Comunicado de Otros Mundos en felicitación y reconocimiento al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» por su sexto aniversario de resistencia y lucha por la vida – A 18 de junio de 2021 >>Comunicado en pdf<<
El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).
Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que, desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes.
La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.
El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato recibió elII PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.
El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal y juntos decimos:
¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!
Imagen: Entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – 27 de noviembre de 2021 – Área de Comunicación de Otros Mundos
Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021
Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.
#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.
El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.
Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El problema de las constancias de posesión
En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.
Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.
El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.
Foto: Cortesía
Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.
El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.
El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.
El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades
Foto: Cortesía
Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.
La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.
Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.
Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.
“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.
“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.
Estamos muy felices y emocionados por invitarles a participar en la 1er Vía Recreativa San Cristóbal este domingo 20 de junio de 8 de la mañana a 12 del día.
El punto de partida es en la Iglesia de San Nicolás, a un costado de la Catedral
Ruta: Iglesia de San Nicolás, Calle Guadalupe Victoria, Calle Francisco Zarco, Calle Diego de Mazariegos y Parque Central
Niñas y niñas deben ser acompañados por un adulto
Llevar casco y chalecos
Recuerda llevar agua, utilizar cubrebocas y seguir las medidas sanitarias.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Pagina de Chiapas Paralelo sobre los procesos de autodeterminación en Chiapas – A 30 de mayo del 2021
Hace tres años, en Chilón y Sitalá formaron gobiernos comunitarios que, basados en el derecho, también demandan al Estado mexicano su reconocimiento. Es una reflexión continua de la realidad indígena y de la recuperación de sus formas de resolver conflictos y desigualdades; de buscar alcanzar el lekil cuxlejal (la buena vida, la armonía individual y colectiva con la tierra)
Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
CHILÓN, CHIAPAS.- El incienso se desliza entre el murmullo de letanías que buscan elevar el nivel de conciencia y la reflexión. Se suma el ayuno, la oración que realizan los convocados desde el día anterior. Catorce concejales —tres mujeres y 11 hombres— se sientan alrededor del altar maya y de algunos símbolos religiosos católicos, en un acto mezcla de espiritualidad y política con el que los pueblos tseltales conforman su cosmos. Es la ceremonia de toma de cargo del Concejo de Gobierno de Chilón, que se celebra en la comunidad La Primavera los días 20 y 21 de mayo.
Las personas que están aquí fueron elegidas previamente como concejales, en asambleas de sus comunidades. Esta forma de gobierno está incluida en la solicitud de reconocimiento que en noviembre de 2017 entregaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) poco más de 30 mil tseltales. Es decir, poco más del 50 por ciento del listado nominal de electores.
La población tseltal tiene una concepción particular de concebirse a sí misma: la búsqueda de su bienestar físico y espiritual está ligado directamente a la tierra y su conservación. En la última década, los tseltales han realizado múltiples “marchas-peregrinaciones” donde llevan imágenes religiosas que se mezclan con grandes lonas exigiendo la desmilitarización de su zona, denunciando el impacto de la presencia de grupos criminales, demandando la cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros u otros que buscan apropiarse de la riqueza que hay en su territorio.
Fue entre los tzltales donde el obispo Samuel Ruiz García, que en 1959 llegó a Chiapas a evangelizar a la población indígena, terminó él mismo transformado en un actor político activo. “Para los indígenas, las realidades materiales y espirituales son lo mismo”, explicó en su libro Cómo me convirtieron los indígenas.
La construcción de los gobiernos autónomos
A la comunidad La Primavera, ubicada unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, llegaron representantes de los 20 centros que ahora tiene el Gobierno Comunitario, y los representantes del municipio de Sitalá, quienes una semana después celebraron también la ceremonia de toma de cargo Concejo de Gobierno de su municipio.
En una cocina comunitaria prepararon el alimento para compartir, y desde las ventanas de ese lugar, entre el olor a maíz recién cocido y café, la lluvia envolvió las voces y fue humedeciendo esa tierra verde de árboles que llegan a alcanzar más de 30 metros de altura.
