Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021
El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.
No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca. La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.
En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.
Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.
¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!
¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 16 de agosto del 2021
El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.
“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.
Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados
Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.
“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.
El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.
Inversiones
“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.
El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren. https://www.youtube.com/embed/0FIxH__c80g?feature=oembed Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas
Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:
La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.
“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.
Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.
Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.
“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.
Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.
En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.
La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.
Sureste, el objetivo
En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.
“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.
Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.
La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.
“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”, destaca el documento.
Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.
Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.
“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.
“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.
En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.
“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.
Imagen: En portada: El presidente de México anunció la creación de una empresa de las Fuerzas Armadas a cargo del “tren maya”.
Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.
Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:
1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo.
2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.
3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.
Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo, no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:
a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.
b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.
c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.
d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!. De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.
Coincidimos con el Presidente López Obrador: “el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.
#LosPueblosDeciden
#LosPueblosNoSeInundan
Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021
Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.
Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.
Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Denuncias
El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.
De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.
México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.
En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.
En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.
Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.
Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.
Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.
Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago
Comunicado de Otros Mundos sobre los derechos de los ríos en el marco del Congreso de HIdroenergía en Costa Rica próximo a realizarse y sumándose a la Movida Global por los Ríos y los Pueblos – A 11 de Agosto del 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<
Millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la construcción de las represas. Incluso quienes resistieron han sido asesinados como nuestra amiga Berta Cáceres en Honduras en 2016. Pero así muchas más defensoras y defensores de los Ríos, sus comunidades, al agua, sus ecosistemas, se les ha arrebatado la vida en pos del supuesto desarrollo que ha conllevado devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de bosques y biodiversidad.
Pese a todo ello, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) convoca al Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica donde se pretende afianzar el discurso y las políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de corrupción, bajo el argumento de que con el uso de la energía renovable, las represas son energía limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”. Sin embargo, el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del Modelo Extractivo que se le impone. Hoy por hoy, las represas y su fuente de energía cada vez más intermitente por el Calentamiento Global, son ya insustentables.
Sin embargo, los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este Modelo Extractivo que viola los Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y vitar que sean intervenidos con el fin de mantenerlos vivos para darle vida al Planeta.
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México se suma a la llamada “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS” para exigir un alto a la construcción de las represas, a la muerte de los ríos y del Planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los Derechos de los Ríos y el Derecho a la Vida estén por encima de los intereses particulares y de lucro de las grandes corporaciones constructoras de represas. Nuestro Planeta grita que encontremos otros horizontes que nos permitan transitar a otros mundos posibles y detener la destrucción y el Calentamiento Global.
¡Ríos para la Vida!
Otros Mundos AC/Chiapas-Amigos de la Tierra México
Compartimos esta publicación que analiza el mal llamado Tren maya y los diferentes impactos que tendrá en el territorio y la población realizada por nuestra compañero Nieves Capote – A julio del 2021 >>Descargar folleto en pdf<<
El Tren maya
Ni Tren, Ni Maya
INTRODUCCIÓN:
El Tren Maya se anuncia en Diciembre de 2018. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se presenta como el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible en la región Sur-Sureste de México y del sexenio. Este Plan Nacional se compone por el Tren Maya, las Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, el Corredor Multimodal Interoceánico, la Zona Libre de la Frontera Norte, programas de Infraestructura Carretera y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía. Lleno de polémicas, entre quienes defienden este proyecto y quienes lo cuestionan, incluidas comunidades indígenas y campesinas de las poblaciones por dónde pasará, el Tren Maya NO ES SÓLO UN TREN, es mucho más que eso. Es parte de todo un proyecto que tiene una visión ideológica de lo que es el Re-Ordenamiento Territorial del Sur-Sureste. En este material abordamos el Proyecto, de qué está compuesto y sus posibles impactos, dando voz a muchos sectores que reflexionan, analizan y aportan cuestionamientos a tener en cuenta.
