Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021
De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido
Por: ALEJANDRA FÉLIX •
Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –
Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.
Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.
Compartimos este pronunciamiento de diferentes organizaciones, y colectivos sobre la tragedia ocurrida en la carretera Chiapas de Corzo – Tuxtla Gutiérrez donde se volcó un trailer donde viajaban personas migrantes- A 9 de diciembre del 2021
54 migrantes muertos en el más grave accidente registrado en Chiapas
El tráiler con 159 personas migrantes provenientes principalmente de Guatemala volcó en una curva; 54 personas murieron y 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad. La política migratoria militarizada por parte del gobierno mexicano obliga a las personas migrantes a tomar rutas peligrosas, denuncian organizaciones
Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Fotos: Cuartoscuro
CHIAPAS.- Gerónimo Chicof Zavala canta en su lengua materna una canción triste, mientras enseña a su esposa, a través de una videollamada telefónica, sus heridas y la de sus compañeros de viaje. Llora, igual que Elvis Quino, de 16 años, monolingüe. A su lado, Vanesa Ambrosio Juárez, de 15 años, dice que va a volver a intentar emprender de nuevo la travesía, porque en su tierra no tiene un futuro. Los tres son sobrevivientes del accidente en el que murieron 54 migrantes, los tres son campesinos originarios de El Quiché, la zona más pobre de Guatemala.
El reporte oficial de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas indica que en el viejo tráiler de placas 444-DW-4 iban hacinadas 159 personas migrantes, el 94 por ciento de ellas originarias de Guatemala. Sólo tres eran de República Dominicana, una de Honduras y una de Ecuador.
En entrevistas, los sobrevivientes explicaron que la mayoría son del Departamento Quiché, donde siete de cada diez pobladores viven en pobreza o en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país.
La historia de pobreza y hambre es el común denominador de quienes migran arriesgando su vida, para intentar cambiar su situación. Martín Méndez Salvador dice que desde que recuerda ha pasado hambre. Por eso ahora que tiene dos hijos, Josep Martín de tres años y Manuel Alejandro de un año, decidió vender sus pocas pertenencias para intentar llegar a Estados Unidos, y buscar trabajo; no quiere que sus crías sufran lo que él sufrió.
Pero su viaje terminó en tragedia, cuando el tráiler en el que iban tomó mal una curva. La caja de carga donde iban parados, solo sujetos de unas barras metálicas, se desprendió de la base y se impactó contra unos pilares de cemento de un puente, el vehículo volcó.
Martín, entrevistado en el hospital, dice que sintió un golpe fuerte, que se desmayó, y despertó en el hospital. De las 159 personas que iban en el vehículo, 49 murieron por el impacto de cuerpos y fierros retorcidos, cinco más fallecieron en el hospital; 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad.
Resalta en esta tragedia que 19 son menores de edad, adolescentes que ven en la migración una vía para mejorar su futuro. “Yo vengo por un sueño, allá en Guatemala están bien duras las cosas y mi papá está enfermo”, explica Vanesa.
El accidente se registró a la altura del Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré, en la zona conurbada que comunica la capital con el municipio Chiapa de Corzo.
Según el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el chofer iba a exceso de velocidad. Al llegar a la curva perdió el control, lo que provocó que la caja del vehículo se desprendiera e impactara contra los pilares de cemento del puente.
La travesía
Para entrar a México a través de Chiapas hay tres rutas principales. Una es la de la zona costa, donde se cruza por el río Suchiate y se llega como primer punto a la ciudad de Tapachula. En este lugar, ahora mismo en encuentran miles de migrantes imposibilitados de salir, cercados por retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
La segunda ruta es por la zona selva que los lleva a la ciudad de Palenque, donde el pasado 9 de noviembre una docena de migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos vehículos en los que eran transportados. El nerviosismo de los conductores al pasar cerca del reten del INM en la zona de Playas de Catazajá los hizo chocar; explotaron los tanques de gasolina.
La tercera ruta es la más peligrosa. Pasa por la zona de sierra y montañas colindante con El Petén guatemalteco, región controlada por grupos de la delincuencia organizada, quienes en los meses recientes tienen el dominio absoluto de los caminos, establecen toques de queda y pagos por el tránsito. Ningún migrante pasa desapercibido, todos deben pagar y acordar su ruta con algún traficante.
