[Artículo] De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la Conagua

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019

Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am

N. del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la reportera. 

Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5 mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.

Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.

“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.

En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.

El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.

La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.

“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.

Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.

En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.

Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.

Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.

“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.

DESCARGAS SIN PERMISO 

Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.

Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.

“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.

Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo,  Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.

https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.

La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.

“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.

En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.

Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.

“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.

CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO

Coca-Cola FEMSA informa

En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:

Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.

Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.

Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.

Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.

Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.

Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.

CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO

RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA

Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.

Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.

En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.

La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.

“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.

[Audio] Problemáticas socio-ambientales sobre el agua en San Cristóbal de Las Casas

¿Aún hay agua en San Cristóbal?

Como resultado del Conversatorio de Otros Mundos A.C. del mes de mayo sobre la problemática del agua en San Cristóbal de las Casas, les compartimos este audio donde Angélica Shennerock, de Agua y Vida e integrante de la Plataforma por Derecho Humano al Agua en Chiapas, nos explica algunas de las problemáticas socio-ambientales en San Cristóbal respecto al agua.

>>Descargar audio<<  

“Bueno el tema del agua, siempre ha sido importante, ha sido un tema complejo aquí en San Cristóbal ultimaste, y en los últimos 3 años se ha empeorado de una manera dramática, muy fuerte.

Entonces me gustaría empezar recordándonos que aquí en san Cristóbal ha aumentado vertiginosamente la población en los últimos años, tenemos hoy aproximadamente 250 mil personas, incluyendo a las y los turistas que nos visitan que se quedan acá un rato, a las personas que hemos migrado de otros países y estados.

Entonces voy a dividir mi participación en dos partes, la primera voy a hablar de las problemáticas socio-ambientales desde una perspectiva activista y feminista.

Así que primera problemática socio-ambiental que percibimos como Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas tiene que ver con la destrucción de los cerros. Es muy complejo el tema pero identificamos en los últimos años dos elementos claves: uno la deforestación; la tala ilegal de manera y todo eso que ustedes también conocen, pero también las invasiones sobre todo en la reserva Quenvo Cuxtitali y en la reserva Gertrudis Dubis, son invasiones donde no se han tomado medidas, a nivel municipal no se han atendido las demandas de la población con respecto a las invasiones de estas reservan, que han generado también conflictos amenazas hostigamientos e incluso el uso de armas de fuego, es algo muy grave. Entonces la reforestación, la destrucción de los cerros por la deforestación, las invasiones y por la minas de grava y arena.

Otro problema sería la destrucción de los humedales, que identificamos como 3 elementos más importantes: que es el relleno; la pavimentación; todas las construcciones que han ocurrido encima de la zona de humedales acá, no solamente María Eugenia o la Kist si no en los demás que han existido. Los drenajes clandestinos que llegan a los ríos, a los arroyos, que el agua va y la mente en medio del humedal. Y el exceso de basura, de aceites, animales muertos, todo lo que vemos en sólido y también líquido, que contribuyen con la contaminación muy grande de los humedales y que afecta todo el equilibrio que sucede ahí. El humedal no es un charco, no es un montón de agua, es un ecosistema vivo que tiene una dinámica propia, que tiene en el caso de San Cristóbal el pez endémico el Popoyote, alguna rana endémica también, las aves migratorias, es decir hay todo un sistema de vida que se altera, algunos insectos también dependen de él.

Como otra problemática socio-ambiental son las prácticas no sustentables de ahorro y cuidado del agua. Y las percibo desde 3 ámbitos, uno los negocios (los hoteles, restaurante),las viviendas particulares y el municipio. ¿A que me refiero con prácticas no sustentables del agua que se convierte en una problemática socio-ambiental? Pues las tuberías rotas, los goteos, el derroche, el no saber ahorrar, captar, optimizar un uso sustentable del agua en esos 3 sectores sociales.

Y finalmente el saqueo y la privatización del agua por el medio de la venta de agua por las pipas, que extrae el agua a veces de manera ilegal de los humedales y se vende el agua sucia, asquerosa a las personas a las viviendas por 300 hasta 500 pesos. Y finalmente el saqueo y la privatización que se realiza desde la refresquera Coca-Cola y sus concesiones de agua.

También identifico otras problemáticas que están relacionadas, que son los conflictos, estas problemáticas han generado una serie de conflictos, hay la problemática de la desinformación de la población en general, hay una problemática que aún estoy identificando desde Agua y Vida que son las percepciones culturales del agua; en los taller que hacemos en colonias y comunidades con mujeres cuando estamos analizando el agua el tema es ¿de dónde viene el agua? No pues quien nos manda el agua es dios, el agua tiene una perspectiva socio-cultural inclusive cae del cielo, de Dios que se supone que este en el cielo. Hay una percepción muy difícil de politizar como quien manda el agua es Dios, cuando hay sequias, granizadas, o viene la tromba o huracanes Dios nos está castigando, es decir esa percepción cultural dificulta la politización y la percepción de agua como un derecho humano. Y por último las agresiones, calumnias, chantaje, amenazas y la difamación que se nos ha hecho a las personas que buscamos defender el agua y el ambiente aquí en San Cristóbal. Difamaciones, chismes y decir que lo que decimos es mentira, cuestionar la información que tenemos, sin comentar a las personas que si fueron amenazadas con armas de fuego.

Serían estas las problemáticas socio-ambientales principales que identificamos desde el activismo ambiental, ecofeminista desde el caso de Agua y Vida. Y entendemos que estas problemáticas se relacionan con una problemática mayor o tienen su causa en una problemática mayor que es la indiferencia gubernamental en los 3 niveles; en municipal, estatal y federal. Es decir no existe un compromiso con el gua como un derecho humano, un compromiso serio; ustedes acá saben que cada sexenio se cambia todo, se muda, se hacen promesas o sea hay una total indiferencia gubernamental, una falta de compromiso en percibir el agua como un derecho humano.”