INDICE
INTRODUCCIÓN__pag 5 INDICE__pag 6 UNA MIRADA GLOBAL__pag 7 UNA MIRADA GLOBAL__pag 8 ¿QUÉ HAY EN EL TERRITORIO?__pag13 EL PROYECTO TREN MAYA__pag 15 La Manifestación del Impacto Ambiental, MIA__pag17 LA CONSULTA__pag19 EL TREN__pag22 Tren y Polos de desarrollo__22 ¡QUIEN SE QUEDA CON EL TREN?__pag 23 ¿Y EL DINERO?__pag 26 IMPACTOS__pag 28 DE LAS VIAS Y EL TREN__pag29 Expropiaciones y Desplazamiento de Población__pag 29 Destrucción de Ecosistemas__pag 30 Impacto de la velocidad y el Ruido__pag31 Fauna y Personas__pag 32 DE LOS POLOS DE DESARROLLO__pag 33 Agua__Pag34 Sitios Arqueológicos__36 Turismo__37 Agroindustria__pag 39 FUENTES__pag 43
UNA MIRADA GLOBAL
El Tren Maya se enmarca en un Modelo mucho más amplio, y en una visión de lo que sería el desarrollo y ordenamiento territorial para el Sur-Sureste del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,Yucatán) dentro del cual, el Tren, es parte del transporte.
Y es que el Tren Maya es parte de un viejo sueño Neoliberal: el discurso oficial habla de desarrollo socieconómico, ordenamiento territorial, interconexión, comercio, turismo..
Carlos Salinas de Gortari a principios de 1990 hizo ya un planteamiento sobre este territorio con el llamado “Proyecto Mundo Maya”: la creación de una gran zona de desarrollo turístico en el sureste del país, ofertando a los inversionistas una enorme zona con playas, propiedades, tierras, zonas arqueológicas, y riquezas naturales y minerales. Una gran zona de comunicación por carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, que interconectaría y crearía la infraestructura necesaria para el turismo de masas por la región Maya, que incluía a Belice y Guatemala.
Ernesto Zedillo lanzó en 1996 el “Programa Integral de Desarrollo Económico” para el Istmo de Tehuantepec : mismos planteamientos de utilizar para el mercado las oportunidades de una zona geográficamente estratégica para el comercio, integrar bienes y servicios, proyectos de infraestructura (carreteras, puertos, tren interoceánico), parques industriales en torno a petroquímica, maquiladoras, pesca, minería, agroindustria, explotación forestal, energía eólica, turismo, creación de polos de desarrollo, etc. Se planteó como la creación de la alternativa al Canal de Panamá, como el corredor de comercio entre océanos más importante de América.1
El gobierno de Vicente Fox mezcla todos los anteriores proyectos y lanza en marzo de 2001 el “Plan Puebla-Panamá (PPP)”: para Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El Plan Puebla Panamá se planteó como una extensión de esta visión del territorio para facilitar el acceso, extracción, uso y transporte para las corporaciones. Ampliaba el espacio comercial, no sólo entre el océano pacífico y el atlántico, o la región Sur Sureste, o la región Maya. El PPP ponía el trozo del geográfico comercial para Estados Unidos… y el acceso a las materias Primas.
De nuevo este Megaproyecto incluía un Corredor de Infraestructuras (carreteras, trenes, puertos, aeropuertos), el Corredor de Energía (Red Regional de Fibra Óptica, Red de Interconexión Eléctrica, Hidrocarburos, Termoeléctricas, Gaseoductos, construcción de Represas), el Corredor Biológico Mesoamericano, Agronegocios (agroindustria, plantaciones forestales), Corredor de Turismo, Creación de Clusters o Polos de Desarrollo , Sumideros de Carbono, Corredores Industriales (maquiladoras)…También se plantea como un modelo de contención y control migratorio.
