¿Quieres sumarte a la campaña para proteger la salud, el agua y la vida en San Cristóbal de Las Casas?
La Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, el Colectivo Educación para La Paz y Los Derechos Humanos y Otros Mundos invitan a participar en los Talleres de Comunicación Estratégica para Defender el Agua y la Vida en San Cristóbal.
Estos talleres buscan visibilizar las problemáticas del agua en San Cristóbal y ayudar a construir soluciones desde la ciudadanía. Aportando herramientas de comunicación como fotografía, intervención comunitaria, producción gráfica y audiovisual, y tecnológicas como uso de redes sociales para la incidencia, entre otras para la defensa de la vida y el territorio en el Valle de Jovel.
Dirigido principalmente a jóvenes entre 15 y 30 años. Sin costo.
Fecha de inicio sábado 24 de octubre, De 9 AM a 2 PM
Información e inscripciones a los teléfonos: 967 111 0489 y 967 159 0974
Comunicado del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020
Constantito Maldonado Krinis,titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, informó en el periódico El Regionalel 4 de octubre del año en curso(https://www.elregional.com.mx/comenzaron-estudios-de-impacto-para-proyecto-minero-en-tetlama), que la dependencia “inició los trabajos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para confirmar la viabilidad del proyecto minero Esperanza Silver en el Cerro del Jumil, en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco”.
Según lo declarado por el titular de esta dependenciaen Morelos,dicho “estudio de impacto ambiental del proyecto minero esimportante para darle paso para al avance y factibilidad de la minería”.
Al parecer, el titular de esta dependencia en Morelos desconoce que por ley, en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,y en el artículo 5 inciso L del Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,corresponde al promovente -la empresa minera canadiense-realizar la Manifestación de Impacto Ambiental, y que es una instancia federal, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA),la encargada de evaluar y emitir una resolución de manera imparcial respecto a la MIA presentada por la empresa. Ello, además de contravenir los artículos 38 al 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.
El que la dependencia del gobierno de Morelos denominada “Secretaría de Desarrollo Sustentable” se involucre en la realización de un trabajo que por ley corresponde a la empresa minera, demuestra:
a) Un desconocimientototal de la normativa legal en cuestión
b) Lacolocación de esta dependencia pública al servicio de intereses particulares
c) Ladegradación de esta dependencia pública, encargada de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos, haciendo lo contrario a su función, al facilitar una iniciativa de depredación que, como se ha demostrado a cabalidad con evidencias a nivel nacional y mundial, vulnera esa integridad, afectando el bienestar de la población.
d)La instrumentación mediáticade dicha dependencia como parte de la campaña de desinformación emprendidapor la empresa canadiense en los medios de comunicación de Morelos.
e)Que a la referida dependencia no le interesa abordar este tema de manera precautoria directamente con las comunidades afectables, teniendo como su exclusivo interlocutora la empresa canadiense.
f)Elabsurdo ético y jurídico de destinar dinero públicode los impuestos que aporta la población,para pagarun estudio que corresponde a la empresa minera deenormecapital privado realizar.
DESDE EL MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LASCONCESIONES DE MINERÍA A TAJO ABIERTO POR METALES:
Expresamos nuestro más enérgicaprotesta al Gobierno Estatalpor la actitud tendenciosa, parcial y fraudulentacon que se conduce esta dependencia estatal (Secretaría de Desarrollo Sustentable) colocándoseal servicio de intereses particulares,cuando se ha demostrado a cabalidad con evidencia científica a nivel nacional y mundial que la minería es un modelo extractivista que deja daños a perpetuidad al medio ambiente y vulnera la integridad de la población ya que la expone a severos daños a la salud, contaminación del aguaydestrucción de la flora y fauna del entorno en el que se lleve a cabo la explotación minera y el territorio próximo al mismo,ignorando las posturas de rechazo a la imposición del desarrollo de un proyecto minero en nuestro Estado.
Exigimos que esta dependencia pública(Secretaría de Desarrollo Sustentable)retome su vocación de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos abordando dicho estudio con apego al principio precautorio, ya que de lo contrario estaría facilitando una iniciativa de depredación afectando de manera irremediable el bienestar de la población morelense.
