El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Artículo de Marta Eugenia Muñoz, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1.1. Introducción

El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, con alta densidad poblacional, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras oficiales dejan ver que en la zona rural solo 55% de la población posee conexión de agua por cañería, mientras que en la ciudad esa cifra sube a 90 %. En el campo, las familias sin cañería se abastecen de pozos y ríos, agua que no es apta para el consumo humano, aún con esta mala calidad, este bien natural se está agotando.

1.2. Antecedentes

En el año de 1965, se fundó Embotelladora Salvadoreña, S. A., que inició operaciones con la marca Coca-Cola en El Salvador en el municipio de Soyapango, al agotarse el acuífero de esta ciudad en 1994, se traslada la planta de Coca Cola al municipio de Nejapa. En el año 2005, SAB Miller adquirió la totalidad de la empresa.

El municipio de Nejapa (compuesto por ocho cantones y 43 caseríos), se encuentra en el Departamento de San Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017 con una población total de 29,458 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 42% son mujeres; con una realidad rural transformándose en urbana dada su cercanía al área metropolitana de la capital, San Salvador, lo que se traduce en más población, más industrias y más impacto en los recursos sociales y ambientales.

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan los habitantes de Nejapa tiene que ver con el derecho humano al agua potable. El municipio se encuentra ubicado sobre un acuífero (llamado Nejapa/Quezaltepeque), que es clave para el suministro doméstico del 46% de la población de la capital dadas sus dimensiones. Es un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, y que tiene un gran interés por su riqueza en producción de agua limpia (aporta 7,4 millones de metros cúbitos al año). Su recarga depende en buena medida de lo que ocurre en Nejapa, donde en las últimas décadas también se ha convertido en un recurso explotado por la actividad industrial que se ha traslado a la zona, sometiéndolo a una constante presión. Entre otras, ahora están allí asentadas una embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller), empresas salvadoreñas como MECAFE, Salazar Romero.

1.3. La expropiación del recurso hídrico por la transnacional Coca Cola

En 1996, tres años antes de empezar su actividad, la empresa consiguió el permiso para explotar unos dos millones de metros cúbicos de agua al año. Ello suponía extraer 66,67 litros por segundo del acuífero. Ya entonces, el desaparecido Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI), que se encargaba por entonces de la gestión del agua a nivel nacional, emitió una resolución sobre los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en los recursos hídricos de Nejapa. El CEPRHI señalaba que:

  • La empresa debía identificar un área en la zona de recarga que debía comprometerse a proteger para garantizar la sostenibilidad del acuífero.
  • Indicaba que se impermeabilizara sólo un 25% de la zona;
  • Se prohibieran las descargas de aguas de la industria al Rio San Antonio, para garantizar que no se contaminaba;
  • Que ANDA, como responsable de los servicios de abastecimiento de agua potable, sobre todo en zonas urbanas, debían regir la extracción del agua por la embotelladora.

En 1999, finalmente, con todos los permisos ya aprobados, la empresa comenzó su actividad, justo un año después de que se aprobara la Ley de Medio Ambiente salvadoreña. Desde entonces, la embotelladora Industrias La Constancia/Sab Miller ha realizado varias ampliaciones de sus instalaciones, las solicitudes ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fueron bajo la modalidad de “ampliación de bodega”, lo que le evitaba tener que someter las ampliaciones a análisis independientes de impacto ambiental.

La mencionada Ley, en su artículo 21, apartado j establece que “requerirán Estudios deI Impacto Ambiental las obras o proyectos entre las que se encuentran las plantas industriales y agroindustriales”. Aunque es evidente que la actividad de una embotelladora de refrescos debiera haberse circunscrito en ese apartado, según la mayoría de las resoluciones que se han examinado, no fue así. La embotelladora se limitó a rellenar un formulario ambiental, que se regula en este mismo artículo 21 del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, con el cual las empresas presentaban una declaración jurada sobre la veracidad de la información que aportaban, incluida la relativa a los impactos en el medio ambiente.

La situación cambió a partir de 2012. Fue ese año cuando la embotelladora de Coca Cola pidió permiso para una nueva ampliación de la planta, en este caso para producir agua embotellada de la marca Cristal. ILC/Sab Miller realizaría allí el envasado y distribución de este agua, la producción de los envases de plástico, el acondicionamiento de producto para el proceso industrial y el lavado de los envases. Argumentaba en su solicitud que iba a simplificar los procesos de tratamiento necesarios, lo que supondría extraer menos agua. Como en anteriores ocasiones, solicitó el formulario ambiental en el Ministerio, desde donde se les remitió la necesidad de realizar, ahora sí, un Estudio de Impacto Ambiental. Al año siguiente, en febrero 2013, Industrias La Constancia/Sab Miller presentó el informe, elaborado por J.R. Duarte. En ese documento se indica que el suministro de agua potable se realizará mediante la extracción de agua de los dos pozos profundos de la Planta Nejapa que ya existen; que las aguas que van a utilizar no requerirán un tratamiento especial (aduciendo análisis de calidad de agua realizados en 211-2012), por lo que las descargarán directamente a la cuenca del río San Antonio; y que los desechos que no puedan reciclar irán al depósito de relleno sanitario de MIDES. Curiosamente,
señalan que gastan 1,2 millones de metros cúbicos de agua al año, cuando hay que recordar que en el año 96 pidieron permiso para extraer dos millones.

En concreto, respecto al consumo de agua la empresa asegura que se garantizará una “eficiente utilización” del recurso hídrico y reducirán un 13% la extracción total de  agua, además de promover acciones de desarrollo para la comunidad. Argumenta que cada año, en total, se extraen del acuífero 15,63millones de metros cúbicos de agua, pero que la recarga potencial es de 21,76 millones, por lo que habría 6,13 millones (la diferencia) disponibles para su uso (es decir, un total de 194 litros por segundo). Aducen que ILC/Sab Miller sólo quiere ampliar su consumo en 79,1 metros cúbicos al mes. Hasta aquí el informe de la embotelladora.

Ante la eminente posibilidad de autorizar la ampliación de la embotelladora de Coca Cola, se impulsa una importante movilización social en Nejapa, los pobladores están en contra de la petición de ampliar la planta, por los graves impactos que la actividad industrial está teniendo en el acuífero fundamental para la zona, por la reducción palpable de la cantidad de agua en sus comunidades y en la calidad del agua, tal como lo narra Josefina Escamilla, lideresa del movimiento social (foto).