En el centro del poblado, junto a la cocina comunitaria, está la construcción que hace las veces de Iglesia, que de salón de organización política y social, donde se dan cita quienes integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), un organismo que nació en 2013 como resultado de los procesos de análisis de la realidad que promueve la Misión de Bachajón, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
El Modevite, al que ahora pertenecen más de una docena de municipios no solo tseltales, sino de los grupos indígenas choles y tsotsiles, fue el detonante organizativo que necesitaban en Chilón y Sitalá, para avanzar en la construcción de gobiernos autónomos comunitarios.
“Lo que surgió como una resistencia (a la alcoholización que empezaba a impactar la zona, y a la construcción de una autopista que atravesaría la región) terminó siendo una propuesta alternativa a los partidos políticos”, narró Rodrigo Pinto, jesuita que formó parte de la Misión de Bachajón.
Antes, en 1992 y 1995, quienes ahora forman parte de los Gobiernos Comunitarios de Chilón, tuvieron la experiencia de haber colocado a un indígena como candidato en las elecciones partidistas, “prestando” a un partido político su registro.
En los dos procesos electorales de esos años ganaron la presidencia, pero luego vino “la influencia partidista, la división interna” en sus comunidades, el rompimiento del lekil cuxlejali. Esa, decidieron entonces, no era la vía para colocar a sus autoridades.
En 2015, los tseltales de ambos municipios, colocados sobre el andamiaje del derecho internacional y las leyes nacionales que reconocen al sistema normativo indígena, empezaron a formar grupos llamados “comisiones para la autonomía”.
Inspirados también en los procesos de los indígenas de Cherán, Michoacán, en noviembre de 2017 solicitaron formalmente al IEPC el reconocimiento del derecho a la libre determinación de sus pueblos, a través de la celebración de elecciones de sus autoridades por el sistema normativo indígena.
El IEPC intentó esquivar la solicitud en el laberinto de la burocracia, entonces los tseltales actuaron por dos vías; por una parte, iniciaron de facto la construcción y nombramiento de los Gobiernos Comunitarios. De forma paralela, revocaron ante los tribunales cada una de las negativas del órgano electoral.
En 2019, el Instituto tuvo que iniciar el proceso de análisis y reconocimiento con un primer paso, que es la certificación de que en esos municipios tienen una población mayormente indígena. Cuando antropólogos acudieron a la región para dar salida a este trámite, el presidente municipal con licencia de Chilón —que ahora busca reelegirse—, Carlos Ildelfonso Trujillo, orquestó el bloqueo de caminos, organizó reuniones discrecionales a modo, secuestraron a los antropólogos y quedó el trámite incompleto.
Luego vino la pandemia y nuevamente se estancó el proceso legal de reconocimiento a su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena.
Pero los tseltales de Chilón y Sitalá no se detuvieron.
Dos gobiernos que coexisten
Una parte de la población de estos municipios se rige aún con el sistema partidista. Pero ahora, el nombramiento de los gobierno comunitarios, avalados por más de la mitad de la población, obliga a quienes siguen en el sistema partidista a coexistir con los gobiernos autónomos comunitarios.
El 20 de mayo, día del inicio de la toma de cargo de las y los concejales que van para el segundo periodo de tres años de los gobiernos comunitarios, en la cabecera municipal de Chilón, personas armadas dispararon contra una representante del Partido del Trabajo, y seguidores de los candidatos del Partido Verde y de Morena se liaron en una discusión que terminó con disparos y acusaciones mutuas de ser partícipes de acciones ligadas a grupos criminales.
En los años recientes, diversas zonas indígenas de Chiapas se han visto envueltas en incidentes relacionados con estos grupos criminales, que han desplazados poblados enteros para intentar apropiarse del territorio, incrementando el nivel de consumo de droga, y el tráfico de mercancía ilícita.
