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El Escaramujo 110: LOS GOBERNADORES DE CHIAPAS ¿Cómo llegamos a la violencia brutal de hoy?

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

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Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Buscamos una investigación de la embajada canadiense en México con audiencia de noviembre en Canadá

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el caso #JusticiaParaMariano- A 18 de octubre del 2021

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería-REMA, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el 8 de noviembre de este año. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y mese antes de su asesinato el 27 de noviembre del 2009 como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta audiencia dado que, además de nuestros abogados, la corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de tal investigación de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés) junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública (https://miningwatch.ca/node/9945).

Mariano Abarca fue fundador de nuestra red y un importante luchador ambiental en Chiapas, México. Él advirtió de manera directa a la Embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro, sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentados (https://miningwatch.ca/node/7110), la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. Seis semanas después, Mariano fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano, dando razón a su lucha que el y muchos más en Chicomuselo había sostenido.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigado la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con la empresa. Las tres personas que fueron detenidas o arrestada fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros (https://miningwatch.ca/node/9834).

¿Por qué es de interés público para la familia, la REMA y las organizaciones de la sociedad civil que el Estado Canadiense abra una investigación a la Embajada?

  1. Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores, defensoras ambientales. Necesitamos que el estado canadiense toma responsabilidad, sabiendo que el caso de Mariano Abarca no es único, que la diplomacia canadiense frecuentemente ignora los llamados de las comunidades afectadas por los daños de las empresas mineras canadienses y su imposición en los territorios. Esto contribuye al riesgo de violencia y criminalización que enfrentan las vidas y el futuro de los pueblos y las comunidades.
  2. Ante el incremento de difamación, criminalización, y asesinatos de afectad@s por la minería y otras actividades extractivistas es urgente que los estados y su diplomacia protejan las vidas de los y las defensoras ambientales, no que ofrezcan una gama de servicios a las empresas mineras para asegurar sus intereses económicos por encima de la vida de los pueblos.
  3. La familia Abarca y todas las familias de l@s asesinad@s, amenazad@s y criminalizad@s por la minería tienen derecho al acceso a la justica, a la memoria y a la verdad.

Por todo esto, esperamos con mucha anticipación la audiencia del 8 de noviembre, lo cual se llevará a cabo de forma presencial y virtual, y que es un importante momento para dar luz a los abusos y excesos, no solamente de las empresas mineras, sino también de los estados que facilitan sus intereses. 

¡Rendición de cuentas de la embajada canadiense en México por su parte de responsabilidad en el asesinato de Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Imagen: Mariano vive 2012

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Video: Un grito por la vida

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Les compartimos este video de un bello poema que surgió en el marco del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado los días 5 y 6 de octubre en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas, con participación de diferentes países de América Latina.

Un grito por la vida

Te ofrecieron un futuro falso Una economía que no existe ,té ilusionaron con una vida mejor , te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxigeno era malo , te vendieron un cuento que sólo existe en la mente maligna de ellos , no te diste cuenta y entregaste todo cambio de un futuro que no existe, te mintieron , te destruyeron poco a poco .

Ha pasado el tiempo y hoy los que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe.

Te reprocho , pero no te culpo , por eso te digo , yo , nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán hacer de nosotras , volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esa mujeres llenas de valentía y fuertes , dandole vida a nuestras comunidades , la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie siendo libres.

Diciendo No Ala palma aceitera ,No ala violencia ,No a quitarnos la vida , y no por medio de una bala , sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan. Por qué esto no es forestación , si no des forestación , por qué esto no es trabajo. Es esclavitud eso no es vida. Es muerte

Hoy alzamos la voz unidas y en ponderadas y decimos vasta ya

Escrito por Flor iveth Contreras Ulloa

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Ante la violencia producida por armas de fuego, organizaciones y academia lanzan campaña: #PazSinArmas

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Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.

Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.

Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Por ello, exhortamos a las autoridades a:

  • Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
  • Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
  • Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
  • Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
  • Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
  • Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
  • Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
  • Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.

Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH)
comunicacion1@cmdpdh.org

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La reforma energética de la 4T perpetúa el modelo extractivo

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de octubre del 2021

El 1º de octubre del 2021 el Ejecutivo Federal presentó, ante la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esta iniciativa de reforma del sector energético contempla, entre otras cosas, “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado… además, como una condición necesaria para que la Transición Energética fortalezca la soberanía de la Nación, se incluye a las industrias que forman parte de esta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales”.

