VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia “Fuera OMC” levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía” en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

“Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: “Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.”

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro “Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud”, el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro “Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo” o el Foro “Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética”, entre otros. (Ver el programa completo aquí)

“Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales”, explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

“Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional”, agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una “Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos” y un “Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales”, y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. “Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM”, declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: “lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle”, informó la Confluencia. “La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa”, agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Más lectura:

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen “¡Fuera OMC!”

I Was Banned From The WTO For Defending People’s Rights (Alberto Villareal)

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “#FueraOMC – Construyendo soberanía”

 

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “#FueraOMC – Construyendo soberanía”

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – construyendo soberanía” – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

FIRMA:

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía”

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen “¡Fuera OMC!”

En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración “Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires” en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer “la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza”, “visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial”.

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia “Fuera OMC”, para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado “mundo socialista”, operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa “Batalla de Seattle”, más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada “coherencia regulatoria”: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, “… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global”. De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización “recargada” donde se consolide la regulación de los “nuevos temas” como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo “Malestar en el libro comercio”, Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, “…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente”.

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

“Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias” (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro “Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo” en el marco de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía”

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –”pensar global y actual local”-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia “Fuera OMC”

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina

Avances del Tratado de la ONU para reducir la impunidad de las transnacionales y las violaciones de derechos humanos

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Ginebra, Suiza, a 30 de octubre 2017

Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito la conclusión positiva de la tercera sesión (23-27 octubre) del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por su sigla en inglés) sobre el tratado de la ONU en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, tras importantes discusiones sobre el contenido, la participación notable y diversa de los movimientos sociales y una presencia sin precedentes de 101 Estados miembro.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo: “Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito las recomendaciones del informe de la presidencia y se compromete a continuar involucrados activamente en el camino hacia la cuarta sesión de negociaciones en 2018. A pesar del intento de la Unión Europea de socavar el proceso hacia un tratado legalmente vinculante, el liderazgo constructivo de la presidencia posibilitó llegar a una conclusión positiva en la tercera sesión del IGWG. Esperamos ahora con ansias el borrador cero de la presidencia y las negociaciones del año próximo”.

Hemantha Withanage de Amigos de la Tierra Asia Pacífico dijo: “Estamos listos para refrenar la impunidad de las empresas transnacionales y llevar el Tratado al próximo nivel. Llegó la hora de desmantelar la impunidad de las empresas transnacionales”.

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional dijo: “Durante toda la semana, la presencia y las voces de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que defienden sus territorios, medios de vida y bienes comunes, nos dieron la fuerza para combatir y desmantelar los muros de la impunidad y el colonialismo”.

Alberto Villarreal de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) dijo: “El tratado vinculante debe reflejar los reclamos de los pueblos y la supremacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones, tal como propone la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y los elementos del Tratado presentados por Ecuador“.

Apollin Koagne Zouapet de Amigos de la Tierra África dijo:

“Las tantas víctimas, actuales y futuras, exigen el derecho a ver que su humanidad se restablece y preserva, el derecho a creer en la justicia, el derecho a tener acceso a un tribunal internacional. Las tantas comunidades que representamos exigen un ‘tribunal por la vida’ y seguiremos presionando a favor de él.”

Durante las negociaciones, los representantes de la UE argumentaron que hay problemas procedimentales y técnicos en el tratado y por lo tanto no estaban seguros de si podían continuar apoyando que el proceso continúe.

Anne van Schaik de Amigos de la Tierra Europa declaró: “La amenaza de la UE de bloquear el proceso, ocultándose detrás de excusas técnicas y procedimentales, es totalmente inaceptable. La Comisión siempre se mostró reticente a ser parte de un proceso para el establecimiento de un tratado que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados cuando hay muchas empresas europeas involucradas en violaciones de derechos humanos y ambientales fuera de la UE. Esto representa un marcado contraste con sus esfuerzos para hacer avanzar el Tribunal Multilateral de Inversiones, donde se estima que contribuirá anualmente con 5.400.000 de euros en concepto de costos operativos. ¿Por qué no invertir este dinero, tiempo y energía en el establecimiento de un tratado vinculante en el marco de la ONU?”

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Durante la semana de movilizaciones en Ginebra, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 80 países se movilizaron en Ginebra y buscaron el apoyo de las capitales y los parlamentos, lo que tuvo como resultado una victoria en la protección del proceso del tratado. A Amigos de la Tierra Internacional le enorgullece ser parte de este creciente movimiento imparable que tiene como fin acabar con la impunidad de las empresas y defender los derechos colectivos.

Portavoces:

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

Por consultas generales de medios: press@foei.org

Audios de Radio Mundo Real sobre el tema:

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Termina la semana de negociaciones de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – Última actualización: Viernes 27 de octubre 2017

Del 23 al 27 de octubre, cientos de organizaciones y movimientos sociales, entre los cuales la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), se movilizaron en Ginebra (Suiza) en el marco de la tercera ronda de negociaciones hacia la adopción de un nuevo Tratado Vinculante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se están llevando a cabo en el Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de la institución. Este texto obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, poniendo un fin a las normas voluntarias que las empresas se autoaplican sin temer ninguna sanción. Denominación oficial de este Tratado impulsado por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica: “Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, reclamaron durante toda a semana a los 95 países miembros de la ONU participantes en este proceso que se comprometan y realicen avances sustanciales en las discusiones. Organizaron una conferencia de prensa el 23 de octubre frente al Palacio, en la Plaza de las Naciones de Ginebra, para exigir que las negociaciones tomen en cuenta la palabra de los pueblos y no se dejen influenzar por el cabildeo de las transnacionales.

“Este instrumento que se está negociando hoy en Naciones Unidas es el que va a permitir que las comunidades, de una vez por todas, puedan denunciar las violaciones de derechos humanos que acontecen a diario en sus territorios y que les niegan sus derechos fundamentales”, dijo Karin Nansen, presidenta de ATI, en entrevista con Radio Mundo Real después de la conferencia. “Por eso exigimos a los países que hoy están negociando y están aquí presentes que se comprometan con este Tratado Vinculante para que tengamos en la cuarta sesión de negociaciones un instrumento vinculante sobre la mesa que nos permita avanzar. Hoy tenemos elementos ya que consideramos sumamente importantes. Vemos que la propuesta de Ecuador ha recogido mucho de los elementos que han planteado las organizaciones y movimientos sociales. De todos modos, nosotros como Campaña Global y como ATI, vamos a seguir proponiendo y planteando nuestros propios elementos porque pensamos que es fundamental que la justicia y todos los instrumentos jurídicos respondan a las demandas de los pueblos.”

Entrevista completa de Karin Nansen:

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Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que “los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.”

El miércoles 25 de octubre, la Campaña Global presentó su propia propuesta de texto en un evento público organizado en paralelo a las discusiones. Según Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la propuesta de texto de la Campaña Global tiene tres ideas fundamentales:

– “Fortalecer la idea de un derecho internacional desde abajo, un uso alternativo del derecho construido por organizaciones y movimientos sociales, por sectores críticos de la Academia y por las Comunidades afectadas por las empresas”;

– “Poner limites al enriquecimiento de las elites económicas: tiene que haber un acuerdo que deje fuera de la acumulación de capital los derechos humanos, medioambientales y laborales”;

– “Invertir la pirámide jurídica internacional por la cual se pueda expresar claramente que el derecho internacional de los derechos humanos es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversión.”

La activista denunció que “las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Bancos Regionales y otros organismos financieros de la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyen a la construcción de la arquitectura jurídica de la impunidad de la que gozan las transnacionales y son además responsables directas de la violación de derechos humanos.”

Dentro de las propuestas del texto, podemos destacar:

1) La creación de una Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos. Tendrá la competencia de recibir, investigar y juzgar las quejas contra las Transnacionales y sus directivos por violaciones o infracciones a los derechos humanos. Las decisiones y sanciones de la Corte son directamente aplicables y jurídicamente vinculantes.

