Preocupa a ONU nivel de vulnerabilidad de defensoras en Mexico

Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.

Comunicado: Experta de la ONU insta a garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos en México. Contexto: Demandan intervención de Segob para garantizar seguridad de integrantes de Consorcio Oaxaca

Estas son las 133 historias de 133 periodistas asesinados en México, de 2000 a 2020, sólo por informar

Les compartimos este reportaje publicado en Sin Embargo sobre periodistas asesinados en México – A 19 de julio de 2020

Los siguientes son los 133 obituarios de los periodistas asesinados en México en la línea de tiempo entre 2000 y 2020. Diferentes en sus condiciones, estas son las biografías de seres comprometidos con el periodismo en una época en que este país se convirtió en un campo de batalla. Los callaron, pero no lograron acabar con su legado. Este memorial pretende honrarlos para siempre.

Este reportaje forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y DemocraciaAbierta. Cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.

POR LINALOE R. FLORES,
con la participación de Efrén Flores.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo/DemocraciaAbierta).– Distintas, brillantes en sus causas, reinas de sus propias letras, las siguientes vidas son las de 133 periodistas asesinados en México de 2000 a 2020.

Sus muertes son incomparables pues cada una ocurrió con los signos de enemigos diferentes, en zonas diferentes y en años diferentes. Pero son similares porque las protagonizaron seres que tomaron las riendas de nobles metas reporteriles. La precariedad de sus condiciones jamás impidió sus viajes a la marginada sierra o a los bajos mundos de la mafia. Muchas veces se convirtieron en emprendedores con tal de tener un medio para publicar o presentar noticias ante un micrófono. Otras, combinaron el periodismo con otros oficios para reunir un ingreso digno. Al irse, dejaron pendientes coberturas de política, narcotráfico, robo de dinero público, pobreza, despojo de la tierra de pueblos originarios, así como la ruina de playas, bosques y selvas.

En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) concentró su Gobierno en una política de seguridad nacional. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales. Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Pero para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado y se mantuvo hasta la siguiente administración, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las vidas eran añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para abrevar su experiencia y contarla- se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Así fue como los asesinatos de los comunicadores se multiplicaron al infinito. Las historias propias de reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos se integraron al monstruo de mil caras de la contabilidad de víctimas mortales. Pero algunos se diluyeron en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.

En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación. A siete periodistas de nada les sirvió. Lo mismo cayeron.

Con todo, estos son los relatos de sus vidas y la forma en la que dejaron este mundo. Ninguno de estos textos reproduce escenas post mortem porque el objetivo al abordar sus biografías fue armar su memoria. Su bella memoria concluida con injusticia.

***

Luis Roberto Cruz Martínez
1 de febrero de 2000
Letras truncas: Cobertura del narcotráfico

Con su nombre se inician todos los registros de periodistas asesinados en México en el siglo XXI. Era reportero en Reynosa, Tamaulipas; trabajaba para la revista Multicosas y su presunto asesino, Óscar Jiménez González, huyó de la prisión donde estaba detenido. Esa muerte, impune 20 años después, fue el primer eslabón de una cadena trágica que parece interminable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 2016, en el capítulo Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión identifica a 2000 -el año en que Luis Roberto fue agredido mortalmente- como “la raíz del miedo”. De ese entonces datan los primeros registros de ataques en contra de periodistas y medios de información.

Con el tiempo, la biografía de Luis Roberto se ha desdibujado. Poco se sabe de su historia de vida. El móvil o los responsables intelectuales no han sido identificados. De esa forma, su nombre se convirtió en emblema de la invisibilidad del fenómeno de violencia desatado en todo el país. Además de la especie de pacto de silencio que hasta hoy predomina en Tamaulipas.

A finales de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y la creación de una Coordinación Estatal en la materia. Dos años después, Tamaulipas seguía en el primer sitio en los indicadores de agresiones a periodistas.

Ese año, en el Senado de la República, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, invitó a hacer un análisis sobre el incumplimiento de las leyes y resaltó que no era necesario cambiar la legislación.


Pablo Pineda Gaucín
9 de abril de 2000
Letras truncas: Cobertura de narcotráfico en la frontera norte

Luces y sombras llenan el obituario de este periodista. Originario de Torreón, Coahuila, se convirtió en fotógrafo-reportero en Matamoros, Tamaulipas, cuando fue invitado a trabajar al periódico El Imparcial. En esa frontera también se desempeñó muchos años como gestor de las oficinas gubernamentales y como “coyote” en la legalización de los autos importados de manera ilegal.

Cuando fue asesinado, trabajaba para el diario La Opinión y tenía 39 años de edad.

Sus restos fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca del puente Los Indios, al poniente de Brownsville, Texas. Fue visto por última vez la noche del sábado anterior en la redacción del periódico. Sus compañeros lo escucharon responder una llamada. “¿Sí, jefe?” -dijo. Y luego: “Ahorita regreso”.

Las luces las aporta su trabajo. Publicaba imágenes crudas, reales, sin recato en lo sangriento. Eran fotos de atropellados, suicidas, vendedores de droga, violadores o funcionarios a los que señalaba de corruptos. Defendía a los detenidos y buscaba sacarlos de prisión. Cada semana ayudaba a la familia de un preso.

Las sombras las puso su modo de vida que dejaba entrever que tenía vínculos con los grupos delincuenciales de la frontera. La historia de Matamoros-Brownsvile -su campo reporteril- siempre estuvo ligada al tráfico ilegal. Fue paso de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos, de armas durante la Revolución Mexicana y desde este siglo, de drogas o de humanos.

Pineda Gaucín trabajó siempre entre marañas de dudas de cómo con un salario de periodista podía vivir en la zona residencial Valle Alto y conducir automóviles de lujo.

Cuando los entrevistaron, varios de sus colegas coincidieron en que su asesinato no fue a causa de su trabajo de periodista. La hemeroteca arroja que su última publicación fue una serie sobre el linchamiento y muerte de un policía municipal, cometido por un grupo de estudiantes en el Tecnológico de Matamoros. El periodista se metió a defenderlo. Luego, publicó: “Sólo esperamos que la justicia divina aplique la ley, pues de la justicia terrenal, nada se espera”.


