Oaxaca: Los mixes ante el corredor interoceánico

Compartimos este reportaje publicado en la Biodiversidad LA sobre el corredor transistmico – A 13 de abril del 2021

«No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios».

En las múltiples alianzas y confrontaciones antiguas, hay unas que son significativas para entender la presencia de los pueblos mixes ante el paso interoceánico. El bloque de mixes, popolucas y chinantecos poblaban gran parte de lo que hoy es Coatzacoalcos; mientras que, en el paso intermedio, estaban los mixes, zoques y choles; el Istmo era ocupado por mixes, chiapanecas y zoques. Estos pueblos eran aliados. En toda esta franja también se podían encontrar tseltales, tsotsiles, tojolabales, entre otros grupos. En contrapartida, los zapotecos (las élites de Valles Centrales), mixtecos (cercanos a los anteriores) y nahuas de la Cuenca de México (posteriormente tlaxcaltecas) formarían una alianza con los hispanos, quienes pretenderán apropiarse del territorio del corredor. Las rencillas de mixes contra zapotecos y mexicas eran muy antiguas, al igual que su cercanía con algunos grupos mayenses. El punto es que varias comunidades mixes poblaban el tránsito entre las dos costas oceánicas.

A Enrique Peña Nieto le tocó promover las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para dar continuidad al megaproyecto de los gobiernos anteriores, además de impulsar la inversión china, sólo que ya no se trataba solamente de un corredor de comunicación, sino industrial. Igualmente, intentaba rehabilitar la vía ferroviaria. En las ZEE quería enlazar la conexión pendiente con Chiapas y el sureste (para conectar con Centroamérica) y también con los estados de Michoacán y Guerrero. En este periodo también entraron otras intenciones en la industria, como la farmacéutica, por la Southwest Energy. El corredor se ve como un paraíso para diferentes empresas. Pero bueno, las intenciones de Peña Nieto también fueron soterradas. Otro partido obtuvo el poder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana la presidencia con Morena.

Las noticias se mostraban alentadoras cuando se anunció que AMLO eliminaba el proyecto de las ZEE, además de que, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su dirección por parte de Adelfo Regino, luchador social mixe, originario de Ayutla, parecía que los megaproyectos llegaban a su fin. Sin embargo, desde el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de noviembre de 2019, quedaba claro que la erradicación de las zonas especiales se debía a que “las mismas no han podido operar” por no cumplirse los requisitos legales y no haberse “reportado inversiones públicas productivas”. Esto es, se requería de un nuevo proyecto que permitiera la factibilidad real y concisa del funcionamiento del Corredor Interoceánico como de otros proyectos pendientes en los estados de la República que enlazaran las economías con Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.

AMLO toma posesión el 1 de diciembre de 2018; para el 23 del mismo mes presentaba su Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) y designaba a Rafael Marín Mollinedo como su director. Junto con este proyecto retoma los pendientes como el Tren Maya —o Tren “malla” o Tren No Maya como lo nombran los colectivos mayenses. Eso sí, pone mayor énfasis en las injusticias sociales y señala que su proyecto sí tratará de subsanar la pobreza. Pero aquí estamos, con el mismo proyecto de dominación sobre la región. Las zonas de influencia quedan demarcadas con todas sus letras, sin sutilezas, sobre los territorios mixes, chontales, huaves, zoques, zapotecas, nahuas y popolucas, aunque sin nombrar a los pueblos en específico. Los mapas que presenta sólo muestran una región ampliada y fantasmagórica (como los programas anteriores), así que es una tarea personal comenzar a cruzar la información cartográfica para poder señalar los pueblos afectados. A lo largo del corredor se crearán “zonas libres” para la inversión privada y con la modernización del ferrocarril del Istmo a Coatzacoalcos también pretende la construcción de un gaseoducto y una línea de fibra óptica para abastecer la demanda de las empresas y atender a los ciudadanos (en este orden). Para el proyecto requerirá dos recursos fundamentales: energía y agua.