La propuesta pretende la creación de una figura controlada por el Estado mexicano para la extracción del litio, en consecuencia, inhibe la entrega de nuevas concesiones para explorar y explotar el litio a las mineras privadas que las soliciten, aunque también precisa que se respetarán las concesiones otorgadas previamente.

Hasta la fecha en México existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que están en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas. El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedió luego sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La unión 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potosí e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ningún avance. También existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de trámite por una superficie total de 527 mil ha. Si consideramos lo que se plantea en la iniciativa de ley, significa que el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracción del litio actualmente están en proceso y es previsible pensar que serán las concesiones que no formarán parte de la propuesta de reforma energética. En otras palabras, las áreas de litio que le quedarían al estado, serían de acuerdo a la información disponible, áreas marginales en comparación con las que ya han sido entregadas.

El presidente López Obrador ha justificado esta propuesta utilizando el mismo discurso nacionalista y populista de siempre, como algo que permitirá “dejarles a todos los mexicanos recursos para el desarrollo” aclarando que “Tomamos la decisión de remontar esta situación para fortalecer la economía popular” o que “sin ese mineral en manos de la nación, no podríamos desarrollarnos, y cierra afirmando que; “esto tiene que ver con las nuevas generaciones”.

Al respecto poco nos dice o explica sobre cómo resolverá que, en este posible retorno a la rectoría del estado en el bien natural llamado litio, se manifieste la ineficiencia del estado tal cual sucedió con todas las paraestatales que formó el nacionalismo del PRI y luego desapareció el neoliberalismo del PRI. Esa ineficiencia trastoca cargos mayores como la nula credibilidad de un otrora traidor a la patria, pero ahora justiciero social llamado Manuel Bartlett.

Las declaraciones que alientan la arenga política para ganar espacios de opinión antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visión errónea y patriarcal que tienen el presidente para el “desarrollo” de las y los mexicanos. Parte de sus muchos errores es que se le olvida ser un representante y no una autoridad del pueblo de México, por lo tanto, hablar y pensar a nombre de los pueblos, y poner como punto de fuerza lo que, según él es bueno para que “se desarrollen”, usando como palanca el apostar a la promoción de las actividades extractivistas y a la implementación de megaproyectos como propuestas de desarrollo. Muestras de ello están plenamente documentadas en otras expresiones similares como es el caso del desarrollo pensado desde él para los pueblos del sureste que tendrán que lidiar con el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

A REMA nos preocupa que estás iniciativas sean acéfalas y tomen distancia de quienes conocen cómo ha operado el modelo extractivo minero en este país, o a lo largo del continente y del mundo, porque de facto volvemos a caer en la retórica de cuando el estado era el rector de la economía, pero por sus ineficiencias nos dijeron debíamos entregárselas a los privados y ahora que se les ubica como verdaderos insaciables y saqueadores de la vida, debemos retornar a la protección del estado. Las dos visiones se pelean entre la eficiencia y la ineficiencia, entre el despojo y la repartición de las ganancias, pero ambas en esencia harán lo mismo; le darán continuidad al modelo extractivo depredador que está deteriorando el planeta.

Hablar de fortalecer la “economía popular” apostándole a actividades extractivas también es contradicción absurda, ya que justamente dicho modelo extractivo es uno de los principales factores que destruye e impide el mantenimiento de las actividades económicas populares, rompiendo por completos con los modos de vida tradicionales y los procesos de soberanía alimentaria de los pueblos.

También lo es apostar a este modelo extractivo a nombre de “las nuevas generaciones”, porque en realidad si no paramos el modelo extractivo el presente y futuro de las nuevas generaciones será la continuidad de ser explotadas, despojadas, de enfermarse y/o de huir lejos de los territorios donde han vivido sus generaciones anteriores, rompiendo por completo con sus modos de vida, sus identidades y sus lazos familiares para establecer, tal cual la colonia, una nueva construcción de identidades articuladas al capitalismo y el consumo sustentado en un modelo económico que nadie quiere mover un centímetro, a pesar de ser la casual de lo que hoy enfrentamos de forma masiva.