2) La creación de un Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales encargado de evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de esas corporaciones y tiene que emitir recomendaciones en base a sus investigaciones. La composición de este Centro debe asegurar el control público y la participación social, siendo gestionado de forma conjunta por Estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil.

>> Leer la propuesta de texto de la Campaña Global <

Desde el inicio de esta tercera ronda, la Unión Europea (UE) adoptó una posición crítica hacia el proceso, despreciando el liderazgo de Ecuador y Sudáfrica que presiden el Grupo de Trabajo encargado de hacer avanzar las negociaciones, por su desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos por ejemplo. También cuestionaba el sentido del Tratado argumentando que no solo las empresas transnacionales violan derechos humanos sino también empresas nacionales. El viernes 27 de octubre en la mañana, antes de concluir la ronda de negociaciones, el representante de la UE, Jérôme Bellion-Jourdan, convocó a la sociedad civil a una reunión donde se le pidió comprometerse a apoyar el proceso. Pero no lo hizo, explicando que la UE no tiene influencia política en este grupo de trabajo de la ONU y que otros países estaban bloqueando el proceso.

“Muchas comunidades, personas afectadas y activistas de los países del Sur vinieron a explicar sus casos de los cuales muchos tienen que ver con empresas europeas que violan derechos humanos y ambientales. Por ello es totalmente inaceptable que la Unión Europea esté ahora amenazando con bloquear este proceso por razones burocráticas cuando en realidad se trata de un proceso político”, denunció hoy Anne Van Schaik, miembro de Amigos de la Tierra Europa. “Quedó clara la posición de la UE de trabajar con las empresas y que las inversiones son mucho más importantes que las comunidades afectadas”, observó con indignación Tchenna Masso, representante del Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Vía Campesina Internacional.

>> Ver la reacción de Anne Van Schaik (en inglés) <<

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En la tarde, la delegación de Ecuador presentó el informe de la tercera ronda de negociocianes, que debe servir de base para la redacción del futuro Tratado Vinculante. La representación de la UE intentó paralizarlo en varias ocasiones, acusando a Ecuador de haber hecho modificaciones al texto sin consulta, pero el texto fue aprobado y se acordó que el Grupo de trabajo tendrá una cuarta ronda de discusiones en el 2018. Próxima reunión: marzo.

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Portavoces de ATI disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   “Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.”

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   “Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.”

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   “Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.”

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   “Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.”

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   “La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.”

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), grupo regional de la federación internacional Amigos de la Tierra Internacional, de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Octubre 2017

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

>> IN ENGLISH <<

INTRODUCCIÓN

La demanda por el control del poder que ejercen las empresas transnacionales a nivel global no es nuevo. Fue el tema del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, a menos de un año de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando el definitivo golpe militar implementó la dictadura de Pinochet, contando con Milton Friedman como consejero para asuntos económicos. Fue el inicio del Neoliberalismo en América Latina.

Desde 2014 está nuevamente en el horizonte de la ONU un proceso de elaboración, por sus Estados miembro, de un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Ahora, este proceso de negociación se desarrolla en un contexto de nueva ofensiva ultra neoliberal sobre los pueblos de nuestra América; de escalada de violencia sobre defensores y defensoras de los territorios y de la vida; de mayor concentración del poder del capital trasnacional para violar derechos humanos y cometer crímenes ambientales en todo el mundo, y de avance de la arquitectura de impunidad que construye muros de resguardo de las ganancias e intereses de las empresas transnacionales, a través de acuerdos de “libre” comercio y de protección de inversiones que atentan contra los derechos, la soberanía de los pueblos y las políticas públicas estatales.

Esta publicación presenta casos de violación sistémica y sistemática de los derechos humanos, ambientales y de pueblos afectados en ocho países de la Región. Son luchas vivas descritas por miembros de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, de las cuales se extraen denuncias, enseñanzas desde las resistencias y propuestas concretas para avanzar, desde abajo, en la ley internacional sobre Derechos Humanos y para desmantelar el poder empresarial. Por estas propuestas estaremos movilizados desde el nivel local y nacional hasta el internacional, dándole seguimiento a las negociaciones de un nuevo instrumento vinculante, que empieza con un texto borrador en la mesa a partir de este año del 2017 en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

CASO 1 – BRASIL – CRIMEN SIN FIN: LA LAMA DE BHP BILLITON Y VALE NO DEJA DE ESCURRIR

Por Arthur Viana – Amigos da Terra Brasil

Cuatro y media. La caldera olvidada sobre el fuego grita con el agua caliente para el café. Demasiado tarde: hirvió, y en algún momento siempre hierve. Abro la ventana y veo la lama.

Pasados casi dos años del más grande crimen ambiental de la historia de Brasil, los juicios se suspenden y Samarco, joint-venture de BHP Billiton y Vale, planea el retorno de las actividades. La historia de la rotura de la represa de Fundão, en la localidad de Bento Rodrigues, ciudad de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, no empieza aquí ni ahora. Para que viniera la lama, tuvo que romperse la represa, y una represa no se rompe fácilmente – o al menos no debería. Esta, la de Fundão, de responsabilidad de la empresa Samarco S.A., colapsó el 5 de noviembre del 2015, configurando uno de los más grandes crímenes socio ambientales de la historia de la humanidad, el más grande ya registrado en Brasil y el más importante relacionado a la minería en el mundo.

Al mirar por la ventana, es eso lo que veo, y haga el esfuerzo de imaginárselo: 62 millones de metros cúbicos de lodo con desechos de minería, cantidad que se calcula que haya escurrido de los depósitos rotos de Samarco, viniendo hacia mi, hacia mi casa, mis animales, mi ciudad. Confieso que me asusta. Mejor correr – pero correr para dónde?

Antes de todo, es necesario nombrar a los personajes de esta historia. Al nombrar a la empresa Samarco S.A. se habla en realidad de BHP Billiton, empresa anglo-australiana, y de Vale S.A., brasileña privatizada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997. Estas empresas reparten las acciones de Samarco en una join-venture, 50% para cada una.

La gigante anglo-australiana llegó a Brasil en 19843 y además de la actuación a través de Samarco, actúa hoy también en el sector de aluminio, con participación del 14,8% en la minera de bauxita MRN (Mineração Rio do Norte)4 y participaciones en la empresa Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão). Según un ranking elaborado en 2017 por la consultora PwC, BHP Billiton es la minera más grande del mundo; Vale es la quinta. En 2014, un año antes de que se rompiera la represa, BHP Billiton tuvo facturación de US$13,8 mil millones (apenas para el primer semestre y en dólares); la Vale, de casi mil millones de reales, en un alta de 729% en relación al año de 2013. Y aun así, sin importar sus tamaños o sus ganancias, fallaron en lo crucial y expusieron sus crímenes: no oyeron a Joaquim. Me explico:

Estamos en 2014 y la represa de Fundão todavía está allá, tapando toda la lama de desechos que derramaría sobre las ciudades y que acabaría con la cuenca de todo un río. El fin del Río Doce, en ese entonces, no es ni siquiera imaginable. En una inspecciЧn a las instalaciones de Samarco (acéerdense: BHP Billiton y Vale), el ingeniero Joaquim Pimenta de Ávila – que se diga de paso fue el que proyectó la represa años antes y ahora ofrecía servicios de consultoría – detectó fisuras, verdaderas aperturas, en las obras que modificaron la pared lateral izquierda de la represa de Fundão. (…)

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CASO 2 – MÉXICO – LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS

CONTRA DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y DE LA VIDA

Por Gustavo Castro Soto  – Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa. (…)

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CASO 3 – HONDURAS – CASO AGUA ZARCA: FMO (HOLANDA), FINNFUND (FINLANDIA)

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) VERSUS COPINH

Por Martha Alejandra Canales Silva y Mario Ernesto Zavala Garay – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras

En Honduras, para los próximos 10 años, se ha previsto que el Estado invierta 88 mil millones de lempiras (cuatro mil millones de dólares), destinados para la ejecución de proyectos de extracción metálica, no metálica y de hidrocarburos. Hasta la fecha se estima en 155 el número de concesiones de explotación, que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, equivalentes a 35 mil kilómetros cuadrados; un territorio mayor que la superficie de El Salvador.