En 2013 se inició un proceso de consulta pública por parte de una plataforma social que agrupa a un centenar de organizaciones sociales en El Salvador en torno al derecho al agua. Una de las grandes preocupaciones desde el principio fue determinar si el acuífero de Nejapa/Quezaltepeque tiene potencial para seguir siendo explotado y qué medidas se deberían poner en marcha para garantizar su protección y sostenibilidad, ya que es una fuente primordial para el abastecimiento de agua para consumo humano. En abril de 2013, en la consulta pública se logró recoger 2.200 firmas de oposición al proyecto, a la vez que se emitieron varios comunicados denunciando la campaña de LC/SabMiller por apropiarse de la reserva estratégica.

Josefina Escamilla, da cuenta de la lucha en la defensa del agua. La líder de Nejapa relata que su preocupación comenzó al verificar que la cantidad de agua del río San Antonio disminuía rápidamente: “iba al tanque a experimentar el agua y mes a mes iba bajando, así es como yo les comprobé a las organizaciones comunales que debíamos planificar marchas, que era necesario, porque el pozo ya estaba funcionado aún sin permisos, por eso había menos agua, y ya con el apoyo de las comunidades organizamos una marcha”. “Nos tomamos un carril de la carretera, por cierto casi nos atropellan”. “De ahí yo les dije a las compañeras que tapáramos la entrada a la Coca Cola para no dejar que entraran o salieran camiones, al final después de protestar y gritar nos dejaron entrar a la Planta y como yo tengo un poco de conocimiento del lugar, les dije ‘allá está el tanque, allá está el pozo, ya lo abrieron’, los representantes de Coca Cola dijeron que el pozo no se estaba usando, pero sí ya se estaba usando”.

Para corroborar las afirmaciones y llevar adelante la denuncia, las organizaciones sociales realizaron y presentaron un estudio técnico sobre el acuífero, titulado “Revisión y análisis de los componentes hidrológico e hidrogeológico del Estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico y de riesgo Zona Planta Nejapa. Industrias la Constancia, ILC. Nejapa, San Salvador”. La investigación refuta los datos que había aportado la embotelladora en su Estudio de Impacto Ambiental. El estudio fue elaborado por el hidrólogo de reconocido prestigio en El Salvador, Julio Quiñonez, en este se acusa a ILC/SabMiller de alterar muchos parámetros. Más allá de poner en entredicho los datos de la empresa, el hidrólogo determina que la situación del acuífero es peor de lo que se sospechaba.

En concreto, llega a cuatro conclusiones que deberían bastar para poner freno al proyecto:

  • En el estudio de impacto ambiental de ILC/Sab Miller los datos sobre el balance hídrico estaban alterados, ya que habían analizado la cuenca de forma sesgada y errónea. De hecho, no se consideró la parte baja de la cuenca, dejando fuera del análisis una importante cantidad de pozos que había que incluir para calcular laextracción actual.
  • Según el estudio el acuífero tendría una capacidad de recarga anual de unos 18 millones de m3 (no de 21 millones, como indicaba la empresa) y en este momento el consumo estaría entre los 7 y 10 millones, incluyendo la explotación de ILC y el agua que distribuye la ANDA a la población de la capital.
  • Por otro lado, se demuestra que se están gastando 34,67 millones de m3 al año (la empresa señala que son 15 millones). Ello significa que se está extrayendo el 191,54% del agua del acuífero, es decir el 100% de todo lo que se recarga anualmente (18,10 millones de m3) más otros 16,57 millones de m3 de las reservas del acuífero. Prueba de ello, afirman, es que en 1998 la empresa extraía agua del pozo nº2 a una profundidad de 31,04 m y en el año 2012 bajó hasta los 75,69 m. De estos datos se deduce que, a este ritmo, en 30 años el acuífero se agotará, en 27 años si se tiene en cuenta el cambio climático.
  • Datos del propio Ministerio señalan que abrir un nuevo pozo, más los dos ya existentes en explotación, implicaría la extracción de otros 1,7 millones de m3 al año.

En definitiva, el informe establece que, más allá de la posibilidad o no de ampliación de la planta de ILC/SabMiller, la realidad es que el acuífero de Nejapa no se puede explotar más. Incluso, se indica que hay que reducir a 20 millones la extracción actual. Y es una conclusión coherente con lo que había señalado el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador en 2005, que desde hace una década alertaba de que estaba llegando a su límite.

1.3. Contaminación

Pero la intervención de Coca Cola ILC/ SabMiller, no se limita únicamente al saqueo del recurso, sino que además genera tres tipos de desechos que afectan al medio ambiente de Nejapa:

  • Gases: se van al aire, porque no hacen manejo de gases.
  • Líquido: descargados en la quebrada de los Amates, cuya agua sirve para regar el relleno sanitario de Mides y compensar el polvo, y que también bebe el ganado vacuno. Esta quebrada desemboca en el río San Antonio, de donde la población rural bebe cuando no tiene asegurado el suministro de agua.
  • Lodos: se llevan a la planta de Mides todos los días en un camión. Industrias La Constancia/SabMiller tiene dos presas de lodo y todos los días salen de sus instalaciones ocho toneladas hacia la empresa Manejo Integral de los Desechos Sólidos (MIDES), construida para atender a 10 municipios y que ahora da servicio a la basura de 110 Alcaldías. Algunas comunidades se han quejado que ILC/SabMiller desecha sus vertidos en una cañada que afecta a la mencionada quebrada de Los Amates, contaminándola. “A la quebrada cada cierto tiempo echan descargas y sale el agua bien negra. Hasta 3 días baja esa agua, y los chimbolitos -peces- mueren”, dice un vecino.

1.4. Impactos en los derechos de las mujeres producto del saqueo del recurso hídrico por parte de Coca Cola.

Salud y saneamiento

Cuando se habla del derecho al agua y al saneamiento, es necesario tener en cuenta la desigualdad de género, ya que son fundamentalmente las mujeres y niñas/os los que realizan las tareas domésticas con este recurso y también las que velan por su gestión. Se constata así que la falta de acceso a agua y saneamiento afecta de manera especial y específica a la salud, educación, empleo o ingresos de las mujeres: menos disponibilidad o accesibilidad implica una importante inversión de tiempo en el acarreo de agua, además de exponerse a otros factores de riesgo como es la delincuencia, afectación de la salud por el sobresfuerzo físico que se realiza por el acarreo mismo, sobre todo en las zonas rurales.

De igual manera, las mujeres son quienes manifiestan mayor preocupación por la situación del agua en Nejapa, ya que conocen de primera mano las dificultades en el día a día por la falta de abastecimiento continuo. Asimismo, son ellas quienes detectan casos de contaminación por el mal olor, y quienes han ido directamente a la planta a pedir explicaciones. En las reuniones y asambleas comunitarias celebradas con la dirección de Coca Cola, se ponía de manifiesto el rol de las mujeres, así como el protagonismo en las decisiones y cambios en el municipio de Nejapa, e incluso lograron movilizar al resto de la población, impulsando las diferentes acciones que se han llevado a cabo. Es importante destacar este empoderamiento de la mujer en esta lucha, porque, si bien llevan a cabo las tareas cotidianas relacionadas con el uso del agua, normalmente no se les suele dar espacio en la toma de decisiones sobre el control de los recursos.

