Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26

Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México conocidas como Defensoras de la Tierra acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

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Solidaridad Internacional con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quien será reconocida este año con el III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

Compartimos esta carta en apoyo y solidaridad con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A noviembre 2021

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El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”

La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista. 

El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.

Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. 

En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.

En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.

El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.

A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia. 

¿Qué puedes hacer tú?  Firma esta petición y exige justicia para Simón:

Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

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Carta de apoyo a El Estor

Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021

Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:


Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios.
Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo  ApoyoalEstor@gmail.com

Muchas gracias

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y  se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.

La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19-  sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.

Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel-  para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC. 

La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.

Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.

Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de  persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección

 Firmantes

Imagen: Radio Temblor

Más información:

Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

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Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago

Más información:

Martes 16 de noviembre, 6 pm, Cine-debate: Mujeres y territorio

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“Mujeres y territorio”

Historia de Mujeres Defensoras de la Vida y el Territorio

Martes 16 de noviembre de 2021, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión del mes de noviembre y en el marco del 25 de Noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres proyectaremos una seria de cortometrajes documentales sobre Mujeres Defensoras de México y otros países. Acompáñanos este martes 19 de octubre 6 pm en Kinoki San Cristóbal

La Batalla de las Cacerolas

Cortometraje México 2015 Duración 10:22
Sipnosis: Abuelas en resistencia Esta es la historia de las batallas que han dado las mujeres tepoztecas contra los megaproyectos que constantemente asechan su pueblo, una de esas tantas fue la batalla de las cacerolas.

Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala

#AguaEnFemenino | Mujeres defensoras del Derecho al Agua

Las mujeres juegan un papel clave en la defensa del Derecho al Agua. Defendiendo el agua, defienden la vida y el futuro de sus familias, sus comunidades y sus barrios.

El vídeo recoge testimonios de mujeres poderosas que defienden el Derecho al agua en Centroamérica y África Subsahariana, y está introducido por Pedro Arrojo, el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos al Agua y al Saneamiento.

Somos Fuego

“Somos fuego. El miedo cambió de bando” es un documental de Change.org México y Luchadoras narrado por Vivir Quintana en el que a través de las voces de mujeres activistas y defensoras de Derechos Humanos cuenta la historia de quienes hoy luchan en México por poner fin a la crisis de violencia contra las mujeres.

Las mujeres en México están en pie de lucha por la exigencia de una vida libre de violencia. El 66.1% de ellas han enfrentado al menos un incidente de violencia de género en sus múltiples formas, siendo el feminicidio su manifestación letal.

La indignación arde en las calles, y la llama de la organización se contagia entre mujeres movilizadas que han generado múltiples estrategias para hacer frente al miedo y crear un mundo mejor para nosotras.

Mujeres que luchan: Defensa del Agua

“Mujeres que luchan” es una miniserie documental con enfoque de género. Sus protagonistas son las mujeres en la lucha contra la contaminación del agua por el monocultivo de piña, las que se vincularon a los Comités Patrióticos en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) y artistas en danza y teatro. Junto a ellas académicas y activistas comparten análisis y reflexiones.

Como indica Claudia Rodríguez Arguedas, de la Red de Mujeres Rurales “Aquí, las piñeras han deforestado muchísimo. Dicen que es una fuente de trabajo; pero no, lo que están haciendo es contaminando las aguas. Ha sido una lucha muy intensa. Yo le digo a las mujeres: organícense, solo organizadas salimos adelante”

La disputa por el litio: nueva expresión del despojo y profundización del modelo extractivo minero

Compartimos esta nota de la Jornada del Campo sobre el modelo energético – A 16 de octubre del 202

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más aposicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México.

REMA-GEOCOMUNES-MININGWATCH inforema.mexico@gmail.com

Una nueva línea de progreso y desarrollo capitalista se encuentra en boga, esta vez se trata de “la transición energética” la cual, de acuerdo a un discurso mediatizado y cada vez más preponderante, atenderá y resolverá una parte significativa de todas las calamidades y destrucción que hemos realizado contra el planeta y los bienes naturales. El litio, junto a cerca de otros 35 metales que son y serán utilizados durante la transición energética, es uno de los nuevos insumos masivos presentes en la discusión política y económica bajo un contundente discurso de combate al calentamiento global.