El proyecto Hidroeéectrico Agua Zarca queda ubicado en el municipio de San Francisco de Ojuera en la zona noroccidente de Honduras, proyecto que de forma inconsulta se establecóo en las zonas de Rio Blanco, sobre el Rio Gualcarque comunidad lenca a la cual no se consultó en clara violación al convenio 169 de la OIT, como una apuesta colonialista y bajo la idea de “energía limpia” en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros que están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se acentóo la tendencia de los gobiernos para desmontar todas las prohibiciones legales para concesionar proyectos, como el de Agua Zarca.

La empresa de capital hondureño Desarrollos EnergОticos S. A de C.V (DESA), desde el ñno 2009, pretende construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en la frontera de la reserva de vida silvestre Montaña Verde, con una capacidad de producción de 21.3 MW de energía. “Para la construccón e instalación del proyecto, en el 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a DESA un préstamo entre 24.4 y 25 millones de dólares” y ha ganado hasta la fecha 381 millones de dólares, significando que aumentó 15 mil veces su capital social inicial, una de las razones por las que la MACCIH investiga a esta empresa.

DESA se instala en un contexto critico en el país, un golpe de Estado, del cual se logra colocar el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que durante su mandato aprobó leyes lesivas como “el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas”. (…)

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CASO 4 – URUGUAY – LA DEMANDA DE PHILIP MORRIS  CONTRA URUGUAY

Por Alberto Villarreal  – REDES / Amigos de la Tierra Uruguay

Philip Morris (PMI), la empresa tabacalera más grande del mundo cuya sede administrativa se encuentra en Lausana, Suiza (aunque es originalmente una transnacional estadounidense) desplegó una ofensiva contra las políticas en materia de salud pública que diversos países –entre ellos Uruguay- promulgaron y aplicaron en consonancia con sus obligaciones asumidas en el marco del Ьnico convenio multilateral vinculante de protección de la salud en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco (CMCT).

La tabacalera presentó una demanda ante el foro de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) que funciona bajo la Оgida del Banco Mundial, impugnando las medidas y leyes adoptadas por el gobierno uruguayo para proteger a sus ciudadanos/as frente a los riesgos probados que conlleva para la salud el consumo de productos del tabaco, alegando incumplimiento del Acuerdo de Promocóon y Protección Recíproca de las Inversiones entre Suiza y Uruguay firmado en 1988 (y ratificado en 1991). El CIADI es uno de los principales foros de solución de diferencias inversionista-Estado, sus fallos son inapelables y ha sido incluido en numerosos tratados de libre comercio e inversiones, ofreciendo a las empresas un mecanismo de coacciЧn que les permite imponer sus intereses a los Estados. Cuando las empresas presentan una demanda contra el Estado amparándose en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI o TBI-tratados bilaterales de inversiones), se conforma un tribunal ad hoc compuesto por tres árbitros que pertenecen a un selecto nЬcleo de empresas de arbitraje internacional y que actúan a veces como jueces y otras como abogados de las ETN, e incluso algunos han sido miembros de la Junta de grandes Empresas Transnacionales, por lo que tienen intereses sesgados.

Las normas y procedimientos de protección de las inversiones extranjeras incluidas en los APPRI o TBI y en los capítulos de inversiones de los TLC, son un arma poderosa de la que se valen las empresas transnacionales para hacer prevalecer su afán de lucro en detrimento de los derechos de los pueblos. Tanto los APPRI, los TBI y los TLC son resultado de la doctrina económica neoliberal impuesta contra la voluntad popular en las últimas décadas del siglo pasado y que provocó las múltiples crisis que han afectado y aún afectan a las grandes mayorías, al tiempo que benefician a unos pocos que concentran más y más recursos. (…)

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CASO 5 – ARGENTINA – EL CIADI Y EL AGUA EN ARGENTINA:

IMPACTOS EN  LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Por Natalia Salvático  – Amigos de la Tierra Argentina

En el año 2006, luego de 13 años de privatización, el Estado Argentino recuperaba su mayor empresa de provisión de agua potable y cloacas, hoy llamada Aguas y Saneamiento sociedad anónima (AySA). Había sido el sistema de saneamiento dado en concesión más grande del mundo, con 6 millones de usuarios.

La empresa de Aguas tuvo relevancia desde su fundación en 1912, cuando se crea con un objetivo de salud pЬblica: detener las epidemias de fiebre amarilla que asolaban la ciudad de Buenos Aires desde finales del 1800. Obras Sanitarias de la Nación centralizó como empresa estatal los servicios para todo el país hasta 1980, cuando la gestión del servicio se vuelca a las provincias, y la empresa conserva la prestación de servicios para la ciudad capital y el área metropolitana. Desde los años 90, se trasnacionalizó la economía argentina mediante la entrada masiva de capitales que accedieron a concesiones de servicios pЬblicos, entre ellos el agua y el saneamiento en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y también otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. En 1993, en entonces presidente C. Menem decreta privatizar completamente Obras Sanitarias de la Nación. Se cedieron todos los derechos a la empresa Aguas Argentinas S.A por 30 años. El pasivo y las deudas de la empresa no fueron asumidos por la privatizadora y quedaron a cargo del Estado. Los socios mayoritarios de esta nueva empresa eran Suez Lyonaisse des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati.

A partir de la privatización, la empresa se caracterizó por sostener una operación negligente del servicio, que produjo desbalance hídrico y ascenso de las napas freáticas lo cual contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche, del cual se proveen los usuarios sin conexión de agua corriente de vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo por este sistema la empresa fue responsable de proveer agua potable deteriorada (por exceso de cloro, turbiedad, etc.) utilizando al Río de la Plata como fuente de provisión de agua y a la vez de desagüe cloacal, generando riesgos sanitarios. También fue responsable de no realizar obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en la ciudad de Berazategui. La cobertura del área asignada se realizaba según la capacidad de pago de los usuarios, generando exclusión en amplios segmentos de la población y baja presión de agua en otros. (…)

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CASO 6 – EL SALVADOR – PUEBLO SALVADOREÑO VENCE A MINERA TRANSNACIONAL

Por Ana María Vásquez  – CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

La empresa Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo del Terrane de Carolina.

La presencia de esa empresa en el país, inicia con los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002, la empresa encontró en el subsuelo de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 Pacific Rim solicitó permiso al Estado salvadoreño para la explotación de los metales preciosos, el cual le fue denegado ante el incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente.

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó diligentemente el proceso de la demanda.

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados en la Ley de Inversión nacional de El Salvador.

La fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, lleva a que el gobierno salvadoreño presente a finales del 2012 una iniciativa de ley denominada “Ley Especial para la suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica”. Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país. (…)

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CASO 7 – COSTA RICA – EL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: UNA HISTORIA IRRESPONSABLE EN EL PAÍS MÁS INTOXICADO DEL MUNDO

Por Mariana Porras – COECO Ceiba / Amigos de la Tierra Costa Rica

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo. La piña fresca, el jugo procesado y la piЦa cortada son comercializados en grandes mercados como el de Estados Unidos y el Europeo; segЬn el censo agropecuario las extensiones de piña entre el período de 1984- 2014 crecieron en casi 1500% en ese período.

Dos multinacionales con sede en Estados Unidos, Del Monte y Dole, dominan el comercio de esta fruta a nivel mundial, y tres cuartas partes de las piñas en las estanterías europeas ahora provienen de Costa Rica. Se estima que la producción costarricense de piña está en un 75.8% en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 1.191 pequeños productores, que a su vez vende la piña a estas grandes empresas para su exportación.

Empresas como Dole, Chiquita o Del Monte que se benefician del jugoso negocio de las piЦas son las mismas que protagonizaron el boom bananero, el cual trajo impactos ambientales y a la salud de trabajadores/as sin que estas compaЦТas asumieran responsabilidades, esto se repitió no solo en Costa Rica sino en otros países latinoamericanos donde estas empresas tienen plantaciones.

