En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia del Pueblo Garifuna en Honduras – A 14 de abril de 2021
El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.
En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.
A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.
Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.
También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”
La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.
“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el aniversario de COPINH – A 5 de abril de 2021
Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500 años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.
«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las prácticas culturales de los pueblos indígenas ».
Con Berta a la cabeza, este movimiento social indígena, ha luchado de manera continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales, en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta fue cobardemente asesinada.
A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento, persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas, amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras y compañeros más.
Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores intelectuales como la familia Atala Zablah.
Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su incansable lucha por la defensa de su territorio.
Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y para todas las y los asesinados y sus familiares.
¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÍO GUALCARQUE!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA!
¡VIVA EL COPINH!
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Volvemos, también, con ganas de crear caminos posibles para sostener la vida y ponerla en el centro. Por eso, en este episodio hablamos de la sostenibilidad de la vida.
La entrevista que nos dio Miriam Nobre y las reflexiones que Amaia Pérez Orozco compartió en un seminario de la Red de Estudios Rurales en febrero nos ayudan a responder qué significa «sostener la vida» en esta coyuntura.
«Más que recuperación económica, la idea es de renovación económica: fortalecer lo comunitario, pensar otras formas de relaciones entre Estado y comunidad sin racismo ni colonialismo. Y necesitamos una reconversión productiva junto al tema de la producción de energía justa». Miriam Nobre (Marcha Mundial das Mulheres)
Además, en abril, la SOF, el Colectivo XXK y la Fundación Rosa Luxemburgo de España lanzarán la publicación Juntas y revueltas: explorando territorios de la economía feminista. Es una oportunidad para seguir reflexionando sobre la economía feminista y las formas de sostener la vida.
Equipo: Helena Zelic, Patrícia Cornils, Azul Cordo, Fabiana Oliveira y Pluvia Oliveira.
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Compartimos este comunicado de las mujeres de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de marzo de 2021
El pacto patriarcal que las mujeres de México y del mundo exigimos que el Estado, las instituciones, nuestros compañeros y comunidades rompan,es el pacto que promueve la violencia directa e indirecta contra la mujer, aquel que silencia a sus víctimas y que permite que se cuestione más a las denunciantes que a los denunciados. El pacto patriarcal que exigimos romper, es también el que alimenta al modelo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan.
El modelo expoliador de la naturaleza y de despojo que el sistema capitalista impulsa es especialmente violento con las mujeres, quienes padecen de manera directa la violencia que este modelo desata en sus territorios (violencia física, psicológica, económica y sexual). Al tener la responsabilidad de los cuidados de la vida, el trabajo doméstico se triplica ante el rápido deterioro de los bienes comunes básicos cuando llega una minera (contaminación y escasez del agua, despojo de la tierra para alimentar, contaminación del aire); entre los más duros se encuentran los cuidados de familias enteras cuando éstas enferman como resultado de la devastación y la destrucción de otras formas de vida que las mineras detonan.
El patriarcado y el extractivismo provocan violencias diferenciadas contra las mujeres, quienes pierden su seguridad, su independencia por la economía local que manejan, su libertad de movimiento dentro de sus territorios, el derecho a su tranquilidad, espiritualidad, vida colectiva y una propia vida en comunalidad. Por otro lado, son las que más padecen la militarización, la delincuencia organizada, la paramilitarización, la política de aniquilamiento de las empresas en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal.
Por ello, mantener las concesiones mineras existentes en el país y, más aún, haber permitido que las mineras continúen activas durante toda esta emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, es también una agresión contra las poblaciones que se oponen a estos proyectos y, particularmente, contra las mujeres que han estado desde siempre al frente de esta lucha de defensa de los territoriosy de la vida. La minería no es una actividad esencial, lo son el agua, los ríos, la tierra, los territorios, el aire que esta actividad contamina, despoja y aniquila.Esenciales son las comunidades que la minería desplaza, la salud de las poblaciones que la minería despoja. Esenciales son las mujeres y la lucha que ellas han dado para defender la vida y los territorios, una lucha que se ha visto más asediada durante la pandemia.