Reiteramos que tratar de romper con el acaparamiento y la explotación de bienes naturales y estratégicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por “empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales” no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios. La larga y turbia historia de PEMEX para la explotación de hidrocarburos, o de la CFE para la implementación de grandes hidroeléctricas o centrales térmicas, como es actualmente el caso con el Proyecto Integral Morelos (PIM), por citar uno dentro de tantos, nos muestran que el patrón de actuación de las empresas privadas o de las paraestatales, inician a partir de la imposición de proyectos, de promover el despojo y de generar la división social usando como herramienta básica la criminalización de quienes se oponen o nos oponemos a este tipo de “desarrollo”. Si el modelo extractivo se perpetua de verdad no importa si privados o el estado o hasta cooperativas comunitarias son quienes sacan los minerales, como tampoco importa si hablamos de minerales tradicionales o los nuevos minerales del futuro como el litio. Todo es una farsa nacionalista, política, económica y ambiental.

Cabe destacar también que el objetivo de reemplazo progresivo del parque vehicular tradicional por coches eléctricos, que justifican ahora esos proyectos de “minería verde” en el contexto de transición energética, implica mucho más minerales que solamente el uso del litio. El litio representa una parte mínima de los minerales necesarios para construir un coche eléctrico (6% del volumen de minerales estimado para los coches eléctricos), lo que implica el uso de cantidades gigantescas de cobre (26% de la demanda total), grafito (33%) o níquel (25%), entre muchos otros metales menos abundantes en el planeta. En promedio se estima que un coche eléctrico requiere seis veces más minerales que los coches convencionales, con lo cual podemos darnos una idea del fomento tan drástico que tendremos del extractivismo minero bajo la falsa premisa de “salvar el planeta” a través de la transición energética. A eso hay que agregarle cantidades aún más abrumantes de cobre y aluminio que son necesarias para construir las nuevas redes eléctricas para los puntos de carga de dichos coches y conectar las nuevas centrales renovables previstas con las zonas de consumo.

En el caso del cobre, la Energy Information Administration (EIA) estima en casi 19 millones de toneladas la cantidad de cobre que será necesaria de aquí al 2040 a nivel mundial para satisfacer la demanda de las redes eléctricas (representa 10 veces la cantidad de cobre necesaria estimada para construir los coches eléctricos). Pero al parecer ello no debería preocuparnos como mexicanos ya que, para entregar el bien natural cobre al mercado, contamos con la limpia, maravillosa, ambientalmente justa y responsable empresa conocida como Grupo México, esa que podemos presumir en el mundo como una buena “empresa de capital nacional”, que nos ayudará a resolver el tan ansiado “desarrollo de los pueblos”, la “economía popular” y “el futuro de las nuevas generaciones”. Da vergüenza el bajísimo nivel de análisis político, técnico, tecnológico, ambiental y social que se plantea tanto por los acompañantes de la iniciativa, incluyendo a su gestor, como por los detractores de la misma que apuntan a sostener la continuidad de sus negocios.

Por otra parte, si agregamos otro componente de análisis, pretender que esta reforma energética garantiza la soberanía energética y económica de México o que “la regulación del litio hará crecer la economía mexicana pues le brindará oportunidad a la industria automotriz para exportar bienes manufacturados por medio del T-MEC” es otra cosa absurda. Casi el 80% de la electricidad que se genera en México se produce consumiendo hidrocarburos que provienen en buena medida del gas extraído mediante la técnica de fracking en los EEUU y que México debe importarlo como fuente energética para cubrir sus procesos industriales y domésticos.

Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU, lo cual está sujeto a las condiciones existentes en el tratado de libre comercio firmado con el gobierno estadounidense y en el cual ya participó esta presidencia de México. Importamos gas para generar electricidad, que termina en gran medida consumiendo la industria (60% del consumo eléctrico nacional) dentro de las cuales destacan las empresas mineras (la actividad minera consume lo mismo que un tercio de la población mexicana) y el sector maquilador, que se han instalado aquí por la mano de obra barata y las pocas restricciones ambientales. Dichas industrias, como lo es por ejemplo la industria maquiladora del sector automotriz, no aportan “desarrollo” o trabajo digno y emancipador a la población mexicana, sino todo lo contrario: busca explotar y despojar cuerpos, recursos y territorios. Tampoco hacen crecer la economía mexicana, producen bienes que no benefician al desarrollo del país, y apuntalan los bienes de consumo que se exportan a otros países, principalmente hacia EEUU. La dependencia de México y su subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global es un tema complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo sabe el gobierno de México, pero esconde la información para meterla al análisis de la transición energética y en consecuencia nos miente.

