Les compartimos la invitación al Festival del Maíz en el marco del Día Nacional del Maíz. Acompáñanos este domingo 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Habrán diversas actividades como: Exposición gastronómica, venta de productos locales, conversatorios, música en vivo y una ceremonia tradicional.
Boletín Prensa de la conferencia para presentar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud – 20 de septiembre del 2021 >>Descargar boletín en pdf<<
México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo, el promedio mundial de consumo de refresco diario es de 25 litros, mientras que en México es de 150 litros. Chiapas es el mayor consumidor bebidas embotelladas y azucaradas en todo el país, se beben en promedio 821 litros por persona.
El alto consumo de bebidas azucaradas impacta a la salud provocando ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia, diabetes, desnutrición, entre otras. Durante los primeros meses de la pandemia por la covid-19 en el año 2020 se despertó aún más la preocupación ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas). Según la Secretaria de Salud el 43.90% de las personas fallecidas padecían hipertensión, el 37.94% diabetes y el 24.55% obesidad, estas cormobilidades desarrolladas por malos hábitos alimenticios entre ellos el excesivo consumo de bebidas azucaradas.
Desde hace tiempo, organizaciones civiles y colectivos hemos visto con mucha preocupación el consumo excesivo de bebidas azucaradas entre la población desde edades muy tempranas, sobre todo en Chiapas. En diferentes espacios hemos reflexionando sobre los impactos negativos de esta práctica, no sólo en la salud de nuestro cuerpo, también en la economía, en las culturas de los pueblos, en el medio ambiente, y, particularmente en el agua de nuestros territorios.
Es sabido que la planta de Coca Cola FEMSA en San Cristóbal de Las Casas extrae diariamente 1.3 millones de litros de agua, mientras colonias aledañas señalan que no tiene agua potable por periodos prolongados.
A raíz de esta preocupación, sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales nos hemos organizamos y articulado para impulsar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud, que busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, territorio y agua. Así ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.
Somos un colectivo conformado por personas, organizaciones y movimientos sociales, interesadas e interesados por el bienestar de las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, nuestro objetivo es promover la disminución del consumo de bebidas azucaradas y embotelladas, y a alentar a la población en el cuidado de la salud de su cuerpo, así como la salud de nuestro territorio y de nuestra agua.
Algunos de los impactos negativos que podemos observar son:
Daño hídrico – Sobre explotación y acaparamiento. Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Grupo FEMSA explota 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola. Si sumamos los demás usuarios que forman parte de la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año, esto es, 39 millones 400 mil m3.
En el acuífero de San Cristóbal tiene dos concesiones que le permiten extraer medio millón de metros cúbicos, el equivalente a 500 millones de litros al año hasta el 2034.
Daño ambiental – Producción de basura. Los envases de estas bebidas los podemos encontrar por todos lados, de las 280 toneladas diarias de basura que se recogen en la ciudad, 19 toneladas son botellas plásticas de refrescos (tereftalato de polietileno PET), las cuales tardan entre 100 a 1000 años en degradarse.
Daño a la salud de nuestros cuerpos. Es bien sabido por estudios de diversos institutos de investigación importantes en el mundo, que estas bebidas generan enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries y hasta Alzheimer, debido a las grandes cantidades de azúcar y químicos que contienen.
México se encuentra en sexto lugar a nivel mundial en número de personas con diabetes y el segundo en obesidad. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por complicaciones de diabetes.
De acuerdo al reporte del segundo trimestre 2021 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus tipo 2 de la Secretaría de Salud a nivel nacional se registraron 9 636 casos y en el estado de Chiapas 603 casos con esta enfermedad.
Daño económico. En este aspecto, podemos mencionar la desproporción de lo que aporta económicamente esta industria a México y a Chiapas, si se compara con lo que le cuesta al Estado (gasto público) para atender a enfermos de diabetes.
La atención médica de un diabético cuesta alrededor de $24,000 y $90,000 pesos al año. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).
El IMSS asegura que de no seguir un plan de prevención, para el año 2050 la institución necesitará $340,000 millones de pesos de presupuesto para atender dicha problemática.