En el decreto por el cual establece la creación del Corredor se declara a este organismo como público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y de contratos, es decir, que pueda hacer lo necesario para concretar el proyecto. Asimismo, se declara al INPI como entidad responsable para velar por la identidad, cultura, costumbres y recursos naturales de los pueblos, además de coadyuvar en los procedimientos de consulta. Esto, que parece positivo, no lo es tanto, pues como los mismos pueblos han indicado, existen arbitrariedades en los procesos, repitiendo las situaciones de otros años.

Mapa proporcionado por la autora

El meollo del asunto se encuentra en la legitimización de las consultas a los pueblos, en donde el INPI, como “velador” de los intereses de los pueblos, evita acatar sus decisiones para proteger los intereses del Corredor. ¿O bien se desconocen los detalles que afectarán a la región? La zona de influencia no abarca al pueblo de Ayutla, de donde es originario Regino, pero sí lo abarcan los parques industriales. En este sentido, las recientes denuncias al chat pornográfico “Sierra XXX” por colectivos mixes y, especialmente, por la activista Yásnaya Aguilar (Ayutla), son muestra de cómo lo que se juega en las fichas de la política tiene como fondo los megaproyectos. Humberto Santos (Zacatepec), quien fue evidenciado como parte de la red digital que exponía a mujeres mixes, renunció (o fue destituido por el bien mayor) a la candidatura por la diputación local. A la contienda por la candidatura del Distrito Mixe-Choápam se sube otro compañero de las mismas mañas. Es de notar que los participantes mixes del chat son o eran parte del INPI, así que, ¿qué está operando a través de un grupo de personas mixes que trabajan para el Estado? Es evidente que el partido en el gobierno requiere ser mayoría para generar los proyectos detenidos (como cualquier otro partido en el poder), pero, aunque éstos ganen, las movilizaciones sociales continuarán por la defensa del territorio —otra cosa es que los partidos de oposición estén de oportunistas—, pues la vida de los pueblos está más allá de las decisiones partidistas, llámese PRI, PAN o Morena. El dispositivo de poder devora todo a su paso. Los intereses personales quedarán aplastados por los intereses transnacionales. El pueblo de Zacatepec, de donde es originario Humberto Santos, sí es parte de la zona de influencia del Corredor. La lucha en las relaciones de poder es la lucha de intereses.

Entre los objetivos del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 pueden encontrarse puntos que mueven los sentimientos de justicia, pero basta contrastarlo con la realidad. Sí, están los compromisos en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, pero no las vías para que, en caso de que un pueblo no acepte, el proyecto cambie. En todos los programas se da por entendido que los pueblos aceptarán el proyecto. También está presente el discurso para acabar con la pobreza bajo los mecanismos globales de progreso, pero no bajo la dinámica de mejorar la vida conforme los pueblos lo decidan. Para “convencer” a las comunidades se hacen recorridos en la región para ver la posibilidad de “ayudar”, a la vez que se valoran los “recursos humanos, materiales y operativos” con que cada uno cuenta. En este mismo sentido, no podemos dejar pasar desapercibido el anuncio de que el programa “Sembrando vida”, que da un apoyo económico a los comuneros, se extenderá a los municipios oaxaqueños en donde influirá el Corredor. El proyecto del Corredor se abrió públicamente a la inversión extranjera. Surbana Jurong, empresa de Singapur, desarrollará el proyecto para conectar los puertos a nivel internacional (como se ha venido planeando: Asia, Europa y Sudamérica), además de dos áreas económicas (Veracruz y Oaxaca). Algo que está de manifiesto en las cartografías sobre los megaproyectos (Colmix, Geocomunes, Ejatlas) es que hay un cerco sobre la mayor parte de la región mixe, sobre todo a lo que correspondería al Distrito. Las extracciones mineras de metales (plata, oro) y no metales (arena, granito, mármol) ya están muy próximas a volver a operar, ahora en conjunto con la adjudicación del agua. Así que Morena deberá ganar este distrito (y otros) para que los proyectos se efectúen. La región mixe es rica en varios recursos naturales, no lo olvidemos.