Hugo Sánchez Eustaquio
19 de julio de 2000
Letras truncas: Información general

Su historia se diluye, se pierde en el tiempo. Los rastros de la vida de Hugo se han perdido entre los otros 132 obituarios de periodistas asesinados desde 2000 hasta 2020. Su nombre integra todas las listas de informadores sacrificados en México, pero nunca arrojan en qué paró la investigación de su muerte. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México brindan luces sobre las pesquisas. Sus familiares tampoco son localizables. No se sabe qué trabajo realizaba.

La Verdad, el periódico en Atizapán de Zaragoza, donde Hugo fue editor, ya no existe. Así, el tiempo ha jugado a favor para sepultar en el olvido la extinción de uno de los primeros periodistas asesinados en México en los últimos veinte años.

Hugo fue secuestrado y le arrancaron la vida. Su cuerpo fue encontrado en Hacienda de Atizapán, en el Estado de México. Tenía un balazo en el cuello y estaba al lado de su auto. Reproducir la escena es difícil porque ya todo cambió. Hoy, la avenida es de doble sentido y cuando su cuerpo fue abandonado, era sólo un camino.

Habían pasado dos semanas del triunfo electoral de Vicente Fox Quesada para la Presidencia de la República y aún faltaban cinco años para que desde el Gobierno se reconociera que a los periodistas mexicanos los mataban. Pero su nombre se convirtió en una de las carpetas de los mil 713 homicidios cometidos en México que ese año quedaron empolvadas.

La muerte de Hugo Sánchez Eustaquio contribuyó a que México fuera considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el Periodismo, una característica similar a países como Turquía, Afganistán o Siria, donde hay guerra.


José Luis Ortega Mata
19 de febrero de 2001
Letras truncas: Financiación de campañas políticas por capos del narcotráfico

Fue director del semanario Ojinaga en la ciudad del mismo nombre en Chihuahua. Cuando ocurrió su tragedia, presidía la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de ese municipio. Su último trabajo publicado fue que en Aldama -un municipio cercano a la capital del estado- había casas bodegas de droga. Bajo el brazo traía una investigación sobre el financiamiento de campañas políticas por barones del narco.

Tenía 37 años de edad y estaba casado con Alicia Cortés con quien procreó tres hijos.

Sus asesinos lo obligaron a bajarse de su coche. Uno de ellos le descargó balas a placer. Cuando estos hechos sucedieron, Vicente Fox Quesada cumplía 81 días de Gobierno, el primero no priista. En campaña, había prometido que la libertad de expresión sería reivindicada. Pero el homicidio de José Luis sería el primero de una cadena trágica en los siguientes seis años, mucho más dramática que los sexenios del priismo.

La mañana del 20 de febrero de 2000, en el noticiario Radio Prensa, el conductor Homero García, recibió al aire la noticia de un radioescucha: “Maestro, mataron a José Luis Ortega.

Desde entonces, en Ojinaga y en todo el país se pidió justicia. La presión pública obligó a una respuesta de las autoridades. El 29 de abril de 2001, fue detenido Jesús Herrera, “Juny Herrera”, propietario de un supermercado en Presidio, Texas. Pero sus abogados demostraron que el testigo que lo culpó se encontraba en la cárcel el día del crimen. Tres meses después, quedó en libertad.

Ojinaga es una ciudad de 28 mil habitantes, en la frontera con Texas, a orillas del río Bravo. El nombre se lo puso Benito Juárez en honor de Manuel Ojinaga, que luchó cuando los franceses invadieron México por segunda ocasión entre 1865 y 1869. En 1910, el general Toribio Ortega, en el cercano Coyame, convocó una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz a la que había convocado para seis días después Francisco I. Madero. José Luis Ortega Mata era bisnieto del militar revolucionario.


José Barbosa Bejarano
9 de marzo de 2001
Letras truncas: Información general

Muerto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un aparente accidente automovilístico, su biografía se convirtió en un sepulcro sobre el cual, no hay datos. Un familiar que no desea ser identificado refiere que incluso sus parientes han decidido no dar cuenta de su tragedia porque quieren “dejar en el pasado lo sucedido”. El olvido, podría ser el título del final que tuvo este corresponsal de la revista Alarma en la frontera norte de México.

A manera de réquiem, su nombre es de los primeros en los listados de periodistas asesinados en México. Así, acaso sin saberlo, ha contribuido en las demandas de justicia junto a otros 132 nombres de periodistas asesinados desde 2000 a 2020. Aun así, el silencio sobre quién fue este periodista, estremece.

En la redacción de la revista no se encuentra a ningún contemporáneo que refiera de sus días. Imágenes de su rostro no hay. Notas bajo su firma tampoco. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no abrió ninguna carpeta por su historia. La Fiscalía de Chihuahua, tampoco.

Un estudio especial sobre asesinato de periodistas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado en 2008, indicó: “La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión”. El caso de José Barbosa está en este párrafo cargado de premoniciones.

El hecho de que lo mataran, el hecho de que lo aventaran a una vía pública y el hecho de que hoy sólo sea un nombre en una base de datos brindó el mensaje de las múltiples posibilidades para acribillar periodistas sin que después nada ocurra. Tras su muerte, más de cien informadores cayeron en otros sitios de México sin que sus procesos llegaran a sentencias condenatorias. Se fueron en el silencio, el mismo que ahora cubre este nombre.


Saúl Antonio Martínez Gutiérrez
24 de marzo de 2001
Letras truncas: Narcopolítica

Fue uno de los cuatro hijos que procreó el periodista Gonzalo Martínez Silva, fundador del periódico El Imparcial en Tamaulipas, en 1993. Saúl ayudó con la construcción de la redacción. Como editor impulsó la cobertura de la delincuencia organizada, el tráfico  de migrantes en esa frontera, además de los actos de corrupción del Gobierno de Tomás Yarrington Rubalcava.

Los tres temas pudieron ser causa de su secuestro y asesinato; pero la sospecha de que el agravio provino del Gobierno se fortificó cuando Yarrington Rubalcava fue detenido en Florencia, Italia, por delitos vinculados con “lavado de dinero”, el 23 de mayo de 2012. Habían pasado 11 años y un mes de la partida de Saúl Antonio.

Tomás Yarrington Rubalcava encarna la llamada “narcopolítica”, un término que se insertó en el vocabulario de los mexicanos desde aquellos años. Fue el Primer Mandatario del estado entre 1999 y 2005, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional; en 2017, fue detenido en Italia y en 2018, fue extraditado a Texas, Estados Unidos. Narcotráfico y extorsión cometidos desde la Administración son algunos de los cargos que enfrenta. Mientras, el Gobierno del estado intenta expropiarle una propiedad de 1.2 millones de dólares, ubicada en Brownsville, Taxas, reflejo de la riqueza que acumuló.

