Denuncian corte de servicio de agua y luz eléctrica hacia familias de Las Abejas de Acteal

Compartimos este comunicado de Las Abejas de Acteal – A 16 de diciembre del 2022

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Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

Hermanas y hermanos:

Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.

En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.

Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.

Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:

  • “Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
  • A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
  • Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
  • A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
  • Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.

Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.

Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.

Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.

Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.

Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Petición:

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a lo largo de sus casi 30 años de caminar han enfrentado diversas agresiones, hostigamientos y violencia a familias pertenecientes a la organizaciones en sus 25 comunidades. Este año no fue la excepción. 

Ahora familias en la comunidad Campo los Toros sufren del corte de servicios públicos como energía eléctrica y el agua potable por parte del Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, encabezo por el señor Abraham Cruz Gómez

Por eso pedimos alto al hostigamiento y violación de derechos humanos a estas familia y todas las familiar que integran a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Así mismo exigimos que restablezcan de inmediato los servicios básico y esenciales para estas familias.

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Para palma aceitera en Guatemala, allanamientos en comunidad indígena Maya Q’eqchi’

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022

Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”

Leer la carta

Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.

Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.

Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.

Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: “tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares”.

Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.

Algunos testimonios: “Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos”. “Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio”.

Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.

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Carta

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:

Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.

Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.

En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:

-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.

-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.

-Cesen estos allanamientos y la violencia.

-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad

-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.

-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.

-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.

Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.

A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,

Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.

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Podcats: Suena bien, pero huele mal: desmontar las mentiras corporativas

Compartimos con ustedes estos audios de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el poder corporativo – Diciembre 2022

Mesas radiales latinoamericanas para desandar los discursos transnacionales

En los sitios web y folletería de diversas empresas transnacionales que cuentan con un gran prontuario de delitos ambientales y sociales, puede leerse cómo protegen el medio ambiente, empoderan a las personas y generan energía para que el mundo funcione.

Son las mismas empresas que han violado sistemáticamente los derechos humanos, despojado y violentado comunidades, acaparado y envenenado territorios, extraído riquezas y bienes comunes para su propio beneficio, apoyado y motivado golpes de Estado.

Esos discursos con palabras bonitas y expresiones convincentes, muchas de ellas apropiadas del acervo de los movimientos sociales como otra forma de extractivismo social, intentan convencernos no solo de que las corporaciones no son las generadoras de las crisis sistémicas, sino que incluso vienen a solucionarlas. Estas narrativas coloniales, que poco menos que pregonan que los habitantes locales deben agradecer a los salvadores por llegar a sus territorios, se repiten desde el 1600.

En estas mesas redondas con activistas de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), desandamos, con datos y experiencias, las mentiras corporativas y ponemos en el centro la vida, partiendo de nuestras propias narrativas, porque ninguna transformación será estructural y real sino tiene en el centro a sus protagonistas: los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales.

¿Las transnacionales generan trabajo en las localidades donde se instalan y operan? ¿Mejoran la vida de las comunidades? ¿Hacen la vida de las personas más fácil? ¿Cuidan el medio ambiente?

En la primera mesa de intercambio cuestionamos estas máximas que las corporaciones aseguran. Con la participación de: Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, Tatiana Rodríguez, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, y Ramiro Ortiz, de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador). Reproductor de audio

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¿Las corporaciones alimentan y generan energía para sostener el mundo? ¿Es más barato comprar en el supermercado que a la agricultura familiar? ¿Las corporaciones pueden tener una perspectiva sostenible? ¿Las empresas trabajan para solucionar la crisis climática?

En la segunda mesa radial analizamos los discursos manipulados y mostramos que no se corresponden con la realidad. Con la participación de Wanda Olivares, de Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Walter Gómez, de CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador, y Juan Almendares, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras. Reproductor de audio

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ATALC trabaja e investiga sobre el avance de las transnacionales en la región. Estas mesas redondas fueron realizadas en el marco del ciclo de entrevistas Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. También podés escuchar la serie de podcast Resistencia.

Guatemala: Comunidades resisten extractivismo minero

Compartimos este reportaje especial publicado por Red Latinas Sin Frontera sobre la defensa de la vida y el territorio en Guatemala – A 5 de diciembre del 2022

Los resistentes locales piden un modelo económico diferente, uno que priorice el agua y el suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

Por Ana Sandoval (*)

Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.

