Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021
Mientras que el Gobierno Federal inaugura «Universidades AMLO» por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.
Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.
La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.
Le hace falta una ridícula «consulta» de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de «primero los pobres», «lo que diga el pueblo», «por lo derechos humanos», «apoyar las demandas indígenas», etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.
Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: «la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.
¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin «consultas», y las que no gustan «consultan» amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.
¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.
Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:
1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo.
2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.
3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.
Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo, no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:
a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.
b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.
c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.
d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!. De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.
Coincidimos con el Presidente López Obrador: “el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.
#LosPueblosDeciden
#LosPueblosNoSeInundan
Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio
Compartimos este foto reportaje publicado por Somos el Medio sobre los 500 años de resistencia en la historia de México – A 14 de agosto del 2021
Pueblos Originarios marchan en la Ciudad de México conmemorando 500 años de resistencia. Gobierno de la Ciudad de México les impide el paso al zócalo capitalino.
El día de ayer, 13 de Agosto del 2021, se celebraron 500 años desde la caída de Tenochtitlán; día que marca el inicio de la resistencia de los Pueblos Originarios frente al colonialismo, el despojo, y el racismo que enfrentan día a día.
Con el fin de denunciar los megaproyectos que amenzan a sus comunidades, integrantes de distitntos Pueblos Originarios y organizaciones aliadas, organizaron una marcha en la Ciudad de México
Entre los asistentes se econtraban la Comunidad Otomí residente de la CDMX, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, la Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, entre otros.
La marcha inició en el Hemiciclo a Júarez a las 11 am, sin embargo, el contigente tuvo problemas para iniciar el recorrido.
Autoridades de la Ciudad de México se presentaron con el fin de indicar que no podían permitir el ingreso al zócalo, argumentando que el ruido de la marcha sería disruptivo para distintas ceremonias que se llevaban a cabo en la plancha central.
A pesar de esto, los contigentes comenzaron a avanzar por avenida Juárez, encontrando un fuerte operativo policial a los alrededores.
La marcha fue detenida en Pino Suarez, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, en dónde granaderos impidieron su acceso al zócalo capitalino.
Las calles aledañas al zócalo se encontraban resguardadas por granaderos de la CDMX que impedían su paso.
Los asistentes expresaron su enojo al ser negados el paso a la plaza central del país, en dónde supuestamente se celebraba la existencia de los Pueblos Originarios.
Mientras que la pirámide construida para celebrar este día se erigía en el zócalo; los pueblos que resisten a los megaproyectos impulsados por el gobierno y las empresas eran detenidos a una calle de distancia.
A pesar de esto, los distintos Pueblos y sus representantes sostuvieron un mítin frente a los granaderos que cerraban su paso.
Presente estuvo también «Marichuy», vocera del CNI quien también celebró el viaje Zapatista a la Europa insumisa.
En los dicursos varías temáticas similares surgieron: megaproyectos impuestos por el gobierno, desconfianza y rechazo a la 4ta transformación que ha traicionado su comprimiso con los Pueblos y la continuación de políticas coloniales y exctractivistas que ponen en riesgo la existencia de los Pueblos Originarios en México.
Frente a estas amenazas, los integrantes de estas comunidades expresaron también su determinación por seguir luchando para defender sus territorios, costumbres y modos de vida.
La comunidad Otomí: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes
Durante el mitín, la comunidad Otomí anuncío que la toma del INPI que mantienen desde hace 10 meses se volverá permanente ante la falta de comprimiso por parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México de resolver sus demandas de salud, vivienda, educación, paz, entre otras.
La comunidad dejo en claro que no devolverá las instalaciones.
Comunidad Otomí marcha en la Ciudad de MéxicoLa comunidad Otomí ha mantenido la toma del INPI por 10 meses sin que las autoridades respondan a sus demandas
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca toman embotelladora Bonafont
El pasado 8 de agosto, después de mantener la embotelladora Bonafont cerrada por cuatro meses, los Pueblos Unidos en Puebla tomarón las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.
Como la comunidad Otomí, los Pueblos Unidos anunciaron que las «ruinas de la empresa Bonafont» seran utilizadas para construir la Casa de los Pueblos, un espacio para construir proyectos comunitarios de salud, educación y comunicación.