Abiertamente manifestamos que, el hecho de ser críticos y mostrar de manera breve las contradicciones de la iniciativa de ley del actual gobierno, no nos vuelve para nada afines con los discursos neoliberales de las saqueadoras empresas energéticas privadas, así como tampoco nos mete en la lista de sus aliados ambientalistas encabezados por grandes Ongs que andan muy activas refrendado un discursos de la transición, sin nada de elementos que garanticen sus afirmaciones sobre la apuesta las energías renovables, con el argumento de la emergencia climática. Esta emergencia es real, pero desde nuestro posicionamiento, el desarrollo de esos megaproyectos “renovables” es parte del mismo modelo que criticamos y combatimos. Los intereses de las empresas que los promueven son los mismos que los de las empresas mineras que promueven proyectos de “minería verde”: aumentar y diversificar sus ganancias usando la estrategia emocional de la “emergencia” (climática, sanitaria y económica) para imponer sus proyectos, es manipulación. Este patrón de imposición, los impactos que generan en los territorios, y los sectores que abastecen, nos muestran claramente que dichos proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos o mineros no tienen nada de “limpio”, “verde “sustentable” o de “utilidad púbica” ni de desarrollo nacional ni futurista para las nuevas generaciones. La Transición Energética Corporativa es una transición de mercado que permite a los actores responsables, en grandes medidas, de la crisis ambiental actual, de mantenerse a flote y de posicionarse cínicamente ahora como los “salvadores del planeta”. No representa ningún cambio de modelo, repite las mismas estructuras de dominación coloniales y de acumulación de capital (creando también nuevas, que algunas personas nombran ahora “acumulación por descarbonización”).

Los pueblos, y los otros seres vivos que habitan nuestra tierra, no necesitamos que “nos salven” o “nos desarrollen”. Necesitamos que dejen de imponernos sus falsas soluciones y modelos de vida hegemónicos y explotadores. Que respeten nuestro derecho a la autodeterminación para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras. El derecho a no seguir siendo “sacrificadas/os” a nombre de un supuesto desarrollo en el que no cabemos. El derecho a apostar en soluciones colectivas y alternativas a este modelo impuesto, que iremos construyendo desde y para los pueblos.


TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA Y DE FALSOS PROYECTOS VERDES

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: José Yuste

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Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

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Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021

Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.

Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

>>Escucha la entrevista aquí<<

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: texaco-mecheros-planv – RMR

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Soberanía Alimentaria, Un manifiesto por el futuro de nuestro planeta

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Compartimos este comunicado de La Vía Campesina a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 10 de octubre del 2021

DECLARACIÓN OFICIAL DE LA VÍA CAMPESINA POR LOS 25 AÑOS DE LUCHA COLECTIVA
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Soberanía Alimentaria es una filosofía de vida.

Define los principios sobre los cuales nos organizamos en nuestra vida diaria y coexistimos con la Madre Tierra. Es una celebración de la vida y de la diversidad que nos rodea. Abraza a cada elemento de nuestro cosmos; el cielo sobre nuestras cabezas, la t ierra debajo de nuestros pies, el aire que respiramos, los bosques, las montañas, los valles, campos, océanos, ríos y estanques. Reconoce y protege la interdependencia entre 8 millones de especies que comparten este hogar con nosotrxs.

Heredamos esta sabiduría colectiva de nuestrxs ancestrxs, quienes labraron la tierra y vadearon las aguas durante 10000 años, período en el que evolucionamos hacia una sociedad agraria. La Soberanía Alimentaria promueve la justicia, la igualdad, la dignida d, la fraternidad y la solidaridad. Es, también, la ciencia de la vida; construida a través de realidades vividas a lo largo de innumerables generaciones, cada una enseñando a su progenie algo nuevo, inventando nuevos métodos y técnicas que se integren en armonía con la naturaleza.

Como poseedorxs de este rica herencia, es nuestra responsabilidad colectiva defenderla y preservarla. Reconociendo esto como nuestra responsabilidad (especialmente, a finales de los años 90 cuando los conflictos, el hambre agud a, el calentamiento global y la pobreza extrema eran demasiado visibles para ignorarlos), La Vía Campesina (LVC) llevó el paradigma de la Soberanía Alimentaria a los espacios de formulación de políticas internacionales. LVC le recordó al mundo que esta fil osofía de vida debe guiar los principios de nuestra vida compartida.

Los años 80 y 90 fueron una era de expansión capitalista desenfrenada, a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Las ciudades se expandían y crecían a costa de la man o de obra barata, no remunerada y mal remunerada. El campo estaba siendo empujado al olvido. Las comunidades rurales y las formas de vida rurales fueron barridas bajo la alfombra por una nueva ideología que quería convertir a todxs en merxs consumidorxs de cosas y en objetos de explotación con fines de lucro. La cultura y la conciencia popular estaban bajo el hechizo de anuncios brillantes que incitaban a la gente a “comprar más”. En todo esto, sin embargo, lxs que producían (la clase trabajadora en las zonas rurales, costas y ciudades, lo que incluía a lxs campesinxs campesinxs1 y otrxs pequeñxs productorxs alimentarixs) eran invisibles, mientras que lxs que podían permitirse el consumo ocupaban un lugar central. Llevadxs al límite, lxs trabajadorxs campesinxs y las comunidades indígenas de todo el mundo reconocieron la urgente necesidad de una respuesta organizada e internacionalista a esta ideología globalizadora y de libre mercado propagada por lxs
defensorxs del orden mundial capitalista. La Soberanía Alimentaria se convirtió en una de las expresiones de esta respuesta colectiva.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en un debate sobre cómo organizamos nuestros sistemas alimentarios globales, La Vía Campesina acuñó este término; para insistir en la centralidad de lxs pequeñxs productorxs de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas y la solidaridad entre los pueblos como componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura.

En la década siguiente, los movimientos sociales y lxs actorxs de la sociedad civil trabajaron juntxs para definirlo más “como el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones

La introducción de la Soberanía Alimentaria como un derecho colectivo cambió la forma en la que el mundo entendía la pobreza y el hambre. Hasta entonces, especialmente en los primeros años del siglo XXI, una idea limitada de “Seguridad Alimentaria” dominaba los círculos de gobernanza y formulación de políticas. Noble en su intención, la seguridad alimentaria trataba a lxs afectadxs por el hambre como objetos de compasión y corrí a el riesgo de reducirlxs a consumidorxs pasivxs de alimentos producidos en otros lugares. Si bien reconoció la alimentación como un derecho humano fundamental, no defendió las condiciones objetivas para producir alimentos. ¿Quién produce? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y, ¿Por qué? Todas estas preguntas estaban ausentes y el foco estaba decididamente puesto en, simplemente, “alimentar a la gente”. Un énfasis manifiesto en la seguridad alimentaria de las personas ignoró las peligrosas consecuencias de la producción industrial de alimentos y la agricultura industrial, construida sobre el sudor y el trabajo de lxs trabajadorxs migrantes.

La Soberanía Alimentaria, por otro lado, presenta una reforma radical. Reconoce a la gente y las comunidades locales como age ntes centrales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Requiere comunidades locales fuertes y defiende su derecho a producir y consumir antes de comercializar el excedente. Demanda autonomía y condiciones objetivas para el uso de los recursos locales, exige la reforma agraria y la propiedad colectiva de los territorios. Defiende los derechos de las comunidades campesinas a usar, guardar e intercambiar semillas. Defiende los derechos de las personas a comer alimentos saludables y nutritivos. Fomenta los ciclos productivos agroecológicos, respetando las diversidades climáticas y culturales de cada comunidad. La paz social, la justicia social, la justicia de género y las economías solidarias son condiciones previas esenciales para hacer realidad la soberanía alimentaria. Exige un orden comercial internacional basado en la cooperación y la compasión frente a la competencia y la coacción. Exige una sociedad que rechace la discriminación en todas sus formas (de casta, clase, raza y género) e insta a las personas a luchar contra el patriarcado y la estrechez mental. Un árbol es tan fuerte como sus raíces. La Soberanía Alimentaria, definida por los movimientos sociales de los años 90 y, posteriormente, en el Foro de Nyeleni en Mali en 2007, intenta precisamente eso.

