Categoría: Modelo extractivo

“Tenía que ver con mis propios ojos que las máquinas perforaban la cortina de la presa”

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Compartimos esta nota de Zona Docs vía Chiapas Paralelo sobre la defensa de la vida en Temacapulín, Jalisco – A 27 de febrero del 2023

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

La lucha claramente valió la pena, es la sensación que tienen las y los pobladores de Temacapulín que acudieron puntuales a observar la destrucción de parte de la cortina de la presa El Zapotillo, megaproyecto que amenazaba con inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los cuales defendieron con dignidad hasta lograr frenar un proyecto que, desde el inicio, se hizo a sus espaldas.

Texto y fotografías: Mario Marlo

Con sus dos bastones apoyados firmemente en el suelo y sus pasoslentos y cuidadosos, doña Isaura Gómez Guzmán, una mujer de 87 años oriunda de Temacapulín, Jalisco, finalmente logró acercarse a unos metros de las obras de reacondicionamiento que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo en la Presa El Zapotillo, un megaproyecto contra el cual ha luchado durante más de 16 años para evitar que su pueblo sea inundado.

Conocida cariñosamente como Chagua, esta valiente mujer necesitaba ver con sus propios ojos las máquinas que perforaban la cortina de la presa que le había causado tantas noches de insomnio, angustia y rabia a ella, su familia y sus vecinos durante tantos años.

“Tenía que verlo con mis propios ojos, aunque los de la Conagua me aseguraban que las obras ya habían comenzado, yo no les creía,nos mintieron muchas veces. Ahora me siento tranquila porque finalmente pude constatar que no era una mentira”, expresó con firmeza.

A su lado, con sus ojos atentos y haciendo esfuerzos por escuchar a los oradores que explican los avances, se encuentra Alfonso Íñiguez, un hombre de 86 años que se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Temaca, también observó detenidamente cada una de las láminas que muestra Yasser Abiuth García, el responsable de la obra.

“Ahora sí van bastante avanzados, la visita anterior mostraba muy poco, pero ahora parece que el presidente está cumpliendo”,dijo con optimismo.

Desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa, cada mes los pobladores y sus asesores han visitado el lugar para que los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informen sobre el avance de la obra. Para doña Isaura y para don Alfonso, esta lucha ha sido larga y agotadora, pero su resistencia y perseverancia les han permitido ver con sus propios ojos: la no inundación de sus comunidades. 

De 105 metros a 46 metros de altura

Como cada mes desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, los habitantes de las comunidades deTemacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de sus asesores, llevaron a cabo una visita de inspección el pasado viernes.

Durante la visita, las autoridades de la Conagua les informaron sobre el progreso de las adecuaciones de la presa, en cumplimiento con los acuerdos firmados el 10 de noviembre de 2021. En dichos acuerdos, el presidente de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron la contrapropuesta de los pueblos para el megaproyecto, que incluía algunos cambios.

El cambio principal en el megaproyecto aceptado fue la decisión de no construir un sólo vertedor físico, sino seis ventanas vertedoras de 12 metros de altura por 72 metros de largo, a una altura de 46 metros del punto más bajo de la presa. Con esta modificación, se garantizaría que, en caso de una gran avenida de agua, las tres comunidades no sufran inundaciones.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico:

“actualmente las ventanas vertedoras tienen un avance del 9.5% en la excavación, mientras que el proyecto de reacondicionamiento en su totalidad tiene un avance del 25%. Se espera que el proyecto se concluya en diciembre de 2023.”

Abiuth García Sánchez destacó que la decisión de construir las ventanas vertedoras fue la mejor opción para evitar que la presa se convirtiera en un elefante blanco que sólo requeriría gastos de mantenimiento. Con las nuevas obras, se asegura que las comunidades no se inunden y se aprovecha el agua para Guadalajara.

Yasser Abiuth García Sánchez detalló que dentro de las obras de la presa está dividida en dos acciones, las seis ventanas vertedoras y el tanque amortiguador que tiene como objetivo evitar que cuando venga la crecida y empiece a verter, el agua que caiga al suelo no erosione el tanque amortiguador,  pues si eso pasa podría ocasionar alguna falla estructural.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, el tanque amortiguador está en proceso de construcción y ya lleva un 90% de avance. Se espera que su conclusión tenga lugar en el mes de mayo.

En cuanto a la presa El Zapotillo, las obras de reacondicionamiento en su totalidad se encuentran actualmente en un 25% de avance, y se espera que concluyan para finales del mes de diciembre de este año. Las autoridades de la Conagua planean comenzar a llenar la presa en julio de 2024.

“Es probable que el siguiente año ya esté en operación. La presa se cerrará y se llenará hasta el nivel de las ventanas, empezará a verter y también se empezará a aprovechar para llevar agua a Guadalajara. Si la temporada comienza en julio, para agosto ya estará a nivel de las ventanas y comenzará a verter”, resaltó Yasser Abiuth García.