Los integrantes de más de 20 Pueblos en la región han denunciado la escasez de agua y contaminación de sus ríos desde que empresas transnacionales se han establecido en la región con la autorización del gobierno y dependencias como CONAGUA y SEMARNAT.
Los Pueblos Unidos han defendido el agua de su región de proyectos como el PIM , de descargas de agua sucia en sus ríos, y últimamente de la empresa Bonafont.El Agua es de los Pueblos es el lema que se leía en este contenedor vacío
Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuác
La unión de estos Pueblos y Barrios en la Ciudad de México denunciaron la construcción del puente vehícular en Xochimilco que pone en riesgo el futuro del último humedal en la CDMX.
Además denunciaron la voracidad de la industria inmobiliaria en la ciudad que, con colaboración del gobierno de la ciudad, realizan megaconstrucciones sin consultar a los Pueblos, sin estudiaos ambientales, y sin planeación urbana.
Entre las zonas amenazadas por la urbanización desmedida se encuentran, el Cerro de la Estreella, Canal Nacional, la sierra de Santa Catarina, Xochimilco, y Azcapotzalco.
Integrantes de este Frente denuncian la falta de interés por parte del gobierno de reconocer su existencia como Pueblos Originarios en la urbe.
La Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala
Miembros de la Comunidad Triqui (MULTI) que mantienen un plantón frente a Bellas Artes desde hace 5 meses, exigieron a las autoridades federales garantizar su regreso seguro a Tierra Blanca, Oaxaca.
Los miembros del MULTI fueron desplazados de sus tierras como resultado de los ataques y amanezas por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), quienes el MULTI denuncia colaboram con el estado de Oaxaca para despojarles de sus tierras.
En julio de este año, las autoridades estatales y federal incumplieran con su compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
Mujer Triqui exige el regreso seguro a su comunidad
Compartimos con ustedes este material que se produjo junto con Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica A.Csobre la importancia de la solidaridad internacionalista – A 2 de julio del 2021
Las agendas urgentes en la región Mesoamericana hacen que la solidaridad internacional sea un ejercicio activo y cotidiano. Agendas como la exigencia de #JusticiaParaBerta de cara al juicio contra David Castillo o el #GritoFeministaPorNicaragua para #QueLosLiberen #QueLasLiberen a las presas políticas en Nicaragua hacen de la solidaridad una urgencia en estos contextos. Es por eso que compartimos esta publicación: Apostando a la Solidaridad en Mesoamérica que elaboramos junto a OtrosMundos Chiapas.
Apostando a la Solidaridad en Mesoamérica pretende aportar elementos de análisis a organizaciones y movimientos que trabajamos para el cambio social, profundizando en el análisis de las dinámicas de poder que están definiendo las crisis políticas y sociales en la región así como los desafíos de la solidaridad en el contexto actual. A la vez, compartimos nuestra visión y que- remos contribuir a identificar y reconocer las oportunidades y aportar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de solidaridad desde una mirada interseccional, internacionalista y de construcción de movimientos.
Este documento es producto del análisis de las entrevistas a 32 personas con el que elaboramos una aproximación a los retos y aprendizajes para la solidaridad en Mesoamérica. Mismo que nos parece importante compartir en estos momentos desafiantes para nuestra región y donde la solidaridad internacional feminista, de-colonial, entre los pueblos, comunidades y movimientos sigue siendo una respuesta y una necesidad.
Presentación:
JASS Mesoamérica -Asociadas por lo Justo- y Otros Mundos, A. C., Chiapas, México, preocupadas por lo que consideramos una crisis de la solidaridad internacional respecto de la región mesoamericana, profundizada por los acontecimientos de los últimos dos años en Nicaragua, valoramos oportuno realizar una reflexión sobre el contexto regional, así como sobre los diversos posicionamientos y análisis diferenciados.
Emprendimos este reto con el propósito de aportar elementos de análisis a organizaciones y movimientos que trabajamos para el cambio social, profundizando en el análisis de las dinámicas de poder que están definiendo las crisis políticas y socia-les en la región así como los desafíos de la solidaridad en el contexto actual. A la vez, compartimos nuestra visión y que- remos contribuir a identificar y reconocer las oportunidades y aportar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de solidaridad desde una mirada interseccional, internacionalista y de construcción de movimientos.
Para profundizar y enriquecer este análisis recabamos la opinión de organizaciones y personas de comunidades, movimientos nacionales, regionales e internacionales que han sido sujetas y/o que han impulsado iniciativas de solidaridad internacional, así como a otras personas clave en la generación de análisis sobre el contexto actual.
Estos puntos de vista se recabaron antes de la pandemia, cuyo impacto regional y global a mediano y largo plazo no podemos dimensionar aún, y que ha detonado reacciones de odio, racismo, xenofobia, entre otras, pero también muchas acciones de solidaridad individual, grupal, comunitarias, colectivas e incluso internacionales. Esto nos invita a repensar la solidaridad en el contexto de la incertidumbre e interdependencia global que vivimos.
Introducción:
Las desigualdades de poder y por lo tanto de acceso, no solo a los recursos económicos, sino a la educación, la salud, la tecnología, entre otros, continúa siendo una realidad y se profundiza en el mundo entero y en la región Mesoamericana en particular. La puesta en duda de principios y prácticas democráticas básicas, el continuo y añejo “cierre del espacio cívico”, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la crisis en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos, pero sobre todo, los crecientes obstáculos para el ejercicio de los derechos de los pueblos conducen a que la corrupción sistémica y la impunidad pasen de ser un efecto a constituir imperativos de este modelo1. Estos elementos se exacerban con la crisis sistémica y sanitaria desatada por la pandemia durante 2020, cuyos efectos veremos por largo tiempo.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre procesos de autogestión y gobiernos comunitarios en Chiapas- A 7 de junio del 2021
El pasado 21 de mayo, en el municipio de Chilón, comunidades tseltales celebraron la toma de cargo del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC), estructura de autogobierno indígena que mantienen activo desde hace tres años en dos municipios al norte de Chiapas – el otro es el municipio de Sitalá.
“Como Gobierno Comunitario reafirmamos nuestra lucha por la autonomía”, expresaron l@s integrantes del CGC mediante comunicado sobre el nombramiento de 14 concejales, quienes trabajan junto a coordinadores regionales para la operación de la estructura política y comunitaria tseltal, alternativa ante el sistema electoral partidista, la cual aún no cuenta con reconocimiento por parte del Estado mexicano.
Esta iniciativa reivindica el sistema normativo indígena para la elección de autoridades desde las comunidades mismas a diferencia del esquema partidista. Además de la designación de cargos, el objetivo principal de dicha organización es la construcción de lo que llaman lekil cuxlejal (armonía comunitaria), que incluye desde el trabajo con la tierra, la resolución de conflictos y la comunicación comunitaria.
“A tres años contamos con 9 oficinas en las que atienden diversas áreas de trabajo como son resolución de conflictos (jmeltsa’anwanej, DEFEMI, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz. Esto gracias a los miembros de la organización que participan y dan su servicio gratuitamente, con lo que se fortalece nuestra autonomía, la comunidad y nuestros valores comunitarios”,
DETALLARON L@S INTEGRANTES DEL CGC EN EL COMUNICADO SOBRE SU ESTRUCTURA DE AUTOGOBIERNO.
Pascuala Vázquez, vocera del CGC en entrevista para Avispa Midia, rememora que el inicio de este proceso se debe al hartazgo de la población tseltal al atestiguar el acaparamiento del poder municipal entre los partidos políticos, marginando a sus habitantes, y ante la inacción frente a problemas como el alcoholismo y otras violencias sistémicas contra las comunidades indígenas.
Por su parte, Mateo López, recién electo concejal, destacó que en la práctica el CGC ya se rige por usos y costumbres. “Las persona que se eligen ya han tenido cargos, han pasado como autoridades de la comunidad y conocen sus problemas. Para llegar a un Concejo ya sabe resolver problemas, una persona que no ha hecho ningún trabajo en las comunidades donde pertenece no se puede elegir”.
Ceremonia de toma de cargo a l@s 14 Concejales del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. 21 de mayo, 2021.
Obstáculos
Las comunidades tseltales también reconocieron las consecuencias perjudiciales que se han suscitado desde la conformación del primer CGC en 2018: intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones contra sus miembros y las comunidades que forman su base social.
“Hay compañeros que han sido amenazados de que les iban hacer algún daño. A algunos compañeros no les permitieron entrar a estudiar en una escuela a sus hijos, solo por pertenecer a Gobierno Comunitario y pertenecer a Modevite [Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio]. También hay compañeros que no les querían dar servicio de salud porque igual se están en la lucha y hay compañeros que fueron encarcelados injustamente”, detalla Pascuala Vázquez, para quien los ataques han sido sistemáticos.
Aunado a las agresiones contra la población tseltal, Vázquez enfatiza actos de sabotaje al proceso legal mediante el cual exigen al Estado mexicano el cambio del sistema partidista por el de usos y costumbres.
Destaca en este proceso la retención de antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en agosto de 2019 en su visita para la realización del Estudio Cultural.
Dicha actividad forma parte del camino jurídico que desde el IEPC se ha planteado para reconocer legalmente el autogobierno tseltal, tanto en Chilón, como en el municipio vecino de Sitalá. La agresión a los funcionarios, acusa el CGC, “fue promocionado e impulsado por la estructura política del ayuntamiento” a cargo de Carlos Ildelfonso Trujillo, quien busca la reelección de su puesto con el aval del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pascuala también menciona que tanto Modevite como el CGC no apoyan a ningún partido político. La aclaración corresponde a que durante el periodo de campañas electorales se ha difamado en repetidas ocasiones a las organizaciones de las cuales forma parte, pues han existido dimisiones de sus integrantes quienes pasaron a engrosar las filas de los partidos políticos frente a las votaciones del 6 de junio.
Ceremonia de toma de cargo a l@s 14 Concejales del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. 21 de mayo, 2021.
Caminos hacia el autogobierno
A pesar del rechazo y ataques contra su iniciativa de autogobierno, Pascuala Vázquez afirma que se mantiene la exigencia para que el Estado otorgue el reconocimiento de la vigencia del Sistema Normativo Interno, pues “nuestra cultura y organización comunitaria permanece ante el intento fallido de fragmentación de gobernantes y del sistema voraz del capitalismo”.
La disputa legal se remonta al año de 2015 cuando pobladores tseltales de Chilón y Sitalá conformaron las “comisiones para la autonomía”, equipos de trabajo con el objetivo de utilizar la vía jurídica para la expulsión de los partidos políticos y el reconocimiento de su libre determinación.
Para finales de 2017, la iniciativa consiguió el apoyo de aproximadamente 30 mil habitantes, por lo cual realizaron la solicitud de cambio de régimen al IEPC. Y fue en mayo de 2018 cuando mediante asamblea se llevó a cabo la “siembra”, es decir, la conformación del primer CGC.
A pesar de la exigencia de las comunidades tseltales, fue hasta 2019 cuando el IEPC comenzó el proceso para la transición al sistema normativo interno, para lo cual dictó la realización de un estudio antropológico y un proceso de consulta para validar el cambio de régimen.
No obstante, a pesar de que en febrero del 2020 el INAH aprobó el Dictamen Antropológico, con el pretexto de la pandemia el proceso se detuvo indefinidamente.
“Ahora (el IEPC) no nos ha podido dar una respuesta favorable usando el COVID-19 porque no puede ir a territorio”, reclama Pascuala al mencionar como la pandemia no detuvo las campañas electorales, mientras al mismo tiempo frenó por completo el proceso jurídico.
“Nosotros lo que estamos exigiendo es una verdadera democracia porque es desde nuestro punto de vista como comunidad indígena no hay una elección democrática en cuanto a partidos políticos porque ellos se auto eligen y luego compran gente”, cuenta Pascuala Vázquez para contrastar el modo en que opera el CGC y los partidos políticos.
Ceremonia para la siembra de Concejales del Gobierno Comunitario en el municipio de Sitalá, región norte de Chiapas. Mayo, 2021.