Mariana Mora, coautora del libro Autonomías y autogobierno en la América diversa, señala que algunos pueblos de Chiapas “han transitado en gran medida del ejercicio a la autonomía como una serie de acciones que interpela directamente al Estado para exigir transformaciones de fondo, a una serie de medidas de protección de la vida-existencia colectiva frente a los despojos y actos de violencia física extrema ejercida por parte de actores etiquetados como legales e ilegales, incluyendo el narcotráfico y empresas extractivistas”.
La construcción de gobiernos autónomos que funcionan de facto —como los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá— son, en ese panorama, “mecanismos de protección y defensa”, de procesos emancipatorios, liberadores que buscan proteger la vida.
¿Cómo funcionan?
“A tres años, contamos con nueve oficinas que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos (jmeltsa´anwanej, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz”, explica la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.
En su estructura formal, también tienen promotores de gobierno comunitario (schebal jtiaw), coordinadores de región (bah jtijaw), comisiones jurídicas (jucwanejetic) y las personas concejales de gobierno comunitario (j’a’teletic yu’un ca’telpatantayel jbahtic).
En la evaluación que hicieron antes de regresar a sus comunidades, señalaron sobre este proceso:
“Tres años de trabajo, tres años andando caminos alternativos y construyendo autonomía (…) ratificamos la continuidad de nuestra lucha por el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante los retos de las diversas realidades (continuamos) en la búsqueda de una sociedad alternativa y la reconstrucción del tejido social para la recuperación de la armonía comunitaria, donde la paz y la justicia sea nuestro modo de estar y convivir”. https://www.youtube.com/embed/qJG1_K_oc28?feature=oembed
Este trabajo fue relizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de mayo del 2021
A través del presente comunicado queremos hacer del conocimiento público que, previo al desarrollo de nuestro encuentro nacional de enlaces, llevado a cabo del 20al 22de mayo en Guanajuato,en el cual participaron enlaces de 13 de los 15 estados de la República Mexicana en los que como REMA tenemos presencia hasta esa fecha nos enteramos de una rueda de prensa en donde Geovanna Dávalos, enlace de REMA en Guanajuato del 2016 al 2019, hizo del conocimiento público el haber interpuesto una demanda penal contra Gustavo Lozano en la que expresa haber vivido diversos tipos de violencia de género. Gustavo Lozano ha sido parte de la REMA desde sus inicios y también ha sido enlace de REMA en el estado de Guanajuato.
En ese mismo evento, Geovanna y un representante de la organización Las Libres hicieron mención recurrente de REMA, entre otras organizaciones de las cuales Gustavo forma parte o es acompañante de procesos. Nos acusaron de actuar como cómplices,de permitir la violencia, de legitimar y solapar acciones relacionadas con la violencia de género. Eso nos anima a colocar algunos cuestionamientos sobre este tipo de señalamientos hacia REMA,primero porque nos parecen desproporcionados y segundo porque equívocamente implicaría que en REMA existen normas dañinas que contribuyen al establecimiento de sistemas patriarcales que facilitan perpetuar estructuras de poder y mantener las desigualdades de género y pone al escrutinio como verdad lo que es totalmente falso.
Al respecto queremos manifestar nuestra posición:
1.La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) somos un espacio organizativo y político integrado,preferentemente,por mujeres y hombres de comunidades quienes en colectivo y bajo procesos gestados desde lo local,han y hemos decidido luchar contra el capitalismo patriarcal a partir de no permitir el ingreso en los territorios del impositivo y asimétrico modelo extractivo minero el cual estamos seguros,es uno de los mayores exponentes que hace énfasis en establecer diferencias estructurales de poder. Citamos un ejemplo para darnos a entender;las empresas mineras principalmente establecen acuerdos comunitarios en asambleas donde la mayoría de los integrantes son hombres, por lo tanto, no se consideran que los acuerdos ahí gestados dañarán por igual e incluso de manera más álgida a las mujeres,tal cual lo hemos documentado. En ese contexto, estamos claros que bajo el enfoque de género estamos inmersos en una problemática no sólo contra una empresa minera, sino que el problema es más grave porque las mujeres están impedidas de acceder a los bienes comunes naturales como tierra, así como también están impedidas de acceder a recursos materiales como créditos de financiamiento para emprender economías propias,o se encuentran limitadas al acceso de bienes no materiales como el poder político.Por lo tanto, el enfoque de género está presente en nuestro quehacer cotidiano.
2.Ese contundente hecho,nos hace reflexionar y trabajar con miras a romper ese espacio de poder e intentar la construcción de espacios horizontales, incluyentes y participativos. La fórmula para resolverlo no la tenemos,y nuestras búsquedas nos han enseñado en avanzar discutiendo y exigiendo que las estructuras comunitarias desde adentro rompan las inercias culturales que persisten, sabiendo también que el sistema en el que vivimos continúa retroalimentándolas.
3. A lo largo de 13 años de trabajo, las comunidades y grupos integrados en REMA hemos intentado una y otra vez construir territorios más justos y resilientes. Somos fieles creyentes a que únicamente a partir del fortalecimiento de las y los defensorxs de la tierra,del territorio,de los bienes comunes naturales y de la vida, damos pequeños pasos para ir deconstruyendo el patriarcado y construyendo senderos que nos permitan caminar en congruencia para erradicar todo tipo de violencias.Estamos totalmente claros que aquellas personas que viven en un contexto de violencia de género sumamente complejo,que no único, son las mujeres de las comunidades con quienes nos integramos como REMA. Esto nos impulsa permanentemente a identificar, reflexionar, replantear y actuar a partir de implementar procesos que vayan deconstruyendo relaciones de poder para avanzar en la construcción de comunidades y pueblos libres de violencia de género.
4.Como REMA trabajamos en comunidades distribuidas en varios municipios de 15 estados del país, razón suficiente para saber y reconocer que no estamos exentos de tener manifestaciones de violencia de género.Muchas de las cuales intentamos abordar de distintas maneras sea a través de información, de emergencia, con sororidad, con refugioo con acompañamiento a las compañeras para realizar denuncias,además de, constantemente participar en iniciativas estatales, nacionales e internacionales en donde trabajamos diferentes aspectos relacionados con el enfoque de género.Reconocemos que nuestro trabajo es insuficiente para transformar y eliminar los tipos de violencia de género,sin embargo, seguimos reconstruyéndonos en ese aspecto desde nuestras realidades, de tal manera que, nuestras insuficiencias y torpezas no nos hacen, en automático, ni omisos, ni protectores, ni solapadores.
5.REMA trabaja con una estructura de enlaces por cada estado de la República y,para ser enlaces requieren ser nombrados por las asambleas de las comunidades o de sus organizaciones. En total somos 22 enlaces de los cuales 12 son mujeres.Destacamos también que en REMA no tenemos una estructura organizativa piramidal, por lo tanto, carecemos de cargos de dirección, presidencia o cualquier otro que signifique verticalidad y el grueso de nuestros procesos se llevan a cabo bajo consensos.
6. Bajo esas premisas expuestas, nos parecen injustos y desproporcionados los señalamientos sobre ser cómplices al permitir, legitimar, solapar y ser protectores de quienes ejerzan acciones relacionadas con violencia como las señaladas en la rueda de prensa. Por el contrario, hemos sido activas/os para denunciar las violencias en contra de la mujer dentro de la REMA y dentro de las organizaciones con las cuales colaboramos. Como ejemplo de ello, mencionamos que en 2017 Geovanna participó como parte de la delegación de la REMA en un encuentro internacional en Costa Rica en donde vivió acoso sexual por parte de un delegado que no era de México. Ante esta situación y con el consentimiento de Geovanna, como REMA mandamos una carta denunciandolos hechos a la organización respectiva, en la cual manifestamos nuestro rotundo rechazo a toda forma de violencia y continuar construyendo y defendiendo espacios seguros para todas y todos.
