de este año, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão (CEDDH) realizó una inspección in situ de las comunidades atacadas y constató en un informe la grave situación.
Digámosle al gobierno de Maranhão y al gobierno de Brasil que prohíban urgentemente la fumigación aérea con veneno.Más información Carta
Diario Oficial de la Unión Europea, 2009. DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32009L0128
La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.
Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.
Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.
Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.
Yucatán
Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.
Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por tres razones principales:
1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.
2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.
3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.
Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.
Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.
En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.
Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto
Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.
En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.
18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.
En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.
Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.
Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.
La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.
Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.
Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas.
Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.
También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.
En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.
Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo
Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.
En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas.
En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.
En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.
Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.
Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.
Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.
A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.
Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.
El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.
Al 16 de mayo de 2023
El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.
Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.
Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:
Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.
Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones.
Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.
La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:
Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.
También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.
De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.
Compartimos esta invitación de Witness, Laboratorio Popular de Medios Libres, CEFO Indígena y Guardian Project sobre esta Escuela de Comunicación y Tecnologías para defensores y defensoras – A mayo 2024
Laboratorio Popular de Medios Libres, WITNESS, CEFO Indígena y Guardian Project invitan a comunidades, movimientos, organizaciones y colectivos de Abya Yala que estén en procesos de defensa del territorio a participar de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio.
La escuela consiste en el aprovechamiento de técnicas de reporteo, recolección de datos, edición, archivo y almacenamiento seguro de material multimedia para fortalecer la incidencia en medios de comunicación como también fortalecer estrategias jurídicas de defensa territorial.
La fecha límite para postular es el 15 de junio de 2024. El formulario de postulación está disponible en escuelacomun.yanapak.org (o pueden descargarlo y enviarlo por correo electrónico a contacto@yanapak.org). Los resultados de la convocatoria se informarán el 15 de julio de 2024 por correo electrónico.
Invitamos a todas las interesadas en participar de la Escuela Común que nos acompañen este sábado 25 de mayo para una sesión informativa donde daremos más detalles y resolveremos dudas.
9am México, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica. 10am Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 11 am Chile, Bolivia, Venezuela. 12 pm Argentina.