Un mural que dice «si a la vida. No a la muerta». Mural dice “Sí a la Vida, No a la Minería”/Iximche Media.

Las demandas de los tribunales de inversión socavan el estado de derecho.

Mi análisis de este caso publicado recientemente  expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.

La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.

Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.

Conocer los hechos

Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.

Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.

En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales, en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.

Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.

Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.

La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.

La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.

En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.

Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.

En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.

Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que «consultó» con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.

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Pancartas rojas y verdes sobre la resistencia de La Puya, celebrando el décimo aniversario en marzo de 2022 de la Resistencia Pacífica La Puya/Iximche Media.

El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.

Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.

KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.

Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.

Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.

La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

(*) Ana Sandoval es miembro de Resistencia Pacífica La Puya en Guatemala.

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fuente: https://www.bilaterals.org/?a-mining-lawsuit-in-guatemala&lang=es

Denuncian desalojo violento en comunidad guatemalteca Chapín Abajo

Compartimos esta nota de Olca – A 7 de diciembre del 2022

(Prensa Latina) Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de Guatemala confirmaron hoy graves violaciones de los derechos humanos en la comunidad Chapín Abajo, Izabal, tras un desalojo violento.

La comisión llegó al área sur de El Estor, después de que en la madrugada de este martes un numeroso grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público ingresara a Chapín Abajo con 25 órdenes de allanamiento contra sus líderes.

En un primer informe de los hechos de violencia -que incluyeron el uso de gases lacrimógenos-, se contabilizaron tres heridos de bala, un niño de 17 años, quien fue trasladado en busca de atención médica, y dos hombres.

La delegación dio cuenta, asimismo, de varias mujeres y niños intoxicados por los gases, lo cual comprobó la prensa independiente que acompañó a las autoridades.

Según la narración de los hechos por las familias, además de las fuerzas de seguridad, intervinieron paramilitares posiblemente contratados por la empresa NaturAceites.

Ellos entraron a las viviendas y robaron alimentos y otros bienes de las familias, confirmó el reporte de las autoridades q’eqchi’.

También constataron la detención de Alba María Choc, esposa del dirigente de Chapín Abajo, Pedro Cuc, junto a sus dos hijos menores de edad, con el propósito de presionar su entrega.

Las autoridades ancestrales pidieron la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de verificar la grave situación y el riesgo a la vida de cientos de personas de la comunidad, especialmente por falta de atención médica.

La PNC, por su parte, informó que tres agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.

El medio alternativo Prensa Comunitaria recordó que esta es la cuarta ocasión en que fuerzas de seguridad ingresan a Chapín Abajo para desalojar a familias que reclaman las tierras hoy en poder de NaturAceites, dedicada al monocultivo de la palma africana en el área sur de El Estor, Izabal.

La empresa considera esos terrenos como propios y criminaliza a Cuc y otros dirigentes por su resistencia contra la explotación de palma y la minería.

En enero de este año, el líder comunitario aseguró que lo más grave de la problemática agraria en El Estor son las invasiones de tierra de las empresas para sembrar y producir aceite de palma y los desalojos promovidos por terratenientes vinculados a este tipo de monocultivos, compañías mineras y otras.

rgh/mmc

Zacatecas: Habitantes de Tlaltenango logran la clausura total y definitiva del mal llamado “relleno sanitario” en Cicacalco

Compartimos este comunicado a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa del territorio en Zacatecas – A 30 de noviembre del 2022

Más información:

29N, Día Internacional de las Defensoras: Ante la barbarie, nos cuidamos entre nosotras, en comunidad

Comunicado de IM-Defensoras en el marco del Día Internacional de las mujeres Defensoras – A 29 de noviembre del 2022

Este año, en México, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, veintiuna mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país. 

En toda la región, desde los poderes opresores pero también desde nuestros entornos cercanos, se nos sigue discriminando, acusando de ser “malas mujeres”, agrediendo sexualmente, negando nuestro derecho a organizarnos y a alzar la voz.