Solicitamos que la referida dependencia abra un canal de interlocución directamente con las comunidades afectadas y afectables ya que actualmente tiene como su exclusivo interlocutor a la empresa canadiense dejando a las comunidades de Morelos sin posibilidad de ejercer sus derechos democráticos en función de decidir qué modelo de desarrollo eligen sin la imposición de una empresa privada.
Reprobamos la instrumentación mediática de dicha dependencia que pudiese estar formando parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los mediosde comunicación del estado de Morelos.
Solicitamos se inicie una campaña de comunicación del riesgo entre la población morelense en la que se den a conocer las afectaciones a la población que han sufrido comunidades en las que se han desarrollado proyectos mineros de similares características.
Solicitamos a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos que cite al funcionarioen sesión públicapara dar cuenta de estas acciones yse procedaa medidas correctivas.
Todo lo anterior posibilitaun ejercicio auténtico de gobernanza con el único objetivo de preservar la vida en las mejores condiciones para las futuras generaciones de quienes habitamos nuestro Estado.
¡NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA!
Firman
MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES y RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020
En el año 2007 la comunidad de Zacacuatla después de realizar una acuciosa investigación descubrió que: el bosque estaba siendo talado a matarraz, es decir, los tala-montes estaban utilizando motosierras, tractores y trascabos para derribar todo incluso los arbustos y las plantas; y que la familia Canales Templos utilizando una escritura apócrifa obtuvo autorizaciones y permisos gubernamentales para realizar un “aprovechamiento forestal” por 10 años en las 55 hectáreas de bosque de las que se apropiaron ilegalmente; por lo cual, la Comunidad de Zacacuatla sabiendo que dicho “aprovechamiento forestal” extinguiría la biodiversidad de flora y fauna asociada al bosque y que rompería el ciclo natural del agua, debido a que implica la tala de toda la diversidad de pinos, encinos, ayacahuite, ocotes, oyameles y cedros existentes, y su sustitución por una la plantación de un monocultivo de pinus patula; decidió oponerse pacíficamente a la destrucción del bosque.
En el año 2013 Filiberta Nevado y cientos de defensores del bosque, comprobaron ante la SEMARNAT que explotación forestal realizada por la familia Canales Templos estaba plagada de irregularidades y lograron la revocación de los permisos y las autorizaciones, ante esto la familia Canales Templos se vinculó a Los Negros un grupo del crimen organizado que se dedica a la tala ilegal en zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla, para continuar con el saqueo del bosque de Zacacuatla de forma clandestina.
Después de algunos años con cierta tranquilidad, en 2016 varios grupos ilegales de tala-montes reanudaron la tala clandestina de forma brutal e impune, lo cual causó que se presentara una terrible sequía, que el nivel de los pozos bajaran, que el nivel de las presa se redujera y que los manantiales se secaran; en consecuencia a todo esto, en asamblea general el pueblo de Zacacuatla decidió denunciar, una vez más, a los tala-montes ante las autoridades federales, estatales y municipales, no permitir más tala clandestina, limpiar el monte y reforestarlo.
Durante esta larga lucha Filiberta y muchos de los defensores del bosque de Zacacuatla han sido difamados y criminalizados, entre otras cosas, han tenido que enfrentar 15 averiguaciones previas y 3 encarcelamientos ilegales.
En octubre de 2020 algunos taladores fueron notificados por la Fiscalía General que se encontraban denunciados por tala ilegal, por lo cual procedieron a amenazar a Filiberta Nevado expresando pública y cínicamente: “si yo o alguno de mis hijos va a la cárcel, la vamos a correr del pueblo, la vamos a quemar o la vamos a matar”, “vamos a ver si a esa vieja no le entran las balas” “si mis hijos van a la cárcel yo la mato y la remato”; además que en esos mismos días los tala-montes también intentaron intimidar directamente a Filiberta realizando disparos frente a su casa.
Es preciso señalar que la tala ilegal y el crimen organizado en la Sierra Otomí-Tepehua del Estado Hidalgo ha sido arropado por autoridades de los tres niveles de gobierno y de todos los signos políticos, pero ha sido arropado especialmente por la Sosa Nostra un grupo político-mafioso, de origen priísta aunque actualmente se dice morenista, que desde hace décadas impone y controla a las autoridades municipales de Acaxochitlan y en la región.