Ahora, el cuestionamiento es ¿cuánto pagan las empresas refresqueras por derechos de agua y de impuestos a la Nación y particularmente en San Cristóbal? Según datos de la empresa FEMSA en una de sus páginas de internet, en México tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, casi el 60% de la población mexicana consume esta bebida, obteniendo en 2019 una ganancia neta por ventas de $504,059 millones de pesos. Sus ganancias netas son millonarias, para nosotr@s deja enfermedad, despojo de agua, montones de basura, nuevos patrones culturales y prácticas de consumo dependientes y adictivas.
Por todo lo anterior, la campaña #YoPrefieroAguaYSalud busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, economía, cultura, ambiente y agua; con esto ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.
#YoPrefieroAguaYSalud #ChiapasTomaloTuAgua #NoAlAzúcarSiALaVida
Firman:
CEPAZ
Colectivo Alternativas
Otros Mundos A.C.
Más información:
En el marco de la Movida Global por los Ríos Y los Pueblos les invitamos a este conversatorio sobre la autogestión de la energía desde y para los pueblos que se llevara acabo este miércoles 22 de septiembre a las 10 hrs México por facebook live de Periódico Surcos
Más información:
Kiosco del Parque Central
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Lunes 20 de Septiembre 2021, 11 am.
A LA PRENSA LOCAL Y ESTATAL
La sociedad civil organizada, colectivos y organizaciones preocupadas por la salud pública de nuestro municipio convoca a comunicadores y medios de comunicación para acompañarnos a la rueda de prensa programada el día lunes 20 de septiembre a las 11:00 am en el Kiosco del Parque Central de San Cristóbal de Las Casas, para presentar e iniciar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud.
Así como dar conocer las acciones que en próximas fechas estaremos realizando para el cuidado de la salud y de nuestros derechos que como población nos corresponde. Esperando contar con su valiosa participación y agradeciendo de antemano, suscriben: CEPAZ DH, Colectivo Alternativas, Otros Mundos A.C., y sociedad civil.
Comunicado esta declaración de varios movimientos, colectivos y organizaciones por la defensa los ríos y los pueblos en el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica – Septiembre 2021
La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) realiza el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica. Gobiernos y empresas del mundo buscan fortalecer inversiones nacionales y transnacionales argumentando que la hidroelectricidad es energía “verde”, “sustentable”, “limpia” y “socialmente responsable”, cuando en realidad los ríos represados mueren y los pueblos sufren sus impactos destructivos.
Las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos; explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua. A esto se suma el desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones. Además, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como el de nuestra compañera Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en Honduras. La represas también desatan una galopante corrupción y tráfico de influencias, que en muchos casos terminan en conflictos internacionales.
La tecnología de las represas no favorece a la naturaleza ni genera bienestar humano. Su aporte al calentamiento global es innegable. Se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada de los ecosistemas que acentúa las sequías y las inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente. No hay evidencia científica de la supuesta condición “sostenible” de las represas.
Ante las hidroeléctricas y el congreso de la IHA, desde los pueblos llamamos a una urgente transición energética justa y respetuosa, que revise las condiciones e impactos de cada una de las tecnologías, y tenga como prioridad el respeto de los derechos de la gente y los ríos. Ninguna fuente energética será sustentable mientras se destruya la Madre Tierra, se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza despojando a los pueblos, acaparando gigantescos territorios y violentando los derechos de la naturaleza, y en especial los derechos de los ríos.
REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua, invita a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales defensoras de la vida a SUMARSE A LA “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.
¡Ríos Libres para la VIDA!
REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua
FECON/Federación Ecologista Costarricense
Otros Mundos-Chiapas
PROAL/Asociación Proyectos alternativos
COECO-CEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica
Ríos Libres-Costa Rica
Ríos libres Turrialba-Costa Rica
Mesa provincial Misiones-Argentina
Grupo ecologista Cuña Pirú
Más información:
Compartimos esta invitación de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua REDLAR – Agosto de 2021
Los ríos que fluyen libremente crean vida
Los ríos represados mueren, junto con los pueblos que conviven con ellos
La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y
progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos,
agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la
destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales
y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de
apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas. Las represas hidroeléctricas
pueden desencadenar intensas disputas internacionales, por ejemplo, la disputa entre Egipto, Sudán
y la vecina Etiopía, propietaria de la “Gran Represa del Renacimiento” que amenaza con interrumpir
el flujo del río Nilo y afectar a millones de vidas. Lamentablemente, la influencia de la industria
hidroeléctrica también está vinculada a amenazas, ataques e incluso asesinatos, como el de Berta
Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
Debido a que las represas hidroeléctricas requieren una gran cantidad de asociaciones comerciales,
los gobiernos y las empresas las promueven como energía “limpia”, “verde” y “sostenible” en un
esfuerzo por asegurar su financiamiento y aprobación. Las empresas niegan rutinariamente su
impacto destructivo a través de estudios ambientales inadecuados, y su aprobación es facilitada por
una burocracia técnica que a menudo colabora y cede a estos intereses.
Para fortalecer la imagen de esta industria, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica
(IHA) ha organizado el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, del 7 al 24 de septiembre
de 2021 en Costa Rica, país que es exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”,
idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José1.
En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos
socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaremos a cabo el Movimiento Global con
el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los
pueblos del planeta, que hemos llamado “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.
nuestro Movimiento Global incluye las siguientes acciones antes y después del Congreso de la IHA, destinadas a fortalecer nuestras capacidades colectivas para proteger ríos y comunidades:
En sus pronunciamientos y otros textos, audios y videos, les invitamos a que expongan sus criterios
y visión sobre aspectos como:
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”2, esperamos que ustedes opinen también sobre:
Si bien el Congreso de HE es virtual, en Costa Rica realizaremos encuentros locales/comunitarios
y movilizaciones (atendiendo restricciones por el Covid19). Una más de nuestras tareas es
desmentir que Costa Rica es un “modelo” de “energía hidroeléctrica sostenible” 4.
Indicaciones técnicas para sus aportes:
Enviar sus textos, videos y audios en simultáneo a:
Raquel Bolaños, tel/whatsapp 00 506 89730660
Silvia Sandoval, tel/whatsapp 00 52 1 55 36095210
Y a los correos:
raquelbd@gmail.com
comunicacion@red-lar.org
y Mariana Porras Rozas: mariana@coecoceiba.org
Les pedimos ENVIAR SUS APORTES DESDE YA para realizar la producción audiovisual y preparar la DECLARACIÓN CONJUNTA POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS. Ojalá antes 21 DE AGOSTO 2021. Igual, seguiremos recibiendo aportes como parte de la “MOVIDA”.
Muchas gracias.
FECON-Equipo Cota Rica, REDLAR, Otros Mundos-México e International Rivers.
Imagen: REDLAR
Más información:
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021
Por Aldo Santiago
En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.
Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.
En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.
“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.
Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.
“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.
Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.
De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.
“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.
En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.
“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.
Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.
“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.
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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.
La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.
La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.
En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.
“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.
Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.
Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.
En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.
“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.
Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.
“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.
Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.
La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.
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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.
Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.
Con información de Vanessa García Navarro
*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad
Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
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Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021
Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.
Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.
Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.
De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.
México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.
En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.
En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.
Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.
Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.
Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.
Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago
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Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.
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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.
Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.
Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.
Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.
¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Cuartoscuro
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Compartimos esta entrevista de Código Sur a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los retos de cuidar el medio ambiente – A 16 de julio del 2021
El Estado de Chiapas, al sur de México, se caracteriza por su espíritu rebelde. Desde la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, Chiapas se posicionó como un punto de referencia a nivel global para quienes estudiaban los efectos de la globalización y las alternativas al sistema neoliberal dominante.
Pero más allá de la pobreza y la desigualdad que inspira el espíritu rebelde de este Estado, Chiapas es una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo México. Desde minerales preciados – como el oro y la plata – hasta gas natural y petróleo, la región se ha convertido en el blanco de empresas extractivistas transnacionales, especialmente desde la aprobación del NAFTA.
Es en ese contexto en que la organización Otros Mundos, una asociación civil sin fines de lucro que lucha, desde el 2006, por preservar la naturaleza y apoyar a las comunidades locales afectadas por las dinámicas de explotación en la región.
En este proceso, Otros Mundos se ha sumado a la infraestructura de Código Sur para mejorar los procesos de uso de tecnologías de la organización. Conversamos con Gustavo Castro, fundador y director de Otros Mundos, sobre el rol de la tecnología en su lucha por preservar el medio ambiente en Chiapas.
Código Sur: Desde hace un tiempo, Otros Mundos ha alertado sobre los ataques de grupos paramilitares contra diferentes organizaciones sociales, más recientemente contra CDH Fray Bartolomé de las Casa (Frayba). Estas organizaciones criminales, ¿estarían interviniendo las comunicaciones de los movimientos sociales? Y de ser así, ante la inacción del Estado, ¿qué medidas están tomando para contrarrestar esta amenaza?
Gustavo Castro: Desde hace años los diversos grupos armados han agudizado su violencia en diferentes partes del estado. En Aldama, Chenalhó, Ocosingo, Carranza, Pantelhó, entre otros municipios. Los conflictos por tierras, por el control político, económico, social, territorial. Aunque su capacidad organizativa y la impunidad con la que operan es alta, no consideramos que tengan la capacidad técnica ni financiera para intervenir comunicaciones de los movimientos. Sin embargo, en la medida en que haya grupos armados vinculados con el crimen organizado, es posible que sí tengan éstos últimos dicha capacidad.
CS: Otros Mundos ha lanzado la Escuela Ejidal y Comunal, como parte de sus esfuerzos de formación a personas que luchan por defender el medio ambiente. ¿Cómo se implementan tecnologías seguras y libres en estos procesos formativos y en la articulación con las comunidades para dar seguimiento a los aprendizajes colectivos generados en la escuela?
GC: Este es un punto muy débil en el movimiento. No solo para los participantes en la Escuela Popular Ejidal y Comunal, sino en la Escuela de Justicia Energética y otros procesos y redes sociales locales. Las personas en las comunidades, a lo mucho, cuentan con la herramienta de Whatsapp. No conocen Telegram o Signal, no se conocen otras vías de comunicación, no se conoce el Zoom u otras herramientas. No hay cobertura de internet, en algunos casos las personas utilizan las redes de WiFi públicas de las presidencias municipales, que son redes abiertas e inseguras, porque no hay otra opción. Quienes tienen celular suelen tener equipos básicos, o no cuentan con información necesaria para darle mantenimiento, para ampliar la memoria de los dispositivos. No cuentan con una computadora para bajar sus archivos fotos etc. y simplemente llega un punto en que se saturan sus teléfonos. “No tengo espacio para más,” nos dicen, y claro, mucho menos tendrán espacio para bajar otra aplicación como el Signal, por ejemplo.
CS: Sabemos que Otros Mundos, como organización que promueve la protección del medio ambiente, enfrenta amenazas constantes. ¿Qué medidas de seguridad han tomado como organización para fortalecer su portal digital y sus comunicaciones?
GC: Sumarnos a Código Sur. Usamos Signal para las comunicaciones, usamos respaldos en discos duros seguros. Algunos de nosotros usamos software libre, no todos ya que algunas herramientas de diseño, y de comunicación, a veces resultan incompatibles con otros equipos.
CS: ¿Cómo concibe Otros Mundos la relación entre la protección del medio ambiente y la utilización de software libre?
GC: El principal beneficio del software libre para el medio ambiente es no requiere de compras de programas o equipos de mantenimiento. Esto permite reducir el consumo comercial de software, que a su vez conlleva a una reducción en el consumo de otros insumos conexos al software privativo, que a su vez requieren una actividad extractiva intensa de energía, agua, minería, papel, combustibles fósiles, etc. El software libre desincentiva esta demanda a largo plazo. Por otra parte, también permite extender la vida útil de los dispositivos o hardware; muchos equipos pasan a ser considerados obsoletos al no soportar nuevas actualizaciones de software privativo, cuando en realidad continúan siendo funcionales. El software libre permite aprovechar esos equipos y reducir la basura electrónica.
Imagen: Amigos de la Tierra España