Entonces le sigue Felipe Calderón y continúa con el PPP pero lo rebautiza como “Proyecto Mesoamérica” en junio de 2008: este proyecto es la continuación del PPP, pero suma a Colombia y con este impulso pretende concluir la Red de Carreteras, las conexiones y el transporte de trenes para de Corredor de Turismo, terminar la interconexión eléctrica y el impulso a las represas en la región, red de fibra óptica, fortalece las plantaciones y el uso de Biocombustibles, acuerdos para control migratorio y fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad en la región (Plan Mérida-Plan Colombia), impulso al Corredor Biológico Mesoamericano, polos de desarrollo, etc. El Proyecto Mesoamérica tiene como novedoso que mete a todos estos proyectos en el Mercado de Carbono, consiguiendo un doble negocio con los Certificados de Reducción de Emisiones y potencia la “imagen” de economía verde.2
Completa la lista de Megaproyectos que ponen a la región al servicio de los grandes Capitales con Enrique Peña Nieto y sus “Zonas Económicas Especiales (ZEE)”, en abril de 2016 : el Corredor industrial Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec figura como una de las primeras ZEE propuestas, también el puerto de Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.
Las ZEE tienen como característica especial convertirse en una Zona con excepciones fiscales y aduaneras: tendrán un régimen aduanero especial; mayores facilidades para comerciar, invertir e instalarse en la Zona; tendrán la infraestructura y la logística necesaria; financiamientos especiales; grupos de población que aporten mano de obra; las empresas tendrán otro marco regulatorio distinto al resto del país, etc. El objetivo es ofrecer un “entorno de negocios excepcional para atraer la inversiones”, para esto se les ofrece un país dentro del país, donde las corporaciones estarán en un tipo de paraíso fiscal y libertad para sus empresas.3
Todos estos Programas y Proyectos durante estas décadas tuvieron innumerables protestas, críticas y generaron resistencia en las poblaciones locales como en diferentes sectores, debido a lo que suponían de destrucción de la biodiversidad, afectación de territorios, extracción de riquezas y materias primas, privatización de bienes comunes, destrucción de la cultura y formas de vida de comunidades indígenas y campesinas, acaparamiento de agua, desplazamiento y expulsión de población, contaminación, violencia, militarización, etc.
Y estamos en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador con el “Plan Nacional de Desarrollo” (2019-2024) retoma prácticamente todos los aspectos, planteamiento, visión de los proyectos anteriores, teniendo como íconos el Proyecto del Tren Maya, retoma el megaproyecto del Corredor Multimodal Interoceánico, la Zona Libre de la Frontera Norte (características de las ZEE), el Tren Maya y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, entre otros.
El Tren Maya se plantea como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Aunque se ha proporcionado poca información desde un inicio sobre temas concretos de la implementación del proyecto, el Proyecto del Tren Maya recupera y continúa los proyectos anteriores y aporta para su logro la construcción de un Tren y también de los conocidos Polos de Desarrollo, planteados en décadas anteriores.
El objetivo es “reordenar a la península e incentivar el desarrollo en regiones no integradas a los circuitos turísticos y económicos”, “consolidar la región maya como un corredor de desarrollo en el que florezca la industria agraria y energética; se impulse el desarrollo tecnológico; se multipliquen los centros de trabajo; y se integren los puertos y los destinos turísticos” (Fonatur, 2019). Para esto se crearán centros urbanos o polos de desarrollo.
El Tren Maya es así, parte de un viejo sueño Neoliberal: conectar, poner, territorios y pueblos bajo en control del capital. Podríamos decir que el Tren Maya es un cachito del Proyecto Mesoamérica ( antes Plan Puebla Panamá) y que junto con el Corredor Interoceánico del Itsmo, no podemos mirarlo sólo como un tema regional, sino como un eslabón de la integración comercial al capital transnacional. Veremos cómo el llamado Trena Maya aunque sí tiene sus afectaciones, es sólo el transporte de un proyecto mayor y más destructivo para la región: el concepto de desarrollo, los proyectos de este desarrollo, en manos de quien queda eses desarrollo. También veremos cómo el tan nombrado “Reordenamiento Territorial” sí significa afectar territorios. Vamos¡
Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.
Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021
Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras
Sala de lo Constitucional. Corte Suprema de Justicia de Honduras.
En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.
El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.
La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.
Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9
Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.
Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:
1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.
2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.
3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.
En el marco del Taller por la Defensa de los Territorio les compartimos esta invitación para participar en el foro: Colapso Ambiental: Expresiones y Perspectivas este jueves 5 de agoto a las 4:30.
Participaran integrantes de la REMA, ALAMES MÉXICO, entro otros.
Compartimos esta nota de La Jornada Ecológica en su emisión del julio donde entrevistaron a nuestro compañero Agustín Vázquez sobre los biodigestores – Julio 2021
En Los Altos de Chiapas, así como en otras comunidades rurales, el principal combustible para la cocina es la leña, la cual expone a las familias, en especial a las mujeres, a la inhalación de humos tóxicos y dañinos para la salud. Cuando no hay leña, se recurre a los tanques de gas licuado de petróleo (LP), un hidrocarburo derivado del proceso de refinación de petróleo que es muy costoso para la economía familiar.
Ante ello, los biodigestores que producen biogás representan una alternativa viable y económica de producción de energía limpia y renovable para comunidades rurales y semirurales que están bus-cando alternativas encamina-das a la autogestión y autosuficiencia energética.
Instalar un biodigestor permite sustituir el uso de gas LP por biogás para cocinar, lo que brinda muchos beneficios, incluyendo reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera, mejorar la economía familiar, reducir el pesa-do trabajo de cortar y acarrear leña para la cocina, disminuir la exposición de la familia a los humos provenientes de la quema de leña y contar con un fertilizante natural de excelente calidad para la producción agrícola.
Además, resuelve el tema de los malos olores y el manejo de las descargas residuales que puedan resultar de la crianza de vacas, cerdos o borregos, así como de los desechos humanos.
¿Qué son los biodigestores?
Un biodigestor es un con-tenedor cerrado hermética-mente que, a través del aprovechamiento de estiércoles y desperdicios orgánicos por colonias de bacterias, genera un proceso anaeróbico de oxidación a partir del cual se produce un gas (metano) que es combustible y un líquido (biol) mejorador de suelos.
La asociación civil Otros Mundos Chiapas desarrolló el programa Autosuficiencia energética con biodigestores, a través del cual instalarán 20 biodigestores en la región de Los Altos de Chiapas, en acuerdo con las familias campesinas indígenas de la región. A sus bondades ambientales se añade el hecho de que es un proyecto que impacta de forma directa en la economía y en la salud familiar.
José Agustín Vázquez Álvarez, promotor comunitario y técnico certificado, colabora con Otros Mundos en la instalación de los biodigestores; ya antes había instalado este tipo de contenedores en diversas regiones de la península de Yucatán.
“El biodigestor funciona utilizando los desechos de los animales y las descargas de residuos sólidos urbanos, productos que en algún momento se tienen que manejar. Un proyecto de este tipo en una región como Los Altos es muy útil porque hay mucha dificultad para la obtención de leña, además de que el humo emitido durante la quema daña la salud. Es una zona en la que hay mucho enfisema pulmonar justamente por la exposición a los humos de la cocina de leña”, explica Agustín.
Actualmente, ya instalaron cinco biodigestores en esta región y ahora dan acompañamiento a las familias en su uso y manejo. Con este proyecto buscan impulsar la creación de una red de usuarios de biodigestores en la región.
Agustín agrega otros beneficios a los ya mencionados: al instalar los biodigestores, ya no se necesitan instalar fosas sépticas y el fertilizante es muy nutritivo para la milpa y las hortalizas que producen las familias, además de que no degrada el suelo, como sucede con los fertilizantes químicos.
“El biodigestor se adapta muy bien a las condiciones de una familia. Para instalar-lo, hay que tener dos vaquitas o cinco cerditos; también se puede utilizar con estiércol humano”.
Además señaló: “Hay que darle su cuidado, el biodigestor empieza a formar parte de la familia… Esto le genera un cambio de actitud a la familia. La instalación de biodigestores es un proceso len-to que requiere de la observación de resultados y de cierta labor de convencimiento. Las familias son complejas y desplazar el uso de la leña no es fácil pues el fuego, además, tiene un significado cultural. Hay familias que no tienen problema para hacerlo, hay otras que tienen temor. Las familias que aceptan instalar el biodigestor no dejan la leña por completo, sino que combinan su uso con el biogás”.