El Gobierno de México dirigido por Andrés Manuel López Obrador ha afirmado una y otra vez estar a favor del medio ambiente, de los más pobres, y de que el agua es una prioridad para el pueblo, sin embargo, hasta el momento sólo se ha limitado a observar como los pueblos indígenas y campesinos son despojados de sus montes y en consecuencia de la vida misma. Con todo respeto, desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le preguntamos a Sr. Presidente ¿Dónde está la Cuarta Trasformación? Porque a la Comunidad de Zacacuatla, al Municipio de Acaxochitlán, y al Estado de Hidalgo no ha llegado.
Ante la inacción de las autoridades de los tres niveles, desde la REMA responsabilizamos al gobierno Municipal de Acaxochitlán, al Gobierno Estatal de Hidalgo y al Gobierno Federal de México de cualquier agresión que pudieran sufrir las defensoras y los defensores de los bosques de Zacacuatla.
Desde la REMA exhortamos a María Luisa Albores González titular de la SEMARNAT para que inmediatamente ponga a trabajar a la PROFEPA, pare la tala ilegal en Acaxochitlán y castigue a los responsables; de igual forma exigimos que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero implemente lo antes posible medidas de protección cautelar para Filiberta Nevado Templos y para todos las defensoras y todos los defensores del bosque Zacacuatla, para que castigue con todo el peso de la ley a la mafia de tala-montes que hoy amenaza de muerte a una ambientalista y a un monte que le proporciona agua y que le proporciona vida a un pueblo.
Desde la REMA también expresamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todas y todos los defensores de los bosques en Zacacuatla y del Estado de Hidalgo, porque desde hace décadas decidieron dedicar una parte de su tiempo y una parte de sus vidas al cuidado de los montes, al cuidado de toda la biodiversidad asociada a ellos y al cuidado de la vida comunal; y con motivo de estos días difíciles les enviamos un fuerte y solidario abrazo.
Sin monte no hay agua y sin agua no hay vida
En defensa del territorio, de los bosques y de vida: ¡exigimos el alto a la impunidad, alto a las amenazas y alto a las agresiones en contra de las/os defensoras/es del medio ambiente!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 24 de septiembre de 2020
La comunidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, Colima se enfrenta a una nueva amenaza de explotación minera e n su territorio, ya que la empresa canadiense Hematite S. A. de C.V. ingreso una Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esto a pesar de que esta comunidad se declara legalmente como “territorio libre de la minería” en Asamblea Ejidal desde el mes de febrero de 2014, así como otras Asambleas posteriores.
Canoas llevan más de 10 años resistiendo ante las insistencias de diversas empresas mineras que en distintos momentos han tratado de saquear principalmente hierro de su territorio. Inclusive, la empresa RM Pacific Group S. A. de C. V. se atrevió a invadir territorio y comenzó a talar árboles sin ninguna autorización del Ejido, lo que fue denunciado por el comisariado ante la PROFEPA en abril de 2014.
Este nuevo proyecto que lleva por nombre Rufus 5 de la empresa Hematite en el predio El Agostadero, contaminaría directamente el Rio Cacao y nacimiento de agua de la que se abastecen no solo Canoas, sino ocho comunidades más que dependen de la agricultura.
Desde la REMA exhortamos a la nueva titular de la SEMARNAT, Maestra María Luisa Albores González, a NO autorizar este proyecto y respetar la decisión de la Comunidad de Canoas, ya que se autoconsultó legalmente en Asamblea Agraria y determino, por unanimidad, rechazar cualquier proyecto minero en su territorio.
De la misma forma nos solidarizamos con la Comunidad de Canoas y les decimos que desde que los conocimos en el Foro Nacional de Afectados por la Minería realizado en la Comunidad Indígena de Zacualpa, en Colima en el año 2014; no hemos dejado de tenerlos presentes, conociendo las duras luchas que han librado por defender su territorio de los proyectos de muertes que azotan a nuestro país.
¡VIVA LA LUCHA POR LA DEFENSA DE CANOAS!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de septiembre de 2020
El martes 22 de septiembre la empresa estadounidense Tesla celebro el Día de la Batería Tesla que coincide con la reunión anual de su junta directiva, es el más importante productor de baterías de litio y autos eléctricos en Norteamérica, y tiene como accionista mayoritario al empresario ElonMusk quien ha aparecido en los últimos años como promotor de la llamada “transición energética” para impulsar la venta de sus productos. Las baterías de litio, al tener una capacidad de almacenamiento más eficiente que las fabricadas con otros minerales, ha incrementado su demanda por parte de la industria automotriz y de aparatos electrónicos. Por este hecho, durante la última década el litio ha sido caracterizado por el servicio Geológico de los Estados Unidos como un elemento “critico” y las empresas mineras, la industria automotriz, y los gobiernos han empezado a promocionar el litio como un metal “verde” esencial para la “transición energética”.
El énfasis mundial que se le ha puesto al litio, está provocando un proceso de especulación financiera, así como disputas por la fuente de suministro entre los países europeos y EEUU, frente a China y otros países asiáticos que actualmente dominan el mercado de este mineral. En este contexto, el nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC) firmado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, señala que las baterías de litio son un componente “esencial” para la industria interna, y determina un plazo de 3 años para alcanzar el 75% de contenido regional de litio para estas baterías para autos eviten pagar aranceles. A raíz de este acuerdo, hace unas semanas de eliminaron en México los aranceles para la importación de autos eléctricos. Estas medidas para incrementar el consumo de productos de litio extraído en la región, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Austria, Sudamérica y Asia; ponen más presión sobre los yacimientos ubicados en México y Canadá, en los que algunas empresas están intentando instalarse para suministrar litio a la industria automotriz regional.
Un resultado en México de esta “fiebre de litio”, es una oleada de especulación que ha significado la concesión de grandes áreas en el país, con la finalidad de especular sobre su precio, inflar las reservas e incrementar el valor de las acciones de las empresas, lo que ha provocado el despojo de tierra en lagunas comunidades. Actualmente existe en México 97 mil hectáreas concesionadas y 537 mil más en trámite, para la extracción de litio, repartidas en 36 proyectos controlados por 10 empresas, en su mayoría empresas canadienses pequeñas al borde de la quiebra, que dependen mucho del proceso de especulación para generar recursos en la bolsa de valores de Toronto. De los 36 proyectos en el país, solamente el proyecto de la empresa Bacanora Lithium en Sonora, es el que ha avanzado en su desarrollo. Los demás se encuentran buscando financiamiento, tratando de encontrar un comprador o socio, o haciendo exploraciones básicas.
El proyecto Sonora, de la empresa Bacanora Lithium, tiene entre sus socios a la empresas japonesa Hanwa la cual firmo un acuerdo con Bacanora Lithium, para el suministro de litio extraído durante los 10 primeros años del proyecto. Además de este acuerdo, el proyecto involucra a la compañía china GanfengLithium como socia del mismo. En 2019 Ganfeng invirtió directamente en Bacanora Lithium y en el proyecto Sonora, convirtiéndose en dueña del 2.5% de las acciones del proyecto en México. Como parte del acuerdo de inversión, Ganfeng tiene derecho al 50% de la producción del carbonato de litio que se extraiga. Esta relación del proyecto con la empresa Ganfeng, es sumamente importante debido a que esta compañía tiene acuerdos firmados directamente con Tesla. En 2015 GanfengLithium firmó un acuerdo con Tesla para asegurar el suministro de litio para sus operaciones en la planta de autos y baterías que tiene en Nevada, EEUU en sociedad con la empresa Panasonic. La posible extracción de litio en Sonora, relacionada al crecimiento de industrias disfrazadas de verde como Tesla o la empresa japonesa Hanwa, generan los mismo impactos de siempre. Al ser un depositó de litio en roca, para este proyecto se utilizaran los métodos propios de la extracción minera a tajo abierto, que se acompañan de plantas de procesamiento y concentración con uso de reactivos químicos.
Este modelo se ve claro en las minas de litio en Chile y Argentina, en las que no existe información clara sobre los verdaderos impactos hidrológicos provocados por una extracción sumamente intensiva de agua, y en donde las empresas violan constantemente la libre determinación de los pueblos Indígenas, destrozando sus modos de vida ancestrales y en muchos casos provocando el despojo de sus territorios. La producción de baterías de iones de litio de empresas como Tesla, también han generado graves impactos en la República Democrática del Congo, en donde se extraen grandes cantidades de cobalto, otro mineral necesario para su producción. Esta supuesta “transición energética” solo provocara el aumento en las zonas de “sacrificio” que el capitalismo requiere para sostener su modelo de consumo desmedido y enriquecimiento privado.
