Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021
El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones.
La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:
Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;
Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el aniversario de COPINH – A 5 de abril de 2021
Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500 años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.
«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las prácticas culturales de los pueblos indígenas ».
Con Berta a la cabeza, este movimiento social indígena, ha luchado de manera continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales, en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta fue cobardemente asesinada.
A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento, persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas, amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras y compañeros más.
Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores intelectuales como la familia Atala Zablah.
Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su incansable lucha por la defensa de su territorio.
Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y para todas las y los asesinados y sus familiares.
¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÍO GUALCARQUE!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA!
¡VIVA EL COPINH!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Volvemos, también, con ganas de crear caminos posibles para sostener la vida y ponerla en el centro. Por eso, en este episodio hablamos de la sostenibilidad de la vida.
La entrevista que nos dio Miriam Nobre y las reflexiones que Amaia Pérez Orozco compartió en un seminario de la Red de Estudios Rurales en febrero nos ayudan a responder qué significa «sostener la vida» en esta coyuntura.
«Más que recuperación económica, la idea es de renovación económica: fortalecer lo comunitario, pensar otras formas de relaciones entre Estado y comunidad sin racismo ni colonialismo. Y necesitamos una reconversión productiva junto al tema de la producción de energía justa». Miriam Nobre (Marcha Mundial das Mulheres)
Además, en abril, la SOF, el Colectivo XXK y la Fundación Rosa Luxemburgo de España lanzarán la publicación Juntas y revueltas: explorando territorios de la economía feminista. Es una oportunidad para seguir reflexionando sobre la economía feminista y las formas de sostener la vida.
Equipo: Helena Zelic, Patrícia Cornils, Azul Cordo, Fabiana Oliveira y Pluvia Oliveira.
Comparte este podcast feminista en tu medio. Usa el hashtag #FuriaFeminista y sigue las cuentas en Twitter: @radiomundoreal @marchamulheres @CapireMov
Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.
Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.
1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3
Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4
Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7
1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:
Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9
El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11
Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.
Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
Compartimos este Geovisualizador de GeoComunes sobre la energía y la miería- A diciembre 2020
Presentación:
La energía eléctrica es un bien común controlado por el Estado y empresas privadas que generan, distribuyen y consumen la mayor parte de la electricidad del país. Mientras tanto, casi dos millones de personas carecen de acceso real a la electricidad, y los pueblos y comunidades organizadas enfrentan los impactos de la expansión de proyectos y redes eléctricas.
En este Geovisualizador podrás explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico (industria minera, cementera maquiladora, etcétera).
Con el «PANEL DE CAPAS» puedes activar o desactivar la visualización de la información geográfica. La sección “EMPRESAS” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa. La pestaña “ANÁLISIS E INFOGRAFÍAS” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos (y no desde el mercado y para el capital).
Este Geovisualizador es parte de la investigación cartográfica “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética” realizada por el colectivo GeoComunes con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y publicada en Diciembre de 2020.
Compartimos este comunicado de las mujeres de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de marzo de 2021
El pacto patriarcal que las mujeres de México y del mundo exigimos que el Estado, las instituciones, nuestros compañeros y comunidades rompan,es el pacto que promueve la violencia directa e indirecta contra la mujer, aquel que silencia a sus víctimas y que permite que se cuestione más a las denunciantes que a los denunciados. El pacto patriarcal que exigimos romper, es también el que alimenta al modelo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan.
El modelo expoliador de la naturaleza y de despojo que el sistema capitalista impulsa es especialmente violento con las mujeres, quienes padecen de manera directa la violencia que este modelo desata en sus territorios (violencia física, psicológica, económica y sexual). Al tener la responsabilidad de los cuidados de la vida, el trabajo doméstico se triplica ante el rápido deterioro de los bienes comunes básicos cuando llega una minera (contaminación y escasez del agua, despojo de la tierra para alimentar, contaminación del aire); entre los más duros se encuentran los cuidados de familias enteras cuando éstas enferman como resultado de la devastación y la destrucción de otras formas de vida que las mineras detonan.
El patriarcado y el extractivismo provocan violencias diferenciadas contra las mujeres, quienes pierden su seguridad, su independencia por la economía local que manejan, su libertad de movimiento dentro de sus territorios, el derecho a su tranquilidad, espiritualidad, vida colectiva y una propia vida en comunalidad. Por otro lado, son las que más padecen la militarización, la delincuencia organizada, la paramilitarización, la política de aniquilamiento de las empresas en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal.