A Saúl Antonio se le vio por última vez, el 23 de marzo de 2001. Del periódico, se fue a las 11 de la noche, poco después de darle una orden de información por teléfono a uno de los reporteros. A las 4:30 de la tarde del día siguiente ya había noticias. Su camioneta marca Explorer modelo 98, roja, placas WYE5095, estaba en la brecha 28, cerca del ejido El Ebanito, en el municipio de Río Bravo, frontera con Texas. Estaba acostado en el asiento trasero y presentaba cuatro impactos en el rostro.

El testimonio de su padre en la Policía Ministerial aún arroja que hubo amenazas previas de muerte. Una ocurrió en 1997 de parte de un hermano de uno de los precandidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. Ese año, el edificio de El Imparcial recibió varios impactos de bala.

La memoria de Saúl hoy no es tan invisible como los son las de Luis Roberto Cruz Martínez o Pablo Pineda Gaucín. Pero pocos desean hablar de él para este obituario. Su asesinato fue uno de los primeros de la cadena trágica que empezó a formarse en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Fue también de los primeros de una serie de crímenes que volvió a Tamaulipas uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tanto que veinte años después no es posible encontrar una foto suya, ni a quién desee hablar de cuál fue el motivo preciso para arrancarlo de esa tierra.


Felix Alonso Fernández García
17 de enero de 2002
Letras truncas: Cobertura de narcotráfico

Fue editor de la revista Nueva Opción, fundada por su padre, Félix Fernández Reyna.

Sujetos a bordo de un automóvil lo asesinaron en ciudad Miguel Alemán. La policía detuvo en la escena del crimen a Marín Beldar y Carlos Domínguez, supuestos guardaespaldas del periodista. En sus declaraciones, revelaron que fueron contratados porque el comunicador había sido amenazado de muerte por Raúl Rodríguez Barrera, exalcalde , excomandante de la Policía Judicial Federal y supuesto compadre del narcotraficante, Gilberto García Mena, “El June”.

De hecho, Félix Alonso trabajó en El Heraldo de Alemán, propiedad del exmunícipe.

Un año antes de su muerte, en abril, el entonces titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), José Luis Santiago Vasconcelos, estableció que había elementos suficientes para detener al ex alcalde por supuestos nexos con el narcotráfico.

Saúl Félix es uno de esos periodistas cuyo nombre se cubrió con la leyenda de la sospecha. La suya es una tragedia doble. Primero lo acribillaron unas cobardes Ak 47 y luego, le negaron una investigación desprovista de la creencia de que “andaba mal” (uso coloquial en el norte de México para indicar que alguien está vinculado con el narco). En Tamaulipas, su tierra, gobernaba Tomás Yarrington Rubalcava.

El periodista Jesús Blancornelas escribió de Félix en 2002, en La Crónica de Hoy: “Lamentablemente descuidó sus pasos. Hizo lo elementalmente indebido. La noche del viernes, acompañado de sus custodios se fue de parranda. Entró al bar El Señorial y se tomó las últimas copas de su vida”.

Es inevitable ubicar los últimos días de Félix Alonso en la narcopolítica de Tamaulipas. Blancornelas, en el mismo artículo: “ … Un compañero periodista de ese estado me informó de cierta asquerosa práctica. Los mafiosos acostumbran financiar publicaciones pequeñas. Les anima tener así una defensa y a la vez, trinchera para atacar. Esto empuja algunas ocasiones a los periodistas. Sin querer o queriendo se mezclan con las mafias. En este caso particular es triste una noticia oficial. En el auto de Félix, la policía descubrió droga”.

Con todo, hoy, se desconoce quién lo mató. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atrajo el caso.


José Miranda Virgen
19 de octubre de 2002
Letras truncas: Narcopolítica, incursión de la DEA en Veracruz

La suya fue una de las plumas más influyentes de Veracruz y de México. Empezó su formación en El Sol de México de la Ciudad de México, mientras transcurría el convulso 1968. Su afán de contar historias lo combinó con sus dotes de bailarín. En el Teatro Iris fue campeón de rock & roll. Cuando volvió a Veracruz, trabajó en varios rotativos y laboró en las áreas de comunicación social de algunos políticos. Fue jefe de prensa del Gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980) y de Miguel Alemán Velasco (1998-2004). Además, siempre dio clases de periodismo.

Fundó una cooperativa. En La Crónica de Veracruz, los sueños fueron posibles. Los periodistas eran dueños de su lugar de trabajo y tenían salarios que inhibían la corrupción de la época. Incómodo para el Gobierno del estado de Patricio Chirinos, se le negó publicidad oficial y no subsistió.

Tras esa derrota, José se convirtió en subdirector editorial y vicepresidente de El Sur de Veracruz.

Su columna se llamó El Espejo del Poder. Poco antes de su muerte, la información que divulgó constituyó una gran crónica de cómo grupos de narcotraficantes y familias de abolengo se habían coludido en Veracruz.

En 2002, el periodista tenía 60 años de edad. Un estruendo rompió los cristales de las ventanas de su departamento en Boca del Río, Veracruz. El ruidajo se confundió con las risas en la noche de esa ciudad que suele amanecerse y con las olas del mar. Al informador se lo llevó una ambulancia. Llevaba el cuerpo quemado en todas sus partes. Miranda fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Fue internado en el Hospital ABC donde cinco días después de la explosión tuvo el último suspiro. En esos días, su computadora laptop desapareció del departamento.

El expediente 851/2002/II indica que la explosión se debió a una fuga de gas. En 2002, así lo informó el entonces Procurador de Justicia del Estado, Pericles Namorado Urrutia.

Pero los colegas agrupados en la Asociación de Periodistas de Veracruz, lo dudaron. ¿Cómo no iba a detectar olor a gas el fino olfato de Pepe Miranda? Su última columna llevó el título “Drogas de Veracruz, las mejores familias …”. Aún no se sabe quién tumbó a su pluma.


Rafael Villafuerte Aguilar
13 de diciembre de 2003
Letras truncas: Cobertura policiaca

Con su nombre se inició un listado de periodistas asesinados en Guerrero. En dos décadas, fueron asesinados 13 periodistas en esa entidad en la que en 2014 se viviría la desaparición de 43 estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa, tragedia intrincada hasta nuestros días porque se desconoce quiénes la perpetraron.