Estos son tan solo algunos apuntes sobre el contexto en el que hoy en día las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor. Seguramente las cosas no han cambiado mucho de cómo eran hace ya casi trece años, cuando defensoras de diversos movimientos sociales de Mesoamérica y otros países nos reunimos en Oaxaca, México, para compartir nuestra preocupación e impotencia ante la violencia que tocaba nuestros cuerpos y vidas. De ahí nació un pacto para protegernos y cuidarnos juntas al que llamamos Protección Integral Feminista (PIF). 

La PIF es la manera en la que nos acompañamos entre defensoras y comunidades cuando somos agredidas; la manera de hacer análisis de riesgo con una mirada feminista que atienda a todas las dimensiones del contexto; de construir espacios de acogida; de documentar las violencias, denunciarlas y buscar justicia; también es la manera de sanar y cuidarnos colectivamente y de fortalecer nuestras capacidades para protegernos. Construirla y llevarla a la práctica no ha sido fácil, ha sido y sigue siendo un proceso plagado de retos y aprendizajes, con sus logros y desafíos, encuentros y desencuentros, dolores y pequeñas victorias. 

Hoy, casi trece años después, nuestra región sigue siendo el lugar violento y hostil que era, incluso puede que más; las políticas capitalistas, racistas y patriarcales que desde hace siglos buscan subyugar y expropiar nuestras vidas siguen tan vigentes o más que antes. La crisis climática, la sindemia por COVID-19, el auge de la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos, el poder de las empresas y grupos mafiosos y el autoritarismo cada vez más desacomplejado de algunos Estados dan testimonio de ello.

Ante la violencia de tales poderes, instancias internacionales, entidades supraestatales, mecanismos estatales y otras instituciones se han demostrado, cuando menos, impotentes. Es más, nuestro Registro de Agresiones constata como en toda la región, los Estados – sí, esos que en teoría deberían protegernos – son nuestros principales agresores a través de la acción de policías, militares, instituciones y autoridades de diferente nivel. Esto no ha hecho sino reafirmar nuestra convicción de que la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la Protección Integral Feminista. Nuestras vidas no pueden depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello hemos creado redes de protección entre y para defensoras de diferentes movimientos sociales para cuidar nuestras vidas, nuestras organizaciones y comunidades y, así, seguir luchando juntas por el futuro de la red de la vida.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las Defensoras, desde la IM-Defensoras reconocemos y saludamos las luchas de todas nuestras compañeras, denunciamos todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el pacto de cuidarnos juntas.

 En este día de las defensoras, también les invitamos a conocer cómo hemos enfrentado la violencia y cómo hemos venido construyendo la Protección Integral Feminista, anunciándoles nuestra próxima publicación, “El pacto de cuidarnos”, que presentaremos públicamente el próximo 9 de diciembre de 2022, a las 10 am horas de Mesoamérica, a través de nuestro canal de Youtube.

Imagen: IM – Defensoras

Más información:

Somos La Maya recibió el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2022 por su lucha ambiental urbana

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 27 de Noviembre 2022

En el 13vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarca en una emotiva ceremonia a las faldas de los montañas que rodean y vigila a la colonia maya fue entregado por la Familia Abarca el IV Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2022 a las vecinos y los vecinos organizados de la colonia maya que conforman el movimiento #SomosLaMaya para reconocer su lucha y defensa de la vida y el territorio en San Cristóbal.

Es el primer reconocimiento que se otorga a las luchas ambientales urbanas, porque también en la defensa del territorio urbano se juega la lucha contra la deforestación y la desaparición de los bosques, los megaproyectos urbanos, la pérdida de los ríos y su contaminación, la pérdida de los humedales, entre otros frentes donde la población urbana defiende los territorios y la madre tierra. Quienes integran a “Somos La Maya” son ejemplo de una lucha tenaz y llena de retos que les ha implicado incluso la criminalización y órdenes de aprehensión. Sin embargo su amor por la vida y el territorio les motivó a seguir movilizandose y a encontrar maneras creativas de resistir, manifestarse y buscar alternativas como sus pozos y zanga de infiltación.

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.

