Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de octubre del 2022
Imagen: Ejido El Bajío
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Pronunciamiento de la Red Mesoamericana contra la palma aceitera en su segundo encuentro en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 6 de octubre 2022
>>Descargar la declaratoria en pdf<<
Nosotras y nosotros aquí reunidas del 4 al 6 de Octubre, compañeras y compañeros de la Red Mesoamericana provenientes de Honduras, Guatemala y México (Campeche, Tabasco y Chiapas), que luchamos en contra de los monocultivos y de la explotación que atraviesan nuestros territorios, exigimos lo siguiente:
1) Detener la siembra de cultivos tóxicos y contaminantes en nuestra Madre Tierra, entre los cuales reconocemos la palma de aceite y los cultivos transgénicos, que traen solo muerte, destrucción y desaparición de nuestros bosques nativos y desplazamientos de las comunidades;
2) Detener los monocultivos de la palma de aceite y de todos los mega proyectos extractivistas como el mal llamado Tren Maya, el Canal Interoceánico, minas represas, entre otros que provocan envenenamiento de los suelos y del agua, el cambio del uso del suelo de producción y alimentación familiar a producción comercial/industrial y que trae beneficios a unos cuantos, rompiendo así el tejido comunitario y familiar. Todo esto, se repercute sobre los cuerpos de las mujeres, cargándolas de trabajo;
3) La concientización de las poblaciones locales sobre los riesgos que trae el consumo de transgénicos y sus derivados;
4) Información clara y transparente, que incluyen los impactos sociales y ambientales;
5) El respecto a los pueblos indígenas;
6) Alto al crimen organizado y a la militarización de los territorios y las acciones paramilitares;
7) Alto al cultivo de drogas que fomentan la presencia del narcotráfico en nuestros territorios;
8) Alto a la guerra y a la violencia en contra de las comunidades que luchan para la autonomía y su autodeterminación.
9) Libertad inmediata a las 27 autoridades comunitarias indígenas de Oxchuc defensores de la libre determinación y de los 5 defensores de derechos humanos de San Juan Cancuc.
Ante esto, revindicamos:
1) Impulsar y fortalecer, pero también valorar la producción familiar, local, autónoma y en armonía con la naturaleza;
2) Reconocer la importancia del papel de las mujeres en la agricultura comunitaria;
3) Visibilizar las acciones locales y las practicas comunitarias que actualmente mujeres y hombres de las comunidades están realizando y se pueden posicionar en otras regiones;
4) Hacemos un llamado para seguir organizándonos en el cuidado de nuestra madre tierra, la salvaguardia del agua y de los bosques nativos;
5) Ejercer los derechos de las mujeres para fortalecer la autonomía comunitaria y la toma de decisiones colectivas;
6) El derecho a la autodeterminación y al autogobierno, segundo nuestros usos, costumbres y normas;
7) La conservación de nuestras semillas nativas;
8) Que se pare la violencia contra las mujeres y el pleno control y decisiones sobre nuestros cuerpos;
9) La defensa a nuestra soberanía alimentaria y a una comida sana y local.
10) Justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y todas las y los mártires que han dado la vida por la lucha por una vida digna
#LasPlantacionesNoSonBosques
Atentamente:
Organización Civil Las Abejas de Acteal; Mujeres, Organización y Territorios (MOOTS); Sociedad Cooperativa Las Mujeres Rurales de la Frontera Sur; Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Resistencia Civil de Candelaria; Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil; Frente Comunitario por la Libre Determinación; CEFOCAM-Kinal Antzetik; Comunidad El Triunfo; Otros Mundos Chiapas; Defensoras de Nasakobajk; El Puente SC; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE).
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…pero también de la resistencia
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 30 de septiembre 2022
Imagen: MODEVITE
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Compartimos esta carta abierta sobre el caso en la amazonia ecuatoriana – A Septiembre del 2022
Señor Guillermo Lasso Mendoza
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dr. Íñigo Salvador
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Señor Juan Carlos Holguín
CANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Septiembre, 2022
El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas, campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5 mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha sido ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador.
Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte Suprema de los Países Bajos. Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE, CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito esta semana al Procurador a Ecuador para exhortarle este recurso, ver carta aqui.
Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el planeta. Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir, que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los derechos elementales de más de 30.000 personas. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar ese derecho. El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula en el Capítulo I, en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.»
En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:
– introducir el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del 28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.
– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución (exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.
– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de cualquier amenaza sobre sus derechos.
Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.
Imagen: OMAL
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Compartimos el siguiente informe de nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.
29 de Septiembre de 2022 – México
Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también, que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?
Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.
Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.
Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.
Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del nuevo informe “Aeropuertos y conflictos en México” de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).
En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.
Atentamente
Stay Grounded-Permanecer en la Tierra
Otros Mundos Chiapas A.C.
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura
septiembre 29, 2022
El nuevo informe «Aeropuertos y conflictos en México» de Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra ofrece un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México. Incluye una categorización de los aeropuertos, las aerolíneas operadoras, la movilidad de los pasajeros aéreos, los planes de inversión actuales, así como los intereses que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria. El informe señala 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados Un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México acompaña la publicación del nuevo informe que destaca la lucha de más de cinco siglos de los pueblos indígenas por su autodeterminación y autonomía.
México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. En un país en el que el 41% de sus habitantes vive en la pobreza, las posibilidades de la mayoría de la población de viajar a un destino nacional o internacional son muy bajas. Difícilmente se podría creer en tal realidad viendo los resultados del informe «Aeropuertos y conflictos en México», en el que el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Principales aeropuertos (ASA y grupos aeroportuarios) en 2019 en México. Source: SCT Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2019
Antes de la pandemia de Covid-19, el número de pasajeros aéreos había ido en constante aumento, llegando a los 97,3 millones de pasajeros en 2018 – 46 millones de tráfico aéreo internacional y 49 millones de viajes aéreos nacionales, un aumento del 58,8% y 62,5% en comparación con los niveles de 2013, respectivamente. Sin embargo, la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como única forma de transporte. Una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros en 2018, lo que representa casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos en el país.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual.. Desde 2018 la administración de López Obrador (AMLO) ha impulsado nuevas inversiones aeroportuarias en todo el país. En 2019, la infraestructura aeroportuaria fue el sector más beneficiado bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal. Sólo entre 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la «mejora» (y ampliación) de 28 aeropuertos. Para todo el periodo de la presente administración (2018-2024) se registraron inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos.
De los 50 aeropuertos bajo el plan de inversión, el informe describe con mayor detalle el estado actual de 40 si serán ampliados y/o modernizados, 5 que están en construcción, 4 tienen planes de construcción y 1 caso de cancelación muy polémico (el aeropuerto de Texcoco).
Además, tras determinar lo que constituye un «conflicto aeroportuario», Castro identifica cómo estos proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. Sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel, Guadalajara, Texcoco y Felipe Ángeles en Santa Lucía) en el Mapa de Injusticia y Resistencia Aeroportuaria, el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en el estado de Quintana Roo.
Los conflictos son similares en sus dinámicas y demandas. Las luchas por la defensa de la tierra resistiendo al acaparamiento de la misma, los reclamos de compensaciones, la lucha por los bienes comunes (agua, tierra, energía, trabajo humano, etc.), así como la lucha por la autodeterminación y la autonomía son predominantes en estos conflictos. La violencia moral y física, las constantes amenazas a la vida y la división al interno de las comunidades son también habituales. En el peor de los casos, el conflicto del aeropuerto en el territorio indígena de la Sierra Tarahumara es el culpable del desplazamiento forzado del pueblo rarámuri y del asesinato de defensores comunitarios indígenas como Antonio Montes Enríquez.
En el informe, Castro admite que la imposibilidad de identificar algunos conflictos no significa que no los haya. Dado que las infraestructuras aeroportuarias se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes, la posibilidad de que surjan nuevos conflictos es y seguirá siendo muy alta.
Más que permitir la hipermovilidad catastrófica del capitalismo globalizado, los aeropuertos intensifican el modelo extractivista, crucial para el propio capitalismo. Extractive El turismo y otros megaproyectos de conectividad y extractivismo son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Castro señala que todas las entidades federativas (excepto una) cuentan con aeropuertos que operan carga aérea, la cual aumentó 47.4% entre 2013 y 2018 (910 mil toneladas transportadas).
No es de extrañar que los aeropuertos de las ciudades más grandes por ejemplo, Guadalajara y la capital industrial de México, Monterrey), los de las regiones turísticas por ejemplo, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida), así como el de Tijuana (mayor paso fronterizo y punto migratorio del continente hayan atraído las mayores inversiones públicas entre 2019 y 2021.
Los megaproyectos más emblemáticos que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria son el turístico Tren Mayaresponsable del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de numerosas comunidades indígenas y campesinas; el megaproyecto turístico «Barrancas del Cobre», el Canal Transístmico del Istmo de Tehuantepec y sus ciudades industriales; la refinería de Dos Bocas; la ampliación de puertos como Coatzacoalcos, Salina Cruz, Tuxpan y Puerto Madero; el gasoducto del sur; los complejos turísticos; los mega parques eólicos en el Istmo; el Autódromo de Fórmula 1 de la Riviera Maya; y las 19 estaciones del Tren Maya.
GeoComunes mapeando los diversos megaproyectos en el sur y sureste de México
Otro fenómeno cada vez más preocupante es el papel central de los militares mexicanos en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armardas. En el ejemplo del aeropuerto de Tulum, el informe describe cómo la administración de AMLO está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares, cuyos ingresos cubrirán las pensiones y las reformas de las fuerzas armadas , lo que ya ocurre también con el aeropuerto de Santa Lucía. Ambos aeropuertos Santa Lucía y Tulum contemplan la construcción de ciudades militares contiguas.
El capital internacional sigue utilizando las estructuras del Estado para mantenerse a flote, ya que el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria con el dinero de los contribuyentes sirve a los intereses de las corporaciones multinacionales – las aerolíneas de EE.UU., Europa y Asia representan aproximadamente dos tercios del mercado mexicano de carga aérea. Después de la conclusión de este informe, la multinacional francesa Vinci Airports se convirtió en el principal accionista del operador aeroportuario mexicano OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte). OMA se enmarca en el Acuerdo Nacional de Infraestructura con una inversión prevista de 12.000 millones de pesos mexicanos entre 2021 y 2025.
Estas diferentes formas de extractivismo ilustran las múltiples consecuencias del crecimiento de la aviación y del sistema al que pretende servir. El informe también alerta de otras amenazas que plantea la industria de la aviación, como el aumento vertiginoso de la demanda de tierras para la producción de agrocombustibles. En México, cabe esperar más deforestación y acaparamiento de tierras como consecuencia.
La principal conclusión de este valioso informe es que mientras los gobiernos y los actores financieros internacionales sigan invirtiendo masivamente en infraestructuras aeroportuarias en México en beneficio del ejército, del turismo y del extractivismo, veremos un número creciente de conflictos en territorios comunales indigenas y campensinos.
El informe completo (sólo disponible en español) elaborado por Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC) and Stay Grounded podrá ser bajado aquí. También es posible bajar el mapa de territorios indígenas y ubicación de aeropuertos en México aquí.
México cuenta para el año 2020 con una población de 126,014.0241 y es el décimo país más poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, Bangladesh y Rusia.2 Cuenta con una superficie territorial de 1,960,189 de km² y ocupa a nivel mundial el lugar 14 en mayor extensión3. La pobreza alcanza al 43.9% de la población y la pobreza extrema al 8.5% 4 El 81% de la población mexicana es urbana.5 El 12.4% trabaja en el sector primario, el 24.8% en el secundario o industrial y el 62.1% en el terciario o de los servicios.6
La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB), pero sobre todo del sector turístico que había ocupado un lugar fundamental en los ingresos de divisas del país. Tan sólo en el segundo trimestre de 2020, el PIB en el sector servicios tuvo la peor caída en su historia de un 16,2% respecto al valor registrado en el mismo trimestre del año anterior.7
Sin embargo, para evitar el colapso, México evitó cerrar las fronteras aéreas durante la pandemia en 2020 y 2021, aunque aún así las aerolíneas registraron pérdidas cuantiosas. Y es que ligado al sector del turismo la aviación juega un papel importante así como la movilidad de personal que generan las inversiones en torno a los megaproyectos.
Por ello, el gobierno federal impulsa el apoyo al sector de la aviación para fortalecer al sector turístico y a los grandes megaproyectos de infraestructura de la presente administración (2018- 2024), entre los que se encuentran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Canal Interocéanico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya así como los Polos de Desarrollo asociados a ellos, la Refinería Dos Bocas, la ampliación de puertos, la ampliación o construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, entre otros.
Por lo, anterior, el presente Informe pretende elaborar una radiografía de la infraestructura aeroportuaria de México y de los diversos actores que van desde gobiernos, Aerolíneas, Sociedades y Grupos Operadores; describir diversos elementos de su caracterización y su vinculación con intereses económicos locales y regionales vinculados a proyectos extractivos, de servicios o de infraestructura en función de las ganancias de las grandes empresas trasnacionales, que conllevan impactos sociales y ambientales. Así, identificar aquellos aeropuertos en actual conflicto y caracterizar su diagnóstico.
Compartimos este video del Movimiento Mundial por Los Bosques Tropicales WRM apropósito del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
El 21 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Desde que se creó este día, en el año 2004, su propósito ha sido resaltar y apoyar las luchas de los pueblos en defensa de los territorios amenazados por la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
En este marco, queremos compartir el nuevo video “Uganda: Resistir a las plantaciones industriales de palma aceitera”, producido por la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central.
El video (disponible en inglés [1] y francés [2]) destaca la resistencia de las comunidades en las islas de Buvuma, en Uganda, donde la empresa Bidco -parcialmente propiedad de la empresa transnacional Wilmar- está tratando de expandir sus plantaciones de palma aceitera. Con falsas promesas, incluido el uso de esquemas de pequeños agricultores, la empresa quiere expandir su control sobre los territorios y la vida de las comunidades.
Sin embargo, las comunidades están decididas a resistir y crear conciencia al exponer las prácticas engañosas de la empresa. Su objetivo es que comunidades en Uganda y en otros lugares no caigan en las mismas trampas.
¡Comparte el video para apoyar la lucha de las comunidades de las islas de Buvuma!
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, organizaciones, redes y movimientos celebran la resistencia y alzan sus voces para exigir que se detenga la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
Estas plantaciones invaden territorios y afectan la vida de pueblos y comunidades. El Día fue declarado en 2004, durante un encuentro de una red comunitaria que lucha contra las plantaciones industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre porque en esa fecha Brasil celebra el Día del Árbol.
¡Las plantaciones no son bosques!
Compartimos esta nota de La Jornada sobre la minería submarina – A 13 de septiembre del 2022
Ciudad de México. En la zona Clarion Clipperton, entre Hawai y México, se realizará una explotación minera submarina, por lo que Hidden Gem, la embarcación más grande del mundo dedicada específicamente a la extracción minera del fondo marino, prepara su primera operación desde el puerto de Manzanillo, advirtieron las organizaciones Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Recordaron que la semana pasada, la compañía minera The Metals Company (TMC), subsidiaria de Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), obtuvo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) el permiso para realizar la explotación minera exploratoria que consiste en un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales en esa región del océano Pacífico.
Este es “otro paso de la estrategia de TMC para abrirle camino a la minería en aguas profundas. La solicitud de NORI a la ISA de un contrato de explotación en julio de 2021 ha resultado en una carrera para finalizar y adoptar regulaciones mineras en julio de 2023, lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala”, advirtieron.
Ornela Garelli, campañista de océanos de Greenpeace México, dijo que mientras “ya estamos lidiando con múltiples crisis que están erosionando la salud del océano, incluyendo su capacidad para actuar como un aliado crítico en la lucha contra el cambio climático”. Ahora “en lugar de proteger el océano como patrimonio común de la humanidad, lo está entregando a intereses corporativos como TMC, que a pesar de estar registrada en la Comisión de Valores y Bolsa han demostrado un desprecio despiadado por el impacto irreversible que esta industria supone para los servicios que proporcionan los océanos”.
Durante las negociaciones ante la ISA, la delegación de México se ha mostrado dispuesta a avanzar hacia la aprobación del Código Minero, aunque se ha mostrado cautelosa al reconocer la importancia de contar con información científica suficiente que respalde la compensación o indemnización que debe hacerse al medio ambiente marino en caso de que la actividad minera comience.
“México debe asumir un papel de liderazgo para prohibir la minería oceánica en aguas internacionales y formar un frente común junto con los países de América Latina y el Caribe para exigir que se prohíban definitivamente este tipo de prácticas destructivas que pueden causar daños permanentes”, dijo Alex Olivera, científico principal y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
Las organizaciones señalaron que un informe reciente del New York Times “muestra que TMC, uno de los más fervientes defensores de la minería oceánica y sus predecesores, cultivó una relación de 15 años con la ISA, la cual ha aprovechado para obtener una ventaja competitiva en sus ambiciones extractivas. Esto presumiblemente incluye un acceso preferencial a la información que le permitió ganar el control de algunas de las extensiones más valiosas del fondo marino para la posterior explotación minera”.
Agregaron que “también tuvieron un acceso sin precedentes a los delegados internacionales mientras se debatían los puntos del orden del día, incluida la petición de la empresa de que la autoridad aprobara un plan para probar el equipo minero. La ISA ha asignado aproximadamente 200 mil millas cuadradas de fondo marino -más grande que el tamaño de California- a los países en desarrollo para realizar trabajos de exploración en zonas reservadas, y casi la mitad de ese espacio está ahora bajo el control efectivo de TMC”.
Imagen: Activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta en contra de la “minería del mar profundo” en el barco minero ‘Hidden Gem’, en el puerto de Waslhaven en Rotterdam, Holanda, el año pasado. Foto tomada de greenpeacemexico via La Jornada
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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.
Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.
Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.
Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.
El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.
Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.
Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.
En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.
Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.
Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.
Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images
Más información:
Compartimos con ustedes este serie de podcats producidos por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el aumento del poder de las empresas transnacionales en los ámbitos energético y agropecuario
¿Alguna vez imaginaste el futuro? ¿Cómo crees que viviremos en treinta años?
En diciembre de 2021 las organizaciones miembro de ATALC realizaron un diagnóstico sobre el poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Un estado de situación a lo largo y ancho del continente que da cuenta del saqueo de estas empresas a los pueblos de la región.
RESISTENCIA es una serie sonora que refuerza algunas características de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rico, El Salvador y México. Una muestra de lo que puede pasar si no frenamos el modus operandi de las empresas transnacionales.
Un proyecto de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).
Una realización original de Tristana producciones.
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Compartimos este comunicado del Frente Popular en Defensa del Sonocusco 20 de junio – A 5 de septiembre del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<
El 03 de septiembre se celebró en Acacoyagua, Chiapas el “Foro por la Defensa de los Ríos y la Madre Tierra” con el objetivo de hacer pública la entrega del acta de sesión de cabildo abierto “Acacoyagua Libre de Minería” y visibilizar los riesgos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación y a la paz que provocan los proyectos extractivos en la región.
La Regidora Rubí Antonio, en representación del presidente Municipal Ismael Díaz Bravo, expresó que la decisión se llevó a cabo en sesión de cabildo abierto, lo cual representa la firme decisión del H. Ayuntamiento de no otorgar ningún permiso municipal para la actividad minera. El acta fue entregada en presencia de representantes de ejidos, bienes comunales, barrios y de rancherías del municipio, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos de la región Costa de Chiapas. Es la tercera vez que el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) solicitamos y logramos incidir en que el Ayuntamiento declare su compromiso de no otorgar permiso de uso de suelo a las empresas mineras u otras alrededor de la minería.
La defensa de los ríos y arroyos de Madre Vieja, Cacaluta, Zapatero 1, Zapatero 2, Pital, Jalapa, Zampapalo, Río Grande, Cangrejo, Cintalapa, Jalapa, Cresta de Gallo y Chicol son el motivo principal de nuestra resistencia a los proyectos mineros y extractivos que amenazan al municipio de Acacoyagua; por lo que pronunciamos nuestra preocupación por el “Corredor Transístmico” proyectado en la parte de la región Costa de Chiapas para generar polos logísticos y de comercio que beneficiarían zonas industriales y para las cuales se planean proyectos energéticos, como el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala, infraestructura para carreteras y tren, explotación de bienes naturales para materia prima;así como explotación de mano de obra. Nos preocupa que al llegar estos proyectos a nuestra región la militarización se acentúe y se vuelvan más violentos nuestros territorios.
En está ocasión fue para nosotras y nosotros muy grato recibir la presencia de Juan Pérez y Crescencia López, padre y madre de nuestro querido compañero de lucha “Simón Pedro”, asesinado en 2021; también de José Luis Abarca, hijo y representantes del Premio por la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”. Agradecemos su participación y refrendamos nuestro compromiso por la paz, por los territorios libres de violencia, por la dignidad y la justicia.
Para más información:
Transmisión en vivo por Facebook en @frentesoconusco
¡Ríos y pueblos libres de proyectos extractivos!
¡Vida sí, mina no!
¡Acacoyagua, libre de minería!
Atentamente.
Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)
Otros Mundos A.C.
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA/ Chiapas
Organizaciones testigas de la “Declaratoria de Territorio Libre de Minería”
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C.
Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” A.C.
Las Abejas de Acteal
La Voz del Pueblo
“Premio por la Defensa Ambiental Mariano Abarca”
>>Descargar comunicado en pdf<<
En la Prensa:
Compartimos con ustedes esta entrevista a la familia López Presas sobre su experiencia familiar con la ecotecnología biodigestor alimentando con desechos humanos en su casa en Comitán Chiapas
Más información:
Compartimos esta nota de Zona Docs sobre la lucha por el territorio y la vida digna en el sureste de México – A 3 de agosto del 2022
Defensa del territorioZona de notas
Escrito por:ZonaDocs
3 agosto, 2022
“Donde se asoma el venado” es un documental realizado por Sandra Gayou y Víctor Romero, ambos recorrieron diversas comunidades mayas de Yucatán para retratar las otras luchas que ahí se dan contra diversos megaproyectos de energías renovables que crecen a borbotones generando daños ambientales, sociales y culturales que están siendo eclipsados por la construcción del Tren Maya.
Por Carlos Underwood / @carloselunder
Más allá de la batalla mediática en el Tramo 5 (Cancún-Playa del Carmen-Tulum) donde el Tren Maya —pese amparos y resistencia social— devasta selva, menoscaba cuevas inundadas, vestigios arqueológicos y fragmenta el corredor biológico de especies protegidas y en peligro de extinción, pobladores mayas de Yucatán libran una batalla legal por defender su territorio de megaproyectos de energías renovables y del mismo mal llamado Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante la Invisibilización de la lucha de las comunidades mayas en Yucatán por proteger su tierra y recursos naturales, los documentalistas Sandra Gayou y Víctor Romero, respectivamente, han emprendido un filme de corte social para brindar luz a un proceso de defensa del territorio por un intento de despojo recurrente, minimizado y ocultado por la propaganda de Estado.
En Yucatán, sumado a la devastación del Tren Maya y la preocupación por la creación de polos de desarrollo en sus estaciones, los megaproyectos de energías solares y eólicos —entre otros males como las granjas porcícolas— son una realidad en el estado desde 2016 y actualmente hay casos de corrupción por parte de los comisarios ejidales que confronta a los pobladores, dueños de la tierra.
“Donde asoma el venado” es el nombre de la pieza audiovisual, cuyo estreno se espera en enero de 2023. El documental de ambos autores es un proyecto de investigación respaldado académicamente por UAM-Xochimilco, pero económicamente independiente.
Por ahora, Sandra Gayou y Víctor Romero documentan con cámara en mano las voces de aquellos comuneros que resisten, alzan la voz y preparan articuladamente una defensa sustentada en las leyes, en base al derecho mexicano: la resistencia de aquellos hombres y mujeres con puño en tierra es pacífica y en el papel, invisible también para los medios de comunicación que buscan la trifulca y la confrontación contra el Estado como faro para guiar a una audiencia ávida de choque.
“Desde que se inició la construcción del megaproyecto del Tren Maya se ha invisibilizado lo que sucede en las comunidades mayas en Yucatán, específicamente frente a las energías renovables”, explica Sandra Gayou para Zonadocs, en entrevista online desde Yucatán.
“Es una problemática de despojo del territorio que viene desde el 2016, cuando se le asignó a Yucatán 9 de 18 proyectos de energía renovable”, entierra.
El Plan de Transición Energética promovido a nivel nacional ha llevado megaproyectos al estado de Yucatán que, más allá de beneficiar a un modelo sustentable de energía:
“la implementación incrementa el grado de vulnerabilidad territorial de la península y no contempla un modelo de transición energética, pues tan sólo busca que mediante megaproyectos privados se expanda la generación de energía para los grandes consumidores”(1).
1.- Articulación Yucatán1 y GeoComunes. (2019). Expansión de proyectos de energía renovable de gran escala en la península de Yucatán. 03/08/2022, de Geocumenes Sitio web: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/EnergiaRenovableYucatan.pdf
Es ahí donde ambos documentalistas enfocan sus esfuerzos para orientar la mirada de la gente en un país sumido en una disputa visceral por un tren cuya atención mediática es para el Tramo 5, debido a que abarca la zona norte de Quintana Roo, de importancia turística y biodiversidad inigualable.
En ese Tramo 5 los hoteleros —en su mayoría franquicias españolas— evitaron proteger la selva: los empresarios de complejos turísticos de la Riviera Maya presionaron al gobierno federal para que el Tren Maya Tramo 5 cruzara la selva virgen y no la carretera federal, como se tenía planeado en un inicio. El gobierno y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cedieron ante las presiones del poder económico, de los hoteleros españoles.
También la propaganda de Estado sobre el tema, repetida hasta el hartazgo por López Obrador en su “Mañanera” y secundada por Youtubers o supuestos periodistas cuya trayectoria antes del nuevo régimen era desconocida, ha opacado los hechos de despojo en Yucatán, en las comunidades mayas.
“El cortometraje documental plantea cómo ha sido el proceso de defensa del territorio, primero, por el despojo de tierras, o el intento de despojo para hacer estos megaproyectos tanto solares como eólicos, y por la coyuntura política abordamos el Tren Maya, por impactos que ya hay en Yucatán”, explica Sandra Gayou, también comunicóloga social.
Víctor Romero, quien tiene una vasta experiencia en proyectos cinematográficos, reconoce que al visitar las comunidades se encontraron con que “hay sectores que están de acuerdo con esos polos de desarrollo” —incluidos en el megaproyecto del Tren Maya—, pero también hay un “descontento por cómo el gobierno se apropia de los territorios”.
“El problema está en cómo se da la apropiación del territorio, se hace de forma legal, aparentemente, pero cuando reclaman las tierras no se hace de manera legal o los pagos no son los adecuados, se hace por los comisarios ejidales: hay comunidades que denuncian corrupción en el tratamiento en la venta de las tierras”.
La comunidad de San José Tipceh frenó con amparos la instalación de una planta fotovoltaica (energía Solar Ticul A y Ticul B), lo que se traduce en una historia de éxito para una comunidad organizada, documentada en “Donde asoma el venado”.
“Ahí el proceso de defensa fue legal, a través de amparos se demostró que las tierras eran ejidales, y no de una persona que quería comprar a precios bajos. Fue un proceso exitoso para la comunidad, con aristas”, puntualiza Romero.
Los documentalistas también visitaron a Maxcanú, punto clave para el proyecto del Tren Maya en el Tramo 3 (Calkiní a Izamal). Rogelio Jiménez Pons, entonces director general de la Fonatur, en un discurso con tintes nacionalistas el 2 de junio de 2021, recalcó en esa ocasión que la estación serviría como ejemplo para “rescatar la historia con una visión a futuro”.
“Sobre nuestra investigación, sobre los derechos de vía para el Tren Maya, nos dimos cuenta de que esta historia también tenía una deuda, una deuda con el pueblo de Yucatán. Encontramos que existían cuentas pendientes con comunidades y propietarios que no recibieron sus pagos por sus tierras cuando se construyeron las vías de ferrocarril, algunos datan de mediados del siglo 20. Desde abril Fonatur-Tren Maya comenzó a saldar esa deuda histórica pagando a los propietarios de los terrenos donde pasan las vías férreas: se trata de un acto de justicia con el Sureste”, gritó Jiménez Pons ante los medios nacionales en ese cercano 2021.
Sandra explica que visitó Maxcanú en esa ocasión, donde Fonatur remozó el caso de la estación, pero actualmente ni siquiera se conservó la estructura. Es decir, fue utilería, escenario para la presentación del Tramo 3.
“Finalmente, la estación o el polo turístico quedará kilómetros antes de la entrada al pueblo”, ejemplifica Sandra, quien es clara al decir que las afectaciones por los megaproyectos ya son visibles en las comunidades.
Víctor relata que justo en esa zona, en Maxcanú, hay una devastación de selva sin precedentes, con troncos a pie de carretera e irónicamente hay una vía paralela de tren a la antigua. En otras palabras, no se utilizó la vía “vieja” ferroviaria para el trazo del Tren Maya.
“Para empezar, donde será la estación levantaron la selva, los troncos están a pie de carretera, en el tramo a Halachó se construye un paso que implica abrir la selva y hay una vía del tren vieja y paralelamente está la del Tren Maya y no se usa la ruta anterior”, relata Víctor.
“Donde asoma el venado” documentó cómo a los pobladores de esa comunidad el gobierno les hizo un ofrecimiento por las tierras, donde el comisario ejidal acepta y el dinero recibido fue menor.
“La compra ya estaba hecha. Y construcción (del Tren Maya) no se detiene”, dice Victor.
Ambos documentalistas destacan que en Yucatán la “defensa del territorio ha sido legal”, y las comunidades han aprendido cómo defenderse, aunque también son grupos pequeños.
Actualmente la atención sobre las afectaciones del Tren Maya se dirige al Tramo 5, donde el presidente López Obrador y su equipo de comunicación han encabezado una campaña de desprestigio contra activistas. Pero no todo es el Tramo 5, en Yucatán, los despojos son una realidad: los megaproyectos ya han minado los territorios y el tejido social de las comunidades mayas.
“Donde asoma el venado” llega como vehículo de denuncia, de investigación, de rigor, de cine documental de un hecho mal entendido, mal informado y desvirtuado en México por el oficialismo y el fanatismo mediático y culto al régimen.
El 28 de julio de 2020, Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —en un foro virtual donde participaron la bióloga y Rogelio Jiménez Pons, entonces director del Fondo Nacional del Fomento para el Turismo (Fonatur) y también responsable de Tren Maya—, vaticinó que la construcción del Tren Maya traería “destrucción de la selva, tráfico de especies, maderas preciosas y daño del tejido social por involucrar a la comunidad en actividades ilícitas o ponerlas en riesgo”.
“Son problemáticas que actualmente experimentan zonas cercanas a las áreas naturales protegidas, como en Calakmul, donde cruzaría el Tren Maya, en el sureste mexicano”, señaló en aquella ocasión la especialista.
Dos años después, el Tren Maya devasta selva, despoja tierras y ha dividido al país, además la desinformación gana terreno y los discursos de odio contra los defensores de la selva y el territorio cobran vida en las redes sociales.
Los proyectos independientes como “Donde asoma el venado” brindan una alternativa de información y acercan al público a problemáticas invisibles, sin foco mediático.
En mayo de 2018, Bettina Cruz Velázquez, integrante del Consejo Indígena de Gobierno, activista y férrea defensora de los derechos humanos —oriunda del pueblo binni`zaa, en el sur de Oaxaca—, en una visita a Valencia, España, denunció que la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el narcotráfico y el poder económico y devastador de las multinacionales europeas y anglosajonas han hecho del Istmo de Tehuantepec un infierno para sus habitantes.
La activista denunció que los megaparques eólicos instalados en la región, y otros más que están proyectados —como los de Yucatán—, han generado pobreza, segregación, daños socioambientales, migración y distorsión del sistema democrático a través de manipulación de políticos para la obtención de licencias y permisos.
Iberdrola, Unión Fenosa, Acciona, Gamesa y Renovalia Energy, entre otras más, lideran la invasión de multinacionales en el Istmo: las empresas españolas, con un discurso “verde”, son las primeras en violentar los derechos humanos de la comunidad y destruir el ecosistema de la zona.
En esa ocasión, Cruz Velázquez explicó que el gobierno mexicano cobija el avance de las multinacionales en territorio indígena, lo que genera despojos y persecución. Un ejemplo de contubernio entre gobierno y empresas extranjeras es la creación del corporativo Zapoteca de Energía, cuyo dueño es un funcionario estatal quien apoyó a las multinacionales en la obtención de permisos y licencias.
“Nos ha sido difícil hablar de cómo la energía supuestamente renovable afecta a los pueblos. Se ve como una panacea sin verla en el contexto que se desarrolla. La energía renovable es buena: nosotras no estamos en contra, pero si vemos cómo se está desarrollando y en manos de quién está, vemos las otras aristas, de lo que representa”, refirió Bettina.
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