La “transición energética” promovida por este capitalismo verde, tiene una relación inseparable con el rublo minero. En un estudio reciente del Banco Mundial, se estima que la producción de minerales como el grafico, litio y e cobalto deberá crecer un 500% hacia el año 2050 para satisfacer las necesidades de la llamada transición energética a escala mundial. La producción de baterías eléctricas como las que fabrica Tesla, podría generar un aumento en la extracción de hasta 250 millones de toneladas de minerales (principalmente grafito, niquel y cobalto) de aquí al 2050. Este aumento desbordado de la actividad minera para la “transición energética” no se limita al consumo de estos minerales, sino que incluye otros más comunes como el cobre, el aluminio, la plata o el plomo, necesarios en grandes cantidades para la instalación por ejemplo de parques solares o eólicos. La apuesta de los gobiernos, bancos de desarrollo y empresas frente al problema que representa el cambio climático, se centra en una engañosa “transición energética”, que favorece y fomenta el extractivismo minero, que ha sido una de las actividades más depredadoras y problemáticas en términos de impactos socio-ambientales. Los actores responsables de la grave situación ambiental en la que nos encontramos, cínicamente se promueven como los salvadores del planeta con sus propuestas tecnológicas de minería verde o climáticamente inteligentes.
Basta de engañar a los pueblos o a la opinión pública con estas falsas salidas “verdes”. Sus propuestas de “transición energéticas” no significan ningún cambio de modelo y repiten las misma estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce en el mundo. ¿Cómo se puede hablar de una transición, cuando lo que se busca es un incremento acelerado de la extracción minera, para el aumento de las ganancias para sus empresas que solo generan despojo e impactos a los pueblos y comunidades? Es el mismo modelo capitalista, al que ahora se quiere pintar de verde.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de apoyo a las y los habitantes de San Cristóbal de las Casas que se movilizan por la defensa del Territorio, los humedales y el agua – A 16 de septiembre de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
El pasado 14 de septiembre del presente año, habitantes de 9 colonias del sur de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, llevaron a cabo un bloqueo de los caminos para exigir la protección a los humedales de la ciudad ya que las autoridades municipales y estatales han permitido y solapado su invasión en medio de lo que se presume mucha corrupción y tráfico de influencias.
Los habitantes de la ciudad y de las colonias del sur exigen el cumplimiento de tantas promesas gubernamentales para detener esta invasión y recuperar los humedales. La lucha de las colonias y del pueblo en general es por la defensa del agua y del medio ambiente, por la biodiversidad y por un ambiente sano. La lucha pacífica es legítima y legal, sin embargo, ya pesan demandas infundadas de quienes han invadido los humedales contra personas de un movimiento que defiende la vida en beneficio de toda la población, así como órdenes de aprehensión contra algunas personas.
Denunciamos el atropello que se realiza contra los humedales y el riesgo de un futuro sustentable para la ciudad de San Cristóbal, y también los intentos de criminalizar las justas demandas de la población.
Exigimos el cumplimiento a las leyes y la normatividad ambiental, el cumplimiento de las promesas y de las exigencias de las 9 colonias para la solución de este grave problema, el respeto a las mesas de diálogo con los representantes de la población, y claros signos de voluntad política para el cumplimiento de la agenda, de las peticiones y de la misma ley.
Responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno municipal de la violencia de la que puedan ser objeto la población por su lucha pacífica, legitima y legal en contra de las ilegalidades de las propias autoridades involucradas en el proceso de la destrucción de los humedales de la ciudad.
#YoProtejoElAgua #AguaYSalud #YoProtejoElHumedal
Atentamente, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
Compartimos esta nota publicada en La Jornada Maya – A 26 de agosto de 2020
Grupo de investigadores expone conferencia sobre impacto ambiental
Investigadores de Articulación Yucatán expusieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya omite información, ofrece un mal análisis y que el hecho de haber dado a conocer el estudio después del banderazo de inicio de la obra “da una imagen ficticia de los impactos”, indicó Rodrigo Patiño Diaz, integrante del Equipo Nodal de la agrupación.
Indicaron que el proyecto se ha caracterizado por su falta de información, no tomar en cuenta a la población local, indígena y académica de la región, además que carece del trabajo coordinado de otras secretarías esenciales para esta obra, como la del Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre otras.