Pero en 2003, a Rafael Villafuerte Aguilar lo mataron frente a muchos testigos. Y hasta la fecha, no hay detenidos. El periodista circulaba a las dos de la tarde por la avenida Nicolás Bravo de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, cuando le dispararon desde otro vehículo. El crimen lo presenciaron un transeúnte, un chofer de combi y un policía preventivo. El caso lo siguió la Policía Judicial, adscrita a la Procuraduría Estatal. Un mes después del crimen, los testigos dieron cuenta de la escena del crimen y de hecho, se generaron órdenes de aprehensión, pero fueron giradas un año después. Para entonces, nadie, pero nadie, fue localizado.

La vida de Villafuerte Aguilar se pierde en la maraña del tiempo. Dirigió el diario La Razón, en Altamirano, una ciudad cercana a Coyuca de Catalán. Cuando perdió la vida, el diario se quedó en manos de su padre. El periódico fue cerrado en 2006 y la familia dejó el estado.

Un rastro de esta biografía es la queja que en 2007 puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su viuda, Sonia Gama García. El organismo emitió la recomendación 11/2009 en la que indica que en el caso faltaron documentos y que la Procuraduría dejó pasar años sin continuar las diligencias correspondientes. Un error fue no practicar la autopsia.

El documento asienta algo más: en septiembre de 2003, una persona le pidió a Rafael que “bajara la crítica” en su periódico. Le dijo que así lo pedía el entonces presidente municipal de Altamirano, Guerrero. También que quien fungió en ese año como director de Comunicación Social del municipio de Pungarabato, Guerrero, lo demandó porque “utilizaba su nombre”. Nada ha hecho que el crimen de Rafael se esclarezca.


Roberto Mora García
19 de marzo de 2004
Letras truncas: Asuntos políticos de la frontera

A las 2:00 horas del el 19 de marzo, el cuerpo del periodista Roberto Mora García fue encontrado a las puertas de su domicilio. Presentaba por lo menos 30 puñaladas. Regresaba de su jornada como editor editorial en el periódico El Mañana de Nuevo Laredo.

Sólo seis horas después, el entonces Procurador de Justicia de Tamaulipas, Francisco Cayuela, dio a conocer una línea de investigación: crimen pasional.

Una semana después, la policía detuvo al presunto asesino material, Mario Medina Vázquez, un joven estadounidense de 23 años, y a su presunto cómplice, Hiram Oliveros Ortiz, de 28 años, su pareja sentimental. Se declararon culpables. El 13 de mayo, a las 18:20 horas, Mario Medina fue asesinado en el Cereso II. Su cuerpo presentaba 88 lesiones de arma punzocortante y señas de abuso sexual.

En mayo del mismo año, en un informe de 35 páginas, la Comisión en Memoria (integrada por el Pen Club México, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Periodistas Frente a la Corrupción, el Centro de Periodismo y Ética Pública y Libertad de Información) documentó que la confesión fue arrancada mediante tortura. El caso provocó un extrañamiento del consulado de Estados Unidos.

El periodista Roberto Mora García tenía 43 años de edad cuando fue asesinado. Su vida adulta la dedicó al periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, Nuevo León, y al graduarse en 1983, ya trabajaba como reportero de Cultura en El Norte. Se le recuerda como un gran lector y un asiduo a los pasteles. Cada quincena compraba uno y lo repartía en la redacción.

En Monterrey vivió hasta 1999, cuando se mudó a Nuevo Laredo para dirigir El Mañana. Su esposa, Aracely, y su hijo Sebastián, se quedaron en Nuevo León pues aquel año, los indicadores de inseguridad crecían como la espuma en Tamaulipas.

Desvanecida aquella línea de investigación del crimen pasional, esta historia se ha quedado impune.

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Imagen: Sin Embargo

Carta de Solidaridad con el COPINH en contra de las amenazas y hostigamiento a su dirigencia

Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020

La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.

Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.

De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.

Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.

Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.

Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.

Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.

Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.

Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:

  • Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
  • Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
  • Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
  • Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
  • Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
  • Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
  • Centro de Derechos de Mujeres, CDM
  • Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
  • Foro de Mujeres por la Vida
  • Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
  • Luchemos
  • INHESCO
  • Fundación San Alonso Rodríguez
  • Código Sur
  • Colectivo Josefa Lastiri
  • Otros Mundos Chiapas

Personas que suscriben la nota:

  • Padre Fausto Milla
  • Denia Mejía
  • Gilda Rivera
  • Gustavo Zelaya Herrera
  • Noemí Dubón
  • Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres

Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.

Más información:

Guanajuato: Resistencia de pobladores obliga a clausura de Minera Adularia en Comonfort

Compartimos esta nota publicada en POPLab sobre la minería en Comonfort Guanajuato – A 28 de julio de 2020

Los barrenos de la minería, como el fuego cruzado, perforan el territorio de Guanajuato dejando tras de sí secuelas de sangre y lodo. Comonfort, municipio guanajuatense que colinda al sureste con el estado de Querétaro, no sólo se encuentra en zona caliente de cárteles, sino que está en el foco de una silenciosa especulación minera que despertó la alerta de sus pobladores. El día de hoy, 28 de julio de 2020, se clausuraron las actividades de exploración de la empresa Minera Adularia como resultado de la resistencia de las comunidades afectadas.

De acuerdo con información de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) y la organización guanajuatense Acción Colectiva Socioambiental A.C., el pasado 17 de abril habitantes de las comunidades Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo del municipio de Comonfort se presentaron en una sesión del pleno del ayuntamiento local para denunciar que la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadounidense Electrum Group LLC, estaba afectando los suelos de sus comunidades mediante la descarga de desechos tóxicos, así como usando agua potable en cantidades excesivas.

Como resultado de la organización de las comunidades, el Ayuntamiento de Comonfort clausuró finalmente las operaciones de Minera Adularia, tras descubrir un cúmulo de irregularidades en los permisos municipales de operación, así como después de comprobar la contaminación de acuíferos y la obstrucción de pozos de agua de los que dependen habitantes de la zona.