El crecimiento del monocultivo de la piЦa, ha sido el de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años. Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revelan un crecimiento del 300% en la exportación de este producto en el periodo que va del año 2002 al 2012 llegando a 1.876.000 toneladas. En términos de divisas, los datos de PROCOMER muestran que se exportaron 121 millones de dólares ($) en el año 2000 mientras que en el 2012 esta suma se eleva a $791 millones lo que representa un crecimiento de más del 650%. A pesar del incremento en las exportaciones, esta actividad no paga aranceles nacionales y municipales así como tampoco lo hace sobre materias primas y recibe incentivos para la exportación. Con esta exención de pagos de impuestos, se imposibilita el mejoramiento de las condiciones socio-econЧmicas de los territorios donde se ubican estos monocultivos. (…)

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CASO 8 – COSTA RICA – GUATEMALA – LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXQUISIS, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS POJOM I, POJOM II Y SAN ANDRÉS A CARGO DE LA EMPRESA PROMOCIÓN Y DESARROLLO HÍDRICO, S.A. (PDHSA)

Por Eric Hernández Palacios, Basilio Tzoy Grijalva, Ruben Herrera y Elías Raymundo Raymundo  – CEIBA / Amigos de la Tierra Guatemala  – Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH

La empresa PDHSA se presentó en el año 2010 en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, dando a conocer que establecería tres proyectos hidroeléctricos de su propiedad: Pojom I, Pojom II y San Andrés. La responsable de su construcción sería la empresa SolelBoneh Ltda. La generación/producción de electricidad por parte de esas hidroeléctricas fueron concesionadas a las subsidiarias: Generadora San Mateo, Sociedad Anónima, y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima, respectivamente.

La empresa PDHSA fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta, se ubica a la Oficina 1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA).

La instalación de estos proyectos está asentada en la cuenca de Pojom, y abarca los ríos Pojom, Negro, Primavera Yalhuitz, Varsovia, Tercer Arroyo y Palmira. La empresa que pretende instalar estos proyectos tienen financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo BID, como también, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ixquisis es una microrregión del municipio San Mateo Ixtatán, conformada por las comunidades Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón. El municipio forma parte del departamento de Huehuetenango, que se sitúa en la parte noroccidental de Guatemala, en Centro América.

San Mateo Ixtatán se compone de 59 aldeas y 7 caseríos, y 29 de estas aldeas no cuentan a la fecha con energía eléctrica. El 21 de mayo del año 2009, organizado por la municipalidad de San Mateto Ixtatán, se realizó la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos. Se llevó a cabo un día jueves, y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en este municipio.

Pese a ello, el Estado de Guatemala, aprobó la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis. Ingresar a la microrregión e iniciar con la construcción de Pojom I, lo hizo la empresa a través del engaño, la falsedad y la desinformación. Pocos meses después de realizada la consulta comunitaria, a una de las aldeas llegaron personas foráneas haciéndose pasar por delegados de la ElectrificaciЧn Nacional, y utilizando a un presidente del Comité Regional de Ixquisis y representante regional ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), informaron a las comunidades que tenían varios proyectos en sus manos, y ofrecieron a las comunidades proyectos que traerТan muchos beneficios y desarrollo para la aldea. Hablaron principalmente de un proyecto de luz. (…)

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Trump llega a México para renegociar el TLCAN con un programa ambiental xenófobo y vacío

Boletín de prensa conjunto de Amigos de la Tierra Estados Unidos y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 1º de septiembre 2017

WASHINGTON, D.C. – La segunda ronda de negociaciones secretas hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre hoy, primero de septiembre, en la Ciudad de México.

Pueden consultar también nuestro artículo “Las diez maneras en las que el nuevo TLCAN de Trump amenaza a la gente y al planeta”

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, hizo el siguiente pronunciamiento:

El TLCAN ha sido un desastre para el planeta. Y también para toda la gente de América del Norte, en particular para los Mexicanos. Pero no podemos confiar en Donald Trump para renegociar el TLCAN por dos razones. La primera es que Donald Trump es el más indignante negador del cambio climático y difamador de defensores del medio ambiente en el mundo. La segunda es que por sus vergonzosos prejuicios xenófobos hacia los Mexicanos, no es moralmente apto y es incapaz de negociar un tratado justo.

Donald Trump se ha referido a los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como “bad hombre”, o “hombres malos”. Quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, considerado como un “monumento racista”, y con razón, por muchos Mexicanos, incluso por el expresidente conservador Vicente Fox. Y Trump quiere que México pague por dicho muro. Además, Trump ha prometido castigar financieramente las ciudades santuarios como Los Angeles,  Denver y Austin que buscan proteger a los inmigrantes de México y otros países de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que encarcelaron y deportaron cruelmente a madres que tienen sus hijos viviendo legalmente en el país, a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, a niños supuestamente protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras víctimas. La lista de sus políticas y declaraciones xenófobas sigue y sigue.

Michelle Chan, vice-presidenta de Amigos de la Tierra Estados Unidos, hizo el siguiente pronunciamiento:

Donald Trump es incapaz de negociar un nuevo TLCAN basado en la justicia ambiental para los pueblos sin distinción de raza, color, o nacionalidad. Necesitamos un nuevo TLCAN que corrija sus reglas injustas que favorecen las industrias contaminantes las gigantes corporaciones multinacionales por encima de los pueblos y el planeta. Pero no lograremos tal acuerdo hasta que tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos quien crea en la igualdad racial y en la necesidad de una acción pronta y eficiente para contrarrestar el cambio climático y otras amenazas ambientales inminentes.

Contactos:
Expertos:  Gustavo Castro, guscastro@otrosmundoschiapas.org; Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Comunicación: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

— ENGLISH VERSION —

Trump brings a xenophobic, flat Earth agenda to Mexico City NAFTA talks

WASHINGTON, D.C. – The second round of secret negotiations on a new North American Free Trade Agreement (NAFTA) opens in Mexico City today, September 1.

For more information, please see Friends of the Earth’s blog on how Trump’s new NAFTA threatens people and the planet.

Gustavo Castro, Coordinator of Otros Mundos AC/Friends of the Earth Mexico, issued the following statement in response:

NAFTA has been a disaster for the planet.  It also has been a disaster for all the people of North America and the Mexican people in particular. Donald Trump, however, cannot be trusted to renegotiate NAFTA for two reasons. First, Trump is the world’s most egregious climate change denier and traducer of environmentalists. Second, Trump’s shameful and xenophobic prejudice against Mexicans makes him morally unfit and incapable of concluding a fair deal.

Donald Trump has referred to Mexican immigrants as “bad hombres.” He wants to build a border wall between the U.S. and Mexico which many Mexicans even including the reactionary former Mexican president Vicente Fox have appropriately called a “racist monument.” And, Trump wants Mexico to pay for it. Trump also has promised to financially punish sanctuary cities like Los Angeles, Denver, and Austin which seek to protect Mexican and other immigrants to the U.S. from his ICE police who have been cruelly jailing and deporting mothers with legal children, women who have been subject to domestic abuse, and  children who are supposed to be protected by the DACA program, among other victims. The list of his xenophobic policies and statements goes on.

Additionally, Michelle Chan, Vice President of Friends of the Earth, U.S, issued the following statement in response:

Donald Trump is incapable of negotiating a new NAFTA deal based on the principle of environmental justice for people regardless of race, color, or national origin.  We need a new NAFTA that corrects its unfair provisions that favor polluting industries and giant multi-national corporations over people and the planet. But, we will only get that deal when we have a new President of the United States who believes in racial equality and the need for swift and effective action to counter climate change and other imminent environmental threats.

Expert contact: Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Communications contact: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

Las movilizaciones sobre el salario mínimo en Haití

Artículo de BATAY OUVRIYE – Puerto Príncipe, agosto 2017

Recuperación y resistencia

En Haití, la política y la economía se degradan día a día: imbroglio abyecto de las instancias del Estado que se contradicen todo el tiempo, trabándose inevitablemente en derivas insoportables, mientras que el pretendido « despegue económico » tan anunciado se sigue haciendo esperar, y el pueblo, en el marco de una miseria inimaginable, sufre una indigencia sostenida. Esta situación no hace más que  envenenar las relaciones sociales ya fuertemente antagónicas.

Para remediarlo, las clases dominantes, apoyadas por el Estado cada vez más reaccionario, implementan un mecanismo bien conocido : la mistificación. Aparte del espectáculo maloliente de las fiestas multiplicadas, la recuperación, su arma predilecta. De esta forma las principales fechas de la resistencia popularse han visto transformadas en manifestaciones interclasistas.  Y las conmemoraciones del 8 de marzo y del 1° de mayo, en vez de evocar la resistencia de mujeres obreras quemadas vivas en su lugar de trabajo o la intrépida y valiente lucha obrera por las ocho horas diarias de trabajo, asistimos estúpidamente a marchas de mujeres proletarias invitadas a caminar junto a pequeñas burguesas acomodadas y sonrientes, cuando no a grandes burguesas bien vestidas, por un « feminismo » contranatura. O sino a la demostración de ricas ferias agrícolas del capital agro-industrial o de un artesanado alienado y sumiso, magnificando el « trabajo bien hecho » del obrero dócil y la agricultura del « terruño ».

Cada año que pasa, sin embargo, el pueblo es menos ingenuo, y los obreros mucho más. A Batay Ouvriye, le corresponde la tarea de reforzar ese rechazo de participación junto a los verdugos, el rechazo a la « recuperación », para develar la verdad histórica y conducir una movilización, de verdad liberadora. No es por casualidad que los primeros gritos de los obreros se hacen oir en general en esos momentos de cristalización de las luchas sociales. Lo mismo sucedió en 2017.

Nuevas imposiciones y aumento del precio de la gasolina / Concientización, organización y primeras movilizaciones…

En el marco pues del  apriete creciente de la miseria aterradora que nos rodea y a partir del rechazo cada vez más conciente de la mistificación dominante, luego del 8 de marzo, los representantes del Estado no encontraron nada mejor que adelantar  cobros fiscales que dormían y, peor aún, elevar el precio de la gasolina ! ¿Cómo ? ¿Agregar impuestos a nuestros sueldos ya tuberculosos ? Aumentar el precio de la gasolina, por lo tanto, el del transporte, pero también el de las mercancías, los medicamentos, sin contar la inflación galopante que nos despojará más de los alquileres, de la escolaridad, de la vestimenta ? Así, al salir de una jornada de trabajo demoledora, las obreras y obreros de la zona franca de Codevi, en el Nordeste del país, se embarcaron en una movilización monstruo en señal de protesta.. Era necesario sin embargo, superar rápidamente el carácter espontáneo  de esta manifestación. El nivel  de conciencia alcanzado a partir del rechazo de la mistificación del 8 de marzo, permitía  avanzar dando un salto al de una movilización concientemente asumida, organizada, planificada. El rol de los principales militantes de Batay Ouvriye en ese momento, fue crucial. Multiplicar las reuniones sectoriales de las diferentes fábricas, y aquellas de la zona franca entera ; motivar para ello a los responsables de sección ; tomar contacto con los camaradas de la zona franca de Caracol, en el Nordeste y movilizarlos igualmente ; llegar a organizar encuentros Plasit-BO (Plataforma de los sindicatos de las fábricas textiles, en créole- Batay Ouvriye) en donde nuestros camaradas de Puerto Príncipe participaban igualmente de la partida. : pero además conectarse con los medios, todos los medios, sumar a los principales aliados, tanto entre los campesinos como entre los estudiantes, barrios populares u organizaciones progresistas ; en las ciudades como en la campaña ; nacional como internacionalmente ; y sobretodo, convencer, directamente a la masa obrera con reuniones diarias a la salida de las fábricas, en el interior de las fábricas, con volantes, periódicos comunicaciones a través de las redes sociales… Basándonos en la incapacidad crónica del Estado que no brinda ningún servicio a la población desfavorecida, surgió una primera consigna : « NO HAY SERVICIO, NO HAY IMPUESTO ! ». La batalla se había largado.

Salario y bloqueo sistemático de cualquier ajuste

Uno de los artículos del Código del Trabajo haitiano, el 137, estipula que un ajuste salarial debe tener lugar cada vez que la inflación supera el 10% al año. Pero, en el cuadro de esta dominación sin contraparte que la burguesía de la tercerización y la maquila nos impone, este artículo no es para nada respetado. Llega a suceder que durante más de 5 a 6 años,  este ajuste no tuvo lugar a pesar de una inflación cada vez más galopante que alcanza a veces el 100% ! 5 a 6 años pero  más recientemente, hasta 11 años ! Esto nos permite constatar el déficit de ajuste de salario que enfrenta la clase obrera en su conjunto, además de los trabajadores en general.

Desde hace alrededor  de dos décadas, uno de nuestros principales ejes de acción a nivel de la lucha frente a este Estado indigente es de forzarlos a reconocer esta inhumana exageración y forzarlos a implementar una comisión responsable de este ajuste periódico. En 2009, luego de memorables movilizaciones de masas de la clase obrera, el Estado cedió. El principio institucional fué aceptado : el Consejo Superior del Salario (CSS), fué instrumentado. Compuesto por tres representantes de la burguesía, del gobierno y de los trabajadores, se suponía que anualmente se debía resolver esta cuestión.

Dios nos guarde ! De créer que en una  dictadura burguesa tan dura y declarada, como es el caso en Haití, los trabajadores hubieran podido, institucionalmente además, imponer una situación tal. En realidad, visto el acompañamiento ciego que los representantes del Estado tienen de la burguesía dirigente, el Css se vuelca siempre del lado de los poderosos, minimizando en cada oportunidad el lógico ajuste de rigor (este es por supuesto calculable). Peor, después de luchas feroces que, ante el bloqueo entonces institucionalizado,  tuvieron lugar en el año 2013,  el CSS simplemente no se reunía más, evitando e  imposibilitando cualquier ajuste.

Las movilizaciones del año 2017

Cuatro años ! Otra vez. Fuertes entonces de la conciencia adquirida desde el 8 de marzo y de las primeras movilizaciones en la Codevi, el PRIMERO DE MAYO de este año 2017 fué extraordinario. No solo por el número de particiantes, sino más bien porque a partir de estos camaradas, los más concientes y combativos, que, en esta fecha obrera, si las hay, enfrentaban de manera organizada al intento de recuperación del día y se movilizaban para levantar las reivindicaciones que más llegan al corazón de la clase obrera : el salario, su principal fuente de vida, congelado.

Mayo, junio, julio… la militancia de los responsables de Batay Ouvrye así como los de diferentes sectores de las fábricas se mostró nuevamente fundamental. Volantes, concientización directa, reuniones, llamados a la organización, debates, contradicciones presentadas, discutidas, resueltas…se propagaron por todo el territorio de las maquilas. De la Codevi al sindicato de Caracol, pasando el relevo a nuestra cordinación nacionalPlasit-BO., incluyendo así al Sindicato de los Obreros Textiles y de la Vestimenta-Batay Ouvriye de Puerto Príncipe (Sota-BO) en unidad de acción con otras dos centrales, la Cnoha y la Grostra-Ctsp, para una movilización clasista. De los 300 gourdes de entonces, los camaradas unánimemente exigían 800 gourdes. Esto no solamente por la congelación de los últimos 4 años ; sino teniendo en cuenta el enorme déficit de ajustes que llevamos de décadas ; y  además el aumento sustancial del costo de vida, impuesto ya fuera  por el Estado o por la inflación.

¡Había que ver ! La determinaciόn, el compromiso, el furor casi, de millares y millares y millares de obreros menospreciados, de obreras fatigadas, porque a menudo se encuentran solas en hogares monoparentales, situaciόn corriente en Haití. Dejando valientemente las fábricas en donde unos patrones anticuados  y superados por el momento intentaban mantenerlos encerrados. Día tras día. Corriendo, gritando, aullando en las calles, en los micrόfonos de los canales de televisiόn o en las principales radios del país. Comunicando su hartazgo, conmoviendo a los transeúntes, vendedoras al paso, vendedores ambulantes, artesanos, escolares, estudiantes y desocupados con los que se cruzaban.

Saliendo del principal parque industrial, la Sonapi, para recorrer la avenida clave de las fábricas exteriores, reuniéndose todos en el gran cruce lindero con el siguiente barrio popular, el Bel-Air, guardián de sus tradiciones de lucha histόricas. Ahí, en las callejuelas estrechas, aptas para la fusiόn orgánica del pueblo, los manifestantes se impregnaban de un aliento fraterno, mientras que a ese territorio de conquista le inculcaban la seriedad de la acciόn, la masa uniforme del interés de clase, la violencia de saberse justos, el ser sensibles al estar juntos, fundamental, en nuestro campo, la alegría de sublevarse colectivamente contra la opresiόn : ¡la vida ! « ¡Nosotros los apoyamos, los apoyamos cien por ciento ! » « ¡Coraje ! » « ¡Arriba, arriba, venceremos ! » eran palabras que nos acompañaban durante esa travesía de tierras unidas. Banderas, banderolas, pancartas y distribuciόn de volantes se deslizaban en esos laberintos familiares y aportaban la orientaciόn, la direcciόn de la clase obrera autόnoma, movilizada. Algunas de nuestras intervenciones escritas mencionaban inclusive la urgencia de una alianza en el seno del campo del pueblo, a partir de esta direcciόn obrera consciente, ante el principal enemigo de clase detectado para esta lucha: la burguesía.

El principal destino a donde llevar nuestras voces se encontraba en el ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo en donde un perro guardián particularmente hostil impedía cualquier comunicaciόn gracias a su espontánea, vacua y estentόrea arrogancia. Pero también al Parlamento, en donde algunos debates iban a tener lugar a propόsito de este asunto. Ninguna de estas entidades nos tomό en serio. O, al menos, la agenda opuesta que les exigían sus patrones de la burguesía no les dejaba oportunidad de comprender aunque fuera mínimamente la lόgica popular. Bloqueados no obstante por la presencia de la opiniόn pública nacional e internacional -las denuncias llegaban de todas partes, en una cantidad que avecinaba el oprobio- debieron nuevamente darle vueltas al asunto y, a cada vez, manifestarnos su « consideraciόn », su « interés de ayudarnos », su « patriotismo » (sic)… Laberinto de engaños, nunca ninguna de sus garantías resultό ser real. En el Parlamento, salvo algunas raras excepciones (cuya participaciόn no obstante significό cierto aporte), el resto de esos funcionarios al servicio del capital no fue rozado por duda alguna : las inversiones deben ser « protegidas » como sea. Punto y aparte.

Tres semanas de motivaciόn, de paro de trabajo, en el propio interior de la fábrica o en las calles, de movilizaciόn, de manifestaciόn, de defensa sedienta de la lόgica de sus derechos, de sacrificios importantes (los camaradas no reciben sueldo durante ese tiempo de lucha)… Y las instituciones del Estado que no dicen palabra, y el CSS que no avanza, so pretexto de « fin de mandato »… Anuncio trágico del fin de una epopeya.

¡La represiόn en todas sus formas!

A lo largo de este combate, los burgueses intentaron defender su posiciόn : « …No es posible otorgar el más  mínimo ajuste de salario, si no esta industria quebrará » !… ¡Luego de cuatro años de ganancias netas sin ningún retiro ! ¡Por encima del Cόdigo de Trabajo! Es normal : este tipo de sanguinarios no tiene moral alguna y la sacrosanta « competitividad » no admite desvíos. A la falsedad de sus argumentos, oponemos los nuestros sobre la canasta familiar, el criminal déficit de ajuste, la inflaciόn galopante, el abismo que se abre ante nosotros… Ningún efecto. Pero sin poder afrontar la movilizaciόn cada vez más poderosa, ante la lόgica de nuestros argumentos que se oponía a sus mentiras y ante la lluvia de reproches que se les hacía desde el mundo entero, recurrieron a lo que está en la propia naturaleza de su dictadura : la represiόn.

Esta tomό formas diversas. A partir de la mobilizaciόn del Primero de Mayo, para comenzar, la policía había bloqueado la marcha de los camaradas, impidiéndoles que llegaran a la plaza central, el Champ de Mars, en donde tenía lugar, la mistificaciόn manda, ¡una feria agroindustrial ! Más tarde, en la segunda semana de lucha frontal del mes de junio, la policía bloqueό directamente cualquier manifestación. A la salida de las fábricas,  cordones patibularios de policías armados hasta los dientes bombardeaban los agrupamientos de personas con gases lacrimόgenos, luego con cachiporrazos asestados inclusive a mujeres embaradadas, luego con balas de goma, luego con balas reales, produciendo heridos, arrestos arbitrarios, persecuciones hasta los domicilios de nuestros camaradas, desorientados. El furor reaccionario tomaba a su vez las calles, vengativo. Las denuncias, de parte nuestra o de otros progresistas involucrados, no tenían efecto alguno : era necesario detener, destruir a cualquier precio este levantamiento peligroso de obreros cada vez más motivados, cada vez más conscientes. Esta policía reclutada, armada y entrenada por los representantes imperialista de la Minustah para defender estrictamente los intereses capitalistas en estas tierras conquistadas, solo hacía su trabajo. Todavía mejor, cuando los obreros y obreras, no pudiendo salir de las fábricas, optaron por cruzar los brazos y suspender el trabajo, esos traidores a la naciόn penetraban en los locales para intentar forzarlos a trabajar. Huelga decir el barullo que se producía entonces. Sin embargo es importante denunciar las múltiples golpizas in situ, los arrestos, en los que la vejación de las personas se volvía cosa corriente : gritando su odio y su desaliento, mujeres semidesnudas a las que les habían arrancado las vestimentas salían de las fábricas… Día tras día esas confrontaciones se repetían. Día tras día nuestros camaradas se reunían para mejor enfrentarlas. Toda la atmόsfera del territorio de la tercerizaciόn estaba en llamas.

Pero la represiόn se expresaba también de otra manera, más intensa a largo plazo : las revocaciones. En efecto, una vez vueltos al trabajo, la mayoría de los camaradas más conscientes y comprometidos no pudo volver a sus puestos en la fábrica : una discriminaciόn sistemática tenía lugar, en todos los lugares en que los principales combatientes habían sido fichados. Sin ninguna justificaciόn legal consistente, los burgueses recurrían a su dictadura política para ejercer una represiόn suplementaria en el plano de las relaciones capital/trabajo.
Más pragmática pero no menos cruel : la sentencia del ejecutivo. Comenzando por nombrar él mismo un CSS falso (siendo que cada entidad debe proponer sus representantes), el gobierno ejecutό un conjunto de piruetas; a un ajuste ridículo del CSS, 335 gourdes en lugar de las 800 gourdes exigidas por los obreros, el ejecutivo se resignό a agregar 15 gourdes más ; luego de tantas batallas furiosas, esas gourdes rigen hoy, en un mínimo bajísimo, las nuevas relaciones de explotaciόn.

El cansancio

¡Hubiera sido necesario sublevarse de nuevo, romper todas las barreras, oponerse, explotar! Pero el cansancio de los hogares, los llantos de los niños durante la noche, con el estόmago vacío, pudieron más que la valentía, los gritos, la rabia… Los burgueses, esas bestias que acechan, depredadores de sangre en un país sin salida, de nuevo atacaban : sanciones, tarifas más altas, dominaciόn general acrecentada… Fortalecidos con el apoyo incondicional de un mistificador Estado que tienen a sus όrdenes y, como ratas, lo roen. La prensa es benevolente, al tratar como hombres a estas bestias que en realidad son los verdugos de la especie humana que mundialmente intenta renovarse y, más cerca de nosotros, son los verdugos de una naciόn que todavía no se encontrό a sí misma.

Pero cada día es un día nuevo. En este sentido, afortunadamente, ¡la batalla no hizo más que empezar!

Más información:

Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití

Solidaridad con el pueblo de Haití

¡Fuera la Minustah de Haití!

Transnacionales: Organizaciones piden un tratado vinculante de la ONU ante aumento de violaciones a derechos humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

“Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas”, dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de “las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas”. Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, “la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios”, explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, “es hora de avanzar con un instrumento vinculante”, dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: “Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz”.

