Categoría: Defensa de los derechos colectivos

Informe Anual Amigos de la Tierra Internacional 2020 – MOVILIZAR. RESISTIR. TRANSFORMAR

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Compartimos el informe anual de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 2 de julio del 2021

CARTA DE KARIN NANSEN – PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL

2020 fue un año plagado de desafíos como resultado de la pandemia de Covid-19 que exacerbó las crisis que enfrentamos. Pero al mismo tiempo, también puso de manifiesto lo vital que es el trabajo inspirador y las soluciones verdaderas de los pueblos y comunidades de todo el mundo.

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El campesinado, gran parte del cual son mujeres asumió rápidamente la responsabilidad de alimentar a los pueblos, y sus sistemas alimentarios diversificados y ecológicos se tornaron aún más relevantes para nuestras sociedades. Los mercados locales demostraron ser una alternativa real para la población urbana, que puede evitar así la mortífera especulación de los grandes supermercados controlados por empresas transnacionales y poderosas élites económicas. Resurgieron las ollas y comedores populares, organizados y sostenidos por la clase trabajadora: sindicatos, vecinas/os y organizaciones feministas que alimentaron a millones de personas que perdieron sus empleos, y a inmigrantes. Como siempre, las mujeres estuvieron en la primera línea de la respuesta a la crisis y sostuvieron no sólo el trabajo de cuidados tan necesario para sus familias y comunidades, sino otros tipos de tareas esenciales en nuestras sociedades, como la salud pública, la educación, el procesamiento de alimentos y otros sectores.

En tiempos de crisis, lo que más importante se hace evidente. En todo el mundo, los pueblos comenzaron a entender una vez más que el derecho a la alimentación, el agua, la energía, la biodiversidad y un ambiente saludable, así como el trabajo de cuidados, los sistemas de salud pública, los servicios públicos y la seguridad social son claves para sostener la vida. Con la pandemia y sus enormes impactos, se hizo más claro que nuestras sociedades deben organizarse para apoyar a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo exigir políticas públicas que pongan la vida en el centro y garanticen el cumplimiento de sus derechos. Quedó más claro que nunca que el neoliberalismo no tiene como prioridad salvar vidas, y que se necesita urgentemente una transformación radical para hacer avanzar la justicia ambiental, social, de género y económica y para garantizar la sustentabilidad de la vida. Por eso, la necesidad de respuestas que contribuyan al desmantelamiento de los sistemas de explotación y opresión, incluido el poder empresarial que genera y exacerba las crisis sistémicas resultó crucial, al igual que las respuestas basadas en la solidaridad internacional.

En este difícil contexto de 2020, nuestras profundas raíces nutridas por la larga trayectoria de trabajo local y nacional con las comunidades y los movimientos sociales de todo el mundo, combinadas con nuestra perspectiva internacionalista construida junto con nuestras/os aliadas/os, le permitieron a Amigos de la Tierra Internacional organizarse rápidamente en múltiples niveles para ofrecer respuestas estructurales frente a la pandemia, basadas en la justicia, y encarar a la vez otras crisis sistemas interrelacionadas.

Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional e internacional se nutrió y fortaleció con nuestros principios comparticos para una Recuperación Justa. Estos principios fueron el resultado de un trabajo conjunto de la Federación para llegar a una comprensión y análisis en común de las causas estructurales de la crisis sanitaria y sus vínculos con las otras crisis sistémicas, y de sus impactos devastadores que se extienden más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, para evitar volver a lo que se consideraba “normal”, tomando medidas en pos de la construcción de la sociedad que queremos.

Nuestro compromiso de desmantelar el patriarcado adquirió aún más vigencia y se hizo más apremiante a medida que fuimos atestiguando la violencia creciente contra las mujeres: atrapadas en hogares poco seguros con sus agresores; en sus comunidades mientras lideran luchas colectivas contra el poder empresarial, el acaparamiento de tierras, la deforestación, los combustibles fósiles, las megarrepresas y la minería; en sus empleos donde su trabajo y sus cuerpos son explotados; e institucionalmente cuando sus derechos son constantemente violados.

Desmontar la división sexual del trabajo y reorganizar el trabajo de cuidados como responsabilidad compartida de la sociedad en general y del Estado, es un asunto verdaderamente urgente. Viendo cómo la crisis sanitaria y sus consecuencias amenazaron las vidas de Pueblos Indígenas, pueblos y comunidades negras, gente que sufre racismo, mujeres y población LGBTQ, reafirmamos priorizar la lucha contra todas las formas de opresión en nuestra agenda política. Junto con nuestras/os aliadas/os de la Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina pudimos conocer e integrar el análisis y los principios de la economía feminista en nuestro trabajo.

Fue difícil movilizarnos en las calles o hacer trabajo de incidencia de manera presencial, sin embargo, a través de seminarios virtuales y reuniones de estrategia con aliadas/os, y la movilización, participación y monitoreo virtual de las negociaciones internacionales, nuestros programas internacionales lograron transmitir una crítica sólida contra las falsas soluciones con que se pretende que todo siga igual pero con fachada verde, e impugnar la cooptación empresarial de los procesos de toma de decisiones. Junto con nuestras/os aliadas/os, nos movilizamos a nivel internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales y su impunidad, así como contra los privilegios excesivos que se les otorgan a través de los tratados de libre comercio e inversión y los rescates de grandes empresas.

Cabe destacar además que continuamos avanzando en nuestra agenda en pos del cambio de sistema. Dimos un salto cualitativo al proponer vías para fomentar soluciones populares sistémicas verdaderamente emancipatorias y propuestas claras de políticas para propiciar el manejo comunitario de bosques, la soberanía alimentaria y la agroecología, la justicia económica, la justicia climática y una Transición Justa. Nuestras regiones y programas avanzaron por igual en darle un encuadre feminista a la Transición Justa, en un rico diálogo con nuestras/os aliadas/os.

Fortalecimos la solidaridad internacionalista en nuestra federación, y nuestros grupos miembro y regiones aunaron esfuerzos para participar en acciones de solidaridad y resistir la ofensiva de la derecha y las grandes empresas contra los pueblos y el medioambiente, desplegada actualmente en tantos lugares en todo el mundo.

Fuimos testigos una vez más de cómo un sistema estructurado en torno a la opresión y la explotación hará lo que sea para silenciar las voces de quienes lideran las luchas colectivas contra el racismo estructural y la destrucción y el acaparamiento de sus territorios.

