Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020
Por: Silvia Ribeiro *
El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.
Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.
Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.
Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).
Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.
No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.
El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).
Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).
También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.
Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.
Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre lo acontencido recientemente en Honduras con las comunidades garífunas – A 16 de agosto de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante el secuestro en Honduras de Alberth Snaider Centeno Tomas -presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz-, Milton Joel Martínez Alvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.
Los compañeros, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron sustraídos de sus hogares el 18 de julio por parte de hombres fuertemente armados que vestían prendas de la policía nacional y chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI).
Desde ese entonces y pese a las reiteradas denuncias que han elevado organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, las autoridades hondureñas no han entregado ninguna respuesta efectiva acerca de las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de las cuatro personas secuestradas.
Como es conocido al interior y afuera del país mesoamericano, la comunidad indígena garífuna de Honduras sufre agresiones sistemáticas desde hace varios años, ejercidas por compañías bananeras y de cultivo de palma aceitera, entre otras, y más recientemente por los usurpadores de tierras para emprendimientos habitacionales y turísticos. El ejercicio democrático y legítimo de defensa del territorio realizado por OFRANEH y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, ha convertido a los integrantes de la organización en blanco de diversos ataques. Han sido reiteradas las situaciones en las que han sufrido amenazas, persecuciones, asesinatos, y acciones repudiables como la que hoy denunciamos, el secuestro de quienes se oponen al modelo neoliberal de privatización y mercantilización de los territorios y de los bienes naturales, que permiten la subsistencia comunitaria.
De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado y analizado en las últimas semanas, con el apoyo de los pueblos en resistencia y las organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en Honduras, el complejo hotelero INDURA, ubicado en la costa norte hondureña, y el parque nacional PUNTA IZOPO, en el municipio de Tela, han sido denunciados por habitantes de la zona por usurpar tierras y expulsar pobladores locales. Asimismo, se ha advertido sobre posesión ilegal de tierras por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias MACERICA e IDETRISA.
En ninguno de los proyectos que estas empresas desarrollan fueron consultados los pueblos garífunas, lo que es obligatorio para cumplir con el Derecho a Consentimiento libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas en el mundo, establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por Honduras en 1995.
Las agresiones se incrementaron notablemente desde 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la devolución de tierras y reparación de daños a la comunidad de Triunfo de la Cruz. La demanda ante la Corte IDH fue presentada en 2003, admitida el 14 de marzo de 2006, y el 8 de octubre de 2015 la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado de Honduras por todos estos actos de violación de los derechos territoriales y colectivos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En esa sentencia se establecen las responsabilidades del Estado y su obligación de garantizar los derechos a la comunidad, reparar los daños ocasionados y asegurar los mecanismos adecuados para evitar la repetición de esos hechos. Sin embargo, a la fecha, casi cinco años después, la sentencia no se cumple, la comunidad es aún violentada, y el año pasado fueron asesinadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres.
Desde hace varios años y en el pasado reciente, nuestra red regional de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha denunciado la brutal violencia que soportan las organizaciones, movimientos y comunidades del hermano país mesoamericano. ATALC ha recopilado información, documentado denuncias, y dejado constancia ética e histórica de la nefasta situación a la que se ha llevado al pueblo garífuna, sin que haya acciones contundentes de parte del Estado hondureño y los gobiernos de turno para atender ese contexto. Ante la agudización de la criminalización contra ese pueblo originario y la combinación de todas las estrategias de despojo comunitario y violación de sus derechos, Amigos de la Tierra Internacional reitera el repudio y la denuncia del secuestro de los luchadores de la comunidad Garífuna. Asimismo, denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad contra las/os lideresas/líderes comunitarias/os, sujetos políticos en resistencia al modelo de exterminio y en defensa de sus territorios ancestrales, hombres y mujeres fundamentales en la dignificación de la vida de la clase popular.
Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más mujeres y hombres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Mientras, el neoliberalismo despoja territorios para favorecer a las corporaciones transnacionales que, en estos momentos, lucran de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.