>>Descargar audio<<

Foto: Ángelica Shennerock 7 de mayo de 2019, en el conversatorio: “¿AÚN TENEMOS AGUA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS? Análisis de la problemática del agua a nivel local”, CIMSUR-UNAM.

Más información:

[INFOGRAFÍA] ¿Cuánta agua consumen los proyectos extractivos?

[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – Publicado el 10 de diciembre 2018

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

INTRODUCCIÓN: Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.

En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política –policy briefs que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile,  Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.

Sería imposible comprender estos textos de política sin tener en cuenta la restauración conservadora del modelo neoliberal que se ha producido en aquellos países donde se habían logrado avances con relación al derecho humano al agua, al instalarse gobiernos de derecha y neoliberales; en dichos países la ofensiva privatizadora y mercantilizadora es brutal concretando retrocesos o generando amenazas de retrocesos en la materia. En particular, porque los gobiernos de derecha siguen profundizando una política orientada por agentes corporativos trasnacionales e instituciones financieras, perspectiva iniciada en los años 90ª, y promoviendo modelos de privatización, mercantilización y financiarización del agua.

No es necesario señalar el sistemático fracaso que ha resultado de estas políticas para asegurar la disposición de agua en cantidad y calidad suficientes a las poblaciones, y para amparar la implementación del derecho fundamental. No obstante, este nuevo escenario político fue antecedido por gobiernos progresistas, marcado por un periodo de re-democratización de los regímenes políticos, que entre otros factores, abrieron nuevamente el debate en torno al Estado y sus funciones. De esta manera, estos gobiernos de principios del siglo XXI permitieron incluir en la agenda política y social la necesidad de la intervención en la economía y, sobre todo, reflexionar sobre el fuerte rol que representan como promotores de la agenda de derechos.

En este contexto, es posible interpretar los resúmenes de política, principalmente, bajo tres tendencias:

1) aquellos que intentan potenciar capacidades instaladas en torno al derecho fundamental al agua;

2) otros que enfrentan las regresiones antidemocráticas que intentan desmantelar los derechos alcanzados;

3) aquellos que presentan propuestas alternativas frente a una continua perspectiva neoliberal en los gobiernos.

En términos generales, la principal crítica a las políticas públicas sobre el agua en la región se debe a la debilidad sistémica de los Estados para garantizar el derecho fundamentala agua. Recordemos que en varios países ya se reconoce explícitamente en sus constituciones el Derecho Humano al Agua; en algunos a pesar de no ser reconocido, se incorpora este derecho a través de otras leyes, como puede ser la de recursos hídricos, y en otros países el derecho es refrendado por compromisos internacionales, o se concede su existencia en niveles jurisprudenciales y provinciales. En contraste, en casi la totalidad de países, el régimen concesional de las aguas se comporta bajo un modelo de privatización que niega este derecho. En unos países, más acentuada que en otros, el agua tiene una administración corporativa, es priorizada para actividades extractivas y concedida para la extranjerización del bien común y la limitación del acceso en pocas manos. En este escenario, se reduce metódicamente la influencia de las entidades estatales en el manejo, regulación y cumplimiento de las normas, como el deber de la institucionalidad de ser garante del derecho fundamental al agua.

Dentro del análisis del nuevo embate neoliberal, se analizarán nuevos proyectos de ley para el despojo que profundizan numerosas deficiencias de las políticas públicas o que intentan desmontar los avances alcanzados por las luchas populares en los países. Algunas de las deficiencias descritas son: i) la enorme dispersión y superposición normativa; ii) un deficiente acceso a la información sobre la situación del agua; iii) desconocimiento de los valores de gestiones ancestrales y comunitarias; iv) desconocimiento de los derechos campesinos e indígenas en el marco de su derecho al consentimiento previo, libre e informado; y v) ausencia de mecanismos e instancias de participación en los procesos de toma de decisiones.

Ahora bien, el objetivo del presente documento consiste en presentar las propuestas surgidas desde los movimientos sociales, las organizaciones y alianzas populares, que van desde articular el derecho fundamental al agua con nuevas propuestas para la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, la protección y defensa de triunfos populares como la ley de glaciares, la organización popular rural y, sobre todo, la que se está gestando en las ciudades, la implementación de alternativas sustentables que promuevan el suministro de agua a las poblaciones con mayores problemáticas, hasta la construcción de proyectos de ley y principios rectores que consoliden las iniciativas populares en torno a la defensa del agua. Al respecto de este último punto, y aunque la mayoría de propuestas se han presentado en escenarios adversos de corte neoliberal -lo que ha limitado sus avances-, los proyectos de ley y principios han estimulado la convergencia de organizaciones y han desencadenado la movilización de la sociedad. Así, la lucha por el agua se ha convertido en un eje articulador de las luchas sociales y ambientales, haciendo frente al modelo de despojo.

En este documento también se hallará una voz al unísono para radicalizar la democracia, entendida como un fortalecimiento de los mecanismos de participación que permitan una real participación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones en torno a la gestión y control del agua, y sistemas más colectivos y descentralizados de dicha gestión y control. De este modo, el esfuerzo de los movimientos sociales para que sean escuchadas las voces históricamente acalladas cataliza la movilización de la sociedad, la creación de nuevos discursos sobre la relación ser humano y vida no humana -naturaleza-, la emergencia de nuevos actores y alianzas sociales, dentro de una voluntad férrea por profundizar la democracia.

En este documento encontrarán 10 resúmenes de política que fortalecen la implementación de políticas públicas para el cuidado y la protección del derecho fundamental al agua. Adicionalmente, en el marco del ejercicio realizado como ATALC, presentamos un artículo y una declaración elaborada de forma conjunta, que expresa el posicionamiento internacional en el escenario del Foro Alternativo Mundial del Agua acaecido entre los días 17 al 22 de marzo del 2018 en Brasilia – Brasil.