Este año celebramos 25 años de esta construcción colectiva.

El mundo no es para nada perfecto. Incluso frente a una desigualdad sin precedentes, el aumento del hambre y la pobreza extrema, el capitalismo y la ideología del libre mercado continúan dominando los círculos políticos. Peor aún, también se están haciendo nuevos intentos para visualizar un futuro digital: de agricultura sin agricultorxs, pesca sin pescadorxs todo bajo el disfraz de la digitalización de la agricultura y para crear nuevos mercados para los alimentos sintéticos.

A pesar de todos estos desafíos, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, que ahora es mucho
más extenso que La Vía Campesina y está compuesto por varixs agentes, ha logrado avances significativos.

Gracias a nuestras luchas conjuntas, las instituciones de gobernanza mundial, como la FAO FAO2 han llegado a reconocer la centralidad de la soberanía alimentaria de los pueblos en la formulación de políticas internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales vuelve a enfatizar esto en el artículo 15.4, cu ando establece que: Lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Esto incluye el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas alimentarias y agrícolas, y el derecho a una alimentación sana y adecuada producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten sus culturas.

Algunas naciones también han otorgado reconocimiento constitucional a la Soberanía Alimentaria. Las interrupciones causadas por la pandemia de COVID 19 en las cadenas alimentarias industriales han recordado aún más a los gobiernos nacionales la importancia de crear economías locales sólidas.

La Agroecología Campesina, fundamental para asegurar la soberanía alimentaria en nuestros territorios, ahora es reconocida en la FAO como fundamental para nuestra lucha contra el calentamiento global. Los relatores especiales actuales y anteriores de las Naciones Unidas han respaldado la soberanía alimentaria como una idea simple, pero poderosa que puede transformar el sistema alimentario mundial favoreciendo a lxs pequeñxs productorxs de alimentos. La campaña sostenida de los movimientos sociales también ha resultado en varias victorias legales contra las corporaciones que producen agrotóxicos y semillas químicas y transgénicas.

Sin embargo, lo que tenemos por delante esun camino con muchas barreras.

Lxs defensorxs del orden mundial capitalista se dan cuenta de que la soberanía alimentaria es una idea que atenta contra sus intereses financieros. Prefieren un mundo de monocultivos y gustos homogéneos, donde los alimentos se puedan producir en masa, utilizando mano de obra barata en fábricas lejanas, sin tener en cuenta sus impactos ecológicos, humanos y sociales. Prefieren economías de escala a economías locales sólidas. Eligen un libre mercado global (basado en la especu lación y la competencia feroz) por sobre las economías solidarias que requieren mercados territoriales más sólidos (mercados campesinos locales) y la participación activa de lxs productorxs de alimentos locales. Prefieren tener bancos de tierra donde la ag ricultura por contrato a escala industrial reemplace a lxs pequeñxs productorxs. Inyectan nuestro suelo con agrotóxicos para obtener mejores rendimientos a corto plazo, ignorando el daño irreversible a la salud del suelo. Sus arrastrerxs volverán a rastrea r los océanos y ríos, capturando peces para un mercado global mientras las comunidades costeras mueren de hambre. Continuarán intentando secuestrar semillas de campesinxs indígenas a través de patentes y tratados de semillas. Los acuerdos comerciales que e laboran volverán a tener como objetivo reducir los aranceles que protegen nuestras economías locales.

Un éxodo de jóvenes desempleadxs, que abandonan las granjas de las aldeas y eligen el trabajo asalariado en las ciudades, encaja perfectamente con su impulso de encontrar un suministro regular de mano de obra barata. Su enfoque implacable en los “márgenes” significa que encontrarían todos los medios para deprimir los precios en las explotaciones agrícolas mientras los negocian a precios más altos en los supermercados minoristas. Al final, lxs que pierden son las personas, tanto lxs productorxs como lxs consumidorxs. Lxs que se resistan serán criminalizadxs. Una feliz coexistencia de la élite financiera mundial con gobiernos autoritarios significaría que incluso las más altas instituciones, a nivel nacional y mundial, destinadas a supervisar y detener las violaciones de derechos humanos, mirarían hacia otro lado. Lxs multimillonarixs utilizarían sus fundaciones filantrópicas para financiar agencias que producen “informes de investigación” y “revistas científicas” para justificar esta visión corporativa de nuestros sistemas alimentarios. Cada espacio de gobernanza global, donde los movimientos sociales y los miembros de la sociedad civil hicieron campaña para ganar un asiento en la mesa, dará paso a los conglomerados corporativos que entrarán en escena como “par tes interesadas”. Se hará todo lo posible para ridiculizar a aquellxs de nosotrxs que defendemos la Soberanía Alimentaria como no científicxs, primitivxs, poco prácticxs e idealistas. Todo esto sucederá, como sucedió en las últimas dos décadas.