7.En el 2018 iniciamos un proceso de reflexión sobre la violencia de género dentro de REMA y las organizaciones en las que nos integramos, de tal manera que, para establecer e implementar acciones que atiendan y de ser posible resuelvan la problemática,se formó y consolidó un espacio permanente de análisis al cual nombramos “REMA MUJERES”. Desde este espacio han derivado algunos acuerdos contundentes; por ejemplo,la necesidad de concluir un reglamento interno y construir conjuntamente un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género tanto al interior de la REMA, como al interior de los grupos, organizaciones y comunidades con las que nos relacionamos.En ese contexto, sabemos que nuestro reto es enorme y complejo, así como también es esperanzador impulsarlo.
8.Con la formación de REMA MUJERES y, a partir de la participación directa de Geovanna Dávalos, acordamos que nuestro acompañamiento debía estar centrado en respetar las decisiones que ella iba tomando acerca de su participación dentro de Acción Colectiva, así como sobre su relación con Gustavo Lozano.Nuestra finalidad fue la de no contribuir a procesos de revictimización y no, como se menciona en la rueda de prensa, tomando partido por Gustavo Lozano, menos aun de protegerlo. Hoy nos damos cuenta de que las acciones de acompañamiento para Geovanna Dávalos,a partir de su consentimiento expresado y registrado en diversos mensajes, reuniones y conversaciones,fueron insuficientes. Reconocemos nuestro error de no haber podido manejar y darle seguimiento a este tema de manera colectiva como red,sino solo a partir de iniciativas individuales.Pero de ninguna manera reconocemos que nuestras acciones fueron proteccionistas, solapadoras u omisas. Debemos decir que fue ella quien unilateralmente dejó de solicitar nuestro apoyo sobre su situación desde julio del 2020, cuando envió sus agradecimientos por la sororidad y el apoyo que la REMA MUJERES le había dado, como también de otros integrantes de REMA mostraron hacia ella.
9.Otro aspecto del acompañamiento para Geovanna Dávalos al interior de la REMA fue que, aun cuando ella finalmente salió de Acción Colectiva, se le permitió continuar participando como aliada de REMA MUJERES, aun y a pesar de que la regla para ser parte de REMA impide aceptar a personas en lo individual, ya que sólo se permite la integración a través de enlaces que deben ser nombrados por pueblos, organizaciones o colectivos. Esta “prerrogativa”le permitió representar a REMA en distintos espacios nacionales e internacionales de defensoras, así como también participó en intercambios de experiencias con grupos de mujeres. No queremos dejar de comentar que su continuación en REMA se deriva de un reconocimiento implícito de las capacidades potenciales, intelectuales y colaborativas que siempre mostró en los espacios de fortalecimiento comunitario, por lo tanto, su trabajo siempre fue reconocido y valorado en la red.
10.Dentro de nuestra asamblea de los últimos días y, ante los recientes acontecimientos analizamos y reflexionamos que estos esfuerzos relacionados con el enfoque de género y las violencias vinculadas no han sido suficientes,en consecuencia,nos implica un proceso más activo, profundo, decisivo y contundente.Una vez más,reconocemos que las acciones personales y colectivas no fueron eficaces en el contexto de la relación personal entre Geovanna y Gustavo. Además,a pesar de que REMA en lo general y REMAMUJERES en lo específico,estamos en constantes procesos de construcción, debemos destinar más es fuerzo en allegarnos de una mayor cantidad de elementos y herramientas incluyendo psicoemocionales orientadas a dar pasos más firmes y congruentes con nuestro horizonte relacionado con expulsar las actividades mineras de los territorios comunitarios y que cada territorio transite a la construcción de espacios libres de violencia de género.
11.Hacemos un llamado de colaboración y construcción para aquellas personas, comunidades y organizaciones que hayan adquirido mayor experiencia y tengan una mayor especialización en estos temas, ya que nuestra convicción es continuar fortaleciéndonos en este y otros temas tan relevantes que tenemos culturalizados los cuales debemos deconstruir en el andar durante los procesos relacionados a la defensa del o los territorios.