Esperamos que la lectura y comprensión del presente trabajo sea un importante insumo para la construcción de sociedades sustentables y estimule la creación de nuevos caminos en la reflexión y luchas por las aguas.

Más información:

América Latina y el Caribe en defensa del agua

En defensa del agua, los territorios, la vida

El agua y el neoliberalismo

Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

[INFOGRAFÍA] ¿Cuánta agua consumen los proyectos extractivos?

Todos y todas necesitamos agua para vivir. Las empresas extractivas también necesitan agua para llevar a cabo sus proyectos de producción industrial en los territorios urbanos, campesinos e indígenas. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Equivale a 65,000 garrafones de 20 litros.

Da click en la imágen para descargarla

En la comunidad de Ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo, en medio del Área Natural Protegida del Cañon del Sumidero, está funcionando desde el año 1963 una mina de cal operada por Cales y Morteros de Grijalva S.A. de C.V., que requiere cada día 177,500 litros de agua, es decir 8,875 garrafones. Además, contamina el aire con polvo tóxico enfermando a la población y fractura las paredes del Cañon por estar usando materiales explosivos.

En 2017, el pueblo zoque logró parar 12 pozos de extracción de hidrocarburo en los que se pretendía recurrir al método de la fracturación hidráulica (o fracking). Fue una gran victoria para el agua en Chiapas ya que el fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, y cientos de agentes tóxicos para funcionar.

Este año, tras la divulgación del borrador de la “Ley Pichardo” que buscaba imponer una Ley General de Aguas privatizadora, y la firma de diez decretos de levantamiento de vedas el 6 de junio por el presidente de la República, se conformó la Plataforma por el derecho humano al agua en Chiapas. Con el fin de sensiblizar a la población sobre la importancia de cuidar el agua y defenderla de los proyectos extractivos, lanzamos la campaña de información #AguasChiapasConElAgua.

¡Tu también puedes ser parte de la defensa! ¡Imprime y comparte esta inforgrafía!

Blog: http://pdhagua.blogspot.com/

Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas

Más información:

[AUDIO] Jesús Carmona: “Con los decretos, al levantar las vedas, todos sabemos que se viene el fracking”

[AUDIO + INFOGRAFÍA] ¿Qué tienen que ver los decretos de reservas de agua con los derechos de las mujeres?

En una ciudad con poca agua, la Coca-Cola y la diabetes se multiplican

En la prensa:

Coca Cola extrae más de 1 millón de litros de agua al día de San Cristóbal de las Casas

 

El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Artículo de Marta Eugenia Muñoz, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

 >> Descargue aquí la publicación en formato PDF <<

1.1. Introducción

El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, con alta densidad poblacional, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras oficiales dejan ver que en la zona rural solo 55% de la población posee conexión de agua por cañería, mientras que en la ciudad esa cifra sube a 90 %. En el campo, las familias sin cañería se abastecen de pozos y ríos, agua que no es apta para el consumo humano, aún con esta mala calidad, este bien natural se está agotando.

1.2. Antecedentes

En el año de 1965, se fundó Embotelladora Salvadoreña, S. A., que inició operaciones con la marca Coca-Cola en El Salvador en el municipio de Soyapango, al agotarse el acuífero de esta ciudad en 1994, se traslada la planta de Coca Cola al municipio de Nejapa. En el año 2005, SAB Miller adquirió la totalidad de la empresa.

El municipio de Nejapa (compuesto por ocho cantones y 43 caseríos), se encuentra en el Departamento de San Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017 con una población total de 29,458 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 42% son mujeres; con una realidad rural transformándose en urbana dada su cercanía al área metropolitana de la capital, San Salvador, lo que se traduce en más población, más industrias y más impacto en los recursos sociales y ambientales.

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan los habitantes de Nejapa tiene que ver con el derecho humano al agua potable. El municipio se encuentra ubicado sobre un acuífero (llamado Nejapa/Quezaltepeque), que es clave para el suministro doméstico del 46% de la población de la capital dadas sus dimensiones. Es un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, y que tiene un gran interés por su riqueza en producción de agua limpia (aporta 7,4 millones de metros cúbitos al año). Su recarga depende en buena medida de lo que ocurre en Nejapa, donde en las últimas décadas también se ha convertido en un recurso explotado por la actividad industrial que se ha traslado a la zona, sometiéndolo a una constante presión. Entre otras, ahora están allí asentadas una embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller), empresas salvadoreñas como MECAFE, Salazar Romero.

1.3. La expropiación del recurso hídrico por la transnacional Coca Cola

En 1996, tres años antes de empezar su actividad, la empresa consiguió el permiso para explotar unos dos millones de metros cúbicos de agua al año. Ello suponía extraer 66,67 litros por segundo del acuífero. Ya entonces, el desaparecido Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI), que se encargaba por entonces de la gestión del agua a nivel nacional, emitió una resolución sobre los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en los recursos hídricos de Nejapa. El CEPRHI señalaba que:

  • La empresa debía identificar un área en la zona de recarga que debía comprometerse a proteger para garantizar la sostenibilidad del acuífero.
  • Indicaba que se impermeabilizara sólo un 25% de la zona;
  • Se prohibieran las descargas de aguas de la industria al Rio San Antonio, para garantizar que no se contaminaba;
  • Que ANDA, como responsable de los servicios de abastecimiento de agua potable, sobre todo en zonas urbanas, debían regir la extracción del agua por la embotelladora.

En 1999, finalmente, con todos los permisos ya aprobados, la empresa comenzó su actividad, justo un año después de que se aprobara la Ley de Medio Ambiente salvadoreña. Desde entonces, la embotelladora Industrias La Constancia/Sab Miller ha realizado varias ampliaciones de sus instalaciones, las solicitudes ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fueron bajo la modalidad de “ampliación de bodega”, lo que le evitaba tener que someter las ampliaciones a análisis independientes de impacto ambiental.

