Honduras: 4to Aniversario de la siembra de Berta

Compartimos la invitación de hace el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar 4 años de sembrar a nuestra compañera Berta Cáceres – A 13 de enero de 2020

PRIMER LLAMADO –

En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su causa por la justicia para el pueblo hondureño.

En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que las pequeñas victorias en el camino de verdad y justicia son parte de un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos.

Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de Encuentro y Amistad “Utopía”, ubicados en la comunidad de Santa Catarina, Intibucá, los días 2, 3 y 4 de marzo.

“Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta, tiene como autores intelectuales a los promotores del extractivismo el saqueo y despojo de nuestros territorios.”

Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras a los 13 días del mes de enero del año 2020

Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020

  • Superan 677 millones de pesos
  • Son al menos 40 con seis empresas

Dora Villanueva   Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 13

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Imagen: Noticias Veracruz

Más información:

[Artículo] De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la Conagua

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019

Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am

N. del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la reportera. 

Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5 mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.

Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.

“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.

En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.

El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.

La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.

“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.

Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.

En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.

Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.

Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.

“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.

DESCARGAS SIN PERMISO 

Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.

Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.

“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.

Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo,  Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.

https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.

La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.

“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.

En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.

Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.

“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.

CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO

Coca-Cola FEMSA informa

En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:

Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.

Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.

Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.

Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.

Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.

Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.

CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO

RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA

Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.

Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.

En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.

La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.

“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

Más información:

Clausuran calera de Chiapa de Corzo, tras 50 años de daño ambiental

Compartimos con alegría la siguiente nota publicada en ChiapasParalelo sobre el cierre de la calera en Chiapa de Corzo – A 30 de diciembre de 2019

Por Isaín Mandujano 30 diciembre, 2019

Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero

Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.

Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz, acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo

El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número 12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.

Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera

Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de reubicación.

Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de 90 días naturales, cumplidos el  31 de octubre de 2019, el caso fue turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.

Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad, a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los bienes materiales de la empresa”.

Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales, estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.

Por fin fue clausurada…

“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la protección de la población e imponer las sanciones administrativas correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.

Imágenes: ChiapasParalelo

Más información:

Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

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[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

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[Vídeo] Florecer: Historias de Migración

Compartimos un vídeo sobre la migración realizado por La Sandía Digital y la Fundación Avina – A 13 de diciembre de 2019

Florecer: es video de animación cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de personas #migrantes, refugiadas, retornadas y deportadas en #México

¡Porque #TodosSomosMigrantes y #LaMigraciónEnriquece!

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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Simulación de la protección a los Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) a propósito del día internacional de los Derechos Humanos – A 18 de diciembre de 2019

Hace unos días, en el marco de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) otorgó a Epitacia Zamora Teodoro, la Condecoración “Eleanor Roosevelt”, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Es fundamental honrar y hacer reconocimiento de aquellas valerosas personas que se han dedicado a defender la vida poniendo en riesgo la suya. Sin embargo, es lamentable que instituciones de derechos humanos, o cualquier otra, utilicen de mala fe y se apropien de las historias de mujeres y hombres honorables para cumplir con el mandato de aparentar preocupación por los derechos humanos, mientras en este país se asesina impunemente a cientos de defensoras y defensores sin que estas instituciones hayan hecho algo para impedirlo.

La CDHEC difícilmente, junto a esta condecoración, va a contar y reconocer la historia real de Epitacia Zamora Teodoro; ¿Por qué fue que esta defensora murió hace casi 5 años? ¿Qué fue lo que realmente provocó su muerte y cómo fue que la propia CDHEC (siendo Roberto Chapula de la Mora su titular)propició y abonó a la irreversible fractura comunitaria que hasta el momento perdura en la comunidad indígena de Zacualpan.