En el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (2019) se establece la “gran riqueza en recursos hídricos” en la región del Corredor, con ello quedan de manifiesto tres ríos: Coatzacoalcos (el más importante), Tehuantepec y Los Perros; de tres afluentes: Uxpanapa, Cuachapa y Cahuapan, además, por supuesto, de las corrientes subyacentes. Las ramificaciones acuíferas atraviesan la región mixe, desde los pueblos más cercanos al istmo (Guichicovi), como los más alejados (Cotzocón y Zacatepec). Todos los afluentes que pasan por los pueblos están dentro de la “zona de influencia”.

Así, cuando superponemos el mapa de los programas gubernamentales con la región geográfica que ocupan los mixes, queda en evidencia que la zona de influencia (de la que casi no se habla), aunque oculta, está a la vista.

Mapa proporcionado por la autora

El agua es un asunto que no puede dejarse pasar, pues en caso de que no se obtenga el líquido vital, el gran proyecto quedaría nuevamente en entredicho. Así, por las disposiciones de que el proyecto se lleve a cabo, el apremio es grande. ¿De qué sería capaz un gobierno que ve truncadas sus ilusiones, más cuando existe una fuerte presión por parte de las empresas extranjeras que están invirtiendo? En Oaxaca se encuentran 64 de las 66 áreas certificadas como “riqueza natural”, las otras dos son de Veracruz. Para que este megaproyecto pueda realizarse se requieren de los recursos acuíferos y energéticos, los territorios y las costas: los que están en las comunidades indígenas.

No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios.

El Corredor Interoceánico sigue siendo una alternativa al Canal de Panamá. Hay muchas industrias que están en medio de este proyecto, nacionales y extranjeras (estadunidenses, canadienses, chinas, singapurense) y también de diferentes ramos (hidrocarburos, agroindustriales, comunicaciones, manufactureras, navales, mercantiles, mineras, etcétera), puntos que favorecen a la inversión extranjera, pero que mantienen y acrecientan la dependencia económica de la región, todavía más cuando los comuneros pierdan sus tierras y se vuelvan obreros asalariados sin hogar. Las fronteras económicas (creadas por las inversiones extranjeras de diferentes nacionalidades) son las nuevas lindes, las fronteras políticas sirven para preservar dichos límites. Si los pueblos desearan entrar al sistema-mundo debería de ser bajo sus términos, no por imposición.

La conexión de la vía transístmica (Istmo-Coatzacoalcos) con la vía del Tren Maya (península), recordemos, es por Campeche. ¿Acaso no es el estado en el que se tiene prisa por vacunar y que empiece la vida económica de forma inmediata? No es fortuito, es parte de la unión de megaproyectos. La línea de Chiapas es la que se unirá con Guatemala. Así, esta parte del sur de México se unirá con los proyectos centroamericanos, pero también el Corredor tendrá la virtud de que se pueda unir con los proyectos andinos y amazónicos. No olvidemos que el Corredor sólo es un engrane en la gran maquinaria de las macroeconomías. Los países de Bolivia y Brasil también tienen urgencia en que los megaproyectos se realicen. Lo que queda de manifiesto en la historia del proyecto del Corredor Interoceánico con respecto a los pueblos mixes —como de otros— es el punto de control económico, político y bélico, que ha pretendido ser a costa de sus vidas.

Ana Matías Rendón, escritora de origen mixe, licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos. Directora de Sinfín: Revista Electrónica. Sus últimas publicaciones: “El registro del espacio-tiempo mixe y su (re)inicio” (ensayo) y La discursividad indígena (libro).

Fuente: Suplemento La Ojarasca, La Jornada

Imagen: Biodiversidad LA

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FMO retira financiamiento a banco FICOHSA. FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 21 de mayo del 2021

FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción así como graves violaciones de Derechos Humanos.

  1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Atala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.
  2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.
  3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
  4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.
  5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.
  6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.

Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Imagen: COPINH

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Sonora: “FRESNILLO plc” Celebra 13°años con manteles largos llenos de sangre

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de mayo del 2021

En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.

Su “cesión de derechos”coincide con el 13voaniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).