La mencionada Ley, en su artículo 21, apartado j establece que “requerirán Estudios deI Impacto Ambiental las obras o proyectos entre las que se encuentran las plantas industriales y agroindustriales”. Aunque es evidente que la actividad de una embotelladora de refrescos debiera haberse circunscrito en ese apartado, según la mayoría de las resoluciones que se han examinado, no fue así. La embotelladora se limitó a rellenar un formulario ambiental, que se regula en este mismo artículo 21 del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, con el cual las empresas presentaban una declaración jurada sobre la veracidad de la información que aportaban, incluida la relativa a los impactos en el medio ambiente.

La situación cambió a partir de 2012. Fue ese año cuando la embotelladora de Coca Cola pidió permiso para una nueva ampliación de la planta, en este caso para producir agua embotellada de la marca Cristal. ILC/Sab Miller realizaría allí el envasado y distribución de este agua, la producción de los envases de plástico, el acondicionamiento de producto para el proceso industrial y el lavado de los envases. Argumentaba en su solicitud que iba a simplificar los procesos de tratamiento necesarios, lo que supondría extraer menos agua. Como en anteriores ocasiones, solicitó el formulario ambiental en el Ministerio, desde donde se les remitió la necesidad de realizar, ahora sí, un Estudio de Impacto Ambiental. Al año siguiente, en febrero 2013, Industrias La Constancia/Sab Miller presentó el informe, elaborado por J.R. Duarte. En ese documento se indica que el suministro de agua potable se realizará mediante la extracción de agua de los dos pozos profundos de la Planta Nejapa que ya existen; que las aguas que van a utilizar no requerirán un tratamiento especial (aduciendo análisis de calidad de agua realizados en 211-2012), por lo que las descargarán directamente a la cuenca del río San Antonio; y que los desechos que no puedan reciclar irán al depósito de relleno sanitario de MIDES. Curiosamente,
señalan que gastan 1,2 millones de metros cúbicos de agua al año, cuando hay que recordar que en el año 96 pidieron permiso para extraer dos millones.

En concreto, respecto al consumo de agua la empresa asegura que se garantizará una “eficiente utilización” del recurso hídrico y reducirán un 13% la extracción total de  agua, además de promover acciones de desarrollo para la comunidad. Argumenta que cada año, en total, se extraen del acuífero 15,63millones de metros cúbicos de agua, pero que la recarga potencial es de 21,76 millones, por lo que habría 6,13 millones (la diferencia) disponibles para su uso (es decir, un total de 194 litros por segundo). Aducen que ILC/Sab Miller sólo quiere ampliar su consumo en 79,1 metros cúbicos al mes. Hasta aquí el informe de la embotelladora.

Ante la eminente posibilidad de autorizar la ampliación de la embotelladora de Coca Cola, se impulsa una importante movilización social en Nejapa, los pobladores están en contra de la petición de ampliar la planta, por los graves impactos que la actividad industrial está teniendo en el acuífero fundamental para la zona, por la reducción palpable de la cantidad de agua en sus comunidades y en la calidad del agua, tal como lo narra Josefina Escamilla, lideresa del movimiento social (foto).

En 2013 se inició un proceso de consulta pública por parte de una plataforma social que agrupa a un centenar de organizaciones sociales en El Salvador en torno al derecho al agua. Una de las grandes preocupaciones desde el principio fue determinar si el acuífero de Nejapa/Quezaltepeque tiene potencial para seguir siendo explotado y qué medidas se deberían poner en marcha para garantizar su protección y sostenibilidad, ya que es una fuente primordial para el abastecimiento de agua para consumo humano. En abril de 2013, en la consulta pública se logró recoger 2.200 firmas de oposición al proyecto, a la vez que se emitieron varios comunicados denunciando la campaña de LC/SabMiller por apropiarse de la reserva estratégica.

Josefina Escamilla, da cuenta de la lucha en la defensa del agua. La líder de Nejapa relata que su preocupación comenzó al verificar que la cantidad de agua del río San Antonio disminuía rápidamente: “iba al tanque a experimentar el agua y mes a mes iba bajando, así es como yo les comprobé a las organizaciones comunales que debíamos planificar marchas, que era necesario, porque el pozo ya estaba funcionado aún sin permisos, por eso había menos agua, y ya con el apoyo de las comunidades organizamos una marcha”. “Nos tomamos un carril de la carretera, por cierto casi nos atropellan”. “De ahí yo les dije a las compañeras que tapáramos la entrada a la Coca Cola para no dejar que entraran o salieran camiones, al final después de protestar y gritar nos dejaron entrar a la Planta y como yo tengo un poco de conocimiento del lugar, les dije ‘allá está el tanque, allá está el pozo, ya lo abrieron’, los representantes de Coca Cola dijeron que el pozo no se estaba usando, pero sí ya se estaba usando”.

Para corroborar las afirmaciones y llevar adelante la denuncia, las organizaciones sociales realizaron y presentaron un estudio técnico sobre el acuífero, titulado “Revisión y análisis de los componentes hidrológico e hidrogeológico del Estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico y de riesgo Zona Planta Nejapa. Industrias la Constancia, ILC. Nejapa, San Salvador”. La investigación refuta los datos que había aportado la embotelladora en su Estudio de Impacto Ambiental. El estudio fue elaborado por el hidrólogo de reconocido prestigio en El Salvador, Julio Quiñonez, en este se acusa a ILC/SabMiller de alterar muchos parámetros. Más allá de poner en entredicho los datos de la empresa, el hidrólogo determina que la situación del acuífero es peor de lo que se sospechaba.

