La lucha en Yucatán por frenar la devastación por industria porcícola

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021

Por Aldo Santiago

La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.  

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.          

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.                   

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad

Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

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Inicia juicio Fraude Gualcarque violando los derechos de las víctimas

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas COPINH sobre – A 23 de agosto del 2021

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Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:

  1. La comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el COPINH, una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
  2. El artículo 17 del código procesal penal nos da el derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto.
  3. Los convenios y estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
  4. Los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento del ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres, los funcionarios públicos responsables deben ser condenados por estos crímenes.
  5. El COPINH demanda que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca; la familia Atala Zablah.
  6. Las comunidades Lencas exigimos que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.

Imagen: COPINH

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Oaxaca: REMA se suma a las exigencias de la Comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Solicitando a la SEMARNAT no ceder ante la presión del Lobby que impulsa la ecocida minera canadiense Fortuna Silver Mines

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021

El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales     -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.

No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca.  La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.

En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.

Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.

¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!

¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Imagen: NVI Noticias

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En México, pueblos indígenas sin reconocimiento al derecho al agua

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.

Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.

No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.

Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.

El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.

La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.

Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.

Concesiones, por mayoreo

En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.

La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto.  Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.

A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.

Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.

La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.

Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X

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Empresas alemanas en “tren maya” refuerzan despojo y militarización

Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 16 de agosto del 2021

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

El informe Tren Maya made in Germany. La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción, destaca la participación de empresas alemanas que a primera vista no tienen nada que ver con el sector de infraestructura.

“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.

Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados

Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.

“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.

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El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.

Inversiones

“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.

El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren. https://www.youtube.com/embed/0FIxH__c80g?feature=oembed Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas

Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:

La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.

“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.

Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.

Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.

“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.

Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.

En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.

Sureste, el objetivo

En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.

“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.

Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.


La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.

“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”, destaca el documento.

Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.

Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.

“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.

En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.

“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.

Imagen: En portada: El presidente de México anunció la creación de una empresa de las Fuerzas Armadas a cargo del “tren maya”.

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Posicionamiento ante Visita del Presidente de México a Temacapulín, Jalisco: Un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia

Compartimos este pronunciamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC, MAPDER – A 16 de agosto del 2021

Temacapulín, Jalisco. 16 de agosto de 2021

Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.

Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:

1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo. 

2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.

3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.

Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo,  no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:

a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente  a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.

b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.

c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.

d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!.  De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.

Coincidimos con el Presidente López Obrador: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.

#LosPueblosDeciden

#LosPueblosNoSeInundan

Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio

Más información:

Energía renovable en América Latina, abusos y violencia en aumento

Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021

Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.

Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.

Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Denuncias

El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.

El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.

De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.

México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.

En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.

En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.

Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.

Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.

Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.

Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago

Más información:

La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA), Viola los Derechos de los Ríos

Comunicado de Otros Mundos sobre los derechos de los ríos en el marco del Congreso de HIdroenergía en Costa Rica próximo a realizarse y sumándose a la Movida Global por los Ríos y los Pueblos – A 11 de Agosto del 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<

Millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la
construcción de las represas. Incluso quienes resistieron han sido asesinados como nuestra amiga Berta
Cáceres en Honduras en 2016. Pero así muchas más defensoras y defensores de los Ríos, sus
comunidades, al agua, sus ecosistemas, se les ha arrebatado la vida en pos del supuesto desarrollo que
ha conllevado devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de
bosques y biodiversidad.

Pese a todo ello, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) convoca al Congreso
Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica donde se pretende
afianzar el discurso y las políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de
corrupción, bajo el argumento de que con el uso de la energía renovable, las represas son energía
limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”. Sin
embargo, el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del
Modelo Extractivo que se le impone. Hoy por hoy, las represas y su fuente de energía cada vez más
intermitente por el Calentamiento Global, son ya insustentables.

Sin embargo, los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este Modelo Extractivo que viola los
Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y vitar que sean intervenidos con el
fin de mantenerlos vivos para darle vida al Planeta.

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México se suma a la llamada “MOVIDA GLOBAL POR LOS
RÍOS Y LOS PUEBLOS” para exigir un alto a la construcción de las represas, a la muerte de los ríos y
del Planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los
Derechos de los Ríos y el Derecho a la Vida estén por encima de los intereses particulares y de lucro de
las grandes corporaciones constructoras de represas. Nuestro Planeta grita que encontremos otros
horizontes que nos permitan transitar a otros mundos posibles y detener la destrucción y el
Calentamiento Global.

¡Ríos para la Vida!