12.Informamos que tras conocer la denuncia realizada en la rueda de prensa y tras una nutrida reflexión colectiva al respecto, Gustavo Lozano asumió separarse de la REMA,ante las y los enlaces presentes en nuestro encuentro nacional.
13.Hacemos énfasis que como red emprenderemos acciones que nos lleven a garantizar que el trabajo contra el modelo extractivo se lleve en un contexto donde la sororidad, el respeto y la confianza, prevengan la construcción de círculos de violencia, y de esa manera empezar a responder en mayor prontitud contra todo tipo de violencias, incluyendo las expresiones machistas que socavan la defensa por nuestros territorios y bienes comunes naturales, con el propósito de juntas/os lograr, con ayuda de organizaciones hermanas, respuestas más sólidas ante cualquiera de estos casos que presenten sus múltiples manifestaciones.
14.De manera pública reafirmarnos nuestro compromiso con esforzarnos en romper el pacto patriarcal y estar en contra de toda forma de violencia ejercida en los cuerpos y en los territorios, principalmente de las mujeres que luchan en defensa de los bienes comunes, así como también de las compañeras que hacemos parte de la REMA. Refrendamos nuestra convicción de atender dentro de la REMA las violencias de género, tal cual lo manifestamos el pasado 8 de marzo: “Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivista que nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios”.
ATENTAMENTE:
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Carta de apoyo y solidariadad con el pueblo Garífuna en Honduras
CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZAL
C. JUAN ORLANDO HERNADEZ ALVARADO – Presidente de la República de Honduras AL C. MAURICIO OLIVA – Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras Al C. ROLANDO ARGUETA PÉREZ – Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras A LA C. LIDIA ESTELA CARDONA – Procuradora General de la República de Honduras AL C. OSCAR CHINCHILLA – Fiscal General de la República de Honduras A LA C. JACKELINE ANCHECTA – Secretaria de Estado por ley en los Despachos de Derechos Humanos. A LA C. BLANCA IZAGUIRRE – Comisionada Nacional Derechos Humanos Honduras MICHELLE BACHELET – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos GIOVANNI SASSOLI – Presidente del Parlamento Europeo NANCY PELOSI -Presidenta Cámara de Representantes EUA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA
SRAS Y SRES.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes como espacio de articulación de organizaciones defensoras de derechos, asociaciones estudiantiles; organizaciones de base, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, LGTBIQ, movimientos populares, artistas, campesinos, pueblos indígenas y negros organizados quienes nos fortalecemos en la diversidad, en el consenso y la horizontalidad como práctica política en la búsqueda de verdad y justicia para el pueblo garifuna en Honduras.
El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, Honduras. El ingreso a la comunidad se justificó a partir de un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. Según testigos de la comunidad el objetivo del indicado operativo fue capturar al presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno, quien, junto con Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix, fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Transcurridos 10 meses de la desaparición, las autoridades no han desarrollado una investigación diligente y efectiva que haya permitido establecer el paradero de los desaparecidos, identificar a los responsables de estos hechos o determinar el móvil del delito. Ante ello, y amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que se contempla, entre otros instrumentos, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea del pueblo Garífuna, a solicitud de familiares de los jóvenes desaparecidos, aprobó la conformación de El Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA).
Teniendo en cuenta la impunidad que opera en el país1, y la importancia de ésta en la histórica violación sistemática a los derechos humanos que ha vivido el pueblo garífuna, el SUNLA tiene como objetivo llevar a cabo una veeduría en el proceso de investigación ejecutada por el Estado de Honduras, y de manera simultánea, desarrollar una investigación competente, independiente y autónoma desde las formas ancestrales y propias del pueblo garifuna, que permita un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos, que haga posible identificar la verdad de los hechos y dar respuesta al reclamo de justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos y de las comunidades mismas.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones. En su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales otorgadas en favor de comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra2, adujo que, la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado.