Con la participación de colectivos, organizaciones y amigas y amigos de La Maya fue entregado este reconocimiento a 13 vecinas y vecinos de #SomosLaMaya. En el acto se pidio alto a los ecocidios en la ciudad de San Cristóbal, paz para todas y todos los habiatantes de Valle de Jovel y así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA.

En seguida les compartimos algunas las palabras de #SomosLaMaya

Este premio nos enorgullece a las vecinas y vecinos de la Colonia Maya y decimos que este premio-reconocimiento de una lucha incansable, también nos compromete a seguir defendiendo lo defendible, nuestro territorio, el agua que día a día lo estamos acabando, la Madre Tierra que hemos llenado de concreto y basura, los humedales que cada vez los rellenan y no hacemos nada para evitarlo, a las grandes montañas y terrenos forestales, que solo vemos como se van acabando por los taladores de árboles y destructores de bienes naturales, por constructores de fraccionamientos para seguir haciéndose millonarios a cambio de la destrucción natural, a cuidar nuestro territorio, nuestro San Cristóbal de las Casas, porque este premio lo gana todo San Cristóbal, y pedimos que las sancristobalenses, los sancristobalenses, se lo crean que el premio es de todos y para todos. Y nos juntemos, nos unamos, trabajemos, colaboremos, participemos, aprendamos, enseñemos, querramos nuestro territorio defendiéndolo.

Este reconocimiento lo ganamos por las luchas que hace nuestro barrio hermano de Cuxtitali, la zona norte, San José los Baños, el Huitepec, todas las organizaciones que se unen y luchan como COCOSUR…

Video Historia de la Colonia Maya

Compartimos algunas pronunciamientos, comunicados, felicitaciones y palabras de avales del premio, organizaciones y amigos de la Colonia Maya

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA:

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicitamos al Colectivo “Somos La Maya” por su lucha por la defensa de la tierra y el territorio en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Nos unimos al reconocimiento por su trabajo organizativo por la buena vida, y por más de diez años de resistencia a los proyectos extractivos de explotación de gas, minería, contra la tala ilegal del bosque aledaño a su colonia y por proteger los mantos acuíferos de la empresa refresquera Coca-Cola.

En México y en el mundo necesitamos muchas colonias como ustedes, son un ejemplo, porque gracias a su trabajo se ha cuestionado la forma de planeación, diseño y regulación en la ciudad, además de que han evidenciado los grandes intereses particulares y de grandes empresas que hay detrás de los bienes naturales de su región.

Reconocemos su lucha pacífica, asamblearia, colectiva y propositiva. ¡Ustedes saben de la vida buena! a pesar de que se han enfrentado a campañas de desprestigio, criminalización y hasta amenazas a su libertad.

Las organizaciones convocantes del Premio por la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” 2022 les decimos el colectivo de la Colonia La Maya “NO está solo” ¡Les apoyamos en su lucha! por la niñez, por las familias, por el agua y la ciudad #SomosLaMaya

MiningWatch Canadá

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”:

Vecinas y vecinos de la Colonia Maya reciban un cercano abrazo, que se suma al reconocimiento a su labor, de parte de quienes integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) integrada por 84 organizaciones de Derechos Humanos con presencia en 23 estados de la república. El andar colectivo siempre abre caminos de esperanza, y esta es una de las características de las personas que habitan aquí en el sur de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas: la Colonia Maya. Quienes hemos visto, leído, escuchado y acompañado su caminar hemos aprendido de ustedes que uno, una sola persona, puede actuar, hablar, crear, caminar y llevar la palabra a otros corazones y pensamientos para abrir el camino; pero cuando se juntan y van en colectivo su voz es más fuerte, su caminar más largo, la construcción más sólida y esa acción por la vida no sólo abre corazones y pensamientos sino espacios de lucha, sendas de esperanza, rutas del porvenir.