Otros Mundos AC/Chiapas-Amigos de la Tierra México

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Río Cacaluta en Acacoyagua, Chiapas – Otros Mundos

Más información:

Folleto: El Tren Maya

Compartimos esta publicación que analiza el mal llamado Tren maya y los diferentes impactos que tendrá en el territorio y la población realizada por nuestra compañero Nieves Capote – A julio del 2021 >>Descargar folleto en pdf<<

El Tren maya

Ni Tren, Ni Maya

INTRODUCCIÓN:

El Tren Maya se anuncia en Diciembre de 2018. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024)
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se presenta como el principal proyecto de infraestructura,
desarrollo socioeconómico y turismo sostenible en la región Sur-Sureste de México y del sexenio.
Este Plan Nacional se compone por el Tren Maya, las Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, el
Corredor Multimodal Interoceánico, la Zona Libre de la Frontera Norte, programas de Infraestructura
Carretera y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.
Lleno de polémicas, entre quienes defienden este proyecto y quienes lo cuestionan, incluidas
comunidades indígenas y campesinas de las poblaciones por dónde pasará, el Tren Maya NO ES SÓLO UN
TREN, es mucho más que eso. Es parte de todo un proyecto que tiene una visión ideológica de lo que es el
Re-Ordenamiento Territorial del Sur-Sureste.
En este material abordamos el Proyecto, de qué está compuesto y sus posibles impactos, dando voz a
muchos sectores que reflexionan, analizan y aportan cuestionamientos a tener en cuenta.

INDICE

INTRODUCCIÓN__pag 5
INDICE__pag 6
UNA MIRADA GLOBAL__pag 7
UNA MIRADA GLOBAL__pag 8
¿QUÉ HAY EN EL TERRITORIO?__pag13
EL PROYECTO TREN MAYA__pag 15
La Manifestación del Impacto Ambiental, MIA__pag17
LA CONSULTA__pag19
EL TREN__pag22
Tren y Polos de desarrollo__22
¡QUIEN SE QUEDA CON EL TREN?__pag 23
¿Y EL DINERO?__pag 26
IMPACTOS__pag 28
DE LAS VIAS Y EL TREN__pag29
Expropiaciones y Desplazamiento de Población__pag 29
Destrucción de Ecosistemas__pag 30
Impacto de la velocidad y el Ruido__pag31
Fauna y Personas__pag 32
DE LOS POLOS DE DESARROLLO__pag 33
Agua__Pag34
Sitios Arqueológicos__36
Turismo__37
Agroindustria__pag 39
FUENTES__pag 43

UNA MIRADA GLOBAL

El Tren Maya se enmarca en un Modelo mucho más amplio, y en una visión de lo que sería el desarrollo y ordenamiento territorial para el Sur-Sureste del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz,Yucatán) dentro del cual, el Tren, es parte del transporte.

Y es que el Tren Maya es parte de un viejo sueño Neoliberal: el discurso oficial habla de desarrollo socieconómico,
ordenamiento territorial, interconexión, comercio, turismo..

Carlos Salinas de Gortari a principios de 1990 hizo ya un planteamiento sobre este territorio con el llamado “Proyecto Mundo Maya”: la creación de una gran zona de desarrollo turístico en el sureste del país, ofertando a los inversionistas una enorme zona con playas, propiedades, tierras, zonas arqueológicas, y riquezas naturales y minerales. Una gran zona de comunicación por carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, que interconectaría y crearía la infraestructura necesaria para el turismo de masas por la región Maya, que incluía a Belice y Guatemala.

Ernesto Zedillo lanzó en 1996 el “Programa Integral de Desarrollo Económico” para el Istmo de Tehuantepec : mismos planteamientos de utilizar para el mercado las oportunidades de una zona geográficamente estratégica para el comercio, integrar bienes y servicios, proyectos de infraestructura (carreteras, puertos, tren interoceánico), parques industriales en torno a petroquímica, maquiladoras, pesca, minería, agroindustria, explotación forestal, energía eólica, turismo, creación de polos de desarrollo, etc. Se planteó como la creación de la alternativa al Canal de Panamá, como el corredor de comercio entre océanos más importante de América.1

El gobierno de Vicente Fox mezcla todos los anteriores proyectos y lanza en marzo de 2001 el “Plan Puebla-Panamá (PPP)”: para Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El Plan Puebla Panamá se planteó como una extensión de esta visión del territorio para facilitar el acceso, extracción, uso y transporte para las corporaciones. Ampliaba el espacio comercial, no sólo entre el océano pacífico y el atlántico, o la región Sur Sureste, o la región Maya. El PPP ponía el trozo del geográfico comercial para Estados Unidos… y el acceso a las materias Primas.

De nuevo este Megaproyecto incluía un Corredor de Infraestructuras (carreteras, trenes, puertos, aeropuertos), el Corredor de Energía (Red Regional de Fibra Óptica, Red de Interconexión Eléctrica, Hidrocarburos, Termoeléctricas, Gaseoductos, construcción de Represas), el Corredor Biológico Mesoamericano, Agronegocios (agroindustria, plantaciones forestales), Corredor de Turismo, Creación de Clusters o Polos de Desarrollo , Sumideros de Carbono, Corredores Industriales (maquiladoras)…También se plantea como un modelo de contención y control migratorio.