Pita como todas y todos la conocíamos fue una mujer indígena sólida,venerable, valiente, tenaz, osada que a lo largo de su vida se enfrentó al poder del estado represor que le propinó muchos golpes. Es imprescindible no olvidarlas batallas que esta gran mujer, su familia y su pueblo han vivido, luchado,ganado y también perdido por defender su territorio contra toda la fuerza del aparato Estatal y sus instituciones estatales y federales que imponen su modelo extractivo.

Pita nació en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima; tuvo 4 hijas y dos hijos, “en 1995 sufrió la muerte de uno de sus hijos tras ser golpeado por agentes policíacos del municipio de Villa de Álvarez, aunque después las autoridades argumentaron que se había suicidado en la cárcel” como lo documentó la Revista Proceso en Febrero de 2015.

Pita trabajó por 8 años como jornalera en una empresa agrícola ubicada en la comunidad Loma de Fátima, cuyo propietario era quien fue diputado local priísta José Verduzco Moreno y cuyo administrador era Mario Anguiano Moreno, quien era gobernador el año en que ella murió (2015). Precisamente por el contacto que Pita tuvo con los agroquímicos que se utilizaban en esa empresa, se le diagnosticó anemia mielodisplásica lo que provocaba que las plaquetas bajaran de manera drástica y la llevaba a pasar a veces hasta 7 meses en el hospital.

En el año 2013 la Comunidad Indígena de Zacualpan (con Pita al frente)emprendió una lucha contra la empresa minera Gabfer S.A. de C.V. que pretendía extraer oro, plata, cobre y manganeso a 800 metros del nacimiento de agua que abastece a la comunidad y a casi 300 mil personas de Colima y Villa de Álvarez. En ese mismo año se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y unos meses más tarde fue destituido el Comisariado de Bienes Comunales que apoyaba el proyecto minero. Pita y su planilla fue electa, quedando ella como Secretaria del Comisariado, y Olivia Teodoro como Tesorera. Esta era la primera vez que dos mujeres formaban parte del Comisariado en Zacualpan.

El gobierno del Estado enfurecido por esta situación desató una campaña de odio contra el CIDTZ y mandó a la policía a reprimir a la comunidad. La CDHEC por su parte actuaba como alfil del gobierno del estado y con mala fe llevaba información falsa y confundía a algunas personas de la comunidad para que se enfrentaran entre ellas, inclusive entre familiares, lo que hasta la fecha no se ha podido revertir.

La presión por parte del gobierno y la policía, las amenazas de muerte y la intimidación le provocaron a Pita una diabetes que antes no tenía y que en el momento de mayor represión en Zacualpan la llevó a un derrame cerebral que aunado a la enfermedad causada por los agroquímicos a los que fue expuesta y la pésima atención en el Hospital Regional Universitario la llevó finalmente ala muerte.

¿Qué sentido tiene hoy entregar un papel reconociendo su labor de defensora de derechos humanos cuando la misma CDHEC cierra los ojos ante la violación a los propios derechos de Epitacia Zamora Teodoro? Violentados sus derechos como indígena, como mujer, como trabajadora, como defensora, como madre,como paciente. ¿Por qué no se abre una investigación sobre el tipo de agroquímicos que usan las empresas agrícolas, que enferman a la población en Colima y que llevaron a Pita a la muerte? ¿Por qué no se busca dar seguimiento a las múltiples denuncias ante la CNDH y hasta la CIDH por el acoso y el uso excesivo de las fuerzas públicas en la Comunidad indígena de Zacualpan por el gobierno del Estado de Colima?

En 2015 el CIDTZ se integró a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería(REMA) y hoy desde aquí le decimos a Sabino Hermilo Flores Arias, titular de la CDHEC, que un papel de reconocimiento enmarcado NO BASTA, que no es suficiente para sanar y cerrar las heridas que siguen sangrando en la tierra de Epitacia Zamora Teodoro… Zacualpan.

¡PITA VIVE, LA LUCHA DE ZACUALPAN SIGUE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTAD/OS POR LA MINERÍA

Foto: AF Medios

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