La experiencia de la Colonia Maya, es testimonio vivo de un derecho que poco es reconocido a quienes lo ponen en práctica: “el derecho a defender derechos humanos”. Tradicionalmente cuando escuchamos que se nombra a personas defensoras de derechos humanos pensamos en profesionales y/o profesionistas del derecho o las leyes, pensamos en alguien que trabaja en alguna organización o institución protectora, pensamos en aquellas personas que pueden defender u orientar para abordar algún problema que tenemos o conocemos. Pero poco pensamos en aquellas personas que en el día a día, por la vía de los hechos, ejercen el derecho a defender derechos humanos y que, por lo tanto, son personas defensoras de derechos humanos como lo han hecho las vecinas y vecinos de la Colonia Maya. Desde el ver, pensar y actuar cómo salvar el bosque, cómo aprovechar el agua de la lluvia, cómo cuidar a la Colonia, cómo preguntar y proponer a las autoridades planes de vida, cómo escuchar otras experiencias y compartir las vivencias propias, cómo exigir y hablar con verdad, buscando la paz y la justicia, cada paso que han dado aquí es una de las aspiraciones, e inspiraciones, de toda sociedad democrática.

Para quienes acompañamos el andar de personas defensoras en México este es uno de los aspectos que reconocemos, porque ustedes hacen una defensa legítima, sostenida por una comunidad urbana, en una Ciudad y un contexto de alta violencia y conflictividad en la que los gobernantes en turno no resuelven, por el contrario callan, persiguen, señalan y criminalizan a las personas defensoras, y ustedes aquí son un espacio de construcción que hace posible el buen vivir, el bien común y la común/unidad en un medio de la adversidad.

Y es medio de estas condiciones de adversidad, en la que hoy en día dedicarse a la construcción de la paz es un esfuerzo titánico, hoy que las alternativas parecieran diluirse, que el aliento es de sobrevivencia, hoy que la pedagogía de la violencia busca neutralizar y sembrar terror, miedo y desesperanza, organizarse de manera civil y pacifica es un faro en la niebla de la noche que busca pronto amanecer. Al igual que ustedes, miles de personas, víctimas y familiares de personas sobrevivientes de la violencia sistémica, pueblos originarios, obreros, mujeres, infancias, adultos mayores, defensoras y defensores de la tierra y el territorio, a través de distintas iniciativas, insisten -y lo consiguen- construir espacios de dignidad en las que otras tantas personas se sumen, nos sumemos a este esfuerzo colectivo de hacer posible un caminar acompañado porque sin justicia, no hay paz.

Son tantos los aprendizajes y enseñanzas que hemos obtenido de la experiencia de vida de la Colonia Maya que, de sus propias vivencias, la comunidad de San Cristóbal y de otras geografías del mundo han encontrado un espejo, un manantial de transparentes experiencias que fluyen de generación en generación.

La historia tiene memoria y no se equivoca, hoy y siempre la vida de Mariano Abarca y su legado florece y se fortalece. Su familia, aquí presente, puede ver y sentir este abrazo colectivo que crece y trasciende. Los pasos de Mariano se unen a este caminar y al de muchas personas y pueblos que defienden la vida.

Compañeras y compañeros, hoy que acompañamos la Cuarta entrega del Premio a la defensa ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, que en su edición 2022 es entregado a la Colonia Maya, celebramos su caminar y les animamos a no desistir en el impulso de la defensa de la vida.

Con gran aprecio,
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derecho para Todas y Todos” (Red TDT)

Galería de fotos de la IV Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca

Fotografías: Área de comunicación Otros Mundos

Más información:

En prensa:

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH

Declaración oficial del pueblo y de la Alianza de Sulawesi, Indonesia; en relación con la reunión de la Cumbre del G20 en Nusa Dua Bali

Compartimos este pronunciamiento vía Salva la Selva – A 15 de noviembre del 2022

“Salvemos los bosques tropicales y el pueblo de Sulawesi: Detengan la financiación y la inversión en minas y fundiciones de níquel y sus centrales eléctricas de carbón en Indonesia. Los vehículos eléctricos son una falsa solución al cambio climático”

La Cumbre del G20 se celebrará en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países desarrollados y en vías de desarrollo se reunirán para debatir los problemas que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente las crisis económicas que están empezando a sufrir los países de Europa y América. Estas crisis también afectarán a Indonesia y a otros países del Sur global debido a su dependencia de la inversión extranjera. Por lo tanto, uno de los intereses de los países en desarrollo en el G20 es garantizar que el capital extranjero de inversores europeos y estadounidenses no se retire de Indonesia por el aumento de los tipos de interés en los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el interés de Indonesia en la cumbre del G20 es convencer a los países desarrollados de que aumenten sus inversiones en Indonesia, especialmente en los sectores de la energía, el transporte y las materias primas relacionadas con la tecnología y los vehículos eléctricos.

Creemos que en esta reunión del G20, el gobierno indonesio ofrecerá a los países desarrollados el potencial de níquel presente en las selvas tropicales de Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. Además, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un productor de primera clase de materias primas para baterías que sirvan a la producción mundial de vehículos eléctricos. El gobierno indonesio espera organizar una exposición de vehículos eléctricos tematizando la transición energética.

La Alianza de Sulawesi, una coalición de ONG de la isla de Sulawesi que trabaja por la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos, considera por tanto importante expresar las aspiraciones y la voluntad de la población de la isla de Sulawesi a los líderes mundiales en vísperas de la reunión del G20. Consideramos que esto es crucial porque las políticas del gobierno indonesio no suelen reflejar la voluntad del pueblo.

Los líderes de los países del G20 -especialmente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, China y Australia- deberían tomar nota de que el nivel de vida de los habitantes de Indonesia, especialmente los que viven alrededor de los bosques, está actualmente disminuyendo. Esto es especialmente cierto para las familias de agricultores y pescadores que viven alrededor de las minas y fundiciones de níquel y sus sucias centrales eléctricas. Antes de que las minas de níquel se extendieran por los bosques tropicales de Sulawesi, los agricultores de Morowali, Morowali Norte (Sulawesi Central), Luwu Este (Sulawesi Sur), Konawe, Konawe Norte y otros distritos del sureste de Sulawesi contaban con dos cosechas al año. Sin embargo, tras la puesta en marcha de las minas y fundiciones de níquel, las comunidades sufrieron numerosas pérdidas de cosechas porque sus arrozales estaban contaminados por los lodos de las minas y los residuos de las fundiciones. Los agricultores se vieron obligados a vender sus arrozales porque ya no eran viables.

La contaminación de ríos y mares es un impacto inevitable de la minería y la fundición de níquel. Los dirigentes de los países que promueven la movilidad eléctrica deberían saber que la destrucción en la isla de Sulawesi debida a las minas y fundiciones de níquel no es sólo un problema local en los bosques tropicales, sino que se extiende también a la costa. Cada lluvia arrastra el lodo de las minas al río Malili, en Sulawesi del Sur, tiñéndolo de rojo. El lodo llega hasta el mar, contaminando la costa, diezmando las poblaciones de peces y afectando negativamente los modos de vida de las familias de pescadores, que se ven obligadas a navegar cada vez más lejos para pescar. Lo mismo ocurre en la aldea de Lampia, en el distrito de Malili, en Sulawesi del Sur, donde el lodo de la antigua mina contamina directamente el mar. El equipo de WALHI Sulsel ha observado que la contaminación del lodo de la mina de níquel en la costa de Lampia ha llegado hasta 100 metros dentro del mar, afectando también a los manglares de la costa de Lampia. Esto ha tenido un impacto dramático en los medios de vida de las familias de pescadores de la zona.

El impacto de la minería del níquel también lo sufren las mujeres: para las mujeres de Sorowako, especialmente las del pueblo indígena karonsie, las minas y fundiciones de níquel propiedad de empresas canadienses y japonesas han destrozado sus sueños de una vida buena y autosuficiente cultivando su propia tierra. Las empresas mineras de níquel les han arrebatado sus tierras y jardines habituales sin compensación e incluso los han convertido en un campo de golf propiedad de la empresa. Ya no tienen acceso a agua limpia y se ven obligadas a consumir agua sucia del río contaminada con el lodo de las minas de níquel. El asentamiento actual ha sido vallado con una total fata de respeto a los derechos consuetudinarios sobre la tierra del pueblo Karonsie.

La expansión de las últimas explotaciones mineras de níquel en Sulawesi del Sur ha provocado desalojos y la incautación de huertos de pimienta de propiedad comunitaria, que proporcionaban a la población local unos buenos ingresos, con los que durante muchos años se mantenían las familias. El conflicto social es inevitable aquí.