Adicionalmente, ante la impunidad reinante en Honduras que a través de esta declaración estamos denunciando, nos sumamos a las organizaciones sociales de ese país para hacer un llamado a la solidaridad internacionalista y exigir al gobierno nacional:
La inmediata aparición con vida de los cuatro Garifunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz secuestrados, entre ellos el Presidente del Patronato de la comunidad e integrante de la OFRANEH.
La detención inmediata de la violencia sistemática y ocasional contra el pueblo garífuna.
El cumplimiento urgente de la sentencia de la Corte IDH en la que se ordenó al Estado, entre otros actores, a sanear, titular y demarcar 2840 hectáreas que corresponden al territorio ancestral, y además devolver a la comunidad de Triunfo de la Cruz, ya que es la dueña legítima, 22 hectáreas de tierras en manos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, así como 98 hectáreas que se encuentran ilegalmente en posesión de las empresas MACERICA e IDETRISA, que ejecutan los proyectos habitacionales Marbella y Playa Escondida.
Convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con OFRANEH y con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la aparición con vida de los compañeros secuestrados y hasta que cese la violencia sistemática y cualquier ataque contra nuestros pueblos.
Enviaremos estas demandas en una carta al Gobierno de Honduras. Necesitamos su apoyo y solidaridad para que nuestras voces sean escuchadas. Por favor, firmen la carta antes del viernes 21 de agosto de 2020. Reuniremos firmas para enviar la carta antes del 24 de agosto.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.
“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.
A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].
De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.
Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.
La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.
Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.
“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.
Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.
Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.
Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.
Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.
Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.
De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de losdispositivos tecnológicos
En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?
Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.
De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.
Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.
Una cadena “borrosa”
Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .
Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.
En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.
En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.
Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.
Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .
Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].
En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.
Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados
El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.
La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.
¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.
En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?
Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería
Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.
Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).
Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.
¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].
Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.
Y todos necesitan de las tierras raras.
El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.
Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.
Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.
Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.
La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?
Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.
Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?
El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.
No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.
Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.
Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.
La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.
La Matriz Energética
La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.
Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.
Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.
Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.
Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.
La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?
Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.
Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.
Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.
Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.
La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modeloextractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.
La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.
La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.
Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020
Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados.
En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.
Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia.
Exigen atención al presidente López Obrador
Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora “que también es México”.
“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó.
Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.
“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.
Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente “¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?”.
“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.
“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. “Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades”, señalaron.
Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores
“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.
Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.
Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.
Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020
El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.
La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.
En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.
¿Qué fue lo que dijo?
En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW
Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.
Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020
Por Marco Antonio Ortiz Salas*
Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental
Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de SantaLucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.
Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.
Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.
Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el TrenMaya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.
En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas deGortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.
*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS *SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.
Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.
Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.
En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.
Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.
Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.
Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.
Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.
Centro Vitoria*
*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz
Les compartimos esta nota de interés publicada en Sin Embargo sobre el consumo de refrescos apropósito de la visita del Sub Secretario de Salud Hugo López Gatell a Chiapas – A 18 de julio de 2020
Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR)
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este día que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.
“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.
Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). Esta situación se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.
“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas…”, expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“La salud que tiene México sería distinta si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar”, agregó el funcionario.
Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azúcares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor.
LA MAYOR MORTALIDAD DE ADULTOS JÓVENES POR COVID-19
México es el país con mayor mortalidad de adultos jóvenes por la COVID-19, informó esta semana Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo anterior, agregó el funcionario, se debe a las enfermedades crónicas que afectan a la población causadas por modelos alimenticios que predominan en la nación desde hace décadas.
“México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada… México ha sufrido una de las mayores epidemias de enfermedades crónicas y las causas fundamentales están en los estilos de vida, pero cuando se habla de estilos de vida hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales. Se trata del ambiente construido, en cómo se organizan las ciudades, en cómo existe un uso preferencial del automóvil, en que no existen espacios públicos suficientes para realizar actividad física, entre otros factores”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.