Violencia
En este escenario, para Vázquez, otro elemento que amenaza el esfuerzo organizativo de las comunidades tseltales de Chilón es la presencia impuesta de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad militarizado el cual recorre las poblaciones indígenas.
“Es una amenaza más porque en cualquier rato pueden utilizar la fuerza, el presidente municipal, o puede mas adelante haber compañeros que van a ser intimidados por la Guardia Nacional. Es un riesgo para nosotros, un riesgo para el movimiento, es un riesgo para el Gobierno Comunitario”,
SENTENCIA VÁZQUEZ.
Mateo López, también denuncia que la represión proveniente del actual presidente municipal ha llegado al extremo de encarcelar integrantes de su organización, como ocurrió el 15 de octubre del 2020 cuando cientos de pobladores de Bachajón se manifestaron contra la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios.
“Detuvieron a dos compañeros y los encarcelaron en el (penal) Amate, pero con nuestra organización logramos sacarlos, aunque están aún con proceso (legal)”, detalla el recién nombrado concejal.
A pesar de las amenazas, López afirma que mantendrán su labor organizativa, pues “nosotros no tenemos miedo porque estamos haciendo nuestro trabajo por el bien de la gente y la comunidad. Los partidos políticos son puras mentiras y promesas que no cumplen, ofrecen mucho, pero una vez llega al palacio (municipal), ya no te trata bien, ya no te va escuchar lo que vas a decir, ya no te va a valer nada” sentencia el concejal del autogobierno tseltal en Chilón.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2021
En REMA estamos orgullosas/os de las mujeres, hombres, jovenes niñas y niños que integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, fecha emblemática en la cual decidieron nacer para hacer un un frente más organizado, más fuerte, más solidario y dispuesto a dar la vida por la vida.
Su lucha contra la minería, su fuerza por rescatar su río que estaba siendo contaminado por las actividades mineras y campamento emblemático para impedir el ingreso de la empresa minera, son algunas de las expresiones por la cuales obtuvieron el II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas demoniado «Mariano Abarca» que les fue entregado el 27 de noviembre del 2020 en Tuxtla Gutierrez, por más de 30 organizaciones nacionales y extranjeras que participaron en la convocatoria.
Cómo no celebrar al Frente en este su aniversario si nos han mostrado el camino a muchos grupos en México; cómo no celebrarles cuando son el único movimiento de resistencia en Chiapas que ha logrado establecer el «Municipio Libre de Minería en Acacoyagua» luchando y presionando a su propia presidencia municipal, así como también a los núcleos agrarios que la conforman para que defiendan a su ciudadanía y no a los intereses extractivos.
En REMA les reconocemos mucho su lucha por defender la vida y les agradecemos muchísimo que este país tengo un pedacito de territorio en el cual podemos ir a bañarnos en un río sano, mismo que hemos disfruta junto a ustedes. Es un orgullo que organizaciones como la suya formen parte de la REMA y que sigamos compartiendo juntas/os ese camino que nos lleva a la defensa de la vida.
Felicidades hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Larga vida a todos ustedes y a su espíritu de lucha.
Territorios Libres de Minería
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» en su sexto aniversario de lucha digna por la vida en Acacoyagua – A 21 de junio del 2021
A lo largo de estos años, además de los campamentos que suspendieron la minería en Acacoyagua, hemos realizado reuniones informativas, acciones legales, marchas y mitines con las que hemos logrado suspender la minería en nuestro municipio. Este año recibimos el Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, un reconocimiento hecho por 25 organizaciones nacionales e internacionales. Este premio nos motiva a mirar nuestra lucha por tiempo largo hasta que los mineros dejen de amenazar nuestra tierra.
A 6 años de lucha nos comprometemos a seguir protegiendo nuestros ejidos y bienes comunales estableciendo actas de ¡No a la Minería! y exigiendo a cada ayuntamiento que llegue el “Acta de Cabildo de Municipio Libre de Minería”. Las familias que conformamos el FPDS trabajaremos para proteger nuestros ríos, para sembrar sin contaminar, queremos alimentos sanos y medicina de la tierra. Tenemos el reto de que nuestros jóvenes se integren a la lucha, participen en ella y no sean los próximos comisariados que se dejen engañar por la minería o el gobierno. Nosotros y nosotras ahora planeamos nuestro futuro para que no nos lo impongan.