Afirmamos que, de manera contraria a lo señalado por el Estado de Honduras, la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminacion como pueblo culturalmente diferenciado. . Por el contrario, su integración sería una muestra de voluntad del Estado de respetar los derechos del pueblo garífuna y de trabajar una estrategia conjunta de investigación que permita velar por la transparencia, eficacia e independencia en las investigaciones.
La incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos reconocidos a las víctimas de desaparición forzada3 , y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular4 en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.
De esta manera, les abajo firmantes, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, EXIGIMOS: 1.- La incorporación inmediata del SUNLA al proceso de investigación y búsqueda de los jóvenes garífunas desaparecidos el 18 de Julio del 2020. 2. El respeto irrestricto al derecho de las víctimas, familiares y representantes de acompañar y participar en el proceso de investigación y velar porque este sea exhaustivo e independiente; 2.- El cese a la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado contra el Pueblo Garifuna;
Por la vida y el territorio, justicia y verdad para el pueblo garifuna
———————————–
(1) Honduras es el segundo país con mayor índice de impunidad a nivel mundial, según el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad. (2) Oficio DNDDHH-LI-256-2021, mediante el cual se presenta informe en relación con el punto resolutivo sexto de la Resolución del 02 de septiembre de 2020. (3) La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en el artículo 24 que “cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida y recoger también el derecho de las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen el derecho de participar en la búsqueda, establecido en los Principios Rectores de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados en 2019. (4) Código Procesal Penal. Artículo 96. El acusador privado y los delitos de acción pública. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal podrá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión, o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales. Cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la acción privada, será representada por el Ministerio Público. El mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, hayan violado derechos humanos. La participación de la víctima como acusador, no impedirá que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le atribuye el presente Código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por el artículo 230 de la Constitución de la República.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo defensoras en América Latina – A 7 de mayo de 2021
En Mesoamérica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en años anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el número de ataques a defensoras mesoamericanas.
De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer – y por ende se efectúan diversos tipos de dinámicas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o será peor.
La naturaleza de las agresiones y número de víctimas de ataques es diferente en cada país. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represión y el odio.
En México, en marzo las protestas – y los actos de represión a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la república; en muchos casos la policía encapsuló a las manifestantes como medio de intimidación y coerción física. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibernético y la violación al derecho de difundir información de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparación a enero y marzo).
Defensoras en el 8M Oaxaca, México. Fotografía: Vanessa García Navarro
En Nicaragua, se reportó 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el día 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidió que lograran movilizarse libremente en el desempeño de sus diligencias.
En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 niñas y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia (madres de las víctimas de esta fatídica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este año dos madres activistas fueron asesinadas en su búsqueda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este año, la activista Elsa Siquín (también madre de una de las niñas victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.
En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la policía y el ejército. En añadidura, su sororidad con el insólito caso en el que una mujer que murió en prisión tras ser condenada debido a que sufrió una emergencia obstétrica, les ha costado desprestigio e estigmatización.
En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin único de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atacó con propaganda misógina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Además, destacan de los crímenes cometidos contra las defensoras de la tierra.
El gobierno en cada uno de los países mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procurárselos ellas mismas. El término “feminismo” se criminaliza, se castiga y se convierte en tabú. No obstante, el no ver, no oír y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. Únicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.
Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021
El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones.
La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:
Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;
Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia del Pueblo Garifuna en Honduras – A 14 de abril de 2021
El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.
En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.
A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.
Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.
También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”
La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.
“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el aniversario de COPINH – A 5 de abril de 2021
Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500 años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.
«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las prácticas culturales de los pueblos indígenas ».
Con Berta a la cabeza, este movimiento social indígena, ha luchado de manera continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales, en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta fue cobardemente asesinada.
A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento, persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas, amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras y compañeros más.
Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores intelectuales como la familia Atala Zablah.
Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su incansable lucha por la defensa de su territorio.
Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y para todas las y los asesinados y sus familiares.
¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÍO GUALCARQUE!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA!
¡VIVA EL COPINH!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