Foto: Especial

Minera Adularia Exploración (Electrum Group LLC) cuenta con concesiones sobre el suelo de Comonfort desde 2016. Sin embargo, son dos los proyectos vigentes autorizados en 2019 (como continuación de proyectos anteriores) para explorar el territorio en busca de yacimientos mineros en Celaya, Juventino Rosas y, también, Comonfort, principalmente en las zonas internas y aledañas al Área Natural Protegia (ANP) de la Presa de Neutla con declaratoria estatal desde 2006. De acuerdo con GeoComunes, existen otras concesiones mineras vigentes y en trámite sobre la misma región.

Mapa: GeoComunes

Electrum Group LLC pertenece al billonario Thomas S. Kaplan —filántropo coleccionista de arte y, paradójicamente, conservacionista— cuyas concesiones en Comonfort a título de Minera Adularia Exploración fueron autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).

Juntas permiten a Adularia perforar 255 barrenos de 1 km de profundidad repartidos en 6 mil 423.68 hectáreas (64, 236, 800 m2). Una extensión similar a 9 mil veces una cancha de futbol de la FIFA y mil veces el Estadio Azteca en las que la empresa está extrayendo muestras de suelo para decidir dónde abrir una mina de plomo, cobre, oro y/o plata. En 2018, la actividad exploratoria de Minera Adularia perforó el manto freático del Acuífero del Valle de Celaya, transgrediendo la NOM-120-SEMARNAT-2011, motivo por el cual la SEMARNAT solicitó a Adularia una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.

La inconformidad de los habitantes de dichas comunidades fue lo que puso el acento sobre el caso. Reclaman que Minera Adularia Exploración está secando sus pozos a la mitad de la pandemia y que esta dispone ilegalmente los lodos residuales de la exploración sobre su territorio y manantiales . El pasado 03 de junio de 2020, el presidente municipal de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez, reveló ante medios de comunicación los resultados de un análisis de agua y suelo hecho por el laboratorio LAQUIMIA en diferentes puntos señalados como contaminados por las comunidades.

Foto: Acción Colectiva

Según el comunicado con respecto al análisis de agua, “conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, [la carga contaminante] no cumple y sobrepasa significativamente algunos parámetros máximos permitidos”. Los contaminantes que rebasan la norma son: DBOs (demanda bioquímica de oxígeno), grasas y aceites, nitrógeno, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos totales, fósforo total, color verdadero, toxicidad aguda, temperatura y pH.

En ese sentido, los puntos de muestreo de la exploración son focos de contaminación de acuíferos que desde la superficie lixivia los contaminantes del suelo llevándolos hasta el agua subterránea, lo que explica el desabasto o taponeamiento de pozos de agua en la región.

Foto: Acción Colectiva

El proceso de exploración minera es un paso previo a la explotación. Con este las empresas toman muestras de minerales que extraen de un área específica en el mapa perforando a 1.5 kilómetros promedio de profundidad con barrenos. Después, las empresas deciden a partir de las características de los suelos, la técnica de explotación: subterránea o a cielo abierto.

“A la hora de que perforan y meten un barreno, lo más probable es que estén tocando las venitas de agua que alimentan los pozos y entonces las taponean. Si tu metes un tubo y atraviesas una venita de agua, ya la tapaste”, explica Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental.

“Va a brincar la liebre”

Del apersonamiento de los pobladores en el cabildo han surgido dos procesos en paralelo con la intención de frenar las actividades de exploración de Minera Adularia en Comonfort. Derivado de ello, las comunidades y el Ayuntamiento comonforense han descubierto que la empresa opera sin permisos de uso de suelo y de construcción desde que le autorizaron las concesiones en junio y diciembre de 2019. Una pregunta que surge, por lo tanto, es si Minera Adularia ha tenido los permisos de ley desde su presencia en Guanajuato en 2016.

El presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, presentó por su parte dos denuncias por contaminación derivadas de la actividad exploratoria y señaladas por los pobladores: una a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Estas se construyen con el argumento de que:

“…varias personas habitantes de la región manifiestan que dicha empresa ha realizado la descarga de residuos de esta actividad industrial en un cuerpo de agua sin mostrar autorización.”

Foto: Ayuntamiento Comonfort

Sin embargo, los regidores del cabildo fueron más allá de las denuncias formales ante las instancias de regulación y justicia ambiental, buscando expresamente la clausura inmediata de Minera Adularia por faltarle el permiso básico de uso de suelo.

El Ayuntamiento de Comonfort creó una Comisión Especial Plural que atendiera la denuncia presentada al pleno por los habitantes en abril. La comisión trabajó durante ese mes y mayo para indagar si la empresa contaba o no con los permisos requeridos. Después del trabajo de investigación de la comisión, la Dirección de Desarrollo Urbano respondió que se había entregado un documento llamado “factibilidad de uso de suelo” a solicitud de la propia empresa, pero nunca un “permiso de uso de suelo” como lo estipula la ley.

La Comisión Especial Plural consultó el Código Territorial del Estado de Guanajuato y descubrió que el único documento similar que puede otorgar una autoridad en el estado es una “constancia de factibilidad”. No obstante, desde el punto de vista legal no existe un documento que Desarrollo Urbano pueda emitir conforme a la ley llamado “factibilidad de uso de suelo” y la constancia —por su parte— tampoco es un permiso. Por lo tanto, la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo para operar. A Minera Adularia le ayudó también la SMAOT, haciendo pasar el documento “factibilidad de uso de suelo” como si fuera el permiso en cuestión.

—”Va abrincar la liebre, pues alguien está mintiendo”, dijo el representante de Acción Colectiva.

El 27 de mayo la comisión preparó el dictamen para realizar visitas de inspección administrativas a la minera y solicitarle los documentos municipales con los que está operando. Este pasó finalmente al pleno del Ayuntamiento el día 29 mayo. En el dictamen se especifica que tras haber preguntado a todas las dependencias municipales de Comonfort si habían entregado algún permiso a Adularia, todas contestaron que no.

Foto: Acción Colectiva

Pese a que la empresa se defiende diciendo que cuenta con los permisos, el dictamen votado por la Comisión Especial Plural y aprobado por el pleno desvirtúa legalmente la “factibilidad de uso de suelo”. Cabe decir que entre la conformación de la comisión en abril y la aprobación por unanimidad del dictamen, se celebraron numerosas audiencias a las que acudieron las comunidades y donde se convocó también a la empresa Minera Adularia.

Por lo tanto, “al no existir un permiso de uso de suelo que es facultad exclusiva de los Ayuntamientos entregar, pues los trabajos que ha venido haciendo la minera son ilegales, no cuentan con los permisos municipales que requieren las mineras para operar. Toda vez que no tienen ese permiso, se ordena la clausura de la empresa”, dice Lozano.