Las y los habitantes de Acacoyahua, Chiapas fuimos engañados con las mentiras del “desarrollo y progreso”, palabras que usan todas las empresas mineras en México, Guatemala, Honduras hasta Chile y en todo el mundo, solo para saquear nuestras tierras y explotar los ríos y el agua de nuestras tierras. Con estas promensas y las mentiras de empleo, despensas, contrucción de caminos y dinero explotaron 49,000 toneladas de Ilmenita en la región, desecharon toda el agua en los ríos, nos llenaron de cancér, de enfermedades en la piel y mataron a las piguas y a las mojarras. En 2016 la empresa El Puntal S.A. de C.V. quería instalar otro proyecto minero llamado: “Casas Viejas”, entregando despensas y prometiendo pagar a $3 Dolares la tonelada de Ilmenita compraron a los ejidatarios de Los Cacaos y Magnolia. Les dijeron que les darían hasta $250, 000.00 una vez que iniciara la fase de explotación, sin embargo sacaban y sacaban carros de volteo con material hasta que les pusimos un hasta aquí.
En 2017 organizamos dos campamentos llamados: “José Luciano” y “Profe. Alberto Montaño” para suspender la actividad de “Casas Viejas” y decir ¡No! a los otros proyectos mineros programados para nuestro municipio, por ejemplo los de Hector Silva Camacho. Este señor y el gobierno de Chiapas, representado por la subsecretaria del Estado, la Delegación de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y el Distrito VII nos quisieron engañar convocando a “mesas de trabajo” donde iniciaron una campaña de división entre ejidatarios y de medios locales de comunicación que pretendieron desprestigiar nuestra lucha: ¡ignorantes! nos decían, ¡mal informados!, ¡antidesarrollo!, ¡manipulados! Cuando vieron la fuerza de nuestra palabra: ¡No a la Minería! nos enviaron elementos policiacos para amedrentarnos, creando una campaña de hostigamiento y criminalización en nuestra contra. Nunca pensaron que somos muchas comunidades de Acacoyagua y muchos los pueblos que nos acompañan en esta lucha para ganarla.
Gracias a estos años de lucha nos hemos encontrado con personas, pueblos, universidades, organizaciones que también defienden el territorio. Los campamentos, las visitas a los ejidos, los foros se han logrado por el esfuerzo de muchas personas de Acacoyagua: el huevo, la pintura, las copias, la carne para la comida. Cada pigua y cada mojarra que brotan del ríos son fruto de la lucha y el esfuerzo de hombres y mujeres valientes.
Atentamente
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS
Imagen: Entrega del II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio el 27 de Noviembre del 2020 – Área de Comunicación de Otros Mundos A.C.
Comunicado de Otros Mundos en felicitación y reconocimiento al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» por su sexto aniversario de resistencia y lucha por la vida – A 18 de junio de 2021 >>Comunicado en pdf<<
El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).
Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que, desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes.
La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.
El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato recibió elII PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.
El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal y juntos decimos:
¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!
Imagen: Entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – 27 de noviembre de 2021 – Área de Comunicación de Otros Mundos
Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021
Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.
#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.
El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.
Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El problema de las constancias de posesión
En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.
Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.
El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.
Foto: Cortesía
Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.
El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.
El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.
El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades
Foto: Cortesía
Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.
La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.
Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.
Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.
“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.
“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.
Estamos muy felices y emocionados por invitarles a participar en la 1er Vía Recreativa San Cristóbal este domingo 20 de junio de 8 de la mañana a 12 del día.
El punto de partida es en la Iglesia de San Nicolás, a un costado de la Catedral
Ruta: Iglesia de San Nicolás, Calle Guadalupe Victoria, Calle Francisco Zarco, Calle Diego de Mazariegos y Parque Central
Niñas y niñas deben ser acompañados por un adulto
Llevar casco y chalecos
Recuerda llevar agua, utilizar cubrebocas y seguir las medidas sanitarias.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia del Pueblo Garifuna en Honduras – A 14 de abril de 2021
El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.
En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.
A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.
Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.
También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”
La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.
“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.