Nada de esto es nuevo para nosotrxs. Lxs condenadxs a las periferias de nuestras sociedades por un sistema capitalista cruel y devorador no tenemos más remedio que luchar. Debemos resistir y demostrar que existimos. No se trata solo de nuestra supervivencia, sino también de las generaciones futuras y de una forma de vida transmitida de generación en generación. Es por el futuro de nuestra humanidad que defendemos nuestra soberanía alimentaria.

Esto solo es posible si insistimos en que cualquier propuesta de política local, nacional o global en materia de alimentación y agricultura debe basarse en los principios de soberanía alimentaria, como la definen los movimientos sociales. Lxs jóvenes campesinxs y trabajadorxs del movimiento mundial deben liderar esta lucha. Debemos recordarnos a nosotrxs mismxs que la única manera de hacer oír nuestra voz es uniéndonos y construyendo nuevas alianzas dentro y fuera de cada frontera. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos y lxs agentes de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, lxs académicxs, lxs científicxs y lxs entusiastas de la tecnología deben unirse para defender esta visión de nuestro futuro. Las mujeres campesinas y diversidades deben encontrar un espacio equitativo en la dirección de nuestro movimiento en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y abordar todas las formas de discriminación que mantienen divididas a las sociedades rurales.

La Soberanía Alimentaria ofrece un manifiesto para el futuro, una visión feminista que abraza la diversidad. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta y nutre.

¡En su defensa, estamos unidxs!
¡Globalicemos la lucha, glogalicemos la esperanza!

#NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria

La Vía Campesina
10 de Octubre de 2021

A 99 días del asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro

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Compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre nuestro compañero Simón Pedro – A 11 de octubre del 2021

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogadosdel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Justicia para Simón Pedro

Más información:

Martes 19 de octubre, 6 pm, Cine-debate: El campo tiene sed

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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“El campo tiene sed”

Montes de María y su lucha por el derecho al agua

Martes 19 de octubre de 2021, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión del mes de octubre y en el marco del mes del agua proyectaremos el documental: El Campo tiene Sed, que nos cuenta sobre .Acompáñanos este martes 19 de octubre 6 pm en Kinoki San Cristóbal

Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala

El documental “El Campo tiene Sed” sobre las Comunidades rurales de Montes de María y su lucha por el derecho al agua, da cuenta de la situación que viven tres comunidades campesinas de la subregión de los Montes de María en relación con su derecho al agua potable y al acceso y uso colectivo del recurso hídrico y sus playones comunales. Si bien se reconoce el fuerte impacto del fenómeno del niño, existen otras causas que podrían explicar por qué una región con un alto potencial hídrico representado en ciénagas, represas, arroyos, aguas subterráneas y el imponente paso del río Magdalena, no ha logrado hacerle frente a la crisis de agua que vive su población..

Una producción de la Corporación Desarrollo Solidario y el equipo de Comunicación Rural de OPDs -Montes de María, con el apoyo de Hanns Seidel, Planeta Paz y la Fundación Ayuda en Acción Colombia.

1er Feria Ambiental Acciones por el buen vivir en San Cristobal – 15,16 y 17 de octubre

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Les compartimos la invitación a la Primera Feria Ambiental de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La cual reúne a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el cuidado y conservación del ambiente con la finalidad de compartir con la población: Acciones para el Buen Vivir.

Entrada Libre

Les esperamos en las diversas actividades que se realizarán, consulta la convocatoria y visita su cuenta en facebook. Les invitamos a la inauguración este viernes 15 de octubre de 12 a 13 horas, vía online desde las cuentas de Na Bolom y Alianza Francesa de San Cristóbal.

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

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Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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