En Sulawesi central y sudoriental también se dan casos de destrucción de la selva tropical que repercuten en la destrucción de las fuentes de vida de la población, especialmente de las mujeres. En el centro de Sulawesi, precisamente en los distritos de Morowali y Morowali Norte, debido a los lodos de las minas y a los residuos de las fundiciones de níquel de las empresas chinas, los pescadores de Morowali tienen que resignarse a perder sus medios de vida porque las costas y los mares, que han sido la fuente de ingresos de los pescadores, se han contaminado con los lodos de las antiguas minas de níquel y los residuos de las fundiciones de níquel. Por ello, los pescadores han decidido dejar de pescar y han optado por convertirse en obreros de la construcción y de las fábricas de fundición, cuyos ingresos son muy inferiores a los de cuando eran pescadores.

Lo peor en Sulawesi Central es que la minería y la construcción de la fundición de níquel han creado conflictos agrarios. En el distrito de Morowali Norte, los campos de arroz y los huertos de los agricultores han sido tomados a la fuerza por la empresa sin consulta ni compensación. La comunidad tiene ahora que vivir sin tierra, que es la única fuente de sustento de la comunidad, y que ha sido tomada por la fuerza para las empresas mineras y la construcción de fundiciones de níquel. Así que para nosotros, la expansión de la minería de níquel en la isla de Sulawesi es una catástrofe para la comunidad, especialmente para los agricultores y las mujeres.

Aparte del enorme impacto de las minas y fundiciones de níquel en los bosques, ríos, costas y comunidades de la isla de Sulawesi, creemos firmemente que el níquel, las baterías y los vehículos eléctricos no son una panacea para la crisis climática mundial por las siguientes razones:

1. El aumento de la producción de níquel en Indonesia, así como de baterías y vehículos eléctricos en el Norte global, contribuye directamente a la destrucción de las selvas tropicales, especialmente las de la isla de Sulawesi. Estos bosques tropicales son vitales para el medio ambiente, la vida de las personas y el clima mundial. Las selvas tropicales de la isla de Sulawesi secuestran el carbono emitido por las fábricas de Indonesia, así como por las industrias y las centrales eléctricas de combustibles fósiles del Norte global. Por lo tanto, es muy erróneo llamar a la industria de los vehículos eléctricos -cuya materia prima se obtiene de la destrucción de los bosques- respetuosa con el medio ambiente y una solución al cambio climático.

2. El 80% de la energía eléctrica que mueve las fundiciones de níquel en Sulawesi procede de centrales eléctricas de carbón. Esto es ciertamente contrario a los principios de desarrollo sostenible, de negocios respetuosos con el medio ambiente y de mitigación del cambio climático que están enunciando actualmente los líderes mundiales. El uso de la energía del carbón en las fundiciones duplica las emisiones asociadas a la producción de níquel.

3. Al aumentar la demanda de carbón, la mayor producción de níquel en Sulawesi también está acelerando la destrucción de los bosques en otras islas, especialmente en Kalimantan, el mayor centro de actividad minera del carbón en Indonesia. Mientras la producción de vehículos eléctricos implique la destrucción de selvas tropicales en Sulawesi y Kalimantan y el aumento de las emisiones de carbono, no pueden considerarse una solución al cambio climático.

4. La última consideración es el uso de energía a base de carbón para cargar los vehículos eléctricos: mientras los combustibles fósiles sean la fuente de energía más extendida en el mundo, los daños medioambientales y climáticos continuarán sin cesar. A medida que más y más personas utilicen los coches eléctricos, las minas de níquel y carbón seguirán comiéndose la selva, y se construirán cada vez más centrales eléctricas de carbón.

Por lo tanto, la inversión y la financiación en la industria del níquel en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi, desde la parte alta hasta la baja, refuerza aún más el ritmo de destrucción de la selva tropical, lo que contribuye a que el cambio climático sea cada vez más grave. Además, la vida de la población indígena y local, que actualmente es pobre, será más pobre, porque sus fuentes de subsistencia también se ven perjudicadas e incluso desaparecen.