En concreto, llega a cuatro conclusiones que deberían bastar para poner freno al proyecto:

  • En el estudio de impacto ambiental de ILC/Sab Miller los datos sobre el balance hídrico estaban alterados, ya que habían analizado la cuenca de forma sesgada y errónea. De hecho, no se consideró la parte baja de la cuenca, dejando fuera del análisis una importante cantidad de pozos que había que incluir para calcular laextracción actual.
  • Según el estudio el acuífero tendría una capacidad de recarga anual de unos 18 millones de m3 (no de 21 millones, como indicaba la empresa) y en este momento el consumo estaría entre los 7 y 10 millones, incluyendo la explotación de ILC y el agua que distribuye la ANDA a la población de la capital.
  • Por otro lado, se demuestra que se están gastando 34,67 millones de m3 al año (la empresa señala que son 15 millones). Ello significa que se está extrayendo el 191,54% del agua del acuífero, es decir el 100% de todo lo que se recarga anualmente (18,10 millones de m3) más otros 16,57 millones de m3 de las reservas del acuífero. Prueba de ello, afirman, es que en 1998 la empresa extraía agua del pozo nº2 a una profundidad de 31,04 m y en el año 2012 bajó hasta los 75,69 m. De estos datos se deduce que, a este ritmo, en 30 años el acuífero se agotará, en 27 años si se tiene en cuenta el cambio climático.
  • Datos del propio Ministerio señalan que abrir un nuevo pozo, más los dos ya existentes en explotación, implicaría la extracción de otros 1,7 millones de m3 al año.

En definitiva, el informe establece que, más allá de la posibilidad o no de ampliación de la planta de ILC/SabMiller, la realidad es que el acuífero de Nejapa no se puede explotar más. Incluso, se indica que hay que reducir a 20 millones la extracción actual. Y es una conclusión coherente con lo que había señalado el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador en 2005, que desde hace una década alertaba de que estaba llegando a su límite.

1.3. Contaminación

Pero la intervención de Coca Cola ILC/ SabMiller, no se limita únicamente al saqueo del recurso, sino que además genera tres tipos de desechos que afectan al medio ambiente de Nejapa:

  • Gases: se van al aire, porque no hacen manejo de gases.
  • Líquido: descargados en la quebrada de los Amates, cuya agua sirve para regar el relleno sanitario de Mides y compensar el polvo, y que también bebe el ganado vacuno. Esta quebrada desemboca en el río San Antonio, de donde la población rural bebe cuando no tiene asegurado el suministro de agua.
  • Lodos: se llevan a la planta de Mides todos los días en un camión. Industrias La Constancia/SabMiller tiene dos presas de lodo y todos los días salen de sus instalaciones ocho toneladas hacia la empresa Manejo Integral de los Desechos Sólidos (MIDES), construida para atender a 10 municipios y que ahora da servicio a la basura de 110 Alcaldías. Algunas comunidades se han quejado que ILC/SabMiller desecha sus vertidos en una cañada que afecta a la mencionada quebrada de Los Amates, contaminándola. “A la quebrada cada cierto tiempo echan descargas y sale el agua bien negra. Hasta 3 días baja esa agua, y los chimbolitos -peces- mueren”, dice un vecino.

1.4. Impactos en los derechos de las mujeres producto del saqueo del recurso hídrico por parte de Coca Cola.

Salud y saneamiento

Cuando se habla del derecho al agua y al saneamiento, es necesario tener en cuenta la desigualdad de género, ya que son fundamentalmente las mujeres y niñas/os los que realizan las tareas domésticas con este recurso y también las que velan por su gestión. Se constata así que la falta de acceso a agua y saneamiento afecta de manera especial y específica a la salud, educación, empleo o ingresos de las mujeres: menos disponibilidad o accesibilidad implica una importante inversión de tiempo en el acarreo de agua, además de exponerse a otros factores de riesgo como es la delincuencia, afectación de la salud por el sobresfuerzo físico que se realiza por el acarreo mismo, sobre todo en las zonas rurales.

De igual manera, las mujeres son quienes manifiestan mayor preocupación por la situación del agua en Nejapa, ya que conocen de primera mano las dificultades en el día a día por la falta de abastecimiento continuo. Asimismo, son ellas quienes detectan casos de contaminación por el mal olor, y quienes han ido directamente a la planta a pedir explicaciones. En las reuniones y asambleas comunitarias celebradas con la dirección de Coca Cola, se ponía de manifiesto el rol de las mujeres, así como el protagonismo en las decisiones y cambios en el municipio de Nejapa, e incluso lograron movilizar al resto de la población, impulsando las diferentes acciones que se han llevado a cabo. Es importante destacar este empoderamiento de la mujer en esta lucha, porque, si bien llevan a cabo las tareas cotidianas relacionadas con el uso del agua, normalmente no se les suele dar espacio en la toma de decisiones sobre el control de los recursos.

La contaminación de los cuerpos de agua es responsabilidad directa de Coca Cola. Ante la falta de tratamiento de sus aguas
residuales, afectan directamente los derechos a la salud y un medio ambiente sano para las mujeres de Nejapa. La contaminación tiene un impacto pernicioso para mujeres y niñas que expuestas a brotes graves de enfermedades, por ejemplo las transmitidas por mosquitos.

Las mujeres no tienen otra opción más que llenar tanques y otros contenedores con agua para uso doméstico, y esta agua podría convertirse involuntariamente en un ámbito ideal para la reproducción de mosquitos, si no se cubre ni se trata. La precaria infraestructura de alcantarillado también provoca que haya agua estancada en las comunidades. Para el caso específico de la epidemia de Zica, cuya transmisión no se reduce a la picadura del mosquito, sino que además es de transmisión sexual, mujeres y
niñas no tenían acceso en el municipio a información ni servicios completos de salud reproductiva. Muchas no pueden evitar embarazos no planificados ni tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas de ellas tenían temor a “tener” niños-niñas afectados por la microcefalia. El temor a las sanciones penales previstas para el aborto las obligó a recurrir a procedimientos clandestinos, generalmente inseguros, para interrumpir embarazos no deseados.