Es por esta ruta que pasaron los migrantes del Quiché. Uno de los migrantes que pidió el anonimato dice que pasando la frontera “el coyote” subió a un grupo de unas 12 personas en unidades de transporte colectivo; llegaron al municipio de Comitán, cambiaron de vehículo a un camión más grande y llegaron a San Cristóbal de Las Casas. Ahí, relata, los metieron a una bodega donde esperaron que se juntara un grupo más grande. Cada “coyote” fue llevando a su grupo, hasta que alrededor de las dos de la tarde subieron a todos al camión de carga tipo tráiler.
En San Cristóbal de Las Casas y los municipios vecinos como San Juan Chamula y Teopisca, el tráfico de personas creció en años recientes. Casi cualquier habitante puede indicar donde hay “casas de seguridad” o bodegas donde los esconden hasta subirlos a transporte para ser trasladados.
De la frontera con el Petén al lugar donde ocurrió el accidente, hay al menos cuatro retenes de inspección policiaca-militar. El primero es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, ubicado tres kilómetros antes de la entrada al municipio de Comitán; otro a seis kilómetros de la salida de ese municipio; en este retén hay agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional; inspeccionan todos los vehículos de carga y pasajeros que pasan por el lugar.
Un retén más está en el kilómetro 43 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas; y otro a sólo cuatro kilómetros antes del lugar del accidente. Por todos estos lugares pasaron los migrantes; en los dos últimos ya a bordo del tráiler.
Organizaciones responsabilizan la política migratoria militarizada
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció que la política de contención migratoria del gobierno mexicano ha obligado a las personas migrantes a tomar rutas más peligrosas y controladas por traficantes de personas. También han denunciado la complicidad de autoridades de diferentes instituciones en este tráfico.
“La política migratoria militarizada, represiva y violenta, obliga a las personas migrantes que se desplazan por el sur de México a tomar opciones y rutas cada vez más peligrosas, que ponen en riesgo su vida e integridad. Los terribles hechos de este accidente son resultado directo de esas políticas del Estado que no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes”, señalaron en un comunicado.
Apenas el pasado 9 de noviembre, 12 migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos camionetas de transporte colectivo; hacían la ruta de Palenque-Playas de Catazajá, también en Chiapas. Otros tres de nacionalidad hondureña resultaron heridos.
El accidente de este jueves es el más grave que se ha registrado hasta el momento en donde las víctimas son personas migrantes.
Condolencias oficiales
En su cuenta de Twitter el INM señaló que “lamenta el fallecimiento de personas migrantes en el trágico accidente ocurrido en Chiapas”. Aseguró que se coordina con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a sus países. Además, se dará atención humanitaria a los sobrevivientes, alojamiento, alimentación y en caso de que acepten, Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. También ofreció coadyuvar en la investigación.
También en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei también lamentó “profundamente la tragedia ” y ofreció a las familias “toda la asistencia consular necesaria incluyendo las repatriaciones”.
Al menos 53 migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridos esta tarde luego de que el tráiler en el que iban ocultos volcó en el tramo carretero de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.
En lo que es considerado el más grave accidente con el mayor número de migrantes muertos, este jueves alrededor de las 16 horas, el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad y se le desprendió la caja en la que iban ocultos más de 100 migrantes procedentes de la frontera de México con Guatemala.
El accidente ocurrió en el tramo carretero que va de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, cerca del puente Dr. Belisario Domínguez sobre el Río Grijalva, donde empieza el Cañón del Sumidero; a escasos metros había superado un retén de la policía estatal.
El Sistema Estatal de Protección Civil dijo que se brindó atención derivado del accidente automovilístico y de manera preliminar se tuvo registro de 45 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas a hospitales de diversos puntos de la región.
Atención a migrantes lesionados.
La tragedia activó la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil para traslados de lesionados. También se activó equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Protección Civil (ERI), Secretaría de Salud, Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional.
En el lugar del accidente se registraron al menos 49 personas fallecidas y más de 50 lesionados, pero la Cruz Roja Mexicana reportaron cuatro personas más fallecidas en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Con lo que ascendería a 53 el número de personas migrantes fallecidas.
Aún no se ha determinado las edades, ni el sexo, no los nombres y nacionalidades de los migrantes fallecidos y heridos en esta tragedia. Lo que sí se sabe es que eran más de 100 migrantes que habían pasado ya varios retenes migratorios, policiacos, estatales y federales.
El chofer del tráiler huyó de la zona donde fue el accidente, según los migrantes salieron en la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla la capital del Estado, para tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, para llegar hasta el estado de Puebla.