Para las mujeres, la instalación del biodigestor implica reducir la carga laboral de salir a buscar la leña para el fuego, además de reducir su exposición al material particulado emitido por estufas pobremente ventiladas.
La ciencia en la cocina
Alermo López y Melisa Presas viven en Comitán, Chiapas; tienen una hectárea de tierra, dos vacas y cuatro ovejas. En su casa viven cinco personas y hace un mes que instalaron su biodigestor.
“Llevamos 20 días de tener gas. El primer día que abrimos la estufa fue sorprendente. Balam, nuestro hijo de 11 años, vio todo el trabajo de instalación. Y cuando abrimos el gas, su reacción fue inolvidable. “¡Wowwww! Esto es increíble, es ciencia”, dijo. Es un regalo atreverse a hacer cosas distintas. Ya también tenemos un panel solar. Estamos agradecidos, sigue el asombro, pero ahora estamos aprendiendo el manejo.
Ahora también usamos las descargas humanas. Aquí en Comitán ya se contaminó todo un lago de Montebello, por la falta drenaje. El biodigestor es una solución. Soñamos que otro mundo es posible y que podemos construirlo colectivamente”, dice Alermo acerca de qué ha pasado en la vida familiar con la llegada del biodigestor.
Melisa añade: “Ahora los desechos son muy valorados. Podemos cocinar y sostener la vida, además el fertilizante es muy útil para nuestra huerta. La gente de alrededor se asombra, nos pregunta, viene a verlo. Agustín nos había dicho que tendríamos cuatro horas de gas al día, pero en realidad lo hemos usado diario y nunca se ha terminado. Hemos cocinado ahí todos los tiempos de comida, es suficiente para lo que se cocina. Nosotros gastamos 500 pesos de gas LP cada tres meses, entonces ahí nos ahorraremos unos 2 mil pesos al año; si a eso le agregas el gasto en leña, que es de mil pesos al año, el ahorro será de unos 3 mil pesos anuales”.
El fertilizante que se produce en el biodigestor, conocido como biol, mejora mucho las cosechas. Melisa y Alermo planean comenzar a sembrar nopales y pitahayas utilizando el biol que produce su biodigestor. El biodigestor requiere mantenimiento y eso genera cambios en la dinámica familiar y también en la valoración de los residuos. Si bien en las ciudades sería difícil instalar biodigestores, lo cierto es que esta ecotecnia puede instalarse incluso en zonas semiurbanas y usarse de manera cotidiana.
El biodigestor se puede adaptar a distintas condiciones del clima. En la experiencia de Agustín, ha funcionado muy bien en península de Yucatán, a nivel del mar y con altas temperaturas, pero también en Los Altos, a pesar del clima frío y de estar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.
El reto hoy, señala Agustín, es ampliar el programa, incluso con apoyo gubernamental, pues se trata de una solución de bajo costo que mejora la calidad de la vida de la gente, la empodera energéticamente, ayuda en la regeneración del suelo y evita la contaminación de los cuerpos de agua.
Además, los residuos orgánicos pasan de ser un pasivo ambiental del que no se puede disponer adecuadamente, por la infraestructura inexistente en ciertas regiones, a ser revalorizados como un activo sostén de los medios de vida de las familias.
Compartimos este reportaje publicado en El Ciudadano sobre la minería y los mega proyectos en la Sierra Norte de Puebla – A 3 de julio del 2021
Por Kara Castillo
El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV.
«Proyectos de muerte» es el nombre que reciben los planes de exploración, extracción y explotación de recursos naturales que resultan dañinos para el medio ambiente y no respetan los procesos de autodeterminación de las comunidades donde se encuentran.
El Colegio de Postgraduados – Campus Puebla ha documentado que el «Proyecto de Muerte» Ixtaca constituye uno de los conflictos socioambientales y minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, México.