Las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos abrazamos de manera sorora y combativa con las mujeres indígenas y no indígenas, campesinas y urbanas, migrantes, yafrodescendientes, todas esas voces de resistencia que luchan por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la justicia; a las mujeres que defienden sus territorios, la tierra, los ríos, la espiritualidad, la salud comunitaria, el conocimiento tradicional, a las mujeres que nos enfrentamo a los machismos en la casa, en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos y en las empresas. Con todas aquellas buscamos construir espacios propios de sobrevivencia que nos permitan vivir una vida más digna y alegre, donde podamos crear vínculos de solidaridad y relaciones sociales sanas,alejadas del patriarcado y su amenaza extractivista. Mujeres fuertes que construimos día a día un futuro más amoroso, más armonioso y respetuoso con otros seres con los que compartimos el planeta.
Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivistaque nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios.
LAS MUJERES LUCHAMOS POR LA VIDA, CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y EL PATRIARCADO QUE LO SUSTENTA
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MUJERES DE LA RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Pronunciamento de Otros Mundos Chiapas en el marco del Día Internacional de la Mujer – A 8 de marzo de 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<
Hoy 8 de marzo reivindicamos la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad y el respecto a nuestros derechos. El 2020 fue un año complejo por la epidemia de la Covid-19, nos vimos obligadas a resguardarnos en casa, pero miles de mujeres no estaban seguras en casa, las llamadas de emergencia a 911 aumentaron en 23%, es decir cada hora 68 mujeres llamaban pidiendo ayuda, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Nos pronunciamos en contra de este incremento de la violencia hacia las mujeres, en un país feminicida donde no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en un país donde nos acosan, nos desaparecen y diariamente matan a 10 mujeres, un país que protege más a los agresores que a las víctimas.
Un país donde no se dimensiona el feminicidio como tal. Un país donde un violador pretende ser gobernador. Un país donde nos matan por salir a estudiar, como el caso de Mariana Dávila en Chiapas o por salir a trabajar como el caso de Ana Gómez asesinada en Cancún, por mencionar algunos casos.Un país donde pareciera que no existe la justicia a los casos de violencia. Es preocupante que las mujeres seamos vistas como un objeto, que se puede violar, utilizar, desechar y tirar. Nos pronunciamos en contra de este sistema por omisión y complicidad al permitir que violentadores y asesinos de mujeres no sean juzgados por la ley o que sean liberados más pronto que alguien que robo un alimento o medicamento.
También queremos recordar a todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo: represas, minería, pozos petroleros, extracción de gas, privatización de los sistemas de agua, monocultivos y al robo de la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de proyectos a gran escala de energía renovables. Recordamos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida. También nos pronunciamos por la violencia y represión a nuestras manifestaciones cuanto exigimos justicia por el feminicidio de una compañera más.
Hoy nos invade, también, el recuerdo de nuestra compañera hondureña Berta Cáceres, a 5 años de su asesinato por defender el pueblo indígena lenca y el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su país. Berta, al igual que muchas compañeras indígenas, afrodescendientes y campesinas, fue víctima de la implementación de los proyectos que solo buscan despojo y muerte en los territorios. Rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, y a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, la criminalización, el hostigamiento, las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado.
Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la defensa de la tierra y el territorio. Nuestras palabras y nuestros gritos en contra de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las asambleas comunitarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos. Las mujeres tenemos el derecho de estar en el frente de las luchas y necesitamos de todas y todos los involucrados para desarrollar nuestro trabajo político efectivamente.
Seguimos exigiendo justicia para todas nuestras compañeras víctimas de esta campaña de muerte en nuestra región, entre las cuales estan: Berta Cáceres y Lesbia Janeth Urquía Urquía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Bety Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) de Oaxaca, México; Laura Leonor Vázquez Pineda, del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores en Guatemala; Emilsen Manyoma de Colombia de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Colombia; Nilce Magalhães Souza del Movimiento contra las represas en Brasil (MAB). Por mencionar algunas.
Exigimos y reclamamos que las autoridades y el sistema de justicia presten odios y den atención a nuestras demandas de justicia, de esclarecimiento y castigo a los feminicidios, de seguridad y libre manifestación.
Celebramos que a pesar de todo y aún en pandemia nos organizamos, nos encontramos y seguimos resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, en sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, organizativos, políticos y digitales.
Este día también sirve para recordar esa alegría y esa diversidad que nos convoca en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas. Como dice Vivir Quintana en su bella canción de lucha: Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, por eso:
¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras y defensores de la vida en México y América latina!
¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios! ¡Mujeres, Agua y Energía no son Mercancía!
El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.
La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.
Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.
El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.
En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.
“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.
El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.
Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.
El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.
Memoria
Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.
Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.
Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.
De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.
Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.
María Gloria Sánchez y Norberto Sántis López
Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.
“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.
En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.
Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.
A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.
Jorge Luis y María Gloria
En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.
Protestas Oxchuc
“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.
Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.
Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.
Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.
La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.
“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.
Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.
“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.
En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.
Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.
De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.
“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.
Caciques
Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.
Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.
Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.
Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.
Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.
Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.
No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.
De acuerdo a lo difundido por medios nacionales, “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.
En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.
Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.
Masacre
Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.
Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio. https://archive.org/embed/audio-acto-luctuoso-oxchuc
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.
asesinatos 2018 Oxchuc
Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.
Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.
Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.
Impunidad
“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.
“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.
Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.
Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.
No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.
“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.
Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.
La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.
En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.
Cambio de régimen
Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.
Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.
Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.
Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.
El doble filo de las consultas
Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.
“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.
No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.
“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.
“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.
A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.
En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.
Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.
Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.
Compartimos este video del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 25 de noviembre de 2020
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos para denunciar que miles de mujeres que viven dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera enfrentan cotidianamente violencia y abuso sexual. Expresamos nuestra solidaridad para con ellas y con todas las mujeres que se organizan para resistir.
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera. El video expone las numerosas y diversas formas de violencia vinculadas a las plantaciones industriales. Las empresas palmícolas destruyen las formas de vida y sustento de las mujeres. La violencia sexual, el abuso y la violación se convierten en una amenaza constante para las mujeres que viven dentro y alrededor de la plantaciones y para aquéllas que trabajan en las duras condiciones que las caracterizan.
Las compañías del aceite de palma sacan provecho no solamente de la explotación de la tierra y la mano de obra en sus plantaciones, sino también de la pared de silencio e impunidad en torno a la violencia sexual contra las mujeres que existe en dichas plantaciones. Hay que romper ese silencio. Y la violencia debe terminar. ¡Hay que parar la impunidad de la industria de la palma aceitera y los financiadores que la apoyan!
Con este video expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que quedan solas sufriendo violencia y abuso en silencio. Este video también es un tributo a todas las valientes mujeres que, contra viento y marea, resisten y dicen NO a la violencia y el abuso.
En solidaridad,
Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera*
*La Alianza Informal es un colectivo de activistas comunitarios y organizaciones de base de países de África Occidental y Central que resisten la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en la región.
Compartimos esta carta publicada en la web de Indignación.org – A 25 de junio de 2020
Junio de 2020, año de la enfermedad y la muerte
Sr. Presidente de México
Andrés Manuel López Obrador
Te volvemos a escribir esperando que el terrible temblor que pasó no les haya lastimado a ti y tu familia. Por aquí en este territorio no se sienten los temblores, pero, en cambio, las tormentas nos han dejado mucha tristeza porque se perdieron casi todas las hortalizas que ya estaban jats’ uts para vender.
¡Ni modo! Así es cuando pasa la desgracia, la conocemos por tantos huracanes que han pasado: perdemos en un sólo día todo lo que trabajamos por meses y por años. Nos golpeó fuerte ese Cristóbal, pero sabemos que nos podemos volver a levantar, ya estamos otra vez sembrando la milpa, ojalá y Dios quiera que la logremos. La vida sigue.
Pero ahora resulta que no sólo pasa por los huracanes que se pierde todo de un día para otro, ya oímos que a nuestros hermanos de Campeche les quieren mover sus parcelas y sus casas porque dicen que va a pasar el tren por allá. Van a perder todo lo que tienen sembrado.
Queremos compartirte algo para que lo entiendas. Muchas de nuestras hijas e hijos, hasta las nietas y nietos, la juventud por así decir, que ya fueron a la universidad, nos dicen que las lluvias, los vientos, las sequías caen más recio porque ya no nos defienden los montes como de antes… y dicen bien. Antes había montes y no había granjas de cochinos por todos lados, ni de esos abanicos enormes, ni esos espejos que utilizan ahora para hacer corriente. Antes no había nadie que sembrara esas plantas que les dicen transgénicas, ni tantas cosas que lastiman tanto al monte y al pueblo. Se necesita entender lo que está pasando y cambiar lo que hay que cambiar.
Por eso te volvemos a escribir. Hemos oído en la tele, el radio y hasta en nuestros celulares, como que nos contestabas lo que te escribimos antes. Nos pusimos el saco, dirás tú. Escuchamos lo que dices y pensamos que es bueno que ya te diste cuenta que somos mayas los que te estamos tratando de hacerte pensar.
Lo malo, en cambio, es que nos dices que no te entendemos. No importa mucho, estamos empatados: tú tampoco nos entiendes… en realidad ningún gobierno o partido político nos entiende.
Nos dices que todos somos adversarios, que somos del PAN, que leemos un diario que ni siquiera conocemos, que se llama Reforma. También dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de opinar, que debemos de estar ajenos a los jach pueblos donde si pasará el tren… ¡Te pasas presidente!
Lo que sí es cierto es que esto es muy político y nuestro Chuun T’aan es para eso, para hacer política. Hasta hemos oído que dices que somos sabios y que hay que hacer política. Pues ahora te lo escribimos de nuevo: queremos participar, te lo dijimos en la carta anterior, pero no se vale que sólo nos contestes por la tele.
Vamos hablar de verdad, con el corazón, para que nos entiendas. Somos mujeres que sabemos escuchar y resolver los problemas, somos hombres que sabemos hablar y cuidar la vida. Estamos organizadas, eso sí, en un Chuun T’aan, ¿leíste lo que es un Chuun T’aan, verdad? Te lo ponemos otra vez al final de este escrito, por si no pudiste leerlo. Ahí te decimos que nos hemos organizado desde hace algunos años, no para recibir programas asistenciales, ya vimos que esos programas no cambian nada en la vida de los pueblos, ni para agarrar el poder. No señor. Nos juntamos para ver cómo hacíamos para que de una vez ustedes, el gobierno, nos respeten nuestro derecho a la Libre Determinación. Queremos otra vez decidir nuestras vida ¿Crees tú que es imposible? Tú siempre dices que hay que ser optimistas.
Así que mejor te contestamos que somos mayas como dices, y dices bien, y todo lo que les pasa a los mayas no es ajeno a nosotras. Pensamos que hay mucho que no está listo, falta ver: ¿quién dices tú que es el “sujeto del derecho” de la libre determinación? ¿Cómo vas a decir cuáles son las mojoneras de nuestros territorios ancestrales? ¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en un territorio maya?
Ahí está, por ejemplo, esa consulta que dicen qué hiciste, tú decidiste dónde, cuándo y a quién preguntarle, nunca lo acordaste con nosotros los mayas ¿Será que así vas a hacer para decir quién es maya y quién no, qué pueblo es maya y cuál no?
Todo el tiempo están haciendo leyes a espaldas de nuestros pueblos, y con esas leyes que se hicieron sin que nuestro pueblo DECIDIERA, nos están jodiendo.
Nos gusta mucho la historia también y se ve que a ti también te gusta. Ignacio Ramírez “El Nigromante”, que tanto lo mentas, lo estudiamos y leímos que, cuando se discutió la Constitución de 1857, él dijo que “no había una sola nación en México sino muchas naciones”. Parece que eso no te gusta recordarlo.
Pero ahora, en 2020, nos encontramos con que nos han robado el derecho a ser una nación adentro de una Nación de naciones. ¡Y así nos han robado otros tantos derechos! Para ustedes no vale nuestra justicia, no nos dejan que seamos los pueblos quienes demos los permisos para usar, el agua, el sol y el aire.
Te contamos lo peor: ni siquiera nos apoyan para reconstruir nuestras casas como queremos, chulas de ripio, amplias, y frescas como siempre. Nos quieren hacer unas bodegas chiquitas para guardarnos y no ahogarnos. Esas casas parecen cajas de zapatos, nos gustaría ver que uno de ustedes los políticos vivan en una de ellas.
Bueno, pues ahora te volvemos a escribir para decirte otra vez que tenemos muchas cosas para conversar, justo por eso te preguntamos si de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a nuestro pueblo o es pura faramalla.
Nunca pensamos que una autoridad no haga su trabajo. La verdad sí queremos que hagas algo. Sabemos que lo malo son los pensamientos de mucha gente y las leyes que tenemos. Oímos esos pensamientos tan diferentes a los que tenemos… primero dicen que ya no hay selva y entonces piensan: “como ya no hay selva, destruyamos lo poco que queda”, en lugar de volverla a cuidar y ayudarla a que se recupere.
Queremos que, si es tu voluntad, hables recio para que se cambien todas las leyes que hacen que solamente nos vean como pobres, campesinos o desempleados. Así mismo decían los que nos invadieron y después lo repitieron los hacendados; ahora sus nietos de ellos lo están repitiendo. Tú no lo sigas diciendo, dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero igual hablas de ese tipo de progreso, como ellos hacen.
Nos despedimos todas y todos los que te hemos escrito ya desde antes, los que somos el Chuun T’aan. Aprovechamos para explicarte que le hemos pedido al equipo Indignación de derechos humanos que te mande estas palabras a ti y a los que te acompañan en tu trabajo. Indignación hace 30 años que trabaja para nuestro pueblo. Es a este equipo al que le encomendamos que ponga los amparos y las demandas tan difíciles en esos tribunales. Son las pocas rendijas que nos dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya.
No estamos peleando, estamos solamente trabajando para cambiar el mundo.
Saluda mucho a tu familia. Creemos que sería mejor que te quedes en tu casa.
Atentamente
Chuun T’aan Maya de Yucatán
Pd. Te volvemos a mandar la carta anterior que nunca nos contestaste, para que la recuerdes y, así como dice el Dr. Hugo, con mucho gusto te volvemos a explicar lo que no entendiste: http://indignacion.org.mx/otra-vez-se-lo-venimos-a-decir-no-nos-gusta-que-ustedes-decidan-por-nosotros/
Severiana Pat Tun, Tekom. Julio Chimal Noh, Kanxoc. Doroteo Hau Kuuk, Homún. Melecio Bernardo Xiu Uc, Mama. María de la Cruz Torres Chap, Maní. Angélica Padrón Euan, Chablekal. José May Echeverría, Homun. Verónica Rosado Góngora, Izamal. José Anastacio Euan Romero, Chablekal. Bernarda Góngora Mejía, Maní. Graciela Margarita Carvajal Flores, Dzibichaltun. Roger May Cab, Chacsinkin. Emilio Torres Pacheco, Maní. Guadalupe de Jesús Chan Poot, Tabi. Silvia Beatriz Chalé Euan, Chablekal. Artemia Canul Poot, Maní. Moisés Dzul Chuc, Montecristo. José Florentino Chin, Homún. Brenda Leonor Euan Cruz, Chablekal. Tomás Poot Canul, Tekom. Lidia Cruz Vázquez, Chablekal. Nicolás castillo, Maní. Alfredo Serralta Interian, Dzan. Gabriel José Cabrera Pech, Homún. José Ángel Koyoc Ku, Halachó. Verónica Padrón Euan, Chablekal. Humberto Chable Matus, Chacsinkin. Iván Jiménez, Maní. Antonio de Padua Pech Collí, Xanabá. Alberto Velázquez Solís, Jo’. Edgar Cauich Tucuch, Halachó. Pablo Tun Che, San Isidro. Argelia Poot Jimenez, Maní. Alejo Vázquez Cen, Halachó. Elsy Minelia Canche Poot, Mamita. Lilia Cano Chan, Tipikal. Randy Adrean Soberanía Dzul, Chablekal. Roseli Jiménez Balam, Maní. Daniela Cano Chan, Tipikal. Oscar Poot Bacab, Maní. María Concepcióna Coot López, Chablekal. Leticia Canul Castillo, Maní. Andres Chim Sánchez, Chablekal. Francisca Moo, Yokdzonot. Adolfo Pech, Yokdzonot.
*Hace mucho tiempo los chuun-t’annes eran los mayores del pueblo que se reunían para aconsejar en la toma de decisiones. En muchos pueblos entendemos, hasta ahora, que «chun t’aan» significa conjuntar la palabra.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020
En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.
Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.
Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Nos sumanos a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y no protestamos por el incremento de la violencia hacia nosotras. Decimos basta de mujeres acosadas, desaparecidas y/o asesinadas.
Les compartimos algunas fotos de la marcha de hoy en San Cristóbal