Para salvar los bosques tropicales que quedan en Indonesia y la vida de las personas, especialmente las mujeres y el futuro de los niños de la isla de Sulawesi, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todas las comunidades, los agricultores y las familias de pescadores afectados por los daños medioambientales debidos a las industrias mineras y del níquel pedimos a los líderes de los países del G20, especialmente al Presidente de China, Xi Jinping y a los BMD, que se comprometan firmemente a poner fin a las inversiones en las minas de níquel, la construcción de fundiciones de níquel, la industria de las baterías y las centrales eléctricas de carbón asociadas en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. También exigimos que los líderes políticos y empresariales de los países del G20 dejen de promover los vehículos eléctricos como una alternativa ecológica y una solución a la crisis climática.

Sobre la base de los hechos y las condiciones reales anteriores, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todo el pueblo de la isla de Sulawesi, exigimos:

  1. A los líderes de los países del Grupo 20, especialmente al Presidente de los Estados Unidos, China, al Primer Ministro de Canadá, Japón, Reino Unido, al Líder de la Unión Europea y al Canciller de Alemania para que dejen de apoyar las inversiones que destruyen los bosques tropicales en todo el mundo, especialmente en la isla de Sulawesi, Indonesia. Exigimos concretamente que se detenga el apoyo a las inversiones en el sector minero, especialmente en la extracción de níquel.
  2. A las instituciones financieras internacionales para que pongan fin al apoyo financiero al sector minero, especialmente a la extracción de níquel en Indonesia. Las instituciones financieras internacionales deben cambiar su financiación hacia empresas sostenibles, especialmente las que protegen los bosques tropicales de todo el mundo.
  3. Al gobierno indonesio, especialmente al presidente Jokowi, para que deje de emitir inmediatamente licencias de negocios mineros, especialmente licencias de negocios mineros de níquel. Además, exigimos que el presidente Jokowi revoque las licencias de minería que han destruido los bosques tropicales de la isla de Sulawesi y otras islas de Indonesia.

Por último, también hacemos un llamamiento a todas las personas del mundo para que apoyen a la Alianza y al pueblo de Sulawesi para detener la destrucción de las selvas tropicales en Indonesia, especialmente en Sulawesi. Proteger la selva tropical es la forma más poderosa de preservar la vida en nuestro planeta.

Makassar, 15 de noviembre de 2022

Alianza de Sulawesi

Sunardi, Director Ejecutivo de WALHI Central Sulawesi

Theo Runtuwene, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Norte

Muhammad Al Amin, Director Ejecutivo de WALHI South Sulawesi

Saharuddin, Director Ejecutivo de WALHI Southeast Sulawesi

Asnawi, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Occidental

Imagen: destrucción en Sulawesi por la minería de níquel

Más información:

Martes 15 de noviembre, 6 pm, Cine-debate: HOME

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

HOME

Martes 15 de noviembre de 2022, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión de noviembre del cine debate y la última del año proyectaremos este documental sobre como el ser humano a destruido nuestro planeta de forma acelerada invitándonos a reflexionar sobre nuestro paso por este mundo. Acompáñanos este martes 15 de noviembre a lasa 6 pm en Kinoki San Cristóbal

En sus 200.000 años de existencia, el hombre ha roto el equilibrio de casi 4.000 millones de años de evolución de la Tierra. El precio a pagar es considerable, pero es demasiado tarde para ser pesimistas. A la humanidad le quedan diez años escasos para invertir la tendencia, concienciarse de la explotación desmesurada de las riquezas de la Tierra y cambiar el modo de consumo. Yann Arthus-Bertrand, con sus imágenes inéditas de más de 50 países vistos desde el cielo, comparte a través de esta película sobre el cambio climático su capacidad de asombro y también sus preocupaciones, coloca, con esta película, una piedra en el edificio que tenemos que reconstruir, todos juntos.

Video: Decreto de eliminación de glifosato y maíz transgénico en México por Fernando Bejarano

Compartimos la participación del Dr. Fernando Bejarano en el Festival del Maíz Mujeres rurales y alimentación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México realizado el día 1 de octubre en el marco del Día Nacional del Maíz el 27 de septiembre

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