La orden de clausura se emitió y finalmente se ejecutó el día de hoy mediante la visita de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Comonfort al domicilio de la minera.

UGATS no coinciden y la ANP de Neutla no autoriza la actividad minera

POPLab revisó las autorizaciones de exploración emitidas por la SEMARNAT y la SMAOT, encontrando que las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) del proyecto Exploración Minera Celaya 2 con oficio 131.1/0376/2019 autorizado por Eduardo Vázquez Ávila, encargado de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato, no corresponden territorialmente con la zona de exploración en la que se ha barrenado (387, 443, 449, 463), y que las UGAT que deberían tomarse como referencia no se contemplan (425 y 464).

La autorización de la SEMARNAT es del 06 de junio del 2019 y la última modificación al Programa Estatal Desarrollo Urbano y Ordenado Ecológico 2040 (PEDUOET) es del 02 de abril de 2019, por lo que lo anterior corresponde a una autorización irregular de la oficina local de la dependencia federal.

Además, en la autorización de la SMAOT al Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP, se toma como base el documento ilegal de Desarrollo Urbano llamado “factibilidad de uso de suelo” para considerar viable la realización de las actividades de exploración en el Área Natural Protegida de la Presa de Neutla y su zona de influencia, argumentando, por añadidura, que la declaratoria oficial “no restringe las actividades de exploración minera”.

Foto: Acción Colectiva

Sin embargo, pese a tales afirmaciones, en el programa de manejo de la ANP no se contemplan las actividades mineras. El tipo de actividades que determina la declaratoria son muy claras dentro de las que no se incluye la minería por ser un área natural protegida de carácter estatal:

preservación y protección de la biodiversidad, manejo sustentable de recursos forestales, de especies de flora y fauna; conservación del suelo y del agua, agricultura con uso limitado de agroquímicos, monitoreo y vigilancia, restauración, reforestación y recuperación especies nativas; actividades educativas, de divulgación y de investigación científica, capacitaciones y talleres con comunidades; producción local sustentable, ecoturismo; promoción de la salud comunitaria, entre otras.

Asimismo, dentro de la Zona de Aprovechamiento Sustentable, Zona de Restauración y Zona de Uso Público, el programa prohibe “verter, descargar o inflitrar aguas residuales, aceite, grasa, combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido al suelo, cauces o vasos de agua; el desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades existentes; y el establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos”. Afectaciones que han sido comprobadas por el estudio de LAQUIMIA ordenado por el presidente municipal de Comonfort.

En el marco de un panorama ambiental en entredicho, con proyectos extractivistas en curso a lo largo y ancho del país, esta primer conquista para los pobladores de Comonfort es resultado de la resistencia. Se confirma, pues, que la organización de las comunidades, así como la voluntad política de las autoridades en apego a la ley, son fundamentales para la justicia social y ecológica en el estado de Guanajuato.

Firma la petición: ¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!

Les compartimos esta petición del Colectivo Agua para todos, Agua para la vida – A 28 de julio de 2020

Inexplicablemente, la Conagua ha iniciado una campaña para la renovación masiva de las 531 mil concesiones de aguas nacionales (el 2% de los concesionarios controlan el 70% de las aguas concesionadas) la cual perpetuaría hasta el año 2050 las actuales dinámicas de sobreconcesionamiento, violación de los derechos de pueblos indígenas, de compra-venta y especulación con concesiones, acaparamiento-despojo, contaminación e impunidad.

¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!

Carta:

A: Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua
De: [Tu nombre]

Exhortamos a la Conagua a suspender el otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas, próximamente a aprobarse en el Congreso de la Unión, que cumpla con el mandato Constitucional de lograr el acceso equitativo y uso sustentable del líquido vital a través de la participación ciudadana y gubernamental.

Su actual campaña promoviendo la entrega y renovación masiva de concesiones a largo plazo perpetuaría las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despojo, compra-venta y especulación, contaminación e impunidad que México ha sufrido bajo la Ley de Aguas Nacionales.

Es responsabilidad de la Conagua corregir los errores de pasado y salvaguardar nuestras aguas para las generaciones actuales y futuras.

>>Firma aquí<<

¿Por qué nos oponemos al Tren Maya?

Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020

Por Marco Antonio Ortiz Salas*

Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental

Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.

Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.

Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.

Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el Tren Maya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.

En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas de Gortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.

*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.

Imagen: Alejandro Salvidar – La Jornada

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El juicio contra el maíz transgénico en México

Compartimos este artículo de opinión publicado en Contralínea sobre la lucha por defender las semillas nativas en México – A 18 de julio de 2020

Autor: Centro Vitoria *

Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.

Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.

En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.

Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.

Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.

Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.

Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.

Centro Vitoria*

*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz

Imagen: David Manrique – Contralínea

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¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?: Gatell en Chiapas, donde más Coca-Cola se bebe

Les compartimos esta nota de interés publicada en Sin Embargo sobre el consumo de refrescos apropósito de la visita del Sub Secretario de Salud Hugo López Gatell a Chiapas – A 18 de julio de 2020

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR)

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este día que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.

Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, reportó en 2019 un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). Esta situación se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas…”, expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La salud que tiene México sería distinta si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar”, agregó el funcionario.

Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azúcares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor.

LA MAYOR MORTALIDAD DE ADULTOS JÓVENES POR COVID-19

México es el país con mayor mortalidad de adultos jóvenes por la COVID-19, informó esta semana Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo anterior, agregó el funcionario, se debe a las enfermedades crónicas que afectan a la población causadas por modelos alimenticios que predominan en la nación desde hace décadas.

“México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada… México ha sufrido una de las mayores epidemias de enfermedades crónicas y las causas fundamentales están en los estilos de vida, pero cuando se habla de estilos de vida hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales. Se trata del ambiente construido, en cómo se organizan las ciudades, en cómo existe un uso preferencial del automóvil, en que no existen espacios públicos suficientes para realizar actividad física, entre otros factores”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El factor de mayor en importancia es la alimentación no saludable que depende de la sobreoferta de productos industrializados, de muy baja calidad nutricional, de alto contenido calórico, lo que se llama comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, explicó López-Gatell.

“México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también en el primer o segundo lugar en epidemias de sobrepeso y diabetes. Y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID-19 porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81 por ciento de las personas que fallecen por COVID tienen una de las enfermedades crónicas que se las ha causado estos modelos de alimentación que predominan en México desde hace más de 30 años”, agregó.

Sobre las declaraciones de López-Gatell, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) aclara lo siguiente:

>>Lee la declaración aquí<<

Imagen:Cuartoscuro

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Foro virtual: No más Calentamiento, No más Guerra

Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020

Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.

Lunes, 27 de julio del 2020
7:00 PM México

Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.

22 de Julio: Día Internacional de Acción en Contra de la Minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de julio de 2020

Como todos los años desde el 2009, este 22 de julio los pueblos del mundo nos manifestamos en forma coordinada ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe. Más que considerarla una efeméride –como otras tantas en el “calendario ambiental”-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denunciamos y ponemos al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos. Es una denuncia y defensa que sostenemos a lo largo de los 365 días del año puesto que, cuando la vida está en juego, no hay espacio para bajar los brazos en una lucha profundamente asimétrica por la supervivencia.

El Día Internacional de Acción en Contra de la Minería tiene su origen en México, que se gesta en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá-. Este proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, opera sobre los restos del despojo en las proximidades al Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes ahí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, a la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el “cierre de mina ejemplar”. La compañía Minera San Xavier deja tras de sí; un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de San Luis Potosí; coloca en un riesgo severo el abasto de agua para la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos, del mismo modo deja a la intemperie miles de toneladas de partículas de metales tóxicos que estarán suspendidas en el aire que son causal de un daño potencial para quienes habitan el valle de la metrópoli y pueblos contiguos; un historial de múltiples derrames de la presa de jales; del mismo modo que son parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa sin que tuviera sanciones por parte del gobierno. Igual sucede con la desatención a las graves afectaciones a la salud que ha generado y, por supuesto deja también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región por desplazamiento forzado. En resumen, este proyecto es el mejor ejemplo del evidente contubernio que persiste entre el gobierno y las empresas.

El proyecto minero de Cerro de San Pedro es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto. Al día de hoy México se encuentra plagado de extremo a extremo por este tipo de proyectos, con aproximadamente 1,500 proyectos mineros operando, mismos que marcan un futuro sin retorno para quienes habitan esos territorios. Peor aún es que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, al mismo tiempo que reiteradamente mencionan y se ufanan de ello, que NO entregarán más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes enfrentamos una debacle sin retorno, tal como lo hemos documentado desde hace más de 11 años en la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), En ese contexto, este gobierno se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero.

En la temática minera –aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores nacionales quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo NO LOS LLAMA a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país. Los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa. Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para que las empresas extranjeras se “porten bien en México, tal como lo hacen en sus países”. De igual manera, es un insulto que se piense que el litio sea considerado como el petróleo blanco del futuro, porque muestra una visión cortoplacista y reduccionista que revela, entre otras cosas, un gran desconocimiento sobre las cadenas de valor asociadas al extractivismo que retroalimentan a las mal llamadas energías renovables, verdes, limpias o sustentables.

Es en ese sentido que nos parece absurdo que, desde la Secretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, a través del Subsecretario Julio Trujillo Segura, anuncie que harán modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar al sector minero con el fin de iniciar la transición a energías “sustentables, limpias y renovables”. Es claro que SEMARNAT, aun con la auto-presunción de estar integrada por científicos especializados, actúan igual que el resto de los gobiernos del mundo, solamente afinando o “mejorando” reglas o procedimientos, los cuales, de antemano, más allá de si lo hacen bien o mal, ni siquiera se tiene capacidad instalada para supervisar si las empresas llevan a cabo los procesos que les “imponen” o peor aun, cuando el sector presiona políticamente -como sucedió con el tema del Glifosato, el cual, cuando la industria y el sector dominante presionaron, la SEMARNAT tuvo que “negociar” entre los daños a la salud y al ambiente ante la continuidad del uso del Glifosato, está claro que la “ciencia” no les alcanzará para soportar la intimidación e influencia política de sectores empoderados.

Otro sinsentido, es que las empresas extractivas paguen impuestos cuando estos para nada subsanan el destrozo de la vida, el territorio y los bienes naturales. De nada sirve hablar todos los días en contra de la corrupción si ésta fluye cada vez con más fuerza en los territorios mineros. De nada sirve militarizar al país si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo.

La minería actual genera daños permanentes integrales y cancela el futuro de las próximas generaciones en donde se desarrolla.

Este día también es para recordar a nuestras y nuestros compañeros asesinados por y entre el contexto de las empresas mineras. Sirva también para recordar fraternalmente a las y los compañeros que han muerto en accidentes mineros por la negligencia de los empresarios sin que, a la fecha, ni gobierno, ni empresas hayan actuado para la reparación del dolor de miles de familias. Un abrazo fraterno a las familias de los compañeros fallecidos de Pasta de Conchos, quienes continúan con la esperanza de recuperar a sus hijos, esposos, hermanos, amigos y que el delincuente socioambiental del Sr. Larrea vaya a la cárcel. Abrazamos a todas las luchas del mundo que en este día refrendan su lucha cotidiana contra la actividad más depredadora del mundo, tan depredadora que es un sinsentido realizarla y una majadería intentar regularla.

Un abrazo especial y combativo para nuestras hermanas y hermanos de los Movimientos Sociales de Haití y República Dominicana, con quienes coincidimos plenamente cuando afirman que; “en el contexto del Covid-19 y ante las pretensiones de expansión de la actividad extractiva, lanzamos un grito para denunciar la manipulación de las empresas mineras, en complicidad con los gobiernos, quienes presentan a la actividad minera como una actividad esencial que dará solución para la recuperación económica que sufrimos, negando una vez más, la importancia del agua, de los árboles, de las reservas forestales, del patrimonio colectivo y la necesidad de poner la salud de los pueblos al centro de toda agenda política y toda estrategia de inversión”.

REMA refrenda su denuncia. La 4T salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México.

LA MINERÍA DEBE ESTAR PROHIBIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina Peñasquito – Desinformémonos

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Solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño

Compartimos el pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Pronunciamiento de Jubileo Sur Américas, así como las muestras de silidaridad de otras organizaciones, movimientos y personas – A 20 de julio de 2020

Urgente solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño y sus organizaciones y movimientos

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.

Desde hace muchos años ATALC ha hecho seguimiento a la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos sociales en el país mesoamericano; recordamos también el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y la situación de cientos de hombres y mujeres que por la defensa de sus territorios han sido encarceladas/os, torturadas/os, y han perdido sus vidas, o las de sus familiares y compañeras/os de lucha con quienes han bregado por la dignificación basados/as en la defensa de sus espacios socialmente construidos y de sus medios de sustento.
Infortunadamente, y no obstante se ha denunciado en los planos nacional e internacional la sistematicidad criminal en contra del pueblo hondureño, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en el país.

Desde el inicio del modelo de confinamiento, basado en el Estado de excepción, que tiene claras diferencias en su ejecución dependiendo del signo del gobierno que lo implementa, pero que la derecha ha utilizado para reprimir con mayor voracidad a los pueblos, en Honduras se han cometido asesinatos sistemáticos contra ambientalistas, lideres/zas y defensoras/es de derechos.

El 2 de abril fue asesinada Iris Argentina Álvarez, integrante de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, al oponerse a un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca; el 20 de mayo Edwin Fernández fue asesinado en su vivienda y en frente de sus hijos/as, era parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña –OFRANEH; el 11 de junio, en Tegucigalpa, la activista por la diversidad sexual Scarleth “Campbell” Cáceres fue asesinada a disparos. Ella hacía parte de la Organización Colectiva de Muñecas, Asociación LGTBI Arco Iris. Antonio Bernardez Suazo fue asesinado el 20 de junio, era miembro del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Punta Piedra. El 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado de Marvin Damián Castro Molina, joven defensor de los derechos de los pueblos y coordinador de la secretaría de la Juventud en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida –MASSVida.

En los últimos días recibimos la denuncia de OFRANEH y el patronato de Triunfo de la Cruz del secuestro por parte de hombres con chalecos antibalas con las iniciales la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fuertemente armados contra el presidente del patronato Sneider Centeno junto a Milton Martínez, Suami Mejia y Alber Sentana Thomas, quienes hasta el momento de la elaboración de esta comunicación, aún no han retornado a su territorio. Por otro lado el envenenamiento mal intencionado de los ríos de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguan por la denuncia de la construcción ilegal de un Resort, esto supone un ecocidio y un atentado directo a la vida de una comunidad entera.

En momentos en que la crisis global de la salud y la pandemia del coronavirus azotan inclementemente a la mayoría de países y pueblos en América Latina y el Caribe, las respuestas de parte de las derechas que controlan el poder de los Estados consisten en profundizar la precarización de la vida de la población, atendiendo a las imposiciones de sus jefes imperiales y colonialistas. Adicionalmente se despliegan estrategias de producción de pánico, aislamiento, intimidación y, como denunciamos en el caso hondureño, y de otros países como Colombia, Brasil y el Salvador, criminalización generalizada a la población en lucha contra el modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la salud pública y para enfrentar las complicaciones asociadas a la Covid 19.

Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género llamamos a la comunidad internacional, a los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a denunciar la violencia que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más hombres y mujeres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras el neoliberalismo despoja territorios para el favorecimiento de las corporaciones transnacionales, lucrándose de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.

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Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC

DENUNCIA INTERNACIONAL

¡Basta de crímenes de odio contra OFRANEH!

Alto a la necropolítica del apartheid hondureño

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; otro componente para el despojo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de julio de 2020

El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes. Este OPD podrá celebrar cualquier tipo de acto jurídico o contrato para el “desarrollo” de la región del Istmo de Tehuantepec, y le otorga la capacidad de coadyuvancia con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para los procedimientos de “consulta” a los pueblos indígenas en la región.

El Decreto dota una esfera de atribuciones que permite el fomento de la transformación territorial en la región. Si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan, en el valor comercial y su potencial para el “desarrollo global”, siempre a costa de los pueblos del Istmo.

Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca, el gobierno actual y la autodenominada 4T, parece que harán todo lo posible por, finalmente, alcanzar el tan añorado sueño. Las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando, a principios de año 2000, se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como; represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, a costa incluso, de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Sin embargo, la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, impidieron que diversos megaproyectos no se llevaran a cabo, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes han logrado imponerse, como sucede con los parques eólicos, los cuales, más allá de la supuesta energía que generan, han sido impuestos con los clásicos procedimientos y artimañas que, entre otras cosas, han y continúan ocasionando división comunitaria.

Este tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación y la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. El decreto en si mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna, persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el estado y el poder de las empresas y sus dueños que insisten en la comercialización global. De tal manera que, por ejemplo, la ley minera o los decretos para suprimir vedas en las cuencas hidrológicas que se dictan bajo el “interés público”, en realidad funcionan para establecer un mercado de concesiones que son entregadas al uso de privados, mientras en los pueblos, ejidos y comunidades agrarias -dueños de la tierra y los usufructuarios preferenciales de los bienes naturales dentro de su territorio-, aspiran a la visión decrépita, sumisa y alineada de varias instancias de gobierno quienes se supone debieran defenderlos, tal como sucede con el INPI -continuidad de la añeja política indigenista-, así como la envilecida procuraduría agraria, dos de las principales promotoras gubernamentales del despojo, aunque no las únicas.

Actualmente la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia; el COVID-19 que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa. De la misma manera en el 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que los devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos, han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno apareciera de manera consistente sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad. Cada hecho profundiza los ataques contra el territorio, la comunalidad, la cohesión social, al mismo tiempo que debilita las estructuras productivas y económicas locales, que no son cosa menor porque, para los grandes capitales y el gobierno significa mejores condiciones para imponer el discurso del “progreso y desarrollo del sur sureste”, a partir de aprovechar el potencial regional para mejorar el flujo de mercancías y propiciar maquilas, fábricas o armadoras conectadas a otros segmentos de cadenas de valor, en donde el empleo como centro del discurso, se ofrece a cambio de la extracción de minerales y otros bienes naturales comunes, que varios pueblos indígenas de la región no están dispuesto a ceder al capital.

Para los anteriores gobiernos, para el actual y para los subsiguientes el Istmo no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global; el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas relacionadas con la venta de servicios superfluos, pero también relacionados a la acumulación por desposesión y, sobre todo, que dan continuidad al proyecto neoliberal del saqueo en donde las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking, así como de la generación de energía para empresas y no para los pueblos, si no se les detiene, continuarán siendo la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que hoy, desde el gobierno, se dice ha terminado, pero la cual, en los hechos, el proyecto de “El Corredor Interoceánico” muestra que estamos lejos de ello.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada

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