Por ello, mantener las concesiones mineras existentes en el país y, más aún, haber permitido que las mineras continúen activas durante toda esta emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, es también una agresión contra las poblaciones que se oponen a estos proyectos y, particularmente, contra las mujeres que han estado desde siempre al frente de esta lucha de defensa de los territoriosy de la vida. La minería no es una actividad esencial, lo son el agua, los ríos, la tierra, los territorios, el aire que esta actividad contamina, despoja y aniquila.Esenciales son las comunidades que la minería desplaza, la salud de las poblaciones que la minería despoja. Esenciales son las mujeres y la lucha que ellas han dado para defender la vida y los territorios, una lucha que se ha visto más asediada durante la pandemia.
Las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos abrazamos de manera sorora y combativa con las mujeres indígenas y no indígenas, campesinas y urbanas, migrantes, yafrodescendientes, todas esas voces de resistencia que luchan por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la justicia; a las mujeres que defienden sus territorios, la tierra, los ríos, la espiritualidad, la salud comunitaria, el conocimiento tradicional, a las mujeres que nos enfrentamo a los machismos en la casa, en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos y en las empresas. Con todas aquellas buscamos construir espacios propios de sobrevivencia que nos permitan vivir una vida más digna y alegre, donde podamos crear vínculos de solidaridad y relaciones sociales sanas,alejadas del patriarcado y su amenaza extractivista. Mujeres fuertes que construimos día a día un futuro más amoroso, más armonioso y respetuoso con otros seres con los que compartimos el planeta.
Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivistaque nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios.
LAS MUJERES LUCHAMOS POR LA VIDA, CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y EL PATRIARCADO QUE LO SUSTENTA
Firma
MUJERES DE LA RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Pronunciamento de Otros Mundos Chiapas en el marco del Día Internacional de la Mujer – A 8 de marzo de 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<
Hoy 8 de marzo reivindicamos la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad y el respecto a nuestros derechos. El 2020 fue un año complejo por la epidemia de la Covid-19, nos vimos obligadas a resguardarnos en casa, pero miles de mujeres no estaban seguras en casa, las llamadas de emergencia a 911 aumentaron en 23%, es decir cada hora 68 mujeres llamaban pidiendo ayuda, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Nos pronunciamos en contra de este incremento de la violencia hacia las mujeres, en un país feminicida donde no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en un país donde nos acosan, nos desaparecen y diariamente matan a 10 mujeres, un país que protege más a los agresores que a las víctimas.
Un país donde no se dimensiona el feminicidio como tal. Un país donde un violador pretende ser gobernador. Un país donde nos matan por salir a estudiar, como el caso de Mariana Dávila en Chiapas o por salir a trabajar como el caso de Ana Gómez asesinada en Cancún, por mencionar algunos casos.Un país donde pareciera que no existe la justicia a los casos de violencia. Es preocupante que las mujeres seamos vistas como un objeto, que se puede violar, utilizar, desechar y tirar. Nos pronunciamos en contra de este sistema por omisión y complicidad al permitir que violentadores y asesinos de mujeres no sean juzgados por la ley o que sean liberados más pronto que alguien que robo un alimento o medicamento.
También queremos recordar a todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo: represas, minería, pozos petroleros, extracción de gas, privatización de los sistemas de agua, monocultivos y al robo de la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de proyectos a gran escala de energía renovables. Recordamos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida. También nos pronunciamos por la violencia y represión a nuestras manifestaciones cuanto exigimos justicia por el feminicidio de una compañera más.
Hoy nos invade, también, el recuerdo de nuestra compañera hondureña Berta Cáceres, a 5 años de su asesinato por defender el pueblo indígena lenca y el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su país. Berta, al igual que muchas compañeras indígenas, afrodescendientes y campesinas, fue víctima de la implementación de los proyectos que solo buscan despojo y muerte en los territorios. Rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, y a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, la criminalización, el hostigamiento, las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado.
Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la defensa de la tierra y el territorio. Nuestras palabras y nuestros gritos en contra de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las asambleas comunitarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos. Las mujeres tenemos el derecho de estar en el frente de las luchas y necesitamos de todas y todos los involucrados para desarrollar nuestro trabajo político efectivamente.
Seguimos exigiendo justicia para todas nuestras compañeras víctimas de esta campaña de muerte en nuestra región, entre las cuales estan: Berta Cáceres y Lesbia Janeth Urquía Urquía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Bety Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) de Oaxaca, México; Laura Leonor Vázquez Pineda, del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores en Guatemala; Emilsen Manyoma de Colombia de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Colombia; Nilce Magalhães Souza del Movimiento contra las represas en Brasil (MAB). Por mencionar algunas.