Denunciamos el asesinato de Jehry Rivera, líder indígena del pueblo Naso Bröran de Costa Rica. Jehry luchaba por la autonomía de los Pueblos Indígenas frente a proyectos extractivistas y usurpadores de tierras como el proyecto hidroeléctrico de Diquís, que estaba afectando negativamente a la comunidad.

Repudiamos el asesinato de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade y Ahmaud Arbery y los asesinatos y violencia sistémicos contra la población negra en Estados Unidos, avalados por el Estado. Expresamos nuestra solidaridad y aunamos fuerzas para denunciar el racismo sistémico y la opresión institucionalizada.

También condenamos el asesinato de Mama Fikile Ntshangase en Sudáfrica. Como integrante de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO), Mama Fikile manifestaba abiertamente su preocupación por la operativa de la mina de carbón de Tendele. Nos solidarizamos con su familia y toda la comunidad de Somkele en su reclamo por justicia para que la impunidad de los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen no prevalezca.

Nuestra lucha continúa y sin duda tenemos enormes desafíos por delante. Pero nuestra estructura descentralizada y democrática, que es bastante singular, nos permite estar profundamente arraigadas/os en las luchas locales y trabajar juntas/os a nivel internacional compartiendo un profundo compromiso por la justicia. Nuestro análisis y agenda política compartidos, tanto dentro de Amigos de la Tierra Internacional como con otros movimientos y organizaciones sociales, es una base firme para una mayor convergencia en pos de la construcción de poder popular, soluciones de los pueblos verdaderas y solidaridad internacionalista, al mismo tiempo que enfrentamos los sistemas de opresión y explotación que son el origen de las crisis sistémicas.

Valoramos enormemente su apoyo constante, que es fundamental para nuestra lucha y para lograr una transformación radical de nuestras sociedades basada en la justicia.

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ÍNDICE

  • Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional 4
  • Informe sobre la pandemia de Covid-19 6
  • Justicia climática y energía 12
  • Justicia económica y resistencia al neoliberalismo 16
  • Soberanía alimentaria 20
  • Bosques y biodiversidad 24
  • Integración de la justicia de género 28
  • Sistema de solidaridad internacionalista 30
  • Temas transversales e hitos regionales 32
  • Finanzas 38
  • Nuestro comité ejecutivo 39
  • Grupos miembro 40

INFORME ANUAL 2020 |

7P: ¿CÓMO CUIDAMOS DE NUESTRA FEDERACIÓN DURANTE LA PANDEMIA?

“A pesar de ser un año muy complicado y extenuante, también cambió la forma en que trabajamos y nos organizamos,” constató Amigos de la Tierra Asia Pacífico, que en pocas palabras resume el parecer compartido por toda Amigos de la Tierra Internacional.

A medida que las medidas de confinamiento se extendieron por todo el mundo, la mayor parte de la actividad pasó a formato virtual por Internet, desde las actividades de formación hasta los grandes eventos como nuestros populares talleres de la Escuela de la Sustentabilidad y nuestras AGA. Para nuestros grupos miembro cuyo trabajo está basado en la movilización de las comunidades con el fin de llevar a cabo acciones colectivas, esto significó un cambio drástico que exigió nuevos métodos de trabajo y aplicaciones, encuestas y proyectos piloto, así como subvenciones para apoyar a quienes más lo necesitaban.

En marzo creamos un grupo de bienestar que ha seguido funcionando en 2021. Organizamos una encuesta sobre los impactos de la pandemia de Covid-19 en los grupos miembro, gestionamos subvenciones de emergencia y llevamos a cabo un evento de solidaridad que fue muy bien recibido, además de un taller sobre bienestar.

Las respuestas de 37 grupos miembro a nuestra encuesta virtual (20 de marzo – 19 de abril) mostraron que todos se vieron enfrentados a un incremento muy marcado del trabajo en formato virtual. Algunos de los problemas que surgieron fueron:

Necesidad de investigar y recibir capacitación sobre herramientas virtuales para videoconferencias y comunicaciones. Como el 90% de nuestros grupos estaban trabajando en la virtualidad o desde sus hogares, realizamos tres seminarios en formato virtual (en inglés y castellano) para facilitar el trabajo en equipo a distancia, propiciar el bienestar y compartir consejos sobre cómo organizarnos mejor y crear espacios inclusivos por vía electrónica. En diciembre también organizamos una sesión abierta para todos los grupos miembro con el fin de compartir historias de esperanza, solidaridad e inspiración.

Trabajar desde casa implicó más responsabilidades con respecto a los cuidados (de las/os hijas/os y otros familiares, entre otras) para varias/os de las/os voluntarias/os e integrantes clave del personal de nuestros grupos miembro, particularmente mujeres, debido al rol socialmente construido que tienen como cuidadoras. Muchos grupos respondieron con flexibilidad, acordando a menudo reducir la carga de trabajo/horaria sin recorte salarial.

El confinamiento forzoso con la familia/amigas/os, perder el empleo o contraer el virus, y la dificultad para acceder a tratamientos médicos en algunos países, repercutió de variadas maneras en el personal y voluntarias/os clave, incluida una menor motivación del personal y problemas de salud mental. Algunos grupos miembro realizaron chequeos colectivos o individuales del personal y establecieron sistemas de acompañamiento. Algunos proporcionaron equipos de protección y desinfección en caso de ser necesarios. También brindamos materiales de comunicación para compartir, como videos y artículos donde mostramos nuestras soluciones en pos del cambio de sistema una vez pasada la crisis.

Incertidumbre respecto del financiamiento. Algunos grupos miembro están ideando nuevas estrategias de financiamiento, en la medida que nos vemos obligados a adaptar los planes de las subvenciones o perdemos potencialmente donaciones regulares del público. También compartimos fondos de emergencia con grupos miembro y comunidades para solventar necesidades humanitarias (productos sanitarios, medios de sustento y cuidado de las/os hijas/os) especialmente de quienes trabajan con defensoras y defensores de los derechos humanos para fortalecer la solidaridad internacionalista (ver p30).

La necesidad de resolver temas de seguridad digital y conectividad. Tras nuestro taller de seguridad digital en mayo y la encuesta realizada con 83 personas descubrimos que 30 seguían teniendo problemas de conexión a Internet. Esto llevó a que se otorgaran subvenciones a 18 personas con cargos regionales o internacionales para ayudarles a resolver los problemas de conectividad.

[A] cinco años [del Acuerdo de París], el mundo sigue estando plagado de desigualdades, crisis más profundas de desempleo creciente, proyectos de combustibles fósiles y rescates para las empresas más contaminantes, además de la pandemia deCOVID-19. El origen de todas estas crisis interrelacionadas es en todos los casos el capitalismo extractivista movido por el afán de lucro. Exigimos uncambio de sistema,sistemas energéticos renovables de propiedad comunalyderechos para los PueblosIndígenas y comunidades que están en la primera línea del frente para que puedan seguir protegiendo los ecosistemas que nos nutren a todas/os y al planeta.

https://www.foei.org/es/comunicados_prensa/cinco-anos-acuerdo-paris-clima-cop, dipti Bhatnagar, Coordinadora internacional del programa de Justicia Climática y Energía diciembre de 2020 (ver p12 por más información sobre nuestro programa de Justicia Climática y Energía).

P: ¿CÓMO AFECTÓ LA PANDEMIA DE COVID 19 A NUESTRAS CAMPAÑAS?

Nuestra visión de una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 está basada en la justicia ambiental, social, de género y económica. Apoyadas/os en nuestras redes, pudimos predecir acertadamente que los sectores más afectados serían la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, quienes sufren racismo, las/os migrantes, los pueblos que viven en zonas de guerra y conflicto, la población LGBTQ, los pueblos de países que enfrentan bloqueos económicos. Nuestra respuesta fue ejecutar mejor el trabajo transversal a los programas para que todas las regiones y la Federación en su conjunto trabajemos por una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 que ayude al mundo a avanzar hacia el cambio de sistema.

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Nos pronunciamos sobre el modo en que la pandemia de Covid-19 es atizada por el sistema político-económico actual que privilegia el lucro y las ganancias antes que los derechos de los pueblos y el medioambiente. Mostramos cómo el neoliberalismo y la financiarización de la naturaleza imponen obstáculos importantes a las respuestas estructurales, lo que a su vez empeora la crisis sanitaria mundial. Por ejemplo:

  • Debilitando los sistemas de salud pública y seguridad social y los servicios públicos (ver p16 JERN).
  • Desmantelando los derechos de las/os trabajadoras/es y flexibilizando el empleo y las condiciones de trabajo, ver acuerdo entre el Mercosur y la UE (ver p16 JERN) y Soberanía Alimentaria (ver p20 SA).
  • Explotando cada vez más el trabajo de las mujeres (ver p9 Recuperación Justa, p12 JCE y p28 JGDP).
  • Cediéndoles más poder y privilegios a las empresas transnacionales a través del neoliberalismo, y reduciendo a la vez el papel y la figura del Estado (ver resistencia a los ADPIC p16 JERN, soberanía alimentaria p20 y Marco Posterior a 2020 p24 ByB).

También fuimos las/os encargadas/os principales de la autoría de la mayor evaluación popular de la pandemia de Covid-19 y los sistemas alimentarios, que reúne as voces de millones de productoras/es de alimentos a pequeña escala, trabajadoras/es, consumidoras/es, mujeres y jóvenes representadas/os en las organizaciones que participan en el Mecanismo de la sociedad civil y Pueblos Indígenas (MSC) para reclamar que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU coordine una respuesta mundial justa a la crisis alimentaria derivada de la pandemia de Covid-19 y a los problemas estructurales que enfrenta el sistema alimentario, basada en los derechos humanos. Este informe fue publicado en octubre. Ver p20 para mayor información sobre nuestro trabajo en torno a la soberanía alimentaria.

La pandemia puso al desnudo las desigualdades que existen en todo el mundo, y trajo consigo muchas prácticas antidemocráticas y un aumento de la pobreza y la violencia. En todos los países, las medidas de confinamiento afectaron negativamente a las pequeñas empresas, agricultoras/es, comerciantes informales y el transporte. El resultado ha sido un aumento de los precios de los alimentos descomunal, sumado a la pérdida de millones de puesto de trabajo y fuentes de ingreso.

Amigos de la Tierra África informa haber sido testigo de abusos de poder acompañados de la militarización creciente en varios países, atropellos y abusos de la policía, y respuestas ineficaces y desarticuladas de los gobiernos, tanto frente a la crisis sanitaria como a las crisis socioeconómicas cada vez más extendidas. A nivel mundial, las medidas de algunos gobiernos para lidiar con la pandemia de Covid-19 representan ataques contra las libertades civiles y acaparamientos de tierras que han aumentado la vulnerabilidad de las defensoras y defensores del medioambiente (ver p30 para mayor información sobre nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista)

Nuestros grupos miembro denunciaron un crecimiento brutal de la violencia basada en género en sus sociedades, especialmente en el hogar, acompañada de nuevas y mayores exigencias para las mujeres con relación al trabajo de cuidados y en términos de la supervivencia en circunstancias extremas. La pandemia ha demostrado cuán crucial es el trabajo de cuidados para la sustentabilidad de la vida en nuestras familias, comunidades y sociedades, así como para la defensa de nuestros territorios.

Dejamos en claro que la recuperación no significa volver a la ‘vieja normalidad’. Este es el momento de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta. En agosto de 2020 propusimos cuatro principios para una Recuperación Justa:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  2. Las medidas de recuperación deben estar fundadas en la cooperación multilateral y la solidaridad internacionalista y potenciarlas.
  3. Fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos y de los pueblos.
  4. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis de los cuidados — y a sus causas estructurales, proponiéndose una agenda transformadora de cambio de sistema.

Este contundente análisis político colectivo ayudó a la mayoría de los grupos miembro de Amigos de la Tierra a compartir una comprensión común de la crisis de Covid-19 y abogar por una Recuperación Justa a nivel nacional y local. Juntos, los movimientos progresistas y ambientalistas han contribuido a que la Recuperación Justa sea parte de la agenda a nivel mundial. Muchas agendas públicas y políticas nacionales han usado el lenguaje de una Recuperación Justa como encuadre para responder a la Covid-19. Por ejemplo el secretario general de la ONU, el presidente de China, la UNCTAD y muchas ciudades y gobiernos locales usaron el concepto o instaron por una ‘Recuperación Justa’ o verde, aunque el Foro Económico Mundial está haciendo uso del término para promover sus propias falsas soluciones empresariales. Sin embargo, el discurso de la llamada ‘recuperación justa’ y las políticas adoptadas por los gobiernos o las instituciones internacionales a menudo contienen solamente algunos elementos de lo que Amigos de la Tierra Internacional consideraría una Recuperación Justa que pueda dar lugar a sociedades sustentables

P: ¿CÓMO LLEVAMOS ADELANTE LAS CAMPAÑAS CUANDO NOS VIMOS ENFRENTADOS A LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE ACARREÓ LA PANDEMIA DE COVID-19?