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe “México: Empresas y Derechos Humanos”).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su “Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México”, en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

  • la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;
  • la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;
  • la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;
  • la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;
  • el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;
  • el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que “las violaciones a [sus] derechos continúan escalando”.

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. “Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

AUDIO: Campaña por Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos entra en etapa de propuestas concretas de contenido (entrevista a Karin Nansen)

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

El tratado de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos avanza

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de marzo 2017

En la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana pasada una vez más figuró el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Aun cuando sólo se tratara de la presentación del informe de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés), este fue un paso importante hacia la tercer sesión de negociaciones que tendrá lugar en octubre de 2017, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

Tal y como expresaron muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil, el informe que presentó el 9 de marzo la Presidenta del IGWG, Embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, refleja un rico caudal de propuestas de Estados, la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos, expertos de la ONU y otros actores planteadas en el curso de los dos últimos años, cuyo propósito es establecer una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las empresas más grandes y poderosas del mundo, que las obligue a respetar los derechos humanos.

Una vez más, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se hizo presente con una delegación en Ginebra que compartió las inquietudes y demandas de la sociedad civil. Apenas un par de días después del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, los/as representantes de ATI les recordaron oportunamente a los Estados que son necesarias acciones urgentes frente a la criminalización de y la violencia perpetrada contra los/as defensores/as de derechos humanos y del medioambiente que defienden sus derechos y sus territorios de las empresas que vienen a usurpárselos.

“Las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales de muchas comunidades que se ven privadas de sus tierras y sus recursos que les dan sustento, son posibles y facilitadas debido a la participación o el apoyo y respaldo de muchos inversionistas y empresas a quienes la legislación internacional no obliga de manera vinculante a respetar los derechos humanos.” – Apollin Koagne Zouapet, abogado principal, CED/Amigos de la Tierra Camerún

“No se puede lograr una protección efectiva de los derechos humanos y los/as defensores/as del medioambiente si no se encara y más bien se evade la responsabilidad que tiene en esos hechos uno de los principales sectores perpetradores de tales violaciones. Se necesita un tribunal internacional y mecanismos efectivos de sanción de las empresas transnacionales a fin de evitar que las grandes empresas se escondan detrás de acuerdos de protección de inversiones y la personería jurídica de sus filiales para seguir operando con impunidad.” – Juliette Renaud, campaña de responsabilización de las empresas, Amigos de la Tierra Francia

Fue alentador escuchar las intervenciones de respaldo de muchos países en desarrollo al proceso del Tratado, especialmente de Túnez en representación del Grupo Africano, seguida de alocuciones de bienvenida por Botsuana, Nigeria y Sudáfrica. A diferencia del año pasado, en su declaración por escrito esta vez la UE le agradeció a la Presidenta del IGWG por su informe. El proceso del Tratado ahora está tomando velocidad.

“No podemos depender de medidas voluntarias solamente, ya que estas no consiguen que las empresas se hagan responsables. En Europa ha habido avances prometedores recientemente, tales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas y la ley holandesa de vigilancia debida en casos de trabajo infantil. Esperamos que estos ejemplos ayuden concitar apoyo para el Tratado de la ONU. Pero somos testigos de que las grandes empresas se resisten a cualquier iniciativa de reglamentación vinculante. Por eso es esencial que protejamos las discusiones sobre el Tratado de cualquier intento de cooptación empresarial”. – Anne Van Schaik, campaña frente al sector financiero, Amigos de la Tierra Europa

El 2017 debe ser un año de movilización más robusta de todos los sectores que pujan por un proceso sólido de negociaciones en el IGWG en torno a la formulación de los elementos y estructura de este nuevo Tratado vinculante de la ONU. Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro en 75 países se ha comprometido a apoyar a los/as defensores/as del medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo, quienes requieren protección urgente de sus derechos, acceso a la justicia, y la posibilidad de responsabilizar y exigirles cuentas a las empresas transnacionales por sus violaciones de derechos.

Imagen © Víctor Barro

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8 hombres poseen la misma riqueza que 50% de la población mundial

Compartimos el informe “Una economía para el 99%” de Oxfam Internacional, publicado a 16 de enero del 2017

En su nuevo informe, “Una economía para el 99%”, Oxfam internacional calcula no solo que el 1% más rico de la población mundial posee más que el 99% restante, sino también que sólo 8 hombres en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta. Estos 8 hombres son: Bill Gates (E.U. – Microsoft), Amancio Ortega (España – Zara), Warren Buffett (E.U. – Berkshire Hathaway), Carlos Slim Helu (México – Grupo Carso), Jeff Bezos (E.U. – Amazon), Mark Zuckerberg (E.U. – Facebook), Larry Ellison (E.U. – Oracle) y Michael Bloomberg (E.U. – Bloomberg LP).

Descargar el informe completo

Han pasado cuatro años desde que el Foro Económico Mundial alertase de la grave amenaza que supone el incremento de la desigualdad económica para la estabilidad social, y tres desde que el Banco Mundial decidiese combinar su objetivo de acabar con la pobreza extrema con la necesidad de promover una prosperidad compartida. Desde entonces, y a pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se ha ampliado. Es una situación insostenible. Tal y como afirmó el Presidente Barack Obama en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, “Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% más pobre nunca será estable”.

Sin embargo, el mundo sigue inmerso en una crisis mundial de desigualdad:

• Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta.

• Actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad). (Cálculos de Oxfam a partir de los datos sobre la riqueza de las personas más ricas de la lista de milmillonarios elaborada por Forbes y los datos sobre la riqueza del 50% más pobre de la población obtenida del informe de Credit Suisse Global Wealth Databook 2016.)

• Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas.

Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más.

• El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. (Cálculos de Ergon Associates utilizando los datos del High Pay Centre sobre las remuneraciones de los presidentes de grandes empresas y el salario mínimo de un trabajador bangladesí, sumando los paquetes de prestaciones y beneficios que suelen ofrecerse a los trabajadores.)

Un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo periodo.

En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en diez años.

Si sigue esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementa la delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza.

El Brexit, el éxito de la campaña presidencial de Donald Trump, así como el preocupante incremento del racismo y la desafección generalizada que genera la política convencional provocan que cada vez más ciudadanos de los países ricos den muestras de que no están dispuestos a seguir aguantando la situación actual. ¿Por qué tendrían que hacerlo si la experiencia indica que las consecuencias de estas políticas son el estancamiento de los salarios, la inseguridad laboral y el incremento de la brecha entre ricos y pobres? El reto está ahora en plantear un modelo positivo frente a aparentes soluciones que generan en realidad más división.

En los países pobres, el panorama es igualmente complejo y no menos preocupante. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza en las últimas décadas, un logro del cual el mundo debería sentirse orgulloso. No obstante, una de cada nueve personas sigue pasando hambre. Si el crecimiento económico entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza. Los estudios revelan que, actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar tres cuartas partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos. El Banco Mundial ha dejado claro que, si no se redoblan los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad, los líderes mundiales no cumplirán su objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2030.

No tiene por qué ser así. Las respuestas que parecen más efectivas para hacer frente a la desigualdad no tienen por qué provocar mayores divisiones. El informe “Una economía para el 99%” analiza cómo las prácticas de grandes empresas y los más ricos están acentuando la actual crisis de desigualdad extrema. Pero también plantea qué se puede hacer para revertir esta situación. Asimismo, hace una valoración de las falsas premisas que nos han llevado por esta vía, y muestra cómo podemos construir un mundo más justo basado en una economía más humana. Uno en el que las personas, y no los beneficios, se encuentran en el centro y donde se da prioridad a los más vulnerables.

Las causas de la desigualdad

Es innegable que el modelo de economía globalizada ha beneficiado principalmente a las personas más ricas. Varias investigaciones de Oxfam revelan que, en los últimos 25 años, el 1% más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50% más pobre de la población en su conjunto. Lejos de transmitirse espontáneamente hacia abajo (en la llamada “economía de goteo o de derrame”), los ingresos y la riqueza se vuelcan hacia las capas más altas de la sociedad, y lo hacen a un ritmo alarmante. ¿Cuál es la causa? Las grandes empresas y el poder de los más ricos desempeñan un papel esencial.