Compartimos esta nota de La Jornada sobre la industria del monocultivo de palma de aceite en Chiapas – A 4 de diciembre del 2021
Jóvenes indígenas de diversas comunidades del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, exigió a las autoridades locales y federales que ordenen el cierre de las fábricas de aceite de palma africana ubicadas en la zona, debido a los daños ecológicos que genera la producción de dicho compuesto.
En una carta dirigida a varias instancias de gobierno, aseguraron que tanto las personas como el entorno natural de la región están siendo afectados “por las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas de las plantas extractoras de aceite de palma”.
Uno de los daños provocados por dicha actividad industrial, señalaron los habitantes de pueblos como Benemérito, San José, La Unión, Arroyo las Delicias y Quiringuicharo, es la contaminación que generan los residuos de la planta en los mantos acuíferos que se utilizan para el riego de sembradíos y la bebida de los animales.
También aseguraron que la presencia de la mencionada especie “ha provocado la infertilidad de la tierra, por lo que si una persona quisiera cambiar la palma por plantar arroz, maíz o frijol, sería muy difícil, porque el suelo ya está muy desgastado por la palma africana, que utiliza grandes cantidades de agua y cuyas raíces son difíciles de desterrar”. Un efecto más de esas emisiones industriales es la pérdida de la calidad y el sabor del pasto que come el hato ganadero, así como afectaciones a la salud de las personas que consumen su carne, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y mareos.
Los inconformes exigieron que la información de las actividades de las plantas extractoras “sea compartida con el resto de la población” para saber si cumplieron o no con la Manifestación de Impacto Ambiental y si informaron a la población sobre las consecuencias que podían tener sus labores.
De igual forma, exigieron el cierre inmediato de las fábricas y la reparación del ecosistema, así como atención médica para la población afectada y el cese inmediato de la deforestación causada por esta industria.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021
El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.
De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.
Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.
Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.
No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.
En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.
Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.
El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.
Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.
Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.
Diciembre 2, 2021
ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021
Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.
Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.
En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada
Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.
Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*) Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.
El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar.
No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.
Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.
Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.
Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.
La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.
Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.
ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO
LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.
Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes. Otros Mundos, A.C.
ABREVIATURAS
CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
LA: Ley Agraria.
LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
PA: Procuraduría Agraria.
PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
RAN: Registro Agrario Nacional.
RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TA: Tribunal Agrario.
TSA: Tribunal Superior Agrario.
TUA: Tribunal Unitario Agrario
A
Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera. Actor: persona que presenta una demanda. Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha. Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE. Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”. Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria. Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad. Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión. Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera. Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria. Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.
Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social. Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado. Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas. Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras. Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión. Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero). Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema. Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado ode actores privados. Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje. Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA. Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas. Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas. Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos. Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo. Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales. Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.
B
Baldío: tierras que no tienen dueño. Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad. Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros. Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos. Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.
C
Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan ante ellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción. Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería. Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea. Capacidad jurídica: condición necesaria de una persona para ser sujeta a derechos y obligaciones. Carta poder: cuando una persona le da poder a otra de representarla, de realizar ciertas actividades o trámites mediante un documento que lo acredita. Carpeta Agraria: expediente ubicado en el RAN donde se narra cómo se creó el Ejido o Bien Comunal, quiénes lo fundaron, quiénes han sido los órganos agrarios, qué cambios o modificaciones se han tenido. Contiene todos los datos importantes de un ejido o comunidad, como el padrón de ejidatarios o comuneros. Causa: lo que origina algo. Lo que hace que surja un problema o conflicto. Causa de utilidad pública: es un requisito de las expropiaciones. Son las acciones que realizan las autoridades, como el presidente de México, gobernador de los estados o de los municipios, para decir que una acción que realizarán (aprovechamiento de recursos naturales, materiales o sociales) será para el beneficio de la colectividad. Catastro: inventario que se tiene sobre las tierras rústicas que hay en México para ayudar en la identificación de sus titulares, poseedores o los que tienen el uso y disfrute. CEDH (Comisión Estatal de los Derechos Humanos): institución del gobierno del estado de Chiapas que está encargada de vigilar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en Chiapas. En caso de que haya afectaciones a los derechos de las personas cometidas por autoridades, la CEDH tiene la facultad de investigar y buscar que se reparen los daños a los derechos humanos. Centro de población: áreas de asentamiento humano donde vive la población del ejido o comunidad y que cuenta con muchas viviendas y servicios públicos como luz, drenaje, agua potable o parques. Certificado de Derechos Agrarios: documento que entrega el RAN en la que menciona que una persona es ejidataria y que pertenece a un ejido, que tiene parcelas, un solar y que le corresponde algo de tierras en las áreas de uso común. Señala cómo obtuvo la calidad de ejidataria. Estos son los que aún tienen aquellos ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros que no entraron a los programas de certificación de las tierras. Cerril: terrenos que son pedregosos, con pendiente, accidentados y desigual. Certificado Parcelario: documento que otorga el RAN donde consta que una persona ejidataria o comunera es titular de una parcela con medidas exactas y sus colindancias, aprobado previamente en Asamblea. Surgió con los programas de delimitación de las tierras como el PROCEDE, FANAR, y RRAJA-FANAR. Cesión de Derechos Agrarios: cuando una persona ejidataria o comunera renuncia en vida y decide entregarle sus derechos agrarios a otra persona. Puede ser su hija, hijo, esposa, hermano o cualquier persona que se convierte en la nueva persona ejidataria o comunera. No es herencia ya que ésta se realiza cuando se ha fallecido. Citatorio: documento elaborado por una autoridad en la que busca que una persona o varias personas acudan a sus oficinas o tribunales para llevar a cabo una audiencia, para informarles sobre un acuerdo, etcétera. Cláusula: parte de un contrato o convenio donde se mencionan las obligaciones y derechos de las personas que lo firman. CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos): institución del gobierno federal con autonomía para vigilar, promover, garantizar, investigar y buscar la reparación de las violaciones a derechos humanos que cometan autoridades en contra de las personas. Colectivo: grupo de personas que trabajan para un mismo fin. Comisariado ejidal/o comunal: órgano de representación del ejido o comunidad cuya labor principal es convocar a las Asambleas, resolver problemas de tenencia de las tierras como las colindancias en los núcleos agrarios, gestionar o realizar trámites ante el RAN como los certificados de ejidatarios o actualizar el reglamento interno. El comisariado ejidal o comunal se integra por un Presidente, Secretario y Tesorero. Su máxima autoridad es la Asamblea. Comunera /o: persona mayor de edad, o menor de edad si ya tiene familia a su cargo, que es titular de derechos agrarios, cuenta con su certificado de derechos agrarios o certificado parcelario y certificado de uso común. Comunidad: extensión de territorio donde viven las personas y comparten sus costumbres, un mismo idioma y tradiciones, enfocadas a las actividades de la tierra (agricultura, ganadería y pesca) principalmente para autoconsumo y mantenimiento por lo que se les ha entregado un reconocimiento. CONAGUA (Comisión Nacional del Agua): dependencia de gobierno que tiene como función vigilar, conservar, administrar y gestionar las aguas Nacionales. Concesión: decisión de las autoridades federal, estatal y municipal, en la que otorga a una persona particular o empresas el derecho para extraer, explotar, aprovechar, usar o lucrar con bienes comunes naturales en el suelo o subsuelo (agua, minería, petróleo, gas, etcétera), así como con en el sector servicios. Conciliación: forma para solucionar los problemas entre las partes en conflicto para legar a un acuerdo y resolver las diferencias. Las partes se reúnen ante una autoridad como el comisariado, ante el agente auxiliar municipal o juez rural, o ante la PA. Conservación: mantener las cosas como están. Consejo de Vigilancia: persona ejidataria o comunera con derecho vigente, elegida mediante la Asamblea para vigilar que el Comisariado haga bien su trabajo, se cumpla con el Reglamento y la LA. Puede convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado. Constancia de vigencia de derechos: documento que se solicita en el RAN por un costo determinado, donde se verifica si una persona ejidataria o comunera tiene vigente sus derechos como tal, si se ha perdido por alguna razón, si ha cedido su derecho o haya vendido sus tierras. Constitución de un Ejido o Bien Comunal: la LA señala que para crear un nuevo Ejido o Bien Comunal, se necesita que 20 personas aporten sus tierras, y hagan su propuesta de Reglamento interno, que consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN. Contrato: documento elaborado por dos o más personas en las que se obligan a algo. Puede contener al mismo tiempo derechos de las personas que lo firman.
Compartimos esta nota publicada en Actualidad RT sobre el Túmin – A 17 de noviembre del 2021
A más de once años de que comenzó a circular el túnim, hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados del país latinoamericano.
Una revolución financiera a nivel comunitario comenzó a gestarse en 2010 en el norte del estado de Veracruz, cuando productores del municipio Espinal decidieron crear el túnim —que significa “dinero” en lengua totonaca—, una moneda que les ofreció sortear la falta de pesos mexicanos derivado de las constantes crisis económicas y que fue la mejor alternativa para incentivar el comercio y la producción local.
“Porque hay productos, pero no hay dinero, entonces la gente no puede hacer uso de ellos porque no hay un papelito. Entonces decidimos hacer nuestros propios papelitos y con eso comprarnos nuestros propios productos”, explica Juan Castro, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y uno de los cofundadores del túmin.
Este proyecto de autonomía comunitaria y economía solidaria inició cuando productores, estudiantes y académicos de la UVI, del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides) y de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) reunieron 3.000 pesos (unos 243 dólares al tipo de cambio del momento) e imprimieron billetes de túnim para 100 socios iniciales.
A diferencia de lo que sucede con el trueque, esa herencia prehispánica que consiste en el intercambio de alimentos, el túnim permitió facilitar los acuerdos entre agricultores, artesanos y comerciantes,sin las discrepancias que conlleva ponerle un valor a diferentes productos.
“Yo quiero tus manzanas, pero tú no quieres mis tomates, entones ya no hubo un trueque. Pero con el túnim que yo te doy, tú vas y compras lo que quieres, no se detiene el comercio“, explica Castro.
Venta de artesanías donde aceptan túnim en mercado de Papantla, estado de VeracruzCortesía Facebook: @monedatunim
Los comercios y mercados que aceptan esta moneda usualmente tienen letreros con las leyendas: “Aquí se recibe túnim” y “Aceptamos túnim”. Estos carteles también resumen, en unas cuantas palabras, la razón de ser de este proyecto: “El túnim es nuestro derecho“, “Viva la economía de los pueblos” y “Otro mundo es posible“.
A más de once años de que los fundadores del proyecto imaginaron otro mundo posible, actualmente hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados de México. El túnim es aceptado para la compra de alimentos y bebidas; de artesanías; de medicamentos y productos naturistas; de calzado; como moneda válida para cortarse el cabello; y hasta las bodas o festejos de XV años.
Además, el profesor de la UVI cuenta a RT que los ayuntamientos de Espinal y Teotitlán del Valle (Oaxaca) son socios y es posible pagar con túnim el predial y las multas.
Monedas de túnim en MéxicoCortesía Facebook: @monedatunim
“Cualquier persona puede inscribirse al Túnim, vendiendo lo que venda, no hay una restricción en cuanto al producto, que tenga que ser de determinada calidad o tipo, como sí sucede en las monedas comunitarias”, refiere Castro.
PGR investiga el túnim
En 2011, el Banco de México (Banxico) solicitó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que investigara si los usuarios del túnim incurrían en un delito federal al supuestamente sustituir la moneda oficial —el peso— por la alternativa comunitaria. Los socios y fundadores respondieron que se trataba de un acuerdo civil, de uso libre y voluntario.
El asunto quedó zanjado y más allá de ese incidente, Castro dice que no han tenido más hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal o municipal.
Difícil implementar una persecución cuando “todo funciona de nuestros propios bolsillos, no depende de un gobierno, sino de los propios socios y de la solidaridad ciudadana”, apunta el académico de la UVI.
Actualmente, hay unas diez monedas comunitarias, de acuerdo con Castro. Para el académico, la implementación del túnim destaca porque se basa en dos principios que chocan con el sistema capitalista: la confianza y la solidaridad.
Después de once años de ver un sueño hecho realidad, Castro concluye que la implementación del túnim en México ha sido “una utopía realizable”.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume con orgullo que en su administración no se han otorgado concesiones mineras, mientras que en los pasados gobiernos neoliberales se otorgaron alrededor de 120 millones de hectáreas que equivalen al 60% del territorio nacional.1 Sin embargo, los mensajes al sector minero por parte de las distintas instancias de gobierno son muy contradictorios. Y las cifras y los mensaje van y vienen.
Por su lado, la Secretaria de Economía manifiesta su preocupación durante la XXXIV Convención Internacional de Minería por el desplome en la inversión minera y la parálisis en la exploración que espera se reactive. Según la Cámara Minera de México (Camimex) en su II Informe de Sustentabilidad, asegura que según la Secretaría de Economía, México cuenta actualmente con 24,066 concesiones mineras que abarcan 16.83 millones de hectáreas y equivalen al 8.59% del territorio nacional.2 Según la Camimex, desde 2014 al 2021 la inversión en exploración minera cayó un 60%, de 856 millones de dólares a sólo 399 millones. Para este sector empresarial los proyectos mineros no deben entrar en consulta con las comunidades en la etapa previa a la Exploración minera3. Les preocupa que el gobierno no otorgue más concesiones mineras, que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas, disuelto el Fondo Minero y que no abra el litio a las inversiones privadas, uno de los metales que más ganancia dejarán con la supuesta transición energética4, que también podría llamarse la especulación energética.
En el mes de noviembre de 2021, AMLO afirmó a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el país no tiene conflictos con las empresas mineras canadienses, que se han resuelto los conflictos y que solo está pendiente un conflicto en Tayoltita, Durango, que ha tratado de evadir impuestos.5 Este es el caso de la canadiense First Majestic Silver que es dueña de 3 minas de oro y plata, y 4 en mantenimiento, y se encuentra en proceso arbitral dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El SAT congeló su cuenta bancaria y la controversia ronda los 223.1 millones de dólares (4 mil 531 millones de pesos). En 2019 el SAT revaluó el pago fiscal para los años 2010 a 2012 por 242.2 millones de dólares (4 mil 919 millones de pesos), incluyendo intereses, inflación y multas, y que este año emitió otra revaluación para 2013 por 134.1 millones de dólares (2 mil 723 millones de pesos).6
Sin embargo, el territorio nacional está plagado de conflictos socioambientales que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha documentado ampliamente. El rompimiento de la presa de jales de la minera Grupo México sobre el rio en Sonora fue de dimensiones sociales y ambientales gigantescas. Pero se pueden desplegar más conflictos por el país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país7 donde se da cuenta de las 585 presas de jales que son los embalses donde las mineras depositan los residuos sólidos y líquidos de la actividad minera, llena de metales pesados. Las presas de jales de las minas de oro representan el 53.9%, le siguen la plata con el 16.46%, cobre con el 17%, hierro y plomo con 6% cada una, entre otras.
En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la vigilancia ambiental en las actividades económicas del país, y para lo cual de septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 79 visitas de inspección a instalaciones mineras e impusieron cinco clausuras totales por incumplimiento de la normatividad ambiental. Por otro lado destacó que para fomentar el sector se destinaron alrededor de 180.8 millones de pesos en créditos para empresas mineras entre septiembre del año pasado a junio de 2021, cerrando con una cartera vigente de mil 175.8 millones de pesos, 12.8% más a lo que estaba registrado en el noveno mes de 2020. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera realizó 4 sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las zonas mineras en Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima. El Fondo aprobó 49 proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos canalizados ascendieron a 257 millones de pesos.8
En marzo de 2021, en el marco de la convención virtual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, la ministra canadiense de la Pequeña Empresa, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, se reunió con la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, para discutir el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Canadá y México, particularmente en los sectores de la minería y la energía, mantener un ambiente de negocios estable y predecible para las empresas canadienses que operan en México, particularmente en el sector minero, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.
Algunos analistas advierten que el sector minero, la mal llamada “industria minera” ya que es una actividad primaria extractiva, va a la baja y su tendencia seguirá en la medida en que en la presente administración no se otorguen nuevas concesiones y que, si en el 2010 México se encontraba en el puesto 20 de los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa en este sector, ha pasado ahora al lugar 42.9
LOS PROYECTOS MINEROS DE CAPITAL EXTRANJERO
Pese a toda la danza de números y declaraciones contradictoreias, lo que aquí haremos es un análisis en función del documento oficial de la Secretaria de Economía sobre las concesiones actuales otorgadas a las empresas extranjeras del sector minero al primer semestre del presente año.
Hasta el mes de julio de 2021, en México existía un total de 453 proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero10 en 23 estados del país, que representan el 72% de las entidades del país donde se encuentran las mineras extranjeras. Sobresalen los territorios del norte de México con cinco entidades con más concesiones en manos de las mineras extranjeras en los estados de Sonora (116), Chihuahua (51), Durango (46), Zacatecas (37) y Sinaloa (35). (Ver Cuadro No.1)
De todos estos proyectos mineros, 316 se encuentran en la Fase de Exploración que representan el 69.7% del total, 44 en Desarrollo que representan el 9.7%, 84 en Producción que representan el 18.5% y solo 9 en Cierre el 1.9%. (Ver Cuadro No.2)
Para la Camimex las cifras son distintas ya que en su informe anual 2021 afirma que en el país existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, y que 6 de cada 10 se encuentran en estado de “postergación” que suman 754. Este sector empresarial reporta 307 concesiones en 26 estados del país en etapa de exploración, 78 en producción, 43 en desarrollo y ocho cerrados. Confirman que la cifra de proyectos mineros que han sido aplazados creció 44% respecto a 2019.11
Según la Secretaría de Economía, el origen de las inversiones provienen de 16 países. La inmensa mayoría provienen de Canadá con las tres cuartas partes del total de las empresas que intervienen, seguida de Estados Unidos, China y Australia.
De los 453 proyectos mineros, 87 de ellos que representan el 19.2% del total se realizan en “alianzas estratégicas” entre dos o más empresas mexicanas o de otros países, por lo que suman alrededor de 533 inversiones de capitales provenientes de estos 16 países involucradas en los 453 proyectos (Ver lista oficial de la Secretaria de Economía más abajo en los indicados con relleno azul). De las 533 inversiones mineras, la mayoría provienen de Canadá con 398 que equivalen al 74.6% del total. Le sigue Estados Unidos y luego China(Ver Cuadro No. 3) quien por cierto tiene inversiones en los grandes puertos del país como los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.12
La extracción de minerales de las empresas extranjeras son principalmente de oro y plata, pero también de cobre, cobalto, litio, zinc, hierro, titanio, plomo, antimonio, manganeso, bario, mármol, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Llama la atención una mina canadiense que explora uranio en Sonora.
Para Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados y titular de la Dirección de Minería, de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, espera que la extracción de Litio se abra a la inversión privada y con apoyo del Fondo Minero13, con lo que pretenden compensar los daños socio ambientales.
Por lo pronto, según Secretaria de Economía en la fuente citada, existen 19 concesiones de Litio en 5 estados, de los cuales solo una está en la Etapa de Desarrollo y 18 en Exploración: Baja California con una canadiense en la Etapa de Exploración; en Coahuila y en San Luis Potosí 3 concesiones canadienses cada estado en Exploración; en Sonora 5 concesiones, 4 en Exploración entre inversiones de China-Uk e Italia, y solo una en Desarrollo de la alianza China-UK. Por último, en Zacatecas 7 concesiones de Litio, 4 canadienses en exploración y 3 en alianza estratégica entre Australia y México también en Exploración. Cabe señalar que el 79% de las concesiones de Litio son canadienses. (Ver último Cuadro de la relación de concesiones de la Secretaría de Economía).14
Existen mineras extranjeras canadienses y americanas que ya buscan yacimientos de litio en el estado de San Luis Potosí, según el el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Arturo Segoviano García.15 Esta es una advertencia importante para la población rural del estado que se verá enfrascado en disputas, divisiones, ofertas de compras de tierras, etc.
De los 16 países de donde provienen las inversiones mineras de capital extranjero, con 10 de ellos México tiene Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)16 que protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones extranjeras pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales. Estos países son: China, Australia, Italia, Reino Unido, Corea, Argentina, Francia, España, India y Suiza. Si a ello le sumamos los candados legales y geopolíticos que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), países con quienes México mantiene relaciones comerciales tan dependientes, se explica el por qué AMLO nunca eliminará una concesión minera so pena de multimillonarias demandas, y esperará a que vayan terminando su vigencia en caso de que sea coherente con su discurso. La lucha y la defensa de los territorios será entonces tarea prioritaria de los pueblos.
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021
En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.
El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias
A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.
Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.
Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.
Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal
Hermanas y hermanos:
Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.
Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.
Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.
Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.
Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.
Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.
¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, Atentamente La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :
Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
Cataluña: Entrepueblos.
País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Internacional: International Rivers.
Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca
Compartimos este material de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del #25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – a A 25 de noviembre del 2021
Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la injusticia ambiental, el cambio climático, las catástrofes climáticas y la explotación de los bienes naturales. Es especialmente el caso para las mujeres de color, mujeres campesinas e indígenas, las mujeres LBTQ y mujeres trabajadoras. Pero no somos víctimas. Somos luchadoras. Las mujeres somos protagonistas de la defensa de nuestros territorios y de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, vidas y fuerza de trabajo.
Amigos de la Tierra Internacional considera que solo es posible lograr la justicia social y ambiental mediante una transformación radical de nuestras sociedades. Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad. Estos sistemas no pueden enfrentarse de forma aislada; ellos se refuerzan mutuamente en su afán constante de acumulación material y en beneficio y en función de los privilegios de las élites sociales.