En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático;“La Herradura” (una de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega- ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/

La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg(sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son intocables.

Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar, intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada,que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014, el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.

Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and SilveroFirst Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo, curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slimy Salinas Pliego, “casualmente” artífices de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto de interés.

Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.

Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.

Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères,esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.

CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO

ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ, AMBOS TAMBIÉN DEL EJIDO EL BAJIO

LA IMPUNIDAD LE PESA A LA 4T

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Kau Sirenio – Pie de página

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Biodigestores, una aternativa encaminada a la autogestión energética

Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.

El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.

También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.

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Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre el recurso de la consulta para la aprobación del megaproyectos – A 6 de mayo del 2021

Por Renata Bessi

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.

“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,

DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.

Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.

La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte.   Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.

Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.

Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.

El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.

Imagen: Avispa Midia

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Mentirosa y mediocre respuesta de la Empresa Minera Equinox Gold relacionada con la ruptura de su represa en Brasil en marzo 2021

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la ruptura de una represa de una minera canadiense en Brasil nuevamente- A 23 de abril de 2021

En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó temporalmente la carretera de la aldea de São José.”

De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación independientes como una falla de la «presa de jales». No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de «productos químicos tóxicos» en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”

Estas afirmaciones las ha realizado la empresa a pesar de que las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos de Brasil, han enviado notificaciones a la empresa para que esclarezca los hechos de contaminación por el desastre en esa región aurífera, a lo cual la empresa Equinox Gold responde sólo con un correo de manera evasiva y desdeñosa. https://mab.org.br/2021/04/01/cndh-notifica-equinox-gold-para-esclarecimentos-sobre-rompimento-em-aurizona-no-maranhao/

Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras la instalación de nuevos filtros”.

Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.

Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.

En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado por el crimen de Equinox Gold.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.

No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.

¡JUSTICIA PARA MARANHAO!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Avispa Midia

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Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Imagen: Carlos Castillo – Avispa Midia

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Gobierno Provincial de Catamarca y Minera Yamana Gold Declaran la guerra al Pueblo Andalgalá en Argentina

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Argentina – A 19 de abril de 2021

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal 29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!


RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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Oaxaca: Comunidades se pronuncian contra Minera Cuzcatlán

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 30 de marzo de 2021

Nueve comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca lanzaron la tarde de este martes (30) una carta en la cual rechazan el proyecto minero San José de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La carta es una respuesta a la réplica que ha dado esta empresa en relación a la investigación periodística “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”, publicada en alianza con Avispa Midia; Aristegui Noticias; Pie de Página y Connectas. 

Las comunidades sostienen, “nuestras asambleas comunitarias han determinado prohibir cualquier actividad que tenga por objeto explotar nuestros bienes comunes”, de manera que la Minera Cuzcatlán opera “sin el consentimiento de nuestras asambleas”.

Reiteran que la comunidad Magdalena Ocotlán “ha vivido los impactos” producidos por el derrame de jales en el arroyo El Coyote, en 2018, y por “la contaminación hallada en el río Santa Rosa, en 2020”.

También te puede interesar: Sobre la investigación “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”

A continuación, la carta íntegramente, firmada por la presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, la sindicatura municipal, la regiduría de Hacienda, el comisdariado ejidal, el consejo de vigilancia, entre otros.

Imagen: Avispa Midia

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Oaxaca: Jaime Jiménez Ruíz otra víctima más de la violencia incontrolable contra defensores del territorio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otro asesinato más en Paso de Reyna, Oaxaca – A 31 de marzo de 2021

El pasado 28 de marzo fue asesinado cobardemente el compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien fuera parte del Movimiento por la Defensa del Río Verde. Con él ya suman 5 asesinados en lo que va del año en esta comunidad ejidal de Paso de la Reyna, Municipio de Jamiltepec, Oaxaca y 26 asesinados en los últimos 4 años en este Estado.  El 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que desde hacía 14 años había dedicado su vida a defender su territorio. El 14 y 15 de este mismo mes Raymundo Robles Riaño suplente del agente municipal, Noel Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, todos miembros de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna fueron asesinados.