Exigimos y reclamamos que las autoridades y el sistema de justicia presten odios y den atención a nuestras demandas de justicia, de esclarecimiento y castigo a los feminicidios, de seguridad y libre manifestación.
Celebramos que a pesar de todo y aún en pandemia nos organizamos, nos encontramos y seguimos resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, en sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, organizativos, políticos y digitales.
Este día también sirve para recordar esa alegría y esa diversidad que nos convoca en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas. Como dice Vivir Quintana en su bella canción de lucha: Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, por eso:
¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras y defensores de la vida en México y América latina!
¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios! ¡Mujeres, Agua y Energía no son Mercancía!
Compartimos con ustedes esta publicación de la Universidad de la Tierra que recopila diferentes artículos y opiniones surgidas durante la pandemia a través de Red Latina Sin Fronteras – A noviembre 2020
Presentación
Se ha vuelto indispensable repensar la pandemia. No es solo por la masiva desinformación que se ha propalado durante meses. Es porque se sigue tomando un conjunto de decisiones insensatas colgados de la “verdad científica” en que supuestamente se basan.
Pandemia quiere decir “todo el pueblo”; es una extensión torpe del término “epidemia” que ya de por sí era equívoco. El hecho es que, hasta ahora, nueve meses después de haber aparecido la pandemia, esa “ciencia” no ha podido siquiera caracterizar con precisión la enfermedad que se atribuye al virus y mucho menos proponer fórmulas confiables de prevención y tratamiento.
El juego de cifras es obsceno. Las muertes atribuidas al virus -alrededor de un millón en el mundo a finales de septiembre- son aún inferiores a las que ocurren cada año por accidentes de tránsito o a las causadas por enfermedades virales debidas a la falta de acceso al agua potable que padecen millones de personas.
En Unitierra nos pusimos a repensar el asunto. Semanas después nos pareció importante escuchar otras voces y abrimos un conversatorio, primero semanal y luego quincenal. La reflexión se enriqueció mucho porque, por fortuna, participaron personas muy diversas, de edades que van de los 20 años a más de 80, distribuidas proporcionalmente por géneros, de las más distintas profesiones o vocaciones y de varios países.
Nos fue muy útil, en el punto de partida, leer un texto de David Cayley que parte de las ideas de Iván Illich para desafiar las actitudes dominantes sobre el tema. Cayley ha dedicado varias décadas al estudio de Illich, publicó dos libros de sus conversaciones con él y es, sin duda, buen guía para explorar su pensamiento a pesar de sus sesgos. Publicamos su texto junto con otros dos relacionados con él, que leímos en nuestro conversatorio, como Iván Illich y la pandemia. En el camino fuimos agregando otras lecturas e hicimos algunas exploraciones bibliográficas. La lista puede verse en el apéndice 1.
Con esas lecturas en común, fue una conversación libre y abierta que no se constreñía a ellas. En este libro presentamos una compilación de lo que ahí pasó.
La primera parte, la más extensa, es una selección apenas editada de fragmentos de nuestras conversaciones. No es un texto colectivo ni una relatoría, por lo que carece de la coherencia y orden de lo escrito por una persona o un grupo. Recoge lo que platicamos durante los primeros meses de conversación, cuando transcribíamos todo lo que decíamos. No se trata de resúmenes, aunque hicimos cierta clasificación de las intervenciones.
La repetición es inevitable, pero quisimos dejar los matices que expresaban de diversa manera los mismos argumentos. Mantuvimos la primera persona del singular o del plural, y el masculino y el femenino, tal como se emplearon, sin mencionar el nombre de quien intervino. Si bien se trata de una reflexión colectiva, sus matices y colores personales definen realmente su contenido.
La segunda parte corresponde al periodo en que dejamos de hacer transcripciones de las sesiones y preparamos relatorías. Las intervenciones intentaban ir más allá de la pandemia; esta sección, mucho más pequeña, puede verse como una simple agenda de los temas sobre los cuales queremos seguir reflexionando. Se basó en párrafos tomados de las relatorías, los cuales pueden servir de puente hacia lo que sigue.
La tercera parte recoge la discusión y la propuesta, al final del ciclo de conversaciones, para sustituirlo por un círculo de estudio, en el cual este trataremos de reflexionar sobre las maneras de “Transitar la realidad”. Nos reunimos quincenalmente, a partir del 28 de septiembre. Las y los lectores interesados pueden contactarnos para participar en él a contactounitierra@gmail.com
En Unitierra cada miércoles, a las 4:00 de la tarde, desde hace 20 años, realizamos nuestro conversatorio “Caminos de la autonomía bajo la tormenta”. La conversa es para nosotros una forma de saber (producción de conocimiento, reflexión en la acción) y de hacer (intercambio de experiencias), que genera lo que deseamos que sea nuestra definición: saber hacer… y hacerlo en la lucha, como se hizo también este conversatorio.