A pesar de que Puebla no es productor de oro y plata, en 2015 el gobierno concesionó alrededor de 169 mil 320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar según el Sistema de Administración Minera (SIAM) serán oro (18 por ciento), plata (18 por ciento), zinc (16 por ciento), cobre (15 por ciento) y plomo (13 por ciento) (SIAM, 2016).
En la Sierra Norte de Puebla se realizan actividades de exploración del proyecto minero de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV, empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de dos gramos de oro por tonelada equivalente.
Para el año 2012, bajo el amparo de los títulos 241003 y 241004 adjudicados a la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., con vigencia hasta el año 2062 y prorrogables otros 50 años, se concesionaron 55 mil 885 hectáreas (SIAM, 2016), que corresponden al 97.5 por ciento del área autorizada para la minería en la Sierra Norte de Puebla.
Para el 2013, en la exploración se habían realizado aproximadamente 400 barrenos, calculando 1.35 millones de onzas probadas de oro equivalente, 2.18 millones de onzas indicadas y 717 mil onzas inferidas, lo cual lleva a formular un plan de explotación de la mina de 14 años para el proyecto Ixtaca (publicado en la página web de Almaden Minerals).
Las y los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y las organizaciones que durante nuestros años de resistencia al conocer el rechazo de la MIA celebraron la decisión de la Secretaría y aunque reconocieron este acto como un pequeño triunfo para las comunidades reconocen que el proyecto sigue vigente y que esto no pone fin a las pretensiones de Almaden Minerals de imponer un proyecto de muerte en el territorio.
Defensores del Territorio afirman que la resistencia crece, más pobladores están tomando consciencia de la dimensión del proyecto minero y se han sumado al rechazo.
“Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals y hemos luchado para desmantelar las mentiras de la minera. Esta lucha se intensificó en los últimos dos años, cuando la empresa manifestó sus intenciones de iniciar la explotación de la mina. Tras la Reunión Pública de Información, realizada el 25 de junio de 2019, como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, comunidades, académicos y defensores de derechos humanos manifestamos a la Semarnat en 17 ponencias los motivos científicos, técnicos y sociales por los que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es inviable, dadas las graves e irreversibles consecuencias que tendría para el medio ambiente, para toda la cuenca del río Tecolutla y para todo el sistema agroforestal del que depende la vida de las comunidades originarias de la región. Defensores del territorio
“El 22 de octubre de 2019, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua entregamos a la Semarnat actas de asamblea con tres mil 500 firmas, en las que en un ejercicio de autodeterminación hicimos de conocimiento a la autoridad ambiental que rechazamos el proyecto minero y negamos nuestro consentimiento para su realización», dice el comunicado emitido por las organizaciones que defienden el territorio.
Rechazo de los pobladores
En dicho escrito, las organizaciones defensoras del territorio manifiestan: “Almaden Minerals ha violado los derechos de las comunidades desde que inició la exploración en Ixtacamaxtitlán y continúa mintiendo a sus inversionistas y al público. En su comunicado, en el que la empresa manifiesta su decepción con la decisión de la Semarnat, cita un documento de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, diciendo que ‘tras analizar el caso, se consideraba que no era necesaria la consulta (a las comunidades) ya que los datos analizados indicaban la ausencia de población indígena en el área del proyecto’, lo cual fue desmentido por el mismo Instituto, que señaló que tanto en el municipio de Ixtacamaxtitlán como en el área de influencia del Proyecto Minero Ixtaca existe población indígena y que, por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
“La empresa también señala en su comunicado que ha cumplido con la Evaluación de Impacto Social; sin embargo, este supuesto estudio, pagado por la empresa, nunca se hizo público y nunca fue entregado a las comunidades. Todos los demás argumentos mencionados en su comunicado para convencer a los inversionistas y al público del supuesto proyecto ‘responsable con el medio ambiente` han sido ampliamente rechazados por las comunidades con argumentos científicos, técnicos y con un enfoque en derechos humanos.
“Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades para explotar los bienes naturales de su territorio. Si Almaden Minerals insiste en su proyecto de muerte, las comunidades estaremos en pie de lucha para evitarlo”.