“El modelo económico capitalista y neocolonial actual, basado en la extracción violenta de recursos naturales refleja una peligrosa jerarquía de valores: prioriza el crecimiento por sobre el sustento, la producción más que la reproducción, el Norte por encima del Sur global, y lo masculino antes que lo femenino. Es un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, a fin de ocultar sus costos devastadores.”
Entendemos el feminismo anti capitalista de base como un concepto teórico y una herramienta política clave en esta lucha por la autonomía de las mujeres, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre los pueblos, y entre los pueblos y la naturaleza. Pretendemos demostrar en la práctica que este feminismo puede construirse y se está construyendo desde la base, de abajo hacia arriba, que es relevante para todas las mujeres y hombres, y que refleja la diversidad regional y diferentes realidades.¿Por qué hablamos de justicia de género y de desmantelar el patriarcado?
“En nuestra Federación tenemos que luchar [por justicia de género y por el desmantelamiento del patriarcado] porque en nuestros territorios, países y regiones sufrimos todas las formas de opresión, injusticia, desigualdad y violencia contra las mujeres, degradando nuestras vidas y no permitiendo que avancemos como civilización. Un cambio de sistema tal y como lo hemos definido en Amigos de la Tierra requiere nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades en lo social, político, económico y cultural.”
“Terminar con el patriarcado, especialmente en África, es para mí como ponerle punto final a la mayoría de las contrariedades cotidianas más sentidas por las mujeres, entre ellas la opresión, la negación de sus derechos y la falta de poder de decisión. No podemos esperar nada, más que de nosotras mismas. Si como federación le decimos NO al capitalismo y sus pilares profundamente arraigados, entonces primero tenemos que desterrar el patriarcado que alimenta al capitalismo para así permitir la participación igualitaria de todas y todos nosotros en la lucha.”
“Como coordinadores/as de los programas de Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado son esenciales para lograr el mundo justo y equitativo por el que abogamos. De la misma forma que luchamos por la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia económica y la protección de nuestra biodiversidad, nuestros pueblos y comunidades, entendemos la necesidad de integrar la justicia de género en el trabajo de nuestros programas.”
“El trabajo relativo a la justicia de género y desmantelamiento del patriarcado es la solución a las crecientes injusticias de género que se dan en nuestro interior y a nuestro alrededor. Este trabajo es clave para lograr un ambiente justo y sustentable para los pueblos (en los ejes de trabajo, en los lugares de trabajo, en las comunidades) y el planeta. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Somos mujeres, somos africanas. Somos Amigas de la Tierra. ¡No habrá justicia de género ni cambio de sistema sin nosotras!”
“Los factores y sistemas que conducen a la explotación de los recursos naturales también apuntalan el patriarcado y dan lugar a violaciones contra las mujeres, generando injusticia y desigualdad. Como federación que trabaja para cambiar de sistema y fomentar la justicia, tenemos que trabajar para erradicar todas las relaciones de poder sin equidad e injustas, incluido el patriarcado, y debe avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y garantizar que puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades.”
“Como mujer y activista ambiental considero que para lograr la justicia climática es clave desmantelar el patriarcado. El capitalismo se apoya en el sistema patriarcal debido a que está abocado a oprimir a las mujeres y subyugar su fuerza de trabajo y sus cuerpos para beneficio del capitalismo. Debemos visibilizar el vínculo entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestro objetivo es terminar con el capitalismo, esa lucha tendrá que incluir la lucha por el desmantelamiento del patriarcado, y que todos nuestros problemas ambientales, sobre los derechos de las mujeres y las personas trans y los derechos de los/as trabajadores/as…todos tienen su origen en la misma causa, y que sólo podremos eliminarla y solucionar estos problemas si trabajamos solidariamente, lado a lado.”
“Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a un cambio del sistema que conlleva la lucha contra el patriarcado y por la justicia de género, y por lo tanto, exige poner fin a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para nosotros/as, sólo será posible lograrlo cuando se reconozca a las mujeres como sujeto político, se ponga fin a la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos, y se revierta la división sexual del trabajo, que constituye la base material de la explotación y dominación patriarcal. En el marco de nuestro compromiso, construimos alianzas con organizaciones feministas de base, con la Marcha Mundial de Mujeres y con las Mujeres de La Vía Campesina, que al igual que nosotras luchan por un cambio de sistema.”
Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional
Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021
El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.
El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.
Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.
COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021
Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.
Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisain.mandujano%2Fvideos%2F1346780235771879%2F&show_text=false&width=560&t=0 Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.
Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.
Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.
Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.
Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.
La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.
Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.
Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.
“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.
El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.
Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.
A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»
