Feminicidios aumentan y Estado propone modificar leyes, la polémica por recategorizar el delito

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Roberto Ortiz

*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.

*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.


Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.

La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.

No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.

A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.

“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.

La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.

“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.

Panorama

Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1)
Foto: Roberto Ortiz

Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.

En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.

En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.

Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.

Llamado

En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas.
Foto: Francisco López Velásquez (16)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.

“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.

Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.

“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del  contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres,  niega de iure y de facto el  acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.

¿Qué es un feminicidio?

Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)

De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”

Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. – A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas

Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida


El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.

El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.

Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.

La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

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Justicia para Samir Flores Soberanes

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.

En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.

Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.

¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!

¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!

Firma

Otros Mundos Chiapas

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell

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Defender el medio ambiente, la práctica más insegura en el mundo

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020

Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad

Texto: Arturo Contreras Camero

Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.

En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos fueron asesinadas en el mundo.

América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente. En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por  Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.

Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad, pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia. 

Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado de alguna manera por las agresiones 

Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza 

Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una política de combate a la pobreza a través de la creación de megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país. Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso tienen a estas comunidades. 

“El continente fue testigo de la creciente privatización de los servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.

Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”. 

Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”. 

La deuda con las mujeres

En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres, aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders.

“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos por defender a personas defensoras de  derechos Humanos, impulsando estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.

Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen en el país. 

Los defensores migrantes, la otra alerta

A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante. Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a los que los defienden.

Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de personas y fueron detenidos sin pruebas. 

“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”, aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT. 

El ejemplo de Nahuatzen

Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”. 

De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente por defender el ambiente. 

“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible. Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en este año”, dijo el representante de la comunidad. 

“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Oaxaca: Pueblo zapoteco de Calpulálpam gana amparo donde se cancelan todas las concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)

Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este mandato judicial federal.

Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce, hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.

En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la minería”.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.

Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.

La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.

En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los intereses de particulares.

Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia.

Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.

“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.

El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen 30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.

Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.

Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las concesiones”.

“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.

Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna institución han hecho absolutamente nada”.

Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.

Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF

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Activistas y organizaciones del país condenan agresión hacia familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020

A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.


Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la violencia hecha por el Gobierno del Estado.

Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia.

Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes.

Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020

También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43.

Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C. UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz, Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd. Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo Colibrí.

A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.

CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos.

*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su red social condenó el hecho:

Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.

Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios integrantes de la Caravana

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.

El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio; sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas integrantes de la Caravana.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

La justicia hondureña en deuda: Organizaciones presentan hallazgos sobre acceso a justicia en caso Berta Cáceres

Compartimos el comunicado de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres a través de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH– A 11 de febrero de 2020

Europa/Las Américas, 11 de febrero de 2020.- A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hacen público el informe “Una deuda histórica de la justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.

Conferencia de prensa de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres, 11 de febrero 2020

“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca,” comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.” 

El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.

“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA  el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.”

Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.

“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.” 

El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.

“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”

El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.

El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.

Imágenes: Conferencia de prensa de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres, 11 de febrero 2020, Créditos: COPINH

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Martes 18 de febrero, 6 PM, Cine-debate: “LAWQA, que el Parque vuelva a ser parque”

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“LAWQA, que el Parque vuelva a ser Parque”

Martes 18 de febrero de 2020, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Los cines-debates de Otros Mundos están de regreso, les esperemos este martes 18 de febrero, a las 6 de la tarde en Kinoki, proyectaremos este documental chileno sobre la minería en una parque reserva natural, aquí una reseña sobre el documental.

La Reserva Mundial de la Biosfera “Lauca”, es una zona de biodiversidad única en el planeta. Ubicada en el altiplano de Chile, junto a la frontera con Bolivia, está siendo contaminada por relaves mineros abandonados y destruida por la desenfrenada explotación de la industria minera del bórax que atenta contra sus recursos naturales. Un destacado pescador con mosca, Gabo Benoit, recorre estas rutas solitarias en su mountain bike, en busca de un espacio único y mágico donde practicar la pesca deportiva.

En esta ruta con destino al Parque ”Lauca”, se encuentra con enigmáticas historias sobre el abandono de este espacio, la dificultad de la vida de los últimos habitantes de la región y las maniobras políticas que han llevado al uso del altiplano Chileno como un vertedero de relaves y desechos mineros a costa de sus maravillas naturales. En este viaje, Gabo Benoit, junto a Fundación Relaves y activistas locales; reconstruyen y revelan la historia de como se llegó a esta situación, invitándonos a ser parte del mágico altiplano y de esta Reserva Mundial de la Biósfera.

Documental: Lawqa (Lauca), que el Parque vuelva a ser Parque
Duración: 32 minutos
Protagonista: Gabriel Benoit
Dirección: Raimundo Gómez
Dirección de fotografía: Franco Davico
Producido por: Patagonia – Fundación Relaves – Más Verde – Media Factor – Gabriel Benoit
Filmado por: Más Verde
Investigación: Victoria Caroca – Ladislao Palma – Javier Calvo – Juan Pablo Sanguinetti
Edición: Franco Davico – Raimundo Gómez – Franco Sanguinetti – Javier Calvo

La mayor cervecera del mundo viola el derecho al agua en Baja California

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020

Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al agua de la población 

Texto José Ignacio De Alba

La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .

La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo instalarse en un área con escasez de agua. 

Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.

El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la legislación en materia de agua del estado de Baja California presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el consumo personal y doméstico”.

Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.

La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.

Abusos empresariales

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. 

Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera con ese país.

México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.

En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.

Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera

León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.

Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la empresa continúan:

“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones, estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos políticos”.

Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por parte de la Empresa”.

Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste  con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía, explica Fierro.

Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.

Imagen: Proceso 2018

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Guadalajara: Hershey’s, Nestlé y Honda, entre las 29 empresas que contaminan el río Santiago

Compartimos esta nota publicada en Proceso – A 5 de febrero de 2020

Por Gloria Reza M.

GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobierno de Jalisco detectó que 29 empresas contaminan el río Santiago al descargar aguas residuales que incumplen con los parámetros que marca la norma.

La coordinadora de Gabinete de Gestión Integral, Patricia Martínez, informó que, en un recorrido por la cuenca del río Santiago, localizaron 500 puntos de descarga de aguas residuales y tomaron muestras de 150 de ellas.

Entre las 29 empresas que arrojan contaminantes están Hershey’s México, Nestlé, Urrea Herramientas y Honda.

El informe será entregado el viernes a Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, para que tome las medidas necesarias.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, (Semadet), Sergio Graf, recordó que el control, inspección y vigilancia de las descargas peligrosas de la industria es atribución de la federación.

El funcionario estatal agregó que al estado sólo le corresponde supervisar al interior de las plantas que descargan residuos no peligrosos o agropecuarios, entre ellas las tequileras que generan las vinazas.

Realizan recorrido por el río Santiago

Este miércoles, el gobernador, funcionarios de su gabinete, empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí trabaja para abatir la contaminación del río Santiago.

El pasado domingo, Hernández Barrón anunció que harían una segunda macro recomendación sobre el saneamiento del río Santiago.

En respuesta, Enrique Alfaro retó el lunes a Hernández Barrón y a “opinadores” a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en el vaso lacustre.

El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.

En el trayecto, realizado en tres autobuses, el gobernador anunció que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.

Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.

Además, se solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.

Imagen: Proceso

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