Claudia Gómez Godoy, encargada por el gobierno federal de la Presa El Zapotillo y del Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, enfatizó que la ejecución de las obras es elcumplimiento de uno de los compromisos del presidente con los pueblos.

“El presidente se comprometió el 10 de noviembre de 2021 a que las comunidades no sufrirían inundaciones y a terminar el proyecto de la empresa del Zapotillo. Este acuerdo histórico respeta los impactos sociales y los derechos humanos”, dijo Gómez Godoy.

Por su parte, María González Valencia, directora del IMDEC, organización que acompañó a las comunidades durante su lucha,destacó que el  reacondicionamiento técnico de la presa El Zapotillo se logró gracias a la exigencia y los conocimientos técnicos comunitarios acumulados a lo largo de su lucha.

Según González Valencia, es importante recordar que la propuesta inicial presentada por Conagua el 21 de agosto de 2021 planteaba unriesgo significativo de inundación para las comunidades. Fue gracias a la insistencia de las comunidades, junto con sus asesores y especialistas nacionales e internacionales, que se planteó el vertedor físico como medida de seguridad y solo con esa condición aceptaron el replanteamiento de la presa.

“Hoy podemos constatar que sí era posible modificar el proyecto, incluso rompiendo la cortina, a pesar de los grandes intereses, la corrupción y los agravios. Estos hoyos que vemos en la presa representan años de lucha, vidas, violaciones y despojos. Pero también nos reiteran que es posible agrietar el sistema”,añadió González Valencia.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, un proyecto hidráulico impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, conocida también como “la presa de la corrupción”, generó controversia desde su inicio en 2005 debido a que nunca se consultó a las comunidades, convirtiéndose en una imposición.

Después del fracaso de dos proyectos hidráulicos en Jalisco en ese mismo año – la presa San Nicolás, sobre el río Verde, y la presa de Arcediano, sobre el río Santiago, ambos cancelados debido a la movilización social – se lanzó el proyecto de la presa El Zapotillo.

El proyecto se justificó en el argumento de abastecer de agua potable a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y las áreas metropolitanas de Guadalajara y León. Sin embargo, esto trajo consigo la transformación de la vida de las comunidades afectadas.

La construcción de La Presa El Zapotillo consistía en la construcción de una cortina de 105 metros sobre el Río Verde y un acueducto de 140 kilómetros para abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato y la Zona Metropolita de Guadalajara, megaproyecto que dejaría inundadas a las comunidades de Temacapulín, Acasico,Palmarejo y alrededor de 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Ante esta situación, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento(CEAS) y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, propusieron el Plan de Desarrollo Urbano del Nuevo Centro de Población Temacapulín (PDUNCPT), el cual consistía en la reubicación de los pobladores en un lugar denominado Talicoyunque y Nuevo Acasico.

En respuesta a la construcción del megaproyecto, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, iniciaron una digna resistencia por más de 16 años contra la inundación de sus hogares, cultura y territorio.

A pesar de la fuerte oposición de los afectados, las  autoridades mantuvieron una postura intransigente y recurrieron a la represión, la criminalización y la violación de derechos humanos para imponer el proyecto.

Después de años de lucha y resistencia, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus asesores el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, lograron firmar un acuerdo con el gobierno federal para evitar su inundación por la presa El Zapotillo.

El 10 de noviembre de 2021, se firmó el acuerdo para evitar inundar las tres poblaciones, lo que representó una victoria histórica para estas comunidades y para todos aquellos que luchan por la defensa del agua y el territorio.

Imagen: Mario Marlo

Más información:

Informe: Energías renovables y uso de la tierra: obstáculos para la transición justa en el Sur Global

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Compartimos el siguiente informe escrito por la Dra. Anne Schiffer de la Universidad Leeds Beckett junto con Amigos de la Tierra (ATI) India, Palestina, Bangladesh y Argentinasobre la transición energética – A 28 de febrero del 2023

>>Descargar el informe aquí<<

Resumen del informe:

Amigos de la Tierra Internacional es consciente de la tremenda magnitud de la crisis climática y la necesidad de una transición justa y rápida que nos permita abandonar el sistema energético fósil dañino y transitar hacia un sistema energético renovable basado en la suficiencia energética para todas y todos. A la fecha, muchos proyectos de energía renovable a gran escala han replicado con demasiada frecuencia los mismos patrones del actual sistema energético sucio y extractivista basado en los combustibles fósiles, así como de los proyectos destructivos de energía hidroeléctrica a gran escala, energía nuclear y de biomasa industrial.