Muchas reuniones internacionales como las COP de la ONU sobre el clima y la biodiversidad se pospusieron hasta 2021, ya que sólo se permitían viajes esenciales. A nivel nacional, muchos países prohibieron las reuniones de más de tres a diez personas, mientras se aprobaban leyes de distanciamiento social o se declaraban estados de emergencia, que pusieron en suspenso los eventos públicos, las manifestaciones y los viajes internacionales.

Reunirse con funcionarias/os gubernamentales se tornó imposible, y hacer trabajo de incidencia a favor de la justicia ambiental fue más difícil.

Identificamos que es incluso más difícil para los grupos defender la justicia ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y proteger el medioambiente. Esto nos llevó a asignar subvenciones a nuestros grupos miembro en Georgia, Honduras, Palestina y Sri Lanka para atender situaciones asociadas a la Covid-19. Ver p24 para mayor información sobre Bosques y Biodiversidad.

Al mismo tiempo, el apoyo a proyectos de solidaridad y comunitarios creció exponencialmente. Muchos grupos y activistas de Amigos de la Tierra están trabajando directamente con campesinas/os, aliadas/os de las comunidades, del movimiento social o de semillas en estos proyectos. También apoyamos activamente los servicios públicos y particularmente a las/os trabajadoras/es de la salud.

Al mismo tiempo que las campañas se posponían o suspendían, nuestros grupos miembro resaltaron que la crisis de Covid-19 es, al igual que las otras crisis que enfrenta el planeta, una alerta y llamado de urgencia por un programa de recuperación justa y sustentable. Muchos grupos dieron inicio a nuevas campañas:

  • Cuestionando las políticas gubernamentales de respuesta al coronavirus (ver p24 para mayor información sobre derechos ByB).nDe denuncia contra medidas autoritarias (ver p30 SSI).
  • De vigilancia a los gobiernos y grandes empresas que aprovechan la crisis para obtener ganancias (ver todos los programas).
  • Exigiendo que ningún rescate gubernamental se destine a empresas contaminantes (ver p12 JCE y p24 ByB).
  • Exigiendo que todos los fondos de recuperación gubernamentales se destinen a la recuperación justa y sustentable, nuestra Recuperación Justa (ver p12 JCE).
  • Haciendo énfasis en la necesidad de una respuesta feminista a la crisis (ver p28 JGDP).

Necesitamos una nueva economía al servicio de los pueblos y el planeta y que integre una perspectiva feminista. Mientras la pandemia sorprendía al mundo, creamos un Grupo de Trabajo Político al que confluyeron todas nuestras estructuras internacionales para construir colectivamente como Federación un análisis político coherente y en profundidad al respecto de la crisis, su contexto e impactos, – incluidas las amenazas crecientes a la justicia ambiental, social, económica y de género – y para el poder popular y la soberanía de los pueblos y los cambios más urgentes en materia de políticas que se requieren para encarar y resolver estos problemas.

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Imagen: Portada Informe global ATI

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LLamado global de solidaridad con el Pueblo Garifuna en Honduras

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Hacemos un llamado a la solidaridad interncionalista con el pueblo Garifuna que han sido victimas de múltiples violencias entre ellas la desaparición forzada de Garifunas pertenecientes a la OFRANEH de la población del Triunfo de la Cruz.

Mientras el Estado hondureño continua judicializando, criminalizando al pueblo Garifuna en Honduras en una continua campaña de despojo territorial han pasado 12 meses desde que Sneider Centeno Presidente del Patronato de la Comunidad de Triunfo de la Cruz junto a los jóvenes Suami Mejía, Milton Martínez y Gerardo Trochez fueron llevados de sus casas violentamente por personas con vestimenta perteneciente a la dirección de policía de investigación(DPI) desde entonces no se ha sabido de su paradero, por lo cual se constituye en una desaparición forzada violentando sus derechos humanos y el de sus familiares, la OFRANEH y SUNLA pide a todo el mundo que le digan a los familiares y al pueblo Garifuna que no están solos en la búsqueda de Sneider, Suami, Milton y Gerardo.

Al juntarte de las manos con alguien, tomar una foto y compartir la imagen con los demás en las redes sociales, la gente puede abogar por la búsqueda de Sneider, Suami, Milton, Gerardo, la paz interior de sus familiares en tiempos de angustias y acompañar la lucha del pueblo Garifuna para poner fin a esta violencia sistemática de la que es víctima, así como exigir en todo momento el cumplimiento de las sentencias a favor de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Respaldado por la OFRANEH, SUNLA continúa su labor de investigación y búsqueda acompañando a las familias y comunidades.

OFRANEH y SUNLA están pidiendo a la gente de todo el mundo que realicen acciones individuales, colectivas durante los días 18, 19 y 20 de julio, para demostrar su masivo apoyo al pueblo Garifuna en Honduras abogar por la búsqueda de Sneider, Suami, Milton, Gerardo, solidaridad con sus familiares y demandar al Estado de Honduras acciones que den con el paradero de los jóvenes.

Tenemos la responsabilidad colectiva de traducir la indignación en acción; para enviar un mensaje claro al mundo que, en este momento decisivo, la historia nos juzgará, y que aquellos con poder de cambio deben intensificar sus esfuerzos para cambiar el curso de esta escalada sistemática de criminalización, judicialización, Desaparición Forzada
y asesinato del Pueblo Garifuna.

LO QUE LA GENTE PUEDE HACER:

  • Solidarizarse
  • Exigir la búsqueda con vida de Sneirder Centeno, Suami Mejía,
  • Milton Martínez, Gerardo Trochez .
  • Exigir en todo momento el cumplimiento de las sentencias a favor de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

–18 Y 19 DE JULIO–

Solidaridad: Tómate de la mano con uno o varios familiares o amigos juntos con las manos en alto en señal de solidaridad y lucha, haz una foto o un video clip pequeño y publícalo en Facebook o Twitter con los
hashtags: #HastaEncontrarlesGarifuna #VivosLosQueremos #JusticiayVerdad #PorLaVidaElTerritorio #ElEstadodeHondurasResponsable

Súmate al Foro Virtual de Solidaridad Global: Transmisión por Facebook Live [2], “Día de la Solidaridad Hagana San? ¿Dónde están?”

–20 DE JULIO–

Exigir la búsqueda con vida: Exige movilizándote con pancartas, camisetas, videos, plantones en lugares emblemáticos de tu ciudad, plantones frente a las embajadas y consulados de Honduras en tu ciudad, oficinas de las secretarias de Relaciones Exteriores de tu país.

Haz una foto o un video clip pequeño y publícalo para acompañar el TWITAZO “A un año de la desaparición forzada de Sneider, Suami, Milton y Gerardo”, a partir de las 10:00 am (hora Centroamérica). Acompañalo con los hashtags #HastaEncontrarlesGarifuna, #VivosLosQueremos #JusticiayVerdad #CumplimientoSentenciaYa #PorLaVidaElTerritorio #ElEstadodeHondurasResponsable en Facebook o Twitter. Exige en todo momento el cumplimiento de las sentencias de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Si estás en Honduras puedes sumarte a la movilización de Tegucigalpa del día 20 de Julio, o acompañarla a través de tus redes sociales, compartiendo los vídeos e informaciones que promuevan las páginas oficiales de Ofraneh en twitter y Facebook para visibilizar y a la observar desde el lente internacional.

Arriba 1. Suami Aparicio Mejia García, 2. Alberth Sneider Centeno
Abajo 3 Milton Joel Martinez Álverez 4. Gerardo Misael Trochez Calix

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Apostando a la Solidaridad en Mesoamérica

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Compartimos con ustedes este material que se produjo junto con Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica A.C sobre la importancia de la solidaridad internacionalista – A 2 de julio del 2021

Las agendas urgentes en la región Mesoamericana hacen que la solidaridad internacional sea un ejercicio activo y cotidiano. Agendas como la exigencia de  #JusticiaParaBerta de cara al juicio contra David Castillo o el #GritoFeministaPorNicaragua para #QueLosLiberen #QueLasLiberen a las presas políticas en Nicaragua hacen de la solidaridad una urgencia en estos contextos. Es por eso que compartimos esta publicación: Apostando a la Solidaridad en Mesoamérica que elaboramos junto a OtrosMundos Chiapas.

>>Ve aquí la publicación<<

Apostando a la Solidaridad en Mesoamérica  pretende aportar elementos de análisis a organizaciones y movimientos que trabajamos para el cambio social, profundizando en el análisis de las dinámicas de poder que están definiendo las crisis políticas y sociales en la región así como los desafíos de la solidaridad en el contexto actual. A la vez, compartimos nuestra visión y que- remos contribuir a identificar y reconocer las oportunidades y aportar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de solidaridad desde una mirada interseccional, internacionalista y de construcción de movimientos.

Este documento es producto del análisis de las entrevistas a 32 personas con el que elaboramos una aproximación a los retos y aprendizajes para la solidaridad en Mesoamérica. Mismo que nos parece importante compartir en estos momentos desafiantes para nuestra región y donde la solidaridad internacional feminista, de-colonial, entre los pueblos, comunidades y movimientos sigue siendo una respuesta y una necesidad.

Presentación:

JASS Mesoamérica -Asociadas por lo Justo- y Otros Mundos, A. C., Chiapas, México, preocupadas por lo que consideramos una crisis de la solidaridad internacional respecto de la región mesoamericana, profundizada por los acontecimientos de los últimos dos años en Nicaragua, valoramos oportuno realizar una reflexión sobre el contexto regional, así como sobre los diversos posicionamientos y análisis diferenciados.

Emprendimos este reto con el propósito de aportar elementos de análisis a organizaciones y movimientos que trabajamos para el cambio social, profundizando en el análisis de las dinámicas de poder que están definiendo las crisis políticas y socia-les en la región así como los desafíos de la solidaridad en el contexto actual. A la vez, compartimos nuestra visión y que- remos contribuir a identificar y reconocer las oportunidades y aportar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de solidaridad desde una mirada interseccional, internacionalista y de construcción de movimientos.

Para profundizar y enriquecer este análisis recabamos la opinión de organizaciones y personas de comunidades, movimientos nacionales, regionales e internacionales que han sido sujetas y/o que han impulsado iniciativas de solidaridad internacional, así como a otras personas clave en la generación de análisis sobre el contexto actual.

Estos puntos de vista se recabaron antes de la pandemia, cuyo impacto regional y global a mediano y largo plazo no podemos dimensionar aún, y que ha detonado reacciones de odio, racismo, xenofobia, entre otras, pero también muchas acciones de solidaridad individual, grupal, comunitarias, colectivas e incluso internacionales. Esto nos invita a repensar la solidaridad en el contexto de la incertidumbre e interdependencia global que vivimos.

Introducción:

Las desigualdades de poder y por lo tanto de acceso, no solo a los recursos económicos, sino a la educación, la salud, la tecnología, entre otros, continúa siendo una realidad y se profundiza en el mundo entero y en la región Mesoamericana en particular. La puesta en duda de principios y prácticas democráticas básicas, el continuo y añejo “cierre del espacio cívico”, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la crisis en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos, pero sobre todo, los crecientes obstáculos para el ejercicio de los derechos de los pueblos conducen a que la corrupción sistémica y la impunidad pasen de ser un efecto a constituir imperativos de este modelo1. Estos elementos se exacerban con la crisis sistémica y sanitaria desatada por la pandemia durante 2020, cuyos efectos veremos por largo tiempo.

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Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2021

En REMA estamos orgullosas/os de las mujeres, hombres, jovenes niñas y niños que integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, fecha emblemática en la cual decidieron nacer para hacer un un frente más organizado, más fuerte, más solidario y dispuesto a dar la vida por la vida.

Su lucha contra la minería, su fuerza por rescatar su río que estaba siendo contaminado por las actividades mineras y campamento emblemático para impedir el ingreso de la empresa minera, son algunas de las expresiones por la cuales obtuvieron el II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas demoniado «Mariano Abarca» que les fue entregado el 27 de noviembre del 2020 en Tuxtla Gutierrez, por más de 30 organizaciones nacionales y extranjeras que participaron en la convocatoria.

Cómo no celebrar al Frente en este su aniversario si nos han mostrado el camino a muchos grupos en México; cómo no celebrarles cuando son el único movimiento de resistencia en Chiapas que ha logrado establecer el «Municipio Libre de Minería en Acacoyagua» luchando y presionando a su propia presidencia municipal, así como también a los núcleos agrarios que la conforman para que defiendan a su ciudadanía y no a los intereses extractivos.

En REMA les reconocemos mucho su lucha por defender la vida y les agradecemos muchísimo que este país tengo un pedacito de territorio en el cual podemos ir a bañarnos en un río sano, mismo que hemos disfruta junto a ustedes. Es un orgullo que organizaciones como la suya formen parte de la REMA y que sigamos compartiendo juntas/os ese camino que nos lleva a la defensa de la vida.

Felicidades hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Larga vida a todos ustedes y a su espíritu de lucha.

Territorios Libres de Minería

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen:

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El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”: ¡Cumplimos 6 años de lucha por la defensa de la tierra y los ríos!

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Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» en su sexto aniversario de lucha digna por la vida en Acacoyagua – A 21 de junio del 2021

A lo largo de estos años, además de los campamentos que suspendieron la minería en Acacoyagua, hemos realizado reuniones informativas, acciones legales, marchas y mitines con las que hemos logrado suspender la minería en nuestro municipio. Este año recibimos el Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, un reconocimiento hecho por 25 organizaciones nacionales e internacionales. Este premio nos motiva a mirar nuestra lucha por tiempo largo hasta que los mineros dejen de amenazar nuestra tierra.

A 6 años de lucha nos comprometemos a seguir protegiendo nuestros ejidos y bienes comunales estableciendo actas de ¡No a la Minería! y exigiendo a cada ayuntamiento que llegue el “Acta de Cabildo de Municipio Libre de Minería”. Las familias que conformamos el FPDS trabajaremos para proteger nuestros ríos, para sembrar sin contaminar, queremos alimentos sanos y medicina de la tierra. Tenemos el reto de que nuestros jóvenes se integren a la lucha, participen en ella y no sean los próximos comisariados que se dejen engañar por la minería o el gobierno. Nosotros y nosotras ahora planeamos nuestro futuro para que no nos lo impongan.

Las y los habitantes de Acacoyahua, Chiapas fuimos engañados con las mentiras del “desarrollo y progreso”, palabras que usan todas las empresas mineras en México, Guatemala, Honduras hasta Chile y en todo el mundo, solo para saquear nuestras tierras y explotar los ríos y el agua de nuestras tierras. Con estas promensas y las mentiras de empleo, despensas, contrucción de caminos y dinero explotaron 49,000 toneladas de Ilmenita en la región, desecharon toda el agua en los ríos, nos llenaron de cancér, de enfermedades en la piel y mataron a las piguas y a las mojarras. En 2016 la empresa El Puntal S.A. de C.V. quería instalar otro proyecto minero llamado: “Casas Viejas”, entregando despensas y prometiendo pagar a $3 Dolares la tonelada de Ilmenita compraron a los ejidatarios de Los Cacaos y Magnolia. Les dijeron que les darían hasta $250, 000.00 una vez que iniciara la fase de explotación, sin embargo sacaban y sacaban carros de volteo con material hasta que les pusimos un hasta aquí.

En 2017 organizamos dos campamentos llamados: “José Luciano” y “Profe. Alberto Montaño” para suspender la actividad de “Casas Viejas” y decir ¡No! a los otros proyectos mineros programados para nuestro municipio, por ejemplo los de Hector Silva Camacho. Este señor y el gobierno de Chiapas, representado por la subsecretaria del Estado, la Delegación de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y el Distrito VII nos quisieron engañar convocando a “mesas de trabajo” donde iniciaron una campaña de división entre ejidatarios y de medios locales de comunicación que pretendieron desprestigiar nuestra lucha: ¡ignorantes! nos decían, ¡mal informados!, ¡antidesarrollo!, ¡manipulados! Cuando vieron la fuerza de nuestra palabra: ¡No a la Minería! nos enviaron elementos policiacos para amedrentarnos, creando una campaña de hostigamiento y criminalización en nuestra contra. Nunca pensaron que somos muchas comunidades de Acacoyagua y muchos los pueblos que nos acompañan en esta lucha para ganarla.

Gracias a estos años de lucha nos hemos encontrado con personas, pueblos, universidades, organizaciones que también defienden el territorio. Los campamentos, las visitas a los ejidos, los foros se han logrado por el esfuerzo de muchas personas de Acacoyagua: el huevo, la pintura, las copias, la carne para la comida. Cada pigua y cada mojarra que brotan del ríos son fruto de la lucha y el esfuerzo de hombres y mujeres valientes.

Atentamente

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS

Imagen: Entrega del II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio el 27 de Noviembre del 2020 – Área de Comunicación de Otros Mundos A.C.

Más información:

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” cumple 6 años luchando por la vida y por Acacoyagua libre de minería

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Comunicado de Otros Mundos en felicitación y reconocimiento al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» por su sexto aniversario de resistencia y lucha por la vida – A 18 de junio de 2021 >>Comunicado en pdf<<

El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que, desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes. 

La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.

El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato recibió el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.

El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal y juntos decimos:

¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!

¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

Firma:

Otros Mundos A.C.

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – 27 de noviembre de 2021 – Área de Comunicación de Otros Mundos

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Pronunciamiento de REMA por denuncia de violencia de género y para reafirmar que se rompa el pacto patriarcal

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de mayo del 2021

A través del presente comunicado queremos hacer del conocimiento público que, previo al desarrollo de nuestro encuentro nacional de enlaces, llevado a cabo del 20al 22de mayo en Guanajuato,en el cual participaron enlaces de 13 de los 15 estados de la República Mexicana en los que como REMA tenemos presencia hasta esa fecha nos enteramos de una rueda de prensa en donde Geovanna Dávalos, enlace de REMA en Guanajuato del 2016 al 2019, hizo del conocimiento público el haber interpuesto una demanda penal contra Gustavo Lozano en la que expresa haber vivido diversos tipos de violencia de género. Gustavo Lozano ha sido parte de la REMA desde sus inicios y también ha sido enlace de REMA en el estado de Guanajuato.

En ese mismo evento, Geovanna y un representante de la organización Las Libres hicieron mención recurrente de REMA, entre otras organizaciones de las cuales Gustavo forma parte o es acompañante de procesos. Nos acusaron de actuar como cómplices,de permitir la violencia, de legitimar y solapar acciones relacionadas con la violencia de género. Eso nos anima a colocar algunos cuestionamientos sobre este tipo de señalamientos hacia REMA,primero porque nos parecen desproporcionados y segundo porque equívocamente implicaría que en REMA existen normas dañinas que contribuyen al establecimiento de sistemas patriarcales que facilitan perpetuar estructuras de poder y mantener las desigualdades de género y pone al escrutinio como verdad lo que es totalmente falso.

Al respecto queremos manifestar nuestra posición:

1.La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) somos un espacio organizativo y político integrado,preferentemente,por mujeres y hombres de comunidades quienes en colectivo y bajo procesos gestados desde lo local,han y hemos decidido luchar contra el capitalismo patriarcal a partir de no permitir el ingreso en los territorios del impositivo y asimétrico modelo extractivo minero el cual estamos seguros,es uno de los mayores exponentes que hace énfasis en establecer diferencias estructurales de poder. Citamos un ejemplo para darnos a entender;las empresas mineras principalmente establecen acuerdos comunitarios en asambleas donde la mayoría de los integrantes son hombres, por lo tanto, no se consideran que los acuerdos ahí gestados dañarán por igual e incluso de manera más álgida a las mujeres,tal cual lo hemos documentado. En ese contexto, estamos claros que bajo el enfoque de género estamos inmersos en una problemática no sólo contra una empresa minera, sino que el problema es más grave porque las mujeres están impedidas de acceder a los bienes comunes naturales como tierra, así como también están impedidas de acceder a recursos materiales como créditos de financiamiento para emprender economías propias,o se encuentran limitadas al acceso de bienes no materiales como el poder político.Por lo tanto, el enfoque de género está presente en nuestro quehacer cotidiano.

2.Ese contundente hecho,nos hace reflexionar y trabajar con miras a romper ese espacio de poder e intentar la construcción de espacios horizontales, incluyentes y participativos. La fórmula para resolverlo no la tenemos,y nuestras búsquedas nos han enseñado en avanzar discutiendo y exigiendo que las estructuras comunitarias desde adentro rompan las inercias culturales que persisten, sabiendo también que el sistema en el que vivimos continúa retroalimentándolas.

3. A lo largo de 13 años de trabajo, las comunidades y grupos integrados en REMA hemos intentado una y otra vez construir territorios más justos y resilientes. Somos fieles creyentes a que únicamente a partir del fortalecimiento de las y los defensorxs de la tierra,del territorio,de los bienes comunes naturales y de la vida, damos pequeños pasos para ir deconstruyendo el patriarcado y construyendo senderos que nos permitan caminar en congruencia para erradicar todo tipo de violencias.Estamos totalmente claros que aquellas personas que viven en un contexto de violencia de género sumamente complejo,que no único, son las mujeres de las comunidades con quienes nos integramos como REMA. Esto nos impulsa permanentemente a identificar, reflexionar, replantear y actuar a partir de implementar procesos que vayan deconstruyendo relaciones de poder para avanzar en la construcción de comunidades y pueblos libres de violencia de género.

4.Como REMA trabajamos en comunidades distribuidas en varios municipios de 15 estados del país, razón suficiente para saber y reconocer que no estamos exentos de tener manifestaciones de violencia de género.Muchas de las cuales intentamos abordar de distintas maneras sea a través de información, de emergencia, con sororidad, con refugioo con acompañamiento a las compañeras para realizar denuncias,además de, constantemente participar en iniciativas estatales, nacionales e internacionales en donde trabajamos diferentes aspectos relacionados con el enfoque de género.Reconocemos que nuestro trabajo es insuficiente para transformar y eliminar los tipos de violencia de género,sin embargo, seguimos reconstruyéndonos en ese aspecto desde nuestras realidades, de tal manera que, nuestras insuficiencias y torpezas no nos hacen, en automático, ni omisos, ni protectores, ni solapadores.

5.REMA trabaja con una estructura de enlaces por cada estado de la República y,para ser enlaces requieren ser nombrados por las asambleas de las comunidades o de sus organizaciones. En total somos 22 enlaces de los cuales 12 son mujeres.Destacamos también que en REMA no tenemos una estructura organizativa piramidal, por lo tanto, carecemos de cargos de dirección, presidencia o cualquier otro que signifique verticalidad y el grueso de nuestros procesos se llevan a cabo bajo consensos.

6. Bajo esas premisas expuestas, nos parecen injustos y desproporcionados los señalamientos sobre ser cómplices al permitir, legitimar, solapar y ser protectores de quienes ejerzan acciones relacionadas con violencia como las señaladas en la rueda de prensa. Por el contrario, hemos sido activas/os para denunciar las violencias en contra de la mujer dentro de la REMA y dentro de las organizaciones con las cuales colaboramos. Como ejemplo de ello, mencionamos que en 2017 Geovanna participó como parte de la delegación de la REMA en un encuentro internacional en Costa Rica en donde vivió acoso sexual por parte de un delegado que no era de México. Ante esta situación y con el consentimiento de Geovanna, como REMA mandamos una carta denunciandolos hechos a la organización respectiva, en la cual manifestamos nuestro rotundo rechazo a toda forma de violencia y continuar construyendo y defendiendo espacios seguros para todas y todos.

7.En el 2018 iniciamos un proceso de reflexión sobre la violencia de género dentro de REMA y las organizaciones en las que nos integramos, de tal manera que, para establecer e implementar acciones que atiendan y de ser posible resuelvan la problemática,se formó y consolidó un espacio permanente de análisis al cual nombramos “REMA MUJERES”. Desde este espacio han derivado algunos acuerdos contundentes; por ejemplo,la necesidad de concluir un reglamento interno y construir conjuntamente un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género tanto al interior de la REMA, como al interior de los grupos, organizaciones y comunidades con las que nos relacionamos.En ese contexto, sabemos que nuestro reto es enorme y complejo, así como también es esperanzador impulsarlo.

8.Con la formación de REMA MUJERES y, a partir de la participación directa de Geovanna Dávalos, acordamos que nuestro acompañamiento debía estar centrado en respetar las decisiones que ella iba tomando acerca de su participación dentro de Acción Colectiva, así como sobre su relación con Gustavo Lozano.Nuestra finalidad fue la de no contribuir a procesos de revictimización y no, como se menciona en la rueda de prensa, tomando partido por Gustavo Lozano, menos aun de protegerlo. Hoy nos damos cuenta de que las acciones de acompañamiento para Geovanna Dávalos,a partir de su consentimiento expresado y registrado en diversos mensajes, reuniones y conversaciones,fueron insuficientes. Reconocemos nuestro error de no haber podido manejar y darle seguimiento a este tema de manera colectiva como red,sino solo a partir de iniciativas individuales.Pero de ninguna manera reconocemos que nuestras acciones fueron proteccionistas, solapadoras u omisas. Debemos decir que fue ella quien unilateralmente dejó de solicitar nuestro apoyo sobre su situación desde julio del 2020, cuando envió sus agradecimientos por la sororidad y el apoyo que la REMA MUJERES le había dado, como también de otros integrantes de REMA mostraron hacia ella.

9.Otro aspecto del acompañamiento para Geovanna Dávalos al interior de la REMA fue que, aun cuando ella finalmente salió de Acción Colectiva, se le permitió continuar participando como aliada de REMA MUJERES, aun y a pesar de que la regla para ser parte de REMA impide aceptar a personas en lo individual, ya que sólo se permite la integración a través de enlaces que deben ser nombrados por pueblos, organizaciones o colectivos. Esta “prerrogativa”le permitió representar a REMA en distintos espacios nacionales e internacionales de defensoras, así como también participó en intercambios de experiencias con grupos de mujeres. No queremos dejar de comentar que su continuación en REMA se deriva de un reconocimiento implícito de las capacidades potenciales, intelectuales y colaborativas que siempre mostró en los espacios de fortalecimiento comunitario, por lo tanto, su trabajo siempre fue reconocido y valorado en la red.

10.Dentro de nuestra asamblea de los últimos días y, ante los recientes acontecimientos analizamos y reflexionamos que estos esfuerzos relacionados con el enfoque de género y las violencias vinculadas no han sido suficientes,en consecuencia,nos implica un proceso más activo, profundo, decisivo y contundente.Una vez más,reconocemos que las acciones personales y colectivas no fueron eficaces en el contexto de la relación personal entre Geovanna y Gustavo. Además,a pesar de que REMA en lo general y REMAMUJERES en lo específico,estamos en constantes procesos de construcción, debemos destinar más es fuerzo en allegarnos de una mayor cantidad de elementos y herramientas incluyendo psicoemocionales orientadas a dar pasos más firmes y congruentes con nuestro horizonte relacionado con expulsar las actividades mineras de los territorios comunitarios y que cada territorio transite a la construcción de espacios libres de violencia de género.

11.Hacemos un llamado de colaboración y construcción para aquellas personas, comunidades y organizaciones que hayan adquirido mayor experiencia y tengan una mayor especialización en estos temas, ya que nuestra convicción es continuar fortaleciéndonos en este y otros temas tan relevantes que tenemos culturalizados los cuales debemos deconstruir en el andar durante los procesos relacionados a la defensa del o los territorios.

12.Informamos que tras conocer la denuncia realizada en la rueda de prensa y tras una nutrida reflexión colectiva al respecto, Gustavo Lozano asumió separarse de la REMA,ante las y los enlaces presentes en nuestro encuentro nacional.

13.Hacemos énfasis que como red emprenderemos acciones que nos lleven a garantizar que el trabajo contra el modelo extractivo se lleve en un contexto donde la sororidad, el respeto y la confianza, prevengan la construcción de círculos de violencia, y de esa manera empezar a responder en mayor prontitud contra todo tipo de violencias, incluyendo las expresiones machistas que socavan la defensa por nuestros territorios y bienes comunes naturales, con el propósito de juntas/os lograr, con ayuda de organizaciones hermanas, respuestas más sólidas ante cualquiera de estos casos que presenten sus múltiples manifestaciones.

14.De manera pública reafirmarnos nuestro compromiso con esforzarnos en romper el pacto patriarcal y estar en contra de toda forma de violencia ejercida en los cuerpos y en los territorios, principalmente de las mujeres que luchan en defensa de los bienes comunes, así como también de las compañeras que hacemos parte de la REMA. Refrendamos nuestra convicción de atender dentro de la REMA las violencias de género, tal cual lo manifestamos el pasado 8 de marzo: “Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivista que nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios”.

ATENTAMENTE:

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Revista Mujeres en resistencia

Solidaridad internacionalista con Palestina

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Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021

Amigos de la Tierra Internacional  condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y  lugares densamente poblados,  y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.

Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado  a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.

Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.

Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.

Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen  en riesgo la vida de civiles.

Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.

Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.   

Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:

  • Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
  • Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
  • Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
  • Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.

Amigos de la Tierra Internacional  insta urgentemente  a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.

Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.

#GazaUnderAttack #SaveSheikhJarrah

Imagen: Amigos de la Tierra Internacional

Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

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Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre el recurso de la consulta para la aprobación del megaproyectos – A 6 de mayo del 2021

Por Renata Bessi

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.

“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,

DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.

Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.

La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte.   Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.

Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.

Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.

El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.

Imagen: Avispa Midia

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Marzo, el mes más peligroso para las activistas mesoamericanas

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo defensoras en América Latina – A 7 de mayo de 2021

En Mesoamérica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en años anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el número de ataques a defensoras mesoamericanas.

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De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer – y por ende se efectúan diversos tipos de dinámicas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o será peor.

La naturaleza de las agresiones y número de víctimas de ataques es diferente en cada país. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represión y el odio.

En México, en marzo las protestas – y los actos de represión a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la república; en muchos casos la policía encapsuló a las manifestantes como medio de intimidación y coerción física. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibernético y la violación al derecho de difundir información de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparación a enero y marzo).

Defensoras en el 8M Oaxaca, México. Fotografía: Vanessa García Navarro

En Nicaragua, se reportó 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el día 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidió que lograran movilizarse libremente en el desempeño de sus diligencias.

Para saber más ⇒ México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 niñas y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia (madres de las víctimas de esta fatídica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este año dos madres activistas fueron asesinadas en su búsqueda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este año, la activista Elsa Siquín (también madre de una de las niñas victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.

En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la policía y el ejército. En añadidura, su sororidad con el insólito caso en el que una mujer que murió en prisión tras ser condenada debido a que sufrió una emergencia obstétrica, les ha costado desprestigio e estigmatización.

En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin único de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atacó con propaganda misógina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Además, destacan de los crímenes cometidos contra las defensoras de la tierra.

El gobierno en cada uno de los países mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procurárselos ellas mismas. El término “feminismo” se criminaliza, se castiga y se convierte en tabú. No obstante, el no ver, no oír y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. Únicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.

Imagen: Vanessa García Navarro

Más información:

Declaración de la Red-DESC: Condenando la violencia contra manifestantes en Colombia y solicitando al Estado que respete los derechos humanos

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Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021

El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada  a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones. 

La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos  a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:

  1.  Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
  2. Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
    1. Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal; 
    2. Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
  3. A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
  4. Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
  5. Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales. 

Imagen: El Espectador Colombia

En Chiapas, imposición de cuartel militar provoca rechazo de comunidades indígenas

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la instalación de un Cuartel de la Guarda Nacional en Chilón – A 20 de abril de 2021

Por Aldo Santiago

En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.

Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.

Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.

Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.

Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.

Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.

Militarización en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.

Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidación de las actividades del ejército en la vida pública. Recientemente, Amnistía Internacional informó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutación, en el cual además de policías, se enlistan soldados y marinos; así como la capacitación, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el análisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y género (2010-2019).

Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.

Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.

Según datos del informe de la Situación de Seguridad Pública en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcción y operación de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion

https://archive.org/details/pascuala-militarizacion

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REPRESIÓN

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.

Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.

“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.

“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.

“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.

Imagen: Avispa Midia

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