Este proceso de transición energética corporativa promueve un cambio de insumos sin mover ni cuestionar el modelo de consumo actual, con el fin de proponer falsas soluciones tecnológicas que representan nuevos nichos de acumulación para capitales mineros, energéticos o automotrices. Esta propuesta no representa ningún cambio significativo con respecto a la relación inseparable que tenemos desde diferentes procesos vinculados con el modelo extractivo, en donde, sin duda alguna, el más destructivo es el modelo extractivo minero.

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más posicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México. Su promoción actualmente está empujada por la especulación, la creación de oferta y demanda, el alineamiento de grandes actores corporativos que ya se frotan las manos con la apertura de nuevos negocios con potencial crecimiento: carros eléctricos y energías renovables.

Esto no sólo está provocando una creciente especulación mercantil y comercial. Varios países, entre ellos México, experimentan una fuerte presión política y económica para facilitar la expansión de la extracción minera alrededor de la exploración de los pocos sitios en el mundo que tienen litio. Las empresas, incluidas las mineras, buscan ya la posesión de tierras, generan expectativas irreales, además de conflictos, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en proceso, en consecuencia, es interesante preguntarnos ¿qué hará el gobierno mexicano actual con la presión extranjera si está decidido a no entregar nuevas concesiones mineras? El tema generó distintas posturas y propuestas como la posibilidad de una nacionalización del litio, de fomentar proyectos de Asociación Público Privada (APP) para su explotación o de realizar procesos estratégicos de alianzas tecnológicas y comerciales con Bolivia. Al margen de que ello ya sucede, es importante resaltar que ese país no ha sacado aún el primer kilogramo de litio al mercado.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos de litio y empresas en México, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción. El más avanzado es el proyecto Sonora Lithium en ese estado, que acaba de ser adquirido al 100% por la empresa china Ganfeng, que controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Y los proyectos en salares entre Zacatecas y San Luis Potosí, adquiridos por Advance Gold Coporation a la empresa Organimax, y el proyecto en Baja California de la empresa One World Lithium.

Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU, así como para el mercado asiático, por lo tanto, no es casual que ello se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con EEUU, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas por este tratado para incrementar el consumo regional de insumos esenciales para la industria automotriz ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá. En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite.

El litio no representa un camino hacia la “transición energética”; por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa razón, las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce, mantendrán su vigencia y prevalencia. •

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite

Imagen: GeoComunes

Más información:

Chiapas Acción Urgente: Las 10 comunidades de Aldama, Chiapas, bajo fuego. Por lo menos 3 mil desplazados

Compartimos esta nota de Radio Zapatista sobre la violencia constante en comunidades de Aldama – A 3 de noviembre del 202

Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.

A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.

Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.

A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso.  A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.

A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.

Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.

Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.

Lee el Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama

Más información:

El Escaramujo en la Radio Martes 9 de noviembre 6pm – “La Alternativa Energética de los Pueblos, Red de Usuarios de Biodigestores en Chiapas”

En nuestra emisión mensual de noviembre del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre los biodigestores como una alternativa energética que encamina a los pueblos hacia un modelo energético más justo y de autogestión, así que acompáñanos este martes 9 de noviembre a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 9 de noviembre a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “La Alternativa Energética de los Pueblos, Red de Usuarios de Biodigestores en Chiapas”.
Charlaremos acerca de la importancia de producir nuestra energía caminando rumbo a la autosuficiencia energética desde y para los pueblos! Nos acompañaran Iris Melissa Presas Ramírez y Alermo López López usuarios de un biodigestor en su hogar.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 9 de noviembre a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Las Abejas de Acteal recibirán el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” 2021

>>Descargar Invitación en PDF<<

Invitación a la Entrega del Premio a la defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

10 A.M. 27 de Noviembre de 2021

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El 27 de Noviembre 2021, en el 12 Aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero, se llevará a cabo la Ceremonia donde se hará entregará del III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021 a la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Invitamos a las diversas organizaciones solidarias y que han acompañado el caminar de Las Abejas, a la entrega de este Reconocimiento por ser el refugio del territorio de aquellas comunidades que ven amenazada su vida en un contexto de suma violencia que se despliega por el territorio chiapaneco pero en especial en la región de los Altos. Sin la búsqueda de la paz, del cuidado de los territorios de los cuerpos amenazados, no puede existir la defensa de la Tierra y el Territorio.

Pese a esa violencia, la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal siguen participando en la Defensa de la Tierra y el Territorio contra el Modelo Extractivo y en la búsqueda de alternativas locales. Por ello, los invitamos a la Ceremonia de entrega de este Reconocimiento acompañados de música y festividad.

Atentamente: Las 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos que avalen el Premio:

  • Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
  • Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
  • México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
  • Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
  • América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
  • Cataluña: Entrepueblos.
  • País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
  • Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
  • Internacional: International Rivers.


¿Quiénes son la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal?

>>Descargar Perfil de Las Abejas de Acteal<<

A principios de la década de los 90 del siglo pasado, un conflicto por la defensa de la tierra y los derechos agrarios de las mujeres desató la represión, incluidas órdenes de aprehensión, contra los defensores y defensoras involucrados en el proceso. Es a raíz de esta situación que en 1992 indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, nació la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal cuyo objetivo fundamental es, desde entonces, luchar contra las injusticias. Con el espíritu pacifista que siempre los ha caracterizado, han enfrentado todo tipo de agresiones y violencia, siendo la más dramática la del 22 de diciembre de 1997 cuando, en el contexto de guerra de baja intensidad desatada por el gobierno de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo armado de corte paramilitar asesinó a 45 indígenas de los cerca de 9 mil que habían buscado refugio en Acteal para proteger sus vidas. La masacre de Acteal causó un fuerte impacto a nivel mundial.

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. La sede de la organización se ubica en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, aunque su territorio de trabajo abarca tres municipios más de Los Altos de Chiapas, cuyos habitantes pertenecen, en su mayoría, a las étnicas mayas tsotsil y tseltal. A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Ha hecho presencia en diferentes lugares del país y del extranjero, buscando que su acción aporte algo para la causa de los demás pueblos organizados y también con el fin de articular esfuerzos por un objetivo común: la construcción de lo que las comunidades llaman el lekil kuxlejal (buen vivir), entendido como la vida justa y digna a la que todo ser humano tiene derecho.

Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución, sin importar la religión que profesen ni su filiación política. Su solidaridad no tiene límites. En julio de 2021 nuevamente miles de indígenas de la región, entre ellos miembros de la propia organización, se vieron obligados a huir de sus comunidades a causa de la presencia y acciones de grupos armados, iniciándose con esto un nuevo proceso de desplazamiento forzado interno, con todas las terribles consecuencias que conlleva. Ante los asesinatos y despojo de tierras que sufrieron, muchas familias de los municipios de Pantelhó, Chenalhó y Simojovel decidieron dejar sus viviendas y refugiarse en diversos puntos de la región, incluida la comunidad de Acteal, a donde llegaron casi 200 personas en busca de protección. Acteal sigue siendo el lugar y símbolo de la paz, del refugio, de la solidaridad y del cuidado de las mujeres y los niños. Por Acteal han pasado miles de personas, organizaciones y personalidades que han demostrado su solidaridad a la Sociedad Civil Las Abejas y la humanidad.

¿Por qué consideramos esta candidatura?

Las Abejas de Acteal han participado en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (Mapder) desde su creación en el 2002. Desde entonces han asistido a los foros organizados por el Mapder así como a los encuentros mesoamericanos y latinoamericanos de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) que se han celebrado en distintos países. Cada 14 de marzo realizan acciones a favor del Día Mundial contra las Represas, a través de movilizaciones y pintas por las comunidades y los pueblos. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.

Las Abejas asumen su lucha de la defensa contra la depredación de sus territorios desde el ámbito estructural con su participación en diversos foros, como los encuentros contra el Plan Puebla Panamá (PPP) desde el año 2001; el Encuentro Hemisférico contra la Militarización (2004); las movilizaciones contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Cancún (2010), y en la lucha contra al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (2001-2005). En 2011, la comisión del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México (TPP- Cap.México), que trabajó el eje “migración, refugio y desplazamiento forzado”, realizó su primertaller con la Sociedad Civil Las Abejas en la comunidad de Acteal.

Asimismo, las instalaciones de Las Abejas fueron sede del Primer Encuentro del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático (MOVIAC, 2012). Junto con otras organizaciones, formaron parte del Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo (2016) y del proceso de Acompañamiento Psicosocial para la Defensa del Primer Territorio: Nuestro Cuerpo, Mente y Espíritu, para fortalecer la resiliencia en la defensa de los territorios contra megaproyectos durante 2019. Las Abejas forman parte activa de la Escuela de Justicia Energética (2019-2021) que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. Participan en la Escuela Popular Ejidal y Comunal (2020-2021) para la defensa de los territorios desde las comunidades y núcleos agrarios. También se suman al Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite (2021) para generar consciencia de las afectaciones de los monocultivos y generar estrategias de defensa contra estas plantaciones que avanzan en territorios chiapanecos. Su participación en los procesos de formación, movilización y acción en torno a la defensa de los territorios y el medio ambiente siempre ha sido muy activa, como lo es su presencia solidaria en otrosmovimientos y procesos de lucha.

Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. Han albergado a la Escuela Popular Agua y Energía proceso de formación comunitario itinerante, impulsando sistemas de eco tecnologías para la captación de agua lluvia, sanitarios ecológicos secos, sistemas de producción desde la agroecología y han reivindicado la defensa de los maíces nativos ante el embate de la agroindustria alimentaria global que quiere sembrar maíces transgénicos en México y que impulsa un modelo de producción a base de fertilizantes sintéticos y plaguicidas altamente peligrosos.

Su búsqueda por la verdad y la justicia los ha llevado a solidarizase y hacerse presente ante los actos de criminalización, hostigamiento y asesinatos de varias compañeros y compañeras de lucha. En Las Abejas siempre encontraremos una palabra, un rezo, un comunicado para las y los defensores que hemos perdido, una luz y una fuerza para recuperar la esperanza y la dignidad, para exigir justicia.

Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos y quien también participara en diversos encuentros de las redes contra otros megaproyectos, en el Mapder y con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Programa de la Entrega del III Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2021

Más información:

PDF: Diccionario Popular Agrario

Compartimos con mucha alegría este material de Educación Popular que surgió como una inquietud de entender la Ley Agraria durante la Escuela Popular Ejidal y Comunal elaborado por nuestro compañero Eleazar Gómez – Octubre de 2021 >>Descargar Diccionario en pdf aquí<<

PRESENTACIÓN

En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.

ABREVIATURAS

  • CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
  • CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
  • CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
  • CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
  • CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
  • CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
  • LA: Ley Agraria.
  • LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
  • LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
  • PA: Procuraduría Agraria.
  • PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
  • PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
  • RAN: Registro Agrario Nacional.
  • RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
  • RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
  • RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
  • RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
  • SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
  • SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • TA: Tribunal Agrario.
  • TSA: Tribunal Superior Agrario.
  • TUA: Tribunal Unitario Agrario.

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.

Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.
Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).

Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado o de actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.

Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan anteellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.

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Examinan el papel de la Embajada Canadiense en el asesinato del líder mexicano Mariano Abarca

Compartimos este podcats producido por CDHAL y ALER sobre la próxima audiencia en Canadá sobre el caso de #JusticiaParaMariano – A 19 de octubre del 2021

El próximo 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Mariano Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas – México, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros”, son palabras de José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

Declaraciones del abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA), y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca; Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos; Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas; Libertad Díaz y Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Algunos de los testimonios de esta producción radial fueron obtenidos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

Producción: Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL); María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

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