Amigos de la Tierra internacional se propuso recabar evidencia sobre los desafíos y obstáculos para una transición justa mediante el análisis de algunos estudios de caso concretos. Nuestro objetivo es propiciar el aprendizaje y ofrecer recomendaciones sobre cómo desarrollar las energías renovables respetando los derechos de los pueblos y sin provocar graves daños.

El presente informe basado en estudios de caso examina las transiciones energéticas en cuatro países del Sur Global, ante la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y multiplicar las energías renovables: India, Palestina, Bangladesh y Argentina. El mismo plantea la siguiente interrogante ¿en qué medida los impactos y los problemas asociados a los sistemas basados en combustibles fósiles y se reproducen en el contexto de las energías renovables? Y ¿las tierras utilizadas para sistemas de energías renovables pueden servir como vehículo para la justicia energética feminista?

En primer lugar,»¿Una transición justa o solamente una transición? El caso del proyecto Rewa Ultra Mega Solar» examina el impacto de una instalación de 750 megavatios (MW) en tierras circundantes a aldeas y comunidades en el distrito de Rewa, del estado de Madhya Pradesh en India. A continuación, «Crecimiento de la energía renovable bajo la ocupación: los impactos socioambientales de la energía solar en Palestina» analiza las oportunidades que existen para aumentar el acceso a la energía, al tiempo que se ponen de manifiesto las brechas existentes en la evaluación y el monitoreo de los impactos ambientales. En tercer lugar, » Sin espacio para la energía solar: La lucha contra la desidia política para aprovechar la energía solar en los techos en Bangladesh», destaca la necesidad de un liderazgo efectivo y la implementación de políticas para masificar las energías renovables. Finalmente, Argentina ofrece la oportunidad de examinar los impactos que tienen las cadenas de suministro de materias primas necesarias para la transición energética, mediante el análisis sobre la extracción de litio en la región andina de la provincia de Catamarca, en el estudio de caso «¿Dotación de recursos para la transición energética renovable mediante «colonialismo energético»?
Un análisis sobre la minería de litio en Fiambalá, Argentina». El informe concluye con un resumen de los hallazgos, que pone énfasis en los obstáculos clave que enfrentan las transiciones energéticas feministas hacia energías renovables y una serie de recomendaciones prioritarias en términos de políticas y prácticas.

Introducción:

Hay una necesidad urgente de una transición justa y rápida que nos permita abandonar el sistema energético fósil dañino y transitar hacia un sistema energético renovable basado en la suficiencia energética para todas y todos. El presente informe basado en estudios de caso examina las transiciones energéticas en cuatro países del Sur Global: India, Palestina, Bangladesh y Argentina. El informe identifica obstáculos y formula recomendaciones para desarrollar las energías renovables en el Sur Global, de forma que proteja los derechos de los pueblos.

¿Por qué una transición justa?

La urgencia de eliminar equitativamente los combustibles fósiles implica la necesidad de multiplicar las energías renovables en todas partes, de forma mucho más rápida y justa. Amigos de la Tierra Internacional prioriza la energía renovable de pequeña escala para los pueblos, controlada socialmente y descentralizada. Proyectos tales como estos de Bangladesh, Palestine y Filipinas contribuyan a sociedades justas y feministas -en el marco de la soberanía energética.

Sin embargo, un rápido incremento de la energía renovable requerirá infraestructura de mayor escala.

A la fecha, muchos proyectos de energía renovable a gran escala han replicado con demasiada frecuencia los mismos patrones del actual sistema energético sucio y extractivista basado en los combustibles fósiles, así como de los proyectos destructivos de energía hidroeléctrica a gran escala, energía nuclear y de biomasa industrial.

Algunos sectores del movimiento por el clima han priorizado la urgencia de enfrentar el cambio climático y el desarrollo de la energía renovable por sobre los derechos de los pueblos que viven en el Sur Global a la tierra, alimentos, agua, medios de sustento y acceso a la energía. Esto ha dado lugar a proyectos de energías renovables (incluida la obtención de materias primas como el litio) que han desplazado o damnificado directamente a las comunidades, y no les han proporcionado ningún beneficio en materia del acceso a la energía. Esta situación conlleva el riesgo de un rechazo absoluto a los proyectos de energía renovable a mayor escala en el Sur Global.

Estudios de caso: energías renovables y uso de la tierra

“¿Una transición justa o solamente una transición? El caso del proyecto Rewa Ultra Mega Solar” examina el impacto de una instalación de 750 megavatios (MW) en tierras circundantes a aldeas y comunidades en el distrito de Rewa, del estado de Madhya Pradesh en India.

“Crecimiento de la energía renovable bajo la ocupación: los impactos socioambientales de la energía solar en Palestina” analiza las oportunidades que existen para aumentar el acceso a la energía, al tiempo que se ponen de manifiesto las brechas existentes en la evaluación y el monitoreo de los impactos ambientales.

“Sin espacio para la energía solar: La lucha contra la desidia política para aprovechar la energía solar en los techos en Bangladesh” destaca la necesidad de un liderazgo efectivo y la implementación de políticas para masificar las energías renovables.

“¿Dotación de recursos para la transición energética renovable mediante “colonialismo energético”? Un análisis sobre la minería de litio en Fiambalá, Argentina” examina los impactos que tienen las cadenas de suministro de materias primas necesarias para la transición energética.

Obstáculos y recomendaciones para desarrollar las energías renovables

El objetivo del informe es propiciar el aprendizaje y ofrecer recomendaciones sobre cómo desarrollar las energías renovables respetando los derechos de los pueblos y sin provocar graves daños.

Identifica los siguientes obstáculos:

  • “Acaparamiento verde” y colonialismo energético
  • Falta de consideración sobre los patrones de uso de la tierra y el agua
  • Falta de políticas de conservación, evaluación de impacto ambiental y seguimiento.
  • Opresión política y desidia
  • Las estructuras patriarcales que excluyen la participación de las mujeres más allá de la toma de decisiones en el hogar
  • Infraestructura de la red anticuada

El informe formula las siguientes recomendaciones:

  1. Garantizar que las comunidades que habitan las zonas donde se instalan proyectos de energía renovable participen activamente en los procesos de toma de decisiones que las afectan, así como de los beneficios. Esto último debería incluir acceso a energía suficiente y asequible y oportunidades socioeconómicas significativas que apoyen a la comunidad en general en lugar de crear tensiones y divisiones.
  2. Promover que las mujeres tengan roles técnicos y en la toma de decisiones, más allá de la esfera doméstica. Se necesitan esfuerzos focalizados y sostenidos, incluida la implementación efectiva de políticas de transversalización de género, así como capacitación equitativa y oportunidades de liderazgo para garantizar transiciones justas para todas/os, no sólo para el 50% de la sociedad.
  3. Analizar detenidamente los patrones de uso de la tierra (y el agua) de las comunidades locales en las distintas estaciones, incluidas las diferencias interseccionales relacionadas con el género y las normas y prácticas socioculturales. Cabe destacar que esto debe incluir los derechos de uso de grupos sin tierra, tales como las comunidades pastoralistas.
  4. Reconocer los costos ambientales y socioeconómicos de la desidia política que favorece enfoques continuistas centralizados y basados en combustibles fósiles. Desarrollar la aplicación efectiva y contextualizada de políticas para el despliegue rápido de energías renovables, como la energía solar en techos.
  5. Desarrollar políticas nacionales para proteger los hábitats ecológicos reconocidos por su importancia en la Convención Ramsar, y garantizar la capacidad para monitorear de forma independiente la aplicación de las políticas sobre impacto ambiental.

Tanto quienes formulan políticas como las y los activistas deberían tener en cuenta las lecciones que aportan estos estudios de caso y otros similares, para lograr una transición justa hacia un futuro energético que sea genuinamente transformador para las comunidades que se encuentran en la primera línea de las instalaciones de infraestructura renovable y la extracción de materias primas.

Amigos de la Tierra Internacional tiene muchas historias positivas de los impactos transformadores de la energía renovable en el Sur Global, pero no son las únicas historias que hay que contar y este informe nos muestra una realidad inquietante. Abordar la crisis climática mediante el despliegue de energías renovables que satisfagan las necesidades de acceso a la energía en el Sur Global exige garantizar que no se sacrifiquen los derechos de los pueblos en función del «bien mayor”, así como no repetir los errores del sistema energético extractivo de combustibles fósiles actual.

>>Descargar el informe aquí<<

Trasnacional de aceite de palma pierde demanda contra ecologistas

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resolucióna a favor del Salva la selva por denunciar destrucción ambiental por una empresa de palma aceitera en Indonesia – A 27 de febrero del 2023

El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.

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En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.

Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.

Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

Palma de aceite, motor de devastación

Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.

Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa hecho mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.

El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.

“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.

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La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.

Deforestación evidenciada

“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.

En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.

Imagen satelital con fecha de noviembre 2002

Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.

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Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.

A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(…) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.

Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.

Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.

Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia

Demandas “estratégicas”

“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).

“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.

Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.

“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.

Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).

Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.

Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.

“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.

Imagen: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth

La REMA presentó en informe: «Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?»

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Compartimos en siguiente comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 24 de febrero de 2023

El día de ayer se hizo, en un evento virtual, el lanzamiento de la publicación «Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional? elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) y MiningWatch Canadá. Acceder al informe completo: http://geocomunes.org/Colaboraciones/Informe_Litio_REMA_MWC_2023.pdf

En dicho informe y evento, resaltamos lo siguiente:

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los que opinan del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante ésto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y situar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.