Expusieron lo anterior este 25 de agosto en la conferencia El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Tren Maya: un análisis crítico desde la sociedad, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Ivet Reyes Maturano, también del Equipo Nodal de Articulación Yucatán, expuso que dentro de las deficiencias encontradas en la MIA está que se dio el banderazo de inicio del Tren Maya, antes que el estudio de diera a conocer.
Otra, agregó, es que la descripción del proyecto de la MIA es fragmentada y presenta serias contradicciones referentes a su naturaleza y objetivo, reducen las actividades que serán sujetas de evaluación de impactos, se reduce el estudio sólo a las vías férreas y no lo hace completo.
El proyecto, dijo, abarca cinco estados, pero la MIA sólo comprende lo que llaman la fase 1. “Esto no deja ver la dimensión de los posibles impactos pues es probable que el tren potencialice agronegocios con efectos en la extracción de recursos y contaminación.
De acuerdo con los investigadores, el proyecto ofrece una concepción limitada acerca de la movilidad, no se habla sobre el flujo migratorio que se podría dar en varias regiones, ni el escenario respecto al desplazamiento de personas con propiedades dentro de derecho de vía existente.
A la par, el estudio omite información sobre posibles afectaciones que se podrían dar en la Reserva de Cuxtal, zona importante para abastecimiento de agua a Mérida, y recarga de acuífero.
Soluciones
Ante este panorama, Patiño Diaz propuso utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de política pública para planes y programas de desarrollo, es una herramienta holística, transdisciplinaria y multiactor, que se marca en un proceso de transparencia y participación ciudadana.
Explicó que analiza la capacidad de carga del territorio y necesidades locales, puede adaptarse para considerar los saberes locales y la libre determinación de los pueblos originarios; se basa en ordenamientos ecológicos, territoriales y considera impactos acumulativos y sinérgicos, no evalúa proyectos individuales, sino un futuro deseable para la región y analiza distintas opciones de desarrollo y se elige la más sustentable.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.
El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.
Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.
Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.
El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.
Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.
Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).
Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.
Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.
En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.
Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.
Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.
Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.
Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?
En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.
A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.
Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.
Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.
Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.
Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.
Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 5 de septiembre de 2020
Hacemos un llamado de alerta ante la actual situación crítica que enfrenta nuevamente la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, a raíz del comportamiento racista y discriminatorio que la empresa minera canadiense Equinox Gold (anteriormente Leagold Mining y antes Goldcorp, todas canadienses) ha tenido tanto con los representantes campesinos como en el cumplimiento de su convenio, que contiene la exigencia de condiciones elementales de protección ante un emplazamiento minero que desde hace ya más de diez años ha generado una grave afectación, progresiva e irreversible a su comunidad.
Debido a la ruptura en relaciones con el nuevo dueño de la mina Los Filos, el Ejido de Carrizalillo ha declarado concluido su convenio con la empresa y, en ejercicio de su derecho a la tierra y al territorio y tal como está especificado en el acuerdo, han cerrado totalmente las operaciones de la mina desde la madrugada de este jueves 3 de septiembre.
Cabe mencionar que la empresa canadiense Equinox Gold apenas tomó control de la mina Los Filos a principios de 2020, y en este breve tiempo, por sus incumplimientos y falta de capacidad para llevar una relación respetuosa con la comunidad, logró que el Ejido de Carrizalillo echara abajo el convenio que había firmado por 6 años, iniciado en 2019 La nueva propietaria canadiense de la mina no supo mantener una relación de respeto con la comunidad, terminando con la decisión de la comunidad de rescindirlo. Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México con la compra de la mina Los Filos y con un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio de México y América Latina, proyecto del multi-millonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.
Esta misma empresa cuenta con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria, gracias a los cuales compra proyectos a pesar de existir grandes resistencias de las poblaciones locales, como es el caso de la mina “Escobal”, actualmente suspendida por la resistencia tenaz del pueblo indígena Xinka de Guatemala, y como el proyecto “Navidad” en la provincia de Chubut de Argentina, donde la movilización constante de la población ha logrado la prohibición de la actividad minera desde 2003. Es decir, no es la primera vez que los propietarios y operadores de la empresa canadiense Equinox Gold han mostrado el racismo, el desprecio y el dolo hacia las poblaciones afectadas por sus intereses económicos mezquinos.
Así, la crisis actual en Carrizalillo en Guerrero es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015. Hasta este entonces, recordamos desde la REMA que el Ejido de Carrizalillo nos daba la bienvenida para conocer de cerca la devastación de sus tierras, para conversar sobre las grandes afectaciones por la minería a sus fuentes de agua y las repercusiones terribles sobre la salud que había sufrido.