Las grandes empresas, al servicio de los más ricos

A las grandes empresas les fue bien en 2015 y 2016, con resultados muy positivos para la gran mayoría de ellas. En 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. Las grandes empresas son un elemento vital de la economía de mercado, y cuando operan en beneficio del conjunto de la población, constituyen un factor esencial para construir sociedades prósperas y justas. Sin embargo, cuando operan cada vez más al servicio de los ricos, las personas que más lo necesitan se ven privadas de los beneficios del crecimiento económico generado. Su modelo de maximización de beneficios conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión sobre los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar menos de lo que les corresponde, eludiendo el pago de unos impuestos que beneficiarían al conjunto de la población, especialmente a los sectores más pobres.

Ahogando a los trabajadores y a los pequeños productores

Mientras los ingresos de la mayoría de los presidentes y altos ejecutivos de grandes corporaciones (con generosas retribuciones en acciones como complemento) se han disparado, el salario del trabajador o del productor medio apenas ha aumentado, y de hecho en algunos casos incluso se ha reducido. El director general de la principal empresa tecnológica de la India gana 416 veces más que un trabajador medio de su misma empresa. En la década de los ochenta, los productores de cacao recibían el 18% del valor de una tableta de chocolate, frente al 6% que obtienen actualmente. Se dan incluso casos extremos del trabajo forzado o en condiciones de esclavitud para mantener los costes empresariales bajos.

La Organización Mundial del Trabajo calcula que 21 millones de personas son víctima de trabajo forzoso, lo que genera unos beneficios que ascienden a aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales. Las mayores empresas textiles del mundo han estado vinculadas a las fábricas de hilado de algodón de la India, que suelen recurrir al trabajo forzoso de niñas. La mayoría de los trabajadores peor remunerados son mujeres y niñas, quienes además trabajan en las condiciones más precarias. Las grandes empresas, implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano de obra en todo el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus cadenas de suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la desigualdad y ahoga la demanda.

Evasión y elusión fiscal

Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas, hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos. Se estima, por ejemplo, que en 2014, Apple tributó por sus beneficios en Europa a un tipo efectivo del 0,005%.

Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. Esta sangría de recursos afecta sobre todo a los más pobres, que dependen en mayor medida de los servicios públicos en los que podrían invertirse todos estos recursos fugados. Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en concepto de exenciones fiscales, una cifra que prácticamente duplica su presupuesto de inversión en salud, en un país donde la probabilidad de que las madres mueran durante el parto es de uno entre cuarenta.

¿Qué provoca este comportamiento por parte de estas grandes corporaciones? Hay dos razones: en primer lugar, que se está priorizando la rentabilidad a corto plazo de los accionistas e inversores y, en segundo lugar, la creciente prevalencia del “capitalismo clientelar”.

Capitalismo cortoplacista: el dividendo manda

En muchos lugares del mundo, las grandes empresas se guían cada vez más por un único objetivo: maximizar la rentabilidad de los accionistas e inversores. Esto implica no sólo priorizar el cortoplacismo en los beneficios empresariales, sino también incrementar progresivamente la distribución de dividendos entre los accionistas. En 1970, en el Reino Unido el 10% de los beneficios empresariales se distribuían entre los accionistas, mientras que en la actualidad perciben el 70% El porcentaje es menor en la India, pero está incrementándose rápidamente y en muchas empresas supera al menos el 50%. Esta tendencia ha recibido muchas críticas, entre otros de Larry Fink, director general de Blackrock (la mayor empresa de gestión de fondos del mundo) y de Andrew Haldane, el economista jefe del Banco de Inglaterra.

Una mayor distribución de dividendos favorece principalmente a los grandes accionistas, normalmente grandes fortunas que suelen ser también grandes inversores. La rueda de la desigualdad sigue creciendo así. El porcentaje de acciones de empresas en manos de inversores institucionales, como los fondos de pensiones, sin embargo, es cada vez menor. Hace 30 años, los fondos de pensiones poseían el 30% de las acciones en el Reino Unido, mientras que en la actualidad son propietarios de tan sólo el 3%. Cada dólar de beneficios que se entrega a los accionistas de las grandes empresas es un dólar que podría haberse dedicado a remunerar mejor a los productores o a los trabajadores, a pagar más impuestos, o a invertir en infraestructuras e innovación.

Capitalismo clientelar al servicio de las élites

Como ponía de manifiesto el informe de Oxfam “Una economía al servicio del 1%”, empresas de diversos sectores como el financiero, extractivo, de producción textil o farmacéutico, entre otros, utilizan su enorme poder para garantizar que tanto la legislación como la elaboración de políticas nacionales e internacionales se diseñan a su medida para proteger sus intereses y mejorar su rentabilidad. Por ejemplo, las empresas petrolíferas han conseguido suculentos privilegios fiscales en Nigeria.

Incluso el sector de la tecnología, que en otros tiempos solía gozar de mejor reputación, recibe cada vez más acusaciones de este tipo de prácticas clientelares. Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha convertido en uno de los mayores lobistas de Washington, mientras que en Europa negocia recurrentemente cuestiones relativas a la legislación antimonopolio y a la política fiscal. El capitalismo clientelar beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza. Esto coloca en una situación muy desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas condiciones frente a estos cárteles empresariales y al monopolio del poder que ejercen estas grandes empresas y los actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Los grandes perdedores son los ciudadanos que terminan pagando más por los bienes y servicios. Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70% del total de los servicios de telefonía móvil y el 65% de las líneas fijas de México. Esta falta de competencia supone un coste equivalente al 2% del PIB.

El papel de los súper ricos en la crisis de desigualdad

En todos los sentidos, vivimos, en la “era de los súper ricos”, una segunda “época dorada” del capitalismo en la que el brillo de la superficie enmascara los problemas sociales y la corrupción de fondo. El análisis que hace Oxfam sobre la concentración de riqueza extrema incluye a todas aquellas personas cuyo patrimonio neto es de al menos 1.000 millones de dólares. Los 1.810 milmillonarios (en dólares estadounidenses) de la lista Forbes de 2016, de los cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. Aunque algunos de estos milmillonarios deben su fortuna fundamentalmente al trabajo duro y a su talento, el análisis de Oxfam revela que una tercera parte del patrimonio de los milmillonarios tiene su origen en la riqueza heredada, mientras que el 43% está vinculada a relaciones clientelares.

La fortuna, adquirida, heredada o acumulada, se multiplica en manos de los más ricos, que pueden permitirse pagar el mejor asesoramiento financiero y de inversión. Así es cómo la riqueza que acumula esta élite ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009, una tasa de crecimiento muy superior a la que puede obtener un ahorrador medio. Ya sea a través de fondos de inversión de riesgo o de almacenes llenos de obras de arte y coches de colección,38 el hermético sector de la gestión de grandes patrimonios ha logrado un efecto multiplicador para los ya súper ricos. La fortuna de Bill Gates ha aumentado en un 50%, ó 25.000 millones de dólares, desde que abandonara Microsoft en 2006, a pesar de sus encomiables esfuerzos por donar parte de ella.39 Si los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer “billonario” en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España actualmente). En un entorno como este, los súper ricos tendrían que hacer verdaderos esfuerzos para no seguir acumulando más riqueza.

Las enormes fortunas que se sitúan en el extremo superior de la escala de distribución de los ingresos y la riqueza constituyen una prueba clara de la actual crisis de desigualdad, además de ser un obstáculo fundamental en la lucha para acabar con la pobreza extrema. Los súper ricos no son sólo receptores pasivos de la creciente concentración de la riqueza, sino que contribuyen activamente a perpetuarla.

Uno de los mecanismos que utilizan son sus inversiones. La mayor parte de las acciones (especialmente en hedge funds y capital riesgo) están en manos de los más poderosos de la sociedad, que por lo tanto son los grandes beneficiados del culto al accionariado que rige el modelo empresarial actual.

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