Nos parece importante resaltar que el litio, como muchos otros minerales cuyo extractivismo se proyecta ampliar supuestamente en aras de reducir el calentamiento climático que afecta al mundo, no son minerales estratégicos para la transición energética, sino minerales útiles para ciertas cadenas productivas de mercados en expansión que, pintados de «verde», representa falsas soluciones a la crisis socioambiental que enfrentamos a nivel global. Estos mercados alimentan un modelo energético, extractivista y de consumo que, lejos de buscar sustituir a reducir la huella ecológica que genera, adiciona energía y formas de consumo al mismo modelo extractivo de explotación.

Resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública con la que se pretende justificar la explotación de litio en México, y su promoción como parte importante de un proyecto de recuperación de soberanía nacional, toda vez que lo que ha avanzado es un proyecto claramente articulado con el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense, y que pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.

Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la zona de reserva minera de litio, o el Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano planea consolidar acuerdos para vincular las cadenas de procesamiento de litio y producción de vehículos eléctricos a costa de los territorios (agua, tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para aprovechar los nuevos requisitos para la fabricación regional de componentes esenciales de vehículos de pasajeros a ligeros en el marco neoliberal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y servir a la carrera del sector automotriz estadounidense en contra del control de China en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos.
Lo que se ha difundido como «la nacionalización del litio» en México, son modificaciones minúsculas a la ley que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. Muy por el contrario, lo que se apertura es un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras.

Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Los proyectos prioritarios del gobierno actual, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos necesarios, el ocultamiento de la información, la desinformación y la manipulación para fabricar la aceptación social del proyecto, el linchamiento mediático y político de quienes se oponen, la criminalización y uso de la fuerza pública, la posibilidad de expropiaciones directas, y la continuidad de la impunidad por todos los daños a la salud y al territorio que generan los proyectos, terminando con la creación de zonas de sacrificio.

Si bien el gobierno de México ha promovido la supuesta nacionalización del litio como parte de un proceso paralelo al boliviano y al de gobiernos del Cono Sur, buscando resaltar con ello la idea de que es parte de un proyecto de integración latinoamericana de «izquierdas»; la integración norteamericana es la que marca las decisiones que se están tomando desde México, al tiempo que la realidad no sido tan alentadora en el sur nuestro continente. El esquema bajo el cual se ha promovido la explotación de litio Bolivia, por ejemplo, ha generado fuerte endeudamiento público a pesar de poseer recursos de litio mucho más grandes que los de México. Al respeto, Jorge Antonio Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDHIB), señaló durante su participación en el evento que «el proyecto de industrialización del litio en Bolivia no ha superado ni siquiera la fase de concentración primaria, es decir que ni siquiera ha logrado concentrar importantes cantidades de litio como materia prima. Lleva más de 10 años ejecutando la mayor inversión realizada por el Estado, en minería, que hasta el día de hoy continúa generando una serie de cuestionamientos e incertidumbres tecnológicas, ambientales y económicas».

Las modificaciones que se han dado en últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Acciones que impidan el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre el avance de estos proyectos, el uso de los recursos públicos destinados, y posibilita el uso de la fuerza pública (militar y civil) en contra de las poblaciones que se opongan a dichos proyectos.

Los impactos socio-ambientales que podemos prever con la explotación que se proyecta hacer del litio en México son similares a los de la minería a cielo abierto, lo que debería generar una fuerte preocupación por, entre otras cosas, los volúmenes de consumo, disminución y contaminación de agua que implica, particularmente porque las zonas de prospección de litio identificadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), ya son regiones afectadas por sequías y escasez hídrica severa.

La mayor parte de los recursos de litio que el SGM ha reconocido con mayor viabilidad, están en depósitos de arcilla, un tipo de depósito del cual no hay explotación comercial, lo que agrega preocupación en torno a los daños socioambientales y las pérdidas económicas por la especulación que se hará con el erario público para el uso de tecnologías nuevas de aprovechamiento de minerales.

La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, es una transición de mercado, basada en la tecnología y el capitalismo rapaz que sigue empoderando, enriqueciendo e incrementando las desigualdades. Deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentaría la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y material, lo cuál, entre otras cosas, tendría que implicar una fuerte inversión en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo.

En este contexto, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos.

Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, una propuesta de supuesta soberanía nacional basada en fomentar el extractivismo minero, no es un camino hacia mayor libertad, dignidad o bienestar para el pueblo mexicano. Por el contrario, consideramos que generará más incertidumbre y riesgo, más despojo y destrucción, más sequía y contaminación y mayor división social, coacción, manipulación, militarización y violencia. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta «en favor del pueblo mexicano» cuando pondrá en peligro sus bienes naturales, sus territorios y la vida en sí misma?

Por esta razón desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los minerales, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Presentación del informe

Presentación del informe  “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?