Entonces le sigue Felipe Calderón y continúa con el PPP pero lo rebautiza como “Proyecto Mesoamérica” en junio de 2008: este proyecto es la continuación del PPP, pero suma a Colombia y con este impulso pretende concluir la Red de Carreteras, las conexiones y el transporte de trenes para de Corredor de Turismo, terminar la interconexión eléctrica y el impulso a las represas en la región, red de fibra óptica, fortalece las plantaciones y el uso de Biocombustibles, acuerdos para control migratorio y fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad en la región (Plan Mérida-Plan Colombia), impulso al Corredor Biológico Mesoamericano, polos de desarrollo, etc. El Proyecto Mesoamérica tiene como novedoso que mete a todos estos proyectos en el Mercado de Carbono, consiguiendo un doble negocio con los Certificados de Reducción de Emisiones y potencia la “imagen” de economía verde.2

Completa la lista de Megaproyectos que ponen a la región al servicio de los grandes Capitales con Enrique Peña Nieto y sus “Zonas Económicas Especiales (ZEE)”, en abril de 2016 : el Corredor industrial Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec figura como una de las primeras ZEE propuestas, también el puerto de Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.

Las ZEE tienen como característica especial convertirse en una Zona con excepciones fiscales y aduaneras: tendrán un régimen aduanero especial; mayores facilidades para comerciar, invertir e instalarse en la Zona; tendrán la infraestructura y la logística necesaria; financiamientos especiales; grupos de población que aporten mano de obra; las empresas tendrán otro marco regulatorio distinto al resto del país, etc. El objetivo es ofrecer un “entorno de negocios
excepcional para atraer la inversiones”, para esto se les ofrece un país dentro del país, donde las corporaciones estarán en un tipo de paraíso fiscal y libertad para sus empresas.3

Todos estos Programas y Proyectos durante estas décadas tuvieron innumerables protestas, críticas y generaron resistencia en las poblaciones locales como en diferentes sectores, debido a lo que suponían de destrucción de la biodiversidad, afectación de territorios, extracción de riquezas y materias primas, privatización de bienes comunes, destrucción de la cultura y formas de vida de comunidades indígenas y campesinas, acaparamiento de agua, desplazamiento y expulsión de población, contaminación, violencia, militarización, etc.

Y estamos en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador con el “Plan Nacional de Desarrollo” (2019-2024) retoma prácticamente todos los aspectos, planteamiento, visión de los proyectos anteriores, teniendo como íconos el Proyecto del Tren Maya, retoma el megaproyecto del Corredor Multimodal Interoceánico, la Zona Libre de la Frontera Norte (características de las ZEE), el Tren Maya y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, entre otros.

El Tren Maya se plantea como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo
del presente sexenio, para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aunque se ha proporcionado poca información desde un inicio sobre temas concretos de la implementación del proyecto, el Proyecto del Tren Maya recupera y continúa los proyectos anteriores y aporta para su logro la construcción de un Tren y también de los conocidos Polos de Desarrollo, planteados en décadas anteriores.

El objetivo es “reordenar a la península e incentivar el desarrollo en regiones no integradas a los circuitos turísticos y económicos”, “consolidar la región maya como un corredor de desarrollo en el que florezca la industria agraria y energética; se impulse el desarrollo tecnológico; se multipliquen los centros de trabajo; y se integren los puertos y los destinos turísticos” (Fonatur, 2019). Para esto se crearán centros urbanos o polos de desarrollo.

El Tren Maya es así, parte de un viejo sueño Neoliberal: conectar, poner, territorios y pueblos bajo en control del capital. Podríamos decir que el Tren Maya es un cachito del Proyecto Mesoamérica ( antes Plan Puebla Panamá) y que junto con el Corredor Interoceánico del Itsmo, no podemos mirarlo sólo como un tema regional, sino como un eslabón de la integración comercial al capital transnacional.
Veremos cómo el llamado Trena Maya aunque sí tiene sus afectaciones, es sólo el transporte de un proyecto mayor y más destructivo para la región: el concepto de desarrollo, los proyectos de este desarrollo, en manos de quien queda eses desarrollo. También veremos cómo el tan nombrado “Reordenamiento Territorial” sí significa afectar territorios.
Vamos¡

>>Seguir leyendo folleto<<

Más información:

[Video] Serie: Voces en resistencia III – Amenazas en la Zona Zoque en el Norte de Chiapas

Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.

Más información:

Firma carta sobre incorporación de COPINH a caso Fraude Gualcarque

Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021

Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras

Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.

>>Firma aquí<<

En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.

El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.

La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.

Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9

Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.

Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:

1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.

2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.

3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.

Cordialmente.

>>Firma aquí<<

Imagen: Río Gualcarque – COPINH

Más información: