Más de 20 mil firmas piden a CONAGUA que salga la Coca Cola de San Cristóbal

Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

>>Firma le petición aquí<<

San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.

Ilustración por Colectivo Alter-Navitas

Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.

Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua

Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».

Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Minera derrama casi 6 millones de litros de desechos tóxicos en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 mayo de 2020

En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante el resto de la contigencia por el COVID-19.

Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango.

Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentraciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.

De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la operación de la empresa”.

PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.
Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente.

Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.

Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!

!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Derrame de presa de jales en Canelas, Durango. (Especial), Milenio

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La justicia para Berta está en riesgo

Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020

El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS

El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.

La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.

Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.

Rep. Jim McGovern: “Honduras no debe usar el coronavirus como excusa para liberar a los hombres que asesinaron a Berta Cáceres” Congresista EE.UU

Erika Guevara Rosas: “El COPINH denuncia información sobre la posible liberación de dos de los condenados por el asesinato de la prominente defensora de los derechos humanos y lideresa Lenca #BertaCáceres” Directora para Las américas @AmnistiaOnline.

TeleSur: Alerta, dos asesinos de Berta Cáceres podrían ser liberados en Honduras

Criterio.hn: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

¿Y EL JUICIO DE DAVID CASTILLO CUANDO?

A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.

Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue  interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.

Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como  su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.

BCIE vende su participación  para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.

El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.

El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.

Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.

Imágenes: Área de comunicación del COPINH

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La caridad insultante y el oportunismo de las empresas mineras

LA DESFACHATEZ DE SUS MANIOBRAS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020

Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.

Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.

La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.

Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.

Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.

Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.

Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.

Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.

LA OMISIÓN DEL ESTADO ES COMPLICIDAD

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

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Pronunciamiento frente a la solicitud de cancelación de la Concesión A FEMSA Coca Cola en San Cristóbal De Las Casas

Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019

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Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.

Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable.
A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.

Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.

Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.

De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.

#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo

Firman

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya

>>Descargar pronunciamiento en pdf<<

Imagen: Colectivo Tragameluz septiembre 2019

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Posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 ante la crisis del COVID 19

Compartimos este posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 – A 27 de abril de 2020

La crisis de salud que atraviesa a la humanidad y su entorno, es motivo para repensar el rol y deber que debemos ejercer para la sustentabilidad de nuestro planeta. Es por eso que:

  1. Las organizaciones socioambientales, comunitarias y rurales, que conformamos el M4, extendemos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos del mundo ante la crisis sanitaria producido por el COVID 19.
  2. El M4, cuyo accionar y actividades son en Latinoamérica, expresa su profunda preocupación por las miles de familias que además de ser víctimas del COVID 19, son aquellas que históricamente han sido afectada por un modelo de desarrollo que los ha mantenido en una desigualdad social y marginados de una salud digna.
  3. El M4 ha sostenido como principios que ante la crisis ambiental global, un mejor modelo económico, es aquel que conserva su patrimonio ecológico, condición para optar por un ambiente sano para los ciudadanos.
  4. El M4, ante la crisis del COVID 19, expresa y repudia enérgicamente, que la carga y secuelas negativas para la economía general, sea asumida a futuro por nuestros pueblos.
  5. La pandemia del COVID 19 pone de manifiesto que los conflictos socioambientales provocados por el capital financiero sobre el espacio natural, han quedado a merced del descontrol, desamparo e intemperie de las protección ambiental de los derechos humanos.
  6. El M4 hace un profundo llamado a los gobiernos, defensorías del pueblos, y organismos de Derechos Humanos de la región, para que cumplan con los oficios y exigencia para la la suspensión de operaciones de las empresas extractivas mineras. Dicha operaciones están violando las leyes nacionales en materia de salud y ambiente y poniendo en riesgo a los trabajadores y comunidades aledañas, sin ningún control o medidas que eviten la propagación del COVID 19.
  7. Ante la crisis del COVID 19, queda en evidencia que las empresas mineras apuestan a sus ganancias sin importar los efectos negativos que generan en la población. Además se suma su falta de cumplimiento de medidas de contención y prevención ante cualquier hecho que atente con la vida de sus trabajadores.
  8. En cumplimiento de las medidas de salud y cuarentena, el M4 junto a pueblos asechados por el COVID 19, exigen a los gobiernos priorizar la atención a salud, alimentación y servicios básicos de superviviencia para sus poblaciones, en especial aquellas comunidades marginadas que son las que más están sufriendo las consecuencias de la propagación de esta pandemia.

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Imagen: Movimiento M4

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Firma la Petición: Agua para San Cristóbal

Revocar la concesión de aprovechamiento del agua a Coca cola FEMSA en Chiapas

Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.

>>Firma le petición aquí<<

Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.

Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.

¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua

Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Se solicita a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Coca-Cola FEMSA en Chiapas

Compartimos boletín de prensa den Ayutamiento de San Cristóbal de Las Casas sobre la extracción del agua en la ciudad – A 30 de abril de 2020

Firma la petición aquí

El Síndico municipal de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revocar la concesión de aprovechamiento de agua que le ha sido otorgada a la “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por Coca-Cola FEMSA en Chiapas.

El pasado día 26 de marzo del presente año, el Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz, envió comunicación oficial a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, así como al Director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Licenciado Francisco Zebadúa Alba, la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio.
La comunicación presentada se justifica en los efectos negativos de los refrescos en la salud, pone en riesgo el abasto del vital líquido, así como en los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como son la diabetes, obesidad, hipertensión, caries, entre otros. “La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua.”

Actualmente San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209, 591 habitantes, y el Organismo Operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), reporta un consumo aproximado de agua de 10, 688, 520, 000.00 L. (diez mil seiscientos ochenta y ocho millones, quinientos veinte mil litros) al año en la ciudad; así mismo manifiesta no contar con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante de agua a los hogares, recibiendo múltiples quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua, por lo que es evidente la imperiosa necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible de este vital líquido para satisfacer su creciente demanda.

Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previsto en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además deberá analizarla, teniendo en cuenta los estudios sobre disponibilidad del agua en la región, privilegiando el aprovechamiento para el consumo humano.

El Síndico municipal cuenta entre sus principales atribuciones y obligaciones, previstas en el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, la de “procurar, defender y promover los intereses del municipio”, razón por la cual, la solicitud presentada representa un imperativo legal, dadas las consecuencias en la población generadas por la concesión otorgada.

Imagen: Protestas afuera de la embotelladora, crédito: Óscar Gómez

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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Covid-19 no para el saqueo de oro en Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020

Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.

El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).

La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.

Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.

Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.

Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.

Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.

Imagen: En la imagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

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¿Qué Gobiernos detendrá el saqueo de Carlos Slim?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de abril de 2020

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento Arbitrarioen contra de Roberto de la Rosa Dávila,Defensor del Territorio en Salaverna, Mpio. Mazapil Zacatecas

>>Firma la petición en línea aquí<<

  • Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
  • Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
  • Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
  • Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
  • Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
  • Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
  • Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:

Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.

El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)

Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.

No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).

No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.

Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.

Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:

  1. Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
  2. Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
  3. Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
  4. Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Entrañable Bety Cariño a 10 años de tu partida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020

Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.

Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida. 

Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida. 

Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio:  Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.

¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Lesli Aguilar, Quadratin Oaxaca

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