Ahora volvemos a agradecer a los ejidatarios por habernos recibido muchas veces. Estos intercambios fueron impactantes y siguen inspirando fuertes resistencias a la minería en otros partes del país. Pero, lamentablemente, el intercambio se suspendió después de que toda esta zona fuera sitiada y violentada por fuerzas del crimen organizado operando en contubernio con el Estado, generando procesos permanentes de extorsión, violencia y miedo. Es decir, los crímenes organizados se apoyan entre sí, porque la minería devastadora es también crimen organizado a partir de la violencia y de las consecuencias criminales inherentes al despojo que impone.
La situación en Carrizalillo es emblemática de lo que implica la devastación ambiental y social que la megaminería tóxica lleva a cabo en muchas comunidades del país y que el gobierno actual no ha querido atender, optando en su lugar por repetir una y otra vez que no otorgaría más concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas siguen generando daños impunemente y amenazando a las comunidades, que para ellos son solamente un estorbo. El modelo extractivo, actualmente tolerado e impulsado por el Estado y protegido por su Guardia Nacional, tiene en Carrizalillo y en toda la región, a consecuencia de engaños y complicidades, una muestra contundente de lo que significa la extracción de recursos a costa de la vida y del futuro de las poblaciones campesinas e Indígenas, condenadas a la pérdida de sus territorios y a su expulsión de los mismos ante la producción de conflictos, enfermedades y muerte, y ante la inseguridad y violencia que las mismas empresas generan bajo su único fin, que es el despojo.
En estos momentos, la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice del gobierno estatal y federal, pretende doblegar la resistencia del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de todo exige condiciones mínimas para atenuar los impactos en sus fuentes de agua y su salud, aunque sea luego de tantas afectaciones. Este proceso devastador debe llevar a la opinión pública a exigir la anulación de todas las concesiones de muerte ampliamente evidenciadas. La defensa de los territorios nacionales no se hace desde la ignorancia, la desinformación y las falsedades que las empresas imponen a los gobernantes, sino desde la verdad objetiva de los riesgos y daños evidentes, y en particular, desde el sufrimiento y la dignidad de nuestro pueblo.
Saludamos y enviamos nuestra solidaridad al Ejido de Carrizalillo por su valor y su integridad al levantar y sostener esta pelea ante la discriminación y ambición de una empresa saqueadora canadiense más y en condiciones altamente difíciles, tanto por el contexto local y regional de violencia, como por la pandemia de COVID-19 que la misma empresa ha traído a la comunidad, después de que el gobierno, irresponsablemente y bajo presión, declaró como “esencial” a la actividad minera, como si el despojo de metales como el oro fuese “esencial” para las comunidades, sin consideración alguna por la enfermedad y la devastación que iba a seguir generando.
Hay una «minería sustentable» del modelo extractivista actual dominante, es cierto: ella se sustenta, sí, pero en el despojo, el engaño, el racismo y la complicidad. ¿Cuántos muertos a corto, mediano y largo plazo, cuántas familias expulsadas y dejadas en la miseria, cuántas comunidades y territorios devastados más necesitamos para poner un alto a esta devastación múltiple? Es falso que en Canadá exista una «minería social y ambientalmente responsable». Las evidencias nacionales e internacionales están a la mano. Así como los empresarios mexicanos de esta minería devastan el territorio nacional, así los empresarios canadienses lo hacen en territorio canadiense. Creer otra cosa solo muestra una visión idealizada e ingenua del extranjero y de sus intereses.
Hacemos un llamado enérgico a la opinión pública, a los periodistas y a los movimientos sociales que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidarizan con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas en condiciones de respeto, seguridad y dignidad, y, segundo, a los legisladores y funcionarios que actúan ante tantas violaciones de los derechos que sigue generando la minería en todo el país, para cancelar este tipo de crimen organizado de alcance nacional.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
El 3 de septiembre de 2020, el Ejido de Carrizalillo (Guerrero, México) rescindió su acuerdo recientemente negociado con Leagold (luego adquirido por Equinox Gold) por la negativa de la empresa a abordar las violaciones del acuerdo, y cerró la mina Los Filos.
Existe una seria preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad dada la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero, donde las operaciones mineras canadienses Los Filos y otras, como de la empresa minera canadiense Torex Gold, se han expandido rápidamente.
Con esta acción solicitamos a Ross Beaty, Presidenta de Equinox Gold, que se abstenga de cualquier agresión contra el ejido así como de acudir a la policía o a las autoridades para que intervengan ante los ejidatarios en el ejercicio legal de sus derechos sobre la tierra para detener la mina.
¡Respeten los derechos de la comunidad a su tierra!
Lee la carta completa aquí:
Ross Beaty Presidente de la Junta Directiva
Le escribo* con gran preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad de Carrizalillo en Guerrero, México, tras la noticia de que ha rescindido su acuerdo con Equinox Gold y está parando legalmente la mina Los Filos, como resultado del trato racista y discriminatorio de la empresa, así como de múltiples incumplimientos del acuerdo social con su empresa. Estas violaciones incluyen el incumplimiento del compromiso de la empresa de asegurar un suministro adecuado de agua para la comunidad, dado desde hace mucho tiempo las actividades mineras en la mina Los Filos destruyeron las fuentes de agua disponibles poniendo en peligro la salud de los miembros de la comunidad.
Los riesgos para la salud de la comunidad han empeorado durante la pandemia de COVID-19, después de que la minería fuera declarada una actividad esencial en México en mayo de este año y las comunidades de Mezcala y Carrizalillo comenzaran a experimentar brotes de infección, luego de que su empresa llamara a los trabajadores a reanudar las operaciones. El Ejido de Carrizalillo señala que dos trabajadores de Los Filos han muerto e informa que la empresa ha estado presionando a los trabajadores para que se presenten a trabajar incluso antes de saber si han dado negativo para COVID-19.
El Ejido de Carrizalillo está actuando dentro de sus derechos legales para rescindir su acuerdo con la compañía y detener la mina. Los ejidatarios lo hacen pese al gran riesgo en el contexto de la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero donde las operaciones mineras canadienses como Los Filos y otras se han expandido rápidamente.
La declaración de Equinox Gold del 4 de septiembre publicada en su sitio web habla de un «bloqueo ilegal de carreteras», lo cual es un claro intento de distorsionar las acciones del Ejido y difamar a la comunidad, poniendo a los miembros de la comunidad en riesgo de violencia y criminalización:
Denunciamos el trato racista y discriminatorio que la empresa ha dado al Ejido de Carrizalillo, que incluye poner en grave riesgo el bienestar de la comunidad por la falta de acciones para reponer el agua contaminada y asegurar protocolos sanitarios adecuados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Pedimos que se abstengan de cualquier agresión contra el Ejido, incluyendo llamar a la policía, la Guardia Nacional u otras fuerzas o autoridades para que intervengan en un conflicto que claramente es solo entre la empresa y los ejidatarios, dado que el Ejido simplemente está ejerciendo sus derechos legales estipulados en el convenio.
Solicitamos se haga una declaración pública reconociendo que el Ejido es el legítimo propietario de la tierra y tiene el derecho legal de retirar su consentimiento y bloquear la mina si la minera no cumple sus acuerdos con el Ejido.
Finalmente, demandamos se comprometa públicamente a respetar los derechos de los ejidatarios y que se comprometa respetuosamente con ellos, dejando claro a las autoridades mexicanas, a los demás actores locales y al público que no debe haber uso de la fuerza ni violencia contra ellos.
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid
Sábado 5 de septiembre de 2020, a las 12.00h en FORO CULTURAL EL PALIACATE, Avenida 5 de Mayo #20, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid.
¿Qué es el Túmin?
Túmin significa dinero en lengua tutunakú. Y desde 2010 es también un pequeño billete, tipo papel moneda. Equivale uno a uno con el peso mexicano y con cualquier moneda, en denominaciones de 1T, 5T 10T y 20T. De uso universal, válido al portador y por quien lo quiera recibir, en cualquier momento.
¿Para qué surgió?
El Túmin se creó por maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para facilitar el intercambio de productos y servicios, y fomentar la economía local. Esto, debido a la falta de dinero y ante la invasión de grandes tiendas transnacionales.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepecy en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.
El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.
El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).
El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.
Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.
Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.
¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?
Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.
Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.
El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.
Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).
Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.
La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).
El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.
La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:
Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte,energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec
Los conflictos socio ambientales…
El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.
Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.
La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.