Ediciones Unitierra, octubre de 2020
Compilación y edición: Gustavo Esteva, Alberto Elías González Gómez, Azael Rangel López,Andrea González Fernández
facebook: Unitierra de Oaxaca y twitter: @UnitierraOaxaca
LOS PRIMEROS NÚMEROS DE LA SERIE:
1. Mirar con nuestros ojos, Alfonso Morales Toledo, Elías A. González Gómez, Azael Rangel López, Itzel Farías Malagón, Alfredo Agudo, Matthias Gossner, Wendy M. López Juárez.
2. Iván Illich y la pandemia, David Cayley, Sajay Samuel, Gustavo Esteva.
3. Repensar la pandemia, participantes en el conversatorio.
ÍNDICE
2 PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE: REPENSAR LA PANDEMIA
5 Los daños de la medicina a la salud
7 La industria de la salud
9 La naturaleza del predicamento
9 Ignorancia científica y disparates políticos
14 El caso de los ancianos y otros grupos
14 Las otras pandemias: la chatarra
15 La contraproductividad paradójica
17 ¿Crisis de salud?
19 Subsistemas de los sistemas
22 Autoritarismo
26 Distanciamiento y división
28 La pandemia del miedo
34 Incertidumbre y miedo a vivir
35 Contra la política del miedo, la construcción de la esperanza
37 Recuperar el sentido, los sentidos
41 Hacer comunidad y construir en lo local
46 Cuidado colectivo
49 Desobedecer
53 Sanar
59 El arte de sufrir y de morir
63 La nueva normalidad
66 El virus que llegó para quedarse
69 Nuevas narrativas
SEGUNDA PARTE: MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA
73 Más allá de las creencias dominantes
74 Sanar de la salud
74 Habitar de nuevo nuestro cuerpo
75 Escapar de la ilusión electrónica
76 Las falsas alternativas
77 Más allá del trabajo
78 Más allá del individuo
78 Más allá de la necesidad
79 Regresar al mundo real…
79 …y reinventarlo
TERCERA PARTE: TRANSITAR LA REALIDAD
90 Apéndice 1: Lecturas
96 Apéndice 2: Participantes
SERIE
CONTRA EL MIEDO LA ESPERANZA
El mundo que teníamos ya no está ahí. Hemos entrado en una era de incertidumbre radical: no sabemos cómo será el mundo que ha de venir. El virus derramó el vaso de una crisis profunda que, en medio de un colapso climático y sociopolítico, se expresó en intensas movilizaciones populares en 2019. Desde Maquiavelo, el miedo se considera la más eficaz de las herramientas de gobierno. A él han estado recurriendo las élites en todo el mundo. Ediciones Unitierra comparte, en esta serie, historias y reflexiones sobre la manera en que, desde abajo, contra la política del miedo se construye esperanza.
Compartimos este video del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 25 de noviembre de 2020
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos para denunciar que miles de mujeres que viven dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera enfrentan cotidianamente violencia y abuso sexual. Expresamos nuestra solidaridad para con ellas y con todas las mujeres que se organizan para resistir.
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera. El video expone las numerosas y diversas formas de violencia vinculadas a las plantaciones industriales. Las empresas palmícolas destruyen las formas de vida y sustento de las mujeres. La violencia sexual, el abuso y la violación se convierten en una amenaza constante para las mujeres que viven dentro y alrededor de la plantaciones y para aquéllas que trabajan en las duras condiciones que las caracterizan.
Las compañías del aceite de palma sacan provecho no solamente de la explotación de la tierra y la mano de obra en sus plantaciones, sino también de la pared de silencio e impunidad en torno a la violencia sexual contra las mujeres que existe en dichas plantaciones. Hay que romper ese silencio. Y la violencia debe terminar. ¡Hay que parar la impunidad de la industria de la palma aceitera y los financiadores que la apoyan!
Con este video expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que quedan solas sufriendo violencia y abuso en silencio. Este video también es un tributo a todas las valientes mujeres que, contra viento y marea, resisten y dicen NO a la violencia y el abuso.
En solidaridad,
Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera*
*La Alianza Informal es un colectivo de activistas comunitarios y organizaciones de base de países de África Occidental y Central que resisten la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en la región.
Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