Tanto Jaime Jiménez, como Fidel Heras Cruz eran pilares en la lucha contra proyectos extractivos e hidroeléctricos que han pretendido acabar con el Río Verde, principalmente los proyectos hidroeléctricos como el de la Presa Paso de la Reyna y Río Verde, así como la extracción de material pétreo.

A pesar de que la comunidad ha denunciado a grupos y familias caciquiles en diferentes momentos, ni las autoridades locales, ni federales han emprendido medidas para acabar con la violencia que se ha estacionado en esta comunidad, de hecho, hasta el momento todos estos crímenes han quedado impunes.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos este cobarde asesinato. Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia y amigas/os de Jaime Jiménez Ruíz, al Movimiento por la Defensa del Río Verde, así como al COPUDEVER y la organización Servicios para la Educación (EDUCA).

Nos unimos a la exigencia de medidas cautelares que salvaguarden la integridad de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna, así mismo exigimos a la Fiscalía General del Estado y de la República emprendan las investigaciones necesarias para capturar y castigar a los responsables no solo de este asesinato, sino de todos los que han quedado impunes en esta comunidad.

¡BASTA YA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PASO DE LA REYNA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: COPUDEVER

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La minería Verde y Sustentable Canadiense “Equinox a la Vanguardia”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y un nuevo desastre en Brasil por la rutpura de presa nuevamente – A 29 de marzo de 2021

Mientras el patrón mundial del discurso empresarial avanza inmisericorde desde el Banco Mundial, entre otros, quienes ahora apuestan al financiamiento de la minería climáticamente inteligente para la transición energética, un nuevo y escandaloso desastre ambiental envuelve de nuevo al Modelo Extractivo Minero.  De nuevo en Brasil, de nuevo una presa revienta, de nuevo un río envenenado para siempre, de nuevo cientos de habitantes que se quedaron de golpe sin agua limpia y ahora enfrentarán el paulatino incremento de enfermedades a la salud, con la esperanza de sobreponerse para resistir el largo trecho que deben recorrer para alcanzar justicia; por cierto, una justicia inacabada, incompleta e incomprensible para la población, pero muy eficiente y bien hecha para que la impunidad se instale en los lodos y metales tóxicos que estarán en el río y sus cuerpos para siempre.

El pasado 25 de marzo, en el municipio Godofredo Viana, del estado de Maranhão, en Brasil, se desbordó la presa del proyecto minero Aurizona, perteneciente a la empresa canadiense Equinox Gold, https://twitter.com/MAB_Brasil/status/1375486303626797057?s=20, lo cual  inmediatamente nos hizo recordar las tragedias en las que se vio envuelta la población, tanto del “emblemático” caso de la ruptura de la presa minera de Brumadinho, ocurrido hace apenas dos años en el estado de Minas Gerais al sureste de Brasil, como también lo sucedido en el 2015 por la Vale y BHP Billiton, cuando se rompió y se vertieron unos 50 millones de m3 de relaves de mineral de hierro a lo largo de la cuenca del Río Doce hasta llegar al Océano Atlántico.

Una muestra más de las mentiras del modelo extractivo y sus promoventes, tal cual opera la empresa Equinox Gold, cuando argumenta su compromiso de implementar las mejores prácticas en minería responsable. https://mab.org.br/2021/03/25/barragem-de-mineracao-de-ouro-rompe-em-godofredo-viana-no-maranhao/

Sirva este nuevo desastre ambiental, social y productivo para recordarle al mundo que la minería debe estar prohibida en todo el mundo, que los desastres recurrentes de daños a la población y al ambiente deben ser pagados con la cárcel de propietarios, directivos y operadores y utilizar la riqueza de su saqueo para resarcir, en la medida de lo posible, los daños permanentes que ocasionan.

En México, Equinox Gold opera el proyecto de “Los Filos” en la comunidad de Carrizalillo, en donde la población ha definido a la empresa como racista y discriminatoria, además de incumplir los convenios que acuerda con sus grupos de interés.

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Imagen: Avispa Midia

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