La contaminación de los cuerpos de agua es responsabilidad directa de Coca Cola. Ante la falta de tratamiento de sus aguas
residuales, afectan directamente los derechos a la salud y un medio ambiente sano para las mujeres de Nejapa. La contaminación tiene un impacto pernicioso para mujeres y niñas que expuestas a brotes graves de enfermedades, por ejemplo las transmitidas por mosquitos.

Las mujeres no tienen otra opción más que llenar tanques y otros contenedores con agua para uso doméstico, y esta agua podría convertirse involuntariamente en un ámbito ideal para la reproducción de mosquitos, si no se cubre ni se trata. La precaria infraestructura de alcantarillado también provoca que haya agua estancada en las comunidades. Para el caso específico de la epidemia de Zica, cuya transmisión no se reduce a la picadura del mosquito, sino que además es de transmisión sexual, mujeres y
niñas no tenían acceso en el municipio a información ni servicios completos de salud reproductiva. Muchas no pueden evitar embarazos no planificados ni tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas de ellas tenían temor a “tener” niños-niñas afectados por la microcefalia. El temor a las sanciones penales previstas para el aborto las obligó a recurrir a procedimientos clandestinos, generalmente inseguros, para interrumpir embarazos no deseados.

Disponibilidad del agua

El impacto que Coca Cola produce en el derecho a la disponibilidad del agua, es dramático. Tomando en cuenta que en Nejapa muchas familias, el 30.14% hogares con jefatura femenina, según datos de encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017, no disponen de agua por cañería y que en algunas comunidades sólo se abastecen por manantiales y ojos de agua, se verifica que la actividad industrial implica el uso y disponibilidad de una gran cantidad de agua, contrastando con la realidad de una parte significativa de la población que no tiene garantizado el acceso a este recurso. Puede fácilmente concluirse que uno de los principales impactos está en que todo lo que va a la industria deja de utilizarse para el abastecimiento de agua por cañería a los hogares, afectando las actividades en especial de las mujeres, ya que son ellas las que por sus actividades dentro de sus viviendas, se ven afectadas por la falta de agua, teniendo que desplazarse para el acarreo del mismo.

El tiempo invertido en acarrear el agua, limita el tiempo de las mujeres afectadas, que podrían invertir el mismo en otras actividades, como participación en tareas educativas y culturales, disfrutar de más tiempo de calidad con sus hijos y familias, y disfrutar de merecidos descansos, después de agotadoras jornadas de trabajo. En este punto es de especial interés considerar que si las jefas de hogar trabajan fuera de casa, el peso de la doble jornada de trabajo, se agudiza por el esfuerzo de tener que desplazarse para buscar el agua para consumo, teniendo como alternativa la compra del líquido a pipas particulares que origina gastos extras no presupuestados, reduciendo dramáticamente los ingresos económicos.

Por otra parte, el agua potable es cara para la población consumidora, pero no es así para la Coca Cola, Josefina Escamilla, asegura que a falta de regulación específica para grandes consumos o empresas, la Coca Cola paga lo mismo que un pequeño comercio. Cuando se
ha tratado de regular por parte de la Alcaldía, no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa para generar una ley que permita una justa retribución por la explotación del vital líquido, en este municipio.

La escasez del líquido, debido a la sobre explotación y saqueo de este bien natural, incluso ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ya que las mujeres que tenían sus huertos caseros como forma de complementar sus dietas y además como un apoyo a los escasos ingresos que con frecuencia poseen, han tenido que renunciar a ellos, porque el agua para el riego de los mismos, debe ser utilizada para otras actividades como el consumo y el aseo que se vuelven prioritarias a la hora de administrar la poco agua a que tienen acceso.

1.5. Conclusiones

En El Salvador hay una ausencia de política general sobre el manejo del agua. No hay una Ley de aguas, ni se contempla el derecho al agua en la Constitución, lo que implica que los usos industriales del agua no estén regulados. Sí hay una Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, pero carece de aplicación práctica y de institucionalidad. La falta de una normativa nacional y la presión
de las empresas dificultan la regulación en Nejapa. La cobertura de servicios de agua potable es escasa en las zonas rurales. Además, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación están disminuyendo la capacidad para aprovechar el agua y la recarga de los mantos acuíferos. Al ritmo de extracción actual y considerando el efecto del cambio climático, el acuífero se agotará en 25-27 años.

El conocimiento de la ampliación de la planta de ILC/SabMiller, ha generado una movilización social desconocida en la zona, liderada por mujeres y la Alcaldía. Este hecho se constituye en un gran paso en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. Es un modelo interesante de replicar, en el que han tenido un gran papel las mujeres, que se han empoderado. La importancia de realizar su propio estudio de impacto ambiental, permitió basar la denuncia y la lucha en datos objetivos con análisis rigurosos, que ponen en evidencia la gran preocupación de la sociedad civil y particularmente de las mujeres sobre la situación del agua en el municipio.

El rol de la sociedad civil es clave para denunciar, monitorear y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad organizada ni puede ni debe sustituir el rol del Estado. Este caso fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia
en que se demandó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la resolución da una serie de recomendaciones. Frente a esta demanda presentada a este Tribunal, Josefina Escamilla, asevera que “como mujeres luchadoras por el derecho humano al agua, estaremos pendientes para ver que las recomendaciones se cumplan”.

La intimidación, persecución, criminalización de las protestas o restricciones informativas que históricamente han sido elementos comunes en el desempeño de las organizaciones de base que defiende los derechos humanos. Escamilla enumera de los intentos fallidos de los representantes de la Coca Cola para callar las voces de lucha y protesta: “me visitaron en tres ocasiones a mi casa para ofrecerme
construírmela nueva, cuando pregunté qué es lo que debo de dar a cambio, me decían que mi firma aceptando que la construcción de los nuevos pozos no dañaban a las comunidades”. Con mucha energía la líder septuagenaria, afirma que ella y las otras mujeres que luchan contra la Coca Cola “no nos vamos a vender por un almuerzo, o por una casa”.

Las consecuencias de priorizar el uso industrial del agua frente al consumo humano afectan no sólo a este derecho, si no a otras áreas como pueden ser en las relaciones en cuanto a la justicia de género, medio ambiente, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, existen múltiples dificultades para demostrar de manera certera otros impactos. Frente a ello, es importante desmantelar el poder las corporaciones, y obligar a las transnacionales que garanticen los estándares en toda la cadena de suministro y se comprometan en ejecutar todos sus compromisos en los diferentes eslabones de su proceso económico.

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Compartimos el programa “Jaque al Rey” de Rompeviento.TV del 29 de junio 2018, en el que los invitados y las invitadas reflexionan sobre los diez decretos firmados por el presidente de la República el 5 de junio 2018. Mal llamados “Deretos de reserva de agua”, esos decretos levantan vedas en en 99 cuencas hidrológicas del país y reservan solo el 30% de sus aguas a los usos doméstico, público urbano y ambiental, dejando el 70% libre y disponible para concesiones.

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¿Estos decretos privatizan el agua en México?

Alessia Kachadourrian Marras, asesora independiente en gestión integral del agua:

“Es una herramienta más de las que hay en la lista, que sigue fortaleciendo y protegiendo al mismo sector minoritario en este país que controla la mayor cantidad de agua, cuyo uso es para para producción comercial y el enriquecimiento a partir del agua. Sigue poniendo en manos de menos y privadas la mayor cantidad del agua que circula en nuestro territorio.

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

“Esta medida no es aislada. Viene precedida de intentonas muy fuertes y muy serias de imponer una Ley General de Aguas (LGA) que tendían hacia la privatización extrema del agua. La privatización existe en México y un claro ejemplo es la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) del 1992. Justo la reforma del 2012 al artículo cuarto constitucional era proponer una nueva Ley. Se trata de una privatización no por los decretos en sí mismo, sino por el contexto legal en el que surgen. Esos decretos no son de reserva de agua sino de levantamiento de veda. Hay que entenderlos así. Se aterriza un marco jurídico absolutamente privatizante que ha mostrado no solamente su ineficacia sino su enorme capacitad para concentrar el agua en unas cuantas manos y para expoliar el recurso.”

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua Agua para Todos:

“Hay que entender que con la reforma energética del 2013, claramente lo se necesitaba era el agua. De allí la intentona de una imposición de una LGA en el 2015. Afortunadamente, hubo una movilización de movimientos sociales, investigadores, comunidades y organizaciones no gubernamentales que nos dimos a la tarea de estudiar a fondo esta iniciativa y por el otro lado de ir construyendo una propuesta ciudadana de LGA que justamente ayudaría a un modelo de transición hacia un modelo de gestión de agua sustentable y equitativa. Al ver que no pueden imponer su LGA, se van por otras alternativas como leyes estatales y decretos, en donde sí están liberando grandes volúmenes de agua para la concesión.”

¿En qué consisten estos decretos firmados por EPN?

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

“La palabra reserva suena muy bonito, hace pensar que es una acción de conservación. Pero en realidad los decretos levantan vedas. Esas vedas por sí mismo garantizaban justo la protección y el caudal de los ríos porque solo se explotaban los ríos que tenían concesiones desde hacía muchísimos años. El hecho de tener vedas garantizaba la reproducción del ciclo hidrológico. Esas vedas se levantan totalmente, el agua se pone a disponibilidad y lo que hacen los decretos es reservar una parte muy pequeña del agua que se liberó. Si nos atenemos a las recomendaciones internacionales, solo debemos reservar el 35% del volumen de aguas superficiales disponibles. El otro 65% se deja libre, justo para que entre el modelo concesionario, con concesiones de tipo industrial, de tipo agroindustrial, de uso mixto y de uso doméstico. Es allí la clave de la privatización.

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y miembro de Agua para Todos:

Calculamos que el 70% del agua disponible en las cuencas mencionadas en los decretos fue liberado para concesiones. Estamos hablando de grandes volúmenes de agua que están siendo puesto a disposición de posibles concesiones. Es algo que debe preocuparnos porque el uso de esa agua puede llegar a caer en manos de mineras y de la industria de hidrocarburos y dejarnos sin esa agua en el ciclo del agua. Estas industrias están usando una serie de químicos y hoy en día no contamos connngun sistema de tratamiento de estas aguas, entonces si entregamos el agua a estas industrias poco a poco nos vamos a quedar sin el volumen de agua de calidad necesario para los ecosistemas y el consumo humano. El tema de calidad del agua no se puede menospreciar.”

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Pronunciamiento de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A 27 de junio 2018

A la sociedad civil de Chiapas y México,
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,

Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la “ley Korenfeld” en 2015 como el “borrador Pichardo” en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el aspecto técnico y la consulta. Las preguntas son:

1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?

2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?

Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.

El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que “declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes”. Aquí en Chiapas, bien sabemos de las intenciones de la empresa Proactiva, filial de Veolia, que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua de la capital Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil logró detener.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que “los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación”. No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.

Es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal y corporativista, impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años, por detrás de los decretos de veda está el interés de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería, fracking, hidroeléctricas, proyectos turísticos, entre otros. Es una vergüenza que en México el agua aún no sea un derecho para todos y todas, sino primeramente para las empresas. Urge que los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma, revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la Ley de Aguas Ciudadana propuesta por la coalición Agua para todos desde el 2012.

En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de “Veda” corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

¡Señores neoliberales tecnocratas-plutocratas, necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde el siglo XVI a la fecha; el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras de poder!

Firmamos:

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez

Foto: Lectura del pronunciamiento en conferencia de prensa el 27 de junio del 2018 en el parque central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En los medios:

Organizaciones en Chiapas rechazan y cuestionan decretos de Pena Nieto sobre el agua (Chiapas Paralelo)

Organizaciones se pronuncian contra la privatización del agua en México (Rebelión)

Más información:

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Comunicado de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), a la cual pertenecemos, la Alianza contra el Fracking y la Red de Acción por el Agua – A 26 de junio 2018

Contexto: El 6 de junio del 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación diez decretos de reserva de agua que eliminan vedas en varias cuencas hidrológicas de todo el país y establecen reservas de agua totales o parciales para los usos domésticos, público urbano y ambiental.

  • Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.

  • Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.

 Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.

Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.

El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.

[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017

Contactos:

Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366

María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138

Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747

Gloria Tobón de Garza,  Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548

Más información:

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Foto: COMDA

Felicidades al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a 10 años de resistencia

Carta de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) – A 15 de junio 2018

Compañeros y compañeras de lucha:

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les enviamos un enorme abrazo y desde el sur de México festejamos con ustedes 10 años de resistencia y conformación del Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Este 16 y 17 de junio celebramos con ustedes todas las experiencias de las que nos han hecho parte, recordamos con mucho gusto nuestro encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en junio del 2008 allá en su bello pueblo, espacio donde conformamos la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Siempre agradeceremos la visita a nuestro encuentro estatal acá en Huitiupan, Chiapas, y recordaremos el viaje con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para ser parte de la histórica toma de la Presa El Zapotillo. También tenemos en nuestra memoria el Encuentro Mundial de Afectados por las Represas en el 2010, del que ustedes fueron sede.

Sepan que acá en el sur siempre compartimos su experiencia de lucha, acá se sabe que una comunidad chiquita allá en los Altos de Jalisco tiene un coraje muy grande y ejemplar para defender su tierra. Siempre contamos que la Revolución del Agua en México existe y la hacen día a día los hombres y mujeres valientes de Temacapulín. La fuerza de Zenaida y de cada una de los abuelos y abuelas de Temaca son un gran ejemplo para la lucha contra las represas, la minería, los monocultivos y todo aquel proyecto de muerte para los pueblos.

Compañeros y compañeras, felicidades por 10 años de resistencia, por su empeño en gritar que el agua no es mercancía, que el río Verde no se represa. Gracias por cada día reafirmar que la historia, la cultura y su religiosidad no tienen precio.

Felicidades, que las campanas de la Iglesia de la Señora de Los Remedios suenen alto porque ¡Temaca no se inunda y no se vende!. Que los gobiernos y las empresas tiemblen porque la Presa El Zapotillo no avanzará.

Con mucho cariño,

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR)

¡Arriba Temaca!
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Fuera los proyectos de muerte!

{YOUTUBE}gF3HOsEI-Us{/YOUTUBE}

Más información:

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

“La Revolución del agua”: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#TemacaNoEstáSolo: ¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua!

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

Chiapas: Paremos la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia en San Cristóbal de las Casas

Pronunciamiento de la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel publicado el 22 de marzo 2018, Día Mundial del Agua

Hoy 22 de marzo del 2018, Día Mundial del Agua, queremos denunciar el ecocidio que se está llevando a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Los humedales de montaña son cuerpos de agua de menos de 6 metros de profundidad que tienen diversos servicios como proveernos de agua limpia y pura y prevenir las inundaciones y culebras en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Desde el año 2008, se declararon áreas naturales protegidas, y en el año del 2012 fueron incorporados a la convención RAMSAR, lo que le da características de importancia internacional. Existen dos puntos de acuerdo del Senado mexicano que demandan la protección de dicha área natural protegida.

El Área Natural Protegida (ANP) “Humedales de Montaña María Eugenia” cuenta con 115 hectáreas, de los cuales en los últimos tres años, bajo el gobierno municipal del Partido Verde Ecologista, se han invadido, perturbado y rellenado aproximadamente más del 10 %.

El día lunes 19 de marzo del 2018, en el tramo aproximado a 200 metros de la Carretera Panamericana en el camino de terracería que comunica con la colonia FSTSE 2001, a la altura de una tienda de jardinería y en frente del ex parque de los humedales, actualmente protección civil, se encontró que tiran cascajo (material de construcción) sobre los humedales de Importancia Internacional “María Eugenia”, con un camión de tipo volteo de color azul con placas 4 CND-511, lo cual continúa hasta el día de hoy realizando dichas actividades. (ver foto)

Por lo anterior, y a fin de evitar un deterioro o riesgo inminente de daños a los Recursos Naturales realizados en el Humedal de Importancia Internacional “María Eugenia”, se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA) por delitos federales de corte ambiental y otra denuncia Penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda y de acuerdo a su competencia se realicen las investigaciones correspondientes respecto a lo que se suscita en dicha zona, y se determine la plena o probable responsabilidad, de quien o quienes resulten responsables conforme a los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de considerarlo procedente se ejercite la correspondiente acción penal.

Cabe resaltar que dichos terrenos son propiedad de la Familia Rovelo, entre los cuales Hector Rovelo actualmente ocupa la secretaría de organización estatal en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, el día lunes 19 de marzo se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por las Amenazas infringidas en contra de los defensores ambientales de los humedales cuya integridad se encuentra en riesgo y quienes desde el año 2015 cuentan con medidas de protección cautelar por la violencia ejercida por las Empresas constructoras en contra de su defensa de la naturaleza.

Demandamos cesen las 16 invasiones en los humedales y sobre todo la construcción y relleno que se está llevando a cabo en el camino de la carretera internacional a la FSTSE 2001 (200 metros del parque de los humedales) y se clausure de forma inmediata para frenar el daño a la biodiversidad y al derecho humano a un ambiente sano plasmado en nuestra constitución.

Demandamos el cese de la persecución contra los defensores del medio ambiente en Chiapas.

Foto: León Enrique Avila

Más información:

Chiapas: LLaman a defender los humedales de San Cristóbal de las Casas ante los intereses privados

Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

>> Firma la petición en Change: Salva los humedales de montaña y cese persecucion defensores ambientales en Chiapas <<

>> No se pierden la conferencia de prensa “Agua y destrucción de bosques y humedales en San Cristóbal de las Casas” hoy a las 6 PM en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas <<

#AlertaLeyDeAguas: Materiales sobre el nuevo proyecto de privatización extrema del agua en México

En noviembre 2017, el diputado priista José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en el Cámara de Diputados, publicó un borrador de iniciativa de Ley General de Aguas (LGA) que podría ser convertido en una iniciativa de ley y legislado durante el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados (1 de febrero-30 de abril).

El Estado mexicano tiene la obligación de reformar la LGA actual para que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento incorporado al artículo 4 de la Constitución en el 2012. Pero lejos de responder a ese objetivo, la “Ley Pichardo” profundizaría los procesos de privatización del agua, el sistema de concesiones, la proliferación de trasvases y la entrega absoluta del vital líquido a las corporaciones, en particular para actividades industriales extractivas tóxicas como el fracking y la minería. Serviría de instrumento de despojo en complemento de la Reforma Energética del 2014, de la Ley de Zonas Económicas Especiales del 2016 y de la Ley de Seguridad Interior entrada en vigor en diciembre 2017.

El borrador Pichardo emerge dos años después del primer intento del gobierno de EPN de reformar la LGA con la llamada “Ley Korenfeld”. Había fracasado gracias a la movilización de la sociedad civil organizada e informada a través de la plataforma “Agua para todos, Agua para la vida “, la cual había elaborado una propuesta ciudadana de LGA.

Les compartimos una serie de materiales para que se puedan informar sobre los riesgos que representan la “Ley Pichardo” y los difundan en sus redes sociales con el hashtag #AlertaLeyDeAguas.

1 – Video: “La Ley Pichardo y el Agua en México” (Mientras tanto en México, 12 de febrero 2018)

{YOUTUBE}9RlKGCSOW9U{/YOUTUBE}

2 – Video: “La Ley Pichardo y el Agua en México” (Programa “Supercívicos” en Radio Formula, 9 de febrero 2018)

Ver y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

{YOUTUBE}btXQpUvju8c{/YOUTUBE}

3 – Video en Rompeviento: “La privatización del agua, una amenaza inminente” (Programa “Jaque al Rey”, 25 de enero 2018)

Ver y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

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4 – Artículo en Proceso: “Todo listo para privatizar y encarecer el agua” (Por Jesusa Cervantes , 20 de enero 2018)

Leer y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.

La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos.

Para ello, sostienen especialistas entrevistados por Proceso, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.

[…]

5 – Artículo en Sin Embargo: “El PRI tiene lista una nueva Ley que privatiza a perpetuidad el agua; alertan sobre los riesgos” (Por Daniela Barragán, 4 de febrero 2018

Leer y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

Aunque se abrió una plataforma para que académicos, expertos, comunidades y sociedad civil participaran en la elaboración de la Ley General de Aguas, el priista mexiquense, José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó un borrador que es prácticamente la misma Ley que se echó abajo en 2015: la llamada Ley Korenfeld.

Hasta el momento el documento es solo un borrador, pero las prisas en el Congreso y la disposición por aprobar esa legislación pueden hacer que en dos semanas se convierta en una realidad.

Académicos y expertos la describen como una política que genera un negocio redondo para un grupo muy selecto (como Carlos Hank o Armando Hinojosa Cantú), gracias a una “privatización extrema”.

[…]

6 – Cuadro comparativo entre la Iniciativa Pichardo y la Iniciativa Ciudadana (Por la coalición “Agua para todos, Agua para la vida”)

Leer y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

Chiapas: LLaman a defender los humedales de San Cristóbal de las Casas ante los intereses privados

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

En el marco del Día Mundial de los Humedales celebrado cada 2 de febrero, la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel organizó este viernes un foro informativo en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para denunciar el “ecocidio” que se está actualmente perpetrando en la ciudad.

“Con profunda tristeza manifestamos nuestra preocupación por el profundo deterioro de los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas”, declaró la Red en un pronunciamiento leído ante mas de cincuenta personas. “En el año 1528 en el Valle de Jovel existían más de 2500 hectáreas de humedales, actualmente existen alrededor de 400 hectáreas, las cuales se encuentran llenas de cascajo, basura, y el agua contaminada por aceites”, denuncia la red en su declaración. (ver la declaración completa abajo)

Foro en el marco del Día Mundial de los Humedales en San Cristóbal de las Casas el 2 de febrero 2018 (Foto: Otros Mundos A.C.)

La Red, que representa a varios barrios y colonias de San Cristóbal de las Casas, organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) y Comunidades eclesiales de base, instaló una exposición fotográfica en frente de la Catedral, en la que se visibilizó la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia y de la Kisst, dos Áreas Naturales Protegidas muy importantes para la ciudad en términos de abastecimiento en agua y retención de agua de lluvias. Además albergan especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi). A pesar de haber sido incorporados a la lista de los humedales de importancia internacional “Ramsar” en el 2012, están siendo víctimas de la multiplicación de permisos de construcción de locales comerciales y fraccionamientos de viviendas.

“Nuestra intención es generar conciencia dentro de la población sobre la necesidad de cuidar nuestros humedales y evidenciar el grave daño que los intereses privados les están causando”, comentó Nicolás Gómez, habitante de la colonia FTSE 2001 y representante de la Red. “Además queremos invitar a la gente que conoce más el centro de la ciudad a darse cuenta de la importancia de los bosques y los ríos que se encuentran en los alrededores”.

Humedal de la Kisst (Foto: León Ávila)

Aplanado para construcción en frente de Salsipuedes en zona de los humedales de María Eugenia
(Foto: León Ávila)

Los humedales de montaña María Eugenia ofrecen el 70% del agua bombeado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas y el Estado mexicano tiene la obligación de cuidarlos por estar en la lista “Ramsar”. Sin embargo, han sido alterados en más de 15 puntos, por rellenos, aplanaciones o construcciones, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas.

Los 15 puntos de alteración de los humedales de montaña María Eugenia

Construcción de locales comerciales en frente de la UNICH en la zona de los humedales de María Eugenia
(Foto: León Ávila)

En la última foto, se puede observar la maquinaria con la que se pretendió a principios de este año construir locales comerciales en frente de la UNICH. Ante este acto de destrucción, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente de San Cristóbal de las Casas se juntaron el pasado 10 de enero para clausurar simbólicamente esta obra para la cual la familia Rovelo (Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal) había recibido un permiso ilegal por parte del municipio. Dos días después, la obra se suspendió.

“Esta suspension se logró gracias a la movilización de la sociedad civil”, comenta León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta. Precisa que sigue en pie la demanda que los habitantes de San Cristóbal de las Casas interpusieron ante la PROFEPA contra los constructores de estos locales.

Suspensión de la construcción de locales comerciales en frente de la UNICH (Foto: León Ávila)

>> Declaración de la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle – 2 de febreo 2018 <<

Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

El 10 de enero, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se agruparon en la entrada de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el sureste de la ciudad para realizar la clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en la zona de los humedales de montaña María Eugenia.

Los habitantes habían sido testigos el día anterior de la entrada de una maquinaria pesada en un terreno ubicado dentro de esta zona de 115 hectáreas de la cual proviene el 70% del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas. “Vemos con mucha preocupación que solo en este humedal de María Eugenia existen más de 15 lugares que han sido alterados, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas”, denuncia León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta.

En el 2008 la zona fue declarada “Área Natural Protegida con el carácter Zona Sujeta a Conservación Ecológica” por el estado de Chiapas (Decreto Número 138). El objetivo oficial de este decreto era “preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas de la zona, sus recursos naturales, biodiversidad y procesos evolutivos, así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de los componentes naturales que permita su permanencia para las generaciones futuras”. Además, en el 2012, fue incorporada a la lista de los 142 sitios RAMSAR que cuenta México, es decir a la lista de los humedales mexicanos considerados de importancia internacional. Ese reconocimiento obliga al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a garantizar su conservación en virtud del Convenio de Ramsar (Irán) al cual México se adhirió en el 1986.

“Estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos, pero el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, en lugar de hacer su labor y evitar que este espacio se deteriore, da permisos para destruirlo”, se indigna el León Ávila, también profesor en Desarrollo Sustentable en la UNICH.

Los humedales María Eugenia no solo abastecen la ciudad en agua limpia a los más de 250.000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, sino que son esenciales para captar las aguas pluviales y evitar inundaciones. Son también el hábitat de numerosas especies de peces, reptiles y anfibios, incluyendo 10 especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi), y el chipe cabeza plateada (Ergaticus versicolor), ambos en peligro de extinción.

Desgraciadamente, no todos los habitantes ven a los humedales Maria Eugenia como un tesoro ecológico que deben cuidar. Para algunos, la declaratoria del 2008 y el reconocimiento del 2012 son un estorbo que les impide sacar provecho de estas tierras. Se trata de los dueños de los terrenos que se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP), que el Estado de Chiapas, por falta de presupuesto y de voluntad política, no expropió al momento de publicar el decreto.

En la ley mexicana, rellenar un humedal es un delito, pero en San Cristóbal de las Casas, el poder del dinero y los vínculos políticos sirven de inmunidad. Los que pretenden actualmente construir los locales comerciales en frente de la UNICH son de la familia Rovelo, dentro de la cual Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal. En otro sitio de los humedales, hubo en el 2015 un intento de construir un fraccionamiento de lujo con 60 casas por parte de Ricardo Díaz Ochoa, familiar del diputado local del Partido Verde Mariano Díaz Ochoa quien había recibido permisos ilegales de la cual afortunadamente los habitantes lograron obtener una suspensión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La lucha por la defensa de los humedales María Eugenia no ha sido fácil. En el 2015, los que se opusieron al fraccionamiento de Díaz Ochoa sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por proteger este bien común natural. Las mujeres fueron agredidas y amenazadas por los constructores, y varios inconformes recibieron demandas por parte de los constructores.

A pesar la criminalización de su lucha, los habitantes siguen resistiendo y exigiendo el respeto de la ley que obliga al Estado proteger los humedales. Interpusieron una demanda ante la PROFEPA contra los constructores de los locales comerciales que se pretenden en frente de la UNICH. “El gobierno federal tiene la obligación de garantizar para todos los Mexicanos un medio ambiente sano, es una obligación constitucional y es lo que queremos”, concluyó León Ávila, quien a nombre de los representantes de las 20 colonias que participaron en la acción del 10 de enero exige la clausura de los 15 proyectos de construcción que existen actualmente en la zona de los humedales María Eugenia.

Fotos: Clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en los humedales María Eugenia el 10 de enero (León Ávila)

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

Hoy, 22 de marzo, Día Internacional del Agua, publicamos el informe “Estado del Agua en América Latina y el Caribe” realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) el agua es un bien común, fundamental para la vida en todas sus expresiones, la reconoce como un elemento ordenador de los diversos territorios, y la considera un eje articulador de las diversas luchas por la justicia social y ambiental.

Desde hace varios años, las organizaciones de ATALC han trabajado por la defensa del agua como bien común, reconociendo que los pueblos deben controlar sus territorios, y reafirmando los derechos a la tierra y al agua. De esta forma, han expresado una vehemente oposición a todas las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua, que implica la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. De aquí que ATALC haya resistido a modelos impuestos por el capital corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno y tratados de libre comercio, que a través de asociaciones e inversiones promueven el acaparamiento de las aguas.

América Latina y el Caribe aloja una serie de países diversos, tanto en sus características geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que implica una estructura diferente de disponibilidad y manejo del líquido vital. La conflictividad por el agua en la región ha tenido un crecimiento sin precedentes durante los últimos años, hasta llegar a niveles de complejidad que generan diversos impactos en el ámbito político, en las economías de los países, y en la forma como se concibe lo social. Los conflictos por el agua en la región expresan la crisis de un sistema económico y político que paralelo a una crisis ambiental, climática y alimentaria, observan en la naturaleza, específicamente en el agua, una frontera para la creación de nuevos mercados en su insaciable búsqueda de acumulación. Con el avance de el modelo neoliberal, que en la actualidad se manifiesta con el desarrollo y emplazamiento de emprendimientos, en especial con la promoción de actividades extractivas y de gran envergadura, se implica el uso intensivo de los dones naturales – el agua en particular -, y se impacta sobre las condiciones de vida de las poblaciones y el ambiente.

El presente documento es un esfuerzo conjunto por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para reflexionar y sistematizar los diferentes conflictos de agua que durante los últimos años padece la región. Presenta reflexiones sobre el papel del capital corporativo en la privatización de las aguas con la construcción de grandes infraestructuras y los impactos de actividades extractivas e industriales, además de modelos de desarrollo que acaparan las aguas de las comunidades locales, cuyo sustento depende de estos territorios y bienes comunes. En contraste, también se resalta horizontes y/o aspiraciones políticas y sociales de sectores defensores de la naturaleza que han promovido y generado alternativas, alianzas y renovadas posibilidades sustentables en su relación con las aguas en la región.

En este informe entregamos una serie de documentos para contribuir a una mirada amplia sobre la situación del agua en su relación con los conflictos ambientales en la región, y busca presentar propuestas desde los territorios para la construcción de sociedades sustentables. Esperamos que su lectura y comprensión fortalezca la construcción conjunta de conocimiento para la resistencia y la implementación de alternativas de los pueblos en su relación social, cultural, ancestral e histórica con las aguas.

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Leer más sobre el tema:

Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

El libro “Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México” fue coordinado por los investigadores José Luís Martínez Ruíz, Daniel Murillo Licea y Luisa Paré, y por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Su publicación tiene como antecedente el seminario coordinado por los tres investigadores, denominado: “Conflictos por el agua y alternativas de gestión en los territorios de los pueblos indígenas de México”, el cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

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Nuestro territorio nacional alberga una megadiversidad biológica derivada de una heterogeneidad de su medio físico, una contrastante topografía y una amplia gama climática que determina una fisiografía compleja, que influye en la situación y disponibilidad de los recursos hídricos. A ello hay que agregar los contrastes regionales de desarrollo y las desigualdades socio-económicas que privan en México.

En ese contexto heterogéneo y contrastante debe tomarse en cuenta también la diversidad etnolingüística, organizativa y cultural del país. En México se consideran como indígenas —ya sea por hablar una lengua indígena o por identificarse como integrante de un pueblo o una cultura indígena— alrededor de 15.7 millones de personas (Inegi, 2010).

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha dividido el territorio nacional en 25 regiones indígenas, a saber: Altos de Chiapas; Chimalapas; Chinanteca; Chontal de Tabasco; Costa y Sierra Sur de Oaxaca; Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica; Frontera Sur; Huasteca; Huichol o Gran Nayar; Istmo; Maya; Mayo-Yaqui; Mazahua-Otomí; Mixe; Mixteca; Montaña de Guerrero; Norte de Chiapas; Otomi Hidalgo-Querétaro; Purépecha; Selva Lacandona; Sierra de Juárez; Sierra Norte de Puebla y Totonacapan; Tarahumara; Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz, y Valles Centrales. De los 2,456 municipios, 624 son considerados indígenas y de las 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus habitantes son identificados como indígenas. En ese sentido, México no solamente es uno de los diez países con mayor biodiversidad, también es notable por su pluriculturalidad y diversidad etnolingüística derivadas de la persistencia de los herederos y descendientes de los pueblos originarios del México prehispánico.

Una parte importante de las localidades indígenas se encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas, correspondientes a áreas forestales, con una función hidrológica esencial para la recarga de los acuíferos y abasto de agua para las ciudades y zonas de riego.

Originados por múltiples y distintas causas, en las regiones indígenas se han reportado tanto en el pasado como en el presente numerosos conflictos por el agua. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos desarrollado por el IMTA en 2015, en las cuencas donde se asientan los pueblos indígenas se han registrado más de 80 tipos de conflictos por el agua. En esa medida creo que es necesario reflexionar a fondo sobre la etiología de estas confrontaciones por los recursos hídricos. Reconocer las verdaderas causas de tales disputas posibilita proponer alternativas que sean viables en lo social, en lo ambiental y que también sean sostenibles para el desarrollo económico, incluido el etnodesarrollo. En el contexto de este panorama los coordinadores de este libro convocamos a un grupo de investigadores, representantes de organizaciones civiles y de comunidades y pueblos indígenas, a que nos presentaran sus análisis y reflexiones en torno a los conflictos y alternativas de gestión en los territorios indígenas de México.

Como resultado se tiene el presente libro que consta de diez capítulos y seis recuadros. No obstante el énfasis y las particularidades de los casos o experiencias en torno a la gestión de los recursos hídricos que cada autor o autores expone, se puede observar al hacer la lectura completa del libro que ciertos ejes temáticos o problemáticas confluyen y se entrelazan, a saber: el impacto socio-ambiental en los ecosistemas y poblaciones indígenas en las cuencas donde se proyectan y construyen las obras hidráulicas, en especial las megaobras; el cuestionamiento al modelo económico neoliberal marcado por impulsar actividades productivas que depredan el medio ambiente y afectan las condiciones materiales de vida de las comunidades; el surgimiento de movimientos sociales de resistencia y defensa del agua y del territorio; propuestas de manejo de los recursos hídricos desde lo local, a partir de concebir a la cuenca como parte de una unidad territorial y en el que los elementos culturales, como la cosmovisión y los saberes locales alimentados por un patrimonio cognitivo ancestral, son parte de la concepción del territorio; la prevención y gestión de los conflictos bajo enfoques de participación social que promueven la cogestión del territorio y sus cuencas entre los diversos actores sociales y, por último, considerar a los pueblos indios como sujetos sociales a la hora de aplicar políticas públicas en el sector agua.

En esa trama de ejes es que surgen los siguientes cuestionamientos claves en torno a la problemática del sector agua y que pienso, están implícitos en las diferentes exposiciones que componen este libro: ¿Por qué el aumento de conflictos por el agua y su agravamiento en los territorios indígenas en México? ¿Hay alternativas viables articuladas en lo social, en lo económico y lo ambiental? ¿El modelo vigente de gestión y administración de los recursos hídricos promovido por el Estado y por organismos financieros, empresariales y diversas instancias internacionales del sector agua, requiere de un viraje de 180 grados en su relación con los pueblos indios y con el manejo de los recursos hídricos? ¿Qué hacer entonces para prevenir y resolver los conflictos sociohídricos? ¿El marco legal actual del agua da certidumbre y seguridad para administrar y gestionar los recursos hídricos para el bienestar y progreso del país sin inequidades sociales, riesgos ambientales y rupturas del tejido social? Y si no, su modificación o reforma ¿hacia dónde debe apuntar para evitar el ecocidio y, por así decirlo, la muerte de las “esencias de vida” que sostienen a las comunidades indígenas y campesinas?

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Llegó para quedarse: La remunicipalización del agua como tendencia global

En los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur, incluidos algunos casos destacados en Europa, las Américas, Asia y África.

Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean (TNI, 2014)

Publicado por Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Multinationals Observatory y Transnational Institute (TNI).

Ciudades, regiones y países de todo el mundo están optando cada vez más por pasar página en lo que a la privatización del agua se refiere y “remunicipalizar” servicios, recuperando el control público sobre la gestión del agua y el saneamiento. En muchos casos, es una respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y a su fracaso a la hora de priorizar las necesidades de las comunidades por encima de sus propios beneficios.

 

Este informe examina el creciente fenómeno de la remunicipalización de los servicios de suministro de agua y saneamiento como una tendencia mundial emergente y presenta la panorámica más completa de los casos hasta el momento. En los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur, incluidos algunos casos destacados en Europa, las Américas, Asia y África. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia). Por contra, durante ese mismo periodo, se han producido muy pocos casos de privatización en las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, Nagpur (India), que ha sido testigo de una importante oposición y crítica, y Jeddah (Arabia Saudita).

A pesar de las más de tres décadas de implacable promoción de las privatizaciones y de los partenariados público-privados (PPP) por parte de las instituciones financieras internacionales y de los Gobiernos nacionales, ahora parece que la remunicipalización del agua es una opción normativa que ha llegado para quedarse. Las experiencias directas con los problemas habituales de la gestión privada del agua —desde falta de inversión en infraestructuras hasta subidas tarifarias y riesgos medioambientales— han convencido a comunidades y responsables de políticas que el sector público está mejor preparado para prestar servicios de calidad a la ciudadanía y para fomentar el derecho humano al agua.

El término “remunicipalización” se refiere, en términos generales, al retorno del servicio de suministro de agua y de gestión del saneamiento, antes privatizado, a las autoridades locales o al control público. Esto ocurre, normalmente, después de que los gobiernos locales rescindan los contratos privados o no los renueven, aunque el proceso no siempre (o no solo) tiene lugar a escala municipal. Las autoridades regionales y nacionales tienen una influencia considerable sobre la financiación y las políticas de los servicios y, en algunos casos, actúan directamente como operadores de agua, por lo que el proceso se desarrolla dentro de este contexto más amplio.

Cualquiera que sea su forma y su escala, la remunicipalización suele ser una reacción colectiva en contra de una privatización del agua o de unos PPP insostenibles. Debido a la impopularidad de las privatizaciones, las compañías privadas de agua han usado su maquinaria propagandística para hacer creer a la gente que las concesiones, los contratos de arrendamiento y otros modelos de PPP son muy distintos de la privatización; pero no lo son. De hecho, todos estos términos aluden al traspaso del control sobre la gestión de los servicios al sector privado. Las personas que se encargan de formular políticas deben de ser conscientes de los altos costes y riesgos de la privatización del agua y, por lo tanto, tienen mucho que aprender de las experiencias de otras autoridades públicas que han optado por la remunicipalización y que están trabajando para desarrollar de forma democrática intervenciones públicas, responsables y eficaces en materia de agua.

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