El factor de mayor en importancia es la alimentación no saludable que depende de la sobreoferta de productos industrializados, de muy baja calidad nutricional, de alto contenido calórico, lo que se llama comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, explicó López-Gatell.
“México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también en el primer o segundo lugar en epidemias de sobrepeso y diabetes. Y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID-19 porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81 por ciento de las personas que fallecen por COVID tienen una de las enfermedades crónicas que se las ha causado estos modelos de alimentación que predominan en México desde hace más de 30 años”, agregó.
Sobre las declaraciones de López-Gatell, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) aclara lo siguiente:
Compartimos el pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Pronunciamiento de Jubileo Sur Américas, así como las muestras de silidaridad de otras organizaciones, movimientos y personas – A 20 de julio de 2020
Urgente solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño y sus organizaciones y movimientos
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.
Desde hace muchos años ATALC ha hecho seguimiento a la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos sociales en el país mesoamericano; recordamos también el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y la situación de cientos de hombres y mujeres que por la defensa de sus territorios han sido encarceladas/os, torturadas/os, y han perdido sus vidas, o las de sus familiares y compañeras/os de lucha con quienes han bregado por la dignificación basados/as en la defensa de sus espacios socialmente construidos y de sus medios de sustento. Infortunadamente, y no obstante se ha denunciado en los planos nacional e internacional la sistematicidad criminal en contra del pueblo hondureño, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en el país.
Desde el inicio del modelo de confinamiento, basado en el Estado de excepción, que tiene claras diferencias en su ejecución dependiendo del signo del gobierno que lo implementa, pero que la derecha ha utilizado para reprimir con mayor voracidad a los pueblos, en Honduras se han cometido asesinatos sistemáticos contra ambientalistas, lideres/zas y defensoras/es de derechos.
El 2 de abril fue asesinada Iris Argentina Álvarez, integrante de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, al oponerse a un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca; el 20 de mayo Edwin Fernández fue asesinado en su vivienda y en frente de sus hijos/as, era parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña –OFRANEH; el 11 de junio, en Tegucigalpa, la activista por la diversidad sexual Scarleth “Campbell” Cáceres fue asesinada a disparos. Ella hacía parte de la Organización Colectiva de Muñecas, Asociación LGTBI Arco Iris. Antonio Bernardez Suazo fue asesinado el 20 de junio, era miembro del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Punta Piedra. El 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado de Marvin Damián Castro Molina, joven defensor de los derechos de los pueblos y coordinador de la secretaría de la Juventud en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida –MASSVida.
En los últimos días recibimos la denuncia de OFRANEH y el patronato de Triunfo de la Cruz del secuestro por parte de hombres con chalecos antibalas con las iniciales la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fuertemente armados contra el presidente del patronato Sneider Centeno junto a Milton Martínez, Suami Mejia y Alber Sentana Thomas, quienes hasta el momento de la elaboración de esta comunicación, aún no han retornado a su territorio. Por otro lado el envenenamiento mal intencionado de los ríos de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguan por la denuncia de la construcción ilegal de un Resort, esto supone un ecocidio y un atentado directo a la vida de una comunidad entera.
En momentos en que la crisis global de la salud y la pandemia del coronavirus azotan inclementemente a la mayoría de países y pueblos en América Latina y el Caribe, las respuestas de parte de las derechas que controlan el poder de los Estados consisten en profundizar la precarización de la vida de la población, atendiendo a las imposiciones de sus jefes imperiales y colonialistas. Adicionalmente se despliegan estrategias de producción de pánico, aislamiento, intimidación y, como denunciamos en el caso hondureño, y de otros países como Colombia, Brasil y el Salvador, criminalización generalizada a la población en lucha contra el modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la salud pública y para enfrentar las complicaciones asociadas a la Covid 19.
Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género llamamos a la comunidad internacional, a los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a denunciar la violencia que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más hombres y mujeres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras el neoliberalismo despoja territorios para el favorecimiento de las corporaciones transnacionales, lucrándose de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.
Firma
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC