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Acompáñanos a la presentación del informe  “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?

El 23 de febrero 2023 por Zoom. México 4 PM  / 5 PM Perú /  6 PM Bolivia  / 7 PM Argentina / Chile / Brasil

*Este evento será realizado en español y inglés, con interpretación simultánea a través de Zoom.¡Registrate aquí!

Les invitamos cordialmente a la presentación del informe, “Explotación del litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y MiningWatch Canadá, – una actualización importante al documento de 2021 donde presentamos un análisis sobre las implicaciones socioambientales que la expansión del extractivismo minero proyecta en México, comandado por la Transición Energética Capitalista.

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los habladores del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir.  Ante esto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y posicionar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo. 

Escucharemos el posicionamiento que frente a esto tiene la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería en México, con reflexiones desde Bolivia y de otros países en torno a la extracción de litio en sus países.

Con la participación de: 

  • La Red Mexicana de Afectadas/os por la minería 
  • Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) – Bolivia
  • Otros panelistas por ser confirmados! 

Moderado por: MiningWatch Canadá 

Contexto:  Este informe brinda elementos para cuestionar la supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial, explicando que en realidad esta ola extractivista en México es dinamizada por la política neoliberal del Tratado entre México, Estados Unido y Canadá (T-MEC) y el sector automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente a el dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos. Por otro lado, el informe cuestiona la idea de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la “soberanía nacional”, y que por ello es positivo y necesario para el desarrollo del país, cuando en realidad lo que avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado, de alto riesgo para el erario público, y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. El informe actualiza la  información en torno a los proyectos más avanzados de explotación de litio y agrega el mapeo de las zonas de prospección minera impulsada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), haciendo una revisión de las implicaciones hídricas que estos proyectos tendrían.

Manifiesto de los Pueblos del Sur – Por una Transición Energética Justa y Popular

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Compartimos este pronunciamiento de Global Just Transition, Institute for Policy Studies y la invitación al presentación del manifiesto y campaña por una transición energética justa – A 10 de febrero del 2023

Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanasA más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman  las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una «nueva normalidad». Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.

Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.

En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.

Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte.
Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC. El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.

Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.

Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.

De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.

Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.

Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.

La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales.
Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:

  1. Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.
  2. Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.
  3. Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur. Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
  4. Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.
  5. De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de «soluciones» tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.
  6. Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.  
  7. La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.
  8. Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.

Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.

Siguiendo los pasos del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.

Ecuador: Apoyo a la resistencia de las comunidades de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, afectadas por invasión minera australiana

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Compartimos esta petición de solidaridad con defensoras y defensores de la vida en Ecuador a través de Salva de Selva- Se puede firmar hasta el 28 de febrero del 2023

>>Firma aquí <<

Las comunidades de La Merced de Buenos Aires vienen denunciando las irregularidades y violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza de parte de HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting. Exigen su salida del Ecuador, por considerarla ilegal y por vulnerar derechos humanos y de la naturaleza.

Desde las comunidades, pueblos y organizaciones se exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunidades de Buenos Aires.

Como organizaciones abajo firmantes apoyamos dicha solicitud y nos unimos además en la condena del accionar violento del Gobierno de Guillermo Lasso quien abiertamente ha manifestado pretender brindar seguridad jurídica a las empresas mineras, poniendo a su disposición a la fuerza pública como si se tratara de guardias privados de las empresas mineras.

El pueblo ecuatoriano es el mandante, el aparato estatal no puede estar supeditado a los intereses de las transnacionales mineras que incumplen las leyes ecuatorianas y por ende provocan caos, violencia, criminalización, destrucción y muerte.

English Version: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0JnsHa73MguitJlCe2syiSCrAp-dF3CcpS9cJvujxZsQNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

26.1.2023

Denuncia pública del Frente Nacional Antiminero y el Observatorio Minero Ambiental, Social del Norte del Ecuador OMASNE junto a Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

“La empresa minera australiana Hancock Prospecting envuelta una vez más en graves violaciones a los derechos humanos y las leyes de Ecuador” 

  La mañana del martes 24 de enero 2023, más de 800 policías y militares ingresaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia Imbabura, norte de Ecuador, con la finalidad de que la empresa minera HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting pudiera ingresar a la comunidad El Triunfo con trabajadores, plataformas y maquinaria para construir campamentos. Hanrine es concesionaria del proyecto IMBA, que abarca buena parte de la superficie de esta parroquia con tradición agrícola y ganadera, cubierta de bosques y atravesada por ríos importantes para la vida de la comunidad y las poblaciones indígenas vecinas. La intención de Hanrine es comenzar con la exploración inicial de oro y cobre sobre la concesión IMBA 2.

Una presencia militar y policial tan masiva responde al plan de seguridad minera que el presidente Guillermo Lasso pretende ejecutar desde este mes para garantizar a las transnacionales mineras sus intereses. Un proceso de servidumbre minera establecido en la ley minera, le permitiría a la empresa instalarse en una propiedad. Mientras, las demandas de las poblaciones afectadas por las concesiones mineras no son atendidas, lo que  se contradice con lo que dicta la Constitución del Ecuador.

Conflicto minero

En la comunidad, debido al contexto previo de gran conflicto en el que ha estado envuelta la empresa australiana desde su aparición, la consideran ilegal y no grata en el territorio. Durante la mañana del citado día, la comunidad se vio en la urgencia de necesitar impedir que HANRINE se instale sobre sus predios y fincas. La Fuerza Pública hizo uso de gases lacrimógenos y balas de goma en contra de la comunidad, resultando varias personas heridas. Aproximadamente a las 11:00 hs de la mañana, se produjeron tres detenciones de personas entre las que se encontraba un hombre de 71 años con disparidad auditiva y visual. Durante ocho horas no se tuvo conocimiento de su paradero. No hubo cargos ni trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria. Quiere esto decir que la detención era ilegal

Aproximadamente a las 15:00 pm, la comunidad informó que, con la ayuda de la fuerza pública, la empresa minera logró imponerse luego de varias horas de enfrentamiento completamente asimétrico. 

Intervención del Defensor del Pueblo

En la tarde, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Imbabura arribó hasta el lugar de los hechos para indagar lo ocurrido. Solicitó documentos legales que avalaran las acciones perpetradas por los militares presentes. Estos justificaron su presencia con el argumento de que planificaban construir un campamento militar para combatir la minería ilegal en la zona. Pero su accionar estaba claramente ligado la protección de la empresa HANRINE y a facilitar su instalación en propiedad privada, sin los permisos legales pertinentes. Dos objetivos del operativo se detallaban en un documento que pudo ver el Defensor del Pueblo: la entrega del predio para la construcción de un campamento militar y el inicio de la fase de exploración inicial, a cargo de HANRINE. Dicho documento carecía de firma de un representante militar que avalara la intervención. Es decir era un acta redactada a mano, según pudo verificar el Defensor del Pueblo, declarando a continuación la presencia militar y de la empresa HANRINE como “invasión ilegal”, ordenando por consiguiente su retiro de la zona con todo el cargamento, maquinarias, plataformas y personal.

De esa manera se impidió un nuevo episodio de impunidad y, al menos momentáneamente, volvió la tranquilidad a la parroquia La Merced de Buenos Aires. Los dos comuneros detenidos quedaron en libertad en la noche. El comandante de la Policía se comprometió a vigilar que la empresa minera retire todos sus implementos al día siguiente.

Modus operandi minero en el Ecuador

Este es un ejemplo más de las prácticas ilegales de las transnacionales mineras en el Ecuador, apoyadas y respaldadas por el Estado ecuatoriano. Es un abuso de poder frente a comunidades campesinas que defienden sus derechos, la naturaleza y la vida. 

Exhortamos, por tanto, a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección demandada por las comunidades de Buenos Aires, Imbabura, Ecuador

Frente Nacional Antiminero del Ecuador

Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE

Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

English Version: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0JnsHa73MguitJlCe2syiSCrAp-dF3CcpS9cJvujxZsQNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería y el agua en México – A enero 25 de 2023

PorRenata Bessi

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. 

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

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Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre el avance y debastación de la minería en México – A enero 16 de 2023

Por: Santiago Navarro F

Keving Hernán Sánchez es un indígena zoque de San Miguel Chimalapas que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura. Pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo.

Keving es oriundo de Los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594 mil hectáreas: 460 mil de ellas en Santa María Chimalapa y 134 mil en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Datos del registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señalan que Los Chimalapas en la actualidad, “es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos, (germoplasma) de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales”. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cicadáceas Ceratozamia spp y palma Chamaedora spp.

Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso, los que están en riesgo de desaparecer como: las aves loro farinosa, faisán real, momoto carenado, águila solitaria, cigüeña de cabeza pelada , entre otras.

Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios ni han sido consultadas al respecto.

Un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas. Entre ellas, ácido sulfúrico, cianuro y otras. «Varias minas han reportado más de un derrame y todos son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina», señala el informe, titulado «Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México: un análisis de ecología política».

El caso de los Chimalapas

La minera que puso en alerta a Keving y que encendió las alarmas en Los Chimalapas, donde él vive, es la minera canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. Esta empresa, a través de su filial, la Minera Zalamera S.A de C.V., tiene el título de concesión número 225472 en el lote denominado “Jackita” que en 2020 comenzó los trámites para que le aprobaran una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le permite la perforación de pozos para extraer muestras, con motivo de exploración.

Ruta de ciudad de México hacia Los Chimalapas en transporte terrestre, 11 horas.
Keving y otros jóvenes se enteraron en 2020 de la existencia de este proyecto minero y, tras la sorpresa por el hallazgo incidental de esta información, porque ninguna autoridad de Gobierno les había informado al respecto, crearon el colectivo de investigación independiente denominado Matza (que en idioma zoque significa primera estrella de la mañana). “Fue así que investigamos de qué empresa se trataba, cuál era su dimensión y que los minerales que iban a explotar eran oro y plata”, afirma el indígena zoque.

Matza se encargó de informar a las comunidades de la región sobre la minera y lograron diversas movilizaciones de los pueblos en 2020, a través de las cuales hicieron ver al gobierno que no querían minería en sus tierras. “Porque de Los Chimalapas se desprenden diversos afluentes, de los cuales vivimos y vive la mayoría de comunidades de las partes bajas. Todo esto sería devastado y contaminado”, afirma Keving.

Más información:

Piden sumarse al llamado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que no liberen los árboles transgénicos a la naturaleza

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Compartimos esta petición e informe de Stop Genetically Engineered Trees sobre los monocultivos de árboles en Estados Unidos – A 23 de enero de 2023

Desde la “Campaña Global para Detener los Arboles Transgénicos” piden decirle al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que los árboles modificados genéticamente son una mala idea y no deben liberarse en la naturaleza con la intención de que se propaguen libremente.

Según el Proyecto de Ecología de Justicia Global (GJEP), se desconocen por completo las repercusiones a largo plazo para los ecosistemas y la salud humana de los árboles modificados genéticamente, que pueden vivir cientos de años y amenazan los bosques afectados por la tala, las plagas y patógenos introducidos, la expansión urbana y el cambio climático. Se trata de un «experimento masivo e irreversible» con nuestros bosques.

La fecha límite para enviar las observaciones al USDA es el 26 de enero de 2023. Estas pueden hacerse al siguiente enlace: https://www.regulations.gov/commenton/APHIS-2020-0030-8291

INFORME:

“Estatus global del desarrollo de árboles genéticamente modificados: Una creciente amenaza”

La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está más cerca que nunca. Este informe examina la realidad mundial actual de los árboles genéticamente modificados. Documenta el estado de desarrollo de los árboles genéticamente modificados alrededor del mundo, con el fin de identificar dónde es más inmediato el riesgo de liberación de árboles genéticamente modificados. También describe algunos de los riesgos y analiza algunos de los usos propuestos más prominentes.

Debido a los cambios en las regulaciones nacionales, este informe puede ser la última oportunidad de obtener una instantánea de las pruebas de campo de los árboles genéticamente modificados en todo el mundo.

Haga clic aquí para leer el informe.

Haga clic aquí para leer el resumen.

Chiapas: Tras ataque a defensor, marchan en Chicomuselo contra grupos armados y proyectos mineros

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Compartimos esta información de Educa Oaxaca sobre la lucha por la vida ante la minería en Chicomuseolo – A enero 12 de 2023

El 5 de enero, miles de hombres, mujeres y niños salieron a marchar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, con el propósito de exigir un alto a la inseguridad y la violencia, ya que la presencia de grupos del crimen organizado y paramilitares ha aumentado, esto anuado a la amenaza de empresas mineras de retomar sus proyectos en esta región fronteriza con Guatemala.

En el municipio de la Sierra Madre, los campesinos y campesinas, feligreses de la parroquia caminaron por las calles pacíficamente “para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”.

El pasado 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo “fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego el compañero Isabel Recinos Trigueros, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)”. Señalaron que el plagiado sobrevivió, pero se encuentra gravemente herido. Que “los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas”.

Ejidales y comunitarios recordaron la operación ilegal de la mina de barita en el ejido Santa María a mediados del 2022, sin embargo, la marcha recordó que dicha actividad extractiva de la empresa Blackfire, intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009, pero detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca.

Al final del mitin, los voceros llamaron a la unidad de todo el pueblo, por encima de intereses políticos, económicos y religiosos, para velar por la paz y el bien común y a su vez demandar al gobierno federal, estatal y municipal que cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte.

Chiapas Paralelo Chicomuselo cierra filas en contra de la inseguridad y la minería Boletín MST aquí

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Para palma aceitera en Guatemala, allanamientos en comunidad indígena Maya Q’eqchi’

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Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022

Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”

Leer la carta

Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.

Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.

Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.

Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: «tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares».

Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.

Algunos testimonios: «Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos». «Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio».

Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.

>>Firma la petición aquí<<

Carta

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:

Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.

Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.

En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:

-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.

-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.

-Cesen estos allanamientos y la violencia.

-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad

-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.

-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.

-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.

Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.

A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,

Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.

>>Firma la petición aquí<<