Disponibilidad del agua

El impacto que Coca Cola produce en el derecho a la disponibilidad del agua, es dramático. Tomando en cuenta que en Nejapa muchas familias, el 30.14% hogares con jefatura femenina, según datos de encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017, no disponen de agua por cañería y que en algunas comunidades sólo se abastecen por manantiales y ojos de agua, se verifica que la actividad industrial implica el uso y disponibilidad de una gran cantidad de agua, contrastando con la realidad de una parte significativa de la población que no tiene garantizado el acceso a este recurso. Puede fácilmente concluirse que uno de los principales impactos está en que todo lo que va a la industria deja de utilizarse para el abastecimiento de agua por cañería a los hogares, afectando las actividades en especial de las mujeres, ya que son ellas las que por sus actividades dentro de sus viviendas, se ven afectadas por la falta de agua, teniendo que desplazarse para el acarreo del mismo.

El tiempo invertido en acarrear el agua, limita el tiempo de las mujeres afectadas, que podrían invertir el mismo en otras actividades, como participación en tareas educativas y culturales, disfrutar de más tiempo de calidad con sus hijos y familias, y disfrutar de merecidos descansos, después de agotadoras jornadas de trabajo. En este punto es de especial interés considerar que si las jefas de hogar trabajan fuera de casa, el peso de la doble jornada de trabajo, se agudiza por el esfuerzo de tener que desplazarse para buscar el agua para consumo, teniendo como alternativa la compra del líquido a pipas particulares que origina gastos extras no presupuestados, reduciendo dramáticamente los ingresos económicos.

Por otra parte, el agua potable es cara para la población consumidora, pero no es así para la Coca Cola, Josefina Escamilla, asegura que a falta de regulación específica para grandes consumos o empresas, la Coca Cola paga lo mismo que un pequeño comercio. Cuando se
ha tratado de regular por parte de la Alcaldía, no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa para generar una ley que permita una justa retribución por la explotación del vital líquido, en este municipio.

La escasez del líquido, debido a la sobre explotación y saqueo de este bien natural, incluso ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ya que las mujeres que tenían sus huertos caseros como forma de complementar sus dietas y además como un apoyo a los escasos ingresos que con frecuencia poseen, han tenido que renunciar a ellos, porque el agua para el riego de los mismos, debe ser utilizada para otras actividades como el consumo y el aseo que se vuelven prioritarias a la hora de administrar la poco agua a que tienen acceso.

1.5. Conclusiones

En El Salvador hay una ausencia de política general sobre el manejo del agua. No hay una Ley de aguas, ni se contempla el derecho al agua en la Constitución, lo que implica que los usos industriales del agua no estén regulados. Sí hay una Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, pero carece de aplicación práctica y de institucionalidad. La falta de una normativa nacional y la presión
de las empresas dificultan la regulación en Nejapa. La cobertura de servicios de agua potable es escasa en las zonas rurales. Además, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación están disminuyendo la capacidad para aprovechar el agua y la recarga de los mantos acuíferos. Al ritmo de extracción actual y considerando el efecto del cambio climático, el acuífero se agotará en 25-27 años.

El conocimiento de la ampliación de la planta de ILC/SabMiller, ha generado una movilización social desconocida en la zona, liderada por mujeres y la Alcaldía. Este hecho se constituye en un gran paso en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. Es un modelo interesante de replicar, en el que han tenido un gran papel las mujeres, que se han empoderado. La importancia de realizar su propio estudio de impacto ambiental, permitió basar la denuncia y la lucha en datos objetivos con análisis rigurosos, que ponen en evidencia la gran preocupación de la sociedad civil y particularmente de las mujeres sobre la situación del agua en el municipio.

El rol de la sociedad civil es clave para denunciar, monitorear y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad organizada ni puede ni debe sustituir el rol del Estado. Este caso fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia
en que se demandó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la resolución da una serie de recomendaciones. Frente a esta demanda presentada a este Tribunal, Josefina Escamilla, asevera que “como mujeres luchadoras por el derecho humano al agua, estaremos pendientes para ver que las recomendaciones se cumplan”.

La intimidación, persecución, criminalización de las protestas o restricciones informativas que históricamente han sido elementos comunes en el desempeño de las organizaciones de base que defiende los derechos humanos. Escamilla enumera de los intentos fallidos de los representantes de la Coca Cola para callar las voces de lucha y protesta: “me visitaron en tres ocasiones a mi casa para ofrecerme
construírmela nueva, cuando pregunté qué es lo que debo de dar a cambio, me decían que mi firma aceptando que la construcción de los nuevos pozos no dañaban a las comunidades”. Con mucha energía la líder septuagenaria, afirma que ella y las otras mujeres que luchan contra la Coca Cola “no nos vamos a vender por un almuerzo, o por una casa”.

Las consecuencias de priorizar el uso industrial del agua frente al consumo humano afectan no sólo a este derecho, si no a otras áreas como pueden ser en las relaciones en cuanto a la justicia de género, medio ambiente, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, existen múltiples dificultades para demostrar de manera certera otros impactos. Frente a ello, es importante desmantelar el poder las corporaciones, y obligar a las transnacionales que garanticen los estándares en toda la cadena de suministro y se comprometan en ejecutar todos sus compromisos en los diferentes eslabones de su proceso económico.

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Información relacionada:

Sequía en El Salvador: Movimientos sociales exigen que el acceso al agua sea un derecho

Apoyamos el NO a la privatización del agua en El Salvador

[VIDEO] ¿Los decretos firmados el 5 de junio privatizan el agua?

Compartimos el programa “Jaque al Rey” de Rompeviento.TV del 29 de junio 2018, en el que los invitados y las invitadas reflexionan sobre los diez decretos firmados por el presidente de la República el 5 de junio 2018. Mal llamados “Deretos de reserva de agua”, esos decretos levantan vedas en en 99 cuencas hidrológicas del país y reservan solo el 30% de sus aguas a los usos doméstico, público urbano y ambiental, dejando el 70% libre y disponible para concesiones.

{YOUTUBE}dseIdry8Hzs{/YOUTUBE}

¿Estos decretos privatizan el agua en México?

Alessia Kachadourrian Marras, asesora independiente en gestión integral del agua:

“Es una herramienta más de las que hay en la lista, que sigue fortaleciendo y protegiendo al mismo sector minoritario en este país que controla la mayor cantidad de agua, cuyo uso es para para producción comercial y el enriquecimiento a partir del agua. Sigue poniendo en manos de menos y privadas la mayor cantidad del agua que circula en nuestro territorio.

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

“Esta medida no es aislada. Viene precedida de intentonas muy fuertes y muy serias de imponer una Ley General de Aguas (LGA) que tendían hacia la privatización extrema del agua. La privatización existe en México y un claro ejemplo es la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) del 1992. Justo la reforma del 2012 al artículo cuarto constitucional era proponer una nueva Ley. Se trata de una privatización no por los decretos en sí mismo, sino por el contexto legal en el que surgen. Esos decretos no son de reserva de agua sino de levantamiento de veda. Hay que entenderlos así. Se aterriza un marco jurídico absolutamente privatizante que ha mostrado no solamente su ineficacia sino su enorme capacitad para concentrar el agua en unas cuantas manos y para expoliar el recurso.”

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua Agua para Todos:

“Hay que entender que con la reforma energética del 2013, claramente lo se necesitaba era el agua. De allí la intentona de una imposición de una LGA en el 2015. Afortunadamente, hubo una movilización de movimientos sociales, investigadores, comunidades y organizaciones no gubernamentales que nos dimos a la tarea de estudiar a fondo esta iniciativa y por el otro lado de ir construyendo una propuesta ciudadana de LGA que justamente ayudaría a un modelo de transición hacia un modelo de gestión de agua sustentable y equitativa. Al ver que no pueden imponer su LGA, se van por otras alternativas como leyes estatales y decretos, en donde sí están liberando grandes volúmenes de agua para la concesión.”

¿En qué consisten estos decretos firmados por EPN?

Miguel Angel Montoya, asesor parlamentario y consultor en Gestión Integral del Agua:

“La palabra reserva suena muy bonito, hace pensar que es una acción de conservación. Pero en realidad los decretos levantan vedas. Esas vedas por sí mismo garantizaban justo la protección y el caudal de los ríos porque solo se explotaban los ríos que tenían concesiones desde hacía muchísimos años. El hecho de tener vedas garantizaba la reproducción del ciclo hidrológico. Esas vedas se levantan totalmente, el agua se pone a disponibilidad y lo que hacen los decretos es reservar una parte muy pequeña del agua que se liberó. Si nos atenemos a las recomendaciones internacionales, solo debemos reservar el 35% del volumen de aguas superficiales disponibles. El otro 65% se deja libre, justo para que entre el modelo concesionario, con concesiones de tipo industrial, de tipo agroindustrial, de uso mixto y de uso doméstico. Es allí la clave de la privatización.

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y miembro de Agua para Todos:

Calculamos que el 70% del agua disponible en las cuencas mencionadas en los decretos fue liberado para concesiones. Estamos hablando de grandes volúmenes de agua que están siendo puesto a disposición de posibles concesiones. Es algo que debe preocuparnos porque el uso de esa agua puede llegar a caer en manos de mineras y de la industria de hidrocarburos y dejarnos sin esa agua en el ciclo del agua. Estas industrias están usando una serie de químicos y hoy en día no contamos connngun sistema de tratamiento de estas aguas, entonces si entregamos el agua a estas industrias poco a poco nos vamos a quedar sin el volumen de agua de calidad necesario para los ecosistemas y el consumo humano. El tema de calidad del agua no se puede menospreciar.”

Más información sobre los decretos:

Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio

Pronunciamiento de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A 27 de junio 2018

A la sociedad civil de Chiapas y México,
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,

Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la “ley Korenfeld” en 2015 como el “borrador Pichardo” en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el aspecto técnico y la consulta. Las preguntas son:

1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?

2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?

Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.

El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que “declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes”. Aquí en Chiapas, bien sabemos de las intenciones de la empresa Proactiva, filial de Veolia, que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua de la capital Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil logró detener.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que “los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación”. No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.

Es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal y corporativista, impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años, por detrás de los decretos de veda está el interés de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería, fracking, hidroeléctricas, proyectos turísticos, entre otros. Es una vergüenza que en México el agua aún no sea un derecho para todos y todas, sino primeramente para las empresas. Urge que los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma, revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la Ley de Aguas Ciudadana propuesta por la coalición Agua para todos desde el 2012.

En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de “Veda” corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

¡Señores neoliberales tecnocratas-plutocratas, necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde el siglo XVI a la fecha; el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras de poder!

Firmamos:

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez

Foto: Lectura del pronunciamiento en conferencia de prensa el 27 de junio del 2018 en el parque central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En los medios:

Organizaciones en Chiapas rechazan y cuestionan decretos de Pena Nieto sobre el agua (Chiapas Paralelo)

Organizaciones se pronuncian contra la privatización del agua en México (Rebelión)

Más información:

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

COMDA: Los decretos de reserva de agua dejan sin protección casi el 70% de las aguas en las cuencas cubiertas

Comunicado de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), a la cual pertenecemos, la Alianza contra el Fracking y la Red de Acción por el Agua – A 26 de junio 2018

Contexto: El 6 de junio del 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación diez decretos de reserva de agua que eliminan vedas en varias cuencas hidrológicas de todo el país y establecen reservas de agua totales o parciales para los usos domésticos, público urbano y ambiental.

  • Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.

  • Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.

 Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.

Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.

El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.

[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017

Contactos:

Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366

María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138

Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747

Gloria Tobón de Garza,  Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548

Más información:

Análisis de los decretos por la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida

Foto: COMDA

Felicidades al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a 10 años de resistencia

Carta de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR) – A 15 de junio 2018

Compañeros y compañeras de lucha:

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les enviamos un enorme abrazo y desde el sur de México festejamos con ustedes 10 años de resistencia y conformación del Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Este 16 y 17 de junio celebramos con ustedes todas las experiencias de las que nos han hecho parte, recordamos con mucho gusto nuestro encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en junio del 2008 allá en su bello pueblo, espacio donde conformamos la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Siempre agradeceremos la visita a nuestro encuentro estatal acá en Huitiupan, Chiapas, y recordaremos el viaje con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para ser parte de la histórica toma de la Presa El Zapotillo. También tenemos en nuestra memoria el Encuentro Mundial de Afectados por las Represas en el 2010, del que ustedes fueron sede.

Sepan que acá en el sur siempre compartimos su experiencia de lucha, acá se sabe que una comunidad chiquita allá en los Altos de Jalisco tiene un coraje muy grande y ejemplar para defender su tierra. Siempre contamos que la Revolución del Agua en México existe y la hacen día a día los hombres y mujeres valientes de Temacapulín. La fuerza de Zenaida y de cada una de los abuelos y abuelas de Temaca son un gran ejemplo para la lucha contra las represas, la minería, los monocultivos y todo aquel proyecto de muerte para los pueblos.

Compañeros y compañeras, felicidades por 10 años de resistencia, por su empeño en gritar que el agua no es mercancía, que el río Verde no se represa. Gracias por cada día reafirmar que la historia, la cultura y su religiosidad no tienen precio.

Felicidades, que las campanas de la Iglesia de la Señora de Los Remedios suenen alto porque ¡Temaca no se inunda y no se vende!. Que los gobiernos y las empresas tiemblen porque la Presa El Zapotillo no avanzará.

Con mucho cariño,

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica (MAR)

¡Arriba Temaca!
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Fuera los proyectos de muerte!

{YOUTUBE}gF3HOsEI-Us{/YOUTUBE}

Más información:

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

“La Revolución del agua”: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#TemacaNoEstáSolo: ¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua!

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

Chiapas: Paremos la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia en San Cristóbal de las Casas

Pronunciamiento de la Red por el cuidado de la vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel publicado el 22 de marzo 2018, Día Mundial del Agua

Hoy 22 de marzo del 2018, Día Mundial del Agua, queremos denunciar el ecocidio que se está llevando a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Los humedales de montaña son cuerpos de agua de menos de 6 metros de profundidad que tienen diversos servicios como proveernos de agua limpia y pura y prevenir las inundaciones y culebras en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Desde el año 2008, se declararon áreas naturales protegidas, y en el año del 2012 fueron incorporados a la convención RAMSAR, lo que le da características de importancia internacional. Existen dos puntos de acuerdo del Senado mexicano que demandan la protección de dicha área natural protegida.

El Área Natural Protegida (ANP) “Humedales de Montaña María Eugenia” cuenta con 115 hectáreas, de los cuales en los últimos tres años, bajo el gobierno municipal del Partido Verde Ecologista, se han invadido, perturbado y rellenado aproximadamente más del 10 %.

El día lunes 19 de marzo del 2018, en el tramo aproximado a 200 metros de la Carretera Panamericana en el camino de terracería que comunica con la colonia FSTSE 2001, a la altura de una tienda de jardinería y en frente del ex parque de los humedales, actualmente protección civil, se encontró que tiran cascajo (material de construcción) sobre los humedales de Importancia Internacional “María Eugenia”, con un camión de tipo volteo de color azul con placas 4 CND-511, lo cual continúa hasta el día de hoy realizando dichas actividades. (ver foto)

Por lo anterior, y a fin de evitar un deterioro o riesgo inminente de daños a los Recursos Naturales realizados en el Humedal de Importancia Internacional “María Eugenia”, se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA) por delitos federales de corte ambiental y otra denuncia Penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda y de acuerdo a su competencia se realicen las investigaciones correspondientes respecto a lo que se suscita en dicha zona, y se determine la plena o probable responsabilidad, de quien o quienes resulten responsables conforme a los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de considerarlo procedente se ejercite la correspondiente acción penal.

Cabe resaltar que dichos terrenos son propiedad de la Familia Rovelo, entre los cuales Hector Rovelo actualmente ocupa la secretaría de organización estatal en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, el día lunes 19 de marzo se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por las Amenazas infringidas en contra de los defensores ambientales de los humedales cuya integridad se encuentra en riesgo y quienes desde el año 2015 cuentan con medidas de protección cautelar por la violencia ejercida por las Empresas constructoras en contra de su defensa de la naturaleza.

Demandamos cesen las 16 invasiones en los humedales y sobre todo la construcción y relleno que se está llevando a cabo en el camino de la carretera internacional a la FSTSE 2001 (200 metros del parque de los humedales) y se clausure de forma inmediata para frenar el daño a la biodiversidad y al derecho humano a un ambiente sano plasmado en nuestra constitución.

Demandamos el cese de la persecución contra los defensores del medio ambiente en Chiapas.

Foto: León Enrique Avila

Más información:

Chiapas: LLaman a defender los humedales de San Cristóbal de las Casas ante los intereses privados

Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

>> Firma la petición en Change: Salva los humedales de montaña y cese persecucion defensores ambientales en Chiapas <<

>> No se pierden la conferencia de prensa “Agua y destrucción de bosques y humedales en San Cristóbal de las Casas” hoy a las 6 PM en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas <<